jueves, 10 de junio de 2021

Carta de Arrate, Correa y Martner

El siguiente es el texto de la carta difundida por los ex presidentes del Partido Socialista (PS), Jorge Arrate, Germán Correa y Gonzalo Martner donde abordan elementos de la historia de esa colectividad, el relacionamiento con el Partido Comunista, las alianzas, el rol de Salvador Allende y aspectos de la actual coyuntura:

A ochenta y nueve años de la República Socialista de 1932: una respuesta.

Las últimas décadas del acontecer mundial y nacional son las más exigentes que hayamos vivido quienes somos militantes de la causa socialista. Nunca como ahora nuestras convicciones habían sido tan desafiadas.

Coincidimos con otros tres ex presidentes del PS, que aún militan en sus filas (Andrade, Escalona y Núñez), en que el PS a través de su existencia hizo un aporte decisivo a las conquistas de la clase trabajadora y de los sectores más explotados y discriminados del país. Esa historia  no sólo enorgullece a sus militantes sino también a toda la izquierda chilena. Muchas de esas conquistas las logramos luchando codo a codo con los compañeros del Partido Comunista: en el Frente Popular en los años 30, en el Frente de Acción Popular en los 50 y los 60, en la Unidad Popular en los 70 y en la resistencia a la dictadura en los 80.

La historia de relaciones entre el PC y el PS está jalonada de momentos donde predominaron las diferencias y hasta la confrontación y de momentos, los más, donde primó la unidad, sin que ninguno de los dos reclamara primacía o intentara ejercer subordinación. Porque ambos partidos entendíamos que sólo juntos, cada cual con su perfil, podíamos hacer avanzar la causa de los más explotados y desposeídos. Fue la base del gran movimiento popular que condujo a Allende a la victoria y que llevó adelante un proyecto socialista de trascendencia universal, fundado en la indisoluble vinculación entre democracia y socialismo.

El Partido Socialista atraviesa hoy por uno de sus momentos más difíciles. Repudiado, junto al resto de los partidos por el pueblo movilizado, acusado de haberse comprometido con el modelo neoliberal y con una alianza centrista que lo desperfila y aparta de su trayectoria histórica, ha perdido a cientos y miles de valiosos y valiosas  militantes. Se ha transformado en una organización clientelar donde predominan los intereses personales de la oligarquía dirigente, habiendo renunciado por su práctica política al proyecto histórico de terminar con el capitalismo salvaje y construir una nueva sociedad que deje atrás la explotación y los abusos y en la que prevalezcan los principios socialistas de la libertad basada en la solidaridad y la justicia social y en la democracia política y también económica. Y hoy su dirigencia se va alejando definitivamente de las convicciones anticapitalistas y revolucionarias que le dieron origen y lo arrastran a la definitiva irrelevancia política. Su dirigencia, ciegamente, insiste en mantener su alianza con las fuerzas centristas, que en su momento fue necesaria por el contexto histórico determinado por la dictadura y la permanencia de muchas de sus reglas del juego. Pero esa etapa ha sido superada por la historia. El pueblo de Chile está marcando nuevos rumbos, muchos más cercanos a nuestros sueños históricos, y es con ellos que los socialistas deben identificarse.

Hoy, cuando la movilización social ha abierto paso a la posibilidad cierta de cambiar esa camisa de fuerza constitucional y de abrir paso a un nuevo proyecto democrático popular para Chile, es vital la unidad de la izquierda. Eso significa procurar un amplio entendimiento con todas sus expresiones orgánicas actuales, incluyendo desde luego al Partido Comunista. Pero esta es una afirmación difícil de entender para los dirigentes del PS herederos de la “Constitución de Lagos”, aquella que según el ex presidente unía a todos los chilenos, haciendo caso omiso a que en su esencia continuaba siendo la misma trampa maligna neoliberal ideada por Guzmán, o para los que calificaban el reclamo de una Asamblea Constituyente como una alucinación causada por una droga.

La actual dirigencia socialista, por el contrario, alienta la derivación del PS hacia posiciones “socialdemócratas”, ajenas a su historia e identidad y le ponen el apellido “democrático” al socialismo de sello neoliberal que promueven. Desconocen con ello que para Salvador Allende, como para Eugenio González Rojas, redactor del Programa de 1947, y quienes nos identificamos con su legado político, el socialismo para ser tal debe ser la máxima expresión de la democracia, o no es socialismo. La ausencia total de reflexión de los dirigentes del PS sobre la naturaleza de la democracia a que aspiramos los mantiene donde están, estancados en la historia transicional e incapaces de asumir las nuevas realidades y nuevos caminos abiertos por nuestro pueblo. Chile demanda otra democracia, profunda, representativa y con mecanismos de democracia directa también, con real justicia social y económica. La izquierda es su principal arma política para establecerla. Por eso construir izquierda es un imperativo de esta hora y en ello debiéramos  comprometernos todos quienes abrazamos auténticamente las ideas socialistas.

Es también lamentable la ausencia de ideas de los compañeros “socialistas democrático-representativos” que firman la carta a que damos respuesta en cuanto a la naturaleza de las fuerzas políticas en la nueva democracia y la vinculación que deben tener con los movimientos y organizaciones sociales. El actual PS, con la honrosa excepción de algunos militantes que se han atrevido a levantar la voz a pesar de la persecución oficialista de la que son objeto, parece estar contento tal como es, a pesar de su erosión y de su distanciamiento del pueblo. Los socialistas, y la izquierda en general, debemos explorar formas innovadoras de organización y participación política que den efectiva influencia al militante y a las organizaciones sociales territoriales, que sean adecuadas para una redistribución del poder democrático y otorgue auténtico protagonismo a los ciudadanos. Chile despertó pero el PS sigue en su letargo y descomposición burocrática, con su dirigencia acomodada en sus privilegios y prebendas.

El país atraviesa por momentos de definiciones políticas cruciales. Existe la posibilidad cierta de que el pueblo chileno avance un paso gigantesco para tomar en sus manos la construcción del futuro. El Partido Socialista tiene una responsabilidad importante en todo lo acontecido en estos treinta años, tanto en los avances como en los fracasos. En especial debe reconocer, y asumimos la parte que nos corresponde en ello cuando lo lideramos, su limitada efectividad para ejercer su función de fuerza política de izquierda en la coalición de la que fue parte en esos años, y así contrabalancear a las fuerzas que en el seno de esa coalición se sentían cómodas o, más aún, apoyaban con entusiasmo el modelo neoliberal. Esta tarea, compleja en los gobiernos de los años 90, en que Pinochet seguía siendo personaje poderoso, debió ser asumida con más fuerza en la primera década del siglo XXI cuando hubo gobiernos de liderazgo “progresista” o socialista. Sin embargo, la profundización neoliberal siguió adelante y, como corolario, destacados dirigentes del PS establecieron estrechas relaciones con grupos empresariales y más tarde se hicieron parte, sin tapujos, de los directorios de las empresas de los grupos económicos que monopolizan el poder en Chile. La adhesión conservadora y la pasiva o activa complicidad del “progresismo” se unieron al final en un mismo propósito, con las consecuencias conocidas.

En la reciente carta de tres ex presidentes del PS -Andrade, Escalona y Núñez-, que ejercieron sus  cargos en estos treinta años, no hay una palabra de autocrítica verdadera. Su única preocupación es la defensa malentendida de una dignidad partidaria que estaría siendo vulnerada por juicios emitidos por dirigentes del PC respecto al papel de la alianza de centroizquierda de la que el PS es parte. Como socialistas, nos importan esas críticas porque se refieren a nuestras propias conductas como dirigentes del PS en aquellos años y nos obligan a mirarnos de manera más profunda y auténticamente autocrítica y no a reaccionar desde una falsa dignidad. Pero mucho más que las opiniones de dirigentes del PC, son las críticas de nuestro propio pueblo las que más impactan nuestra conciencia, porque enrostran al PS debilidades e inconsecuencias que lo han llevado a su lamentable condición actual, que sus dirigencias en ejercicio no son capaces de enfrentar.

Por nuestra parte, seguiremos intentado contribuir a la recuperación del legado de Allende y del socialismo chileno, para que nuevas generaciones puedan enriquecerlo, renovarlo y fortalecerlo y lograr hacer realidad los sueños de tantos y tantas que han entregado su vida a esta noble causa.

Jorge Arrate, Presidente del Partido Socialista de Chile (1990-1991)

Germán Correa, Presidente del Partido Socialista de Chile (1992)

Gonzalo Martner, Presidente del Partido Socialista de Chile (2003-2005)

Santiago de Chile, 10 de junio de 2021.

La discusión sobre la regalía minera

 Primera versión en La Mirada Semanal.

Con los precios previsibles del cobre y aplicando la regalía aprobada por la Cámara de Diputados, se podría recaudar unos 6.500 millones de dólares anuales. Estos recursos debieran impulsar un fuerte esfuerzo de reconversión y diversificación productiva, incluyendo a las actuales regiones mineras. 

El Senado ha iniciado el debate sobre el royalty a la minería (regalía en castellano) luego de la aprobación de una moción parlamentaria en la materia aprobada por la Cámara de Diputados. En lo fundamental, esta moción establece una regalía a las ventas de carácter progresivo según el precio del cobre. La tasa más baja es de 3% (hasta dos dólares la libra) y la más alta es de 75% (para las ventas provenientes de precios mayores a cuatro dólares la libra). Este esquema ha sido descalificado por doquier, sin mayores fundamentos. Algunos han cuestionado que la tasa inferior de 3% se aplique en situaciones de precios bajos, lo que dejaría fuera de producción a los yacimientos menos rentables.  Pero ese es un costo adicional (la regalía es el pago por el acceso al recurso) bajo en relación a otros costos, que son los que dejarían a los yacimientos menos productivos fuera de producción a ese precio bajo. Y, a su vez, para los yacimientos altamente rentables permitiría una recaudación incluso en esa situación, lo que no es el caso con el esquema vigente sobre márgenes operacionales. 

Otro argumento en contra es que la suma del impuesto a las utilidades, del impuesto específico a la minería y la nueva regalía, llevaría la tributación al 80% de las utilidades (según el gobierno) o a niveles entre 62% y 84% de la misma con diferentes supuestos (según el CEP). Este argumento no es válido,  pues en primer lugar en el cálculo del gobierno y del CEP se mantiene el actual impuesto específico, el que solo se puede derogar por iniciativa del gobierno y por ello no está previsto en el proyecto aprobado, aunque supone su reemplazo. El impuesto vigente tiene el problema de basarse en márgenes operacionales que son objeto de manipulación contable, empezando por la verificación del contenido de mineral del concentrado por la Aduana y la imputación de diversos costos y precios de transferencia. El impuesto a las ventas disminuye fuertemente el potencial de evasión. En segundo lugar, con el supuesto de un costo de 169 centavos de dólar por libra de cobre producida (según un estudio recién publicado por Castillo y Valverde un tercio de la producción privada opera con costos operacionales sobre US$1.7/lb, mientras que el resto opera en promedio con costos operacionales en torno a US$1/lb), la tasa efectiva total del proyecto de ley varía según el precio entre un 46% y un 59%, considerando regalía e impuesto corporativo normal. Este es un monto razonable para una actividad privada que, cuando los precios son altos, puede tener utilidades sobre capital que permiten amortizar en un año o dos la inversión realizada a costa del uso de un recurso que no le pertenece y que el Estado chileno hoy prácticamente le regala. En todo caso, el proyecto en el Senado podría incluir desgravaciones del pago de la regalía en función de rangos diferenciales verificables de costos. 

El esquema propuesto por la Cámara no llevaría a los inversionistas a salir del país, como se insinuó en un primer momento. Ahora se argumenta que estas tasas son superiores a las de otros países y que eso llevaría a inhibir nuevas inversiones o a desviarlas a esos países. Al parecer, Perú, cuyo eventual nuevo gobierno de izquierda prevé establecer impuestos a las ventas y a las sobreutilidades, no será ese destino. Tampoco está prevista ninguna nueva inversión en países africanos productores de cobre. Ni en ninguna otra parte del mundo, por lo demás, de acuerdo a los informes de la industria recogidos por la prensa especializada, dada la actual situación de la oferta y la experiencia de sobreproducción posterior a 2011. La ventaja competitiva chilena (que incluye calidad del mineral, costos, impuestos, facilidades logísticas y funcionamiento del Estado de derecho) permanecerá en caso de aprobarse este nuevo esquema. Lo que habrá que evitar es que por este argumento interesado se establezcan desgravaciones -como algunas que se propusieron en la Cámara- que hacen inefectivo el cobro de la regalía. El poder de la minería privada se expresa en influencias parlamentarias variadas.

El hecho es que con precios del cobre entre 3 y 4 dólares la libra y aplicando la regalía aprobada por la Cámara de Diputados, se podría recaudar unos 6.500 millones de dólares anuales. Estos recursos debieran impulsar un fuerte esfuerzo de reconversión y diversificación productiva, incluyendo a las actuales regiones mineras. 

Se trata de realizar una planificación estratégica con políticas selectivas y horizontales para la transición a una economía circular diversificada. La economía circular debe avanzar en el tratamiento de los residuos mineros, de la escoria siderúrgica, de la ceniza volante y de la biomasa residual agrícola, forestal y pesquera y los residuos de la construcción. Sería un buen avance establecer una norma parecida a la Directiva de la Unión Europea 2008/98/CE, que regula la reutilización distinguiendo entre residuos destinados a la disposición y subproductos útiles en diversos procesos productivos. Se deberá, además, avanzar más en la clasificación de la basura domiciliaria y en el uso sostenible de embalajes, junto al encarecimiento (a través de aumentos diferenciados en el Impuesto al Valor Agregado) de los consumos dañinos para la salud y para los ecosistemas locales y la biosfera.

El hecho es que la especialización productiva en la extracción de recursos naturales sin o escasa elaboración llegó a su límite económico y ambiental, con la disminución de las leyes del mineral de cobre o los límites ambientales a la acuicultura como ejemplos emblemáticos. Avanzar a un modelo de desarrollo equitativo y sostenible debe tener como pilares un crecimiento basado en salarios y en inversión en nuevos sectores dinámicos, incluyendo la industrialización sostenible de recursos naturales en un esquema de economía circular y de encadenamientos hacia atrás (en servicios tecnológicos de punta y en industria metálica y sistemas de transporte especializados) y hacia adelante (en refinería y fundición de cobre y en baterías de distinta tecnología al servicio de la expansión de la  electromovilidad), mejorando tanto la inserción en las cadenas globales de valor como la dinamización de las economías locales. 

Un requisito de un cambio estratégico de este tipo es el fortalecimiento sustancial de la investigación y desarrollo tecnológico endógenos, junto a la fijación de precios sociales ambientales (a través de impuestos al daño ambiental y otros instrumentos) para asegurar la sostenibilidad del uso de recursos, la resiliencia de los ecosistemas y la preservación y ampliación de los bienes comunes de los que el país dispone. El gasto en Investigación y Desarrollo total ha venido declinando en Chile desde el 0,39% del PIB en 2013 hasta el 0,35% en 2018, último año para el que se dispone de datos homologados por la OCDE. Este gasto es casi enteramente gubernamental, a pesar de la desgravación de que gozan los gastos de I+D en la tributación de las empresas. El más alto gasto público realizado en este ámbito en países emblemáticos del sistema económico mundial es el de 1,3%, 1,1% y 1,0% del PIB en China, Corea del Sur y Noruega, respectivamente. Le siguen el 0,9% de Alemania y el 0,7% de Estados Unidos (que decidió recientemente incrementar ese gasto público para no perder capacidad tecnológica frente a China) y de Japón, con datos de la OCDE para 2018. El número de investigadores por cada mil ocupados es de 8,9 en promedio en la OCDE (y alrededor de 15 en Corea del Sur, Suecia y Finlandia, que lideran este indicador en el mundo), en contraste con solo 1,1 en Chile.


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