Crece la riqueza financiera privada: ¿y qué futuro espera al resto de los chilenos?

El Mostrador

La idea de que la agenda más importante a discutir por el centro y la izquierda es la del crecimiento, planteada por el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés e insinuada por otros ex ministros del gobierno anterior, es una inconsecuencia, pues se trata de quienes llevaron a cabo una política de disminución de la inversión pública y de restricción del gasto en investigación y desarrollo, es decir todo lo contrario de una política de crecimiento. Salvo que se entienda por crecimiento dejar que el mercado asigne los recursos en todos los ámbitos de la vida, bajo el falso supuesto de que es la única fuente de eficiencia y expansión económica, en detrimento de la propia prosperidad colectiva (por falta de inversión en educación, innovación y diversificación que el mercado no provee), de la equidad distributiva y de la sostenibilidad ambiental. Este enfoque sitúa a los que lo sostienen en un espacio político bastante poco de centro y a años luz de cualquier vertiente de izquierda.

Veamos algunos hechos en materia de "crecimiento de mercado". La riqueza financiera privada en Chile creció un 7% en 2017, según el estudio Global Wealth 2018, elaborado por The Boston Consulting Group. El ingreso nacional bruto disponible real lo hizo en solo 2,8% en 2017. Los que disponen de acciones, depósitos y otros activos financieros incrementaron sus ingresos por este concepto más del doble que el ingreso promedio de los chilenos. Para los próximos cinco años, el BCG proyecta que la riqueza privada en Chile crecerá a una tasa anual del 10%. Esas predicciones son mayores que el 7% previsto hacia 2022 a escala global. El crecimiento financiero parece asegurado.

Por otro lado, la prensa consignaba recientemente que la rentabilidad promedio sobre el patrimonio de las sociedades anónimas fue en 2017 de 6,9%. La de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue nada menos que de 35,4%, la de las Isapres de un 20,9% y la de las autopistas urbanas de 18,6%. Agreguemos las rentabilidades de cerca de 20% de los dos principales bancos y rentas todavía mucho mayores de la gran minería privada cuando los precios del cobre son altos, como empezó a ser el caso desde 2017.

Este es el mercado chileno: uno con enormes sobreutilidades en los sectores regulados por entidades gubernamentales o basados en recursos naturales que pertenecen legalmente a todos los chilenos (los del subsuelo y del mar). Y, además, con enormes rentabilidades encubiertas o abiertas sobre la base de subsidios en la educación (escolar y universitaria) y la salud (prestaciones contratadas a privados por Fonasa).

El equilibrio político conformado desde 1990, a pesar de que muchos de nosotros aspirábamos a un “crecimiento con equidad”, ha dado lugar a una suerte de modelo de "capitalismo subsidiado" que garantiza abultadas tasas de ganancias a los poseedores de capital de diferentes escalas, muy superiores a las que se practican en los procesos normales de inversión en el mundo. Frente a la extrema concentración de los ingresos existente en Chile, originada en 1973-89 y no revertida sino en pequeña escala desde 1990, existen dos posibilidades: o bien se mantiene el aplauso de los beneficiados (como es el caso de la base política y empresarial del actual gobierno) y la resignación del resto (que no ha sabido, podido o querido cambiar este reino de las utilidades ilegítimas) o bien se trabajan soluciones estructurales alternativas.

En primer lugar, las AFP y las Isapres no debieran recibir más cotizaciones obligatorias sino competir en el mercado de ahorros y seguros sin privilegios públicos. Luego, la subvención escolar debiera orientarse a una mezcla de gasto en una oferta territorialmente equilibrada de educación pública, laica y gratuita de calidad y en la subvención de la demanda por alumno en escuelas privadas pero mediante contratos de desempeño pedagógico y definitivamente sin filtraciones a utilidades de sus dueños. La gratuidad universitaria no debe ir como regla general a entidades privadas sino solo a las entidades públicas o a proyectos privados de interés público que lo justifiquen, en tanto no persigan lucro ni proyectos educativos no plurales.

La banca, por su parte, debe ser impedida de abusar de posiciones monopólicas y cobrar comisiones poco transparentes. La minería estatal debiera expandirse, y la gran minería privada debiera operar con topes a la rentabilidad privada regulada por un sistema tributario altamente progresivo en función del precio de los metales. Los contratos del litio debieran revisarse para privilegiar su explotación estatal o con regalías mucho mayores que las vigentes y en la perspectiva de ser parte de cadenas globales de electromovilidad con una rápida transición energética hacia las renovables no convencionales.

La alternativa a la situación actual es transitar a una "economía mixta regulada y sostenible", lo que no será posible en este gobierno, pero sí en uno eventual de tipo progresista desde 2022 que debe prepararse desde ya. Un nuevo modelo económico es perfectamente factible con:

- la eliminación de las rentas monopólicas con los mencionados instrumentos tributarios, de regulación de mercados y de producción pública selectiva;

- nuevas reglas para las pymes y la economía social y solidaria que aumenten sus espacios de actividad con compras públicas y una banca de desarrollo efectiva;

- la expansión de los sistemas de innovación e investigación y desarrollo tecnológico que estimulen que el sistema económico y social-ecológico transite al consumo saludable y funcional y a la producción sostenible basada en energías renovables;

- nuevas reglas que permitan a los trabajadores disponer de poder negociador de sus salarios y condiciones de trabajo y también de una participación efectiva en las utilidades, incluyendo gratificaciones y fondos salariales, y de una seguridad social pública y solidaria en salud, pensiones y dependencia y en seguro de desempleo;

- un sistema tributario progresivo que lleve la carga de impuestos en el horizonte de una década al 34% del PIB (el promedio OCDE) y permita financiar: a) una amplia política de infancia y una educación pública de calidad, plural y no sexista a disposición de todos, desde la escuela a la educación superior; b) bienes públicos urbanos, en seguridad y culturales; c) la protección de los ecosistemas; y d) una renta básica con horizonte universal, empezando por los mayores de 65 años y las familias de más bajos ingresos.

¿Es este enfoque muy radical? Si por radicalidad se entiende ir a la raíz de los problemas, efectivamente apunta a que dejemos de ser uno de los países más desiguales del mundo. Este sigue siendo, junto al de un crecimiento sustentable, el desafío principal del Chile del presente y del futuro.

Divisiones y alianzas en la oposición

En Voces La Tercera

La nueva directiva de la Democracia Cristiana ha emplazado al Partido Socialista a manifestar una voluntad de reconstruir un “eje histórico” entre ambos partidos. Pero existen dos problemas.

Primero, nunca existió un “eje histórico” entre DC y PS, al menos entre 1988 y 2005. Al originarse la Concertación en febrero de 1988, la DC y el PS (disperso y luego unificado en diciembre de 1989) fueron efectivamente los dos partidos más importantes de la coalición que llevó a la victoria del NO hace ya cerca de 30 años. Eran además los que se habían confrontado fatalmente en 1973. Pero en el seno de la coalición común, el PS en materia municipal y parlamentaria compitió sistemáticamente con la DC en la transición, en alianzas con el PPD y en ocasiones con el PR, competencia legítima, pues su historia y su proyecto no eran los mismos. En materia presidencial buscó su propia proyección desde 1993 y la logró desde 1999. El PS tuvo precandidato/a propios sin que nadie se ofuscara, pues existía una coalición plural que competía en su interior. Los acuerdos parlamentarios y municipales entre la DC y el PS son posteriores a 2005, con la ruptura del “eje histórico” con el PPD provocado equivocadamente por las direcciones de Escalona y Andrade. La nueva combinación tuvo básicamente malos resultados para la DC, que acentuó su declinación electoral y no potenció su identidad de centro progresista. Y también para el PS, pues el giro a un pragmatismo sin otro horizonte que mantener parcelas de poder -para lo que una alianza con los conservadores de la coalición era funcional- dividió al socialismo, que tanto había costado reunificar en los años 1980. Se crearon así las condiciones para la emergencia a la izquierda del PS del PRO y luego del Frente Amplio. Y esta política fue especialmente errónea para la segunda presidencia de Michelle Bachelet, pues se tradujo en un boicot permanente del ala conservadora de la DC en los temas centrales de gobierno. El PS no quiso jugar su rol de promoción de los cambios, volcado al mero pragmatismo burocrático de corto plazo. Finalmente, en el conflicto entre transformadores y el ala pro-empresarial prevaleció ésta última. Esto fue en buena medida responsabilidad del PS, que terminó por renunciar desde 2005 a empujar con consistencia  las reformas sociales estructurales por las que el progresismo concertacionista, incluyendo a muchos DC, luchó desde 1990. Fatales fueron, en especial, la política minera y pesquera privatista, las reformas que ampliaron la mercantilización de la educación y la ausencia de políticas de diversificación productiva y de reforma de las AFP e Isapres. No obstante, además de algunos avances sociales (seguro de desempleo, Auge, pensión básica, fin del reemplazo de trabajadores en huelga), en los temas de libertades y de género el ala conservadora de la coalición fue siendo derrotada sistemáticamente (pena de muerte, divorcio, unión civil, aborto), mientras en materia de derechos humanos la izquierda y el progresismo lograron sustanciales avances desde el año 2000 en adelante. Los escenarios políticos son en todo caso siempre complejos y dinámicos, y no reductibles a caricaturas simplistas, como suele hacerse con cada vez mayor frecuencia con el análisis de la transición post-dictadura.

Pero todo eso ya es historia. Lo que ahora importa para la oposición es una nueva articulación entre la izquierda y el centro progresista para llevar adelante el cambio constitucional pendiente y políticas de reforma estructural de la economía en beneficio de la mayoría social y de un bienestar compartido y sustentable. Y con todos los que estén de acuerdo con ellas, no en un acuerdo particular entre el PS y la DC que consagraría la división de la oposición.

En efecto, y este es el segundo problema del emplazamiento comentado, la DC actual, con el 10,3% de los votos, no quiere alianzas, al parecer ni siquiera electorales, con el PC y el Frente Amplio. Entonces es de suponer que es difícil para el PS sumarse a una política de división en nombre de un ficticio “eje histórico” que estaría, además, lejos de tener la entidad política y parlamentaria suficiente y todavía con pocos acuerdos programáticos. Convengamos, en este aspecto, que en la DC hay un proceso de decantación de posiciones de quienes han evolucionado a posiciones más cercanas a la derecha. ¿Se puede llamar de centro a defensores del actual statu quo constitucional, de las AFP e Isapres, de la minería y pesca privadas,  y del consumidor de impuestos regresivos, de relaciones laborales proempresariales, de la ausencia de diversificación productiva y de protección del medioambiente? Parece, en cambio, sensato que las fuerzas que apoyaron a Alejandro Guillier (PR-PS-PPD-PC y la Federación Regionalista Verde Social) consoliden una suerte de núcleo básico con vocación transformadora y de articulación con el resto de las fuerzas opositoras. Estas listas obtuvieron cerca de un 26% de los votos en la elección de diputados, mientras el Frente Amplio obtuvo un 16,5% y el PRO-País un 3,9%, lo que suma una importante proporción del electorado favorable a cambios sociales.

La oposición parlamentaria a las regresiones neoliberales en materia tributaria y laboral que prepara el actual gobierno debe encontrar un frente común en las fuerzas que conformaron las mesas opositoras del Congreso, junto al mundo social. No hay ninguna razón, salvo el espíritu de capilla, para que el conjunto de las fuerzas de oposición no tenga candidatos comunes a gobernadores regionales y alcaldes, dirimidos eso si en primarias -mecanismo ahora legalmente disponible- o bien introduciendo una segunda vuelta municipal, como adecuadamente ha propuesto Fuad Chahín. Y no mediante los típicos acuerdos entre partidos que tanto han contribuido a la abstención y al descrédito de la política democrática. En otras épocas la Concertación y la Nueva Mayoría no tuvieron otra opción que practicarlos para no dar ventajas a la derecha, además de las que ya tenía con senadores designados, quorums elevados y binominal, pero al precio de su propio desgaste y declinación. La diversidad debe, además, expresarse en listas autónomas y competitivas de cada fuerza política en la elección de consejeros regionales y concejales municipales.

Esa es la verdadera cooperación que debe construirse entre el centro progresista y las izquierdas para evitar regresiones sociales y evitar que aumente la influencia de la derecha en regiones y municipios. Y para que no siga en el gobierno después de 2021, salvo que se quiera mantener su continuidad en el poder político, además del enorme poder económico y mediático que concentra, pero esas son ya definiciones de otro calibre que cada fuerza política opositora debiera partir por clarificar. Y sacar las conclusiones que se imponen en materia política y electoral.

Lo que un programa con contenidos socialistas podría incluir

Un programa socialista para 2021

(propuestas preliminares)

Introducción

El socialismo es un horizonte de cambio hacia más libertad e igualdad social y entre géneros, que son nuestras banderas históricas, y también hacia más sustentabilidad para defender la viabilidad ecológica del planeta. Se trata de un proceso histórico que no se reduce a simples y arbitrarias etiquetas o modelos. El socialismo se propone representar al mundo del trabajo, de la creación y de la cultura y a las clases y grupos sociales oprimidos por la lógica concentradora del capitalismo y de las oligarquías dominantes. Afirmamos que el socialismo es siempre plural y diverso, pero como régimen político y económico  posee dos características básicas hacia las que nos proponemos avanzar.

Primero, un régimen de gobierno socialista debe garantizar derechos políticos fundamentales y construir y sustentarse en mecanismos participativos a través de los cuales la mayoría social pueda influenciar y dirimir las decisiones públicas. La esfera política debe mostrar una capacidad sistemática de respuesta a las preferencias de la sociedad, en un contexto de libertades públicas, de pluralismo político, de separación de poderes y de alternancia en el poder. El socialismo es un proceso de cambio apoyado en la mayoría social que se propone consagrar democráticamente derechos efectivos para todos. Es por definición contrario a todo proceso autoritario, que siempre desnaturaliza sus fines emancipatorios, sin perjuicio del legítimo derecho a la defensa frente a agresiones externas e internas y del derecho a la rebelión frente a cualquier tiranía.

Segundo, un modelo económico socialista debe sustentarse en la capacidad institucional de moldear los procesos económicos para obtener resultados que sean diferentes de los de tipo desigual y depredador que produce un mercado no intervenido. Debe superar la explotación económica del trabajo, para lo que se requiere establecer funciones sociales en la propiedad y en la  estructura de los activos productivos y de los flujos de ingresos. Esto requiere de un núcleo básico de empresas públicas estratégicas y de servicios públicos universales, junto a la acción regulatoria sobre las unidades productivas autónomas con y sin fines de lucro. La eficiencia productiva requiere de intercambios descentralizados entre unidades productivas tanto  autónomas como estatales, pero también de  solidaridad y cooperación en una fuerte esfera descentralizada de economía social y solidaria y de un importante sistema de impuestos y transferencias sociales y de regulación de precios y tarifas básicas. La orientación de un gobierno socialista será siempre la de la redistribución solidaria y la de la sostenibilidad productiva, dado que se justifica solo si beneficia a la mayoría social, a los ciudadanos de menos ingresos y a las nuevas generaciones. Su tarea es hacer posible una prosperidad compartida y sustentable. Esto supone mecanismos extendidos de seguridad social y establecer un ingreso básico universal para que todos accedan a una vida digna, en el contexto de una economía que satisface necesidades colectivas con una baja huella ecológica.

Si los ciudadanos eligen a fuerzas progresistas, de izquierda y socialistas para gobernar como alternativa a la derecha en 2021, nos comprometemos a avanzar en dos transformaciones centrales y a priorizar cinco grandes problemas nacionales.

I.               El primer objetivo: una nueva Constitución democrática

Una asamblea constituyente debe ser convocada en 2022 a través de un plebiscito aprobado por el parlamento y recibir el encargo de redactar una nueva constitución, sujeto a una posterior aprobación plebiscitaria. La nueva Constitución debe consagrar un Estado democrático y social de derecho, en el que los derechos básicos y las libertades fundamentales sean considerados inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, en el contexto en que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”).

La nueva constitución debe consagrar  la igualdad de género y el derecho de todas las personas a la intimidad sin coerción, la elección de la pareja y la orientación sexual, así como a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas, incluyendo el aborto en causales justificadas. La nueva constitución debe reconocer los derechos de los pueblos originarios, incluyendo su autonomía política.

La nueva Constitución debe consagrar el derecho a trabajar, a la educación y a la salud pública, y demás derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile. Esto incluye reconocer el derecho a la libre iniciativa económica y a disfrutar de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido legalmente, pero con límite en el interés general  (con indemnizaciones justas en caso de expropiación), junto a la creación de empresas públicas por ley y el derecho a la propiedad social y cooperativa.

La nueva Constitución debe consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección de la biodiversidad, reafirmar la propiedad pública de los recursos del subsuelo y el pleno cobro del valor del eventual acceso privado a su uso sustentable, junto a la consagración del carácter público del agua, de los recursos del mar y del espectro radioeléctrico.

La nueva Constitución debe reconocer la libertad de cátedra y de investigación y establecer límites a la concentración de los medios de comunicación para asegurar la promoción de la cultura y el pluralismo de las ideas.

Estos derechos y deberes fundamentales deben tener mayor estabilidad en su vigencia con la ratificación de modificaciones por dos legislaturas sucesivas, sin reglas supra-mayoritarias de aprobación. Se debe establecer  la representación proporcional en todas las instituciones electivas y el fin a los quórum que dan derecho a veto a la minoría. El Tribunal Constitucional debe remitirse a garantizar los derechos fundamentales, conformarse a partir de órganos de la soberanía popular y no interferir en las decisiones mayoritarias de política pública que consagren los derechos fundamentales. La nueva Constitución debe establecer un régimen semi-presidencial, una convocatoria no restrictiva a referéndums en la definición de las políticas públicas, la iniciativa popular de ley y la obligación de consulta social en su elaboración. Debe consagrar la autonomía regional y comunal en el ejercicio de todas las competencias públicas que no requieran ser ejercidas por órganos nacionales.

II.              El segundo objetivo: construir una nueva estrategia de desarrollo

Un nuevo modelo de desarrollo debe sustituir el actual crecimiento concentrador del capital y de los ingresos, basado en la explotación depredadora de los recursos naturales sin agregación de valor basado en el conocimiento, a partir de siete ejes de acción transformadora.

El primer eje será la recuperación del control nacional de los recursos naturales. Reafirmaremos lo establecido en la nacionalización de 1971 y propondremos al parlamento  derogar la ley de concesiones mineras y la ley de pesca para hacer realidad que los recursos del subsuelo y del mar pertenecen a todos los chilenos. Estos deben ser explotados de modo sustentable directamente por el Estado o por entidades bajo su  control y su renta deber ser puesta al servicio de la colectividad. El agua debe ser renacionalizada, mediante derechos de agua que permitan su uso racional al servicio de las comunidades y de la actividad económica y no como propiedad privada de las grandes empresas.

Un segundo eje será un amplio plan cuatrienal de inversiones en infraestructuras productivas y sociales, incluyendo nuevos sistemas sustentables de transporte público basados en la electro-movilidad, el desarrollo del transporte ferroviario y un plan de urbanismo integrador que dote a los barrios más desfavorecidos con equipamiento urbano, social y cultural y avances efectivos en la seguridad ciudadana. Un plan de inversiones para los barrios más vulnerables en las ciudades de Chile  reducirá la inequidad urbana con mayores equipamientos públicos en áreas verdes y actividades deportivas y culturales, junto a nuevos planes reguladores urbanos e interurbanos para un desarrollo territorial equilibrado y avanzar hacia ciudades con mayor calidad de vida. Las zonas más pobres del país y los pueblos originarios deberán poder desarrollar sus territorios con capacidades propias en un nuevo acuerdo con el Estado nacional, que incluya un plan especial de inversiones en territorios indígenas.

El tercer eje será un fuerte impulso a la innovación y a la investigación y desarrollo (con un gasto que llegue al menos al 2,5% del PIB desde el 0,4% actual) en programas productivos estratégicos. El primer programa estratégico de innovación será el impulso a un nuevo modelo energético con fuentes renovables no convencionales constituidas en la base del crecimiento de la generación eléctrica –junto a un decrecimiento de las energías fósiles- que introducirá una fuerte restricción a la huella de carbono. Una rápida transición a las energías renovables no tradicionales debe traducirse en del 75% de la generación de electricidad con fuentes renovables en 2025. La ENAP se transformará en la Empresa Nacional de Energía y será parte del esfuerzo de diversificación productiva. El segundo programa estratégico de innovación será la universalización de la banda ancha y del acceso a las nuevas tecnologías de la información. El tercer programa estratégico de innovación será la creación de un complejo industrial nacional a partir del litio y las baterías de litio que sea central en la cadena de valor de la moderna industria global del transporte, creando la Empresa Nacional del Litio, llamada a realizar asociaciones tecnológicas variadas y a potenciar nuevos usos del cobre en concordancia con CODELCO, que impulsará la agregación de valor a la extracción simple de mineral como parte de su misión pública, cautelando los equilibrios ambientales.

El cuarto eje será un gran salto en la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, que distinga a Chile en el mundo, en especial con una agricultura verde de punta y una silvicultura que revalorice el bosque nativo, junto al cese de la sobreexplotación de recursos del mar, y valorice su territorio sobre una base distinta a la depredación de sus recursos naturales y humanos. Esto supone una nueva planificación de la especialización territorial que incluya una ampliación del sistema de áreas silvestres protegidas y la preservación más intensa de los ecosistemas terrestres y marinos amenazados, haciendo efectiva la consolidación de la Red de Parques Nacionales, y en especial la de la nueva red Patagónica. Contribuir a contener el cambio climático supondrá transitar a una explotación forestal, agrícola y pesquera sustentable con un nuevo ordenamiento territorial, junto a un reforzamiento de los sistemas de protección ante las emergencias y catástrofes.

El quinto eje será la ampliación y el cambio de prioridades de la banca pública, la que fomentará el ahorro de las familias y ampliará el acceso al financiamiento de las pymes y microempresas y de los proyectos innovadores sin historia, acompañada de una regulación prudencial fuerte que asegure tanto el cese de los abusos crediticios a los consumidores y a las empresas pequeñas como la estabilidad financiera sistémica.

El sexto eje será una acción desconcentradora y antimonopólica enérgica, tanto de la fiscalía como de los diversos órganos públicos, la que deberá proteger a los consumidores en todos los mercados, mientras la tarificación de los servicios básicos eliminará las actuales rentas monopólicas.

El séptimo eje será una política fiscal activamente contra-cíclica y pro-crecimiento sustentable, con un horizonte de déficit fiscal estructural no superior a -1% del PIB que evite un endeudamiento desestabilizador. El gasto social debe financiarse con impuestos. La disminución de las desigualdades hace imprescindible establecer un impuesto patrimonial focalizado en la extrema riqueza –unificado con el sistema del impuesto territorial- que contribuya a financiar un programa de ingresos básicos garantizados, junto a un sustancial aumento de las regalías mineras, pesqueras y forestales que contribuyan a financiar la diversificación productiva territorial y un impulso a la expansión de Codelco y la creación de la Empresa Nacional del Litio y la Empresa Nacional de Energía. La tributación de los ingresos personales será más progresiva, volviendo a la tasa marginal de 50% vigente hasta 1994 –cuando se inició una injustificada rebaja de esa tasa en cada reforma tributaria, primero al 45% en la de 1993, luego al 40% en la de 2001 y al 35% en la de 2014, reflejando la creciente captura del parlamento y el gobierno por los más ricos en Chile- para los tramos de ingresos más altos. Se simplificará la tributación a las utilidades de las empresas e incluirá incentivos a la reinversión sustentable y al gasto en capacitación.

III.            Conquistar nuevos derechos

1. Empleos con derechos

Junto a las iniciativas económicas estratégicas descritas, programas públicos de empleo de servicio a las personas reactivarán las economías locales, reinsertarán a los desempleados de larga duración y ofrecerán nuevas perspectivas de inserción a profesionales y técnicos. Para que el trabajo  no siga siendo un espacio de abuso y explotación, lucharemos por una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo por necesidades económicas con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación obligatoria y a programas de empleo temporal. El salario mínimo debe aumentar en un programa de incremento progresivo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concurso anónimo y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en contrataciones y despidos.

2. Igualdad de género

Junto a reforzar las normas legales de igualdad de género, actuaremos en tres campos principales. En primer lugar, erradicar la cultura de la discriminación de la mujer y del acoso con programas antidiscriminación obligatorios con  normas de transparencia en todas las entidades públicas y en todas las actividades privadas. En segundo lugar, establecer la obligación de la igualdad salarial entre géneros. En tercer lugar, fortalecer las cuotas de género en la representación política, en la empresa y en la organización social. En cuarto lugar, establecer una educación no sexista desde el jardín infantil hasta la educación superior, con cuotas de género en el acceso a las carreras “masculinas” que conducen a las mejores posiciones profesionales.

3. Ampliar la reforma a la educación

Aceleraremos la gratuidad en la educación superior pública, con excepción de las familias con ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales (de acuerdo a sus declaraciones de renta). Las universidades estatales estarán al servicio del desarrollo (mediante convenios trianuales que fijen y evalúen sus objetivos) y aumentarán su cobertura de la matrícula. En las universidades e institutos de formación técnica privadas que no practiquen ninguna forma de discriminación alcanzaremos la gratuidad para las familias de menos ingresos y haremos efectiva la prohibición del lucro, con penas aflictivas en caso de violación de la norma, sacando del sistema a las universidades e institutos con fines de lucro y los que no cumplan con requisitos de excelencia establecidos por una Agencia Estatal de Acreditación. Crearemos un sistema de formación técnica estatal gratuita (asociando a Inacap y nuevos Centros de Formación Técnica estatales en todas las provincias).

Fortaleceremos la escuela pública con un nuevo plan de inversiones y crearemos Servicios Regionales de Educación Pública, con un sistema de financiamiento basado en el subsidio a la oferta que fortalezca el desarrollo de los establecimientos, sus proyectos educativos y su servicio a la comunidad en todos los territorios, incluyendo la educación preescolar para seguir ampliando su cobertura en asociación con la escuela pública. Aceleraremos el fin de los copagos para que la escuela sea efectivamente gratuita, sin fines de lucro y sin discriminaciones, mientras la educación particular pagada cesará de recibir todo subsidio del Estado. Separaremos en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada (fortaleciendo un nuevo servicio público profesional de atención de la infancia, duplicando hacia 2022 el presupuesto actual) y la rehabilitación de los jóvenes infractores de ley. Las actividades culturales recibirán un impulso, con la meta de destinar al menos un 1% del presupuesto público a estos fines.

4. Un fondo solidario en salud

Crearemos un solo fondo de salud con el 7% de cotización obligatoria sobre los salarios, transformando en optativos y complementarios los seguros privados. Ese fondo financiará, junto a aportes de los impuestos generales,  las inversiones en infraestructura (sin concesiones, que han demostrado ser más caras e ineficientes que la gestión pública), la generalización de  acciones y exámenes preventivos,  la salud primaria y de urgencia, las licencias médicas de todos los usuarios y un Plan de Salud Garantizado. Este será gratuito (ampliando el GES-Auge) en los establecimientos públicos, haciendo efectivo gradualmente el actual plan de inversión hospitalaria y aumentando la tasa de uso de la infraestructura con un nuevo régimen estatutario para los médicos (con mayores salarios a cambio de dedicación completa) y con copagos parciales (de bolsillo y mediante seguros complementarios) en los establecimientos privados. Los sistemas de seguro privado complementarios serán regulados para evitar discriminaciones por preexistencias, por edad y por género.

Una nueva política de medicamentos impulsará las farmacias municipales y las compras públicas para entrega gratuita en el marco del Plan de Salud Universal. El nivel primario de atención tendrá una mayor capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas, junto a un fuerte programa de contención de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria, articulado con el sistema educacional y los centros de trabajo.

5. Un sistema de pensiones sin AFP

Chile no resiste más la administración privada parasitaria de la seguridad social.Daremos un rol central al pilar solidario de pensiones con el objetivo de llevar la pensión básica a 350 mil pesos en 2022 según aumenten las capacidades recaudatorias del Estado (lo que supondrá pasar de un gasto de 0,7 del PIB actual a un 2% del PIB) para todos los mayores de 65 años. Esta pensión básica debe acompañarse de un ingreso básico unificado para el 20% de familias de menores ingresos que sustituya el actualmente disperso sistema de bonos y subsidios variados.

Crearemos un nuevo pilar público de pensiones contributivas de reparto que dé certeza a las jubilaciones con el 10% actual de cotizaciones obligatorias, que con la reforma que proponemos  financiará los derechos previsionales adquiridos en la vida activa (medidos en meses acumulados de cotizaciones) y asegure en el corto plazo mayores tasas de reemplazo del salario.

Las AFP deben dejar de recibir cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas de manera voluntaria y complementaria, con en todo caso tablas ajustadas a la esperanza de vida efectiva y sin discriminación de género para las rentas vitalicias.

Venezuela y la izquierda

¿Qué diríamos en Chile sí al lado de los lugares de votación hubiera puestos de control del partido de gobierno de tarjetas que permiten acceder a bienes básicos, en medio de una grave escasez? ¿No lo llamaríamos cohecho? Sí, es cohecho y manipulación y debe criticarse, aunque también lo hagan los conservadores. Criticable ha sido también que un parlamento ganado por la oposición haya sido desconocido y sustituido por una asamblea constituyente conformada de un modo no representativo. Criticable es una conducción económica basada en las rentas del petróleo y en el endeudamiento, especialmente con China, que según los vaivenes de la coyuntura permite distribuir más o menos subsidios sin una estructura productiva coherente, y, máxima paradoja, con una producción petrolera que decae. Esto no es atribuible primordialmente al boicot externo sino que a la gestión clientelista interna. Lo reprochable en la conducta de Maduro es su voluntad de mantener el poder a toda costa para él y su casta burocrática y militar y no aceptar ninguna alternancia democrática, aunque sea al precio del sacrificio cotidiano de la mayoría social en medio de la hiperinflación, la escasez y el desorden productivo, con un 20% de desempleo y sin ninguna perspectiva de futuro que no sea un eventual y mágico aumento estable del precio del petróleo.

Que el régimen de Maduro sea confrontado por Estados Unidos -teniendo como sustrato el interés por sus recursos petroleros- no lo transforma en un régimen progresista, como tampoco ocurre con el régimen sirio de Al Assad, con los ayatollas en Irán o la Rusia de Putin. Es en este caso un bonapartismo basado en una casta de poder que tolera la corrupción, dominada crecientemente por militares y dispuesta a prolongarse en el control del Estado por cualquier medio, como también es hoy el caso de la Nicaragua de Ortega. El bonapartismo latinoamericano -el concepto de populismo nos parece en exceso vago para el análisis- se opone a las derechas tradicionales pues se construye contra las oligarquías históricamente dominantes y las élites que las sirven. Busca el poder para apoyarse en estructuras estatales clientelares y en la fusión de una nueva elite con una parte del mundo popular. Pero se distingue de las izquierdas republicanas, a pesar de sus políticas que favorecen políticas sociales hacia el mundo popular, por el ejercicio autoritario y caudillista del poder, la restricción de las libertades públicas, el no respeto de la separación de poderes, el rechazo de la alternancia y el uso frecuente de mecanismos plebiscitarios de legitimación. Las izquierdas republicanas, en cambio, se definen por su adhesión a proyectos y no a personas y su cautela de las reglas democráticas y a la voluntad mayoritaria, respetando el derecho de las minorías a transformarse en mayoría, sin perjuicio de reivindicar en determinadas circunstancias el derecho a la defensa propia o a la rebelión frente a la tiranía, el que debe ejercerse en un marco ético y siempre respetando los derechos fundamentales. Para las izquierdas republicanas la transformación social igualitaria y libertaria debe ser consistente, previsible, no crear percepciones de amenaza inútiles y realizarse siempre en democracia para no desnaturalizar sus fines. Su estrategia de transformación de la sociedad es la consolidación de derechos sociales que no sean desmontables por las derechas en contextos de alternancia, manteniendo siempre la legitimidad e integridad de la democracia como un fin en sí mismo y para evitar que las oligarquías tradicionales logren desbordes autoritarios para favorecer sus intereses, como en Chile en 1973-1989.

Mucha gente de izquierda, aunque no le gusta el régimen de Maduro, hace la vista gorda frente a su accionar porque asimila su situación a las feroces agresiones internas y norteamericanas que sufrió Salvador Allende en 1970-1973 y considera legítimo su derecho “a defenderse por cualquier medio”. Pero, aunque sería muy largo detallarlo, la situación se parece bastante poco, entre otras cosas porque la guerra fría terminó, incluyendo la “amenaza soviética”, y Estados Unidos se sitúa estratégicamente frente a América Latina con otras prioridades en el mundo. Chávez y luego Maduro han gobernado desde 1999 comerciando y vendiendo petróleo a Estados Unidos. La nacionalización del petróleo ocurrió en 1976 con Carlos Andrés Pérez (junto a la del hierro en 1975). El régimen mantiene incluso acuerdos con una parte del gran empresariado, aunque ha tomado el control militar de la distribución y de buena parte de la industria y la agricultura, con malos resultados productivos que fueron compensados durante una década con altos precios del petróleo. La muerte de Chávez en 2013 y la caída del precio del petróleo iniciaron la crisis del modelo “bonapartista” venezolano.

Eso no quiere decir que no sean muy condenables las sanciones financieras norteamericanas desde agosto de 2017 a la capacidad de endeudamiento de Venezuela, que en nada ayuda a la democracia y que aplauden los conservadores, cuyo record a favor de la democracia en todas partes y en particular en Chile no es especialmente notorio. Y agudiza una crisis humanitaria de vastas proporciones que se va resolviendo día a día con la emigración de centenares de miles de personas a los más variados países, incluyendo Chile.

Absurda ha sido también la actitud de la oposición venezolana, que luego de haber llegado en febrero en Santo Domingo a un acuerdo razonable con el gobierno para obtener garantías en el proceso electoral, terminó por no estar dispuesta a concordar una fecha de elección, dejando la confrontación como única perspectiva y permitiendo a Maduro realizar todas las maniobras de manipulación electoral que quiso. Venezuela está llegando al extremo de la insensatez política, que solo augura más catástrofes.  Algunos, como el economista Ricardo Haussman, incluso llegan a promover una invasión “humanitaria”. ¡Como si Venezuela no tuviera 115 mil soldados, tanques y aviones de combate y no fuera un país de 30 millones de habitantes, con al menos un tercio que el domingo apoyó a Maduro!

Tomar distancia desde la izquierda en Chile, por coherencia básica con su propio proyecto de cambio, con la conducta de Maduro y la militarización de su régimen, condenando al mismo tiempo las sanciones externas, no supone tener la pretensión de poner como ejemplo la muy imperfecta democracia post 1989. Aquí quien nos gobierna obtuvo el voto de un 27% del padrón electoral, menos que Maduro. El principio de mayoría sigue siendo inefectivo para aprobar leyes fundamentales y los grupos económicos que controlan la economía han legislado en materia tributaria, pesquera y minera de la mano de parlamentarios que defendieron desembozadamente sus intereses, haciendo perder fuertemente -a pesar de avances económicos, sociales y culturales, aunque sin lograr un cambio distributivo de importancia- la legimitad de los actores históricos de la democracia. Se debilitó la participación hasta muy bajos niveles. En Chile no podemos hablar hoy desde ninguna ejemplaridad. Pero si podemos hacerlo desde nuestras convicciones, que incluyen rechazar todo intento de golpe militar en Venezuela y por supuesto cualquier invasión extranjera. Cuando Vargas Llosa dijo hace poco que apoyaría una acción militar “no como algo definitivo sino como algo transitorio” ya sabemos lo que pasó en Chile con esa tesis, que fue la de Frei Montalva: 17 años de dictadura sangrienta que, entre otros horrores, lanzaba al mar a prisioneros vivos desde helicópteros mientras se declaraban tiempos para callar.

Y en Venezuela la solución a la crisis, en la que se ha empeñado como llanero solitario el ex presidente español Rodríguez Zapatero, y aunque allí muy pocos crean en ella, deberá ser política y mediante el diálogo como única alternativa a la confrontación violenta, la que solo conducirá a nuevas tragedias en nuestro continente.