El populismo invertido: tarifas y elecciones

Se suele decir que los gobiernos son proclives a las conductas populistas. Desde los acontecimientos de octubre de 2019 y luego la pandemia, por ejemplo, el anterior gobierno congeló diversas tarifas, incluyendo la de la electricidad, en vez de privilegiar más transparentes subsidios directos a los grupos de menos ingresos y a los sectores medios sin alterar el funcionamiento de las empresas que prestan el servicio público.

En el caso de las tarifas eléctricas, se ha producido un brusco ajuste, luego de aprobarse una ley en la materia el 10 de abril. Esta ley "de estabilización tarifaria" contempla tres alzas: la primera entró en vigencia el 1 de julio pasado, la segunda lo hará en octubre y la tercera en enero de 2025. El incremento total llegará al 60%. Estas alzas buscan saldar la deuda de US$6.000 millones con las empresas eléctricas tras el congelamiento de las tarifas, sin que en paralelo se haya cambiado el sistema de fijación de tarifas para reflejar la baja en el costo de la generación eléctrica que se ha producido con el avance de las energía renovables, más baratas que la generación térmica con hidrocarburos. Sus altas tarifas prevalecen en la mayoría de los contratos del sector regulado desde 2015.

El actual gobierno parece funcionar con una suerte de "populismo invertido": pone a prueba el bolsillo y los ingresos de la mayoría en momentos electorales cruciales. Sin ir más lejos, no corrigió el ajuste de -23% del gasto público, único en el mundo por su magnitud, programada por el gobierno saliente de Sebastián Piñera para 2022. Esto impidió un "aterrizaje suave", que suelen buscar normalmente los gobiernos, y ayudó a provocar una recesión y caídas del empleo, con remuneraciones afectadas por la inflación, precisamente en el período previo al voto del proyecto de nueva constitución de la Convención.

Ahora, a semanas de una elección municipal y regional, se producirá un alza de las cuentas de la luz, que será de hasta un 23% a contar del 1 de octubre. Se distinguen tres grupos de consumidores residenciales: entre los 0 y 180 KWh mensuales, de 180 a 400 KWh y los que superan los 400 KWh. El segundo grupo sufrirá la mayor alza, la llamada clase media. En la Región Metropolitana, las alzas serán de 18% para el primer grupo, de 36% para el segundo y de 30% para el tercero. En Valparaíso, de 25% para el primero, de 42% para el segundo y de 36% para el grupo más alto. Y en la Región del Biobío, de 25% para el primero, de 39% para el segundo y de 33% para el más alto.

Si se hubiera fijado el alza para el 1 de noviembre, no hubiera cambiado ningún parámetro técnico fundamental. Pero hay autoridades que no están para consideraciones menores.

La evolución de la desigualdad de ingresos en Chile desde 1990 a 2022

En Diario Usach

Chile sigue exhibiendo una  desigualdad económica elevada. La situación de distribución regresiva del ingreso hacia 1990 fue producto de la fuerte recomposición estructural de los activos en el período de dictadura de 1973-1989 y de sucesivas oleadas de privatizaciones. La restauración patrimonial de gran envergadura, revirtió los procesos previos de reforma agraria y nacionalización del cobre de 1967-73 y de conformación de un área estatal industrial y de distribución en 1971-73. El nivel de concentración de los activos productivos y en los mercados de bienes y factores se mantiene estructuralmente elevado, mientras el tipo de inserción internacional induce una búsqueda de competitividad en bajos salarios y en el acceso a bajo costo a recursos naturales antes que en la innovación productiva.

La información que se reseña en el cuadro más abajo presenta los diversos indicadores de distribución del ingreso para Chile entre 1990 y 2022, obtenidos a partir de las encuestas de ingresos de los hogares de Caracterización Socio-Económica Nacional (CASEN) encargadas por el gobierno, producidos por los órganos oficiales y por instituciones internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial y la OCDE, cada cual con sus propias metodologías de cálculo. 

El coeficiente de Gini, en la medición del Banco Mundial, pasó de 0,57 en 1990 a 0,53 en 2000, a 0,47 en 2011 y a 0,43 en 2022 (las mediciones de la CEPAL, del PNUD y del gobierno de Chile son algo distintas, pero muestran una evolución similar, lo que también ocurre con la estimación de la OCDE desde 2009). El índice de Palma, que mide la relación de ingresos promedio del 10% más rico y del 40% de menos ingresos, mostró también un alto valor inicial en 1990 de 4,7, el que se redujo hacia el año 2000 a 3,7, luego a 2,7 en 2011 y a 2,4 en 2022, siguiendo la serie de datos de la OCDE, con un deterioro en la crisis de 2020 y una posterior recuperación. 

El indicador de la participación del 10% más rico en el ingreso total del Banco Mundial pasó, por su parte, desde la muy alta cifra de 47,1% del total en 1990 a una de 42,6% en 2000, de 37,9 en 2006 y a 34,5% en 2022. Las estimaciones del indicador de concentración del ingreso antes de impuestos en el 10% más rico realizadas por el World Inequality Lab, señalan que pasó de 62,5% en 1990 a 67,1% en 2011 y a 59,0% en 2020-22. Por su parte, Larrañaga, Echecopar & Grau (2022) reconsideran la participación del 10% de ingresos más altos  y calculan que fue de 18 puntos porcentuales mayor en 2003-2017 que lo estimado por la encuesta oficial CASEN. Realizan correcciones a los ingresos del capital con datos que provienen de las cuentas nacionales y de registros administrativos. Sus resultados corregidos muestran incrementos de la desigualdad de ingresos entre 2003 y 2011 y disminuciones posteriores, medidas por el índice de Palma. 

En el mismo sentido, las estimaciones del indicador de concentración en el 1% más rico de los ingresos del World Inequality Lab, que recurre a datos complementarios de impuestos a partir del trabajo de Flores et al (2019), señalan que alcanzó un 25,9% del ingreso nacional antes de impuestos en 1990, luego un máximo de 28,3% en 2006 y experimentó una disminución posterior a un 23,7% en 2020-22.

De acuerdo a la OCDE (con datos de países seleccionados entre 2017 y 2023), el coeficiente de Gini del ingreso disponible más elevado es el de 0,62 para Sudáfrica. En una posición intermedia se sitúa Chile, con un coeficiente de 0,45, similar al de Brasil, mientras es de 0,40 en México y Estados Unidos. Este coeficiente baja a niveles de 0,30 en países europeos como Francia y Alemania y a menos de 0,26 en Dinamarca y cuatro países de Europa Central. Por su parte, el índice de Palma, también medido por la OCDE, muestra un registro en Chile de 2,4 en 2022 y de 1,8 en Estados Unidos, mientras catorce países europeos presentaron uno igual o inferior a uno, siendo Eslovaquia el país menos desigual con un índice de Palma de 0,7. La medición de desigualdad realizada según el criterio de concentración del ingreso antes de impuestos en el 1% más rico de la distribución, estimada por el World Inequality Lab para 2022, indica que Chile se sitúa en un lugar superior al promedio de América Latina y al de África y 11º en el mundo, después de Maldivas, Mozambique, República Centroafricana, México, Camboya, Myanmar, Angola, Perú, Bahrein y Rusia.

En suma, entre 1990 y 2022 se ha evidenciado una tendencia a una mejoría distributiva, pero la desigualdad de ingresos permanece en niveles comparativamente elevados, por debajo de los más altos pero muy por encima de los más bajos.