domingo, 29 de octubre de 2023

Los delitos económicos

En Facebook

La sociedad chilena se vio sacudida en 2019 por el rechazo generalizado a lo que se denominó "abusos" desde el mundo empresarial privado y a la corrupción de funcionarios y actores públicos por agentes privados. La respuesta legislativa, de perfil relativamente bajo, pero no por eso menos importante, fue la de delinear un nuevo conjunto de "delitos económicos", lo que terminó en una ley promulgada en agosto de 2023, cuya persecución pondrá a prueba al sistema de regulación y la capacidad sancionatoria del poder judicial en defensa de la ciudadanía común y corriente.

La ley establece cuatro categorías de delitos económicos. En primer lugar agrupa a los que inciden en la regulación de los mercados, como la colusión, la negociación incompatible, falsear u ocultar información solicitada por la Fiscalía Nacional Económica y la corrupción entre privados. Dicho sea de paso,  permanece la lentitud de este organismo frente a la presunción visible de inflación por aumento de márgenes en variados mercados, lo que solo es posible en situaciones de falta de competencia. Queda mucho margen para aumentar su diligencia.

En segundo lugar, se agrupan los delitos contra la propiedad intelectual, la propiedad industrial, los delitos informáticos y el contrabando. 

En tercer lugar, se agrega lo que habrá de determinar mayores cambios en la regulación interna de las empresas, la categoría de los "delitos funcionarios", que abarca a los que son cometidos con la participación de un miembro de una empresa o en favor de ésta, como el delito de  cohecho a funcionario público o la falsificación o utilización maliciosa de certificados de la Superintendencia del Medio Ambiente, entre otros de esta índole. 

La cuarta categoría la constituyen los delitos de receptación, blanqueo y lavado de activos, conectados con la economía ilegal. 

Además de las penas de presidio o reclusión previstas en cada ley, la innovación es que se establece que todo delito económico conlleva una pena de multa con un nuevo sistema de "días-multa". Este se vincula "a la extensión de las penas privativas o restrictivas de libertad" y al ingreso promedio diario del condenado. La multa podrá llegar a una cifra máxima teórica de 300.000 UTM (del orden de $19 mil millones) para una persona natural, sin considerar el delito propio que cometa la empresa como persona jurídica. A su vez, se establece como circunstancia agravante de un delito económico si "el condenado participó activamente en una posición intermedia en la organización en la que se perpetró el delito" y no solo si tenía una posición elevada en la jerarquía.

El desafío es ahora que esta legislación produzca un cambio de conducta en las empresas y organizaciones estatales, aleje el peligro de "captura del regulador por el regulado" y cambie con el tiempo la percepción pública de impunidad de los delitos de cuello y corbata.

jueves, 26 de octubre de 2023

¿Existe un dilema para el 17 de diciembre?

En La Nueva Mirada

Va llegando a su fin el proceso constitucional pactado por los principales partidos políticos en octubre de 2022, después del rechazo del texto propuesto por la Convención el 4 de septiembre, y votado en diciembre de ese año por el Congreso. 

El 7 de mayo de 2023, la nueva elección de constituyentes, en medio de un clima mediáticamente marcado por la inseguridad y el rechazo a la inmigración, dio una primera mayoría relativa a la extrema derecha por primera vez en la historia contemporánea de Chile. Esto le permitió el control del Consejo Constitucional, facilitado por el sistema electoral utilizado, el del Senado, que subrepresenta a las grandes regiones y consagra la desigualdad del voto. Se trató del acuerdo menos lúcido que haya hecho nunca la centro-izquierda y la izquierda con las fuerzas de derecha en Chile. La conducta de Kast y sus seguidores, una vez obtenida su resonante victoria, fue la de imponer sus visiones en la constitución, es decir una mezcla de autoritarismo político, conservadurismo cultural y neoliberalismo privatizador. Se produjo una subordinación de la derecha tradicional, a la que solo se le aceptó morigerar algunas de las posiciones más duras de la extrema derecha, sin atender los reclamos del oficialismo que argumentó la improcedencia de poner todo tipo de materias de ley de orientación conservadora en la constitución. Las fuerzas de gobierno no tuvieron mayor margen de actuación, y en la fase final se han remitido a estertores reglamentarios. 

El texto aprobado por el Consejo Constitucional no permite mayores interpretaciones en cuánto a su falta de adecuación a cánones democráticos mínimos. La propuesta de la extrema derecha no es aceptable por múltiples razones, entre las que destacan el que:

1) Pone un candado antidemocrático a la aprobación de leyes, al asimilar el quórum de aprobación de aquellas “que interpreten preceptos constitucionales”, es decir potencialmente casi todas, al quórum de las reformas a la constitución, que a su vez fue llevado de los 4/7 vigentes desde agosto de 2022 a 3/5 (lo que por razones difíciles de entender fue aceptado por los “expertos” de gobierno). Las leyes electorales se fijan en 4/7, también por encima del principio de mayoría, que queda en todos los aspectos mucho más restringido que en la constitución vigente. La derecha en sus distintas versiones sigue practicando el viejo sueño antidemocrático de dejar todo “atado y bien atado”, en la expresión de Francisco Franco, y es la principal razón por la cual su texto debe ser rechazado. 

2) Pone en riesgo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con tres causales y otros derechos sexuales y reproductivos, como el uso de la píldora del día después, con la cláusula de “la ley protege la vida de quien está por nacer”.

3) Imposibilita la paridad de género en la representación en el parlamento, en los consejos regionales y en los concejos municipales.

4) Aumenta el arsenal represivo de los estados de excepción, al incluir los “actos terroristas” sin definirlos, mientras autoriza lugares de detención distintos de las cárceles, rememorando situaciones traumáticas del pasado dictatorial.

5) Limita la proporcionalidad de la representación parlamentaria, al establecer distritos de diputados de un máximo de 6 escaños, contra hasta 8 en la actualidad, lo que favorece la polarización del sistema político, mientras mantiene en 8 años el mandato de los senadores, cuyo método de elección y rol colegislador con la Cámara en todas las materias rompe drásticamente la igualdad del voto y la lógica de la representación democrática.

6) Mantiene un régimen político que favorece el empate y el choque entre el ejecutivo y el Congreso, lo que favorece la paralización gubernamental, como se observa desde hace tiempo en Chile, en vez de establecer una jefatura de gabinete que requiera de mayoría parlamentaria para gobernar y favorezca eventuales resoluciones de crisis mediante elecciones anticipadas del parlamento, mientras sigue autorizando las absurdas acusaciones constitucionales a ministros que dificultan la gobernabilidad.

7) Mantiene al Tribunal Constitucional como tercera cámara legislativa, un candado institucional que no tiene justificación en un régimen democrático, en vez de concentrarlo en la cautela de los derechos fundamentales y del Estado de derecho. 

8) Limita gravemente el derecho de asociación al señalar que “se prohíben las asociaciones contrarias al orden público y a la seguridad del Estado”, sin definirlos, y que “las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”. También declara de manera inadmisible el que sean “incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos”.

9) Restringe el derecho a huelga y la permite solo en la negociación colectiva, de baja cobertura pues permanece limitada a cada empresa, haciendo ilegales las otras causas de paralización laboral propias de un régimen democrático que cautela la capacidad de negociación de los trabajadores y trabajadoras.

10) Dificulta severamente las regulaciones públicas a las actividades de las empresas privadas al limitar la potestad reglamentaria del gobierno.

11) Hace imposible la universalidad de los derechos sociales mediante mecanismos como la «libertad de elección» y la «propiedad de las cotizaciones«, blindando a las AFP e Isapres en un dispositivo que anula el Estado social.

12) Hace inoperante la protección del medioambiente, al declarar que se debe realizar promoviendo la sustentabilidad, pero también “el desarrollo”, como si no fueran parte de un mismo proceso de transformación productiva y del consumo indispensable para mantener la vida humana en el planeta y la resiliencia de los ecosistemas.

13) Hace de las concesiones una privatización completa de la propiedad y actividad pública y permite que sean transadas en mercados, mientras ya no excluye de ellas, lo que nunca antes había ocurrido, alos bienes nacionales de uso público y el litio. Declara que el “dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este inciso”, es decir la propiedad privada.

14) Declara el aprovechamiento de las aguas como un mercado de derechos privados, pues los otorgados por el Estado “confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos”.

15) Termina con el pago de impuestos a la primera vivienda, lo que exime sobre todo a los más ricos, pues el 77% de las propiedades ya están exentas, lo que es una medida de populismo tributario destinada a obtener votos para la propuesta constitucional anti-social de los conservadores, pues es una evidente materia de ley. 

Por otro lado, algunos medios y actores políticos de derecha están propalando que votar «en contra» en diciembre, por las anteriores u otras razones, sería “avalar la constitución de Pinochet”, probablemente para buscar una abstención desde la izquierda que ayude a aprobar la propuesta del Consejo. Eso es absurdo. 

La constitución vigente ya no tiene mucho que ver con la constitución de 1980. En efecto, luego de cambios sucesivos que requirieron muchas luchas, ya no existe el artículo 8 que proscribía a la izquierda, ni los municipios designados, ni los senadores designados, ni el Consejo de Seguridad Nacional que otorgaba voz política a los militares, ni el sistema binominal de elección de parlamentarios, ni el quórum de 2/3 de reforma constitucional, entre otros temas que han sido objeto de reformas desde 1989. Además, se han introducido nuevos derechos en diversos campos, como la protección de los derechos humanos a través de la prevalencia del derecho internacional, lo que permitió la persecución de los criminales de la dictadura y muchas condenas a lo largo del tiempo, la creación de las regiones, las normas de transparencia y anticorrupción, las normas de paridad, entre otros aspectos. Sostener que estos son asuntos menores es no saber apreciar los cambios democráticos sucesivos ocurridos en Chile y tener una muy baja autoestima respecto a la evolución del sistema político lograda con muchas acciones colectivas desde el término de la dictadura. 

Pero el campo democrático no tuvo éxito en un problema central de restablecimiento de la potestad popular, lo que ha ameritado poner en marcha un proceso constituyente. Si bien la derecha tuvo que entregar uno a uno diversos candados antidemocráticos, logró mantener un dispositivo de bloqueo de la voluntad de la mayoría, constituido por 1) los altos quórum de aprobación de leyes orgánicas y los quórums de bloqueo del cambio constitucional; 2) un Senado elegido con una alta distorsión del voto y una baja proporcionalidad democrática y 3) un Tribunal Constitucional como tercera cámara de veto de la soberanía popular. 

La clave actual es que, desde agosto de 2022, se puede reformar la constitución por un quórum de 4/7, cuando la derecha hizo esa concesión para facilitar su llamado al rechazo a la propuesta de constitución de la Convención en septiembre de ese año. Nada impide ahora hacer otra constitución por el actual o futuros parlamentos, pues ya no hay que superar un quórum imposible. 

Un ejemplo de la nueva situación institucional es que en diciembre de 2022 se aprobó el actual proceso que culmina el 17 de diciembre de 2023. Otra cosa es el juicio que se pueda tener sobre su oportunidad y si fue o no un gran error  darle curso en medio de una ola de temor conservador y de crisis económica, pues el actual congreso debiera haber asumido su responsabilidad constituyente en vez de delegarla en un Consejo con normas variadas de interdicción. En él se concordaron 12 puntos de contenido para la nueva constitución. Los llamados republicanos los desbordaron, con el apoyo final de la derecha, pero siguen estando políticamente vigentes. A su vez, quienes plantean que se podría «aprobar para reformar» la constitución de Kast olvidan que tiene más posibilidades de reforma un texto por 4/7 (el actual) que otro por 3/5 (el propuesto por la extrema derecha).

Los 12 puntos de octubre de 2022 pueden ser la base de un acuerdo rápido, contando con el borrador de consenso de los expertos. Este requiere de algunas modificaciones, como mantener en 4/7 en vez de 3/5 el quórum de reforma constitucional, que es la obsesión antidemocrática de siempre de la derecha para hacer pétrea la constitución, y ampliar la proporcionalidad del Senado o bien limitar su rol colegislador a materias propias de las regiones. Lo importante es que, inmediatamente después del 17 de diciembre, se pueda seguir reformando por 4/7 de los parlamentarios el texto vigente para mantener la fluidez del cambio constitucional y su capacidad de adaptación, que es en las condiciones chilenas una garantía de estabilidad política democrática. 

En el primer semestre de 2024, la actual etapa de cambio institucional puede quedar concluida con una constitución que, al menos, permita legislar sin bloqueos antidemocráticos, para que sea dejada al pronunciamiento ciudadano periódico la potestad de definir las legislaciones y las políticas públicas que, respetando los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, tengan un apoyo mayoritario de la sociedad. Ese podría ser el fundamento de un nuevo ciclo de estabilidad política con progreso social, en vez de mantener la polarización y su trasfondo de desigualdad extrema de ingreso y riqueza actuales. Si los conservadores se niegan a avanzar a toda reforma en el actual parlamento, entonces será una razón más para apelar en su contra a la voz ciudadana en las urnas en 2024 y 2025.

sábado, 21 de octubre de 2023

Sobre el retorno al PS

 Entrevista en El Regionalista


Pregunta: Esta semana La Tercera (LT) ha levantado la noticia sobre un proceso que, sabemos, lleva por lo menos un par de meses: la reincorporación de ex figuras del PS y presidentes de la organización. ¿Cómo se explica esta estrategia luego de casi dos décadas pérdidas en que se defenestró la directiva que tú encabezabas? ¿Qué hace posible que este hecho, impensado hace solo algunos meses se dé hoy?

Yo puedo hablar por mi solamente. Creo que el hecho principal es la necesidad de aunar esfuerzos frente a una amenaza que es muy decisiva para el futuro del país, que puede llevar a gobernar, ahora por la vía democrática, a la ultraderecha. Ese peligro inminente transforma todo lo demás en secundario. Dicho esto, el PS cumple una función especial en el escenario político chileno por su capacidad potencial de articular sectores de la sociedad y movilizarlos, en este caso para construir una gran coalición política y social contra la ultraderecha. El PS tiene la particularidad de poder dialogar con diversos mundos, y si uno puede aportar a ese proceso más allá de las querellas antiguas, ¡bienvenido ese esfuerzo!

P: El corrimiento a la derecha de la sociedad chilena, ¿adelantó en alguna medida este escenario acelerado por las debilidades manifiestas que expresa el gobierno del FA?

Hace cuatro años, estábamos en un escenario completamente distinto, de convulsión social. Incluso en la elección presidencial de 2021 la sociedad chilena todavía se manifestaba dispuesta a escuchar propuestas innovadoras y de cambio. Sin embargo, ese proceso fue mal conducido e interferido brutalmente por la crisis económica y la salida de la pandemia. Sus efectos fueron amplificados desde los medios de comunicación conservadores, que crearon una campaña que infundió con gran éxito altas dosis de temor y miedo en la población. Esto impactó particularmente en sectores de la sociedad chilena que no se pronuncian habitualmente en materia electoral, a los que les hizo sentido el discurso sobre realidades como la inmigración irregular, una delincuencia común más dura y la expansión del narcotráfico, que parecía se habían tomado el país. Esta sensación de inseguridad logró establecer una prioridad de preservación del orden represivo, sin matices ni espacio para una agenda de seguridad democrática. Esto además hizo desaparecer la agenda social, de género y medioambiental. La agenda conservadora, centrada en el orden público, no perdurará, pues los temas sociales, culturales y ambientales que fueron expulsados por la puerta volverán por las ventanas. Si bien en Chile hay un sector conservador que nunca ha sido inferior al 30-40% de la sociedad, no logra ser una mayoría social persistente, como la que, cuando hace las cosas bien, se constituye desde una visión democrática, progresista y abierta al cambio, capaz de canalizar constructivamente las evoluciones y demandas de la sociedad. En la coyuntura post pandemia, el mundo conservador logró sumar una parte importante del electorado tradicionalmente abstencionista, apoyado en el voto obligatorio, con un despliegue mediático que hizo entrar en pánico a la sociedad en su conjunto. El nuevo gobierno no supo contrarrestrarlo, lo que se expresó en un voto de rechazo el 4 de septiembre de 2022 y el 7 de mayo de este año. La extrema derecha logró una primera mayoría relativa que no había conseguido nunca, y se constituyó en una seria amenaza para la frágil democracia chilena. El trasfondo de más largo aliento es un sistema político que no procesó los anhelos de cambio y de mayor seguridad de la sociedad, los que se venían manifestando desde hace más de una década y que explosionó el 18 de octubre de 2019, pero que podría evolucionar en los años venideros hacia una nueva estabilidad con progreso social si el socialismo, la izquierda y el progresismo hacemos las cosas bien.

P: ¿Por qué crees que la prensa le ha dado tanta cobertura a esta noticia? ¿Qué representa el PS en la sociedad chilena?

Bueno, es un partido histórico que ha estado presente desde las grandes convulsiones de los años 30 del siglo pasado, que incluso gobierna pocos días en 1932 antes de conformarse como partido en 1933; que luego es parte del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda; que enseguida se incorpora en parte al ibañismo, aunque por poco tiempo, y que luego es actor de la reconstrucción de la izquierda bajo el liderazgo de Salvador Allende, quien enarbola un programa de democratización institucional, que incluye terminar con el Senado y las rémoras oligárquicas, de reforma agraria, de nacionalización del cobre y de industrialización del país a través de empresas de propiedad social. Logra un primer éxito electoral en 1958, vence en las urnas en 1970 y logra un acuerdo con la DC para que Allende asumiera la presidencia, contrariando las órdenes de Nixon y marcando el destino del país con un primer intento de transformación social en democracia. El gobierno de la Unidad Popular fue derrocado con gran violencia por aplicar ese programa, como he detallado en mi más reciente libro, sin lograr un apoyo social suficiente para enfrentar el boicot de Estados Unidos, la derecha y el freísmo. La oligarquía apoyada en el militarismo de ultraderecha decidió barrer con todos los avances sociales desde 1920. La lección fue que no se podía pensar en cambios que alejaran a los sectores medios y los acercaran a la minoría oligárquica, pero que se debía seguir con la tarea del cambio estructural igualitario y libertario de la sociedad chilena. Eso quedó grabado en la historia.

El PS desempeñó luego un rol de resistencia a la dictadura donde cayeron tres directivas sucesivas, y junto con ellas cientos de militantes perdieron sus vidas desde los primeros días del golpe, otorgándole un componente de heroísmo a su causa histórica. Esta quedó además marcada por el ejemplo indeleble de sacrificio de Salvador Allende y el legado de su proyecto de transformación social en democracia. El PS, aunque dividido, desempeñó un rol articulador en la salida de la dictadura, siendo capaz de aunar voluntades desde el centro a la izquierda, o al menos su segmento no comunista, para recuperar la democracia y actuar con quienes estuvo en el pasado en un agudo conflicto. El PS gobernó en coalición durante 20 años seguidos y lo hizo por seis años con Ricardo Lagos y luego en dos periodos de 4 años con Michelle Bachelet, con una huella de avances sociales y en las condiciones de vida de las mayorías. En esas administraciones el socialismo desempeñó un rol importante como partido de gobierno. Todas esas razones hacen que el PS sea lo que es: ¿qué otro partido puede mostrar tanta densidad histórica en la representación de los “trabajadores manuales e intelectuales”?

Lo cual no excusa ni esquiva sus errores. Yo trabajé duro con muchos otros para que el PS no fuera ya solo un partido refractario sino un partido de representación social de los trabajadores y del mundo de la cultura que también fuera capaz de gobernar con estabilidad. Pero en alguna medida esto terminó en que centrara su actividad política en el Estado. Se produjo poco a poco una distancia con la agenda de transformaciones estructurales que la sociedad chilena necesitaba irremediablemente, en un mundo globalizado que producía el acceso a nuevos empleos y consumos pero también inseguridades, diferencias y precariedades crecientes. Los que la sosteníamos fuimos quedando aislados, pues fue más fácil subordinarse al centro político y a la lógica de la moderación, cuando no ser cooptado por algún poder económico, que luchar de manera tenaz por ampliar las fronteras de lo posible. Lo peor fue resignarse a una concentración y financiarización económica crecientes y a la toma de control extranjero de los recursos naturales que habíamos nacionalizado. No se hizo lo suficiente contra prácticas de financiamiento de las campañas por los grandes grupos económicos, aunque se logró el financiamiento público y se cauteló el patrimonio partidario, y se privilegió mantener clientelas antes que el trabajo militante en la base. Ya no se formó en las ideas del socialismo a las nuevas generaciones y la política se entendió como un medio de movilidad social. Todo esto produjo una progresiva desconexión con la sociedad y el alejamiento de mucha miltancia, yo incluído. Y ese vacío de representación fue una de las razones que explicó la emergencia desde la izquierda de nuevas fuerzas políticas y tambien, en parte, la rebelión social de 2019. Luego de ese gran impacto para el sistema político, poco a poco el PS ha ido recomponiendo ese rol de representación de al menos una parte del mundo social, incluyendo espacios en el sindicalismo y el mundo de los territorios y de la administración local, y también en los espacios del ambientalismo y el regionalismo, del movimiento feminista, de las luchas de los pueblos originarios, de modo tal que, para lo que viene, puede volver a contribuir a construir una amplia coalición política y social contra la extrema derecha y en favor de hacer efectivo un Estado democrático y social de derecho en Chile.

Por eso lo que ocurra en el PS merecerá la atención de la prensa y, esperamos, de la sociedad, por lo que es noticia la eventualidad de una nueva etapa del PS, hoy reducido al 5% del electorado.

P: Recién una antigua y destacada militante del PS de esta región me escribía y me decía, textualmente, “Martner de vuelta a su casa, ¡¡¡me ha dado mucha alegría!!!”, Al parecer no eres una persona “non grata” en su retorno a casa, lo que he escuchado, hasta ahora, es mucha sorpresa, alegría por este regreso a lo que alguna vez, fue la casa común de la izquierda.

¡Claro!, he recibido el cariño de gente con la que tuve tal vez diferencias en más de algún tema, como los señalados, pero con la que compartimos tantas luchas. Aclaro que no ocupo roles de primer plano, ni los voy a ocupar, pero cuando ocurren sucesos como los actuales y se tiene el desafío de enfrentar a la extrema derecha, entonces es un momento para hacer causa común en una casa común, la del socialismo y de la izquierda igualitaria y libertaria.

P: Entre las novedades de este regreso está también el de Heraldo Muñoz que luego de militar a comienzos de los 90’ en el PS, siguió a Lagos en su viaje al PPD. Sé que él, desde hace más de un año estaba pensando en esta posibilidad de reincorporarse al PS. ¿Qué es lo que gatilla que está reflexión entre exlíderes y militantes destacados de la organización empiece a tener sentido colectivo?

Yo no he hablado desde hace bastante tiempo con Heraldo Muñoz, aunque lo conozco desde cuando militaba en el PS en dictadura. El PPD, como todo el mundo sabe, se creó como instrumento legal que permitiera que el PS, y otras fuerzas proscritas por la dictadura, pudiesen participar del plebiscito de 1988. El PPD lo creamos socialistas y gente proveniente de otros partidos. Luego, el líder del socialismo en la transición, Ricardo Lagos, tomó la decisión de mantener dos partidos y se le permitió ese privilegio: la doble militancia. Heraldo Muñoz hizo un largo recorrido junto a Lagos en el PPD, pero nunca abandonó su campo de pertenencia y sus raíces socialistas. Él se inició en la política como militante socialista. También el suyo es un retorno a casa.

P: Si se concreta tu retorno, ahora, este fin de semana, ¿cuáles serán tus principales anhelos y esperanzas?

Mi principal anhelo es que el PS contribuya decisivamente a que se rechace la constitución de la ultraderecha, mal llamada republicana, en un proceso que potencie un gran acuerdo para impedir el retroceso en derechos cívicos, económicos, sociales, ambientales y de las mujeres. Ojalá se agrupe, con la contribución del PS, algo así como la coalición del NO que derrotó a Pinochet, para esta vez derrotar a sus herederos, que buscan una regresión oligárquica aún más profunda consagrada en una nueva constitución peor que la vigente. La derrota de la ultraderecha en diciembre podría incluso permitir que en el primer semestre de 2024 el actual parlamento apruebe un conjunto amplio de reformas constitucionales basado en los 12 puntos de acuerdo de octubre de 2022. No es perfecto, pero sería un avance que podría lograrse con el nuevo quórum de aprobación de 4/7 (en vez de 2/3) vigente desde agosto de 2022.

Anhelo que el PS contribuya más a asegurar el éxito del presidente Boric, en un escenario sin mayoría parlamentaria y de profunda desconfianza social. Su gobierno ya ha logrado avances y está en condiciones de consolidar otros, aunque tal vez no se alcancen muchos en la reforma de pensiones, de salud y tributaria, y las necesarias en negociación colectiva, de educación y formación para el trabajo y de vivienda y urbanismo, que quedarán para una próxima etapa; mientras, debe mejorarse fuertemente la gestión de los programas sociales y redistribuir el gasto público hacia la inversión sostenible. Anhelo que el gobierno sea menos ortodoxo y contribuya más a una reactivación económica fuerte y a la creación de empleos con derechos, empujando con fuerza la nueva política minera y de transición energética.

Anhelo que la coalición de gobierno aumente su coherencia y claridad de propósitos y que el PS contribuya a la creación de una política de entendimiento y acuerdos que fortalezcan una coalición de izquierda para el largo plazo, abierta al centro progresista. Esto es lo que se logró en una primera etapa en 2020 y de manera más frágil en la conformación inicial del gobierno, con correcciones desde entonces. Creo que las nuevas generaciones socialistas pueden ayudar mucho en eso, porque parte de las antiguas han quedado con algún desagrado con la emergencia del Frente Amplio y algunas de sus arrogancias, lo que es parte de la vida política circunstancial que no debe impedir centrarse en lo principal. Luego es perfectamente posible pensar en un gran acuerdo democrático y diverso para alcaldes y gobernadores, que incluya a la DC y a los partidos de gobierno. De paso, el PDC debiera volver a ser invitado a participar en el gobierno.

Todo esto podría tal vez contribuir a una segunda derrota de la derecha en 2024, en muchas comunas y regiones. Y tal vez podría ser la antesala para construir la coalición que derrote a los conservadores y la ultraderecha en 2025 y se conforme un nuevo gobierno plural y transformador. A las nuevas generaciones les corresponderá asumir ese desafío y los demás estaremos apoyando en lo que se nos solicite, siempre dando nuestra opinión, aunque no se nos solicite (jaja, solo para reírse un poco, porque el espíritu libertario nunca va a desaparecer en el socialismo chileno).


jueves, 12 de octubre de 2023

Gaza e Israel: insurrección y terror

En La Nueva Mirada

Se vive en el Medio Oriente un nuevo capítulo trágico de la dinámica de intolerancia y violencia sectaria que carcome a esa parte del mundo por ya 75 años. Estos hechos no nos son indiferentes, entre otras cosas porque las comunidades judía y palestina están presentes en Chile de manera destacada desde sus migraciones de principios del siglo XX.

Israel tiene el derecho a existir y a proteger a la población judía, históricamente perseguida y sometida a la larga lacra del antisemitismo. Fue creado como Estado en 1948 por Naciones Unidas, después del horroroso holocausto contra el pueblo judío en la Europa ocupada por la Alemania nazi. Pero esto se hizo en territorios árabes de la región de Palestina, por entonces bajo administración colonial británica, sin el consentimiento de su población. Esto ocurrió porque la tradición judía indica que la zona es la “Tierra Prometida por Dios” al primer patriarca, Abraham, y a sus descendientes, y había vuelto a atraer a comunidades judías después de su expulsión por los romanos en el año 70 después de Cristo, pero minoritarias. Por ello la ONU también previó que debía crearse un Estado palestino. Pero eso no ocurrió y ha vuelto una vez más a irrumpir como cuestión no resuelta. 

Parecía que se avanzaría recientemente a nuevas normalizaciones de las relaciones entre Israel y Estados árabes suníes tan importantes como Arabia Saudita, en continuidad con los acuerdos de 2020 con Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán -en una especie de acuerdo regional contra el régimen teocrático chiita de Irán por sobre la cuestión palestina- que se sumaron a aquellos establecidos con los vecinos Egipto en 1979 y Jordania en 1994. 

Pero ocurrió lo imprevisto. La insurrección dirigida por el grupo fundamentalista Hamas el 7 de octubre en la Franja de Gaza, parte histórica de Palestina, rompió el cerco militar israelí, que el Comité Internacional de la Cruz Roja considera ilegal y que viola la Convención de Ginebra. Lo hizo en diversos puntos con algunos centenares de milicianos y ataques por tierra y un nutrido fuego de cohetes hechizos, y algún desembarco, copando unas 22 localidades cercanas, lo que nunca había logrado nadie desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Algunos cohetes han apuntado hasta Tel Aviv. El ataque paralizó la disuasión israelí y sus defensas, al menos por algunas horas, y produjo trágicamente centenares de muertes indiscriminadas de civiles y un centenar de secuestrados israelíes. La mantención por Hamas del secreto de una operación de esta envergadura, lanzada desde un territorio ultravigilado, revela la determinación de quienes están dispuestos a dar su vida y a usar métodos de gran violencia inspirados por el integrismo religioso. Son calificados de terroristas, como lo fueron en su momento Ben-Gurión y Begin cuando dirigían una lucha armada contra los británicos para lograr una patria que protegiera al pueblo judío, que también incluyó violencias injustificables contra la población civil palestina y la posterior expulsión desde sus tierras y propiedades. 

La ofensiva de Hamas es una nueva expresión de la espiral de las violencias originadas por la creación de Israel sin acuerdo árabe, y muestra que ningún ejército es inexpugnable, incluso el que tiene fama de ser uno de los más poderosos del mundo. Es la consecuencia desesperada y trágica de la casi completa interdicción de una realidad nacional en condiciones de sumisión y apartheid, en este caso en la Franja de Gaza. Se trata de un territorio costero en el que viven hacinados sobre todo los refugiados de la guerra de 1948 y sus descendientes, bajo control de Egipto por dos décadas, luego del dominio turco de la zona por siglos y de la colonización británica desde 1920. Como resultado de la guerra de 1967, la franja fue ocupada militarmente por Israel hasta 2005, para luego ser cercada en 2007 y transformada en una suerte de prisión para 2,3 millones de personas, la mitad niños, de 360 kilómetros cuadrados, con una población hacinada y encerrada en condiciones de miseria y con jóvenes sin destino y muy poco que perder.

La negación de la realidad nacional palestina también se expresa en Cisjordania y Jerusalén Oriental, sin continuidad territorial con Gaza, en donde han muerto este año más de 200 palestinos en ataques israelíes y en la que sigue la expansión de la colonización ilegal iniciada en 1967, asentamientos en los que vive medio millón de judíos. En estos meses se ha violado, además, el acuerdo tradicional sobre los lugares de culto en Jerusalén, hostigando los espacios musulmanes en la explanada de las mezquitas. El nuevo gobierno de ultraderecha de Israel no esconde su intención de anexar Cisjordania y Gaza a través de nuevas colonizaciones ilegales. En su seno hay quienes quieren, además, desplazar a los otros cultos religiosos de Jerusalén, la ciudad sagrada para las tres religiones del libro. 

La tragedia es que esta realidad actual tiene un precedente que permitía avizorar un futuro de paz, luego de las guerras abiertas de 1948, 1967 y 1973, a partir de un punto inicial de no aceptación por los Estados árabes post coloniales de la decisión de la ONU de 1948. De ella Israel tomó ventaja para modificar por la fuerza el trazado original de su territorio. Redujo a la mitad aquel inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado palestino. Unos 750.000 árabes palestinos debieron huir a países vecinos, expulsados por el terror infundido por las tropas israelíes, constituyendo grandes campos de refugiados en Jordania, el Líbano y Gaza en Egipto. Esta difícil situación, que provocó crisis posteriores en Jordania y el Líbano, evolucionó con el tiempo a un acuerdo parcial de autogobierno palestino en algunas zonas, según los acuerdos de Oslo de 1993 entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina. Estos permitieron el retorno del liderazgo palestino desde Túnez a Ramallah en Cisjordania y una autonomía limitada en Gaza y partes de la Cisjordania ocupada. Interrumpieron, en el papel, los asentamientos judíos, lo que Israel no cumplió, mientras retiró más tarde sus tropas y a unos 9.000 colonos de la franja de Gaza, pero quedaron en suspenso las cuestiones centrales como el estatus de Jerusalén, la vuelta de los refugiados, los asentamientos y las fronteras permanentes con un Estado palestino, negociaciones que nunca avanzaron.

Tuve la posibilidad, como presidente del PS chileno, de conocer directamente, en una visita a la zona en 2004, tanto la visión de Yasser Arafat en la Mukata (“desde esos edificios del frente me dispararán”, aunque murió 4 meses después envenenado) como la de Shimon Peres en la Knesset, constructores de esos acuerdos. Éste último puso el acento en la conversación (“nos separa más el pasado que el futuro”) en la dificultad de desmantelar los asentamientos ilegales para alcanzar un acuerdo de fronteras que permitiera crear, junto a garantías de seguridad, el Estado palestino. La frustración histórica se consagró con el hecho que los partidarios de la hoja de ruta de paz de 1993 fueron desplazados en buena medida del liderazgo en ambos lados del conflicto. No obstante, a su pesar, alguna idea de fronteras mutuamente reconocidas como las previas a la guerra de1967 es asumida implícitamente por los integristas de Hamas, que han tomado el poder en Gaza desde 2006 y desplazado de esa parte de Palestina al partido nacionalista laico Al Fatah, base de la OLP. 

Entre tanto, Israel ha terminado de girar hacia una política de sometimiento del pueblo palestino, negando su derecho a existir de manera independiente. Sus gobiernos han actuado de manera sistemática en el pasado reciente para dinamitar los acuerdos con los palestinos, con el apoyo de su opinión pública, continuando con la ocupación y las anexiones de hecho. El boicot israelí de los pactos con los palestinos ha provocado el desplome de la Autoridad Nacional Palestina, fundada por la OLP como proto-Estado desde los acuerdos de Oslo, reducida a la impotencia y al control del orden injusto impuesto por las autoridades militares de ocupación en partes de Cisjordania. Esto hace de Israel un país que no respeta el derecho internacional ni los acuerdos suscritos con los palestinos, en nombre de su defensa y de lo que entiende son unos derechos históricos autodefinidos, conducentes a una política de conquista territorial mediante la fuerza militar. 

Esto no puede ser aceptado por ningún sistema de mantención de la paz entre naciones. Estados Unidos y Europa fracasaron rotundamente en llevar a su aliado Israel a un acuerdo de paz mínimamente equilibrado. Se han transformado, a la postre, en los cómplices de las anexiones (aunque Obama dejó aprobar en la ONU en 2016 una resolución que las condenaba) y destrucciones israelíes de la infraestructura palestina (financiadas en parte por los propios europeos) y de la negación de sus derechos nacionales en nombre de la situación geopolítica. Ha prevalecido contrarrestar la influencia y activismo iraní (cuya teocracia quiere hacer desaparecer a Israel, como en el pasado reciente los Estados árabes suníes) y ruso (que quiere mantener una presencia militar en el mediterráneo y el medio oriente). El pueblo palestino se ha volcado a apoyar en Gaza al condenable fundamentalismo islamista ante la ausencia de resultados del liderazgo laico tradicional y el abandono del apoyo de países como Jordania y Egipto y alguna medida Siria, que atacó a la OLP en el Líbano, y de diversas monarquías del Golfo, con la excepción de Qatar. Este pueblo paga los platos rotos de un agudizado conflicto local cruzado por las disputas de hegemonía multipolares. También los pagan los civiles israelíes de los bordes de Gaza o que están en el radio de alcance de los cohetes de Hamas, y los jóvenes israelíes que realizan un servicio militar de tres años, y desde luego el conjunto de la población que vive en la inseguridad permanente. 

En la hora de las represalias, Israel practica la repudiable lógica letal de los castigos colectivos. La lógica sectaria acepta lo inaceptable: la supuesta legitimidad de la lucha de una comunidad religiosa y cultural contra otra, conducente a su exterminio o sometimiento y colonización. El gobierno israelí prepara ahora una masacre en gran escala y el asesinato del liderazgo de Hamas. La pregunta que cabe hacerse es: ¿los muertos palestinos, y de todos los pueblos invadidos y sometidos por otros Estados, no cuentan? ¿Sólo cuentan en este caso las víctimas israelíes de ataques desesperados, que por supuesto cabe lamentar, especialmente los asesinatos y los secuestros de civiles? 

Si les son negados sus derechos básicos, los pueblos tienen el derecho a rebelarse y a resistir a sus opresores, como ha ocurrido innumerables veces en la historia y seguirá ocurriendo, aunque desgraciadamente esto se produzca con frecuencia en contextos de violencias desbordadas. Estas expresan el fracaso de la razón y del entendimiento entre diferentes a partir de alguna noción de justicia. En este tema, como en tantos otros, debe prevalecer un sentido elemental de justicia por sobre la fuerza bruta. En el largo plazo, la paz estable solo emana de la justicia. Esa no es la de los cementerios, aunque se aluda la propia seguridad y autodefensa y el falso dilema del "ellos o nosotros". Ningún pueblo puede ser tratado como terrorista porque reivindica sus derechos internacionalmente reconocidos, mientras en el mejor de los casos es considerado como mano de obra sometida. El hecho básico es que todo ser humano tiene derecho a una vida digna y libre en fronteras nacionales seguras. Los que respetamos a judíos y palestinos defendemos la solución de dos Estados con fronteras seguras y reconocidas que promueve Naciones Unidas desde hace décadas.

Esta postura suele recibir una acusación estándar para impedir todo debate: la de antisemitismo. Desde la izquierda inspirada en el internacionalismo universalista, que cuenta entre sus fundadores a judíos y judías como Marx, Bernstein, Luxemburgo, Kautsky, Trotsky, Lukács, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Hobsbawm, Heller y tantos otros, no se concibe ser anti pueblo alguno. Cuando los judíos son oprimidos y asesinados o sufren ataques y discriminaciones, solo cabe apoyarlos. Cuando los palestinos son oprimidos y asesinados, solo cabe apoyarlos. Y quien realice crímenes de guerra debe ser condenado sin ambigüedades, del lado que sea. Todos tienen derecho a una vida libre y a defenderse, no solo los israelíes. También los palestinos. 

Mientras no haya un acuerdo aceptable para las partes, no se ve como podría haber paz en la zona y que se ponga fin a sus repercusiones globales. Y eso parte por desplazar a los fundamentalismo religiosos y reconocer los derechos simétricos de los unos y los otros, en espera de alguna concreción algún día de la visión de Kant sobre la paz, descrita del siguiente modo por Jürgen Habermas: "el orden republicano de un Estado constitucional basado en los derechos humanos exige no sólo una débil sujeción, propia del derecho internacional, de las relaciones internacionales, dominadas por las guerras. El orden jurídico en el interior de los Estados debe más bien culminar en un orden jurídico global que congregue a los pueblos y elimine las guerras". Así son las utopías: horizontes a los que intentar acercarse aunque el presente las desmienta, en este caso tan trágicamente.


viernes, 6 de octubre de 2023

La partida de Jacques Chonchol

Falleció ayer Jacques Chonchol, rodeado de los suyos, después de una fructífera vida, a los 97 años. Fue el protagonista principal del fin del latifundio en Chile, la expresión directa del neocolonialismo oligárquico, y a la vez un hombre sencillo y llano y un académico de vasta trayectoria.

Como agrónomo y planificador formado por Jorge Ahumada, trabajó en la CORFO, la CEPAL y la FAO en México y en Cuba en la reforma agraria, y luego en Chile, dada su militancia en la falange y luego la Democracia Cristiana desde la universidad. Dirigió el Instituto de Desarrollo Agropecuario en el gobierno de Eduardo Frei Montalva entre 1964 y 1968. En su opinión, no se avanzó lo suficiente en la reforma agraria chilena a partir de la reforma constitucional y la ley de 1967. Pensaba que debía ser rápida y masiva, aunque fuera difícil, pues la gradualidad provocaría la desestabilización de la inversión y de la producción. En 1969 se sumó a las fuerzas que apoyaron a Salvador Allende. Fue parte de la creación del MAPU, como escisión de la Democracia Cristiana, partido del que fue precandidato presidencial, y en 1971 se sumó a la Izquierda Cristiana, más acorde con sus convicciones cristianas. En 1970-1972 fue nombrado ministro de Agricultura por el presidente Allende y dirigió la culminación de ese proceso en el marco de la ley de 1967.

Su labor incansable para transferir tierras a los campesinos desde los grandes latifundios y defender su dignidad, lo que siempre resaltó con fuerza, así como el reconocimiento del derecho a la tierra del pueblo mapuche, suscitó grandes odiosidades en su contra. Muchos lo quisieron ver asesinado, especialmente una vez que se desató la fuerza oscura del militarismo y la represión sin límites, promovido por la recóndita furia oligárquica. Después del golpe de 1973, logró refugiarse, acompañado por su gran amigo Andrés Aylwin y por Mariano Ruiz-Esquide, en la embajada de Venezuela, país en el que gobernaba Rafael Caldera. Allí estuvo 9 meses sin que lo dejaran salir. Lo propio ocurriría con mi padre asilado en la misma embajada, también ministro del presidente Allende, en la que convivieron en esa prolongada incertidumbre. Los dos fueron a los que por más tiempo la junta les negó un salvoconducto para salir del país. Yo había partido de Chile hacia Bogotá en 1973 con María Edith, su cariñosa y brillante mujer brasileña ya fallecida, y con Diego, su entonces pequeño hijo, junto a mi madre y mi hermano menor, en un avión de la fuerza aérea colombiana, y de ahí a Caracas. María Edith seguiría a Francia, donde yo iría más tarde al aprobar el bachillerato. Finalmente, Jacques llegó a París y se incorporó por décadas al Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine de la Universidad Sorbonne Nouvelle, lugar en el que se desempeñó como destacado académico y también como su director.

La familia Chonchol me acogió al llegar a Paris a los 17 años en 1974 para estudiar economía y así tuve el privilegio de conocer al ser humano Jacques Chonchol y su generosidad y bonhomía, hace ya tantos lustros. Ahora, con la pena de su partida, cabe homenajear la vida y trayectoria de un hombre valiente, honesto y de grandes convicciones, que marcó una huella en la historia de Chile y desde luego en quienes lo conocimos.

jueves, 5 de octubre de 2023

5 de octubre

Hoy es un día que está marcado de manera indeleble para mi generación. A 35 años del día en que la dictadura y el más oscuro militarismo fueron derrotados en las urnas, remito (https://gonzalomartner.blogspot.com/.../la-gesta-del-no.html) a lo escrito tiempo atrás sobre el plebiscito de 1988 y lo que viví(mos) ese día.

Agrego que en esta ocasión como nunca tiendo a pensar que fue "el día en que vivimos en peligro", parafraseando el título de la película de Peter Weir. En efecto, por el lado del régimen, según se observó el día de marras hace 35 años, se dieron sucesivos reportes oficiales de votos que daban por ganador al SI contra toda evidencia, y luego los medios televisivos transmitieron dibujos animados durante horas. Y se sabe, por las memorias del general de la junta militar Matthei, que Pinochet buscó desconocer el resultado pasada la medianoche y decretar el estado de sitio, que suspendía todas las garantías y permitía manipular los resultados o eventualmente declararlos nulos. “Querían salir a la calle, con las tropas”, declaró Matthei mucho después. Pinochet no logró el acuerdo de las otras ramas militares porque hubiera dado lugar a una inmediata reactivación de las masivas protestas populares de 1983-86 y dado mayor legitimidad a la lucha armada emprendida por el PC y parte de la izquierda, junto a una aún mayor presión internacional que incluía ahora a Estados Unidos (con episodios equívocos como el de las uvas envenenadas y la suspensión de sus exportaciones). Esto llevó probablemente a Matthei a reconocer la victoria del NO a Pinochet y su régimen antes de reunirse con la junta militar, lo que ya había hecho por televisión en el canal de la Iglesia el jefe de la derecha tradicional, Sergio Jarpa. Al parecer, Merino, de la Armada, terminó de inclinar en la reunión de la junta militar en La Moneda la balanza hacia el reconocimiento de su derrota y la preparación de una "retirada ordenada".
En paralelo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, dirigido por Raul Pellegrín, había preparado, en la hipótesis de un desconocimiento militar del resultado, acciones armadas de cierta envergadura en Santiago y Concepción para la misma noche del 5 de octubre, según diversos testimonios, lo que en todo caso hizo efectivo 16 días después en el asalto al retén de Los Queñes, para intentar establecer una guerrilla rural próxima a Santiago. En ese intento, acompañado de un pequeño grupo imbuido de las ideas foquistas, fue capturado por Carabineros y asesinado con su compañera Cecilia Magni, después de atroces torturas.
Pinochet trató persistentemente de forzar una crisis que le permitiera suspender todo el proceso y mantenerse en el poder, lo que el Comando del NO desde la noche del 5 y días siguientes buscó evitar canalizando la algarabía popular hacia lugares distintos a La Moneda, cuyo asalto hubiera dado lugar a una masacre y constituido un pretexto para Pinochet. Éste buscó ese esquema con persistencia, al punto de dar la orden de asesinar en un momento tan avanzado como el 4 de septiembre de 1989 al dirigente público del MIR Jécar Neghme, para otra vez buscar provocar una respuesta violenta de esa organización, la que no cayó en la trampa, y de ese modo realizar un nuevo intento para suspender las elecciones de diciembre de ese año. En ese evento, toda la oposición se unió para votar por Patricio Aylwin, incluido el PC. Como se observa, la historia pudo haber sido otra, como siempre es el caso, lo que da todavía más valor al triunfo popular del 5 de octubre de 1988, cautelado por muchos miles de personas en cada mesa y recinto de votación, y la apertura de un proceso de transición a la democracia que esquivó múltiples escollos. Los errores cometidos en ese proceso, en especial en la negociación de las reformas constitucionales de 1989 con el régimen militar, junto a la ausencia de voluntad suficiente de realizar cambios económicos y sociales de mínima envergadura para salir del predominio incontrarrestable de la concentración económica y las desigualdades, que terminaron en la rebelión de 2019, no empañan su trascendencia histórica.
Pero también el 5 de octubre es una fecha simbólica para los revolucionarios chilenos, pues en esa fecha en 1974 murió combatiendo valerosamente Miguel Enríquez, el joven médico que dirigía al MIR en la clandestinidad. Reproduzco también lo escrito tiempo atrás sobre su significado (https://gonzalomartner.blogspot.com/.../revolucionarios.html).

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