Venezuela y la izquierda

¿Qué diríamos en Chile sí al lado de los lugares de votación hubiera puestos de control del partido de gobierno de tarjetas que permiten acceder a bienes básicos, en medio de una grave escasez? ¿No lo llamaríamos cohecho? Sí, es cohecho y manipulación y debe criticarse, aunque también lo hagan los conservadores. Criticable ha sido también que un parlamento ganado por la oposición haya sido desconocido y sustituido por una asamblea constituyente conformada de un modo no representativo. Criticable es una conducción económica basada en las rentas del petróleo y en el endeudamiento, especialmente con China, que según los vaivenes de la coyuntura permite distribuir más o menos subsidios sin una estructura productiva coherente, y, máxima paradoja, con una producción petrolera que decae. Esto no es atribuible primordialmente al boicot externo sino que a la gestión clientelista interna. Lo reprochable en la conducta de Maduro es su voluntad de mantener el poder a toda costa para él y su casta burocrática y militar y no aceptar ninguna alternancia democrática, aunque sea al precio del sacrificio cotidiano de la mayoría social en medio de la hiperinflación, la escasez y el desorden productivo, con un 20% de desempleo y sin ninguna perspectiva de futuro que no sea un eventual y mágico aumento estable del precio del petróleo.

Que el régimen de Maduro sea confrontado por Estados Unidos -teniendo como sustrato el interés por sus recursos petroleros- no lo transforma en un régimen progresista, como tampoco ocurre con el régimen sirio de Al Assad, con los ayatollas en Irán o la Rusia de Putin. Es en este caso un bonapartismo basado en una casta de poder que tolera la corrupción, dominada crecientemente por militares y dispuesta a prolongarse en el control del Estado por cualquier medio, como también es hoy el caso de la Nicaragua de Ortega. El bonapartismo latinoamericano -el concepto de populismo nos parece en exceso vago para el análisis- se opone a las derechas tradicionales pues se construye contra las oligarquías históricamente dominantes y las élites que las sirven. Busca el poder para apoyarse en estructuras estatales clientelares y en la fusión de una nueva elite con una parte del mundo popular. Pero se distingue de las izquierdas republicanas, a pesar de sus políticas que favorecen políticas sociales hacia el mundo popular, por el ejercicio autoritario y caudillista del poder, la restricción de las libertades públicas, el no respeto de la separación de poderes, el rechazo de la alternancia y el uso frecuente de mecanismos plebiscitarios de legitimación. Las izquierdas republicanas, en cambio, se definen por su adhesión a proyectos y no a personas y su cautela de las reglas democráticas y a la voluntad mayoritaria, respetando el derecho de las minorías a transformarse en mayoría, sin perjuicio de reivindicar en determinadas circunstancias el derecho a la defensa propia o a la rebelión frente a la tiranía, el que debe ejercerse en un marco ético y siempre respetando los derechos fundamentales. Para las izquierdas republicanas la transformación social igualitaria y libertaria debe ser consistente, previsible, no crear percepciones de amenaza inútiles y realizarse siempre en democracia para no desnaturalizar sus fines. Su estrategia de transformación de la sociedad es la consolidación de derechos sociales que no sean desmontables por las derechas en contextos de alternancia, manteniendo siempre la legitimidad e integridad de la democracia como un fin en sí mismo y para evitar que las oligarquías tradicionales logren desbordes autoritarios para favorecer sus intereses, como en Chile en 1973-1989.

Mucha gente de izquierda, aunque no le gusta el régimen de Maduro, hace la vista gorda frente a su accionar porque asimila su situación a las feroces agresiones internas y norteamericanas que sufrió Salvador Allende en 1970-1973 y considera legítimo su derecho “a defenderse por cualquier medio”. Pero, aunque sería muy largo detallarlo, la situación se parece bastante poco, entre otras cosas porque la guerra fría terminó, incluyendo la “amenaza soviética”, y Estados Unidos se sitúa estratégicamente frente a América Latina con otras prioridades en el mundo. Chávez y luego Maduro han gobernado desde 1999 comerciando y vendiendo petróleo a Estados Unidos. La nacionalización del petróleo ocurrió en 1976 con Carlos Andrés Pérez (junto a la del hierro en 1975). El régimen mantiene incluso acuerdos con una parte del gran empresariado, aunque ha tomado el control militar de la distribución y de buena parte de la industria y la agricultura, con malos resultados productivos que fueron compensados durante una década con altos precios del petróleo. La muerte de Chávez en 2013 y la caída del precio del petróleo iniciaron la crisis del modelo “bonapartista” venezolano.

Eso no quiere decir que no sean muy condenables las sanciones financieras norteamericanas desde agosto de 2017 a la capacidad de endeudamiento de Venezuela, que en nada ayuda a la democracia y que aplauden los conservadores, cuyo record a favor de la democracia en todas partes y en particular en Chile no es especialmente notorio. Y agudiza una crisis humanitaria de vastas proporciones que se va resolviendo día a día con la emigración de centenares de miles de personas a los más variados países, incluyendo Chile.

Absurda ha sido también la actitud de la oposición venezolana, que luego de haber llegado en febrero en Santo Domingo a un acuerdo razonable con el gobierno para obtener garantías en el proceso electoral, terminó por no estar dispuesta a concordar una fecha de elección, dejando la confrontación como única perspectiva y permitiendo a Maduro realizar todas las maniobras de manipulación electoral que quiso. Venezuela está llegando al extremo de la insensatez política, que solo augura más catástrofes.  Algunos, como el economista Ricardo Haussman, incluso llegan a promover una invasión “humanitaria”. ¡Como si Venezuela no tuviera 115 mil soldados, tanques y aviones de combate y no fuera un país de 30 millones de habitantes, con al menos un tercio que el domingo apoyó a Maduro!

Tomar distancia desde la izquierda en Chile, por coherencia básica con su propio proyecto de cambio, con la conducta de Maduro y la militarización de su régimen, condenando al mismo tiempo las sanciones externas, no supone tener la pretensión de poner como ejemplo la muy imperfecta democracia post 1989. Aquí quien nos gobierna obtuvo el voto de un 27% del padrón electoral, menos que Maduro. El principio de mayoría sigue siendo inefectivo para aprobar leyes fundamentales y los grupos económicos que controlan la economía han legislado en materia tributaria, pesquera y minera de la mano de parlamentarios que defendieron desembozadamente sus intereses, haciendo perder fuertemente -a pesar de avances económicos, sociales y culturales, aunque sin lograr un cambio distributivo de importancia- la legimitad de los actores históricos de la democracia. Se debilitó la participación hasta muy bajos niveles. En Chile no podemos hablar hoy desde ninguna ejemplaridad. Pero si podemos hacerlo desde nuestras convicciones, que incluyen rechazar todo intento de golpe militar en Venezuela y por supuesto cualquier invasión extranjera. Cuando Vargas Llosa dijo hace poco que apoyaría una acción militar “no como algo definitivo sino como algo transitorio” ya sabemos lo que pasó en Chile con esa tesis, que fue la de Frei Montalva: 17 años de dictadura sangrienta que, entre otros horrores, lanzaba al mar a prisioneros vivos desde helicópteros mientras se declaraban tiempos para callar.

Y en Venezuela la solución a la crisis, en la que se ha empeñado como llanero solitario el ex presidente español Rodríguez Zapatero, y aunque allí muy pocos crean en ella, deberá ser política y mediante el diálogo como única alternativa a la confrontación violenta, la que solo conducirá a nuevas tragedias en nuestro continente.

Vieja y nueva izquierda

En Voces La Tercera

Se siguen readecuando las fuerzas políticas no gobernantes ante la nueva administración. La confluencia que produjo la elección de mesas del parlamento se ha desdibujado con las comisiones de diálogo convocadas unilateralmente por el gobierno y con la eventual acusación constitucional contra el ministro de Salud, aunque existe una común posición sobre la objeción a discriminar a los migrantes según el país de origen.

Permanece pendiente una evaluación más amplia en las fuerzas de oposición, que salieron fracturadas de la elección de 2017, especialmente las de centro. Y también en las izquierdas, que se fracturaron antes, en ese espacio que desde distintas tradiciones tiene un particular modo de ver el mundo al privilegiar el valor universal de la dignidad y la igualdad humanas, proponerse dotar a todos/as de derechos fundamentales y representar los intereses del mundo del trabajo y la cultura por sobre los de los dueños históricos del poder y la riqueza. No es posible en ese espacio, para empezar, no dar cuenta y tomar radical distancia de las transgresiones producidas a importantes principios, como la aceptación por algunos de la injerencia indebida del dinero de los grandes grupos económicos en campañas, las connivencias con actos de corrupción y las que se han denunciado con narcotraficantes en espacios locales, así como las inaceptables posturas chauvinistas frente a Bolivia.

¿Y qué sería lo de izquierda en la construcción de una nueva opción de alternancia frente a la derecha que ha vuelto al gobierno? Desde luego no la opción de agrupar en tal o cual partido con tradiciones de izquierda o en frentes nuevos a personas cuyo fin es obtener o mantener cargos públicos o de representación sin mayor proyecto político. Y tampoco la de volver a una ortodoxia que propugne medios de producción estatizados o en vías de serlo, gestionados por una burocracia con algún hálito de discurso anti-elitista y de reivindicación de “los de abajo” con granjerías presupuestarias.

Aunque parezca mirar en exceso hacia el pasado, las distintas izquierdas no perderían el tiempo si volvieran a examinar las ideas de Eugenio González consignadas en el programa del PS de 1947. Vale la pena recordarles lo planteado ya hace 70 años respecto al modelo soviético, del que algunos son aún nostálgicos: “la política inicial de socialización del poder económico se fue convirtiendo en una mera estatización que condujo progresivamente a un régimen de capitalismo de Estado, dirigido por una burocracia que ejerce el poder de forma despótica, sometiendo a una verdadera servidumbre a la clase trabajadora. Dentro del régimen soviético se encuentra suprimida, en general, la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio; pero la forma de capitalismo de Estado, bajo el control de una burocracia política de carácter totalitario, ha invalidado los objetivos esenciales de la revolución socialista(…). El socialismo revolucionario lucha fundamentalmente por el establecimiento de un nuevo régimen de vida y de trabajo en el que se den las mayores posibilidades de expansión de la personalidad humana. Medio indispensable para alcanzarlo es la socialización de los instrumentos de producción, de cambio. Pero en ningún caso acepta la estatización burocrática del poder económico, porque ello conduce necesariamente a la esclavitud política de la clase trabajadora”. Decía González que “el socialismo es la continuidad orgánica de la cultura” y es socializar la economía. Por tanto, sus fines son revolucionarios (“revolucionan”, transforman diríamos hoy, la sociedad capitalista) y democráticos sus métodos.

Las propuestas concretas en el programa de 1947 son poco precisas, pero siempre con la advertencia de que el proceso de socialización del poder económico “deberá evitar cuanto conduzca a una centralización burocrática que esterilizaría las iniciativas creadoras de los trabajadores y abriría paso a nuevas formas de opresión estatal”. Un programa contemporáneo de socialización económica a ser debatido por las izquierdas debería en este sentido apuntar a una organización mixta de la economía que incluya al menos:

• una estrategia de diversificación productiva de largo plazo con vocación de integración latinoamericana mediante un fuerte salto en la investigación y desarrollo en las universidades y empresas, con prioridad a la transición energética hacia renovables y la reconversión a la electromovilidad y la agroalimentación sustentable, y mediante una ampliación sustancial de la inversión en infraestructuras, en tecnologías de la información y en renovación urbana;
• el fortalecimiento del dominio estatal de los recursos del subsuelo y del mar (sin excluir concesiones temporales de explotación cuando convenga al interés general por razones tecnológicas y de eficiencia) y de más zonas territoriales de preservación ecológica y de autonomía indígena;
• un rol mayor del Banco del Estado y CORFO para desconcentrar la economía, junto a un más intenso rol de los tribunales de la competencia;
• una mejor regulación de los precios fundamentales (salarios mínimos, tarifas de servicios básicos; tasa de interés, tipo de cambio) para estabilizar equitativamente la economía frente a los ciclos;
• una mejor provisión estatal de bienes públicos de consumo colectivo (o concesionada temporalmente a terceros cuando convenga al interés general) especialmente en salud pública, transporte, equipamientos urbanos, recreación y cultura, junto a fortalecer la provisión básica estatal de educación y seguridad social (en salud, desempleo, vejez y sobrevivencia).
• la redistribución de ingresos a través de más impuestos progresivos y su transferencia como ingreso universal básico a todos los miembros de la sociedad o a los de menores ingresos o condición desmedrada (pensión solidaria y otras transferencias) mientras persista la desigualdad inequitativa o la economía no genere ingresos suficientes.
• la expansión de la economía social y solidaria (de producción, de intermediación y de consumo), sin fines de lucro o con fines de interés general (que persiguen una cierta rentabilidad pero también otros fines);
• una mejor regulación de las empresas privadas con fines de lucro, en base a reglas laborales con negociación colectiva supra empresa generalizada (salarios, jornadas y otras condiciones mínimas) entre sindicatos y empleadores; a reglas de producción de bienes saludables, durables y reciclables; a reglas de uso sustentable del territorio y a reglas sanitarias y con límites estrictos de emisiones contaminantes, y también con fondos salariales que emanen de la negociación colectiva y que aseguren la participación de los trabajadores en la propiedad y gestión de la empresa.

El programa político de largo plazo de la izquierda debe ser más que nunca la profundización democrática en una nueva institucionalidad de libertades y derechos. Citando de nuevo a González, “no se puede llegar al socialismo sacrificando la libertad de los trabajadores, en cuanto instrumento genuino de toda creación revolucionaria y garantía indispensable para resistir las tendencias hacia la burocratización, la arbitrariedad y el totalitarismo”. Por tanto sus métodos deben ser democráticos, incluyendo, diríamos hoy, actuar en la democracia representativa pluralista y ampliándola a formas de democracia directa y descentralizada con capacidad de disminuir todas las discriminaciones (empezando por las que se originan en el género, la etnia, la orientación sexual o la diferencia física). Pero nunca suprimiendo las libertades, pues “ningún fin puede obtenerse a través de medios que lo niegan: la educación de los trabajadores para el ejercicio de la libertad tiene que hacerse en un ambiente de libertad”. Eso incluye nunca poner en cuestión la alternancia en el poder si así lo decide la mayoría ciudadana, sino realizar transformaciones que no sean reversibles por la derecha en un contexto democrático. Esa es la razón por la que la izquierda, si es democrática, no puede apoyar el inmovilismo en Cuba y la voluntad de perpetuarse en el poder al margen de la ley de Daniel Ortega, Nicolás Maduro o Evo Morales, condenando eso si siempre la intervención externa ilegítima. Los José Antonio Kast deben poder expresarse y organizarse, con el límite de no promover el odio contra terceros o la violencia para subvertir el orden democrático, o bien practicar la apología del crimen. La defensa de la democracia como espacio y límite de la acción política debe ser consistente y sistemática.

Más democracia, socialización estratégica en una economía mixta y sustentable, cultura y medios de subsistencia para todos: ¿no son éstas banderas suficientemente poderosas como para sostener y proyectar las ideas básicas de las izquierdas en el siglo XXI en una nueva síntesis y volver a estructurar una convocatoria mayoritaria de cambio social desde la pluralidad y la diversidad?

El nuevo escenario político: ¿cómo gobernará Piñera?

En Voces La Tercera

Se dio inicio al mandato presidencial 2018-2022 con un cambio de mando marcado por un clima de normalidad institucional, con pocos anuncios políticos presidenciales, salvo el reciente y miope endurecimiento de penas contra lo que Piñera denomina terrorismo en la Araucanía, que es en realidad violencia contra la propiedad, con menos mal pocas excepciones que han resultado en atentados a personas.

La derecha, con el triunfo histórico de su líder -10 puntos de diferencia en la segunda vuelta presidencial de 2017 – sobre la dividida coalición de centro e izquierda, se ha planteado el objetivo de prolongar su gobierno durante dos mandatos. Con ese fin Sebastián Piñera ha adoptado un tono en ciertos aspectos dialogante y propuso como horizonte de su administración, asumiendo que no dispone de mayoría parlamentaria y rebajando expectativas, cinco acuerdos todavía imprecisos en materia de “infancia, seguridad ciudadana, salud oportuna y de calidad para todos, paz en La Araucanía, alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza durante los próximos ocho años”. Dejó fuera de esa agenda los tres temas más controversiales en el debate público en los últimos años: la constitución, la educación y las pensiones.

La derecha que reingresa a La Moneda dispone de una adhesión ciudadana de amplio espectro y del beneplácito del poder económico, pero no cuenta con una capacidad ejecutiva suficiente para avanzar en sus propósitos. Está acotada por la falta de mayoría parlamentaria en el Senado (19 de 43 miembros) y en la Cámara de Diputados (72 de 155 miembros). Los partidos de derecha solo sumaron poco más del 40% de los votos y, a pesar del premio mayoritario del sistema D’Hont y de las circunscripciones de poca población que permanecieron como binominales, no lograron predominar en ninguno de los dos órganos colegisladores.

La oposición parte muy fragmentada y políticamente disminuida por el mal fin del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Para Sebastián Piñera, el hecho de no disponer de mayoría parlamentaria y de haber sido elegido con legitimidad pero con el apoyo de solo el 26,5% de los ciudadanos habilitados para votar (recordemos que la abstención fue de 52%) augura algunos problemas de gobernabilidad. Esto le ocurrió a su manera a Michelle Bachelet, en su caso por los graves problemas de cohesión de su coalición que le hicieron imposible ejercer una mayoría parlamentaria que resultó ser solo teórica en los temas fundamentales.

Una ventaja para el nuevo presidente, sin embargo, es que la coalición conservadora ha mostrado en la campaña y en la conformación del gobierno bastante coherencia, aunque la convivencia entre el polo más conservador representado por la UDI y el más liberal representado por Evolución Política implicará algunas tensiones. Ya se observa algo así con el anuncio de desobediencia de la UDI en el tema de la identidad de género de niños y adolescentes, incluyendo la amenaza del envío de la eventual ley hasta ahora bloqueada por la señora Van Rysselberghe al Tribunal Constitucional. Este ostenta hoy más que nunca una mayoría militantemente instalada -contra toda prudencia- en la defensa de la ideas de la derecha dura y distorsiona de la manera más desembozada la representación democrática. Cambios en la composición y funciones del Tribunal Constitucional y de los quorum antidemocráticos de aprobación de leyes debieran ser parte de las exigencias de la oposición y de sendas reformas constitucionales en los más breves plazos.

En este contexto, es probable que Sebastián Piñera busque un acuerdo estable con la Democracia Cristiana, lo que no le será fácil de obtener si persiste en actos tan regresivos como nombrar en su gobierno a Alberto Cardemil, el famoso subsecretario del Interior que atrasó la entrega de resultados del plebiscito de 1988 y el año pasado se declaró culpable de actos ilícitos de financiamiento ilegal de campañas por el grupo Penta. Además, los parlamentarios DC más afines a la derecha liberal fueron derrotados en la reciente elección, mientras se fortaleció su ala más proclive a la continuidad de los acuerdos con la izquierda. No olvidemos que las expresiones políticas más a la izquierda del espectro político sumaron el 45% del electorado participante y reúnen hoy el 41% de los escaños de la Cámara de Diputados y el 40% de los escaños del Senado. Esto incluye en primer lugar a la izquierda tradicional, constituida por los partidos PS, PPD, PR y PC, con un 24% del voto y 43 diputados y 15 senadores, junto al Pro-País y su cerca de 4% del voto y una diputada y un senador en ejercicio. Y también a la izquierda emergente, agrupada en el Frente Amplio, con 17% del voto y 20 diputados y un senador. Además, hay que considerar a la también emergente Federación Regionalista-Verde-Social, con 2% del voto y cuatro diputados.

La Democracia Cristiana alcanzó poco más de 10% de los votos y suma solo 14 diputados (9% de los escaños) y 6 senadores (14% de los escaños). Es una fuerza hoy debilitada para obtener una negociación con la derecha significativa y con contrapartidas democráticas consistentes (como en algún sentido fue el acuerdo RN-DC de 2012). Además, acuerdos estables de la DC con la derecha probablemente aumentarían los quiebres en sus filas. Aunque se ha manifestado como no disponible para integrar alianzas, en definitiva la DC (con pocas excepciones) concurrió al acuerdo “administrativo” pero con significación política que permitió instalar mesas de oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado el 11 de marzo, a la par que asumía el nuevo presidente. Recordemos que el gobierno de Piñera 1 logró el control de la Cámara en sus cuatro años de ejercicio gracias al apoyo de disidentes DC, lo que ahora no ocurrió.

En los asuntos sustanciales, la nueva oposición se pondrá a prueba en al menos dos temas de agenda para este año 2018. El primero es el relativo al endurecimiento represivo en la Araucanía, en el que no es posible imaginar a personalidades como Francisco Huenchumilla sino en una actitud de oposición a la criminalización de la protesta de los grupos indígenas radicalizados. El segundo es el de la rebaja del impuesto a las utilidades de las empresas a través del fin a la separación parcial de la tributación de empresas y personas, anunciada por el ministro de Hacienda Felipe Larraín. Esta medida busca retrotraer lo avanzado en materia de equidad tributaria en la reforma de 2015, y ya ha sido rechazada por economistas DC como Ricardo Ffrench-Davis, que por el contrario postula separar completamente la tributación a las empresas y a las personas para que el sistema tributario contribuya a disminuir la fractura social chilena. De este empeño la Democracia Cristiana ha sido parte desde su origen y es lo que dio fundamento, junto a la tarea común de recuperación de la democracia, a su alianza con la izquierda desde 1990.

Balances: ¿fin del ciclo socialdemócrata o del ciclo social-liberal?

En Voces La Tercera
Al terminar el segundo gobierno de Michelle Bachelet concluye también un ciclo más largo: el de las administraciones dirigidas por la izquierda de gobierno desde 2000 (con el interregno de Piñera I). ¿Se trata del fin de una suerte de ciclo “socialdemócrata” en Chile? Nuestra tesis, con el grado de subjetividad que supone haber sido parte de los procesos y siendo corresponsable parcial de ellos, es que más que “socialdemócrata” fue un ciclo “social-liberal”. Aunque no necesariamente por diseño, pues se trató más bien de ir haciendo de necesidad virtud, proceso que fue el resultado de las dificultades para impulsar el proyecto original de recuperación de la democracia y su profundización (que se expresó en el programa de gobierno de Patricio Aylwin). Se sumaron las rígidas relaciones de fuerzas existentes en el escenario político de la transición y una suerte de “entropía política”, es decir la pérdida progresiva de la voluntad política transformadora de las fuerzas de inspiración socialcristiana, socialista y socialdemócrata. Se produjo un acomodo de estos mundos a las instituciones del Estado y al poder económico. Y poco a poco se consagró el alejamiento de la ciudadanía movilizada desde 1983 para poner fin a la dictadura y que confió, luego de las penurias vividas, en ser representada por la Concertación en sus aspiraciones de democracia y mejoramiento de su bienestar. Más tarde, se llegó a perfeccionar una cooptación progresiva –consagrada en las reglas de financiamiento de 2003- del sistema político por el poder económico emergido de la dictadura y la aparición de corruptelas que lo desprestigiaron enormemente. La ampliación de la coalición de gobierno al PC no cambió mucho las cosas. El resultado final fue un abstencionismo creciente y divisiones que la mala gestión política no supieron evitar y que abrieron las puertas a sendos triunfos de la derecha en los dos gobiernos de Bachelet.

Pero reconstruyamos un poco los hechos. Los gobiernos del “decenio DC” estuvieron orientados hacia el centro por la naturaleza de sus liderazgos y del período político. El de Aylwin actuó lealmente con una coalición cohesionada en la tarea de replegar a los militares a sus cuarteles (no sin dificultades, como los estallidos del “ejercicio de enlace” de diciembre de 1990 y el “boinazo” de mayo de 1993), restituir el gasto social y democratizar el poder local sin disponer de mayoría parlamentaria, y reinsertar a Chile internacionalmente. Se logró además un alto crecimiento junto a reformas tributarias y laborales, desmintiendo a los neoliberales que auguraban catástrofes. El gobierno de Frei consolidó, en cambio, un proyecto de continuidades y profundizaciones liberales (privatización de las sanitarias, concesiones no siempre justificadas para infraestructura, subsidio de capital a las escuelas privadas para ampliar la jornada escolar, expansión de la educación superior privada, mayor subsidio a la demanda que inauguró una suerte de “capitalismo de los subsidios”, rebaja del impuesto a la renta de los más ricos), incluyendo un intento de validar la auto-amnistía militar en materia de violaciones a los derechos humanos, fracasado por la resistencia de las organizaciones de familiares y, desde el gobierno, del Partido Socialista. 

Esta resistencia no se extendió suficientemente a la impronta liberal de la política económico-social y a la política de ajuste procíclico frente la crisis asiática en 1999. Probablemente desplegar en su totalidad ambas resistencias hubiera puesto en peligro la coalición de gobierno, que estuvo a punto de quebrarse por el tema de derechos humanos, en el que prevaleció la tesis socialista. Terminó por ampliarse la resignación y adaptación al modelo de mercado máximo y Estado mínimo preferido por Frei, Aninat y Massad, con avances en la reforma de la justicia penal y en aumentos del salario mínimo, pero pocas medidas redistributivas y desconcentradoras. Fue el inicio de la derrota del sector de la coalición llamado por la prensa “autoflagelante”. El resultado es que se detuvo por entonces el proyecto de profundización social y democrática, cuyos partidarios nos volcamos a preparar el cambio de liderazgo de la coalición y a abrir una “etapa socialdemócrata”. 

La opción de Ricardo Lagos (“crecer con igualdad”) ganó por 70% en la primaria de la coalición de gobierno, pero por muy poco en la segunda vuelta presidencial de 2000, frente a una derecha recompuesta y con un centro debilitado y desgastado por la crisis económica. Tuvo un impulso inicial por la validación de las capacidades gubernamentales de aquella parte de la izquierda que participó en el decenio DC y sobre todo por la promesa futura explícita de a) hacer avanzar la justicia (“que las instituciones funcionen”); b) establecer nuevos equilibrios de poder con reformas constitucionales profundas; c) avanzar en libertades civiles y derechos de la mujer; d) construir políticas sociales activas con más tributos y gasto público redistributivo; e) una política macroeconómica contracíclica que evitara crisis como la de 1999, enfrentada con métodos ortodoxos, y garantizara más inversión y gasto social y territorial; y e) una diversificación económica en el largo plazo. Los “años socialdemócratas” de Lagos y Bachelet tuvieron en esencia esos ejes programáticos y en virtud de ellos es que deben evaluarse.

En materia de justicia, si bien su logro no ha sido completo, se avanzó considerablemente, al punto que hoy no se discute sobre si deben o no estar en prisión los violadores de los derechos humanos sino sobre el tipo de cárcel que debe confinarlos. En materia democrática, estamos lejos de los ejercicios de enlace. Lagos se propuso y logró asentar el poder civil sobre las FF.AA, sin facultades y sin mayoría parlamentaria, lo que además quedó básicamente resuelto en las reformas constitucionales de 2005. Este fue un gran mérito suyo. Pero cometió el error de insinuar que no debía seguir el ciclo de cambio hasta su culminación en un ejercicio constituyente legítimo y concordado. El resultado de no abordar de frente el tema de la nueva constitución ha sido la persistencia de dos candados cruciales de los diseñados por los autores de la “democracia protegida” y que limitan gravemente la soberanía popular en Chile: los quorum supra-mayoritarios de aprobación de leyes y el rol de tercera cámara legislativa del Tribunal Constitucional. Esto se ha acentuado con la actual mayoría de derecha en el hoy más políticamente desenfadado de los tribunales que conozca la historia de Chile. Lo que la derecha no gana en las urnas lo sigue obteniendo con las trampas constitucionales. 

Resulta muy difícil de entender que Lagos haya declarado en su momento que había una constitución de 2005 (lo que hay es una de 1980 remendada, decadente e indefendible, al punto que a nadie se le ocurre distribuirla en los colegios o proponerla de ejemplo a otros países). Y que Bachelet haya enviado al parlamento un proyecto de nueva constitución en los cinco últimos días de su segundo gobierno y no en los primeros cinco días de su primer gobierno. El liderazgo presidencial de izquierda cedió en este tema ante la derecha y los conservadores de su propia coalición de gobierno, dejando un gran pasivo simbólico y político. En el límite de lo inexcusable. En cambio, fue un importante paso haber logrado el fin del sistema binominal -aunque su principal efecto político haya sido institucionalizar la división de la izquierda y de ésta con el centro- y la elección de gobernadores regionales para darle más vida a la representación y a la descentralización política en el futuro próximo. Las normas de prohibición del financiamiento empresarial de campañas de 2016 fueron también un gran avance.

El aborto en tres causales logrado gracias al liderazgo de Bachelet, que superó milagrosamente el escollo del Tribunal Constitucional, ha sido un gran éxito, junto al Acuerdo de Unión Civil. En materia de derechos civiles, se sumaron a la abolición de la pena de muerte y al divorcio obtenidos en el gobierno de Lagos. Chile se modernizó en este ámbito gracias al liderazgo resuelto de ambos presidentes de izquierda. 

En materia de protección social, el seguro de desempleo, la prohibición del trabajo infantil, los 12 años de educación obligatoria, el plan Auge en salud, el programa Chile Solidario y la institucionalidad cultural de Lagos, así como las pensiones básicas solidarias, el programa infantil Chile Crece Contigo, el fin gradual de los copagos escolares en la educación subvencionada, la gratuidad para el 60% en educación superior de Bachelet y muchas otras iniciativas son avances incuestionables y meritorios, incluyendo el escaso royalty minero y la barroca reforma a la tributación de las empresas. Podrían constituir un “proto Estado de bienestar” que en algo equilibre la gigantesca distancia de ingresos y patrimonio existente en Chile (el 1% más rico controla 1/3 de los ingresos devengados). Pero todo esto se quedó muy corto. En efecto, la OCDE hace notar que el gasto en protección social en Chile es sustancialmente más bajo que el promedio de sus países miembros y no ha cambiado (11,0% del PIB en 1990 y 11,2% en 2015, frente a un 21,0 % de media de la OCDE). En proporción al tamaño de la economía, el gasto en protección social debiera en Chile casi duplicarse para alcanzar ese promedio y contribuir más activamente a la disminución de la pobreza y de la desigualdad. No haber avanzado en procesos redistributivos de cierta significación no es algo de lo que congratularse para gobernantes socialdemócratas. Emblemático es que la reforma al sistema de pensiones no haya sido abordada sino a última hora por la presión social y con fórmulas alambicadas que en esencia mantienen el sistema de AFP, que debiera salir del esquema de seguridad social. 

Este minimalismo de las políticas tributarias y sociales se explica por la tenaz oposición del gran empresariado y sus representantes de derecha, la ausencia de mayoría parlamentaria primero, el condicionamiento y boicot interno después y sobre todo por la pérdida de convicciones (“la tarea número uno de Chile es crecer, todo lo demás es música”, Lagos dixit, agosto de 2017), como si no se pudiera crecer redistribuyendo y cautelando el ambiente. Esto se acompañó por el nombramiento por Lagos y Bachelet de liberales duros en la jefatura económica como Eyzaguirre, Velasco y Valdés para dar absurdas garantías a los poderes fácticos, que nunca van a aprobar reforma alguna. Estos ministros se opusieron a cualquier esquema socialdemócrata de negociación salarial real con sindicatos fuertes, y no solo con empresarios fuertes, a la tributación progresiva y a la redistribución que caracterizan a la socialdemocracia (al que dude de esto se le ruega ver los términos del reciente acuerdo Merkel-SPD en Alemania). 

El hecho es que la gestión económica de los presidentes de izquierda fue bien poco socialdemócrata o siquiera socialcristiana (si nos remitimos meramente a los estándares OCDE, para no hablar de los países nórdicos). Las excepciones principales fueron la política fiscal contra-cíclica inaugurada por Lagos, aunque morigerada erróneamente en el actual gobierno con el resultado de un crecimiento por debajo del potencial, y los límites ambientales a las inversiones mineras defendidos con valentía por Bachelet acompañada de un ministro competetente, deteniendo lo que hay que detener para defender los derechos de las nuevas generaciones sobre los ecosistemas. Sacar a los ministros económicos para terminar con su boicot pro-empresarial se produjo sin consecuencias, demostrando que el chantaje seudotecnocrático de los neoliberales de todo orden no debe aceptarse. Pero la ausencia de política industrial se expresó en el misérrimo gasto de 0,4% del PIB en investigación y desarrollo, que hipotecó toda diversificación moderna de la economía. El acuerdo Bitrán-SQM, que si bien aumenta el royalty de explotación del litio, vino a consagrar la falta de voluntad de castigar de manera ejemplar a una empresa privatizada que quiso comprar el sistema político. No se le quitó por mero ideologismo privatista la incumplida concesión otorgada en los años 90, respecto de la cual se había iniciado un procedimiento legal, y se frustró la oportunidad de iniciar una actividad estatal de extracción y de asociación con privados para desarrollar una industria vinculada a las cadenas globales de electromovilidad y agregar valor a nuestros recursos naturales.

En definitiva, el mérito del ciclo Lagos-Bachelet fue poner temas de cambio estructural en la agenda y correr el límite - al menos simbólico- de lo posible. Su defecto fue frustrar en importante medida su realización por no haber podido, sabido o querido llevarlo a cabo “en la medida de lo necesario”, y en especial dejar crecer la concentración económica hasta niveles intolerables en una democracia. Después del nuevo interregno derechista que ha querido la sociedad, probablemente cansada de la incoherencia de señalizar para un lado y doblar para el otro, un nuevo proyecto habrá de emerger para superar este ciclo. Entender a la sociedad actual desde la izquierda –dejando atrás a aquella que transitó desde el maximalismo voluntarista de los años sesenta al minimalismo resignado de los años recientes- necesitará más que nunca discutir, pensar, recrear sentidos y agrupar y movilizar de manera amplia y sistemática a las fuerzas sociales de cambio. Pero esa ya es tarea de otra generación, que ya ha hecho un buen recorrido y ojalá se dé el tiempo para evaluar las luces y sombras de la experiencia de sus antecesores y dar lugar, ahora en propiedad, a un ciclo socialista democrático consistente y con un proyecto igualitario de transformación social-ecológica de nuestra sociedad frente a sus nuevos retos. 

La nueva etapa

Voces La Tercera

El gabinete anunciado por el presidente electo Sebastián Piñera reúne en los ministerios centrales a personas de su confianza política y personal, con los que ha trabajado por períodos prolongados y en gabinetes de su anterior gobierno. En los ministerios sectoriales ha nombrado a personas de los partidos de su coalición con representación parlamentaria y en diversos casos a especialistas, como en salud, energía, transportes o agricultura (aunque en este último caso se hace un gesto al clan DC de la familia Walker). No es un gabinete de técnicos, sin embargo, pues incorpora a muchas figuras directamente partidistas como los primos Monckeberg y Baldo Prokurica de RN o Hernán Larraín y Felipe Ward de la UDI.

Queda, no obstante, una cierta sensación de debilidad. Dos de los ministros nominados para La Moneda son partícipes directos, en los mismos puestos, de la mayor derrota política de la derecha en los tiempos actuales, la del 15 de diciembre de 2013. El nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia tiene un perfil más volcado a la coordinación interna de gobierno que al vínculo con el parlamento. Desde su victoria el 17 de diciembre, Piñera y su coalición no han logrado aproximarse a lo que parecía una necesidad imperiosa: arrimar al gobierno y a los acuerdos políticos de administración del Congreso -lo que siempre está vinculado- a algún grupo adicional a los de la derecha tradicional, lo que por el momento parece no ocurrirá. La gestión legislativa del nuevo gobierno se acerca, a falta de otra alternativa, a un enfoque caso a caso pero sin un conductor claro para esa difícil tarea, dada la diversidad del nuevo parlamento y la ausencia de mayoría para el nuevo gobierno.

La nominación del futuro ministro de Relaciones Exteriores, que nadie en verdad ha defendido mucho por la curiosidad que representa, tiene una lógica: asegurarse que el conductor cotidiano del área sea el propio presidente. Esto no es necesariamente una buena idea, en tiempos en que se necesita una diplomacia avezada para recomponer las relaciones con los países vecinos del norte y fortalecer aquellas con el continente en general (que enfrenta turbulencias a la vista en Brasil y México, nada menos), junto a una observación muy atenta de las consecuencias para Chile del impredecible actual gobierno de Estados Unidos, para no hablar del vacío frente a la necesidad de fortalecer un vínculo específico más intenso con China, Japón e India. Es de esperar que las relaciones exteriores de Chile no se sigan resintiendo y manteniendo por el canal unívoco y miope dela irritación antiboliviana y en su momento antiperuana.

Los que se resentirán sin lugar a dudas son los terrenos de la educación, el trabajo y los derechos de la mujer, en los que han ocurrido en el actual gobierno reformas rechazadas ideológicamente y con virulencia por la derecha, aunque no hayan tenido una gran radicalidad. El récord en materia de extremos verbales lo ostenta el nuevo ministro de Educación y su defensa acérrima del libre mercado en el área. Se ha nombrado en este caso y en los otros a ministros de discurso previo duro, llamados a conducir contra-reformas. Pero no son de los más fuertes de la actual coalición y más bien lucen como candidatos predeterminados a ser fusibles en caso de complicaciones con el mundo social. La nominación en el ministerio de Cultura de una ejecutiva de la televisión, en este caso del siempre presente en asuntos de poder grupo Luksic, habla por sí sola de la profundidad cultural de la nueva coalición de gobierno. ¿Será esto compensado por la nominación de un escritor local a cargo de las relaciones exteriores? Veremos los próximos capítulos.

Queda la incógnita de la política macroeconómica. Felipe Larraín mostró en el primer gobierno de Piñera un sesgo relativamente keynesiano, que él mismo seguramente no está dispuesto a admitir (dada la virulencia de los economistas ortodoxos en Chile). Supo acompañar los tardíos impulsos fiscales que heredó de la administración anterior y logró una buena tasa de creación de empleo y de crecimiento utilizando las holguras previamente construidas. Logró una razonable salida de crisis. Las holguras hoy día son menores, pero aún existen. No aprovechar las circunstancias externas más favorables para provocar un impulso de crecimiento, coordinando políticas fiscales y monetarias suficientemente expansivas, sería un gran error. Persistir en las equivocadas políticas restrictivas llevadas por la dupla Valdés-Vergara en el actual gobierno mantendría a nuestra economía en una senda inferior a su crecimiento potencial y de reducción de ese crecimiento potencial. El aumento de este último, en lo que cabe a la política de gobierno, pasa por reactivar la deprimida inversión púbica y por aumentar sustancialmente el esfuerzo en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. No es, por el momento, un buen índice de orientación de la política económica hacia el interés general la propuesta programática de Piñera de volver a la integración completa del impuesto a las utilidades de las empresas con el impuesto personal, es decir una fuerte baja de los impuestos a los más ricos, que aumentaría una vez más la desigualdad y restaría recursos para fortalecer el crecimiento a largo plazo. Tampoco es un buen antecedente la cantidad de ministros con vínculos con el grupo Penta y otros de la misma índole, así como la ideologizada postura del nuevo ministro de Economía, contraria a toda estrategia de diversificación productiva fruto de su orientación de caricatura del tipo Chicago Boy. Una política orientada, por ejemplo, a alianzas para pasar a la electromovilidad industrializando el litio y el cobre con actores nacionales no está en su horizonte. El tipo de cambio en valores bajos hará, además, bastante duros los tiempos mejores para la agricultura y la industria. De la nueva ministra del Medio Ambiente no se conoce que piensa en la materia. Es de esperar que su tarea no se remita a permitir ahora sin más las inversiones que dañan el medioambiente y que las mineras Domingas y sus destrucciones de los ecosistemas no sigan campeando en los territorios en los que se explota nuestros recursos naturales.

Finalmente, la proyección del gobierno, en la idea de actuar en un horizonte para la derecha de ocho años, parece haberse depositado por Piñera en la figura de Alfredo Moreno. Se entiende poco que esto pueda ocurrir trasladando a quien preside hoy al gran empresariado corporativo a hacerse cargo del desarrollo social de Chile, en el mismo momento en que se planea rebajar los impuestos a los muy ricos. Será interesante observar qué diseños en la materia se irán evidenciando, si es que existe alguno. Así, en la conformación del gabinete se reconocen rasgos del estilo del presidente electo, que es más bien impulsivo que reposado, más de corto que de largo plazo. Y sobre todo sigue en el aire una pregunta de rigor: ¿volverá a emerger una conducción errática del gobierno frente a las expresiones de la sociedad, que no dejarán de manifestarse de una u otra manera?

2017: el año estelar de la derecha

En Voces La Tercera

En el plano político, 2017 será recordado como el año en que el candidado presidencial de la derecha logró ganar una segunda elección presidencial desde la vuelta a la democracia electiva en 1990. Piñera reunió eficazmente al electorado tradicional de su sector, aquel que vota por un candidato de sus ideas cualquiera éste sea, motivado por sus intereses, convicción ideológica y visión de mundo, electorado que no es menor a alrededor de un 40% de los votantes en el Chile de hoy, es decir los sectores de altos ingresos y buena parte de los sectores medios y populares conservadores. Y también logró la adhesión de cerca de un 15% adicional del electorado, constituido por aquel voto fluctuante que no encontró en la candidatura de Guillier una alternativa creíble y/o quiso expresar un voto de protesta frente al desempeño del gobierno en materia de empleo, educación, salud, seguridad y probidad, sin adscribir necesariamente a la derecha y habiendo votado en muchos casos por parlamentarios de otros sectores.

El curriculum de un presidente con amplios conflictos de interés, ex ministros encausados por cohecho y manejo de su fortuna desde paraísos fiscales, que suele no impresionar mucho al electorado de derecha, tampoco impactó al votante fluctuante. Este electorado sin grandes definiciones ideológicas al parecer privilegió la idea de que un gran empresario, aunque tenga eventuales conductas límites desde el punto de vista del interés público, está en mejores condiciones de empujar a la economía y sus intereses cotidianos que un senador independiente que proviene del periodismo con una coalición dividida. En efecto, el hecho que la Nueva Mayoría en el gobierno se presentara al electorado con dos candidaturas y sin primarias, proyectó una imagen de desorden que se agregó a la imagen de debilidad en la gestión de gobierno, más allá de los avances en diversas áreas. El contraste fue grande con una derecha que expresó su diversidad y divisiones, por momento rudas, pero también mostró capacidad de confluir alrededor del candidato común Piñera y del interés de volver al gobierno.

En materia económica, la política seguida por la actual administración no fue capaz de empujar el crecimiento, que fue sistemáticamente inferior al potencial de la economía, mostrando una notoria impericia en la conducción macroeconómica y en la capacidad de diseñar y explicar reformas en las que muchas de las autoridades simplemente no creían y que eran sin embargo indispensables para el propio crecimiento del país a largo plazo y para su cohesión básica. El Banco Central no colaboró mucho, pues como suele hacer reacciona tarde y poco frente al deterioro de la actividad, terminando el 2017 con apenas 1,5% de crecimiento del PIB y una inflación de 1,9% anual, muy por debajo de rango meta de 3%, lo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de su mandato legal, que no es enfriar sistemáticamente la economía en detrimento del empleo y de las condiciones de vida de las mayorías. La consecuencia de esta política deflacionista ha sido un estancamiento del empleo asalariado y crecimientos fluctuantes de las remuneraciones que enfriaron el primer motor de la economía, el consumo. El segundo motor, la inversión, experimentó una fuerte caída desde 2013, empujada por la inversión minera por razones externas y por la construcción por razones internas, la que inexplicablemente no fue compensada con aumentos contracíclicos de la inversión pública, que disminuyó en los dos últimos años. Un déficit fiscal algo más amplio, financiable a bajo costo, habría sostenido una mayor actividad y, con cierta probabilidad, evitado la rebaja de la nota crediticia chilena provocada por el bajo crecimiento. El tercer motor de la economía, las exportaciones netas, sufrió de un contexto externo que no mejoró hasta 2017. Se consagró así una morosidad económica que fue contrastando con una percepción de buen desempeño del empleo y de las remuneraciones en 2010-2013, lo que favoreció mucho a Piñera. Aunque ese desempeño fue empujado por altos precios del cobre y por las políticas fiscales expansivas post crisis de 2009, el ciudadano de a pie no tiene por qué hacer estas disquisiciones: la situación fue mejor en estos aspectos en 2010-2013 que en 2014-2017, sin discusión.

Estaban así reunidos todos los ingredientes para una nueva derrota de la presidenta Bachelet en la proyección de su campo político. Evitarlo requería una atención mayor de su parte hacia los partidos y la representación parlamentaria que en teoría debía apoyarla. Y nombrar ministros en los puestos claves que creyeran en una política fiscal contracíclica y en reformas estructurales de diversificación productiva, de sustentabilidad ambiental y de disminución de la desigualdad. No lo hizo ni en el plano político ni en el económico-social tanto en su primera (recordemos que el neoliberal Andrés Velasco hoy en la derecha fue su ministro de Hacienda) como su segunda administración. Increiblemente, tuvo que sacar del gobierno el año pasado a un ministro del Interior que la desafiaba abiertamente desde posiciones conservadoras y en agosto de este año a todo su equipo económico por una ortodoxia antiambiental inconducente que no daba para más. Por otro lado, pequeños cambios regulatorios demostraron que Chile puede enfrentar una rápida transición energética a bajos costos, en la que sus ministros no creían demasiado, obsesionados con políticas “procrecimiento” que siempre han confundido con políticas que favorezcan las utilidades rentistas de corto plazo de las grandes corporaciones. En política y en economía, en nombre de las astucias, no se puede señalizar para un lado y doblar para el otro sin consecuencias, porque eso termina en el rechazo de los ciudadanos al desorden y la incoherencia que inevitablemente provocan. El hecho que la presidenta no haya avanzado nada en materia constitucional, más allá de unos interesantes debates, y aún no se conozca su proyecto de nueva Constitución a pocas semanas de dejar el cargo, expresa bien esta situación de falta de coherencia entre los dichos y los hechos en temas cruciales de la agenda pública comprometidos por ella misma.

A pesar de la victoria contundente de Sebastián Piñera en la elección presidencial, fue electo por solo el 26,5% de los habilitados para votar, mientras la derecha no triunfó en la elección parlamentaria. Los chilenos que votaron (un 48% de los habilitados) le dieron a Piñera un voto de mayor confianza relativa, pero sin otorgarle los instrumentos legislativos para un gobierno que vuelva atrás, por ejemplo, en el aborto por tres causales, la reforma tributaria y la laboral, por limitadas que sean. O bien el nuevo gobierno de Piñera busca ampliar su arco parlamentario, lo que parece bastante difícil, o bien abandona esas promesas de campaña, como ya lo hizo en parte en materia de gratuidad educacional. Dicho sea de paso, esto no le resultó tan difícil pues la política del gobierno actual terminó en un gigantesco subsidio injustificado a universidades privadas e institutos de calidad cuestionable, con un alto costo fiscal, en vez de haber fortalecido la educación escolar y universitaria pública, que recibirán mucho menos dinero adicional que varias universidades de negocio.

El hecho es que hoy existe una nueva situación político-partidaria. La Fuerza de Mayoría (PS, PPD, PC, PR) obtuvo en la elección de diputados, dato que mide el estado de las adhesiones públicas a los partidos, un 24% de los votos. El Frente Amplio, un 16,5%. Los partidos Progresista y País, un 3,9%. El MAS e Izquierda Ciudadana un 0,4%. Estas expresiones políticas de izquierda sumaron el 45% del electorado participante. Cabe considerar, además, a la emergente Federación Regionalista Verde, con un 1,9% de los votos, y a la Democracia Cristiana, que reunió el 10,3% de los votos. La derecha tradicional (Chile Vamos) obtuvo el 38,7% de los mismos y la neoderecha (Amplitud y Ciudadanos) el 1,6%, sumando un poco más del 40% del voto expresado, con un premio en la representación parlamentaria por haber ido más unida que sus contendores y dada la mecánica levemente mayoritaria de la cifra repartidora con pocos escaños a repartir que es propia del nuevo sistema electoral. En resumen, entre los que participaron en el voto parlamentario, la izquierda es más que la derecha y bordea la mayoría absoluta. El centro tradicional es hoy muy minoritario. Y la abstención sigue siendo la mayoría absoluta…

La principal fuerza parlamentaria son los tres partidos conservadores agrupados en la coalición Chile Vamos, que obtuvieron 72 de los 155 escaños en disputa en la Cámara de Diputados, a 6 de la mayoría absoluta, y 12 senadores de los 23 en disputa. Pero como el Senado se renueva cada 4 años en la mitad de las 15 regiones, sumó 19 senadores de 43, no logrando tampoco la mayoría absoluta. Le sigue la Fuerza de la Mayoría, que eligió 43 diputados (19 de los cuales del Partido Socialista y 8 de cada uno de los tres partidos restantes, el PC, el PPD y el PR) y 7 senadores, sumando 15 miembros de la cámara alta.

No está claro como evolucionará la oposición. Tal vez se contituya de modo permanente el bloque PS-PC-PPD-PR que apoyó a Guillier en primera vuelta, por razones prácticas de elegibilidad futura o bien adicionalmente buscando dotarse de una identidad de izquierda histórica y reformadora, especialmente si la Democracia Cristiana, con sus 14 diputados y 6 senadores, persiste en una proyección propia a la que es difícil que renuncie. Eventualmente este bloque podría llegar a acuerdos de oposición parlamentaria y social con el Frente Amplio, manteniendo una relación de colaboración parlamentaria y política con la DC, con la Federación Regionalista-Verde y el PRO-País. ¿Se unificará la oposición y avanzará a una renovada fuerza de cambio (un “bloque por los cambios”) con un programa creíble de no retroceso en las reformas, de cambio constitucional y de cambios antineoliberales en educación, salud y pensiones y en cobre, litio y pesca?. No lo sabemos, aunque en esta ocasión, gracias a las reformas del financiamiento de campañas aprobadas en el actual gobierno, el peso del poder económico tendrá, en teoría, menos capacidad de influir en la oposición como lo hizo en el primer gobierno de Piñera, y de manera bastante vergonzosa en el caso del royalty minero y la ley de pesca.

Si no se producen transformaciones de las prácticas políticas (con apego a una estricta probidad e independencia del poder económico, rechazo al clientelismo, vuelta a la sociedad para representar sus intereses mayoritarios, vuelta a la centralidad del proyecto de transformación igualitaria, progresista y sustentable), no habrá una renovada fuerza de cambio que prepare una alternancia en cuatro años, ahora sin figuras providenciales. Habrá tal vez acuerdos por arriba, pero sin proyección ni credibilidad. Seguir igual que siempre prolongaría, con alta probabilidad, el predominio de la derecha en los próximos gobiernos. Poner por delante nuevas prácticas políticas tomará un tiempo, pero, como dice un buen amigo, los buenos días se dan en la mañana. No habrá tiempo que perder para el campo progresista.