martes, 4 de septiembre de 2018

A 45 años del golpe: el debate histórico siempre necesario

En Voces La Tercera

Pasado un tiempo desde el enojoso episodio del nombramiento y destitución de Mauricio Rojas, parece quedar una lección: en la imperfecta esfera pública del Chile de hoy cabe asumir todas las consecuencias de la verdad histórica. En primer lugar, aunque cabe lamentar toda muerte violenta ocurrida en el país por razones políticas, corresponde inclinarse con respeto frente a los que perdieron la vida o sufrieron gravemente por las acciones de los agentes del Estado en la dictadura de 1973-1989. Es lo menos que los diversos actores políticos y de opinión pueden hacer para contribuir a reparar en lo que se pueda el daño humano y social enorme provocado por la represión y violencia estatal, cuyas secuelas desgraciadamente se prolongan en el tiempo. No es el único tema a seguir procesando para afianzar mejores bases éticas para la convivencia democrática, pues también están presentes otros más actuales como la corrupción en el financiamiento empresarial de campañas, los conflictos de interés en el gobierno y abusos en diversas instituciones del Estado y la sociedad civil. Pero el golpe de 1973 y sus consecuencias, a pesar de los 45 años transcurridos, marcan inevitablemente la historia contemporánea del país.

Tiene razón Roberto Ampuero (dicho sea de paso todavía nadie se explica por qué fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, salvo la conjetura de marcar distancias con las izquierdas de aquí y de afuera, pero esto es demasiado pequeño para un tema demasiado serio como la política exterior) cuando afirma: "el Museo de la Memoria no explica bajo qué circunstancias estalló el horror que condenamos”. Los que, como Ampuero, reclaman que el rechazo a los horrores de la represión no debe omitir el necesario análisis histórico, tienen razón. Pero deben enfrentar al menos dos temas. 

Primero, como se ha dicho y repetido, los museos históricos no son espacios de análisis, sino que registran momentos y situaciones. En el Museo de la Memoria no se tergiversa nada, se nombra y muestra la brutal represión con, por lo demás, bastante sobriedad, y sin que nada de lo que ahí se muestra sea falso. Cuando la jefa de la UDI opina que el Museo es parcial, pero al mismo tiempo declara no conocerlo, expresa en realidad que su sector político no quiere que existan espacios de memoria que nombren y muestren los horrores inaceptables del régimen que su grupo propició y apoyó. ¿Aspira acaso a que se afiche en esos espacios: "lo que van a ver es culpa de la izquierda que polarizó al país y obligó una intervención de las fuerzas armadas, con las consecuencias colaterales que ahora van a ver?”. No nos cansaremos de afirmarlo: esta pretensión es una distorsión ética incalificable, pues pretende responsabilizar a las víctimas de los sufrimientos inmorales infligidos por sus victimarios.

Segundo, el análisis histórico en la esfera pública es por supuesto indispensable. Pero en este tema la derecha que sostiene que el golpe es culpa de la izquierda tendrá que intentar desmentir toda la amplia documentación de los hechos que culminaron con el 11 de septiembre de 1973. Empezando por el intento de secuestro que derivó en el asesinato del General René Schneider. ¿No ordenó Nixon, presidente de Estados Unidos, expresa y reiteradamente a sus servicios de inteligencia impedir que Salvador Allende asumiera el gobierno el 4 de noviembre de 1970? ¿No consiguió la CIA que actuara un grupo de extrema derecha con algunas complicidades militares (Viaux y otros), al que proveyó de armas y que terminó asesinando nada menos que al Comandante en Jefe del Ejército? ¿No existía el plan de provocar una conmoción violenta que justificara un golpe? De esa magnitud fue la decisión norteamericana y de sus cómplices internos antes de que Salvador Allende pisara siquiera La Moneda. Y de ahí por delante se produjo una seguidilla de acciones abiertas y encubiertas (Nixon: "hagan chirriar la economía") y una inteligente capacidad de la SOFOFA y otros actores de la oligarquía empresarial de entonces de articular una oposición política y social, arrastrando progresivamente al centro político y a diversos sectores medios y populares conservadores a una política de insurrección contra el gobierno (para quien dude al respecto le puede ser útil leer el testimonio de Orlando Sáenz. El gobierno de Allende respetó las normas constitucionales, las libertades civiles y políticas, el calendario electoral, y así sucesivamente. Pero se empeñó en producir un cambio social antioligárquico y de recuperación de los recursos naturales, dirigido por un socialista que no dudó en culminar la reforma agraria y nacionalizar el cobre (porque había sido la batalla de toda su vida), en este último caso con el apoyo unámime del Congreso. Y que era a la vez un demócrata que jamás se propuso ejercer el poder más allá de los seis años de su período constitucional ni llevaría a Chile a una dictadura y menos a los brazos del campo soviético (que en todo caso tampoco estaba interesado en llevar a su órbita a un país austral sin mayor interés geoestratégico). Y que intentó hasta el último día buscar una salida política al conflicto mediante un plebiscito, que primero quiso concordar y luego decidió llamar unilateralmente, y que sabía que probablemente perdería. Allende, y así lo señalan los testimonios de sus cercanos, estaba dispuesto a abandonar el poder mediante mecanismos institucionales que salvaran la democracia chilena.

El golpe no fue provocado ni realizado por la izquierda. Esta no preparó ningún golpe ni autogolpe, incluyendo la extrema izquierda. Es verdad que la coherencia política de sus dirigentes de partido frente a la gravedad del desafío no fue demasiado alta y que sus ligerezas de decisiones y de lenguaje generaron percepciones de amenaza absurdas, pero ese es otro tema sobre el que la propia izquierda ha escrito hasta la saciedad, realizando una amplia autocrítica. La izquierda no fue capaz de crear las condiciones para mantener un apoyo social suficiente respecto a lo fundamental de su proyecto, para lo cual era indispensable un acuerdo con la DC, sostener el alto mando militar constitucionalista y pactar una estabilización económica con una delimitación del sector público. En estos tres temas la derecha y el gobierno de Estados Unidos hicieron todo lo posible para que no se concretara una perspectiva de continuidad democrática, sino que apostaron desde la hora uno a una desestabilización económica que condujera al colapso político. Y también cabe una responsabilidad a Frei Montalva y su grupo, que se negó a dar su acuerdo a una salida pactada, incluyendo el rechazo a la lista de 91 empresas a ser mantenida en el sector público concordada con la directiva DC, a la petición que le realizó personalmente el general Prats de pactar una salida democrática con Allende con la mediación del Cardenal y a la propuesta de plebiscito. 

El golpe fue facilitado por el divorcio entre la izquierda y el centro político, con responsabilidades compartidas.  Pero la izquierda fue víctima, y también lo fue con el correr del tiempo la propia DC, y no causante del golpe. Lo decisivo es que el golpe fue expresamente propiciado e inducido por el gobierno de Estados Unidos -en el contexto implacable de la Guerra Fría-, por la derecha empresarial y política y por los sectores de la Democracia Cristiana conservadores y pro norteamericanos que pensaban sin fundamento que Allende y Prats preparaban “un golpe de Praga” pro-soviético. 

El golpe no era inevitable. Fue ejecutado por un oportunista sin escrúpulos que se sumó a última hora (Pinochet), apoyado en un grupo de oficiales (como Arellano, Bonilla e incluso Leigh) que quisieron diezmar a la izquierda y a los sindicatos y luego entregar el gobierno a civiles elegidos en plazos que no fueran eternos, o bien instaurar un régimen de duración franquista que "refundara" Chile con un proyecto neoliberal de desmontaje del Estado desarrollista (como Merino, al que se sumó Pinochet en tanto se le garantizara un poder prolongado). Este grupo militar, apoyado en y por la derecha política y económica, se propuso restablecer las bases del tradicional dominio oligárquico, que venía cediendo posiciones desde 1920 en adelante. El golpe de 1973 tiene por origen último la pérdida de poder que resultó intolerable para la clase dominante tradicional, para lo cual utilizó sin límites todos los resortes de poder internos y externos de los que disponía. Su respuesta fue terminar con la democracia y configurar un poder autoritario, violento y sin escrúpulos al servicio de sus intereses, más tarde institucionalizado por una constitución de “democracia protegida”… de la soberanía popular. 

Las FF.AA actuaron como ejecutores del golpe y de la represión una vez que un alto mando con convicciones dictatoriales y autoritarias logró su control jerárquico. Pero no olvidemos a los generales Schneider y Prats, al almirante Montero, al general Sepúlveda Galindo, a los generales Poblete y Bachelet, constitucionalistas y demócratas como tantos otros militares profesionales de todos los rangos que honraron históricamente a los institutos armados al oponerse a un golpe de Estado ilegítimo.

De modo que la derecha y su gobierno tienen razón. Hay que discutir sobre quienes causaron el golpe de 1973. Bienvenidos al debate.

lunes, 27 de agosto de 2018

Homenaje a José Boncompte

Hace justo 34 años José Boncompte fue asesinado 22 balazos mediante. Esto ocurrió en el marco de una operación criminal de la CNI en el sur del país, en este caso en Valdivia, donde se encontraba clandestino. En mayo de este año se ha producido la condena judicial en primera instancia a una parte de los agentes de la CNI que participaron en ese crimen a mansalva en agosto de 1984.

Compartí con Pepe exilio, militancia y sobre todo amistad en nuestros jóvenes días en París. El se había salvado luego de haber caído en Santiago en 1975 en manos de la DINA, como parte un grupo de resistencia clandestina del MIR junto a los hermanos Bonnefoy, momento en que otro compañero murió heroicamente disparando a un agente. Finalmente los tres sobrevivientes del episodio pudieron salir al exilio por tener otra nacionalidad que la chilena. Todo esto está recogido en el libro "Relato en el frente chileno" de Ilario Da (Michel Bonnefoy, en realidad).

Pepe era romántico, inteligente y buen amigo. Un día nos citó a otro amigo, Jacques Young, y a mi a un café para lo que sería su despedida, por el 78. Habíamos discutido meses y años sobre lo que, a mi parecer, era el infundado proceso de retorno clandestino que había decidido realizar la dirección del MIR. Yo era de los que pensaban que no haría avanzar las cosas, pero si tendría un nuevo alto costo humano que se agregaría a la derrota y masacre de 1973-75. Y que lo que se debía hacer era ir conquistando espacios en una lucha de desobediencia civil masiva y creciente y en una salida política antes que una lucha armada inconducente en nuestro contexto. Pero Pepe estaba decidido a seguir el otro camino. Nos dijo que a la hora de tomar su opción tenía en la memoria a su familia española que había participado en la guerra civil. Y que ese era su destino. Todavía recuerdo el abrazo de despedida que nos dimos, pues los dos sabíamos que posiblemente sería el último. Yo logré un retorno legal desde 1980, pero nuestros caminos no se volvieron a cruzar en Chile. Inmensa fue la rabia y la pena al conocer la noticia de su asesinato en Valdivia seis años después de nuestra despedida. En 1981 y en 1983 ya habían sido asesinados en Santiago los hermanos Sergio y Genaro Flores Durán, amigos también retornados clandestinamente desde París.

Pepe Boncompte había estudiado economía y administración pública en la Universidad de Chile. Un día en los años dos mil fui a hacer una clase a esa escuela y me encontré en un panel con un afiche de homenaje a Pepe y con una foto suya, lo que me impresionó y emocionó. Un grupo militante rendía homenaje a su manera a la memoria de alguien que había pasado por esas aulas en los años setenta y que había entregado su vida en la lucha contra la dictadura y por un mundo más justo. Sabían que esa no había sido cualquier decisión y que el sacrificio de Pepe merecía ser parte de la memoria colectiva.

Hoy más que nunca solo cabe el homenaje que se debe a los luchadores que dieron su vida por una causa noble y, en este caso, a mi amigo José Boncompte. Y honrar su memoria.

jueves, 23 de agosto de 2018

Sobre desigualdad e impuestos

A partir de tres mensajes breves del 23 de agosto

Justo cuando la CASEN revela un aumento de la desigualdad en 2015-17 (¿qué dicen Valdés y Eyzaguirre?), Piñera baja el impuesto a las empresas y el impuesto a la renta vía reintegración. Varios cientos de millones de dólares regalados a los más ricos. Así va Chile.

El índice de desigualdad que mejor mide el fenómeno es el 10-40 (cuantas veces representa el ingreso del 10% más rico aquel del 40% más pobre). Bajó a 2,1 veces en 2017 desde 2,4 veces en 2006 (en una década) y 2,2 veces en 2013 (durante Bachelet II). Apenas se avanza y en el último bienio se retrocedió. En la OCDE la relación 10-40 es de 1,2 veces en promedio (y de 0,9 veces en Dinamarca y Finlandia). Falta un cambio laboral y tributario estructural. No hay más.

Para bajar la desigualdad a niveles OCDE, falta una mayor participación del trabajo en el ingreso con negociación colectiva real y salario mínimo más alto, mayores impuestos sobre recursos naturales y sobre emisión de contaminantes e impuestos a la renta más progresivos, volviendo al 50% en el tramo más alto de ingresos de 1990 y separando los impuestos a las utilidades de las empresas y a los ingresos de las personas.

Agrego que la literatura reciente (ver por ejemplo Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth, Mariana Mazzucato y Michael Jacobs, 2016) indica que un sistema laboral y tributario que induce menos rotación laboral, más formación y educación, mejor salud, más protección ante el desempleo y la vejez, más investigación y desarrollo para la innovación y más protección del consumidor, aumenta la productividad más que los mercados ilimitados y no gobernados por los poderes públicos y la sociedad. 

La innovación debe ponerse al servicio del desafío ambiental. Este es de vida o muerte para las nuevas generaciones, lo que nos obliga a transitar con celeridad a una economía descarbonizada y circular, en la que se haga durar y se recicle lo que se produce, con un consumo reorientado a lo funcional para no derrochar recursos y evitar el sobre-endeudamiento. Es decir, avanzar hacia una economía que crea empleos y genera ingresos para el bienestar social-ecológico y no solo para la expansión ilimitada de la acumulación de capital y de los mercados, que redundan cíclicamente en aumentos del consumo, pero también sistemáticamente en una gran concentración del ingreso, la precarización del trabajo, el endeudamiento de los hogares y el deterioro insostenible de los ecosistemas. De estos últimos temas trata mi último libro, que se presenta hoy en la editorial LOM.

miércoles, 15 de agosto de 2018

Más sobre el tema de Rojas-Ampuero

Escrito el 12 de agosto en Twitter, bajo el impulso de la indignación.
----
Para M. Rojas exponer en un museo los crímenes contra la democracia y contra la humanidad de la dictadura de 1973-89 es un "uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional". Del nivel del diputado UDI Urrutia. ¡Y Piñera lo nombra ministro de cultura!

El Museo de la Memoria no es "una manipulación de la historia". Presenta una historia terrible, que hay que conocer para que no se repita. M. Rojas y R. Ampuero son parte de la pretensión deleznable de culpar a las víctimas de las acciones de sus victimarios.

Lo que Piñera busca al poner a personajes menores como Ampuero y Rojas como ministros es agredir a la izquierda. Al nombrar en Salud a un cómplice del encubrimiento del asesinato de Frei, agrede su memoria y a quienes comparten sus ideas. Demasiada soberbia gratuita.

Los que hicieron trizas la democracia fueron los que prepararon, ejecutaron y/o apoyaron un golpe de Estado sanguinario, ¡no los que se opusieron a él! ¡Hasta cuando tanta distorsión histórica y moral!

----

Agrego que el tema no es tanto que existan estos personajes conversos, capaces de ser más furibundos que la extrema derecha para ganar puntos entre los poderosos 
a los que decidieron servir (incluyendo escribir novelitas sobre Allende o hablar en Suecia contra la inmigración), o que existan médicos que fueron cómplices de crímenes, sino que Piñera los nombre ministros o subsecretarios. La derecha en Chile no tiene remedio en su falta de respeto a los principios republicanos más elementales.

Y si hay algo que es especialmente inaceptable es, ya que no se pueden negar los crímenes a estas alturas, sostener que el hecho que se cometieran, desde el bombardeo de La Moneda en adelante, fue responsabilidad de la izquierda. La responsabilidad de los crímenes es de los criminales, no de las víctimas de los criminales, por ineficaces que hayan sido estos últimos o equivocados que hayan estado en sus propósitos políticos. Esa es harina de otro costal. El derecho penal reconoce como asesino al asesino, jamás al que lo haya supuestamente provocado. Todo lo que se diga en otro sentido no es explicar, es pretender justificar crímenes, en este caso contra la humanidad, los más graves que se pueda imaginarMás sobre el tema de Rojas-Ampuero en frases breves escritas en Twitter


13 de agosto

@tere_marinovic: "Una pregunta simple: si alguien visita el museo de la memoria, entiende por qué razón se produjo el Golpe, o cree que fue algo así como un antojo de las FFAA?

En respuesta:

¿Usted pretende decir que no hubo un diseño de A. Edwards y buena parte de la oligarquía económica y la ultraderecha, junto a Nixon-Kissinger, para impedir que Allende asumiera el gobierno en 1970? ¿Y derrocarlo apenas pudieran? No está en el Museo, fíjese. No es su función.

Bien la salida de Rojas. Lección: en la esfera pública republicana cabe asumir todas las consecuencias de la verdad histórica e inclinarse con respeto frente a los que sufrieron. Es lo menos para reparar en lo que se pueda el daño humano y social enorme provocado por la represión


14 de agosto

Ampuero: "el Museo de la Memoria no explica bajo qué circunstancias estalló el horror que condenamos”. El golpe tiene por origen las reformas de Frei y Allende, intolerables para la oligarquía, que decidió terminar con la democracia. Y EE.UU. no toleró que Allende gobernara.

Los responsables del golpe de 1973 fueron la derecha, la DC pro norteamericana y el gobierno de Estados Unidos. La izquierda no fue capaz de crear las condiciones para mantener un acuerdo con la DC y no polarizar a los sectores medios, pero fue víctima y no causante del golpe.

Las FF.AA actuaron como ejecutores del golpe y de la represión dirigidas por un alto mando circunstancial de extrema derecha. No olvidemos a los generales Schneider y Prats, al almirante Montero, al general Sepúlveda Galindo, constitucionalistas y demócratas como muchos otros.

jueves, 9 de agosto de 2018

Encuestas a la baja: ¿economía al alza?

Voces La Tercera

La calidad de las encuestas de opinión pública en Chile deja bastante que desear. El sondeo semanal que realiza una empresa por lo menos dejó de mezclar llamadas telefónicas con salidas a la calle, pero ostenta una tasa de respuestas por celular de solo 22%. Luego pondera las respuestas obtenidas por cuotas de sectores representativos de la población, lo que es un buen procedimiento que da razonables resultados predictivos en otros países, pero esto impide calcular márgenes de error al no tratarse ya de una muestra aleatoria, lo que la empresa de marras presenta igual sin fundamento estadístico alguno. Se echa de menos una regulación, como en otros países, de la presentación de los resultados de encuestas.

No obstante, hay un hecho que se repite en el mencionado sondeo y en otros: parece registrarse una caída sustancial de las opiniones favorables sobre Sebastián Piñera y su gobierno. Diversos comentaristas mencionan, a partir de ahí, la idea de una paradoja entre una baja de la popularidad presidencial y el buen desempeño de la economía. El problema es que ese desempeño no es tan dinámico como se lo presenta.

El Imacec (índice mensual de actividad económica) de junio aumentó en 4,9% respecto al mismo mes del año pasado, una muy buena cifra. Pero para evaluar la coyuntura económica lo adecuado es tomar trimestres más que meses y despejar los valores estacionales, que son importantes en la agricultura, la construcción y otras actividades. Así, el Imacec desestacionalizado del primer trimestre de 2018 (último de Michelle Bachelet) creció respecto al trimestre anterior a un ritmo anual superior al 4%, en el contexto de la tendencia más dinámica que la economía venía presentando desde la segunda parte del año pasado, coincidiendo con mayores exportaciones. Se había iniciado entonces una tardía pero clara recuperación del bajo crecimiento que ensombreció el panorama económico desde el segundo semestre de 2013. Al terminar el gobierno de Sebastián Piñera, se inició el colapso de la inversión minera y un estancamiento de las exportaciones. Esto no fue compensado consistentemente con inversión pública ni esfuerzos de diversificación, especialmente con la equivocada política ortodoxa del ministro Valdés. Este bajó durante tres años seguidos la inversión pública y estancó el gasto en investigación y desarrollo, que son importantes palancas de estímulo del crecimiento, junto a un tipo de cambio competitivo. Ahí se sitúa la falta de política de crecimiento del gobierno anterior y no en las indispensables reformas sociales, las que en cualquier caso podrían haber sido más claras y rápidas y fueron disminuidas por la oposición interna y externa al gobierno y por el Tribunal Constitucional.

Se constató en definitiva un efecto negativo sobre los equilibrios fiscales tanto por el bajo crecimiento como por rendimientos  recaudatorios de una reforma tributaria a la postre bastante limitada, aunque de todos modos muy costosa políticamente y complicada administrativamente para las empresas. Fue favorable para las Pymes y para quienes vieron disminuida inexplicablemente de 40% a 35% la tasa de impuesto en los tramos más altos de ingresos, como si en Chile no hubiera una gigantesca desigualdad que se reproduce año a año. Pero no fue demasiado favorable para la recaudación. Finalmente se registró un  deterioro de los índices de endeudamiento sobre el PIB y una cierta merma en la calificación de riesgo por las agencias externas, aunque permanecen muy razonables.

El problema ahora es que la recuperación muestra algunos signos de fatiga. El Imacec promedio desestacionalizado del segundo trimestre creció un 0,7% respecto al anterior (a un ritmo inferior a un 3% anualizado), bastante menos que el 1,1% registrado en el primer trimestre. Estamos ante un crecimiento coyuntural a la baja. Por su parte, el empleo creció en 2,2% en el primer trimestre y en 2,1% en el segundo trimestre respecto al mismo período del año anterior, con una leve pérdida de dinamismo, y en todo caso a un ritmo inferior al crecimiento de la fuerza de trabajo. Así, la tasa de desempleo, siempre en términos desestacionalizados, subió desde un 6,8% de la fuerza de trabajo en el trimestre enero-marzo  a un 6,9% en el trimestre abril-junio.

El actual momento puede ser solo un bache. Pero por ahora se observa que la economía se está de nuevo desacelerando, y no al revés, como publicitan las autoridades. El menor dinamismo debe estar incidiendo en la caída de la popularidad del gobierno, a lo que habrá contribuido la seguidilla de errores políticos presidenciales y ministeriales de diversa magnitud, como por ejemplo el hermano embajador, los bingos para arreglar escuelas y un ministro de Economía recomendando invertir en el extranjero.

Este gobierno lleva poco tiempo y ojalá la economía se recupere, pero para eso no bastan las declaraciones exitistas. Hay que partir por reconocer que hay ciertas dificultades. Es recomendable que el Banco Central baje la tasa de interés de referencia y el gobierno aumente la inversión pública. Y que además estimule el crecimiento de las remuneraciones, que viene en una fuerte caída, y por tanto aumente más el salario mínimo que lo que se propone y mire más la demanda agregada y menos el costo salarial para un segmento de  empresas que no emplea más que una baja proporción del empleo total. Esto es necesario porque el contexto externo se ha vuelto más errático y se ha provocado una recaída del precio del cobre, aspectos de la coyuntura que, junto a los salarios reales estancados, han enfriado la economía y obligan a tomar nuevas iniciativas por el lado de la demanda.

Pero las cegueras ideológicas del gobierno y la presión empresarial lo llevan, más bien, a pensar en un “shock de oferta”, es decir en reformas liberalizadoras del mercado de trabajo y desregulaciones ambientales supuestamente para favorecer la inversión privada en algún plazo incierto. Esto es “economía vudú”, en palabras del premio Nobel Paul Krugman, que en nada reactivará la economía. La inversión privada depende hoy en Chile sobre todo de las perspectivas de los precios y demanda de los bienes de exportación y de la demanda interna de empresas y familias. Las liberalizaciones previstas harán perder aún más poder al mundo de los asalariados, que constituyen el 70% del empleo. Peor aún, concentrarán más los ingresos y el consumo y deteriorarán más el medio ambiente. ¿No son estos problemas suficientemente graves en el país como para aumentarlos por equivocados prejuicios ideológicos y la presión de intereses particulares?

lunes, 16 de julio de 2018

Artículo sobre mediciones de pobreza

Comparto un artículo académico sobre mediciones de pobreza en Chile, mostrando su arbitrariedad.

martes, 26 de junio de 2018

Crece la riqueza financiera privada: ¿y qué futuro espera al resto de los chilenos?

El Mostrador

La idea de que la agenda más importante a discutir por el centro y la izquierda es la del crecimiento, planteada por el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés e insinuada por otros ex ministros del gobierno anterior, es una inconsecuencia, pues se trata de quienes llevaron a cabo una política de disminución de la inversión pública y de restricción del gasto en investigación y desarrollo, es decir todo lo contrario de una política de crecimiento. Salvo que se entienda por crecimiento dejar que el mercado asigne los recursos en todos los ámbitos de la vida, bajo el falso supuesto de que es la única fuente de eficiencia y expansión económica, en detrimento de la propia prosperidad colectiva (por falta de inversión en educación, innovación y diversificación que el mercado no provee), de la equidad distributiva y de la sostenibilidad ambiental. Este enfoque sitúa a los que lo sostienen en un espacio político bastante poco de centro y a años luz de cualquier vertiente de izquierda.

Veamos algunos hechos en materia de "crecimiento de mercado". La riqueza financiera privada en Chile creció un 7% en 2017, según el estudio Global Wealth 2018, elaborado por The Boston Consulting Group. El ingreso nacional bruto disponible real lo hizo en solo 2,8% en 2017. Los que disponen de acciones, depósitos y otros activos financieros incrementaron sus ingresos por este concepto más del doble que el ingreso promedio de los chilenos. Para los próximos cinco años, el BCG proyecta que la riqueza privada en Chile crecerá a una tasa anual del 10%. Esas predicciones son mayores que el 7% previsto hacia 2022 a escala global. El crecimiento financiero parece asegurado.

Por otro lado, la prensa consignaba recientemente que la rentabilidad promedio sobre el patrimonio de las sociedades anónimas fue en 2017 de 6,9%. La de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue nada menos que de 35,4%, la de las Isapres de un 20,9% y la de las autopistas urbanas de 18,6%. Agreguemos las rentabilidades de cerca de 20% de los dos principales bancos y rentas todavía mucho mayores de la gran minería privada cuando los precios del cobre son altos, como empezó a ser el caso desde 2017.

Este es el mercado chileno: uno con enormes sobreutilidades en los sectores regulados por entidades gubernamentales o basados en recursos naturales que pertenecen legalmente a todos los chilenos (los del subsuelo y del mar). Y, además, con enormes rentabilidades encubiertas o abiertas sobre la base de subsidios en la educación (escolar y universitaria) y la salud (prestaciones contratadas a privados por Fonasa).

El equilibrio político conformado desde 1990, a pesar de que muchos de nosotros aspirábamos a un “crecimiento con equidad”, ha dado lugar a una suerte de modelo de "capitalismo subsidiado" que garantiza abultadas tasas de ganancias a los poseedores de capital de diferentes escalas, muy superiores a las que se practican en los procesos normales de inversión en el mundo. Frente a la extrema concentración de los ingresos existente en Chile, originada en 1973-89 y no revertida sino en pequeña escala desde 1990, existen dos posibilidades: o bien se mantiene el aplauso de los beneficiados (como es el caso de la base política y empresarial del actual gobierno) y la resignación del resto (que no ha sabido, podido o querido cambiar este reino de las utilidades ilegítimas) o bien se trabajan soluciones estructurales alternativas.

En primer lugar, las AFP y las Isapres no debieran recibir más cotizaciones obligatorias sino competir en el mercado de ahorros y seguros sin privilegios públicos. Luego, la subvención escolar debiera orientarse a una mezcla de gasto en una oferta territorialmente equilibrada de educación pública, laica y gratuita de calidad y en la subvención de la demanda por alumno en escuelas privadas pero mediante contratos de desempeño pedagógico y definitivamente sin filtraciones a utilidades de sus dueños. La gratuidad universitaria no debe ir como regla general a entidades privadas sino solo a las entidades públicas o a proyectos privados de interés público que lo justifiquen, en tanto no persigan lucro ni proyectos educativos no plurales.

La banca, por su parte, debe ser impedida de abusar de posiciones monopólicas y cobrar comisiones poco transparentes. La minería estatal debiera expandirse, y la gran minería privada debiera operar con topes a la rentabilidad privada regulada por un sistema tributario altamente progresivo en función del precio de los metales. Los contratos del litio debieran revisarse para privilegiar su explotación estatal o con regalías mucho mayores que las vigentes y en la perspectiva de ser parte de cadenas globales de electromovilidad con una rápida transición energética hacia las renovables no convencionales.

La alternativa a la situación actual es transitar a una "economía mixta regulada y sostenible", lo que no será posible en este gobierno, pero sí en uno eventual de tipo progresista desde 2022 que debe prepararse desde ya. Un nuevo modelo económico es perfectamente factible con:

- la eliminación de las rentas monopólicas con los mencionados instrumentos tributarios, de regulación de mercados y de producción pública selectiva;

- nuevas reglas para las pymes y la economía social y solidaria que aumenten sus espacios de actividad con compras públicas y una banca de desarrollo efectiva;

- la expansión de los sistemas de innovación e investigación y desarrollo tecnológico que estimulen que el sistema económico y social-ecológico transite al consumo saludable y funcional y a la producción sostenible basada en energías renovables;

- nuevas reglas que permitan a los trabajadores disponer de poder negociador de sus salarios y condiciones de trabajo y también de una participación efectiva en las utilidades, incluyendo gratificaciones y fondos salariales, y de una seguridad social pública y solidaria en salud, pensiones y dependencia y en seguro de desempleo;

- un sistema tributario progresivo que lleve la carga de impuestos en el horizonte de una década al 34% del PIB (el promedio OCDE) y permita financiar: a) una amplia política de infancia y una educación pública de calidad, plural y no sexista a disposición de todos, desde la escuela a la educación superior; b) bienes públicos urbanos, en seguridad y culturales; c) la protección de los ecosistemas; y d) una renta básica con horizonte universal, empezando por los mayores de 65 años y las familias de más bajos ingresos.

¿Es este enfoque muy radical? Si por radicalidad se entiende ir a la raíz de los problemas, efectivamente apunta a que dejemos de ser uno de los países más desiguales del mundo. Este sigue siendo, junto al de un crecimiento sustentable, el desafío principal del Chile del presente y del futuro.