Según el acuerdo alcanzado entre el gobierno, el oficialismo y la derecha en el Senado, se producirá un aumento previsto de las pensiones actuales de hasta 2,5 UF mensuales, es decir 96 mil pesos al valor de hoy. El acuerdo permitirá, además, una redistribución de una parte de las cotizaciones hacia todas las mujeres que jubilen para compensar las diferencias en la esperanza de vida entre hombres y mujeres.
Los incrementos de pensiones abarcarán a 2,8 millones de personas e implicarán un aumento de entre 14% y 35% de su valor mensual. El conjunto de cambios previstos aumentará sostenidamente la tasa de reemplazo del salario previo por la pensión a un 70% en diversos tramos de ingresos, especialmente considerando la pensión garantizada universal ampliada. Por otro lado, se terminará con los multifondos, reemplazados por fondos generacionales automáticos que serán menos riesgosos a medida que avanza la edad de las personas que cotizan. El seguro de cesantía cubrirá las cotizaciones en caso de desempleo para evitar lagunas.
Son avances dignos de ser apoyados, aunque sean insuficientes en diversos aspectos, en especial si se es partidario de un sistema de pensiones de seguridad social. Un esquema mejor y viable sería uno compuesto por una pensión básica universal del orden del 80% del salario mínimo, financiada con impuestos progresivos, por una pensión contributiva de reparto, financiada por cotizaciones obligatorias, además de un ahorro personal de carácter voluntario o contractualizado en la negociación colectiva, no sujeto al impuesto a la renta e invertido en fondos privados o públicos y que, incluso, se pudiera retirar parcialmente en ciertas circunstancias. Pero para esa u otras fórmulas no hay hoy mayoría en el parlamento, por lo que lo que se produjo fue una transacción, que es por definición siempre imperfecta para las partes.
En todo caso, la actual oposición debió, después de años de bloqueo, dar curso a algún tipo de mejoría de las pensiones. No podía mantenerse solo en la defensa acérrima de la función parasitaria de las AFP, que no obtienen rendimientos de los fondos ahorrados muy distintos a los de los instrumentos de inversión de largo plazo que se ofrecen en el mercado financiero, mientras se apropian de utilidades excesivas que se descuentan de las pensiones.
El acuerdo alcanzado tiene muchas aristas y será objeto de múltiples interpretaciones. Cabe retener que el total cotizado para pensiones será en el futuro de 18,5% del salario bruto, mientras hoy es de 11,5%. Del 7% adicional previsto por el acuerdo:
- un 4,5% podrá ir a las AFP, pero abriéndose la opción de que vaya a nuevas entidades de capitalización individual, incluyendo una participación del Instituto de Previsión Social en la administración de cuentas. El acuerdo no incluyó un ente público de inversión, que irá en un proyecto de ley separado en marzo.
- un 1,5% irá a aumentar las pensiones actuales de quienes hayan cotizado al menos 20 años en el caso de los hombres y 13 años en el de las mujeres, aumento que será de 0,1 UF por año cotizado con un máximo de 2,5 UF. En principio durará 30 años, disminuirá porcentualmente en el tiempo y será reintegrado a los que paguen esta cotización bajo la forma de un suplemento del fondo de pensión a través de un bono al llegar al momento de la jubilación.
- un 1% irá a igualar las pensiones de hombres y mujeres con un mismo fondo acumulado, hoy distintas por las diferencias en la esperanza de vida. Esta es mayor en el caso de las mujeres, por lo que hoy se disminuye su pensión mensual en comparación a la de los hombres. Habrá un beneficio mínimo de 0,25 UF mensuales.
Es un avance institucional importante el que, según el acuerdo, el Instituto de Previsión Social (IPS) pueda administrar en el futuro cuentas previsionales y que se cree un Fondo Autónomo de Protección Previsional para las prestaciones del nuevo Seguro Social Previsional, que serán pagadas por el IPS. El Seguro Social gestionará el 1% para compensación por diferencias en la esperanza vida entre hombres y mujeres y el aporte de 1,5% a las pensiones actuales con bono posterior, junto al 1,5% de las cotizaciones del seguro de invalidez y sobrevivencia ya existente. Este último beneficia ("con mi plata si" y desde 1981) a los que se accidentan o enferman o a las familias de los que fallecen jóvenes. Es un seguro pagado por los empleadores y es parte del costo de contratar, como el de accidentes del trabajo, y que beneficia a quienes sufren una enfermedad invalidante o una muerte prematura, lo que puede ocurrir a cualquier trabajador, aunque solo termine abarcando a una parte y la mayoría no reciba beneficio alguno a lo largo de su vida. Es la lógica de la seguridad social ("hoy por ti, mañana por mí"), que también se aplica al financiamiento de las atenciones de salud y en parte al subsidio por desempleo temporal, con cotizaciones que cubren los riesgos respectivos. No obstante, el 4,5% para financiar la invalidez y sobrevivencia y los nuevos complementos de pensiones es una proporción baja de la cotización total de 18,5%, pero es el germen de un nuevo sistema de seguridad social. Este debiera extenderse progresivamente a la opción de gestión de todas las cuentas de cotización obligatoria y de inversión de los fondos por el Instituto de Previsión Social y el Banco del Estado a través del Fondo de Seguro Social (que recibirá para funcionar de inmediato un préstamo del gobierno de hasta 900 millones de dólares).
Las entidades privadas que reciben cotizaciones para la capitalización competirán más, dada la futura licitación del 10% de las cuentas de ahorro existentes cada dos años y la incorporación de nuevos participantes, como las Administradoras Generales de Fondos no bancarias, las cajas de compensación y cooperativas. Esto incluirá la gestión de inversiones y se podrá subcontratar las tareas de administración de cuentas, para lo que se habilita el ingreso del Instituto de Previsión Social en esas segundas funciones, disminuyendo las barreras de entrada. A su vez, se ingresará en marzo un proyecto de ley para la creación de un inversor público, que la derecha se negó a incluir en el acuerdo. Este conjunto reducirá potencialmente las inusuales utilidades de las AFP por cobro de comisiones, aunque ganarán un mercado de 4,5% de cotización obligatoria adicional, salvo que los cotizantes prefieran a los nuevos entes de recaudación e inversión.
Un ángulo de ataque empresarial, y de la prensa que le es dependiente, al que se suma la extrema derecha, es el de los bonos reintegrados por la nueva cotización de 1,5%, gestionada por un nuevo Seguro Social con garantía estatal. El planteamiento de que no existe seguridad de que se paguen esos bonos es extemporáneo, pues no hay otra entidad más segura en materia financiera, en el corto o en el largo plazo, que el Estado. En el Chile independiente nunca ha entrado en cesación de pagos, dicho sea de paso. Se trata, en todo caso, de una fórmula un poco retorcida para evitar que se la denomine de "reparto", sistema que consiste en que las cotizaciones recaudadas en el presente pagan las pensiones mes a mes, a cambio de que la siguiente generación haga lo mismo con los futuros pensionados. Estos, entretanto, adquieren derechos de pensión ("cuentas nocionales") cotizando en su vida activa. Esta modalidad es calificada de "cáncer" por el presidente de la UDI, seguramente porque supone un sistema público. Conceptualmente se trata de lo mismo que cobrar un impuesto para realizar un gasto, en este caso para un fin específico, lo que en sí mismo no tiene nada particularmente especial, salvo que se considere que todo impuesto es un cáncer. El "reparto intergeneracional" es una forma de vínculo entre activos y pasivos para financiar pensiones, que suelen combinarse con ahorros (obligatorios o voluntarios y con descuento tributario en el impuesto a la renta) que se capitalizan. Casi todos los sistemas de pensiones combinan ambos mecanismos, incluyendo en Estados Unidos, junto a una prestación mínima financiada con impuestos, en proporciones y mecanismos variados.
Otro ángulo de ataque es la compensación de género por diferencia de esperanza de vida, que es considerada por algunos como una interferencia en la propiedad privada. Se trata de una medida de redistribución de ingresos en la vejez desde los hombres a las mujeres, la que se justifica por la situación socialmente desmedrada de las segundas, las lagunas de ingresos que provoca la maternidad (los que se oponen a este mecanismo suelen ser paradojalmente grandes partidarios de la promoción de la natalidad) y una mayor esperanza de vida que las lesiona en el cálculo de sus pensiones. No se trata en este caso de "reparto", sino de una forma de solidaridad y no discriminación que la sociedad decide establecer. Por ejemplo, en la Unión Europea está simplemente prohibido todo cálculo actuarial de seguros basado en la esperanza de vida por géneros.
Otra objeción empresarial es el nuevo total de 8,5% del costo salarial de cotización del empleador. Este seguirá siendo inferior a la actual cotización de 10% de cargo del trabajador. Se lee en la prensa: "gremios empresariales advierten efecto negativo del aumento de cotización al 8,5% del acuerdo previsional". Esto no es efectivo, pues el acuerdo señala que habrá una cotización adicional de 7% del salario bruto imponible por parte de los empleadores, que se establecerá de manera progresiva hasta completarse en 9 años, en vez de 6 contemplados originalmente. El 1,5% del seguro de invalidez y sobrevivencia ya existe y es pagado por los empleadores (1,38% en la actualidad, cifra que resulta de la licitación periódica a compañías de seguros). Cabe subrayar que sin cotizaciones suficientes no hay pensiones contributivas con una tasa aceptable de reemplazo del salario previo. Es un asunto de aritmética, hoy agravado por las sustanciales utilidades privadas que se sustraen a las pensiones y que alcanzan un tercio del capital invertido por las AFP al año, una cifra a todas luces inaceptable. La cotización salarial de 10% de 1981 se estableció solo para favorecer el cambio desde las Cajas de Previsión a las nuevas AFP privadas. Las primeras funcionaban con cotizaciones mayores, lo que a la postre redundó comparativamente en menores pensiones de las segundas y en el fracaso de la privatización de las pensiones, emblema del modelo neoliberal impulsado por la dictadura de 1973-89 que debió dar paso a un aumento sustancial de la pensión básica de cargo fiscal.
La cotización adicional impactará en el costo de contratar, pero tendrá una aplicación gradual y podrá básicamente ser absorbida año a año por los aumentos usuales de la productividad del trabajo. Si no fuera así, y si se considera que la contratación se produce cuando el ingreso adicional para el empleador previsto supera su costo adicional, entonces habría contratación con una mejor distribución del ingreso entre capital y trabajo, lo que en las condiciones chilenas no tiene nada de reprochable. Además, crea una demanda adicional de bienes que dinamiza una parte de la economía con efectos multiplicadores. La afirmación según la cual "bajarán los salarios líquidos de la clase media" o "bajará el empleo formal" son típicas de los análisis mecánicos del tipo "si todo lo demás permanece constante", lo que no captura una dinámica económica en la que están envueltos diversos incentivos expansivos. Estos están situados en la interacción entre la innovación por el lado de la oferta, como subrayan los enfoques neo-schumpeterianos (Aghion y otros, 2021), hoy acelerada por los cambios tecnológicos en curso, y los impulsos de demanda interna y externa sobrevinientes, con diversos mecanismos de adaptación entre ambas dimensiones que explican por qué las economías con Estados de bienestar son históricamente dinámicas.
Para los enfoques liberales, los impuestos y contribuciones obligatorias afectan siempre negativamente a la economía, en circunstancias que buena parte de las de más alta productividad e ingresos son las de más alta presión tributaria y contributiva (quien quiera constatarlo puede revisar las bases de datos de la OCDE, el FMI y el Banco Mundial). Esto se explica porque, al aumentar las capacidades humanas mediante una mayor inversión pública en educación, salud e infraestructuras, se aumenta la producción en el largo plazo, mientras la protección con seguros sociales ante los principales riesgos, incluyendo el de llegar a la vejez sin ingresos, aumenta la movilidad de los factores de producción hacia sus sectores más dinámicos y mejora la disposición a innovar, lo que termina por aumentar la productividad media de manera sostenida.
Desde otro enfoque, hay quienes señalan que se mantiene un "ahorro forzoso" en beneficio de los grupos económicos. Una parte del ahorro se invierte, pero con sus respectivos rendimientos en beneficio de los fondos de pensiones, en bonos y acciones de grandes empresas, dentro y fuera de Chile. Y otra parte es invertida en instrumentos públicos o en activos no concentrados. Todo esto depende de las políticas de inversión: la capitalización de ahorros no es un problema en sí mismo, sino que depende de la orientación que tenga. La cotización es un aporte obligatorio, dicho sea de paso, que existe desde que se inventó la seguridad social hacia 1880 en Alemania, del mismo modo como son obligatorios los impuestos desde tiempos inmemoriales. Estos pueden ser considerados positivos o negativos según a quién se apliquen y qué destino tengan. En Chile los impuestos financian la Pensión Garantizada Universal para el 90% de los mayores de 65 años, lo que constituye el grueso de la pensión total para una proporción muy significativa de los jubilados. Esta subirá a 250 mil pesos en 2025 como parte del acuerdo. Una opción para el futuro es que solo exista un mecanismo compulsivo para el financiamiento tributario obligatorio de esta pensión, y que las contribuciones como porcentaje del salario sean solo complementos de pensión que resulten de aportes voluntarios, que se ahorren y capitalicen por decisión individual o colectiva en acuerdos de empresa. Pero mientras el ahorro para la jubilación sea muy bajo, entre otras cosas porque los salarios son muy bajos, y no se aumenten los impuestos de las personas de mayor riqueza e ingresos, las cotizaciones obligatorias sobre salarios son necesarias para mejorar la situación de los pensionados.
El acuerdo sobre pensiones supondrá llevar el gasto total en la materia a una cifra del orden de 7,8% del PIB (con un aporte de los trabajadores de 2,9% del PIB, de los empleadores de 2,4% y el del presupuesto público de 2,5%), todavía inferior al promedio de gasto en pensiones de 10% del PIB en la OCDE. Un sistema con más reformas futuras podría dejar la capitalización individual como eventual opción complementaria no obligatoria, aliviando sustancialmente la cotización obligatoria sobre salarios, y subir gradualmente la pensión estatal universal financiada por impuestos más progresivos. Pero esas opciones u otras las decidirá la ciudadanía en las próximas y en las sucesivas elecciones: nada de lo emanado del actual parlamento de mayoría conservadora quedará escrito en piedra, sino que podrá modificarse posteriormente por otras mayorías.
