martes, 21 de febrero de 2017

El refichaje y la vida de los partidos


Columna en Voces La Tercera
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En estos días se discute sobre los plazos para el refichaje de los partidos políticos constituidos y la desigualdad de trato con los partidos en formación. Tal vez vale la pena poner este tema en perspectiva.

Al producirse la transición a fines de los años ochenta del siglo pasado, se autorizó con ocasión del plebiscito de 1988 –que la dictadura intentó fuera una suerte de legitimación luego de tres lustros en el poder y abordó con el exceso de confianza que le fue fatal en la etapa final del régimen autocrático, sin medir el inmenso desgaste que le había significado la represión de las protestas populares de 1983-86 – el funcionamiento de nuevos partidos políticos, dotados de ciertos derechos de control electoral y expresión pública. Pero, claro, siempre que no estuvieran fueran de la ley en virtud del ignominioso artículo octavo de la constitución de 1980, que establecía una discriminación ideológica en contra de los partidos políticos de izquierda, como fue el caso del Partido Socialista, impedido por entonces de organizarse legalmente.

En esa ocasión la dictadura estableció la afiliación de un cierto porcentaje de los electores por región como condición para la legalización de los partidos políticos. En la oposición de entonces, fue pionero el Partido Humanista, que tomó con éxito el desafío, y luego le siguieron el PPD, constituido a la sazón por diversas fuerzas -entre ellas una parte del socialismo- como paraguas instrumental para el control plebiscitario y el acceso a la televisión, y la Democracia Cristiana, que no quiso sumarse a la iniciativa común.

Los afiliados de entonces -¡hace treinta años!- y que no han fallecido o renunciado permanecen como tales en los partidos que no fueron objeto de disolución por haber obtenido un mínimo de representación parlamentaria en las sucesivas elecciones. Pero lo que es peor, diversos partidos –y entre ellos el PS reunificado y el PPD- fueron constituyendo mecanismos de elección interna de autoridades en base a afiliados a los cuales solo se les pedía el voto de vez en cuando, incentivando una afiliación clientelar, con poco o nulo trabajo de formación ideológica y cultural ni militancia en función de algún proyecto colectivo en alianza con las diversas expresiones organizadas de la sociedad. En algunos casos, grupos internos de poder, parlamentarios o representantes municipales, con el poder institucional respectivo, logran afiliar masivamente a personas que en realidad no son militantes, sino votantes de tal o cual caudillo.

Poco tiene todo esto que ver con un régimen moderno y democrático de constitución y desarrollo de partidos políticos, capaces de generar ideas y proyectos sobre el destino del país y de representar de manera genuina y transparente intereses colectivos y voluntades de cambio.

En la mayoría de los partidos políticos europeos, por ejemplo, se produce una reafiliación anual, en tanto acto de adhesión activa periódica, junto a algún tipo de actividad militante como condición para ejercer derechos de ciudadanía partidaria. En el caso del partido socialdemócrata de Suecia, caso que conocí personalmente, se trabaja contra la tendencia a la estatización del partido político –ha gobernado durante más de siete décadas- bajo el lema de “partido de gobierno, pero en oposición ante todas las injusticias”, mientras un año antes de cada elección general se instruye a dirigentes y militantes a volver a la sociedad y ponerse a la escucha de las aspiraciones y quejas de los ciudadanas, junto a un nexo orgánico tradicional con el movimiento sindical y diversas expresiones de la sociedad civil.

En Chile, y a pesar de los esfuerzos de unos pocos, las encuestas y algún “focus group” ocasional han reemplazado la realimentación periódica del nexo orgánico con la sociedad, mientras vivimos una personalización creciente de la política alrededor de caudillos. En el caso de varios de los partidos tradicionales de izquierda, su estatización progresiva llevó al fin de toda idea de militancia activa y a la consolidación de la organización interna, con honrosas pero minoritarias excepciones, como mera masa de maniobra electoral interna y externa, que requiere de bastante dinero para funcionar, el que hasta ahora era provisto por el mundo empresarial.

Ya no se trata de partidos “de vanguardia”, con alguna ideología, o siquiera programáticos, que elaboran con mayor o menor suerte alternativas de acción en la esfera pública. Ya no se ve partidos que alimenten la deliberación colectiva, formen masivamente sus militantes para ampliar y difundir sus ideas, promueven proyectos políticos más o menos definidos, y al hacerlo ilustren a los ciudadanos sobre las opciones políticas alternativas presentes en la sociedad. Se trata de la consolidación de lo que la literatura especializada llama “catching all parties”, partidos “atrápalo todo”, usualmente vinculados a algún líder con arrastre electoral y mediático de tipo emocional en la sociedad líquida en la que vivimos, en palabras del recientemente fallecido Zigmunt Bauman.

La Comisión Engel hizo una reflexión importante en la materia y recogió opiniones, que se tradujeron en parte en nuevas normas legales más bien frustrantes para el propósito de una reforma de raíz del régimen de partidos. Lo del refichaje, cuyo plazo vence el 14 de abril y tiene en dificultades a muchos de los partidos tradicionales, quedó como apenas una actualización ante lo evidente de la inadecuación de la definición de la legislación pinochetista respecto a quien y como se transforma en miembro de un partido y los deberes cuyo ejercicio dan eventualmente derecho a elegir autoridades internas y definir políticas y candidatos que las defiendan. Y, de paso, se reforzaron diversas barreras a la entrada para nuevas organizaciones políticas, varias de ellas absurdas, como que la persona que desea afiliarse a un partido deba concurrir personalmente ante un notario –con un costo pecuniario a veces elevado- o ante oficiales civiles, incluso para hacer el trámite por Internet, proceso para el cual la persona deberá ir, según una reciente normativa, al Registro Civil a obtener una clave. Simplemente digno de Kafka. En la inscripción de 1986-87, en plena dictadura, la presencia personal no se exigía, pues parecía un exceso evidente. Hoy a nuestros legisladores ya no les parece tal cosa con tal de dificultarle la vida a nuevas expresiones políticas.

Varias organizaciones políticas emergentes no van a poder concursar en las próximas elecciones. Esto va a ser especialmente el caso en la izquierda, sector político en el que desde 2011 han proliferado nuevas expresiones ante el agotamiento de sus expresiones tradicionales.

Una legislación democrática moderna simplemente no debiera poner mayores obstáculos para que se forme y se mantenga vigente un partido político y este pueda presentar candidatos a cargos de elección popular, pues al final es el pueblo en elecciones el único soberano para elegir a los/las gobernantes y los cuerpos de representación. Si es que creemos en la democracia, claro.


jueves, 2 de febrero de 2017

Guillier supera a Piñera


Columna en Voces La Tercera

La más reciente encuesta Gfk-Adimark (con datos recogidos en enero) registra que frente a la pregunta de quién le gustaría que fuera presidente, los que la responden espontáneamente -sin una lista de nombres que les haya sido presentada previamente- indican, a razón de 28%, que prefieren al senador independiente de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, antes que al ex presidente de derecha Sebastián Piñera, que reúne un 27% de las  preferencias de los encuestados. El tercero en liza, el ex presidente Ricardo Lagos, reúne un 5% de las preferencias expresadas, y los que siguen marcan magnitudes marginales. Esto se viene reflejando, con pocas variaciones sustanciales, en las diversas encuestas publicadas.

Parece ser que la condición de ex presidente ya no resulta ser necesariamente un activo, sino antes bien un lastre.

El ex presidente Piñera cae poco a poco en las encuestas -el sondeo mensual Gfk-Adimark no es una excepción- en circunstancias que en algún momento parecía tener la reelección asegurada. Esto ocurre porque, tal vez, a pesar de su irrefrenable y hasta simpático dinamismo, su pertenencia a la clase de los privilegiados y todo lo que ello significa ancestralmente para la mayoría social –y electoral- se ha hecho demasiado presente, incluyendo la compañía de la señora Van Rysselberghe y su impresionante, por lo desembozada, sumisión a los intereses del gran capital pesquero, entre otros de esa índole. Y sobre todo por los personales impulsos incontenibles y éticamente reprochables con el dinero del ex presidente, a pesar de su gran fortuna, a estas alturas demasiado visibles.

Por su parte, el expresidente Lagos nunca despegó en esta campaña presidencial, tal vez porque cada época tiene sus liderazgos y buscar repetirlos no parece tener mucho sentido hoy para los ciudadanos y ciudadanas que en su momento lo apoyaron con entusiasmo, más allá de los incuestionables méritos de la persona del ex presidente.

Todo esto augura al senador Guillier un recorrido relativamente despejado hacia la presidencia, salvo error, omisión o bien algún accidente de esos que nunca en la actividad política pueden descartarse.

Alejandro Guillier tendrá que decidir si su liderazgo sigue el derrotero de la actual presidenta, un gran fenómeno político contemporáneo en materia de liderazgo empático. Pero la empatía tiene sus luces y sus sombras, especialmente si se pone al servicio de la realpolitik malentendida y no de la representación de los intereses de la mayoría social. Guillier tendrá que ver si reproduce una coalición de gobierno incoherente, una parte de la cual se dedicó permanentemente a boicotear a la presidenta Bachelet, sin que ésta actuara en consecuencia. Guillier tendrá que asumir que los representantes de los grandes intereses económicos en la Nueva Mayoría no dudarán en hacer lo mismo con él si llega a ser presidente, pues son ya parte orgánica del maridaje entre intereses económicos y representación política en esa coalición.  

Las señalizaciones hacia un lado –en favor de promover los intereses de la mayoría social- y luego los virajes prácticos en el sentido contrario –en favor de preservar los intereses del 1% que controla un tercio de los flujos económicos del país, según el Banco Mundial- configuran inevitablemente un recorrido inconsistente pero con un resultado inequívoco: terminar con una amplia decepción popular y con un apoyo minoritario, que refuerza el reflejo de la élite partidaria de someterse, con más o menos elegancia (usualmente con bastante poca), a los intereses del capital corporativo y sus redes de influencia en el sistema político. El senador -o quien termine siendo en definitiva el contendor de la derecha en la segunda vuelta presidencial-  tendrá también a mano, claro está,  la opción de inscribirse en un proyecto de cambio progresista consistente, capaz de sobreponerse al escepticismo y la desesperanza aprendida, y que finalmente represente a la mayoría social en materia educativa, de relaciones laborales, de salud, de pensiones – y de nueva Constitución que haga posibles los cambios en los dominios mencionados- dejando atrás el lastre neoliberal que mantiene una economía estancada y desigual, incapaz de innovar.

Y también quien termine contendiendo en segunda vuelta con el representante de la derecha tendrá que asumir sin demagogia el decrecimiento de la depredación ambiental y de las actividades contaminantes y lesivas para las nuevas generaciones, acelerando con decisión una reconfiguración del uso del territorio –como ha demostrado con creces la terrible ola de incendios del actual verano- y una transición energética en base a la impresionante dotación de la que Chile dispone en materia de energías renovables no convencionales, impulsando una economía basada en la innovación y no en la mera extracción de recursos naturales en beneficio de unos muy pocos.

Recordemos que estamos a nueve meses de la elección presidencial de noviembre de 2017, el tiempo de una gestación humana, y que lo único claro es que nada parece estar predeterminado, salvo, en principio, los nombres de los dos principales competidores, es decir los que tienen más chances de disputar una segunda vuelta presidencial en diciembre. Además, nada menos que un 75% de los encuestados aparece expresando preferencias presidenciales en la encuesta Gfk-Adimark, contrastando con el 65% de abstención en las elecciones municipales. Esto resulta bastante sorprendente, dado el clima de profunda animadversión hacia toda forma de representación política tradicional. Esto puede deberse a un error, que no sería de extrañar, de la metodología de la propia encuesta –que tiene muchas deficiencias en la composición de su muestra y en la capacidad de determinar quienes irán a votar- o bien al hecho de que una gran mayoría de chilenos y chilenas quiere en definitiva pronunciarse respecto a su futuro gobierno.

A los que les corresponde un liderazgo político natural para hacer emerger nuevas alternativas, la generación de 2011, les debiera llamar la atención el hecho de que están, por propia voluntad o por un atraso inexcusable, fuera de las opciones que se presentan a la opinión pública en el actual escenario político. Tal vez prefieren interactuar entre sí al margen de la sociedad tal como está constituida, que incluye a jóvenes y pero además a muchos y muchas que no lo son y que muy mayoritariamente viven de su trabajo como asalariados (a razón de 70%, con mujeres que participan menos del llamado mercado de trabajo y que reciben entre 20 y 30% menos remuneraciones) o en trabajos por cuenta propia precarios e informales, y muchos y muchas que viven con pensiones miserables, de nuevo especialmente las mujeres jubiladas en el sistema de AFP.

Tal vez prefieren incluso disputar liderazgos presentes y futuros entre sí, en familia generacional, con sus propios códigos poco comprensibles para la sociedad, más allá de la simpatía que les manifiesta, pues es diversa y plural. ¿No tendrá más sentido mirar la sociedad tal cual es, insertarse en ella con todas sus contradicciones y matices  y proponerse representar a sus mayorías favorables al cambio? Esto incluye reconocer el hecho que el cuerpo electoral se compone básicamente aún por personas cuyo clivaje esencial es el de dictadura-democracia, dados los profundos traumas históricos que todavía marcan a la sociedad chilena, y en algún sentido, como trasfondo político y cultural, el clivaje izquierda-derecha del siglo XX. Esto por supuesto no excluye los nuevos clivajes del siglo XXI, como los de modernidad-conservadurismo cultural, productivismo-ambientalismo, y así sucesivamente, pero los sobre-determina aún. Nadie viene de la nada, incluyendo las sociedades, que están siempre históricamente constituidas, con sus continuidades y rupturas, y no como algún grupo hiper-ideologizado quisiera.

Esto lo entendió bien Jorge Sharp en Valparaíso en la reciente elección municipal, y un poco menos su colega de generación Gabriel Boric, secundado al parecer  por Giorgio Jackson, que se ha visto más dedicado a vetar y ponerle ultimátums a quienes desean apoyar su esfuerzo disruptivo y potencialmente creativo y ser sus eventuales aliados antes que a sumar democráticamente –aceptando el juicio de los ciudadanos movilizados para dirimir los dilemas políticos y de liderazgo en todos los planos de una futura fuerza alternativa- a todos los que desean trabajar por hacer emerger una nueva opción política.

Sin embargo, esta nueva opción sigue siendo indispensable si no se quiere mantener a la sociedad chilena prisionera del pasado reciente y del empate catastrófico –especialmente porque preserva desigualdades y privilegios moral y políticamente inaceptables, permite la compra del sistema político por el poder económico y produce el alejamiento radical de los ciudadanos más jóvenes del sistema político- entre la derecha y la llamada “centroizquierda”.

Esta última fue en realidad en origen, en los años ochenta, una necesaria alianza entre el centro tradicional y la izquierda democrática para salir de la dictadura, pero devino con el tiempo en una cómoda combinación –para sus miembros- de acceso al poder estatal a cambio de preservar el status quo económico con reformas menores. A esta combinación de “centroizquierda” puramente pragmática hay que reemplazarla, pues no le queda casi nada de los valores y políticas de izquierda, y le queda además bastante poco de los de centro (especialmente los que inspiraron el espíritu reformador de tipo social-cristiano). En esencia, la coalición de gobierno que busca proyectarse tal cual es hoy conglomera a los aspirantes a mantener o acceder a privilegios burocráticos, aunque sea al precio de aceptar sin chistar el dominio de las oligarquías económicas en lo que verdaderamente importa: la distribución del ingreso y la riqueza y la preservación de la naturaleza para las nuevas generaciones.

Pero no hay que desesperarse, pues la inexperiencia e intolerancia juvenil, que todos hemos vivido, tienen un remedio inexorable: el paso del tiempo. Y frente al mal tiempo, o a tiempos de incertidumbre, siempre buena cara.