Lo que está pasando en Ecuador es muy preocupante desde el punto de vista del desafío que representa para las sociedades latinoamericanas el crimen organizado. Éste tiene múltiples expresiones, pero sigue siendo vertebrado por el narcotráfico hacia los grandes centros consumidores de drogas, Estados Unidos y Europa. Los principales productores de hoja de coca y cocaína, además de la producción de opioides en México y más recientemente -con componentes químicos que vienen de China- de fentanilo, que causa estragos en los adictos, son Colombia, Perú y Bolivia. Pero el puerto ecuatoriano de Guayaquil, al parecer, ha adquirido mayor relevancia para las rutas hacia el norte. Hay seis horas de ruta entre la frontera con Colombia y ese puerto. De ahí la inserción de mafias mexicanas y el poder creciente de las mafias ecuatorianas.
Cuando el narcotráfico prospera, adquiere armamento de mayor poder de fuego. Pero no busca tomar el poder político, sino condicionarlo y someterlo a través de la corrupción. Incluso muchas cárceles de América Latina son ahora, paradojalmente, centros de comando de las principales bandas de narcotraficantes. La decisión del nuevo presidente Daniel Noboa de trasladar a los principales capos presos a condiciones carcelarias más duras explica lo ocurrido en Ecuador, con su fuga y la toma de un canal de televisión y recintos variados, sin que se emitiera otro mensaje que la exhibición primitiva de fuerza. Lo más preocupante es que hay signos de complicidad de infiltrados en la policía y otros órganos del Estado.
Si las fiscalías, los tribunales, las policías y las fuerzas armadas son infiltradas por el poder creciente del dinero mafioso, se corroe el Estado y su capacidad de mantener el orden público y de proteger a los ciudadanos de los abusos de la delincuencia y del crimen organizado.
La perspectiva que Chile llegue a ser en algún momento un narcoestado es lo que hay que evitar a toda costa. Esa es una tarea multiforme que debe involucrar al conjunto de la sociedad.
En este contexto, la disputa del General Director de Carabineros con la Fiscalía, dedicado además a recibir a partidos políticos que apoyan su rol en la represión de la rebelión social de 2019, es inaceptable y debe cesar de inmediato. No se debe tolerar que un alto mando policial cuestione a la justicia para evitar procedimientos investigativos en su contra. Esto es buscar un peligroso privilegio totalmente ilegítimo y puede constituir un factor de deterioro del funcionamiento de las instituciones policiales y judiciales. Las policías, en particular, deben mantener la disciplina, la obediencia y la verticalidad del mando sujeta al poder civil. Es la primera condición para cumplir con el encargo de lucha contra la delincuencia y la violencia en el marco de la ley que le hace la ciudadanía. Y que financia día a día con sus impuestos.
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