lunes, 29 de mayo de 2017

Lo que está en juego en 2017


La derecha y en Frente Amplio tendrán el 2 de julio sus primarias, en las que vencerá con alta probabilidad en la primera Sebastián Piñera, mientras en la segunda las encuestas favorecen a Beatriz Sánchez. Piñera ha detallado su programa, que incluye bajar la tasa de impuestos a las empresas y descontar su pago en 100% (y no en 65% como ocurre desde la reforma de 2015) del impuesto a la renta, además de no avanzar en la gratuidad en la educación superior, “revisar” la reforma laboral y fortalecer las AFP con un 4% de mayor cotización destinada a los fondos que administran. No parece una exageración afirmar que si Piñera es elegido de nuevo presidente, en medio de una apuesta incierta por recuperar el crecimiento al 4% o más, los ricos pagarán menos impuestos, muchos estudiantes seguirán endeudándose, los sindicatos se debilitarán todavía más, las AFP tendrán mayores utilidades sobrenormales a costa de los trabajadores, las Isapres mantendrán sus también altas utilidades a cambio de coberturas inciertas para los sectores medios que pagan por sus seguros y las pensiones seguirán siendo muy bajas. El crecimiento no se recupera por meras expectativas creadas por la reinstalación de uno de los financistas más prósperos del país –que en todo caso administra sus fondos a partir de paraísos fiscales- en la presidencia. Requiere en el corto plazo de una política fiscal más activa y en el mediano plazo de una política industrial y de incremento de la innovación en base a más inversión pública y más investigación y desarrollo.

En el caso del Frente Amplio, la primaria marcará el inicio de su posible conformación como alternativa política en algún momento, siempre que los protagonismos de unas y otras de sus caras visibles, en tiempos de individualismo exacerbado, lo permitan. Eso sí, de su programa todavía no se conoce nada, pues está en consulta en su base.

Alejandro Guillier, por su parte, ha optado por darse más tiempo para conformar sus propuestas, aunque en su discurso destaca un fuerte compromiso con la descentralización, lo que es muy positivo frente al estancamiento que exhibe hoy este proceso, incluyendo la indispensable elección directa de las autoridades (gobernadores) regionales. ¿Se constituirá ahora un bloque de signo progresista detrás de Guillier? La decisión de empujar su candidatura como independiente con firmas propias no abunda en esa línea. Las características que tendrá su programa tal vez nos podrán ilustrar en esta materia, en medio de la persistente dispersión del centro y de la izquierda, que favorecen la reelección de Piñera. La condición para que esto no ocurra es que las heridas en el camino no sean demasiado grandes, que en el Frente Amplio no prime la idea de que la derecha y la centroizquierda son lo mismo y en la DC la idea que más vale apoyar a la derecha que a la izquierda. Pero sobre todo se requiere que en una segunda vuelta confluyan propuestas y compromisos de gobierno claros y capaces de suscitar una adhesión mayoritaria para los que quieran evitar el retorno de la derecha. Mientras tanto, persisten urgencias que no encuentran aún muchas respuestas.

La primera es la creación de empleo. La economía ha ido perdiendo desde 2013 la capacidad de crear empleos asalariados de buena calidad, lo que afecta a muchas familias. Revertir esta situación supone una política económica más fuertemente contracíclica para crecer al menos a un tres por ciento al año en el corto plazo, junto a una nueva política industrial que apueste por más programas estratégicos de magnitud como la reconversión generalizada hacia las energías renovables no convencionales (solar, eólica, geotérmica, biomasa), como un fuerte programa de inversiones de CODELCO y la creación de un complejo industrial nacional a partir del litio y las baterías de litio que sea central en la cadena de valor de la moderna industria global del transporte eléctrico, creando una Empresa Nacional del Litio, como el fortalecimiento de la industria alimentaria saludable que nos distinga en el mundo y como la expansión del turismo de calidad. Estas  iniciativas estratégicas son intensivas en la creación de empleo, reactivan las economías locales, reinsertan a los desempleados de larga duración, junto a una reactivación de la inversión pública en infraestructura y programas públicos de empleo de servicio a las personas.

En segundo lugar, para que el trabajo no sea un espacio de abuso contra las personas, no puede tardar una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo por necesidades económicas con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación obligatoria y a  programas de empleo temporal, junto a incrementos progresivos del salario mínimo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concursos anónimos y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en contrataciones y despidos.

En tercer lugar, no puede seguir esperando la reforma a la educación. Esta debe ampliar la gratuidad con prioridad en el fin de los copagos en la escuela para que sea efectivamente gratuita, sin fines de lucro y sin discriminaciones, y fortaleciendo a la futura escuela pública desmunicipalizada con un financiamiento básico a los establecimientos. La gratuidad debe extenderse en la educación superior técnico profesional, empezando por el nuevo sector estatal en formación. La gratuidad universitaria debiera concentrarse en las universidades públicas y no incluir a las familias del 15% de ingresos superiores mientras no aumente el bajo nivel de impuesto a la renta que pagan en Chile. Las universidades estatales deben reformarse para estar al servicio del desarrollo y aumentar su cobertura con un horizonte del 40% de la matrícula a fines del próximo gobierno. ¿Puede soslayarse sacar del sistema a las universidades e institutos con fines de lucro y los que no cumplen con requisitos mínimos de excelencia?  Tampoco puede soslayarse separar con urgencia en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada, con un nuevo servicio público profesional de atención de la infancia que reconocozca el fracaso del SENAME, y la rehabilitación de los jóvenes infractores de ley.

En cuarto lugar, el retraso de la modernización de los servicios públicos de salud no puede seguir sin reacción. ¿Puede seguir esperando que el nivel primario de atención no aumente su capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas? ¿Puede retrasarse un más fuerte programa de contención de la epidemia de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria, articulado con el sistema educacional y los centros de trabajo? ¿Puede esperar el aumento de la tasa de uso de la infraestructura pública y un nuevo régimen estatutario para los médicos (mediante mayores salarios a cambio de dedicación de jornada completa)? Desde luego debe ponerse fin a la externalización de prestaciones garantizadas con un alto costo público y retormarse el proyecto de crear un fondo unificado de cotizaciones de salud, transformando en optativos y complementarios los seguros privados, en todo caso mejor regulados para evitar discriminaciones por preexistencias, por edad y por género. Ese fondo unificado debiera financiar, junto a los impuestos generales,  las inversiones en infraestructura (sin concesiones cuando demuestren ser más caras e ineficientes que la gestión pública), la generalización de  acciones y exámenes preventivos,  la salud primaria y de urgencia, las licencias médicas de todos los usuarios y ampliaciones del GES-Auge, incluyendo un mayor acceso garantizado a los medicamentos según los protocolos de tratamiento.

En quinto lugar, Chile no resiste más la administración privada parasitaria de la seguridad social, que el tardío proyecto de reforma del gobierno no cambia en absoluto. ¿Por qué no dar de una vez un rol central al pilar solidario de pensiones y proponerse llevar la pensión básica a 350 mil pesos en 2022 según aumenten las capacidades recaudatorias del Estado (lo que supondrá pasar de un gasto de 0,7 del PIB actual a un 2% del PIB) para todos los mayores de 65 años?. Un pilar público de pensiones contributivas de reparto debiera dar un mínimo de certeza a las jubilaciones con el 10% actual de cotizaciones salariales obligatorias que financie los derechos previsionales adquiridos en la vida activa (medidos en meses acumulados de cotizaciones) y aumentar su nivel actual, lo que supone otorgar incentivos a las mujeres y hombres que opten por alargar su vida salarial activa. Las AFP debieran ser instrumentos voluntarios de mercado y dejar de recibir cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas de manera complementaria, con en todo caso tablas ajustadas a la esperanza de vida efectiva y sin discriminación de género para las rentas vitalicias.

En sexto lugar, el actual proceso de destrucción de la naturaleza en manos de intereses privados es inaceptable para las actuales y  las futuras generaciones y debe partir remediándose con la rápida transición a las energías renovables no tradicionales, junto a la reconstrucción y protección del patrimonio natural, haciendo efectiva la consolidación de la Red de Parques Nacionales, y en especial la de la nueva red Patagónica. ¿Qué impide que los chilenos vuelvan a tener control de los recursos comunes, reemplazando la ley de concesiones mineras indefinidas por concesiones temporales y condicionadas al pago de una renta apropiada y a una explotación sustentable, ampliando la de carácter público, y derogando una ley de pesca dictada desde las empresas del sector? El agua debe ser renacionalizada, mediante derechos de agua que permitan su uso racional al servicio de las comunidades y de la actividad económica y no como propiedad privada de las grandes empresas. El Estado debe asumir los nuevos riesgos que emanan del cambio climático y establecer una explotación forestal, agrícola y pesquera sustentable con un nuevo ordenamiento territorial, junto a un reforzamiento de los sistemas de protección ante las emergencias y catástrofes.

Estos no son todos los problemas públicos a discutir, pero son al menos parte de los más significativos, ya sea que se opte por una u otra solución frente a ellos y las consiguientes reformas institucionales que las viabilicen. Pero brillan todavía por su ausencia en el debate presidencial.

martes, 16 de mayo de 2017

Comentario del 16 de mayo

En Facebook


Me pregunta un periodista si antes de intervenir sobre el tema del patrimonio del PS he hablado con Alvaro Elizalde o si lo he hecho después. Le señalé que no he hablado con él desde hace más de un año, y eso fue en un seminario en el extranjero. Mi reacción fue la de alguien que ya no es del PS pero que defiende el mecanismo de aseguramiento de un mínimo de independencia financiera del PS que concebimos a fines de los años 90, y que hoy se confunde con corrupción y colusión con grandes empresas, cuando se trataba precisamente de lo contrario. Hay mala fe y manipulación manifiesta de los medios de comunicación de derecha. Y no contribuye a una discusión racional el explicable ambiente de irritación de quienes de buena fe han conocido la evidencia de la colusión del poder económico con buena parte del sistema político, empezando con Novoa, Longueira, Van Rysselberghe, para no hablar de Piñera que es la fusión del poder político y el del dinero (2,7 mil millones de dólares de fortuna según Forbes, gestionada básicamente en paraísos fiscales) en una misma persona. Pero que sobre todo han reaccionado con justo enojo frente al aporte de los grandes grupos a las campañas de Frei, Bachelet y Marco Enríquez-Ominami, además de las de múltiples parlamentarios de la Concertación y la Nueva Mayoría. En el caso del PS, ese enojo se extiende a Fulvio Rossi, que ha sido objeto de investigación judicial por eventuales ilegalidades al recibir cercanos a él dinero de Angelini y Sqm, y a Camilo Escalona y Clemira Pacheco que recibieron por vías legales aportes de campaña de las empresas pesqueras. Pero se trata de situaciones individuales. En mi opinión son reprochables y el PS debiera establecerlo así. Y no lo hace. Junto a la renuncia a un programa efectivo de lucha contra las desigualdades, esa es una de las razones de mi renuncia al Ps en agosto de 2016.

Pero eso no implica no defender el mecanismo de gestión del patrimonio del PS, que funcionó como un fideicomiso ciego de hecho (por eso, aunque muchos me insulten, los dirigentes voluntariamente no estábamos al tanto del detalle de las inversiones y al firmar los balances no solicitábamos la especificidad de la gestión patromonial), pero en el que debimos haber definido criterios más estrictos de inversión y haberlos limitado a instrumentos públicos. Hoy lo importante es que la ley regula la gestión de patrimonios partidarios como fideicomiso ciego y que el PS ha comprometido altos estándares en la gestión del patrimonio, que ojalá implique la restricción de la inversión a instrumentos únicamente públicos para evitar de raíz todo conflicto de interés. Pero no tiene sentido pedirle a un partido que no resguarde su independencia financiera y, por tanto, política. Hacerlo es caer en la histeria y la irracionalidad.

viernes, 5 de mayo de 2017

Análisis político del 4 de mayo


El escenario presidencial se va precisando.
La derecha tendrá el 2 de julio sus primarias, en las que vencerá con alta probabilidad, según las encuestas conocidas, Sebastián Piñera. Pero en ellas Manuel Ossandón y Felipe Kast construirán con bastante seguridad buena parte del argumentario en materia de probidad y conflictos de interés que estará a disposición de los contendores de Piñera en la primera vuelta presidencial del 19 de noviembre. Piñera ha, además, detallado su programa, que incluye bajar la tasa de impuestos a las empresas y descontar su pago en 100% (y no en 65% como ocurre desde la reforma de 2015) del impuesto a la renta, además de no avanzar en la gratuidad en la educación superior, "revisar" la reforma laboral y fortalecer las AFP con un 4% de mayor cotización obligatoria. Si Piñera es de nuevo presidente, los ricos pagarán menos impuestos, muchos estudiantes seguirán endeudándose, los sindicatos se debilitarán todavia más, las AFP seguirán ganando mucho dinero a costa de los trabajadores y las pensiones seguirán siendo muy bajas,
El Frente Amplio, por su parte, reunió 42.813 firmas para inscribir sus primarias antes del 3 de mayo. Si no ocurre algún accidente en la validación con el Servel (como le ocurrió a Andrés Velasco, cuyo nuevo partido quedó disuelto), Alberto Mayol y Beatriz Sánchez competirán el 2 de julio -sin incluir a Navarro y Rendón en una expresión de estrechez más que de amplitud- en una primaria que será un hito y marcará el inicio de su conformación como alternativa política. Eso sí, de su programa todavía no se conoce nada, pues está en consulta en su base. 
La DC decidió, como era previsible, llevar a Carolina Goic a la primera vuelta del 19 de noviembre y de ese modo fracturó a la Nueva Mayoría. Señala que mantendrá su compromiso con el gobierno, pero lo primero que hicieron sus diputados fue votar esta semana con la derecha en un proyecto de ley sobre la infancia. Es muy posible que la línea DC de "boicot interno" se profundice en los meses que vienen, poniendo al gobierno en una situación difícil para cerrar varias de sus legislaciones emblemáticas (como el aborto por tres causales, la nueva educación escolar pública o la reforma a la educación superior). Se configura así una creciente autonomización de la DC y una confluencia con la derecha en aras de "volver al centro" y de "recuperar su identidad", más allá de las declaraciones de su abanderada y de sus dirigentes. Las dinámicas políticas son lo que son y van más allá de las intenciones declaradas.
Esto deja sin una estrategia muy clara al ala de centro e izquierda laica de la Nueva Mayoría (PR, PPD, PS, PC). Todo esto se origina el 9 de abril en el apoyo a Alejandro Guillier desde el PS, pues infligirle una derrota sin contemplaciones a Ricardo Lagos impactó negativamente en la DC. Se supone que no se buscaba la ruptura con ese partido, la que sin embargo se produjo. La respuesta del PS, PR y PPD, y de manera más cauta el PC, fue cerrar, además, toda puerta a una o dos listas parlamentarias que incluyeran a la DC (probablemente porque una lista única es difícil de hacer calzar con las distintas aspiraciones partidarias y una lista con la DC no conviene por separado ni al PR, ni al PPD ni al PS y no es imaginable con el PC) en un contexto de competencia presidencial. De nuevo: en política existen las consecuencias no buscadas de las acciones que se realizan para otros fines.
La Nueva Mayoría podría tal vez haber salvado una primaria-y de paso su unidad política para un mejor término del actual gobierno y una proyección futura- si la dirección del PS de Isabel Allende hubiera mantenido la consulta abierta para elegir un candidato de sus filas, lo que hubiera implicado dirimir entre Fernando Atria y José Miguel Insulza. Así, el PS hubiera presentado a una primaria a Atria o Insulza, el PPD a Lagos y el PR a Guillier, disminuyendo la percepción de amenaza para una candidatura de Goic en primarias. Pero eso ya es interpretación retrospectiva.
En términos prospectivos, ¿se constituirá ahora un bloque de centro e izquierda laica detrás de Guillier que procure un pacto de apoyo mutuo en segunda vuelta con la DC, el Frente Amplio y otras expresiones de izquierda que se presenten a una primera vuelta? La decisión de Guillier de empujar su candidatura como independiente con firmas propias no abunda en esa línea, como tampoco la amenaza DC de no apoyar a Guillier en segunda vuelta el 17 de diciembre si se la obliga a ir sola a la elección parlamentaria, con un riesgo de disminuir su electividad. 
El momento político es todavía uno signado por un importante grado de confusión, y en todo caso de dispersión aguda del centro y de la izquierda, sin que se vislumbre por el momento un momento de unidad para impedir el retorno de la derecha, el que debiera ser el que media entre la primera y la segunda vuelta presidencial. La condición para que esto ocurra es que las heridas en el camino no sean demasiado grandes, que en el Frente Amplio no prime la idea de que la derecha y la centroizquierda son lo mismo y en la nueva DC camino propista la idea que más vale apoyar a la derecha que a la izquierda. La consagración de un escenario político de este tipo asegura la vuelta de la derecha al gobierno, y también varios gobiernos de ese signo en el futuro.