La reforma del sistema político es más que necesaria. Solo que la oposición y el gran empresariado, que son más o menos lo mismo, entienden este concepto como volver a algo que se parezca lo más posible al sistema binominal, para obtener ventajas en la representación de la derecha en las instituciones y bloquear los cambios en el sistema económico-social "híbrido" que nos rige, en especial en materia de control sobre la explotación de los recursos naturales (concesiones mineras, litio, pesca), el régimen tributario y de regalías, el régimen laboral, el sistema de pensiones, el régimen de seguros de salud y los subsidios incondicionales a la educación privada, entre otros temas cruciales para el bienestar de la mayoría social y la igualdad efectiva de oportunidades y derechos.
Ya las tiene en el Senado, donde hay circunscripciones que siguen siendo binominales y eligen dos senadores/as. Con un tercio más un voto se obtiene lo mismo en escaños que con dos tercios menos un voto, lo que tiende a favorecer a la derecha. En otras se eligen muy pocos representantes en relación a la población, lo que también tiende a favorecer a la derecha, más fuerte en regiones poco pobladas y rurales. La guinda de la torta es la Región Metropolitana, que cuenta con solo 5 escaños: con el 40% de la población elige solo el 10% de los senadores, consagrando una insólita desigualdad del voto. Esto podría concebirse para una cámara que representara a la regiones y no a los ciudadanos, pero en ese caso no debiera tener facultades co-legisladoras sino solo de revisión propositiva de las leyes, como en diversas democracias avanzadas.
Ahora la derecha quiere también ventajas en la Cámara, como intentó en la propuesta constitucional del Consejo, buscando disminuir fuertemente el máximo de 8 electos por distrito. Esto no tiene otro sentido que restringir la representación de la izquierda. Y si de verdad se quiere evitar la fragmentación del sistema de partidos, una regla del 5% mínimo de votos para integrar las cámaras cumpliría con ese propósito, junto a obligar a la renuncia a los que se cambian de tienda en el ejercicio de un cargo parlamentario. Incluso es mejor para ese fin la elección de diputados/as y senadores/as en dos vueltas en distritos uninominales, en un sistema mayoritario como el francés para los diputados (allí, como en casi toda Europa, el Senado representa a las entidades territoriales y colegisla en ámbitos limitados, con prevalencia de la Cámara de representantes de los ciudadanos, con la excepción de Italia y parcialmente de Alemania).
Pero en definitiva, una consideración modernizadora fundamental es establecer la paridad de género en las cámaras. Para ello, el mejor mecanismo es la elección en listas nacionales o de macro-regiones de una parte de los parlamentarios, hasta alcanzar al menos un 40% de un género u otro, con un voto para un hombre y otro para una mujer en cada lista. Así nadie "le quita" la representación a nadie, pues unos y otros la tendrían de pleno derecho, repartiendo en partes iguales entre hombres y mujeres la representación proporcional de cada lista paritaria obtenida según el sufragio popular en distritos y circunscripciones que aseguren la igualdad del voto.
Sería muy bueno, además, que se termine con la figura de la acusación constitucional a ministros, que no sirve para nada que no sea la polarización política y la guerrilla contra el gobierno en ejercicio (así cabe llamar a los gobiernos, porque aquello del "gobierno de turno" tiene el pequeño problema conceptual que, por definición, en democracia los gobiernos son de turno: si no fuera así, se trataría de una dictadura). Esta figura no modifica nada y solo busca castigar personas en un juicio público sin debido proceso, con la consecuencia de irritar la esfera política una y otra vez de manera destructiva.
Y sería muy bueno que los alcaldes se eligieran con un sistema de dos vueltas, como es el sistema vigente de elección de gobernadores regionales. Esto permite que las personas marquen su preferencia en una primera vuelta y, si no hay una mayoría suficiente para ninguna candidatura, luego en una segunda vuelta se conforma una mayoría entre los seleccionados en primera vuelta. Se evitaría así las negociaciones y reparticiones de candidaturas entre partidos que dan un poder indebido a las directivas (créanme que es así) y resultan irritantes para la ciudadanía y la militancia de los partidos, a la que se sustrae la decisión de dirimir candidaturas. O bien establecer un sistema reforzado de primarias.
Esas serían tres excelentes iniciativas. También lo sería una cuarta: si se crea el Ministerio de Seguridad, el Ministro/a del Interior debiera asumir la función de ministro coordinador del gobierno, para lo cual debiera contar con una mayoría en ambas cámaras. Si no las obtiene, el Presidente debiera poder disolverlas (o solamente la Cámara de Diputadas y Diputados si se da al Senado un rol revisor general de las leyes desde la perspectiva de los territorios, pero colegislador solo en algunas materias). La repetición de las elecciones parlamentarias permite a la ciudadanía dirimir los bloqueos parlamentarios al Presidente/a cuando no tiene mayoría en las cámaras, lo que no beneficia a nadie, ni a la izquierda, la derecha o al centro y solo perjudica la capacidad de gobernar y aumenta el descrédito de la democracia como forma de gobierno. Otra precisión: no faltan los que están en contra de que prevalezcan "mayorías circunstanciales" y se suman a los bloqueos y empates. Pero ocurre que en democracia las mayorías siempre son circunstanciales, dado que son periódicas y competitivas. Si no fuera así, de nuevo se trataría de una dictadura.
Las reformas mencionadas son positivas para el correcto funcionamiento de las instituciones. Lo son para todo el espectro político, pero lograrlas supone que la derecha renuncie a su reflejo de buscar ventajas institucionales para su campo político, de lo que no logra desprenderse, y así jugar en una cancha democrática pareja para todos. Si se acompañaran de una disminución de los topes de gasto electoral, mejor todavía, para quitarle la influencia al dinero en la decisión de voto, que aún permanece en grados inaceptables.
