Crecimiento e impuestos

En La Mirada Semanal

Los grandes empresarios han iniciado el año sin grandes complejos: han propuesto una baja de los impuestos que pagan las empresas de mayor tamaño y sus accionistas. Aunque no está en su propuesta formal, ven con simpatía financiarla haciendo que más personas hoy exentas por sus bajos ingresos empiecen a pagar el impuesto a la renta, además del IVA que entregan al Estado cada vez que compran algún bien de consumo. La CPC propone “reducir el impuesto de primera categoría de 27% al 23%” y “avanzar en la reducción del impuesto total que paga el capital, de manera que converja desde el tope actual de 44,45% a 35%”.  Sin ruborizarse, como si Chile no fuera un país altamente desigual con una carga tributaria, como se detalla más abajo, inferior a la de muchos países de la OCDE, lo que entre cosas limita el crecimiento. Su enfoque es que las inversiones de hoy son los empleos y los ingresos fiscales de mañana y que las inversiones solo se producen si se maximiza todo el tiempo y en toda circunstancia las utilidades de las empresas (y los ingresos personales de sus dueños). Nada de subir impuestos a las empresas, a pesar de que usan bienes públicos en abundancia, ni menos a sus dueños. Lo que había que demostrar. 

Es muy poco probable que un crecimiento adicional pudiera ocurrir por el arte de magia de otra liberalización abrupta de los mercados. Baste recordar que el PIB creció menos en una dictadura que los desreguló todos, que en la década previa y mucho menos que en las décadas posteriores, que ampliaron regulaciones y aumentaron impuestos. 

Por su parte, el informe encargado por el ministro de Hacienda Mario Marcel a una comisión concluyó que «para analizar la relación entre el crecimiento económico y el espacio fiscal se simuló el impacto de una expansión anual de 1% del PIB por encima de la proyección base. Por cada punto de crecimiento adicional, los ingresos fiscales aumentarían en 0,24 puntos del PIB, pero la holgura fiscal sólo lo haría en 0,16 puntos, dado el aumento que tendrían los gastos asociados a remuneraciones«. Dado que el crecimiento del PIB de largo plazo es estimado actualmente en una cifra del orden de 2% anual, si se supusiera de manera muy optimista que un paquete de medidas de desregulación liberal llegara a duplicar esa cifra, entonces habría una recaudación adicional que no puede calificarse sino de marginal para abordar las tareas públicas. 

Ha quedado cuantificado que apostar sólo por un mayor crecimiento no es suficiente para gastar más en seguridad, como clama el propio empresariado, ciencia y tecnología, reconversión energética, infraestructuras y vivienda, salud primaria y hospitalaria para terminar con las listas de espera, educación y formación profesional para una mejor inserción en el empleo, una pensión universal más cercana al salario mínimo, programas de cuidados a la infancia y a las personas de mayor edad y más apoyos a las familias de bajos ingresos (devolviéndoles el pago del IVA en bienes básicos, por ejemplo), entre otras tareas para lograr un bienestar más equitativo y sostenible.

El presidente de la comisión declaró paradojalmente que «a la larga subir impuestos es un pésimo negocio, es lo que más afecta el crecimiento”. Si eso fuera cierto, se habría sabido. La carga tributaria es hoy en Chile de 22% del Producto Interno Bruto (del orden de 28% con las cotizaciones obligatorias a privados que la OCDE no contabiliza), mientras en la OCDE el promedio es de 34%, con Dinamarca en 47% y Francia en 45%, lo que no les ha impedido contarse entre los países de más altos ingresos. Lo que considera la literatura especializada es que más impuestos no necesariamente afectan el crecimiento, pues depende del tipo de impuestos que se aplican. Algunos no modifican o muy poco la conducta de los agentes económicos (como el IVA y los impuestos indirectos) y otros lo hacen en cierta magnitud (como impuestos marginales a los ingresos del capital y del trabajo muy altos), afectando eventualmente las conductas de ahorro e inversión y el arbitraje trabajo-ingresos/actividad no remunerada-descanso, es decir pueden producir eventuales desincentivos a la inversión y al trabajo. El tema es su magnitud, que está condicionada por la elasticidad ingreso de la oferta en cada caso. 

En segundo lugar, el impacto depende del uso que se dé a los recursos tributarios: si se gastan primordialmente en infraestructuras, salud y educación, podrían eventualmente contribuir al crecimiento en una magnitud mayor que el costo en crecimiento que pudieran tener los impuestos con los que se financian, y ese caso se justificarían desde el punto de vista del bienestar agregado. Cabe además considerar que aquellos gastos públicos que cubren emergencias y la vida en la vejez aumentan la disposición a arriesgar e innovar en la vida activa, y que los gastos en redistribución progresiva de ingresos aumentan la estabilidad social, lo que en ambos casos estimula el crecimiento. 

Se puede afirmar con bastante certeza que los efectos balanceados anteriores son los que explican que el período de crecimiento más alto de las economías occidentales haya sido el de 1945-1975, cuando los impuestos aumentaron sustancialmente, con tasas marginales a los tramos de ingresos más altos de hasta 90%. Y que luego crecieron menos, al empezar la baja a los impuestos a los más ricos y a limitarse el Estado de bienestar en la era Reagan-Thatcher. El PIB por habitante de Estados Unidos (US$76,3 mil en 2022), con 27% sobre PIB de carga tributaria, es hoy inferior al de Noruega (US$ 78 mil, a paridad de poder de compra, mientras sin esa corrección es mucho mayor), con 42% sobre PIB de carga tributaria. En los países con altos impuestos, amplios servicios públicos y menor desigualdad, la economía y la inversión no están bloqueadas por el peso de la tributación, ni menos están llenos de desempleados que deambulan por las calles por falta de actividad privada: son aquellos con mayor bienestar humano en el mundo, por sobre el de Estados Unidos (ver los Índices de Desarrollo Humano). El sector privado es dinámico en estos países, dicho sea de paso, precisamente porque cuenta con capacidades humanas avanzadas. 

La conclusión es que, con políticas bien diseñadas, en el contexto de economías mixtas, disminuir la desigualdad distributiva y aumentar la movilidad social no tiene un costo económico agregado sustancial, y en diversos casos tiene un efecto económico beneficioso. Más aún, la experiencia histórica muestra que la curva del impuesto progresivo al ingreso tiene una correlación positiva con la tasa de crecimiento del producto y no al revés, como postulan los partidarios de bajar impuestos a los grupos de altos ingresos.

Chile enfrenta dos opciones gruesas para el mediano y largo plazo. La primera es subir gradualmente su gasto público, y la correspondiente presión tributaria, en especial de los grupos de más altos ingresos, en al menos un 5% y hasta un 10% del PIB en una década. De ese modo se alcanzaría un gasto público sobre PIB del orden de aquel de los países intermedios de la OCDE, como Nueva Zelandia, Canadá o España, que están lejos de caerse a pedazos por el peso aplastante de los impuestos y, por el contrario, exhiben niveles promedio de crecimiento y de bienestar satisfactorios (la comparativa completa se puede ver en la base de datos de la OCDE,). Esto requiere un estímulo del crecimiento sostenible en base a mayor y mejor inversión en infraestructuras, a más investigación y apoyo a la innovación y más educación y formación continua pertinente. Chile debe seguir cerrando la brecha de productividad que mantiene con las economías avanzadas, lo que no será posible bajando impuestos y debilitando la provisión de bienes públicos indispensables para un mayor crecimiento con estabilidad social. La segunda opción es permanecer como un país sin un desarrollo suficiente de las capacidades de las personas («capital humano») y de sus infraestructuras («capital físico»), sin aumentar su crecimiento potencial y sin capacidad de disminuir las desigualdades y la inseguridad, ni tampoco invertir en sostenibilidad ambiental. Dos opciones, dos modelos.

Los conflictos recientes en la izquierda

La izquierda es una corriente política, social y cultural portadora de un proyecto de emancipación de las opresiones, explotaciones y discriminaciones existentes en las sociedades actuales. Pone desde hace dos siglos el acento en la igualdad de los seres humanos en su dignidad y derechos. Considera que la igualdad real de oportunidades y la socialización de parte de la economía son una condición para que el ejercicio de la libertad se extienda a toda la sociedad y no solo a las posiciones sociales dominantes, sin perjuicio de valorar la retribución justa del esfuerzo, la diversidad individual, y la variedad de enraizamientos culturales. 

Esta consideración choca y entra en conflicto con la herencia colonial y neocolonial en América Latina, sujeta al afán de hegemonía de Estados Unidos desde la llamada doctrina Monroe, que ha hecho de este continente el más violento y desigual del mundo (por encima de África), dominado por oligarquías que controlan el poder económico y mediático y buscan extenderlo al poder político, con frecuencia mediante dictaduras, con el crimen organizado y la economía ilegal como actor que emana cada vez con más fuerza de la descomposición del capitalismo periférico y de las sociedades desiguales y anómicas. 

La tarea de la izquierda es, en este contexto, y en primer lugar, consolidar instituciones democráticas plenas, plurales y participativas, que expresen la soberanía popular por sobre el poder de unas u otras oligarquías y vayan más allá de la reactividad social sin proyecto. Debe ser parte lealmente de esas instituciones, respetando la alternancia en el gobierno según sea la voluntad ciudadana para, simultáneamente, construir un proyecto emancipador de largo aliento de tipo nacional-popular y latinoamericanista, que logre transformaciones sociales perdurables. El sujeto potencial de este proyecto es el que reúne al mundo del trabajo, de la cultura y de las categorías sociales excluidas, que chocan con los intereses de la acumulación ilimitada y concentrada de capital y con las hegemonías imperiales a nivel global,  a través de un amplio bloque por los cambios. 

Procurar representar a esos mundos no es fácil y menos lo es conducirlo a la construcción progresiva de un horizonte común, que avance por etapas y por saltos históricos.  Su finalidad última es construir una sociedad de bienestar equitativo y sostenible, en la que cada cual aporte todos sus esfuerzos y capacidades y simultáneamente prevalezca una igualdad efectiva de derechos y oportunidades. Este bienestar requiere la preservación de los bienes comunes, la provisión suficiente de bienes públicos, mínimos universales de existencia digna, la cobertura del riesgo de desempleo y enfermedad y de pensiones, junto a la igualdad de acceso a la educación y a las posiciones públicas, sin discriminaciones de género, sociales, étnicas o de pertenencia a diversidades. Y de una práctica culturalmente hegemónica de articulación de intereses diversos en el presente y del presente con el futuro,  que es la clave de la política de izquierda. Los conceptos clave son "consistencia y persistencia", alejados de las prisas de las posturas inmediatistas, de las soluciones supuestamente fáciles a problemas complejos sobre la base de halagar emociones, y del oportunismo centrado en intereses de corto plazo y en la adaptación a los poderes fácticos existentes. Un camino a evitar es sumar reivindicaciones dispersas y estados de ánimo circunstanciales para conformar mayorías electorales efímeras sin proyecto y bajo la conducción de caudillos. Esto da lugar a procesos inestables y/o personalistas o al acceso al poder de grupos cerrados que buscan eternizar un poder burocrático, aunque en algunos casos se recubran de pasadas glorias revolucionarias. La izquierda es la que construye paso a paso un Estado democrático y social de derecho. Ya no es izquierda aquella que se transforma en casta dominante o cuyos métodos están imbuidos de autoritarismo. O de esa cultura individualista que lleva a insertarse en la acción política para acceder a espacios de poder personal a través de algún partido y de la dinámica de escalar a unas u otras posiciones en las instituciones públicas de representación y de gobierno. Quien está al lado, se transforma en competidor y en rival potencial y no en parte de un mismo colectivo con propósitos comunes. A algunas personas esta concepción las lleva a actuar sin demasiados escrúpulos. Y en ocasiones sin ninguno. 

Cuando en la izquierda se pierde el sentido de pertenencia a un colectivo que es político y a la vez social y cultural porque es portador de un proyecto histórico, aunque esté en una necesaria  evolución y adaptación permanentes, entonces sus políticas y organizaciones entran en crisis más o menos larvadas, más o menos evidentes.

Esto ocurrió en Chile en la etapa de la derrota de 1973 y, luego de la recomposición de los años 1980, durante la larga transición democrática. La declinación de la izquierda tradicional, luego de la consolidación de conductas de financiamiento ilegal de la política y de complicidades con diversos poderes fácticos, dio espacio a su reemplazo alternativista desde 2010 mediante un discurso duro de recambio generacional y de superioridad moral. La edad en los procesos políticos nunca ha tenido mayor importancia y la superioridad moral se puede derrumbar con gran facilidad, habida cuenta que en todo grupo humano en algún momento emergen conductas éticamente cuestionables, en donde lo fundamental es la manera en que el corazón de esos grupos reacciona frente a ellas para aislarlas y erradicarlas.  Ese derrumbe le está ocurriendo ahora al Frente Amplio con el descubrimiento del intento de uso indebido de recursos del Estado para fundaciones afines. Y con la asistencia de algunos de sus ministros, junto a varios de otras corrientes e incluso presidentes de partido, a reuniones opacas en la casa de un lobbista de la UDI con representantes privados para tratar temas de política gubernamental, dígase lo que se diga. Esto, por supuesto, no es ni normal ni aceptable, pues como bien señaló el ministro Mario Marcel "es un juicio que cada uno tiene que hacer y para eso los ministros tienen criterios. Todos sabemos que cuando hablamos con alguien no lo estamos haciendo como personas naturales, sino como ministros”. El diálogo de autoridades con representantes de intereses particulares es propio de una sociedad abierta y democrática, pero en condiciones de transparencia y formalidad.

El senador Espinoza había tomado un camino de cobrarse revancha de lo que al parecer consideró ofensas de personeros del Frente Amplio que se involucraron en lo que considera sus espacios de poder territorial, en este caso insultando a un ministro clave, hoy fuera del gobierno. La respuesta extemporánea de éste último es llevar en estos días el tema a los tribunales. Esto dio lugar a defensas corporativas y ha escalado a una especie de conflicto general entre el PS y el Frente Amplio.

El pequeño detalle es que ambas fuerzas, junto al PC, son el eje del gobierno actual. Este se está recuperando de dos años iniciales para el olvido, retomando fuelle político después de la derrota que la sociedad le infligió a las oligarquías el 17 de diciembre pasado. Podría tener, además, un mejor año económico que le permitiría enfrentar y eventualmente derrotar otra vez a las fuerzas conservadoras en los eventos electorales próximos de nivel local y nacional, en una suerte de contraofensiva exitosa para hacer avanzar los intereses de la mayoría social. Nada menos.

Por eso es urgente detener el conflicto que se ha desencadenado en la izquierda en el peor momento y que no tiene nada de sustancial, salvo ser la expresión del individualismo negativo y de los intereses menores de grupo que corroe al sistema político chileno actual.

Lecciones de Ecuador

Lo que está pasando en Ecuador es muy preocupante desde el punto de vista del desafío que representa para las sociedades latinoamericanas el crimen organizado. Éste tiene múltiples expresiones, pero sigue siendo vertebrado por el narcotráfico hacia los grandes centros consumidores de drogas, Estados Unidos y Europa. Los principales productores de hoja de coca y cocaína, además de la producción de opioides en México y más recientemente -con componentes químicos que vienen de China- de fentanilo, que causa estragos en los adictos, son Colombia, Perú y Bolivia. Pero el puerto ecuatoriano de Guayaquil, al parecer, ha adquirido mayor relevancia para las rutas hacia el norte. Hay seis horas de ruta entre la frontera con Colombia y ese puerto. De ahí la inserción de mafias mexicanas y el poder creciente de las mafias ecuatorianas.

Cuando el narcotráfico prospera, adquiere armamento de mayor poder de fuego. Pero no busca tomar el poder político, sino condicionarlo y someterlo a través de la corrupción. Incluso muchas cárceles de América Latina son ahora, paradojalmente, centros de comando de las principales bandas de narcotraficantes. La decisión del nuevo presidente Daniel Noboa de trasladar a los principales capos presos a condiciones carcelarias más duras explica lo ocurrido en Ecuador, con su fuga y la toma de un canal de televisión y recintos variados, sin que se emitiera otro mensaje que la exhibición primitiva de fuerza. Lo más preocupante es que hay signos de complicidad de infiltrados en la policía y otros órganos del Estado.

Si las fiscalías, los tribunales, las policías y las fuerzas armadas son infiltradas por el poder creciente del dinero mafioso, se corroe el Estado y su capacidad de mantener el orden público y de proteger a los ciudadanos de los abusos de la delincuencia y del crimen organizado.

La perspectiva que Chile llegue a ser en algún momento un narcoestado es lo que hay que evitar a toda costa. Esa es una tarea multiforme que debe involucrar al conjunto de la sociedad.

En este contexto, la disputa del General Director de Carabineros con la Fiscalía, dedicado además a recibir a partidos políticos que apoyan su rol en la represión de la rebelión social de 2019, es inaceptable y debe cesar de inmediato. No se debe tolerar que un alto mando policial cuestione a la justicia para evitar procedimientos investigativos en su contra. Esto es buscar un peligroso privilegio totalmente ilegítimo y puede constituir un factor de deterioro del funcionamiento de las instituciones policiales y judiciales. Las policías, en particular, deben mantener la disciplina, la obediencia y la verticalidad del mando sujeta al poder civil. Es la primera condición para cumplir con el encargo de lucha contra la delincuencia y la violencia en el marco de la ley que le hace la ciudadanía. Y que financia día a día con sus impuestos.

A palos

Es alentador que el Ministerio del Interior informara de una caída de los homicidios en 2023, con una disminución de -9,4% respecto a 2022 (1.067 casos versus 1.178, unos 111 menos).

Pero este es un país extraño. Esta noticia no mereció titular alguno. La oposición y su prensa, en su afán de acosar al gobierno, a estas alturas presentan las cosas como que poco menos que la lucha cotidiana contra la delincuencia la deben realizar el Presidente y sus ministros en persona, como si no hubiera policías coordinadas, mandatadas y equipadas para hacerlo y que obtienen resultados. Cada vez que hay un crimen, es culpa del Presidente "que no hace nada". Esto es completamente absurdo y un imposible mediático, pues crímenes ha habido y habrá siempre de manera cotidiana en toda sociedad. Lo importante es lograr la mayor eficacia posible para atacar sus causas y reducir al máximo su extensión e impacto para proteger a la ciudadanía.

Se alude la mayor frecuencia reciente de homicidios en Chile. En efecto, la tasa pasó desde 2,3 en 2015 a 6,7 por cada cien mil personas en 2022 (ver https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims). Pero ¿qué queda para la tasa que es aún de 7,8 en El Salvador en 2022, después de la más brutal represión masiva (había alcanzado 106,8 en 2015)? ¿O el profundo deterioro de Ecuador, que pasó de una tasa de homicidios de 6,5 en 2015 a una de 27,0 en 2022? ¿O las de 53,3 en Jamaica, 35,1 en Honduras, 26,1 en México, 25,4 en Colombia, 21,3 en Brasil, 19,3 en Venezuela, 18,0 en Haití, 17,6 en Puerto Rico, 11,2 en Uruguay en 2022?

Nos estamos dando cuenta que la globalización no es solo la del comercio, las inversiones y las finanzas. El contexto es que América tiene la tasa regional de homicidios más alta del mundo, y las mayores cotas de violencia relacionada con el crimen organizado, que representa la mitad de todos los asesinatos. Aproximadamente el 22% de los homicidios a nivel mundial están relacionados con grupos criminales o bandas delictivas, pero en el continente americano esa cifra se eleva al 50%. En el continente americano existe una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, más alta que en África (12,7), Oceanía (2,9), Asia (2,3) y Europa (2,2). Entre 2015 y 2021, el crimen organizado acabó con la vida de tantas personas como las que murieron en conflictos armados, con alrededor de 100.000 fallecidos cada año en cada categoría.

Las nuevas mafias internas y externas, que ajustan cuentas a balazos, han aumentado su presencia en Chile. Esto requiere seguir perfeccionando día a día la lucha policial contra las mafias. Y no, bajo la inspiración de la nostalgia dictatorial, pretender volver a militarizar el país. Lo que importa es reforzar día a día el apoyo a las policías para que realicen con eficacia y rigor su difícil función en el marco de la ley, en especial la persecución de un crimen organizado cada vez más violento e internacionalizado. Los nostálgicos pretenden, en cambio, que el país lo dirija un Consejo de Seguridad Nacional y no el gobierno elegido por los ciudadanos.

Desde luego, la función de las Fuerzas Armadas, que están a cargo de la defensa del país y para eso están entrenadas y armadas, no es realizar tareas policiales, que incluyen la investigación de escenarios delictuales, la prevención a través del vínculo con las comunidades, la persecución del delito en vínculo con los tribunales y gendarmería y también el acompañamiento y eventual desescalamiento de manifestaciones públicas y la contención de toda violencia callejera de manera proporcional a los hechos. Las fuerzas armadas por definición buscan el máximo uso de la fuerza para destruir enemigos externos, que no otra cosa es la guerra. Si trasladan su función a la "destrucción de enemigos internos", sobrevienen rápidamente desastres. Pueden ser un aporte para de manera excepcional colaborar con la vigilancia del orden interno (como en el caso de las elecciones) y en situaciones de emergencia y catástrofe, siempre bajo el estricto control del gobierno y el parlamento, pero la delincuencia, por desgracia, no es excepcional. Es un hecho permanente en las sociedades, que requieren de instituciones especializadas a la altura de los desafíos siempre cambiantes en la materia.

El general Yáñez se equivoca

El actual jefe de Carabineros cree que él es quien debe decidir qué autoridad judicial lo debe investigar y descalifica a los fiscales (dos en este caso) que no le gustan, a los que acusa de “enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras seguidas a su cargo, por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de año 2019". Estrafalario. La recusación opera por algún vínculo personal, lo que manifiestamente no es el caso, y no para intentar eludir la justicia cuando se ejercen tan altas responsabilidades.

Las policías y sus mandos deben recibir todo el apoyo de las autoridades democráticas en la realización de su función profesional, pero no cuando sustraen dinero público o violan los derechos de las personas al margen de la ley y los reglamentos, en algunos casos con resultado de muerte.

Según el ministro de Justicia, "tenemos más de 460 personas con lesiones oculares severas". Unas 194 víctimas mujeres denunciaron hechos de violencia sexual. El hecho es que el Ministerio Público fijó para el 7 de mayo la formalización de cargos contra el General Director de Carabineros como posible autor de "delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio" como encargado de Orden y Seguridad en la etapa de la rebelión social. La policía no tiene derecho a dejar a nadie ciego ni a reprimir manifestaciones públicas de "forma desproporcionada y contraria al derecho internacional", como señala Amnistía Internacional (ver https://www.amnesty.org/.../eyes-on-chile-police.../). Los mandos debieron haber empezado por prohibir la munición lesiva, pero no lo hicieron sino cuando ya era demasiado tarde. Muchos fuimos testigos de su actitud provocadora contra los manifestantes pacíficos: la orden de disparar bombas lacrimógenas de manera horizontal contra el rostro de personas provino siempre de oficiales, como en el caso de la actual senadora Fabiola Campillai. Esto lo observé también personalmente en la Plaza Baquedano-Italia-Dignidad (para no ofender a nadie en nuestro dividido país, incluso en materia de nombres de lugares públicos), donde en una ocasión una bomba lacrimógena pasó a centímetros de mi cabeza. El pretexto de la acción de personas violentas no es excusa, pues éstas se deben aislar, contener y detener cuando provocan destrozos o saqueos, en vez de atacar a quienes ejercen el derecho de reunión y manifestación pacífica.

Quienes tienen responsabilidad directa o de mando deben asumir que condujeron operativamente la represión de manera inaceptable y presentarse ante la justicia en los términos que ésta establece, no los suyos propios, por la sencilla razón que no están por encima de la ley. El ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, debió aceptar la responsabilidad política de la represión ante el parlamento en los términos que la constitución establece.

Todo esto tiene que ver con una cosa muy simple: no se puede cometer delitos cuando se es autoridad (golpear y vejar personas masivamente es un delito y provocar su muerte o dejarlas ciegas es un crimen, sin que haya contexto que valga) y luego arrastrar los pies frente a la acción de la justicia, pues es la única manera de que nada de esto se vuelva a repetir en Chile. Si es que creemos en una sociedad mínimamente decente, claro, en donde las cosas no se resuelven con manipulaciones, insultos y a palos, provocando muertes y dañando los ojos de personas.

Más sobre la tragedia del Medio Oriente

Lo dicho por Daniel Jadue sobre los judíos y sobre una supuesta contradicción entre ser judío y de izquierda es injusto e inexacto. La comparación con los nazis es ofensiva. Una precisión: lo del "pueblo elegido", en su interpretación teológica, establece obligaciones adicionales de los judíos hacia el resto, más que ser sinónimo de supremacía sobre el resto. Otra cosa es que se use el pretexto religioso o étnico, como tantas veces en la historia, por quienes ejercen el poder. El ultranacionalismo y la extrema derecha israelí no son el pueblo judío, que merece respeto y consideración, como todo otro pueblo dotado de identidad nacional y de una religión y cultura propias. El hecho actual es que el supremacismo del Estado de Israel es una voluntad política de los gobernantes y no es equivalente a la condición religiosa, étnica y cultural judía. Del mismo modo, el catolicismo, a pesar de todos los desvaríos de poder de la Iglesia en la historia y su condición no solo "elegida" sino "omnímoda", pues todos deben obediencia a un Papa infalible, mientras los no creyentes debemos ser objeto de conversión,  junto los partícipes de cualquier otra religión, no puede ser tenido por responsable de los delirios del supremacismo blanco. La evangelización católica española y portuguesa fue la gran justificación de la colonización americana a sangre y fuego y de la apropiación de sus recursos humanos y materiales, y más tarde de la esclavización masiva de poblaciones secuestradas como mano de obra gratuita desde África. Pero eso no implica responsabilizar a los católicos per se del colonialismo y la esclavitud. 

El problema es el delirio del supremacismo racial o religioso transformado en poder estatal y económico, no las raíces culturales de las naciones. Por eso el ideal democrático defiende el derecho de los pueblos a la autodeterminación nacional, la laicidad del Estado, la libertad religiosa y la igualdad de derechos de la ciudadanía independientemente de su origen étnico o convicciones de cualquier índole, mientras su prolongación natural es el derecho internacional para resolver las disputas territoriales entre naciones como alternativa a la guerra. 

Una cosa es el dolor de ver hoy al pueblo palestino injustamente ocupado y masacrado en medio de un sufrimiento indecible, y más aún si se pertenece a él, y otra es insinuar que las violencias del Estado de Israel provienen de una condición étnica o religiosa. 

Todo esto ocurre en medio del apoyo de una potencia, Estados Unidos, que ha hecho de Israel una especie de Estado acólito en el Mediterráneo y el Medio Oriente, dos zonas claves para su afán de dominio estratégico, y el de un neo-imperio teocrático, como el de los ayatolas de Irán, que quiere hacer desaparecer a Israel y disputar la hegemonía de la región a Egipto y Arabia Saudita y por eso apoya a Hamas (a pesar de ser suníes y no chiitas), y entre tanto reprime con fiereza los derechos de las mujeres en su territorio por razones de integrismo religioso inaceptable para cualquier progresista.

El origen de la tragedia palestina se sitúa en que el pueblo judío después del holocausto tenía derecho a un hogar nacional para protegerse de la furia criminal antisemita, practicada primero por el imperio ruso y sus pogromos y luego por la Alemania nazi, en este caso en una escala homicida inenarrable, junto al exterminio de los gitanos, los discapacitados, los homosexuales y los resistentes. La búsqueda previa de ese hogar nacional judío por el nacionalismo sionista, luego de la expulsión de su pueblo de Palestina hace cerca de dos mil años por los romanos, incluyó lugares de África y de América Latina, además de Europa, pero prevaleció la tradición vinculada a Jerusalén y su entorno por razones religiosas y de origen histórico. Al colapsar el imperio turco al término de la primera guerra mundial, el imperio británico como nuevo aspirante a ocupar Palestina accedió a la demanda sionista para establecer ahí un hogar nacional judío (declaración Balfour de 1917). 

La creación del Estado de Israel no respetó los derechos de los árabes (musulmanes y cristianos) que habitaban la parte palestina asignada a Israel en 1947 por Naciones Unidas, sin ser consultados en absoluto, pues se trataba de un pueblo colonizado más, por Turquía primero durante cinco siglos y por el Reino Unido después de la primera guerra mundial. La partición realizada por Naciones Unidas en 1947, influenciada por los británicos y con un acuerdo norteamericano-soviético detrás, nunca fue respetada por quienes fundaron el Estado de Israel, una generación traumatizada, como era de esperar, por el exterminio nazi. Antes bien, buscó expandir al máximo el territorio bajo su control, expulsando a 750 mil palestinos en 1948 y ocupando sus propiedades, en medio de la guerra sin destino declarada por los Estados árabes vecinos. Israel debía ocupar un 55% del territorio de Palestina bajo mandato británico y pasó a ocupar, después de la guerra de 1948, el 77% del mismo. 

Así como se crearon hogares nacionales para otros pueblos oprimidos, como el Armenio, hasta hoy acosado por el vecino de raíz turca Azerbaiyán, se debiera haber creado como reparación de guerra un Estado judío en alguna parte del territorio alemán, dado que el Estado nazi fue el responsable de la mayor masacre de judíos en la historia. Pero prevaleció en 1947 la influencia del Imperio británico, que trasladó la responsabilidad a un actor que no tenía velas en el entierro: el pueblo palestino colonizado, fuera de Europa. Otra cosa era concebir a Jerusalén como una ciudad internacional compartida por las tres religiones del libro, altamente simbólica para cada una de ellas y en tanto factor de paz, como establece la resolución de la ONU de 1947. Pero construir ex nihilo un Estado después de dos mil años, en medio de una disputa sobre sitios cruciales para tres religiones ancestrales, no podía sino terminar en tragedia y guerras recurrentes, como ha ocurrido. 

Desde un punto de vista de ciudadanía universal basada en el respeto de los derechos humanos, son igualmente intolerables los crímenes de guerra que realiza por ya meses (y años) el Estado de Israel en los territorios palestinos y los asesinatos indiscriminados y las exacciones de Hamas del 7 de octubre pasado. A estas alturas, un posible arreglo en el Medio Oriente solo puede provenir de una internacionalización parcial de Jerusalén y de un acuerdo territorial equitativo de coexistencia de dos Estados, judío y palestino, con fronteras aseguradas por fuerzas internacionales. Esto es algo muy difícil de alcanzar, pero que tiene una aproximación en los acuerdos de Oslo de 1993 entre Yasser Arafat, probablemente envenenado más tarde por los servicios secretos de Israel, y Yitzhak Rabin, asesinado por un ultra religioso israelí, es decir un reparto mínimamente justo de los territorios en disputa y una reparación de los expolios que han sufrido los palestinos por generaciones. Evidentemente, no hay esperanza para ese arreglo en el corto plazo mientras sigan siendo los protagonistas del conflicto el fundamentalismo de Hamas, que quiere terminar con la presencia de los judíos y con Israel, y la maquinaria de crímenes de guerra del Estado de Israel dirigido por la extrema derecha. Esta busca expresamente, por boca de sus ministros, incluyendo Netanyahu, anexar la totalidad del territorio palestino y entre tanto expulsar o disminuir al mínimo a su población árabe, lo que explica la magnitud de la masacre humana, mayoritariamente de mujeres y niños, y el nivel de la destrucción física con bombas y retroexcavadoras realizadas implacablemente en Gaza, para espanto del resto de la humanidad. 

(Aclaro que soy un chileno ateo y descendiente de alemanes y polacos y de castellanos y vascos, en este caso probablemente mestizados desde hace generaciones, con lo que no creo tener algún sesgo particular en el tema. Por cosas de la vida de familia, estuve en Jerusalén por primera vez de niño en 1967, días antes de la guerra de los siete días. Mucho más tarde, tuve ocasión de dialogar en la Mukata con Yasser Arafat y en la Knesset con Shimon Peres en 2004, como presidente del PS chileno, junto a Luis Maira. Por todo esto mantengo el interés en lo que ocurre en la zona, habiendo sido además embajador de Chile en España, un país mediterráneo. Pero sobre todo nace de tratar de entender como ciudadano las razones de violencias tan radicales en zonas de las que provienen muchos compatriotas en nuestro país, que es multicultural y mestizo y debe acoger la diversidad que enriquece).

Unas breves reflexiones sobre el 2023 y lo que viene

En medio de dos grandes guerras en el mundo (las de Ucrania y Palestina, tres con la de Sudán), de un avance en la lucha de 30 años por dejar atrás los combustibles fósiles y de una escalada mediática nacional para infundir temor cada vez que se produce algún crimen mafioso, hubo una gran noticia para el futuro de Chile a finales de 2023. Fue derrotado el intento por parte de los "verdaderos chilenos" de establecer una constitución de marcado sesgo oligárquico.

Cabe en 2024 abocarse a la agenda económico-social con más intensidad.

En posteos recientes, hemos comentado las medidas que toman gobiernos dirigidos por socialdemócratas en Europa, como los de España y Alemania. Donde gobiernan, fortalecen el Estado de bienestar y la distribución de ingresos al margen del mercado, junto a dinamizar la economía. En el caso de Alemania, incluye acuerdos de coalición con los liberales, lo que dio lugar al comentado establecimiento en 2023 y aumento en 2024 del "sueldo ciudadano". Este tiene un sentido de justicia pero también de eficacia económica, pues ningún fortalecimiento de la productividad de largo plazo puede sostenerse si se mantiene a una parte de la población en la precariedad, sin ingresos ni formación suficiente, especialmente los jóvenes.

Es lo que nuestra oligarquía y sus representantes políticos se niegan a entender. Y llevó a la virulenta crisis de 2019. Es, por ejemplo, evidente que en materia previsional un acuerdo que refleje la realidad actual de las fuerzas en el parlamento debiera construirse alrededor de un sistema de pensiones mixto. La izquierda ha cedido en su voluntad de establecer un sistema de reparto con cuentas de registros de los aportes ("nocionales") y accedió a mantener las cuentas de capitalización individual para el 10% de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Eso sí, terminando con las sobre-utilidades de los administradores privados mediante un recaudador colectivo de bajo costo y límites a los márgenes de los inversores privados de los fondos.

El "con mi plata no" al parecer no incluye dejar de transferirle a las AFP todos los meses como utilidades más de la mitad de lo que recaudan de los cotizantes por comisiones de administración, según los datos oficiales. Para engrosar las utilidades de las AFP, "con mi plata si". Para mutualizar riesgos, nada. Esto es simplemente inaceptable. La seguridad social consiste en que se contribuye obligatoriamente a cambio de derechos de pensión según reglas que establece la sociedad. Es extender lo que ya existe en parte: "con mi plata" hoy en Chile, al pagarse el seguro de invalidez y sobrevivencia todos los meses, todos contribuimos a financiar a los actuales y futuros inválidos laborales o a las viudas/os de personas que fallecen siendo trabajadores/as. Podemos ser nosotros mismos. O no. Si no se tiene un problema de salud invalidante o no se fallece durante la vida laboral, el cotizante -ni nadie de su familia- recibirá un peso, a pesar de contribuir toda la vida. Mi cotización en este caso no es de mi propiedad privada, es propiedad de un arreglo social colectivo, que puede o no traducirse en un beneficio personal. Lo mismo se puede decir de los impuestos: los que pago tampoco son de mi "propiedad privada individual", son parte de un arreglo social que permite financiar caminos, equipamientos urbanos, educación, salud, defensa, seguridad, justicia, apoyo a los más desvalidos. La seguridad social y los impuestos son lo que nos permite vivir en sociedad en el mundo moderno y alcanzar mínimos grados de bienestar.

Por ello la derecha debe abrir su posición en el tema del 6% de cotizaciones adicionales previstas en la reforma. Y desde luego abandonar la pretensión de introducir ahí a las AFP, que han demostrado que producen pensiones extremadamente bajas con altísimas utilidades para ellas. Es un simple despropósito.

El gobierno propone que, con el 6% adicional que sería de cargo del empleador y administrado como fondo colectivo, el sistema mutualice en parte las pensiones, igualando en primer lugar las enormes diferencias entre hombres y mujeres y estableciendo un mínimo de pensión contributiva para todos/as. Y propone que otra parte de esos recursos se utilice para aumentar en hasta 3 UF las actuales pensiones. Nada del otro mundo ni una imposición bolchevique: simplemente un acuerdo equilibrado que busca aliviar en algo la actual situación paupérrima de los pensionados y la de las mujeres y las personas con lagunas no voluntarias en el largo plazo. La derecha no puede hacer como que más de la mitad del país no existe y vivir con el espejismo de encuestas que hacen preguntas sesgadas, del tipo "¿quiere toda su plata para usted o regalársela a otros?", con una masiva respuesta obvia. Otro despropósito.

Una variante puede ser un acuerdo que no incremente en 6% las cotizaciones obligatorias (para evitar encarecer el costo de la contratación, aunque esto se haría muy gradualmente, lo que es un tema a considerar) pero que aumente sustancialmente la pensión garantizada para el 90% desde 2022. Hoy tiene un valor de 206 mil pesos mensuales y se reajustará según IPC en febrero próximo y en un futuro no precisado a 250 mil pesos. Como esto se financia con impuestos, se requeriría ampliar la reforma tributaria hoy en discusión, con el nombre más elegante de pacto fiscal. Pero no, tampoco.

Más aún, ya no solo los conservadores se oponen a cualquier impuesto a las grandes fortunas, a las transacciones financieras y al incremento de las tasas del impuesto a las rentas más altas, sino también a cualquier fortalecimiento de la capacidad de cobro de los impuestos existentes. Llegan incluso a poner en cuestión las estimaciones de evasión realizadas por el gobierno, técnicamente fundadas, en materia de impuesto a la renta. Alcanza a un 50%, algo que también es simplemente inaceptable. De nuevo, un acuerdo en la materia mínimamente equilibrado debiera al menos dotar al gobierno de las herramientas suficientes para cobrar los impuestos existentes y hacer cumplir la ley para disminuir fuertemente la evasión y la elusión, en momentos en que observamos conductas delictivas y fraudulentas de gran envergadura y de abogados connotados de la plaza especializados en el fraude al fisco.

La política de trinchera no resiste análisis. Así habrá que ponerlo en evidencia a medida que se acerquen las elecciones regionales y municipales de fin de año.

Nota al margen: como no soy adicto a la ciencia ficción ni a las películas de terror, no mencioné el tema de la Inteligencia Artificial Generativa, uno de los grandes temas del año que producen inquietud. Es un avance tecnológico de importancia, va a facilitar enormemente diversas tareas, pero no hará desaparecer los empleos ni terminará con la condición humana. Ayudará a la recolección y procesamiento de información en gran escala y apoyará las tareas que requieren de inteligencia humana insustituible, mientras aumentará la automatización en muchos sectores, creará nuevos empleos tecnológicos y disminuirá otros, ahora en puestos de trabajo no repetitivos y en los servicios, en un balance incierto. Como siempre ha ocurrido con el progreso técnico, tendrá efectos distributivos, que deberán ser abordados con prioridad. Pero no digamos que ese es un tema muy nuevo. Sobre la necesaria regulación de la IA, lo más sensato que he leído es https://www.imf.org/.../12/Rebalancing-AI-Acemoglu-Johnson. Comparto lo que estos autores señalan: “Si logramos reorientar la IA hacia una senda de mayor complementariedad con las personas, usándola a la vez para abordar problemas sociales urgentes, todo el planeta saldrá beneficiado. En cambio, si prevalece el enfoque de exclusiva automatización, resultará todavía más difícil alcanzar la prosperidad compartida.”

¿Un mejor año 2024?

En La Tercera

El crecimiento anual del PIB de Chile en el trienio de crisis y recuperación de 2020-2022 fue superior (2,7%) al del mundo (2,3%) y al de América Latina (1,4%). Esto se explica por el desempeño de 2021 (11,7%), fruto de un fuerte aumento de la demanda interna, incluso superior al de 1971. No fue programado por el gobierno de Sebastián Piñera, sino que resultó de un peligroso desborde institucional. Pero el hecho es que tuvo un gran resultado en crecimiento, con el costo, como era de esperar, de un aumento del déficit en la cuenta corriente, producto de una fuerte expansión de las importaciones, aunque financiado sin problemas por las repatriaciones de fondos de pensiones para cubrir los retiros.

El problema se produjo con la inflación. Reforzando una visión ultraortodoxa, el Banco Central interpretó, con cálculos dudosos, que las tensiones en las cadenas globales de suministro y los aumentos de precios de alimentos y combustibles por la invasión a Ucrania, no eran la causa principal de la inflación. Interpretó que debía disminuir a toda costa la demanda interna para controlarla, desechando su carácter transitorio y su origen externo. Realizó un gran aumento de la tasa de interés de política monetaria, especialmente desde marzo de 2022, cuando la presidencia del Banco Central pasó a manos de una ex funcionaria de Libertad y Desarrollo. Esto se acompañó de un inusitado ajuste fiscal para 2022 (-23% de gasto) programado por el gobierno saliente, uno de los más altos del mundo.

El ajuste recesivo aplicado llevó a un menor crecimiento en 2022 y a un estancamiento en 2023. El buen crecimiento no programado dio lugar a una drástica caída programada de la economía, ironías aparte. La desinflación llegó en 2023, solo que de la mano de la del resto del mundo. Según la Cepal, la inflación de América Latina y el Caribe pasó de 8,2% en 2022 a 3,8% en 2023, con un crecimiento del PIB de 2,2%. En Chile la inflación anual pasó de 12,8% a 4,8%, pero sin crecer.

¿Tenía sentido deprimir la demanda interna cuando el grueso de la inflación provino del impacto de los precios externos, primero al alza y luego a la baja desde mediados del año pasado? La presión de demanda era necesariamente temporal al agotarse el efecto en el consumo de los tres retiros de los fondos de pensiones y por el fin de las ayudas por la pandemia, junto a la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación. Ese brote no debió ser atacado como si fuera a persistir, y sin considerar una respuesta de la oferta que funcionó bastante bien. El sector de comunicaciones, por ejemplo, no solo se expandió sino que bajó sus precios.

La fuerza de los hechos ha llevado poco a poco a un cierto abandono de la ultraortodoxia. Por ello, el crecimiento de 2024 rondará el 2% y permitirá alejarse de la recesión. El Banco Central empezó a bajar la tasa de interés desde agosto, a paso demasiado lento pero positivo para la actividad. La política fiscal será algo más expansiva, con un aumento del gasto de 3,5%. También ayudará el que las condiciones financieras externas, con la anunciada baja de tasas en Estados Unidos, serán mejores y el que, aunque la incertidumbre permanecerá, el crecimiento mundial será, según el FMI, algo mayor que el 2,8% de 2023 y llegará a 3% en 2024-2025.

Genialidades

En El Clarín

¿Tenía sentido deprimir la demanda interna cuando el grueso de la inflación provino del impacto de los precios externos, primero al alza y luego a la baja desde mediados del año pasado?

La revista The Economist puso en buen pie comparativo a Chile a nivel internacional en 2023, a pesar de un estancamiento del PIB. El desempeño económico reciente de Chile se resume en una caída del PIB similar a la América Latina en la crisis del Covid-19 (-6,1%) y superior a la de la U.E. y EE.UU. en 2020, un fuerte crecimiento liderado por la demanda interna en 2021 y un posterior ajuste recesivo que llevó a un menor crecimiento en 2022 y en lo que va de 2023. En 2022, el aumento del PIB de Chile (2,4%) fue menor que el del agregado mundial (3,4%) y el de América Latina y el Caribe (4,0%), aunque algo superior al 2,1% de Estados Unidos. En el trienio de salida de crisis 2020-2022, el crecimiento promedio del PIB de Chile es superior al del resto de las economías, explicado por el alto crecimiento de 2021 (11,7%).

No obstante, hay un énfasis en el análisis del semanario británico en el buen comportamiento de la bolsa y un análisis de la inflación simplista.

El Banco Central de Chile ha mantenido una política monetaria altamente restrictiva desde marzo de 2022, con grandes aumentos de la tasa de interés de política monetaria hasta 11,25%, lo que recién empezó a relajar poco a poco a partir de agosto pasado, como se reseñó, y mantiene en un 8,25%. La consecuencia es que creció muy poco la economía en 2022, ayudada por una política fiscal de fuerte ajuste a la baja, y se estancó en 2023. Esto ocurrió como respuesta equivocada a un fuerte crecimiento del PIB en 2021 por incremento de la demanda. Esa expansión era por una vez y no debía ser atacada como si fuera a persistir, y sin considerar factores de respuesta de la oferta que funcionaron bastante bien frente a la súbita presión de la demanda. Un ejemplo es el sector de servicios de comunicaciones, que se expandió mucho y al mismo tiempo bajó sus precios (ver la respuesta de la oferta y su incidencia en la desinflación en el caso de Estados Unidos en el texto de Mike Konczal, 2023). La presión de demanda era necesariamente temporal al agotarse el efecto en el consumo de los tres retiros de los fondos de pensiones y dado el fin de las ayudas por la pandemia, junto al efecto de los propios aumentos de precios en la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. El aumento de los precios externos también tenía causas transitorias, como las restricciones parciales de oferta en la salida de la crisis del COVID y los efectos de corto plazo de la guerra de Ucrania en los precios de los alimentos y combustibles.

Se ha producido efectivamente una desinflación en 2023 en Chile. Solo que es como la del resto del mundo, sin nada mayormente distintivo, pero con un estancamiento del PIB. Según la CEPAL, la inflación de América Latina y el Caribe pasó de 8,2% en 2022 a 3,8% en 2023, con un crecimiento del PIB de 2,2%. En Chile la inflación anual pasó de 12,8% a 4,8% sin crecer.

¿Tenía sentido deprimir la demanda interna cuando el grueso de la inflación provino del impacto de los precios externos, primero al alza y luego a la baja desde mediados del año pasado?

¿Y afectar la creación de empleo? En Chile, es cierto, toda idea de pleno empleo ha sido abandonada. Se trata, sin embargo, un objetivo racional básico de una política económica orientada al interés general. Es el «síndrome del martillo» de Maslow: si tengo un martillo, entonces lo uso golpeando una y otra cosa y no solo clavos, en este caso aumentando la tasa de interés de manera desmedida sin considerar los efectos evitables en la actividad y en el empleo, martillando un brote inflacionario transitorio como si fuera permanente.

También cabe hacerse la pregunta que todo economista debe formular siempre: ¿a quiénes favorecen o perjudican las medidas de política que se toman? ¿Quién se beneficia con una baja creación de empleo y una oferta amplia de fuerza de trabajo? ¿Los que viven de su trabajo o sus empleadores? Estos últimos son los que evitan, a través de un alto desempleo (8,9% de la fuerza de trabajo hoy) que los asalariados logren una mayor capacidad de negociación en el reparto del ingreso producido en las empresas. Esta es una de las claves de la desigualdad en la distribución de los ingresos en Chile, en beneficio de las utilidades de los poseedores del capital, junto a la baja participación de la mujer en el trabajo remunerado.

Y también es una de las claves la tendencia ortodoxa de la mayoría de los economistas chilenos de ajustar los choques que afectan a la economía manteniendo una demanda agregada insuficiente, cuyos efectos macroeconómicos afectan el crecimiento. En efecto, los ingresos de los asalariados se consumen casi en su totalidad, por lo que al ser más bajos en relación a los del capital no son un factor que empuje lo suficiente el dinamismo de la demanda interna y de la creación de empleo. Al no traducirse necesariamente los ingresos del capital en inversión doméstica y al mantenerse como ahorro en Chile o el exterior (las salidas de capital han sido significativas, compensadas en parte por la inversión extranjera), entonces esto se constituye en uno de los factores de contracción del crecimiento potencial de mediano plazo.

 

Para lograr una mayor inversión autónoma de las empresas, se requiere de un horizonte de demanda suficiente en el mediano y largo plazo, constituido de manera predominante por el consumo de los hogares y el gasto corriente y la inversión del gobierno, de una manera compatible con las capacidades de respuesta de la oferta y los equilibrios fiscales y externos. La demanda externa, por su parte, es enteramente exógena y sus precios relativos dependen en parte del tipo de cambio. La política doméstica puede eventualmente ayudar a mantener un tipo de cambio más estable y competitivo, junto a una política de innovación y transferencia tecnológica más activa y un financiamiento de costo abordable, especialmente para las pymes, y de plazos más largos. Nada de esto puede dejarse solo a los vaivenes de los mercados.

La reforma del sistema político

La reforma del sistema político es más que necesaria. Solo que la oposición y el gran empresariado, que son más o menos lo mismo, entienden este concepto como volver a algo que se parezca lo más posible al sistema binominal, para obtener ventajas en la representación de la derecha en las instituciones y bloquear los cambios en el sistema económico-social "híbrido" que nos rige, en especial en materia de control sobre la explotación de los recursos naturales (concesiones mineras, litio, pesca), el régimen tributario y de regalías, el régimen laboral, el sistema de pensiones, el régimen de seguros de salud y los subsidios incondicionales a la educación privada, entre otros temas cruciales para el bienestar de la mayoría social y la igualdad efectiva de oportunidades y derechos.

Ya las tiene en el Senado, donde hay circunscripciones que siguen siendo binominales y eligen dos senadores/as. Con un tercio más un voto se obtiene lo mismo en escaños que con dos tercios menos un voto, lo que tiende a favorecer a la derecha. En otras se eligen muy pocos representantes en relación a la población, lo que también tiende a favorecer a la derecha, más fuerte en regiones poco pobladas y rurales. La guinda de la torta es la Región Metropolitana, que cuenta con solo 5 escaños: con el 40% de la población elige solo el 10% de los senadores, consagrando una insólita desigualdad del voto. Esto podría concebirse para una cámara que representara a la regiones y no a los ciudadanos, pero en ese caso no debiera tener facultades co-legisladoras sino solo de revisión propositiva de las leyes, como en diversas democracias avanzadas.

Ahora la derecha quiere también ventajas en la Cámara, como intentó en la propuesta constitucional del Consejo, buscando disminuir fuertemente el máximo de 8 electos por distrito. Esto no tiene otro sentido que restringir la representación de la izquierda. Y si de verdad se quiere evitar la fragmentación del sistema de partidos, una regla del 5% mínimo de votos para integrar las cámaras cumpliría con ese propósito, junto a obligar a la renuncia a los que se cambian de tienda en el ejercicio de un cargo parlamentario. Incluso es mejor para ese fin la elección de diputados/as y senadores/as en dos vueltas en distritos uninominales, en un sistema mayoritario como el francés para los diputados (allí, como en casi toda Europa, el Senado representa a las entidades territoriales y colegisla en ámbitos limitados, con prevalencia de la Cámara de representantes de los ciudadanos, con la excepción de Italia y parcialmente de Alemania).

Pero en definitiva, una consideración modernizadora fundamental es establecer la paridad de género en las cámaras. Para ello, el mejor mecanismo es la elección en listas nacionales o de macro-regiones de una parte de los parlamentarios, hasta alcanzar al menos un 40% de un género u otro, con un voto para un hombre y otro para una mujer en cada lista. Así nadie "le quita" la representación a nadie, pues unos y otros la tendrían de pleno derecho, repartiendo en partes iguales entre hombres y mujeres la representación proporcional de cada lista paritaria obtenida según el sufragio popular en distritos y circunscripciones que aseguren la igualdad del voto.

Sería muy bueno, además, que se termine con la figura de la acusación constitucional a ministros, que no sirve para nada que no sea la polarización política y la guerrilla contra el gobierno en ejercicio (así cabe llamar a los gobiernos, porque aquello del "gobierno de turno" tiene el pequeño problema conceptual que, por definición, en democracia los gobiernos son de turno: si no fuera así, se trataría de una dictadura). Esta figura no modifica nada y solo busca castigar personas en un juicio público sin debido proceso, con la consecuencia de irritar la esfera política una y otra vez de manera destructiva.

Y sería muy bueno que los alcaldes se eligieran con un sistema de dos vueltas, como es el sistema vigente de elección de gobernadores regionales. Esto permite que las personas marquen su preferencia en una primera vuelta y, si no hay una mayoría suficiente para ninguna candidatura, luego en una segunda vuelta se conforma una mayoría entre los seleccionados en primera vuelta. Se evitaría así las negociaciones y reparticiones de candidaturas entre partidos que dan un poder indebido a las directivas (créanme que es así) y resultan irritantes para la ciudadanía y la militancia de los partidos, a la que se sustrae la decisión de dirimir candidaturas. O bien establecer un sistema reforzado de primarias.

Esas serían tres excelentes iniciativas. También lo sería una cuarta: si se crea el Ministerio de Seguridad, el Ministro/a del Interior debiera asumir la función de ministro coordinador del gobierno, para lo cual debiera contar con una mayoría en ambas cámaras. Si no las obtiene, el Presidente debiera poder disolverlas (o solamente la Cámara de Diputadas y Diputados si se da al Senado un rol revisor general de las leyes desde la perspectiva de los territorios, pero colegislador solo en algunas materias). La repetición de las elecciones parlamentarias permite a la ciudadanía dirimir los bloqueos parlamentarios al Presidente/a cuando no tiene mayoría en las cámaras, lo que no beneficia a nadie, ni a la izquierda, la derecha o al centro y solo perjudica la capacidad de gobernar y aumenta el descrédito de la democracia como forma de gobierno. Otra precisión: no faltan los que están en contra de que prevalezcan "mayorías circunstanciales" y se suman a los bloqueos y empates. Pero ocurre que en democracia las mayorías siempre son circunstanciales, dado que son periódicas y competitivas. Si no fuera así, de nuevo se trataría de una dictadura.

Las reformas mencionadas son positivas para el correcto funcionamiento de las instituciones. Lo son para todo el espectro político, pero lograrlas supone que la derecha renuncie a su reflejo de buscar ventajas institucionales para su campo político, de lo que no logra desprenderse, y así jugar en una cancha democrática pareja para todos. Si se acompañaran de una disminución de los topes de gasto electoral, mejor todavía, para quitarle la influencia al dinero en la decisión de voto, que aún permanece en grados inaceptables.

El acuerdo CODELCO-SQM sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama

Señalo de partida que me cuento entre los que creen que SQM nunca debiera haber sido privatizada entre 1983 y 1988, y menos entregada a bajo precio a un yerno del dictador. En contraste, la presión militar sobre Pinochet dejó la también nacionalizada CODELCO en manos del Estado por razones estratégicas, a pesar de la presión privatizadora de los Chicago Boys y los diversos grupos de interés.

SQM fue creada en 1968 con participación de 37,5% de la CORFO en su propiedad, con el monopolio de la explotación y comercialización del salitre. SQM fue nacionalizada al 100% en 1971 por el gobierno del Presidente Allende, como parte de su programa de recuperación de las riquezas básicas. Luego de la privatización al terminar la dictadura, los derechos de explotación de SQM abarcan pampas calicheras y salares de las antiguas oficinas salitreras de las regiones de Tarapacá (Nueva Victoria) y Antofagasta (Oficina María Elena, Coya Sur, Oficina Pedro de Valdivia, Pampa Blanca, Salar de Atacama, Salar del Carmen y Yumbes). La Oficina Alemania fue cerrada en 1976 y la Oficina Victoria en 1979. La compañía se especializó en nitrato de sodio de origen natural y nitrato de potasio (hoy usado en aplicaciones de fertirrigación), yodo, cloruro de potasio, ácido bórico y cloruro de magnesio. El nitrato de sodio y el nitrato de potasio son las sales que se usan de materia prima en las plantas termo solares y el cloruro de magnesio es utilizado para el deshielo en caminos. En 1995 inició la extracción de carbonato de litio como subproducto de salmueras en el salar de Atacama, luego de obtener un contrato temporal de CORFO para ese fin. Hoy es el principal productor del mundo y su contrato actual termina en 2030. El litio había sido declarado por ley como recurso estratégico, pues se asumía que era un componente necesario de la energía nuclear, y dejado fuera de las concesiones mineras, que son una cuasi-privatización dado lo establecido en la Constitución de 1980 y en la ley de concesiones mineras. A partir de 1990 se debiera haber buscado su restitución al Estado, pues la privatización de SQM fue realizada a precios subvalorados en medio de un evidente tráfico de influencias. Esa es una dimensión que sigue sin resolverse ante la sociedad. Más aún, a ese problema de origen los controladores, la familia Ponce Lerou, agregaron en la década pasada un intento de comprar el sistema político para favorecer sus intereses, además de abusar de accionistas en la bolsa con el llamado esquema de "cascadas", parte de lo cual todavía se ventila en tribunales. También está en tribunales la negativa de SQM de pagar la regalía minera, que considera no la involucra, por un valor de 933 millones de dólares en 2022. La suma de estos cuatro hechos es más que suficiente para instar amablemente la salida de esa familia de la propiedad de SQM, por incompatibilidad de su conducta con el interés nacional en un empresa estratégica para el país. El acuerdo CODELCO-SQM recién suscrito para operar de manera conjunta en el Salar de Atacama hasta 2060, con mayoría accionaria de la cuprífera estatal de 50% más una acción, no debiera impedir que ese objetivo se cumpla, aunque el control estatal sería efectivo recién a partir de 2030, dado el contrato vigente. La transformación del litio en un componente clave de una de las tecnologías (baterías de ion-litio) para el almacenamiento temporal de electricidad, dio un nuevo impulso a la extracción de este mineral no metálico en el contexto del auge de la electromovilidad. Esta fue altamente rentable en 2022, aunque mucho menos en 2023, dada la normalización del precio. Lo fue para SQM, claro, además de para la empresa química transnacional Albemarle, con sede en Estados Unidos, que tiene el segundo contrato de extracción hasta 2043 en el Salar de Atacama, uno de los lugares de menor costo de producción en el mundo (litio hay en muchas partes). Dado que esa ventaja es del país, no de las empresas a las que se otorgan derechos de explotación del recurso, también lo fue para el Estado de Chile, que había negociado en Bachelet II una regalía específica para el litio más favorable que la vigente para la minería.

Esta regalía minera se había establecido, luego de un primer rechazo por la oposición, en el gobierno de Lagos en 2003, modificada luego por Piñera I y mejorada ahora por el gobierno de Boric. Esto resultó de una difícil negociación, pero es aún una sexta parte de lo que se debiera transferir al dueño (del orden de 3% del PIB, según establecía el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados en 2020) por concepto de renta de recursos escasos que no pertenecen a privados sino a la colectividad, dado el peso de la gran minería privada en el parlamento. Este sistema recaudará desde 2024 menos de 0,5% del PIB, considera mantener exenta de regalía la pequeña minería (menos de 12.000 toneladas de producción) y establece para la mediana minería (menos de 50.000 toneladas) una tasa progresiva de 0,4% a 4,4% según la producción anual. En la gran minería (sobre 50.000 toneladas), y para aquellos explotadores cuya producción incluya más de un 50% de cobre, habrá un componente de regalía de un 1% del valor de lo producido más una tasa progresiva sobre el margen operacional de entre 8% y 26% según su magnitud. Se establece un límite de carga máxima potencial de 46,5%, lo que no tiene ningún sentido, pues la lógica de la regalía es gravar más cuando los precios y las rentas son altos. Fue parte del precio a pagar por la aprobación en el parlamento. Este techo se reduce a 45,5% para los explotadores con producción promedio en los últimos 6 años menor a 80.000 toneladas. Unos US$ 450 millones irán a regiones y comunas y el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo contará con US$225 millones que serán distribuidos a los gobiernos regionales para proyectos de inversión productiva. SQM se niega a pagar esta regalía.

Por su parte, el acuerdo sobre el litio no zanja este tema (está en tribunales) e implica que SQM no sale en 2030 del salar y prolonga su presencia por contrato con el Estado en 30 años más. Allí se extrae litio, sulfato de potasio, cloruro de potasio, silvinita, bischofita y otras sales de descarte. A cambio, SQM cede la mitad de la propiedad de la filial que extrae litio en el Salar de Atacama y la totalidad de sus derechos en el salar de Maricunga. La discusión sobre el valor actual de los flujos futuros de esa filial conjunta, un guarismo difícil de precisar sin grandes márgenes de error, debe haber presidido las negociaciones, así como la discusión sobre el valor del recurso y sus métodos de cobro por el Estado. Reiteremos que, a través de CORFO, pertenece a todos los chilenos. Las otras filiales en que se divide SQM seguirán extrayendo caliche y yodo en Nueva Victoria, yodo en Pedro de Valdivia y nitratos en Coya Sur y Pampa Calichera. En el corto plazo, CODELCO recibe ingresos por una parte de las toneladas de litio extraídas hasta 2030. El precio de referencia de largo plazo del litio negociado es uno de los factores claves para el período 2030-60. La renta bruta que obtendría SQM a partir de 2031 sería del orden de 15%, considerando que el Estado se quedaría con el canon de arrendamiento a CORFO, el impuesto a la renta, el royalty minero y la mitad de las utilidades vía Codelco, con el mencionado precio de referencia. Pero esto es incierto, especialmente si el precio es mayor. CODELCO se queda, por otra parte, con las pertenencias de SQM en el Salar de Maricunga, menos rentable, pero en el que la empresa estatal ya está desarrollando proyectos de extracción y compró recientemente activos en manos de privados que le permitirían desarrollar de manera autónoma un segundo distrito amplio de extracción de litio. El paso más adelante debiera ser la creación de una filial litio en CODELCO y su posterior transformación en Empresa Nacional del Litio, capaz de abordar nuevos desarrollos tecnológicos y asociaciones para su elaboración industrial sostenible.

Un cierto escepticismo con el acuerdo, por nuestra parte, nace del hecho que CODELCO tiene intereses corporativos de empresa y puede no representar de manera suficiente el interés nacional. Actualmente tiende a creer que no es la principal empresa estatal chilena sino una empresa "global" como cualquier otra y que debe estar en manos de sus ejecutivos, ojalá sin estar sujeta a transparencia ni control efectivo. Su dueño, la ciudadanía, tiene derecho a saber como se lleva adelante su gestión y cuáles son sus proyecciones futuras de ingresos y de aportes al desarrollo sostenible nacional, solo con la excepción de alguna información estratégica puntual. Cabe recordar lo negativo para el país de la estafa en los años 1990 en las operaciones de mercados a futuro y de los negocios de CODELCO con una empresa China entre 2005 y 2006, en donde se comprometieron valores de venta de cobre de la mina Gaby por 15 años que fueron superados ampliamente por el valor posterior de mercado, con una gran pérdida para el Estado. Y que CODELCO no ha sido en absoluto eficiente en la última década, pues ha disminuido su producción de una manera ostensible, bajo un esquema de gobierno corporativo "autónomo" bastante absurdo. Y cabe recalcar que en la negociación no obtuvo el control de SQM desde ahora, sino solo en 2030, lo que fragiliza el acuerdo. Y recordar que SQM ya ha recibido sanciones en Estados Unidos por su conducta de corrupción y en Chile por infringir la ley de valores y por daños al ambiente en el Salar de Atacama, con multas aplicadas recientemente por la Dirección General de Aguas. El parlamento tendrá ahora la palabra, para ver si CODELCO sigue o no sin responder ante casi nadie y si SQM puede seguir con sus prácticas inaceptables en una sociedad decente.

Tablas

En La Nueva Mirada 

Con el resultado del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, se alejó la perspectiva de entronización de una institucionalidad con rasgos autoritarios y liberticidas, alejada del principio de mayoría en la formación de las leyes y con una mayor desigualdad del voto. Ésta, además, ponía en entredicho derechos de las mujeres, restringía derechos sociales, consagraba el predominio de la propiedad privada por sobre los bienes comunes y la seguridad social y establecía un sistema tributario regresivo. 

Se podía conjeturar, con fundamentos, que los resultados a favor de la extrema derecha de septiembre de 2022 y mayo de 2023 se podían prolongar en diciembre de 2023. No había nada muy nuevo en el escenario, en especial en materia de valoración de la acción del gobierno, arrinconado en los temas de seguridad e inmigración, golpeado por escándalos de mal uso de recursos públicos por nóveles activistas y nóveles autoridades, y sin una agenda social muy significativa en medio de una economía languideciente. Fue el “año en que vivimos en peligro”. Pero prevaleció a la postre una especie de sentimiento general de valoración de la democracia. El voto mayoritario fue contra la pérdida de derechos de la propuesta constitucional de Kast y su grupo, que arrastró a una derecha tradicional carente de posturas consistentes y menos aún de voluntad de producir un acuerdo de amplio espectro.

Sin embargo, el acuerdo estaba ahí, con el borrador del grupo de expertos que fue consensuado por representantes de prácticamente todo el espectro político institucional, y fue desechado por la derecha, en un acto de irresponsabilidad histórica.

Ahora tenemos, después de cinco votaciones constitucionales desde octubre de 2020 -nada parecido ha ocurrido nunca en algún otro país del mundo- un resultado que en términos ajedrecísticos se puede llamar de «tablas», es decir un empate. No hay nueva constitución progresista y tampoco una de ultraderecha. Pero persiste una leve ventaja para el progresismo, pues en agosto de 2022 se bajaron los quórum de reforma constitucional y en enero de 2023 se aliviaron los candados en las leyes orgánicas de la constitución vigente. Además, sigue estando ahí el borrador de los expertos para ser incorporado en lo necesario a la actual constitución, incluyendo el Estado democrático y social de derecho, cuando aparezca una mayoría de 4/7. Sin embargo, todo hace pensar que la derecha va a preferir el camino de la confrontación, azuzada por un empresariado a la ofensiva para evitar toda reforma tributaria y toda pérdida de espacios de los privados en la seguridad social, la atención de salud y la educación, o bien modificaciones a la legislación laboral que pudieran fortalecer a los sindicatos.

Ese es el nuevo escenario en que se desenvolverá el conflicto político, con una creciente polarización provocada, además, por la competencia en la derecha por quien expone mayor dureza en la agenda de destrucción del gobierno y de predominio de la agenda de seguridad e inmigración en el espacio público, en detrimento de toda agenda social y económica. Ocurre que la oligarquía se comporta como tal y su conducta es la de desplegar todo su poder para preservar sus privilegios, sin mayores matices. Sus representantes más conspicuos llegaron a autocalificarse, en una vorágine de arrogancia después de los resultados de septiembre 2022 y de mayo 2023, de «verdaderos chilenos«, como si los demás no lo fuéramos. El gran empresariado mostró, por su parte, su cara política más cruda al apoyar a la extrema derecha en el tema constitucional y a propósito de los 50 años del golpe militar. 

Otra conjetura  verosímil es que persistirá una volatilidad del votante emocional sin anclaje ideológico, a cuya cara de adhesión al orden acude la derecha con sus campañas del miedo, en ocasiones con éxito. Su otra cara es la demanda por más protección y movilidad social, que busca ser cubierta por el progresismo, con éxito cuando logra poner esa agenda en el escenario público y dispone de los medios gubernamentales y parlamentarios para concretarla. Persiste, por otro lado, el dato sociológico de una alta proporción de personas -aunque no una mayoría estable- que no ve como problema la concentración del poder económico y adhiere al autoritarismo y a valores ultra-individualistas o conservadores. Es una minoría consistente, capaz de conformar mayorías si sus conductores logran infundir percepciones de crisis y desgobierno que arrastran al electorado volátil.

Las fuerzas progresistas y de izquierda deben constatar que ese es el país realmente existente y que su rol es persistir en transformarlo. Eso solo puede ocurrir con un programa de cambios para conquistar más derechos y protecciones sociales y de los bienes comunes, sustentados en una gestión de la economía volcada a un crecimiento inclusivo y sostenible. 

Adoptar el lenguaje del centrismo y su lógica del acomodo no tiene credibilidad, y menos en tiempos polarizados, y tampoco el de la dureza autoritaria, terreno en el que la derecha tiene galones insuperables anclados en la cultura de la hacienda. Tampoco tiene sentido coquetear con el neoliberalismo que insiste en “soluciones de economía de oferta” para reactivar la economía, basadas en desregularlo todo en beneficio del capital.  Llaman “permisología” a las normas laborales y ambientales que son esenciales para la buena salud de la economía en Chile y en todas partes, lo que no impide sostener que apurar y simplificar trámites y remecer a las burocracias será siempre saludable. Pero en realidad lo que persiste es la vieja fantasía oligárquica que quiere maximizar las utilidades de sus grandes empresas sin consideración por las personas y el ambiente, y de paso ojalá no pagar muchos impuestos y no rendirle cuenta de nada a nadie. ¿Por qué andar pidiéndole permiso a la sociedad, esa vana molestia, si yo soy el dueño del poder económico, que es el que debe prevalecer? Todo esto supuestamente aumentaría el crecimiento, en lo que ya fracasaron, para los olvidadizos, los Chicago Boys a un alto costo social, de concentración de mercados y de desindustrialización y pérdida del tejido de pymes, entregando, además, recursos comunes a intereses externos que dejaron de estar al servicio de la nación y sus necesidades. Las repatriaciones de utilidades al exterior por empresas transnacionales, mineras y financieras, alcanzaron a 23,9 mil millones de dólares en 2022, cerca de un 8% del PIB. La inversión extranjera está muy bien, solo que tiene un costo muy alto para el país cuando está mal regulada: no solo hay ingresos, sino también egresos, en este caso de sobreutilidades. La nueva regalía minera permitirá solo una mínima contribución a los ingresos del gobierno y las regiones de una renta que pertenece a todos y no a los accionistas de transnacionales, con un precio del cobre que subirá en los próximos años y una demanda futura en expansión.

El desafío, en cambio, es seguir construyendo un camino igualitario y libertario con un mucho mayor caudal de apoyo en la ciudadanía. Eso solo se logrará en tanto se vaya demostrando con hechos tangibles -en materia de empleo, salarios, atención de salud, acceso a la educación, pensiones, vivienda y entornos urbanos seguros- que recorrerlo es más meritorio y tiene más sentido como alternativa para ampliar derechos y promover una prosperidad compartida, sostenible y segura. Se trata de convencer de una realidad: mantener una sociedad desigual, discriminatoria e insegura, ensimismada en el miedo y en el rechazo al otro, empequeñece al país. En materia económica, no se debe olvidar que lo que en realidad dinamiza la oferta no son empresas sin reglas, pero que no tienen a quien venderle lo que producen (recordemos que el comercio se encuentra actualmente deprimido), sino flujos de corto plazo suficientes de demanda de consumo y de inversión. Esta última es, a su vez, la que dinamiza la producción, el empleo y los salarios en el mediano y largo plazo y debe expandirse a la brevedad, en especial la construcción y las obras públicas sostenibles, junto a un mayor apoyo a las pymes y a las empresas tecnológicas e innovadoras emergentes. Un nuevo impulso exportador y sustituidor de importaciones de mayor valor agregado sigue siendo una gran tarea pendiente, que no se hará sola sino con un deliberado esfuerzo público-privado de financiamiento de la diversificación y la transferencia y desarrollo tecnológico apropiado para mejorar la productividad sistémica de la economía. Esto requerirá mantener un tipo de cambio competitivo y un mayor esfuerzo de conquista de mercados externos.

La tarea la tienen ahora el presidente Boric y su coalición de apoyo, junto a las eventuales energías de movilización ciudadana que lo acompañen, para enfrentar y superar con más convicción y claridad política y argumental el bloqueo parlamentario y mediático de la oposición. Este se ejercerá tanto en las reformas de salud, de pensiones y tributaria como en cualquier otro avance social y cultural que empuje el gobierno. Vendrán dos años difíciles, pero gobernar para las mayorías nunca ha sido fácil.