Tergiversaciones y sentido del acuerdo en pensiones

Según el acuerdo alcanzado entre el gobierno, el oficialismo y la derecha en el Senado, se producirá un aumento previsto de las pensiones actuales de hasta 2,5 UF mensuales, es decir 96 mil pesos al valor de hoy. El acuerdo permitirá, además, una redistribución de una parte de las cotizaciones hacia todas las mujeres que jubilen para compensar las diferencias en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. 

Los incrementos de pensiones abarcarán a 2,8 millones de personas e implicarán un aumento de entre 14% y 35% de su valor mensual. El conjunto de cambios previstos aumentará sostenidamente la tasa de reemplazo del salario previo por la pensión a un 70% en diversos tramos de ingresos, especialmente considerando la pensión garantizada universal ampliada. Son avances dignos de ser apoyados, aunque sean insuficientes en diversos aspectos. 

Del 7% adicional previsto por el acuerdo:

- un 4,5% podrá ir a las AFP, pero abriéndose la opción de que vaya a nuevas entidades de capitalización individual, incluyendo una participación del Instituto de Previsión Social en la administración de cuentas. El acuerdo no incluyó un ente público de inversión, que irá en un proyecto de ley separado en marzo. 

- un 1,5% irá a aumentar las pensiones actuales de quienes hayan cotizado al menos 20 años en el caso de los hombres y 13 años en el de las mujeres, aumento que será de 0,1 UF por año cotizado con un máximo de 2,5 UF. En principio durará 30 años, disminuirá porcentualmente en el tiempo y será reintegrado a los que paguen esta cotización bajo la forma de un suplemento del fondo de pensión a través de un bono al llegar al momento de la jubilación. 

- un 1% irá a igualar las pensiones de hombres y mujeres con un mismo fondo acumulado, hoy distintas por las diferencias en la esperanza de vida. Esta es mayor en el caso de las mujeres, por lo que hoy se disminuye su pensión mensual en comparación a la de los hombres. Habrá un beneficio mínimo de 0,25 UF mensuales.

La actual oposición debió, después de más de una década de bloqueo, dar curso a algún tipo de mejoría de las pensiones pues no podía mantenerse solo en la defensa acérrima de la función parasitaria de las AFP, que no obtienen rendimientos de los fondos muy distintos a los de cualquier instrumento de ahorro en el mercado y se apropian de utilidades excesivas que se descuentan de las pensiones. Por otro lado, se terminará con los multifondos, reemplazados por fondos generacionales, menos riesgosos a medida que avanza la edad de las personas que cotizan. El seguro de cesantía cubrirá las cotizaciones en caso de desempleo para evitar lagunas.

El acuerdo alcanzado tiene muchas aristas y será objeto de múltiples interpretaciones, pero es de esperar que al menos no haya tergiversaciones flagrantes. Un ángulo de ataque empresarial, y de la prensa que le es dependiente, es el de los bonos reintegrados por la nueva cotización de 1,5%, gestionada por el Seguro Social. Es una fórmula un poco retorcida para evitar que se la denomine de "reparto", sistema que consiste en que las cotizaciones pagan las pensiones mes a mes, a cambio de que la siguiente generación haga lo mismo con los futuros pensionados, los que entre tanto adquieren y registran derechos de pensión cotizando en su vida activa. Esta modalidad, calificada de "cáncer" por la derecha porque supone un sistema público, se aplica en casi todas partes, incluyendo en el sistema previsional de Estados Unidos. Por su parte, la compensación de género por diferencia de esperanza de vida es una medida de redistribución, no de "reparto", que algunos asimilan a cualquier forma de solidaridad. En realidad, el "reparto intergeneracional" es una forma de vínculo entre activos y pasivos para financiar pensiones, que suelen combinarse con ahorros (obligatorios o voluntarios y con descuento tributario en el impuesto a la renta) que se capitalizan. Casi todos los sistemas de pensiones combinan ambos mecanismos, junto a un mínimo financiado con impuestos, en proporciones y mecanismos variados.

Otro ángulo de ataque empresarial es el total de 8,5% de cotización del empleador, que seguirá siendo inferior a la actual cotización de 10% de cargo del trabajador. Se lee en un titular de Emol: "Gremios empresariales advierten efecto negativo del aumento de cotización al 8,5% del acuerdo previsional". Esto no es efectivo, pues el acuerdo señala que habrá una cotización adicional de 7% del salario bruto imponible por parte de los empleadores, que se establecerá de manera progresiva hasta completarse en 9 años. El 1,5% del seguro de invalidez y sobrevivencia ya existe y es pagado por los empleadores (1,38% en la actualidad, cifra que resulta de una licitación periódica a compañías de seguros), por lo que en esta presentación de la noticia es sumado de manera equívoca. Cabe subrayar que sin cotizaciones suficientes no hay pensiones contributivas con una tasa aceptable de reemplazo del salario previo. Es un asunto de aritmética, hoy agravado por las sustanciales utilidades privadas que se sustraen a las pensiones y que alcanzan un tercio del capital invertido por las AFP al año, una cifra a todas luces inaceptable.  La cotización salarial de 10% de 1981 se estableció solo para favorecer el cambio desde las Cajas de Previsión a las nuevas AFP privadas. Las primeras funcionaban con cotizaciones mayores, lo que a la postre redundó comparativamente en menores pensiones de las segundas y en el fracaso de la privatización de las pensiones, emblema del modelo neoliberal impulsado por la dictadura de 1973-89.

La cotización adicional impactará en el costo de contratar, pero tendrá una aplicación gradual y podrá ser absorbida año a año por los aumentos usuales de la productividad del trabajo. La afirmación según la cual "bajarán los salarios líquidos de la clase media" o "bajará el empleo formal" son típicas de los análisis mecánicos del tipo "si todo lo demás permanece constante", lo que no captura una dinámica económica que es mucho más variada y en la que están envueltos otros incentivos expansivos, como subrayan los enfoques neo-schumpeterianos (Aghion y otros, 2021) y la observación evolutiva de los hechos. 

El total cotizado para pensiones será en el futuro de 18,5% del salario bruto, mientras hoy es de 11,5%. Hay quienes señalan que esto es un ahorro forzoso, y efectivamente lo es en la parte capitalizada individualmente. Y es en su conjunto un aporte obligatorio, que existe desde que se inventó la seguridad social en 1880 en Alemania, del mismo modo como son obligatorios los impuestos. Para los enfoques liberales, los impuestos y contribuciones obligatorias afectan siempre a la economía, en circunstancias que buena parte de las de más alta productividad e ingresos son las de más alta presión tributaria y contributiva (quien quiera constatarlo puede revisar las bases de datos de la OCDE, el FMI y el Banco Mundial en la materia). Esto se explica porque al aumentar las capacidades humanas mediante una mayor inversión pública en educación, salud e infraestructuras se aumenta la producción en el largo plazo, mientras la protección con seguros sociales ante los principales riesgos, incluyendo el de llegar a la vejez sin ingresos, aumenta la movilidad de los factores de producción hacia sus sectores más dinámicos y mejora la disposición a innovar, lo que aumenta la productividad media de manera sostenida.

En Chile los impuestos financian la Pensión Garantizada Universal para el 90% de los mayores de 65 años, lo que constituye el grueso de la pensión total para una proporción muy significativa de los jubilados. Esta subirá a 250 mil pesos a partir de febrero de 2025 como parte del acuerdo. Una opción para el futuro es que solo exista el financiamiento tributario obligatorio de esta pensión, y que las contribuciones como porcentaje del salario sean solo complementos de pensión voluntarios, que se ahorren y capitalicen por decisión individual o colectiva en acuerdos de empresa. Pero mientras el ahorro para la jubilación sea muy bajo, entre otras cosas porque los salarios son muy bajos, y no se aumenten los impuestos de las personas de alta riqueza e ingresos mediante una reforma que la derecha hasta aquí ha negado pertinazmente, las cotizaciones obligatorias sobre salarios de un monto suficiente son necesarias para mejorar la situación de los pensionados.

Por otro lado, las entidades privadas que reciben cotizaciones para la capitalización competirán más, dada la futura licitación del 10% de las cuentas de ahorro existentes cada dos años y la incorporación de nuevos participantes, como las Administradoras Generales de Fondos y las cajas de compensación. Esto incluirá la gestión de inversiones y se podrá subcontratar las tareas de administración de cuentas, para lo que se habilita la opción del Instituto de Previsión Social (IPS), disminuyendo las barreras de entrada. A su vez, se ingresará en marzo una ley para la creación de un inversor público, que la derecha se negó a incluir en el acuerdo. Este conjunto reducirá potencialmente las inusuales utilidades de las AFP por cobro de comisiones, aunque ganarán un mercado de 4,5% de cotización obligatoria adicional, salvo que los cotizantes prefieran a los nuevos entes de recaudación e inversión. 

Es un avance institucional importante el que, según el acuerdo, el Instituto de Previsión Social (IPS) pueda administrar en el futuro cuentas previsionales y que se cree un Fondo Autónomo de Protección Previsional para las prestaciones del nuevo Seguro Social Previsional, que serán pagadas por el IPS. El Seguro Social gestionará el 1% para compensación por diferencias en la esperanza vida entre hombres y mujeres y el aporte de 1,5% a las pensiones actuales con bono posterior, junto al 1,5% de las cotizaciones del seguro de invalidez y sobrevivencia ya existente. Este último beneficia ("con mi plata si" y desde 1981) a los que se accidentan o enferman o a las familias de los que fallecen jóvenes. Es un seguro pagado por los empleadores y es parte del costo de contratar, como el de accidentes del trabajo, y que beneficia a quienes sufren una enfermedad invalidante o una muerte prematura, lo que puede ocurrir a cualquier trabajador, aunque solo termine abarcando a una parte y la mayoría no reciba beneficio alguno a lo largo de su vida. Es la lógica de la seguridad social ("hoy por ti, mañana por mí"), que también se aplica al financiamiento de las atenciones de salud y en parte al subsidio por desempleo temporal, con cotizaciones que cubren los riesgos respectivos.

El 4,5% para financiar la invalidez y sobrevivencia y los nuevos complementos de pensiones  es una proporción baja de la cotización total de 18,5%, pero es el germen de un nuevo sistema de seguridad social. Este debiera extenderse progresivamente a la opción de gestión de cuentas y de inversión de fondos por el Instituto de Previsión Social y el Banco del Estado. a través del Fondo de Seguro Social (que recibirá para funcionar de inmediato un préstamo del gobierno de hasta 900 millones de dólares).

El acuerdo sobre pensiones supondrá llevar el gasto total en la materia a una cifra del orden de 7,8% del PIB (con un aporte de los trabajadores de 2,9% del PIB, de los empleadores de 2,4% y el del presupuesto público de 2,5%), todavía inferior al promedio de gasto en pensiones de 10% del PIB en la OCDE. 

Un sistema con más reformas futuras podría dejar la capitalización individual como eventual opción complementaria no obligatoria, aliviando sustancialmente la cotización obligatoria sobre salarios, y subir gradualmente la pensión estatal universal financiada por impuestos más progresivos hasta un nivel de al menos un 80% del salario mínimo. Pero esas opciones u otras las decidirá la ciudadanía en las próximas y en las sucesivas elecciones: nada de lo que emana de un parlamento de mayoría opositora quedará ahora escrito en piedra, sino que podrá modificarse posteriormente. 

¿Meritocracia o dignidad del trabajo?

En La Nueva Mirada

La evolución de las sociedades no está solo marcada por las ideas de quienes procuran influir en ellas, sino también por la dinámica de fuerza y dominio relativo de unos y otros intereses existentes a lo largo del tiempo. Cuando en Chile se discute sobre la huella del neoliberalismo, por ejemplo, se razona como si no existieran los conflictos políticos y de poder y tampoco la huella de una dictadura de 17 años en la profunda re-oligarquización del país. Se privilegia un enfoque que otorga una suerte de omnipotencia a las ideas, y juzga como traiciones las conductas de sus portadores cuando no se concretan a cabalidad en el choque con aquellos intereses que logran imponerse en u otras etapas de la dinámica política. El hecho es que se ganan algunas batallas políticas y se pierden otras. Pero no por eso las ideas dejan de importar, pues son las que permiten mantener el rumbo. Como afirmó en 1936 el británico John Maynard Keynes, “los hombres prácticos, que creen que están exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún difunto economista”. O de algún difunto pensador.

En los años 1990 hubo quienes sostuvieron que se produciría el fin de la historia con la identificación de la democracia con la economía de mercado a lo Francis Fukuyama, en detrimento de la idea de sociedades en permanente transformación. Algunos quisieron asociar en Chile esta tesis equivocadamente a la renovación del socialismo para buscar acomodos y reemplazar aquella de la democracia social y económica y de centralidad del trabajo y la cultura como modos de organización de la sociedad. Ahora hay quienes reivindican, en un mismo orden de ideas, la meritocracia y la movilidad como valores sociales que debieran prevalecer, siempre en nombre del acelerado cambio tecnológico y cultural, como si no fueran constantes de la historia.

Sigue siendo relevante la identificación de los criterios de justicia que puedan hacer posible una convivencia equitativa como alternativa al sálvese quien pueda, en nombre de la libertad y de la justificación de sociedades desiguales propia del neoliberalismo, imperante en amplios segmentos de la sociedad. Cabe partir por Ronald Dworkin, para quien la igualdad es la base de la soberanía democrática, en tanto alternativa a las violencias propias de la ley del más fuerte, aquella que permite el dominio ilegítimo de unas categorías sociales (frecuentemente minoritarias) sobre otras (frecuentemente mayoritarias). La noción de igualdad, a su vez, debe dar cuenta una y otra vez de las interrogantes acerca ¿de qué? y ¿para quién? Al hacerlo en la esfera pública, se estructura, según subraya Norberto Bobbio, el campo político. Este autor postula que lo que distingue a la derecha de la izquierda es que, para la primera, la desigualdad sería natural y consecuencia de diferencias de talento y de mérito, mientras, para la segunda, en lo principal la desigualdad es socialmente construida, y por tanto socialmente modificable, lo que incluye la defensa de la igualdad de la libertad.

Los primeros socialistas elaboraron en el siglo XIX criterios de justicia distributiva con una visión centrada en el cambio de propiedad de los medios de producción. Marx sostuvo en El Capital (1867) que "la producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción más que minando al mismo tiempo las fuentes de las que mana toda riqueza: la tierra y el trabajador". En su Crítica al Programa de Gotha (1875), definió el horizonte socialista del siguiente modo: “En la medida en que el trabajo se desarrolla socialmente, convirtiéndose así en fuente de riqueza y de cultura, se desarrollan también la pobreza y el desamparo del que trabaja, y la riqueza y la cultura del que no lo hace". Superar esta drástica división de la sociedad en clases debía conducir en una primera fase a un sistema en que "el productor individual obtiene de la sociedad -después de hechas las obligadas deducciones- exactamente lo que ha dado...su cuota individual de trabajo...Ahora nada puede pasar a ser propiedad del individuo, fuera de los medios individuales de consumo. Pero, en lo que se refiere a la distribución de estos entre los distintos productores, rige el mismo principio que en el intercambio de mercancías equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual de trabajo, bajo otra forma distinta". Este criterio distributivo del "a cada cual según su trabajo", medido en horas y hechas las deducciones para hacer crecer la base productiva y distribuir recursos a los que no están en condiciones de trabajar, es para Marx necesario en una primera etapa pero problemático: "reconoce, tácitamente, como otros tantos privilegios naturales, las desiguales aptitudes individuales, y, por consiguiente, la desigual capacidad de rendimiento. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la desigualdad... Prosigamos: un obrero está casado y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc. A igual trabajo y, por consiguiente, a igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho más que otro, uno es más rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el derecho no tendría que ser igual, sino desigual".

Este tipo de lógica es la que dio curso en la historia de fines del siglo XIX y en el siglo XX a los derechos sociales y a las redistribuciones según necesidades. Para Marx, esto solo podía culminar como criterio distributivo "cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva", en el que "sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades!".

Los procesos de transición de una situación a otra, de un derecho a otro, debían ser dejados al curso de la historia y no a diseños calificados de utópicos, sin llegar a definir la relación entre las necesidades socialmente cubiertas (¿cuales?) ni precisarse cómo se logra el aporte de cada cual según sus capacidades, ni tampoco la obtención de los "manantiales de riqueza" que le darían sustento (¿cómo?).

La historia siguió efectivamente su curso y dio lugar a luchas sociales que modificaron el capitalismo salvaje en el siglo XIX, con los primeros compromisos de seguridad social en la Alemania de Bismarck hacia 1880, e hicieron emerger en el siglo XX diversos tipos de Estados de bienestar basados en economías mixtas. Y también a revoluciones y a los llamados "socialismos reales", principalmente a partir de 1917 en Rusia y de 1949 en China, fruto de la descomposición de naciones en guerra en periferias inicialmente pobres, sin tradiciones democráticas ni mayor base industrial. Estas revoluciones fueron rápidamente acosadas militar y económicamente y debieron privilegiar para sobrevivir la industrialización forzada y los esfuerzos de guerra. El consumo presente fue subordinado a esos fines, con las consiguientes obligaciones de trabajo y mantención de precarias condiciones de vida mediante la provisión racionada de bienes básicos, salvo la parcial excepción de las elites gobernantes. Los sistemas de asignación burocrática de los recursos terminaron por colapsar y perder legitimidad, al no observarse cambios en la condición asalariada ni el logro de mejores niveles de vida comparativos.

Bajo el impulso de Friedrich Hayek, Milton Friedman y Robert Nozick, el neoliberalismo dio nueva vida al utilitarismo y al liberalismo económico clásicos y a las corrientes marginalistas, cuya visión descarta la idea de justicia social en beneficio de sociedades de mercado basadas en la persecución del interés individual, lo que expandiría mejor el bienestar general y tendería al equilibrio general. Esta corriente no tuvo problemas en asociarse a regímenes autoritarios, como fue el caso de los dos primeros al venir a Chile a defender la dictadura de Pinochet y a los Chicago Boys. Hoy inspira a los radicales Bolsonaro, Milei o Trump y a diversas expresiones cuya estrategia es la minimización de los Estados de bienestar, y del Estado en general (reducido a una especie de "vigilante nocturno"), y poner fin a las políticas de reducción de las desigualdades, que considera moralmente infundadas. Según Nozick, cualquier impuesto obligatorio utilizado para financiar servicios o beneficios distintos de los que constituyen el Estado mínimo es injusto, porque ese impuesto equivale a una especie de “trabajo forzado” para el Estado por parte de quienes deben pagar el impuesto, incompatible con los derechos naturales liberales, empezando por el de propiedad. Salvo, y ahí sigue estando parte fundamental del tema distributivo, corregir "las injusticias pasadas" y que las pertenencias adquiridas de modo violento, clandestino o fraudulento vuelvan a sus verdaderos dueños. Esta limitación da por válida como "derecho natural" la distribución del ingreso según la productividad marginal en situaciones de mercado, teorizada de modo más que discutible por la economía neoclásica.

John Rawls introdujo renovados debates en defensa de la idea de justicia (qué cosa corresponde a quién) con la publicación, desde una perspectiva liberal-igualitaria, de "Justice as Fairness" en 1955 y luego de A Theory of Justice en 1971 y otros textos posteriores. Para este autor, las exigencias de una sociedad justa parten con la identificación de bienes primarios de carácter social (los bienes de carácter natural son en su concepto la salud y los talentos, no susceptibles de igualación equitativa) que reparte en tres categorías: las libertades fundamentales, el acceso a las diversas posiciones sociales y las “bases sociales del respeto de sí mismo”. Una sociedad justa sería aquella cuyas instituciones reparten los bienes primarios sociales de manera equitativa entre sus miembros, tomando en cuenta que estos difieren en términos de bienes primarios naturales. Esta distribución equitativa debe, según Rawls, hacerse bajo tres principios: el de igual libertad (toda persona tiene un derecho igual al conjunto más extendido de libertades fundamentales iguales que sea compatible con un conjunto similar de libertades para todos), el de diferencia (que afirma que las eventuales desigualdades sociales y económicas que emergen en el marco de las instituciones que garantizan la igual libertad se justifican sólo si permiten mejorar la situación de los miembros menos aventajados de la sociedad) y el de igualdad equitativa de las oportunidades (vinculadas a funciones y posiciones a las cuales todos tienen el mismo acceso, a talentos dados). Si los talentos innatos de dos personas son los mismos, las instituciones deben asegurar a uno y otro las mismas posibilidades de acceso a las posiciones sociales que escojan. Rawls razona a partir del individualismo metodológico, incluyendo la hipótesis del "velo de la ignorancia", es decir una situación en la que nadie sabe en qué posición social le tocará vivir y tiene, por tanto, motivos para que su distribución sea equitativa, en vez de postular una redistribución por acción colectiva dadas las estructuras sociales vigentes. Pero es una buena base para identificar las desigualdades injustas y sus correcciones, pues de estos principios puede deducirse en términos prácticos la necesidad para una sociedad justa de la limitación de las desigualdades de riqueza e ingresos, de la prohibición del nepotismo y de las discriminaciones arbitrarias y el acceso universal a la enseñanza.

Ronald Dworkin, por su parte, insistió (en Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, 2000) en que un gobierno legítimo tiene que tratar a todos los ciudadanos con igual respeto y consideración. Y puesto que en la distribución económica que consigue una sociedad existe una influencia de su sistema legal y político, ese requisito impone a la distribución condiciones igualitarias. Dworkin se apoya en dos principios fundamentales: la necesidad objetiva de que prospere la vida de todo ser humano, sea cual fuere su condición, y la responsabilidad que debe tener toda persona de definir su propia vida y conseguir que prospere, como base de su tesis de que la verdadera igualdad es la igualdad en el valor de los recursos que cada persona tiene a su disposición, y no de los éxitos que logra. La igualdad, la libertad y la responsabilidad individual no están para Dworkin en conflicto sino que fluyen y refluyen las unas de las otras. Defiende entonces un criterio de justicia distributiva basado en la igualdad de recursos.

Para Amartya Sen (en On Economic Inequality, 1997, y en The Idea of Justice, 2009), el enfoque de la justicia que se focaliza en el mérito derivado de la productividad marginal o en los bienes primarios sociales no considera suficientemente la capacidad muy desigual de transformar esos bienes y recursos en funcionamientos, para lo que propone actuar sobre el conjunto de capacidades que hacen posibles dichos funcionamientos. Sen sostiene que la justicia requiere al menos que todos dispongan de un cierto número de capacidades fundamentales, según modalidades y medios que pueden variar considerablemente de un contexto sociocultural a otro, y que incluye la capacidad de participar en la vida colectiva, fundando un enfoque basado en atacar la pobreza –entendida como ausencia de capacidades más que de ingresos– no sólo absoluta sino también relativa.

Jon Elster (en "El estudio empírico de la justicia”, 1997) procuró enunciar una redistribución justa como una concepción de sentido común del bienestar, que se traduce en cuatro proposiciones para el funcionamiento social, cada una de las cuales modifica la anterior: 1) maximizar el bienestar total; 2) apartarse de esa meta si es necesario para asegurarse que todos alcancen un nivel mínimo de bienestar; 3) apartarse de la exigencia de un mínimo de bienestar en el caso de las personas que están por debajo de él debido a sus propias elecciones, pues la sociedad no tiene la obligación de compensar a las personas por males evitables que recaen sobre ellas como resultado predecible de su comportamiento libremente elegido, y 4) apartarse del principio de no apoyar a estas personas si su fracaso para hacer planes para el futuro y reaccionar a los incentivos se debe a una pobreza y privación graves. En el enfoque de Elster, se debe tomar especialmente en cuenta las diferencias entre individuos cuando proceden de las capacidades naturales o de discapacidades, es decir de factores no controlables. Y a la vez no buscar compensar las disparidades de esfuerzo, que emanan a su vez de diferencias de gustos y preferencias, pero sí considerar sus condicionamientos sociales.

La noción de igualdad compleja de Michael Walzer (en Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, 1983) había contrastado de modo pertinente con el esfuerzo tradicional de la filosofía política de buscar axiomas o principios fundamentales de justicia sin distinguir sus ámbitos de aplicación. Este autor defiende una concepción de igualdad que preserve la separación de las diversas esferas de la vida social y la inconvertibilidad de las categorías de bienes constitutivas de cada una de ellas. El criterio de igualdad de trato (como la igualdad ante la ley y el voto) o de resultados (como en las atenciones de salud y las condiciones básicas de vida socialmente definidas) es pertinente en sus dominios específicos, como lo es el de igualdad de oportunidades en otros dominios (como en la educación y la vida de las empresas).

Otros autores han insistido en que una agenda de igualdad real de oportunidades debe incluir no solo la corrección de las barreras que impiden la igualdad formal de oportunidades y de acceso a distintos empleos y posiciones sociales, sino transformar las condiciones estructurales de desigualdad de acceso a esas diferentes posiciones sociales. Esto requiere impedir la dominación de poderes privados asimétricos sobre el resto de la sociedad (Republicanism, Philip Pettit, 1997) y toda forma de discriminación arbitraria. Y también impedir el despotismo de burocracias no controladas democráticamente por los ciudadanos, las que terminan por apropiarse de la acción estatal en su beneficio. Es la idea de libertad como no dominación.

La igualdad de oportunidades y sus requisitos pueden no ser una condición suficiente de justicia distributiva y deben completarse con la lógica de la reciprocidad comunitaria, de acuerdo a Gerald Cohen (Why Not Socialism?, 2011), definida como el principio “según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”. La "igualdad socialista de oportunidades" apunta a reducir la desigualdad solo a las que se originan en elecciones personales, como trabajar más o menos. La justicia exige al menos esto. Pero, según Cohen, se debería promover un sentido de comunidad y la construcción de instituciones económicas más allá del interés personal inmediato. En el caso del mercado, la reciprocidad del intercambio -pago por algo que necesito o deseo a un precio que resulta suficientemente conveniente para el oferente- es puramente instrumental, motivada por la codicia y eventualmente el miedo, y en el mejor de los casos limita los mejores motivos a la familia inmediata y a los amigos. En el caso de la comunidad, la reciprocidad se logra a través de la generosidad mutua y celebra virtudes y no vicios, lo que supone que a las personas les importen los demás, que siempre que sea necesario y posible cuiden de ellos y que, además, se preocupen de que a los unos les importen los otros. Cohen ofrece una definición que invoca a Einstein con aprobación: el socialismo es el intento de la humanidad de ‘superar y avanzar más allá de la fase depredadora del desarrollo humano’, pero reconoce que convertirlo en el corazón de la economía es difícil. No obstante, observa que la solidaridad y la reciprocidad caracterizan muchos aspectos de la vida social y no se limitan a la toma de decisiones familiares, pues abarcan áreas como partes de la atención de salud, la enseñanza y las actividades asistenciales, mientras en los desastres naturales y las emergencias a menudo se desechan las relaciones mercantiles y se procura dar respuesta directa a las necesidades.

Después de su difundido texto de 2009 (Justice: What's the Right Thing to Do?), que recorre estos temas, Michael Sandel ha llamado la atención sobre el mal uso del concepto de meritocracia (en The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?, 2020). Que las posiciones sociales e institucionales se obtengan individualmente por el mérito de cada cual, con resultados desiguales que en principio se originan en esfuerzos diferentes, hace de la meritocracia, en palabras de Sandel, "un ideal atractivo, especialmente si la alternativa es el privilegio heredado, patronazgo, nepotismo y corrupción. Asignar importantes roles sociales a aquellos que están calificados es algo bueno. Si requiero cirugía, necesito un médico muy bien calificado para que me opere. Entonces, el mérito en sí es algo bueno, y es una alternativa deseable frente a otras". Salvo que, argumenta Sandel, al haber desigualdades iniciales, la selección por mérito suele terminar reproduciendo esas desigualdades en los resultados y rendimientos, haciendo imposible la igualdad efectiva de oportunidades. Sandel asume que "el primer problema de la meritocracia es que las oportunidades en realidad no son iguales. El segundo problema ...(es) que quienes tienen éxito crean que éste se debe a sus propios méritos y que, por tanto, merecen todas las recompensas que las sociedades de mercado otorgan a los ganadores...La meritocracia crea arrogancia entre los ganadores y humillación hacia los que se han quedado atrás". Y agrega: "muchos trabajadores sienten que las élites los desprecian, que no los respetan, no respetan el tipo de trabajo que hacen. Y eso creó una ira y un resentimiento cada vez más profundos entre los trabajadores. Los partidos populistas autoritarios apelan a los agravios de esas personas que sienten que este sistema los desprecia, un resentimiento que las actitudes meritocráticas hacia el éxito han alimentado".

La igualdad efectiva de oportunidades no puede reducirse a la igualdad formal ante la ley y a exámenes estandarizados en que el acceso a las posiciones sociales depende, como alternativa a los privilegios de origen social o racial, de la obtención de más puntos que otros en tal o cual métrica. Esto ha creado la paradoja de la masificación educativa, considerada una clave de la igualdad de oportunidades: la jerarquización de títulos académicos abre abismos entre los ganadores y perdedores del sistema escolar y de la educación superior. Los ganadores, convencidos que su éxito se debe únicamente a su mérito, defienden "los valores universales de la razón y la competencia experta" que les benefician. Los perdedores de la carrera escolar y universitaria se sienten ignorados y despreciados. La pertenencia de clase, que podía traducirse en luchas colectivas, se transforma en parte en una brecha que empeora la posición relativa de los menos favorecidos, basada en la diferenciación y devaluación de los títulos escolares y académicos. Esto se vive, antes que como una eventual consecuencia de la desigualdad en la estructura social, como una experiencia personal de fracaso que alimenta el resentimiento y la rabia contra las élites más formadas y con mayores competencias, especialmente si son percibidas como solo interesadas en mantener su status individual. El mérito es un atributo con componentes múltiples que, de no considerarse con suficiente complejidad cuantitativa y cualitativa, puede terminar discriminando por factores sociales o de origen, o por sus preferencias individuales, a personas suficientemente capacitadas para iniciar trayectorias u ocupar lugares de su preferencia en la sociedad.

¿La recomendación de Sandel? "Los partidos socialdemócratas deben reenfocar y redefinir sus políticas, su misión y propósito si quieren enfrentar las políticas de resentimiento a la que apelan las figuras populistas de derecha. Y sugiero que lo hagan de dos maneras. Una es pasar de lo que llamo la “retórica del ascenso” hacia un proyecto enfocado en la dignidad del trabajo... (y) reconocer que el trabajo no es solo un modo de ganarse la vida, sino también una manera de contribuir al bien común, y obtener reconocimiento, respeto, estima social, por haber hecho ese trabajo. Esto sugiere que la políticas del Estado de bienestar y de redistribución, importantes como son, no son suficientes. Porque la gente no solo se preocupa de la justicia distributiva, sino también de la justicia contributiva, es decir, que su trabajo sea reconocido, valorado y respetado... (lo) que provee a las personas un sentido de dignidad y orgullo, como miembros, ciudadanos de una comunidad política. Y otro aspecto en que pienso que la socialdemocracia debe cambiar su foco es darle voz a las personas...Hay que sacar a las personas de sus enclaves privatizados, que nos separan y que nos aíslan a los unos de los otros”.

Se puede entender que este desafío va más allá de una posición en particular y como la necesidad de recomponer la esfera pública y la cooperación social. Esta se ha visto disminuida en beneficio de la privatización de la vida y de las conductas, por condicionantes estructurales que, más que antes, dispersan y estratifican las posiciones sociales y permiten el avance cultural del individualismo negativo. A ello se agrega el encasillamiento y polarización de la comunicación estimulada por las redes sociales digitales tales como existen hoy. La existencia de una esfera pública dinámica es el requisito básico para una mediación constructiva entre el Estado y la sociedad y para permitir el control democrático de las actividades estatales, siguiendo a Jürgen Habermas. En las nuevas condiciones del siglo XXI, y su vorágine de cambios tecnológicos y sociales, las voces conservadoras y sus conceptos no tienen por qué ser la referencia de los debates públicos, aunque dominen los medios de comunicación. Debieran serlo los valores sociales que sean considerados democráticamente dignos de ser conquistados y defendidos como avances de civilización.

¿Vaso medio lleno o medio vacío?

En El Mostrador

En estos días de fin de año se discuten balances en diversos tópicos. Dos de ellos son los tributarios y las pensiones. A la vez, permanece el debate sobre cuán neoliberal y libremercadista sigue siendo Chile desde que los Chicago Boys y el gran empresariado iniciaron una refundación de la economía y la sociedad chilenas en 1974 bajo una dictadura militar, y cuyo redireccionamiento sus representantes resisten tenazmente desde la recuperación de las libertades democráticas. Ese redireccionamiento ha sido excesivo para algunos e insuficiente para otros, entre los que me cuento, pero convengamos en que al menos ha sido parcialmente logrado en varios de sus ejes principales: los impuestos y gastos públicos y las regulaciones han aumentado, mientras el rol de las empresas públicas permanece en las áreas estratégicas, a pesar de los intentos por privatizarlas (lo que lograron con tres sanitarias durante Frei Ruiz-Tagle, pero no mucho más), con una falta de avance socialdemócrata suficiente en materia de negociación colectiva equilibrada de las condiciones de trabajo y de rol de los sindicatos y el diálogo social y de avance ambiental en la preservación suficiente de los ecosistemas.

La falta de envergadura comparativa de la carga tributaria y las desigualdades de su composición persisten en Chile, por lo que se debe seguir bregando en la materia. Pero no se debe olvidar algunos datos que denotan progresos. Según la OCDE, en 1990 los ingresos tributarios del Estado representaban un 16,8% del PIB, mientras en 2022 alcanzaron un 23,8% del PIB, 7 puntos porcentuales más, aunque lejos del 34% de promedio en la OCDE. En 2023 bajaron a un 20,6% del PIB por la caída coyuntural de la tributación al ingreso y la minera, y aumentará en 2024. El incremento ha tenido como contrapartida más gastos en pensiones, salud, educación, vivienda e infraestructura, entre otros temas sociales y productivos que han sido reforzados a lo largo del tiempo fuera de la lógica neoliberal.

Esa carga tributaria mayor se explica en buena medida por aumentos en la suma de los impuestos al ingreso, a las utilidades y a las ganancias de capital de personas y corporaciones. En 1990, este conjunto representaba un 3,9% del PIB, mientras en 2022 alcanzó un 10,4% del PIB, unos 6,5 puntos porcentuales adicionales. En 2023, la cifra bajó a un 7,2% del PIB, por las caídas coyunturales mencionadas. 

Por su parte, los impuestos indirectos a las transacciones (IVA y otros) son pagados en mayor proporción de sus ingresos por los sectores de rentas más bajas, pues no tienen capacidad de ahorro, aunque la tasa que se aplique sea pareja. En 1990, los ingresos del Estado por impuestos a los bienes y servicios representaban un 10,6% del PIB, y en 2023 llegaron a un 11,2%. Es un aumento marginal, a pesar de una tasa de IVA que pasó de 14% a 19%, pero que se acompañó, entre otras cosas, de bajas en los aranceles externos.

En materia de pensiones, cuya reforma se discute en estos días en su fase final, el logro principal es el paso de la cobertura de la pensión garantizada del 60% al 90% del universo de mayores de 65 años logrado en 2022 y ampliado en 2023 al 90% de la población en su conjunto, después de su establecimiento inicial en 40% durante el gobierno de Bachelet I. Esta pensión experimentará un incremento real de cerca de 17% de su valor por beneficiario entre febrero de 2022 y febrero de 2025, cuando subirá a 250 mil pesos. Esto ayudará a sacar de la pobreza a los mayores de 65 años si se considera la línea de pobreza por persona equivalente, concepto siempre discutible pero útil para evaluar algunas situaciones, la que alcanza hoy a 233 mil pesos en la actualidad, a comparar con el valor actual de la PGU de 214 mil pesos. La pensión garantizada debiera acercarse progresivamente al menos al 80% del salario mínimo (500 mil pesos), que es una de las razones por las cuales se requiere de una reforma tributaria progresiva más amplia, aquella que la oposición neoliberal y sus aliados en la Cámara rechazaron en marzo de 2023 votando en contra de la idea de legislar, paralizando al gobierno en la materia. 

El aumento del 6% de la cotización salarial y del tope de cotización para aumentar en el largo plazo las pensiones, que se viene planteando desde el gobierno de Bachelet II, es una respuesta a otro problema: un sistema de capitalización privada -el emblema del neoliberalismo chileno- que otorga muy bajas pensiones autofinanciadas, especialmente a las mujeres, y permite que todos los años los dueños privados de las AFP extraigan rentas improductivas de cientos de millones de dólares de las cotizaciones. Las AFP funcionan con del orden de un 100% de margen entre ingresos por cotizaciones y costos y una rentabilidad sobre activos de 33% anual, una de las actividades más privilegiadas en el país, mientras financian campañas publicitarias millonarias con las comisiones de los cotizantes para intentar quedarse con la mayor ampliación posible de su negocio en el proceso de reforma en curso.

El recaudador único de cotizaciones para ahorrar costos, como ya ocurre en el seguro de desempleo, y dejar en competencia amplia solo la función de inversión de los fondos, es parte de lo más importante en juego. También lo es el uso parcial de la cotización adicional para aumentar las pensiones contributivas actuales, compensar a las mujeres por su mayor esperanza de vida y asegurar un mínimo de pensión contributiva a los participantes del sistema de pensiones. Esto ahora se rechaza, aunque había sido propuesto en una distribución de 3% a cuentas individuales y un 3% a compensaciones por el gobierno de Piñera. Se ha abierto una pequeña puerta con la extravagancia de proponer un préstamo de largo plazo de los actuales cotizantes, planteada por la oposición. Esta se aferra en declarar un "cáncer" el pago de las pensiones actuales por los cotizantes actuales, incluso parcial, lo que no solo existe en sistemas de pensiones como el estadounidense y el de la mayoría de los países europeos, sino que es el mismo mecanismo de pago de impuestos mes a mes para financiar la PGU mes a mes. Dicho sea de paso, la generalización de este mecanismo haría imposibles los retiros desde cuentas individuales como los que conocimos durante la pandemia, pero el dogma es el dogma. 

Todo esto es lo que bloquea la derecha en su larga resistencia en todos los temas para mantener el neoliberalismo privatista, en este caso tanto para defender el interés corporativo de las AFP como por ideologismo puro y simple, acompañado de la voluntad de negarle todo éxito al gobierno, aunque sea a costa de los pensionados actuales y futuros y de las familias que podrían ver aumentados sus ingresos.

Fin de año en medio de un genocidio

El viernes 27 de diciembre, "el ataque al hospital Kamal-Adwan dejó fuera de servicio este último gran centro de salud del norte de Gaza", anunció la Organización Mundial de la Salud: "las primeras informaciones indican que servicios clave fueron incendiados y destruidos durante el ataque. Sesenta miembros del personal sanitario y veinticinco pacientes están en estado crítico". El ejército israelí informó haber llevado a cabo una operación contra combatientes de Hamás cerca de este hospital ubicado en Beit Lahya. Por su parte, el movimiento palestino acusó a los soldados de haber asaltado el hospital. Esta operación ocurrió un día después de que el director del establecimiento anunciara la muerte de cinco miembros del personal en un bombardeo israelí. En su comunicado del viernes, el ejército israelí calificó el hospital como un "bastión de las organizaciones terroristas (...) utilizado como escondite".

El problema es que atacar objetivos civiles y asesinar personal sanitario en nombre de operaciones militares es calificado como crimen de guerra por el derecho internacional, que el ejército de Israel viola sin tapujos. Desde octubre de 2023, han sido asesinados en Gaza 146 médicos y más de 400 miembros del personal sanitario. Además, han sido asesinados 201 periodistas.

La pasividad internacional frente a la masacre en Gaza sostenida por el gobierno de Israel durante ya más de un año, y que suma 45 484 muertes violentas, la mayoría mujeres y niños, es impactante. Tal vez se explica, pero no justifica en absoluto, por el rechazo a las acciones criminales de Hamas contra civiles el 7 de octubre de 2023 y el secuestro de rehenes, así como por la larga lista previa de atentados criminales contra inocentes realizados por fundamentalistas islámicos radicales en Estados Unidos, Europa (y Argentina) en los últimos decenios. Existe, además, el trasfondo del justificado sentimiento de culpa occidental respecto al terrible genocidio de que fue objeto el pueblo judío por los nazis y el antisemitismo histórico, una herida indeleble en la historia moderna, y también está presente un tinte adicional de racismo respecto a los árabes. Cabe reiterar que nada de lo anterior justifica lo que sigue sucediendo día tras día en Gaza: un crimen de guerra es un crimen de guerra y un genocidio es un genocidio.

Reproduzco una entrevista a Béligh Nabli, profesor de derecho público en la Universidad París Este Créteil en el diario en Libération, que constata un consenso entre juristas, historiadores, ONG y agencias de la ONU sobre lo que ocurre en Gaza, lo que contrasta con la «creciente pasividad, casi asumida» de los Estados occidentales frente al crimen más grave definido por el derecho internacional.

________

P: Numerosos juristas y ONG acusan a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. ¿Comparte usted esta afirmación?

R: Racionalmente, es una conclusión que se puede extraer, en la medida en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha reconocido un riesgo plausible de genocidio en Gaza, estipulando que eran necesarias medidas cautelares para prevenir este crimen, como el levantamiento del bloqueo, el acceso a la ayuda humanitaria y la garantía de las necesidades esenciales para la supervivencia. Es evidente que estas medidas no han sido respetadas. Por lo tanto, se puede deducir que el genocidio se está llevando a cabo. Además de los juristas, historiadores israelíes especialistas en el Holocausto, como Omer Bartov y Amos Goldberg, también respaldan la idea de que está en curso un genocidio, lo que refuerza la base jurídica e histórica de esta acusación.

P: Sobre todo porque la situación ha empeorado aún más en los últimos meses, particularmente en el norte...

R: Absolutamente. No solo no se han respetado las obligaciones definidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —ya sea por parte de Israel o de sus aliados—, sino que la situación humanitaria se ha deteriorado considerablemente. El patrón destructivo continúa, con bombardeos indiscriminados de edificios civiles y la falta de acceso a recursos vitales para los habitantes de Gaza. El último informe de Human Rights Watch subraya que estas condiciones no solo evidencian un empeoramiento de la situación, sino que también alcanzan un nivel de gravedad que lleva a calificar estos actos como genocidio.

P: ¿Qué elementos o pruebas permiten calificar las acciones de Israel como genocidio en el marco del derecho internacional?

R: En primer lugar, recordemos que existe un debate entre los responsables políticos e intelectuales sobre la existencia de un genocidio en la Franja de Gaza. Algunos actores ignoran deliberadamente la definición jurídica del genocidio, reduciendo este concepto a una percepción subjetiva o política. Este enfoque, ilustrado por las posturas de ministros franceses de Asuntos Exteriores o figuras como François Ruffin, no corresponde al razonamiento propio de un Estado de derecho democrático. Francia, como signataria de la Convención de 1948 sobre el Genocidio [la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en la ONU] y del Estatuto de Roma de 1998 [de la Corte Penal Internacional], está jurídicamente obligada por estas definiciones. La definición derivada de estos tratados se basa en dos elementos. El primero es material, e incluye actos como asesinatos, bombardeos indiscriminados o la destrucción sistemática de los medios de supervivencia, que se observan actualmente en Gaza. El segundo es intencional y supone la voluntad de destruir a un grupo, total o parcialmente, debido a su identidad étnica, racial o nacional.

P: Israel justifica sus acciones en el derecho a la legítima defensa. ¿Es ilimitado este derecho?

R: En la medida en que Israel fue agredido y parte de su población civil fue víctima de masacres masivas, el Estado hebreo tenía derecho a reaccionar para proteger su territorio y a sus habitantes. Sin embargo, este derecho a la legítima defensa no es absoluto. Está regulado por las normas del derecho internacional, especialmente el principio de proporcionalidad, que exige que la respuesta sea adecuada y medida en relación con la amenaza sufrida. En este contexto, el carácter claramente desproporcionado de las acciones militares israelíes plantea cuestiones fundamentales. Incluso un ejército que actúa en el marco de la legítima defensa no puede eludir sus obligaciones jurídicas internacionales, incluida la prohibición de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.

P: ¿Pueden considerarse cómplices de crímenes internacionales los Estados occidentales que continúan su ayuda militar y financiera a Israel?

R: La pregunta es legítima en la medida en que los aliados de Israel tienden a ignorar las obligaciones derivadas de la orden de la CIJ del 26 de enero de 2024, que reconoció el «riesgo plausible de genocidio», así como de las Convenciones de Ginebra de 1949 [que regulan el derecho internacional humanitario]. A riesgo de hacerse cómplices de los crímenes internacionales cometidos por el ejército israelí en Gaza, no solo deben cesar de transferir armas (municiones, piezas de repuesto y licencias), sino que también tienen la obligación de hacer que su aliado israelí respete el derecho internacional, tanto humanitario como penal.

P: Sin embargo, la mayoría de los Estados permanecen pasivos…

R: Una pasividad aún más impactante si se considera que contrasta con el consenso emergente entre numerosos expertos internacionales, incluidos responsables de la ONU y las ONG más importantes, para reconocer la comisión de un genocidio en Gaza por parte del ejército israelí. Se trata de un hecho histórico excepcional y de una calificación jurídica extremadamente grave, acompañado de un silencio diplomático ensordecedor. Además de la cuestión de su posible complicidad en el sentido jurídico, cuya responsabilidad podría plantearse, la responsabilidad política de las potencias occidentales, en particular de Estados Unidos, no se limita a su apoyo incondicional a Israel. Estos Estados están desmantelando y desacreditando la letra y el espíritu del sistema jurídico internacional moderno que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que ellos mismos ayudaron a construir. Ciertamente, la violación manifiesta del derecho internacional por parte de potencias occidentales tiene una serie de precedentes —el más desestabilizador fue la invasión de Irak en 2003—. Pero, en este caso, las potencias occidentales actúan casi en bloque en una postura de desafío al derecho internacional.

P: Francia ha causado estupor al afirmar que el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, sujetos a una orden de arresto de la CPI, podrían beneficiarse de una inmunidad…

R: Según Francia, las órdenes de arresto emitidas contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant no pueden ejecutarse debido a las inmunidades que les corresponderían como miembros de un gobierno de un Estado que no reconoce a la CPI. Esta posición carece de fundamento jurídico. La jurisprudencia de la CPI es clara al respecto: los Estados parte tienen la obligación de arrestar y entregar a las personas buscadas por la Corte, incluso si tienen el estatus de jefe de Estado o de gobierno de un país no parte de la CPI (como Israel), que no reconoce su competencia. La postura de Francia, por lo tanto, la coloca en contradicción con sus obligaciones internacionales y con una de las razones de ser de la CPI: evitar que las inmunidades de los gobernantes obstaculicen la justicia y el enjuiciamiento de los crímenes más graves.

P: ¿El derecho internacional ya no tiene ningún valor?

R: Se observan dos dinámicas preocupantes. La primera es el debilitamiento de las potencias occidentales, que durante mucho tiempo se han atribuido un magisterio moral basado en sus valores democráticos. Al asumir su pasividad, o incluso su complicidad, frente a la comisión del peor de los crímenes internacionales, el genocidio, bajo el pretexto de un apoyo incondicional a Israel, están socavando su propia credibilidad. Esta pérdida de legitimidad es aún más inquietante porque tiende a fortalecer el discurso de potencias autoritarias como Rusia y China, que denuncian la hipocresía de un Occidente que instrumentaliza el derecho internacional según sus intereses. El segundo punto es aún más alarmante: si el derecho internacional ya no desempeña su función de regulador de las relaciones internacionales, ¿qué queda? La fuerza, la relación de poder y, por ende, la ley del más fuerte. Parece que estamos entrando en una fase de regresión histórica en términos de los principios y valores consagrados por la Carta de la ONU. Esta deriva que cuestiona el Estado de derecho también se observa en el orden político interno de las democracias. El impacto del conflicto israelí-palestino se traduce en medidas liberticidas, como restricciones a la libertad de expresión y manifestación, así como en el aumento del racismo y el antisemitismo, alimentado por mentalidades débiles. Por un lado, la esencialización de los judíos los asimila a Israel; por otro, el silencio y la indiferencia hacia el trágico destino de los palestinos reflejan su deshumanización y una jerarquización implícita de la humanidad.

La xenofobia y las próximas elecciones

La posición de las derechas en materia migratoria está, en variados casos, inspirada directamente por la xenofobia, una de la peores pasiones tristes, como diría Spinoza. Pero esto ha ido más allá en el espectro político, en una especie de efecto dominó. Por ejemplo, recientemente el liberal Vlado Mirosevic expuso sobre la regularización de personas extranjeras que llevan años en Chile -planteada recientemente por el gobierno- una postura francamente demagógica: "me preocupa la utilización de esta información que van a hacer las bandas de crímenes organizados que transforman esto en un negocio y que tienen un modelo, una industria del tráfico de personas y que frente a eso lo que perfectamente podrían decir es 'miren, vengan a Chile porque después de esto el Gobierno los va a regularizar'". Precisó que "lo que me preocupa es la señal general, esto puede producir un efecto Cúcuta, y eso puede ser muy malo porque Chile ya copó la capacidad de recepción de migrantes". 

Lo más paradojal es que estas frases suelen ser expresadas por descendientes de inmigrantes que fueron objeto de los mismos comentarios sobre la capacidad de recepción de migrantes cuando llegaron sus antepasados, en este caso croatas, lo que las hace todavía más incomprensibles. 

El racismo y la xenofobia existen en segmentos más o menos significativos de las sociedades y han derivado a genocidios y masacres a lo largo de la historia -siendo la más dramática, por su extensión y modalidades, la Shoa de los nazis contra los judíos y siendo la más reciente la terrible masacre indiscriminada de palestinos en Gaza por el gobierno israelí y el sometimiento por hambre de millones de personas, todas inaceptables- pero no por eso son emociones y prejuicios menos primitivos. Más aún si se considera, en nuestro caso, la gran cantidad de familias chilenas que tienen miembros emigrados fuera del país por una u otra razón, y no quisieran verlos maltratados o expulsados en los países de acogida como proponen hacerlo con los que vienen del extranjero a Chile. En estos temas, como en tantos otros, debe prevalecer al menos un cierto sentido de la reciprocidad y de la decencia.

Por lo demás, todos los seres humanos que vivimos en Chile somos de origen inmigrante en algún punto del tiempo, incluso los pertenecientes a los sucesivos pueblos originarios que en determinados momentos de la historia humana vinieron de más al norte. También lo son los que vinieron de Europa, colonizadores o no, en distintas etapas y oleadas. La única diferencia sustancial es que unos han llegado antes que otros. Todos los que habitamos Chile somos parte de la conformación de la cultura que da lugar a la identidad nacional, hecha de diversidades y mestizajes en esta suerte de isla de confines desérticos y australes del mundo, que concentra minerales y es cruzada por valles fértiles regados por las aguas de la imponente cordillera, acompañada por "ese mar que tranquilo te baña", aunque muy tranquilo no sea. El hecho es que la nación chilena suma y mestiza poblaciones de distintos orígenes y culturas desde siempre.

Por lo demás, desde un punto de vista estrictamente pragmático, la inmigración es necesaria para el futuro del país. En la actualidad, Chile vive una baja acelerada de la tasa de fecundidad, por múltiples razones vinculadas al modo de vida y sus restricciones, incluyendo la precarización de las condiciones sociales para tener hijos de los que viven de su trabajo. Según la última estimación del INE, la tasa de fecundidad alcanza a 1.2 hijos por mujer, una de las más bajas de América Latina y del mundo (el promedio global era de 2.25 en 2023). Chile está cerca de los de menos fecundidad como Singapur, Taiwan y Corea del Sur y su tasa es inferior a la de Perú y Bolivia (2.1) y a la de Argentina (1.9). 

La tasa requerida para mantener los niveles de población es de 2.1 hijos por mujer (suponiendo que no haya migración neta y que la mortalidad no cambie). En 1955-60 la tasa de fecundidad en Chile alcanzó la impresionante cifra de 5.5 hijos por mujer, entre las más altas del mundo, mientras en 1970-75 había descendido a 3.6. En 2000-05 ya lo había hecho a 2 hijos por mujer, como fruto de la extensión de la anti-concepción y de las transformaciones culturales y socio-económicas del país. 

El hecho es que un 17,4% de los nacimientos ocurridos en Chile en 2023 correspondieron a madres de origen extranjero, por lo que sin la mayor tasa de fecundidad de esas mujeres la caída de la natalidad sería aún mayor. 

La inmigración irregular masiva y sin derechos es un problema, evidentemente. Su origen, no lo olvidemos, es en buena medida la catástrofe venezolana y sus 8 millones de emigrantes, concentrados en Colombia (3 millones), Perú (1,5 millones), Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Chile, entre otros. En cambio, la inmigración regulada y con derechos enriquece la cultura y aporta, además, voluntades adicionales de búsqueda de una vida más digna y próspera en nuestro territorio.  

Chile hoy tiene el más alto nivel de restricciones a la inmigración irregular en su historia, por lo que la situación nada tiene que ver con la insinuación a inmigrar a los venezolanos que hizo Piñera en Cúcuta por razones políticas (se supone que los extranjeros latinoamericanos votan en Chile más por la derecha) y económicas (más oferta de fuerza de trabajo presiona a la baja los salarios), desde su perspectiva. Y el gobierno actual, del que se supone Mirosevic forma parte, no tiene en absoluto la intención de favorecer el tráfico de "las bandas de crímenes organizados" sino que los persigue con resultados crecientes día a día, que el diputado liberal, hoy precandidato presidencial, debiera saludar. Y el gobierno ahora busca regularizar a un cierto número de personas por razones de seguridad y otorgamiento de derechos básicos, que les permita contribuir al desenvolvimiento nacional. 

Los que piden expulsar a los extranjeros no se detienen siquiera en pensar hacia dónde. En el caso de Venezuela,  Maduro y su gobierno rompieron relaciones con Chile, se han desentendido de sus connacionales y no les prestan siquiera servicios consulares. Menos están dispuestos a recibir expulsados desde Chile. Ya vendrán momentos mejores para Venezuela, en los que muchos volverán a su patria, y otros se quedarán aportando al país, como ya lo hacen peruanos, argentinos, bolivianos, uruguayos o brasileños, y de muchas otras nacionalidades de origen, enriqueciendo a Chile, como lo hizo en su momento Andrés Bello, el venezolano.

Es de esperar que no entremos por cálculo en la próxima etapa electoral en un festival de demagogia anti-inmigración y de asociación de los extranjeros con la delincuencia (cuya proporción no es mayor a la de los nacionales), en la búsqueda poco honorable de votos motivados por la xenofobia.

Los debates sobre el nuevo financiamiento para estudiantes de educación superior

En LT Digital

En la etapa final del actual gobierno será debatido con intensidad el proyecto de ley que crea un nuevo mecanismo de financiamiento de estudiantes de la educación superior. Éste establece descuentos en la deuda acumulada con el esquema de crédito vigente, y en diversos casos la lleva a cero, y premios y beneficios tributarios para quienes han pagado. Para el futuro, permitirá que quienes no sean beneficiarios de la gratuidad hoy existente cuenten con una alternativa para acceder a la educación superior. No deberán pagar aranceles (excepto el décimo decil de ingresos, con copagos adicionales) bajo la obligación de retribuir el aporte estatal con un porcentaje de sus rentas posteriores, una vez se inserten en el mercado laboral. 

Este nuevo sistema ya no incluirá a la banca -que obtiene hoy utilidades completamente injustificadas  a partir de un subsidio público, en un ejemplo más de “capitalismo subsidiado”- y sin tasa de interés, con un reembolso posterior. Los ingresos anuales de hasta 7,5 UTA (unos $500.000 mensuales) estarán exentos. Para los ingresos superiores a ese monto, se contempla una tasa marginal de contribución progresiva de 13% para rentas hasta 11,2 UTA y de 15% para las que las superen. La retribución no podrá exceder el 7% de los ingresos anuales, o el 8% en el caso de personas con rentas anuales iguales o superiores a 45 UTA, con suspensión en situaciones de cesantía y un tope de pago por 20 años.

Este esquema es un evidente progreso respecto al sistema hoy existente. Pero no faltan los reproches. Hay uno que es nominalista y escasamente relevante: se trataría de “un impuesto”, aunque se trata esencialmente de la devolución de un subsidio por parte del beneficiario a lo largo del tiempo. El nuevo esquema no es un impuesto a la renta, pues por definición este no está asignado a ningún fin específico, como ocurre en este caso con la devolución, aunque bajo algunos supuestos en las carreras con mayores ingresos futuros el pago sería eventualmente superior al subsidio. Esto provoca escándalo, pero se trata de reemplazar un esquema que, como el actual, aplica el cobro de un interés de 2% que encarece la devolución a todos y hace difícil el pago a los que siguieron carreras menos remuneradas. El nuevo esquema beneficia a unos más que a otros y eso se llama progresividad.

Hay quienes consideran los impuestos como una especie de pecado, más aún si son progresivos, es decir cuando paga proporcionalmente más el que tiene ingresos más altos. Pero ese es un asunto de doctrina que solo atañe a los que la defienden. El hecho es que la educación superior tienen un costo, que pagan las familias o bien el Estado a través de impuestos en el caso de la gratuidad, o a través de un fondo para los estudiantes de familias de más altos ingresos que optan por asumir en el futuro un pago diferido y con elementos de progresividad, que se retroalimentará generación tras generación. Lo que importa es si este esquema ayuda o no de manera justa a los estudiantes que opten por él.

¿Cómo se sigue?

 En La Nueva Mirada

No son pocas las dificultades, traspiés y conductas a veces erráticas de los actores políticos progresistas. Pero no deben llevar a la resignación a quienes consideran necesario mejorar el presente en lo que sea posible y procurar legar a las nuevas generaciones, con el realismo y la voluntad necesarios, una sociedad políticamente democrática, culturalmente libertaria, económicamente próspera e innovadora, socialmente equitativa y ambientalmente resiliente. Esta combinación está lejos de ser fácil de alcanzar, pero constituye uno de los horizontes posibles que vale la pena perseguir para la sociedad chilena.

Junto a diversos avances significativos, la configuración actual del gobierno no logró el cambio constitucional requerido, mantuvo una política económica innecesariamente restrictiva (con una caída de 7% del PIB del gasto público en 2022), manejó mal el reequilibrio de las tarifas eléctricas y la devolución de cobros ilegales por las Isapres, mientras fracasó en diversos temas por carecer de una capacidad de articulación social y política más efectiva y de mayoría parlamentaria. Se agregó una postura en ocasiones errática y siempre defensiva en seguridad e inmigración, asumiendo argumentos conservadores, y corruptelas y abusos de autoridad puntuales pero lógicamente rechazados por la ciudadanía. Esto se tradujo en una sanción electoral en el plebiscito de 2022, en la elección de miembros del consejo constitucional de 2023 y en las elecciones de alcaldes, concejales y consejeros regionales de 2024, con la excepción del rechazo plebiscitario a la propuesta constitucional de la derecha en diciembre de 2023 y de la segunda vuelta de gobernadores en noviembre de 2024. 

¿Estamos, en consecuencia, en presencia de un retroceso de largo plazo de las fuerzas progresistas en Chile en el nuevo escenario del cuerpo electoral, lo que auguraría una nueva alternancia en favor de la derecha en la elección presidencial de 2025?

Nada de esto está escrito de antemano. En la segunda vuelta de gobernadores de noviembre de 2024, en 9 regiones las candidaturas conservadoras agregadas reunieron solo un 48,8% del voto válido, mientras se manifestó un apoyo de 51,2% del voto para las diversas candidaturas de centro y de izquierda. Mantener este resultado, que incluye las tres principales regiones del país, permitiría un eventual desenlace positivo para las fuerzas progresistas en la segunda vuelta presidencial de 2025.  Para eso tendría que pasar agua bajo los puentes y producirse muchas articulaciones políticas y bastantes mejorías en la gestión de gobierno y en los mensajes hacia el voto nulo y blanco, pero ese escenario no parece ser completamente irrealista.

La actual coalición de gobierno acaba de comprometerse a una proyección en la etapa siguiente, de preferencia con un solo candidato en primera vuelta elegido en primarias a mitad de año y con una sola lista parlamentaria, lo que es más difícil de lograr. Ha dado un paso unitario significativo, aunque la Democracia Cristiana ha planteado que no está dispuesta a ser parte de ninguna coalición que incluya al Partido Comunista y llamado al Partido Socialista a una “coalición chica”. Este rechazó esa opción y se mantiene en la lógica de una agrupación progresista amplia. 

La proyección de la actual coalición de gobierno, además de hacer emerger un liderazgo presidencial en primarias, debe favorecer una reforma política que consolide el principio de mayoría, fortalezca el rol de partidos debidamente institucionalizados y dé espacios a la democracia directa y al autogobierno de los territorios, incluyendo los de los pueblos originarios en el espacio nacional. Debe plantear que se restrinja los monopolios mediáticos y establezca normas más fuertes para erradicar las discriminaciones y los abusos, vengan de donde vengan y trátese de quién se trate. Y promover una mayor seguridad ciudadana basada no en la retórica vacía sino en más eficiencia contra el crimen organizado con cuerpos especializados mejor dotados y una policía de proximidad que aumente la seguridad colaborativa en los barrios, sin dejar de actuar contra las causas de la delincuencia. En estos temas posiblemente tendrá un acuerdo amplio.

Pero debe resolver dos problemas. El primero tiene que ver con la tendencia a subordinarse a la ortodoxia económica conservadora. Sus resultados en crecimiento han sido escasos, por no decir nulos, aunque se supone es su prioridad, por adherir a una política anti-inflacionaria que no consideró el carácter básicamente externo del brote de 2021-2022 y a una política de ajuste presupuestario radical antes que de aterrizaje suave que ha afectado el empleo y la informalidad. Los resultados sociales han sido más bien extra-presupuestarios, como  los positivos avances en el salario mínimo, la disminución progresiva de la jornada laboral a 40 horas y las cobranzas de pensiones alimenticias,  pero sin mayores impulsos a la negociación colectiva y a la diversificación económica (con el cierre de Huachipato como una herida y el acuerdo del litio con una excesiva prolongación del rol de SQM como otra herida), a la reforma de los seguros de salud (con el salvataje a las Isapres como una herida adicional) y un posible acuerdo muy rebajado en materia de pensiones (inferior al aceptado por Piñera en su segundo gobierno). 

Las restricciones presupuestarias no han impedido, por su parte, aumentos de la pensión garantizada universal (aunque en términos reales inferiores a las programadas), activar planes de vivienda y formular la propuesta de financiamiento de estudiantes de educación superior y saldar la deuda de los años 1980 con el profesorado. Pero con estas restricciones, junto a los traspiés en la reforma tributaria (con la aceptación de una regalía minera insuficiente,  la caída del impuesto a las grandes fortunas y un plan de aumento del impuesto a la renta a los más ricos limitado a compensar una baja de la tributación a las utilidades de las empresas), no se ha avanzado en los aportes a través de mecanismos como el “bolsillo electrónico”, una buena idea del actual gobierno que no ha quedado como mecanismo permanente de apoyo a la compra de alimentos por las familias de menos ingresos, ni en las inversiones necesarias en salud para terminar con las listas de espera, ni tampoco mayormente en el subsidio del cuidado, una vasta tarea. 

Todo esto en parte tiene que ver con la ausencia de mayoría parlamentaria y en parte con la ausencia de convicción de un sector de las fuerzas de gobierno para avanzar en estas materias. La proyección a futuro requerirá persistir unitariamente y con un mensaje fuerte en la defensa de los intereses de la mayoría social, lo que no puede dejar de incluir:

– una política económica orientada a fortalecer la inversión pública sostenible y a crear más empleos formales mejor remunerados, mediante la diversificación industrial, el uso de la inteligencia artificial para apoyar los empleos antes que sustituirlos, el fortalecimiento de las empresas públicas, la innovación en las cadenas de la transición energética y el apoyo a las empresas mipymes viables, en medio de un vasto cambio en la economía mundial que puede ofrecer oportunidades a Chile y sus regiones en las cadenas globales de transición energética si se promueven con ambición estratégica, con el ejemplo a seguir del plan del hidrógeno verde;

– una política presupuestaria que contenga el aumento de la deuda pública en base a un aumento de los impuestos a las grandes fortunas, a los altos ingresos y a la renta minera;

– una nueva fase de disminución sustancial de las desigualdades y de la pobreza, mediante una ampliación de la negociación colectiva de los trabajadores, programas especiales reforzados para los jóvenes que no estudian ni trabajan y una redistribución que parta por una devolución del IVA a los bienes básicos a las familias más necesitadas;

– un reforzamiento de la seguridad social en pensiones y desempleo, reponiendo los proyectos originales del actual gobierno, y un aumento de la cobertura y productividad de hospitales y servicios de salud primaria financiado con un fondo universal de cotizaciones que deje a las Isapres solo como seguros complementarios;

– un mejoramiento sustancial del acceso a la vivienda y al transporte público, junto a mayores equipamientos urbanos sostenibles que aumenten la calidad de vida en los barrios y avancen en la erradicación de campamentos precarios;

– una ampliación de los derechos de las mujeres, en especial en materia de aborto, de derechos reproductivos, de igualdad de remuneración y de representación en las instituciones públicas y privadas;

– una política migratoria acorde con la capacidad de integración con derechos y la expulsión sistemática de los delincuentes y traficantes venidos de otros países.

El segundo problema en la proyección de la coalición tiene que ver con los sectores de izquierda ortodoxa en los temas internacionales. La política gubernamental es la de promoción del interés nacional, de la integración latinoamericana y la no alineación respecto a los bloques que pugnan por la hegemonía mundial, junto a la activa defensa del multilateralismo y  la autodeterminación en el marco del respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esta política choca con la actitud de adhesión persistente del PC chileno a la política de la Rusia de Putin, que incluye el no rechazo a la invasión a Ucrania y a la defensa de dictaduras como la de El Asad en Siria, posición muy distinta a la de la izquierda social-democrática en el mundo y también a la de los PC francés, español o kurdo, sin ir más lejos. Y choca con la defensa inexplicable de regímenes autoritarios como los de Ortega y de Maduro (el de Cuba es un caso que debe considerar las décadas de bloqueo norteamericano). El régimen de Maduro, por lo demás, no solo desconoce las elecciones sino que persigue hasta al PC venezolano, sin que el chileno diga nada. En temas internacionales, tal vez la única concordancia es la condena a las masacres de Israel y la solidaridad con el pueblo palestino, que en el caso de la izquierda no alineada incluye también una firme condena al antisemitismo y a las matanzas indiscriminadas de los fundamentalistas de Hamas y asociados. En los temas nacionales y de coyuntura, en cambio, la concordancia del PC con el resto de la coalición es bastante amplia y suficiente. 

Son las paradojas de la vida política, con las que sus actores deben convivir de la mejor manera posible, aplicando un método en el que no se deje de expresar las posiciones de unos y otros -pues la izquierda en Chile es necesariamente plural- pero sabiendo manejar las diferencias en el marco de un propósito común. Este existe, pues hay tareas y desafíos que convocan y deben seguir convocando al conjunto en la etapa siguiente. Se trata nada menos que de hacer avanzar la democracia y crear un nuevo modelo económico-social de prosperidad compartida y sostenible.

La proyección de largo plazo de una alianza de izquierda, sin descuidar la capacidad de articularse a los movimientos sociales y de abrirse al centro sin subordinación a los poderes fácticos, supondrá entonces debatir para acercar posiciones o bien constatar diferencias, las que, hasta donde se puede observar, no debieran impedir lograr un amplio acuerdo progresista sobre un programa de gobierno para 2026-2030.