Nuevas etapas, nuevos desafíos

La Concertación, al menos tal como la hemos conocido desde que se fundó en 1988, ha dejado de existir en la reciente elección. Ya no está en condiciones de reunir bajo una misma opción al electorado de centro y de izquierda progresista en primera vuelta y en el plano parlamentario constituye listas solo instrumentales, acogiendo con éxito candidaturas comunistas en tanto respuesta a la negativa de la derecha de que todas las fuerzas relevantes estén en el parlamento.

La manera sensata de abordar el tema hacia el futuro es tomar nota que, más allá de los deseos de cualquier directiva de partido, una candidatura presidencial democratacristiana tiende a hacer crecer candidaturas a su izquierda. Ocurriría lo mismo a la inversa: una candidatura encabezada por la izquierda progresista estimularía otras más o menos vinculadas al centro. Todo esto no es sino la constatación de las dinámicas de la actual vida política del país. No hay que darle la espalda a esa realidad, hay que darle un nuevo cauce.

Las voces de centro tienen razón cuando señalan que no pueden quedar subsumidas en la izquierda progresista. A su vez, la izquierda progresista no puede ya permitir que desaparezca su agenda. Ese pacto implícito no puede seguir. Hablemos con claridad: lo que no puede seguir es una alianza en que se veta lisa y llanamente abordar el aborto y las uniones homosexuales, en que no se respeta los símbolos históricos de cada cual y se rehúye temas económico-sociales esenciales. Quedan fuera las reformas laborales y tributarias, no se apoya como se debe la educación pública, no se regula el poder omnímodo de los seguros privados de salud, no se descentraliza más el país, no se evita suficientemente la captura del sistema político por intereses empresariales. Frente a semejante situación, y a prácticas clientelísticas crecientes, no podía sino ocurrir que la agenda progresista buscara cauces nuevos de representación, aunque fuera de manera imperfecta y en muchos sentidos improvisada. Ahí está, conquistado en nueve meses, el 20% de adhesión a Marcos Enríquez-Ominami, atacado por doquier, hasta en la dignidad de su nombre.

De aquí para adelante, resulta verosímil que se consagre que el centro y la izquierda progresista ofrezcan su propia alternativa en primera instancia frente a los ciudadanos, favoreciendo el debate sobre las opciones de país. Para que sea eficaz, este esquema supondría un pacto previo de apoyo mutuo en segunda vuelta que tome en cuenta en la definición final de un programa común de gobierno los pesos ciudadanos obtenidos por cada cual. Asimismo, supondría un acuerdo parlamentario instrumental global mientras permanezca el sistema binominal. A su vez, maximizar la diversidad local supondrá no una sino varias listas a los consejos municipales, con candidaturas únicas a alcalde de todas las fuerzas no derechistas, mientras no se introduzca la segunda vuelta en ese nivel. Un nuevo esquema de autonomía y convergencia podría darle opciones y al mismo tiempo gobernabilidad al país, con un pacto democrático que sea alternativa frente a una derecha que sigue siendo la de los privilegios y el autoritarismo.

Sigamos siendo claros: si la agenda progresista está actualmente bloqueada con el aval de los partidos de la Concertación, en todo caso ni un ápice de ella podrá avanzar con un gobierno de derecha. Los progresistas deben contribuir fervorosamente a derrotar a la derecha, a lo que ayudaría mucho que las burocracias de partido asuman que la preservación de sus intereses no puede hacerse al costo de una derrota general. La lógica de las cosas parece ser hoy la siguiente: el candidato de centro en la segunda vuelta tiene en sus manos la posibilidad de constatar la votación de la izquierda progresista y de la izquierda tradicional e integrar por propia iniciativa a su programa de gobierno aquello que sea representativo de estas fuerzas y que le resulte asumible para su propia identidad. Y éstas debieran, en virtud de ese esfuerzo positivo, y en la medida que les resulte suficientemente creíble, convocar a votar por el candidato que esté en condiciones de derrotar a la derecha. Quien no quiera que gobiernen los dueños de fundo, que se amnistíe a los criminales pinochetistas, que se privatice CODELCO, el Banco del Estado, la salud y la educación más de lo que están, que pase la Dirección del Trabajo a manos de los empresarios, que el medioambiente se deteriore todavía más frente a los intereses del dinero, tiene solo una opción. Ni la abstención ni el voto nulo derrotarán a Piñera. Lo hará marcar el 17 de enero una preferencia en el voto por Eduardo Frei Ruiz-Tagle y seguir movilizados a favor de la agenda progresista. Converger en el nombre de Frei en la segunda vuelta se facilitará con lo que será sin duda su llamado a trabajar firmemente durante cuatro años como una alternativa serena y eficaz frente a la derecha, comprometida con una propuesta de gobierno que combinará lo mejor del centro y del progresismo.

La primera vuelta en perspectiva

En las dos elecciones presidenciales anteriores a la de diciembre de 2009 la derecha obtuvo en primera vuelta un muy buen resultado. En 1999, con Joaquín Lavín como único candidato, alcanzó el 47,5% de los sufragios válidamente emitidos (sin contabilizar los votos nulos y blancos), situándose a menos de medio punto porcentual de Ricardo Lagos, con apenas unos 31 mil votos de desventaja. En 2005, las candidaturas de Sebastián Piñera y de Joaquín Lavín sumaron juntas el 48,6%, lo que en esta ocasión implicó superar el 46,0% de Michelle Bachelet, con una diferencia a favor de la derecha de nada menos que 186 mil votos, lo que a veces se olvida. En efecto, hace ya una década que quedaron atrás las victorias holgadas de la Concertación en primera vuelta, dirimiéndose desde entonces la contienda presidencial en la segunda vuelta electoral que prevé nuestro sistema institucional.

En enero de 2000, Joaquín Lavín incrementó su votación de primera vuelta en 143 mil votos, pero Ricardo Lagos lo hizo en 300 mil votos, sellando su victoria por una diferencia porcentual de 2,6 puntos (51,3% contra 48,7 %). Se produjo probablemente el apoyo de buena parte de los 291 mil votantes de Gladys Marín, Tomás Hirsch y Sara Larraín, mientras unos 123 mil ciudadanos se sumaron al proceso electoral en comparación a los que sufragaron en primera vuelta.

En cambio, en enero de 2006 el comportamiento fue diferente: no se incrementó mayormente la participación electoral (con solo 17 mil votos más), mientras Sebastián Piñera no logró reunir tras su nombre los votos que se habían expresado a favor de la derecha en la primera vuelta presidencial, con una pérdida de 140 mil votos. En cambio, Michelle Bachelet logró un espectacular repunte en la mencionada ocasión, sumando 532 mil votos adicionales, es decir 7,5 puntos porcentuales de votación, una cifra bastante mayor a los 375 mil votos que había obtenido el candidato del Juntos Podemos, Tomás Hirsch. Así, una parte del voto de Joaquín Lavín se transfirió hacia la primera mujer que ha llegado a la primera magistratura del país, que logró ser electa con una importante diferencia de sufragios respecto a la derecha ( 53,5% contra 46,5%).

Como vemos, la primera y la segunda vuelta tienen sus propias dinámicas, en donde la fortaleza inicial de la derecha hasta acá no se ha traducido en un crecimiento suficiente en la segunda vuelta. Pero naturalmente, cada elección es distinta, y la de hoy 13 de diciembre deparará seguramente más de alguna sorpresa, como es propio de la democracia, en la que nada está escrito hasta que los ciudadanos de pronuncian.

Las incógnitas de las elecciones en Chile

Columna publicada en el diario El Mundo.

En los últimos años un conjunto de gobiernos han recibido en Sudamérica el apelativo de progresistas. Esta es una denominación genérica que esconde realidades muy diversas, aunque se puede distinguir dos variantes principales: la de los gobiernos del cono sur (Brasil, Chile, Uruguay), más o menos asimilables a la corriente socialdemócrata en un sentido muy amplio, siguiendo categorías más bien europeas, y los de sello refundacional que han emergido con fuerza en el espacio andino (Venezuela, Bolivia, Ecuador), mientras Argentina mantiene su sello “peronista progresista” no siempre clasificable.

Varios de esos gobiernos están recibiendo o recibirán el juicio ciudadano en elecciones democráticas. Luego de las que han tenido lugar recientemente en Uruguay (25 de octubre- 29 de noviembre) y Bolivia (6 de diciembre) este domingo 13 de diciembre se realizarán en Chile elecciones presidenciales y parlamentarias, ocasión en la que se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Más adelante tendrán lugar las elecciones de Brasil (octubre 2010) y Argentina (octubre 2011).

Mientras en Uruguay y en Bolivia se ha renovado la confianza de los ciudadanos en los gobiernos respectivos -en un caso en la coalición que gobierna desde marzo de 2005 encabezada por Tabaré Vásquez y ahora por el ex Tupamaro José Mujica y en el otro en el líder indígena Evo Morales y su partido, en el gobierno desde enero de 2006- en Chile permanece una cierta incógnita sobre el signo político de la próxima administración.

Y esto a pesar de que todos califican al gobierno que termina como exitoso y que la popularidad alcanzada por la presidenta Michelle Bachelet – señalemos que la constitución prohíbe la reelección inmediata de los presidentes, de acuerdo a la tradición del país desde 1925, cuando se eliminó la reelección por un período permitida por la constitución de 1833- es excepcionalmente elevada. Las razones de la incógnita son varias.

No debe olvidarse que la Concertación de Partidos por la Democracia, que reúne a fuerzas políticas de centro e izquierda que hasta 1973 se confrontaron agudamente y luego supieron colaborar a partir de los años ochenta para recuperar la democracia y darle un gobierno estable y mayoritario al país, va a cumplir 20 años gobernando.

Esto no se había producido nunca en la historia de Chile. En el siglo XX, ningún gobierno se sucedió a sí mismo en términos de orientación política, con excepción de los gobiernos del partido radical de los años cuarenta, en que dos presidentes fallecieron prematuramente.

La larga duración de la actual coalición se explica por la también prolongada y compleja transición a la democracia, que cohesionó a la coalición gobernante en su compromiso con la consolidación de las instituciones y el Estado de derecho, frente a una fuerte oposición de la derecha política y empresarial anclada en su apoyo al antiguo régimen, representada en el parlamento más allá de su apoyo real mediante herencias institucionales no democráticas, además de un fuerte predominio en los medios de comunicación.

Hoy, en que por primera vez se celebran elecciones con el ex dictador Pinochet ya fallecido y sin que nadie reivindique su herencia política, las razones iniciales de unidad en la coalición han perdido parte de su vigencia. Chile ya recorrió con éxito una primera etapa de recuperación de las libertades políticas que le permite contar con instituciones democráticas en funcionamiento y con el ingreso por habitante más alto de América Latina.

Admiración de las políticas fiscales

Después de un largo período de crecimiento muy superior al del período autoritario, las políticas fiscales son admiradas por su solvencia y carácter anticíclico y le permiten enfrentar en buen pie la actual crisis global. La sociedad se ha vuelto más próspera, compleja y plural y las diferencias en materia de extensión de la protección social para atacar las persistentes desigualdades de ingreso –entre las más altas del mundo- y de las libertades individuales –en Chile se penaliza severamente el aborto y no existe reconocimiento de las parejas homosexuales- se han hecho mayores.

Están en debate las vías para establecer una nueva constitución, pues la legitimidad de la constitución vigente, aunque ampliamente reformada, sigue estando en cuestión, especialmente un sistema electoral que no permite reflejar las mayorías y minorías ciudadanas ni autoriza a votar a los chilenos en el exterior. Y sigue suscitando polémicas el difícil paso de una economía sustentada en la exportación de materias primas y relaciones laborales no cooperativas a una economía basada en el conocimiento y en el diálogo social, con además menor huella de carbono y destrucción del ambiente.

Se debate como relanzar un crecimiento más dinámico, capaz de ofrecer más protección a los más pobres y más movilidad y seguridad a las clases medias en expansión, antes que pensiones, educación y salud todavía ampliamente privatizadas y con acceso determinado por el nivel de ingreso. Esto provoca un explicable malestar, a pesar de los cambios de énfasis y de las exitosas políticas de los presidentes Lagos y Bachelet y de los anteriores gobiernos, especialmente en la ampliación de derechos sociales. La sociedad se ha hecho mucho más exigente y es especialmente crítica frente a todo brote de clientelismo o de mal manejo de los recursos públicos, mientras la capacidad de respuesta de las élites y del sistema político no necesariamente ha seguido el ritmo.

La Concertación cuenta con un candidato oficial, apoyado por las directivas de los partidos de la coalición, el ex presidente Eduardo Frei (1994-2000). Pero también ha emergido con inusitada fuerza, especialmente en el electorado juvenil y menos alineado en términos partidistas, un candidato disidente, el hasta hace poco diputado socialista Marco Enríquez-Ominami. En esta ocasión, el candidato de la izquierda extraparlamentaria, el ex ministro y ex embajador socialista Jorge Arrate, proviene también del oficialismo.

Frente a estas candidaturas, se erige la del único representante de la oposición de derecha, Sebastián Piñera, que probablemente, por primera vez desde 1990, obtendrá la primera mayoría relativa, aunque sin superar a la suma de las otras tres candidaturas. Es muy probable, de acuerdo a los sondeos de opinión, que la contienda democrática no se dirima este domingo, sino un mes después, en una segunda vuelta presidencial a realizarse en enero para dirimir entre las dos primeras mayorías que emerjan en la primera vuelta.

Proceso en el que las incógnitas principales serán si el contendor no derechista logrará o no reunir los votos de los dos candidatos que habrán quedado en el camino en primera vuelta y prevalecer sobre el candidato opositor y, a la inversa, si este logra o no atraer nuevos electores, sin lo cual solo habrá podido celebrar una victoria efímera.