Polémicas de fin de año

Termina el 2010, año difícil para los que nos situamos en la izquierda del espectro político. No se termina de asumir un cierre de ciclo histórico fruto de una derrota política grave. No emergen aún nuevas perspectivas. El desconcierto se profundiza. Ahora Camilo Escalona toma pretexto de unas memorias de Carlos Altamirano para cambiar de cancha, referirse a 1973 y esquivar el debate sobre las responsabilidades de hoy. Todo esto en nombre del pueblo y de la responsabilidad. Como se trata de dos temas muy importantes, me permito comentarlos, con la esperanza, que sabemos es lo último que se pierde, de no contribuir a las animosidades personales sino a debatir ideas y que 2011 sea el inicio de la recuperación del hoy oscurecido proyecto libertario e igualitario de la izquierda en Chile. Esa es la contribución que a lo mejor muchos de nosotros podemos hacerle al país y a los que observan probablemente desconcertados la acritud de las polémicas en curso y a los que pedimos excusas de antemano.
Primero tratemos de despejar el clima intelectual. Se puede opinar una u otra cosa de las afirmaciones de otros, eso es legítimo y alimenta la esfera pública si se hace razonadamente. Se puede ser irónico o rudo, cada uno con su estilo. Pero otra cosa es el despliegue de adjetivos descalificadores como los de Escalona al referirse a Altamirano (“arrebatos de supuesta figura universal”, “exégeta de un proceso frustrado”, “visceralidad”, “desesperación iracunda”, “llamado cerril”, “jugar a la revolución”, “azuzar la bestia para que sus dentelladas liquiden los avances sociales”, “arrastrar al sacrificio a tantos”, y me ahorro varios), que es siempre muestra de una impotencia de quien lo practica. Y otra cosa más grave es pretender tomarse para debatir el nombre del pueblo, al atribuirle al interlocutor un “profundo desprecio por lo popular”, cuando en realidad este está manifestando un desprecio por Escalona, lo que es otra cosa. Es frecuente que quien insinúa hablar a nombre del pueblo suele esconder un afán de poder ilegítimo procurando dotarse de una legitimidad basada en una dicotomía pueblo-élites. Uno podría simplemente ironizar, en este caso, con los pésimos números de Escalona en la encuesta CEP de fin de año, que lo ponen en lo más bajo de la escala de la popularidad y en lo más alto del rechazo “del pueblo”, y desde luego entre los adherentes a la centroizquierda.
Pero el discernimiento deliberativo no tiene como vara de medir los sondeos de opinión ni la popularidad, que es lo que más molesta a Escalona de los argumentos de Altamirano sobre las carencias de los proyectos de las izquierdas latinoamericanas actuales. Los argumentos son o no válidos, son o no pertinentes de acuerdo a determinados parámetros: esa es su vara de medir. Recordemos que la clase obrera alemana en un momento apoyó mayoritariamente a los nazis, lo que no honra a la primera ni hace a los segundos menos deleznables. En suma, el que no está de acuerdo con Altamirano, que lo diga y lo argumente. Pero sin insultar y en nombre propio, no del pueblo. El pueblo, la clase obrera, los trabajadores, no son el sujeto universal de ninguna emancipación, no son buenos ni malos, su conducta, cuando llegan a constituirse en sujetos colectivos, es fruto de circunstancias históricas y puede sustentar unos u otros proyectos colectivos. Y no tienen representantes predeterminados en la tierra, hayan nacido donde hayan nacido, que habilite a la descalificación del otro por su origen social, sea cual este sea, que viene siendo exactamente el grado cero de la inteligencia.
Los proyectos colectivos son los que en definitiva tienen o no sentido desde el punto de vista de la conformación del poder en la sociedad. Desde la perspectiva de un proyecto socialista, democrático y progresista (porque hay desgraciadamente socialistas no democráticos y conservadores, cuyo proyecto se remite a alcanzar el máximo de poder burocrático), se trata de organizar el sistema político y la economía de modo que prevalezcan los valores de libertad y emancipación humana, los intereses de las mayorías desposeídas de riqueza y de poder y el respeto por la tierra que nos cobija. La tarea de la política socialista es construir una alianza histórica de las clases medias, de los trabajadores y de los excluidos contra el predominio de los poderes económicos, estatales y religiosos arbitrarios. Ese proyecto es bien distinto del que se basa en dictaminar el bien y el mal en nombre del pueblo. Recordemos que ese fue el método de represión de las ideas de los terribles totalitarismos del siglo 20, que compartieron el odio a los intelectuales y a la cultura como uno de sus fundamentos. El orden soviético, que Escalona conoció de cerca, se sustentó en la identificación policial de disidencias y su catalogación como “enemigos del pueblo”. Los que no queremos nunca más muros de Berlín repudiamos las reemergencias nostálgicas de ese método y esperamos no verlo más por estos lados, y especialmente cuando se trata de figuras polémicas, honestas y que forman parte de nuestra historia como Altamirano. 

Segundo, juzgar a los individuos por su “responsabilidad” o “irresponsabilidad” en los procesos históricos es prolongar el modelo de los “amigos y enemigos del pueblo”. No es honesto plantear una discrepancia política en base a una dicotomía responsables-irresponsables, cuyo único resultado es azuzar la descalificación personal. Se puede también ironizar en este caso con las “irresponsabilidades” de Escalona, como haber sido parte del quiebre de la organización de los estudiantes secundarios; o de un intento de subordinación del socialismo chileno a la órbita soviética y de la RDA, que lo llevó incluso a una defensa de la dictadura de Videla que algunos argentinos de izquierda aún recuerdan; o de diseños militaristas cuando se debía consolidar las vías de salida política a la dictadura; o de haber planteado una candidatura presidencial distinta de la unitaria con la DC en 1989; o de haber decidido un vuelco hacia la “respetabilidad” con los poderes fácticos, aprobando la privatización de las sanitarias en el gobierno de Frei, aprobando más tarde el financiamiento de la política por las empresas, aliándose con los economistas neoliberales, abriendo una crisis interna a meses de la elección presidencial de Michelle Bachelet, estableciéndose como el monopolio excluyente de los apoyos a la presidenta, procurando destruir la figura de Ricardo Lagos, impidiendo primarias reales en la Concertación, constituyéndose en un factor de grave confrontación en la elección de 2009, negándose a todo balance de la derrota que no sea atribuírsela a Marco Enríquez-Ominami (otro” enemigo del pueblo”), pactando con Piñera un royalty minero vergonzoso para el partido de Allende, ayudando a la división opositora y del sindicalismo en el tema del reajuste de fin de año y así sucesivamente. Esas no son “irresponsabilidades”, como tampoco lo fue la acción política de Altamirano. Se trata de conductas políticas con las que se puede o no estar de acuerdo. Queda claro que yo no lo estoy y que los que no lo estamos somos minoría en el PS, lo que constatamos sin queja, pues así lo han decidido las bases socialistas, que tienen los dirigentes que eligen y por tanto se merecen. Y que eso no nos impedirá seguir, en tanto no seamos puestos en la categoría de “enemigos del pueblo”, manifestando nuestra opinión y procurando construir una alternativa a la actual conducción que tan bajo ha hecho descender al socialismo chileno, o lo que queda de él, y de paso afectado gravemente al progresismo y contribuido a la crisis de la concertación. Esta no es hoy una oposición a nada sustancial y está hoy solo concebida como paraguas de poder, carente de todo programa, lo que hunde a esta coalición en una condición cada vez más minoritaria.
Así, la conducta política responsable no es meramente individual y no se da en el aire: es aquella que articula la mayor fuerza social y política posible alrededor de un proyecto con objetivos precisos y sustentable en el tiempo y que resuelve los imperativos de la contingencia sin poner en peligro los objetivos de largo plazo, proceso en el cual por supuesto se cometen errores, porque la dirección política es cualquier cosa menos una ciencia exacta, y se debe ser capaz de discernir sobre ellos permitiendo la deliberación y la discrepancia que renuevan la capacidad de actuar. Ojalá el 2011 nos reencamine en esa perspectiva.

Perfilando alternativas

En un sistema democrático normal, los que gobiernan lo hacen con una oposición (o varias) que los fiscaliza y que perfila alternativas. No hay nada de dramático en ello, al revés, dinamiza la vida política y le da sentido y significación a la posibilidad de contrastar opciones y periódicamente decidirse por alguna de ellas de manera más o menos informada.  La esfera pública debe estar estructurada con instituciones creíbles y de calidad. De lo contrario los ciudadanos se alejan cada día más de ella y se refugian en su esfera privada cotidiana, debilitando la democracia y permitiendo el dominio de las oligarquías que se apropian de los diversos resortes de poder.

Los que conduden a la oposición parlamentaria en el Chile de hoy se empecinan, sorprendentemente, en no querer discutir ni perfilar alternativas. Y además, esperemos que vanamente, procuran bloquear toda iniciativa que rompa con la inercia conservadora, con una arrogancia por demás peculiar para quienes son responsables de una severa derrota. Lo sensato parece ser otra cosa: oponerse  a la defensa de los intereses de los poderosos que es propia del actual gobierno, junto al permanente debilitamiento de lo público, y para ello discutir y proponer alternativas programáticas y trabajar por reconquistar de ese modo la confianza de los ciudadanos. 
Ahora que se retoma un mejor ritmo de crecimiento ¿debe el país mantener una regulación laboral en la que todos pierden, pues es lesiva para los trabajadores e impide además que las empresas formen a sus capacidades humanas con perspectiva de largo plazo?

¿Tiene sentido optar por la energía nuclear, cara y que genera nuevas dependencias después de la amarga experiencia con el gas natural? ¿O debe combinarse el inevitable uso de hidrocarburos con un cada vez mayor caudal de energías renovables, también caras hoy, pero que irán bajando su costo y respecto a las que Chile tiene un enorme potencial futuro?

¿Debe aceptarse sin chistar cambios que empobrecen el curriculum escolar y persisten en profundizar el gigantesco error de haber municipalizado la educación pública, cuyo fin último era y ha sido mercantilizar este espacio indispensable de constitución de la identidad republicana de la Nación? ¿Debe recomponerse o no la educación pública, dirigida por un Ministerio de Educación modernizado y competetente y gestionada por el nivel regional, con escuelas efectivas que cuenten con medios mucho mayores y con capacidad de motivar y movilizar al profesorado? ¿No habrá llegado la hora de responsabilizar a todos por los desempeños y de seleccionar a los profesores por su capacidad,  con procedimientos objetivos y respetando sus derechos, y no solo a un 5%, como si no importara que el 95% restante no cumpliese eventualmente con sus deberes?

¿No habrá llegado la hora de eliminar la "propiedad" que las Isapres estiman ilegítimamente tener sobre las cotizaciones obligatorias de salud que logran reunir, con un resultado de cobertura mediocre frente a muchos eventos -con excepción del plan AUGE-GES- y sin acento en la prevención? ¿No es ya tiempo de establecer un sistema de seguridad social en salud en el que los riesgos de enfermar se compartan en un fondo único de cotizaciones obligatorias, y de paso se contengan los costos crecientes propios de una salud privada mercantil? ¿Debe optarse por fortalecer el sector público y la salud primaria y preventiva o negarle recursos, generar colas y derivar las atenciones a precios mucho mayores a las clínicas privadas?

Como estos hay muchos otros temas de interés público y dilemas acuciantes, incluyendo el modo equitativo en que se pueda financiar cargas públicas crecientes propias de una sociedad moderna, haciendo además tributar las ganancias extraordinarias de nuestros recursos naturales, como corresponde a una sociedad bien organizada y capaz de  canalizar los frutos de la riqueza no renovable hacia inversiones productivas y sociales que aceleren nuestro acceso a un desarrollo humano equitativo.

De paso los ciudadanos, o al menos una parte de ellos, con toda razón se preguntarán porqué los que planteamos estas cosas no las concretamos durante los veinte años en que nos entregaron su confianza para gobernar. Esta pregunta no se puede esquivar sin más. El que así lo pretenda deberá cosechar lo que siembra:  simplemente la prolongación de la pérdida de confianza ciudadana. Cabe buscar respuestas razonadas y serenas. En efecto, los que tuvimos responsabilidades pasadas debemos dar cuenta de qué cosas no quisimos hacer, no supimos hacer o no pudimos hacer. En abordar derechamente estos temas, en lo que naturalmente habrá sana controversia, no hay dolo ni flagelación, simplemente hay un sentido de responsabilidad democrática frente a quienes nos dieron su confianza por dos décadas. Y uno tiene la sospecha que lo mínimo que piden para renovársela eventualmente a los que siguen en política de primer plano es al menos dar cuenta de las acciones realizadas y no realizadas. Este proceso supone una actitud de veracidad que algunos columnistas de la plaza catalogan como impropia de la política, como si ésta, al menos en su versión democrática, no necesitara fundamentos éticos y no ser relegada a la mera lucha por el poder. Esa lucha por el poder sin límites que tan bien encarna la derecha, pero que en ocasiones también involucra a los que perdieron recientemente el poder gubernamental y no quieren debatir ni sobre sus causas, ni sobre sus promesas de futuro ni acerca de como ampliar su convocatoria. Cuatro presidentes de partido para repartirse un poder inexistente, relegado al 30% de la preferencias: lo que ha devenido la concertación, y que a muchos de sus creadores nos entristece, no parece una perspectiva muy atractiva. ¿No sería mejor pensar en un reencuentro con los ciudadanos, y no con un mítico y en muchos sentidos inexistente centro político (al menos en su versión  propia de la guerra fría,  hoy reciclada en un apego a ortodoxias religiosas que no son aceptables para el resto de los ciudadanos)? ¿No habrá llegado ya estas a estas alturas la hora de debatir, pensar, crear nuevas opciones alternativas a un gobierno que ya agota su novedad y que expresa cada día los límites propios de su ideología cerrada, apegada a los intereses oligárquicos que representay al conservadurismo cultural? ¿No será, como siempre y con los valores igualitarios y libertarios de siempre, la hora de sustituir las quejas y las actitudes defensivas para ponerse en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos, con buenas ideas y mejores proyectos de futuro?

Una oposición inexistente

Al cabo de tres trimestres de ejercicio de gobierno de Sebastián Piñera, evaluar la situación de la oposición lleva a una primera conclusión: no existe. Por supuesto que hay significativas fuerzas políticas que no están gobernando, que representan más o menos a la mitad del país, pero parecen estar dedicadas a otras cosas, seguramente muy importantes. O a realizar tal o cual obstrucción parlamentaria intrascendente o a emitir alguna frase altisonante de vez o cuando, en ocasiones de gusto dudoso.
Por supuesto, oponerse al gobierno elegido en un régimen democrático no debe por ningún motivo buscar su derrumbe ni su obstrucción, sino visibilizar permanentemente una alternativa, ojalá con buen estilo, corrección republicana y credibilidad, a ser presentada a los ciudadanos cuando corresponda.
¿Existen razones para oponerse al gobierno de Sebastián Piñera, que fue legítimamente electo? Depende del punto de vista.
Si no se comparte, desde luego, su estilo, de frecuente manipulación mediática, en ocasiones con pocos límites éticos o estéticos, siempre desde la defensa de los poderosos, que con frecuencia nos deja mal en el exterior, dígase y actúese en consecuencia y acompáñeselo menos a giras y otras inauguraciones y en general no se pacte con el gobierno por el solo afán de salir en la foto y sentirse parte de "los que deciden".
Si no se comparte que Sebastián Piñera haya constituido un gobierno sobrecargado de conflictos de intereses desde el vértice del Estado, que se contradice con la idea misma de democracia cuya esencia es la lucha contra los privilegios sociales y del dinero, entonces cabe decirlo una y otra vez y proponer alternativas de regulación mucho más dura de los conflictos de interés, trabajar día a día el reequilibrio del ejecutivo y el parlamento para fiscalizarlos y ampliar la voz de los ciudadanos frente a las políticas públicas que están influidas por intereses económicos poderosos.
Si no se comparte la orientación de la política económica y social del gobierno, en especial su indiferencia frente a la oportunidad desperdiciada de que los chilenos, especialmente los de menos recursos, se beneficien de los altos precios del cobre en el próximo quinquenio, entonces no se vote su propuesta de "royalty", que deja en manos de la minería privada recursos inmensos que no le pertenecen.
Si no se comparte la total discrecionalidad gubernamental frente a los funcionarios contratados, que da y dará lugar a persecuciones políticas, entonces no se apruebe  o condiciónese con firmeza y transparencia la aprobación de las partes pertinentes del presupuesto y refuércese la carrera funcioanaria basada en el mérito en vez del "ahora me toca a mi".
A la inversa, habrá quienes, habiendo sido parte de los anteriores gobiernos, nunca quisieron transformar ciertas cosas porque tienen una concepción  bastante similar a Piñera de las políticas públicas, es decir neoliberal, y muy respetablemente concuerdan en cosas básicas con el gobierno actual. En este caso sería bueno saberlo para transparentar la situación tal cual es y no seguir en el juego de que este no se junte con el otro porque me arrincona, lo cual no le interesa francamente a nadie, y de paso le vamos aprobando esto y aquello al gobierno de Piñera.  Y, claro está, no permitiendo estructurar una oposición desde la izquierda,  desde el centro, y  en todo caso progresista y amplia que el país y su historia se merecen. A la brevedad.

La hora de agradecer

Ocurrió lo que no tenía que ocurrir en el más importante, como dijo alguien, de los temas menos importantes: el fútbol. En vez de prolongar una experiencia exitosa, son reemplazados los que lo han hecho bien en la ANFP y la selección nacional. Y que además lograron sus éxitos con gran estilo. Si no entiendo mal lo expresado por Harold Mayne-Nicholls, fueron destronados por el poder político actual -que parece haber intervenido directamente para “sacarse una piedra del zapato”- y por el poder económico de los dueños de las tres principales sociedades anónimas deportivas. En el caso del poder gubernamental, se trata de resarcirse de la falta de incondicionalidad y de una cierta sana irreverencia de los defenestrados que no les resultaba tolerable a los acostumbrados a mandar y  a ser obedecidos y adulados.  En el caso de los dueños de los tres clubes grandes, parece ser que van por rentabilidades de corto plazo que hasta ahora no han obtenido, procurando llevarse una mayor porción de las utilidades televisivas del fútbol nacional. En detrimento, claro está, de una competencia que agravará su carácter manifiestamente desigual en la capacidad económica de los equipos. Tendremos fútbol chileno aburrido para rato. (¿Sabe usted, de paso, que en la NBA existen límites a la contratación de estrellas  justamente para que no se resienta la competencia?).
Decantadas las anécdotas del episodio, impacta que en un área de la vida que es básicamente de fervor y adhesión desinteresada también se imponga fríamente la lógica de los intereses particulares Y que de nuevo aparezcan algunos que vienen de otras tradiciones pero que están hoy al servicio de los que más tienen pues padecen, al menos, de una irrefrenable necesidad de reconocimiento de los poderosos. Y que se haya practicado una vez más el conocido método de la promesa de posiciones de influencia con la que los factores de poder logran adhesiones de los más débiles. Con traiciones, engaños y falta a la palabra empeñada incluidas (tema que he conocido de cerca en política...).
El impacto y la decepción que hemos observado en estas horas probablemente se explican porque muchas personas se dicen: no en este tema, no en esta actividad, que es de las pocas que puede unirnos o permitir una competencia lúdica y no destructiva en buena lid.
Sebastián Piñera, que había acumulado un caudal de popularidad después del rescate de los mineros, aparece  ahora sin matices como la perfecta conjunción entre el poder político y el poder económico que efectivamente es. Es un caso inédito en Chile de presidente que es además dueño del principal equipo de fútbol del país, propiedad que no quiso vender. Difícilmente convencerá a nadie de su prescindencia en este acto que tiene todos los rasgos de una revancha lisa y llana. Y es además el presidente que dijo que su sello sería hacer las cosas bien, y que a la primera en que los que hacen las cosas manifiestamente  bien no son de su agrado, interviene junto a miembros de su gobierno, si hemos de creerle a diversos testimonios, para desbancarlos.
Y unas palabras para Bielsa: nos regaló por el tiempo que se pudo su combinación admirable de pasión y capacidad, amor por lo que hace y esfuerzo por hacerlo bien, irreverencia y seriedad, exigencia y capacidad de pedir perdón, mucho trabajo  y capacidad de reírse, de reirse en primer lugar de sí mismo. Gracias Bielsa por el aire fresco que trajiste a Chile, hasta la próxima, ojalá.

Lo que otros hacen y Chile no hace

Llevar a Chile al desarrollo es un desafío formidable. No es imposible y ya se ha avanzado mucho. Supone tomar opciones en el campo político y en el económico-social. Entre esas opciones está el modelo energético a adoptar. Ya hemos argumentado que debemos restringir en el futuro la carbonización de nuestra matriz energética y explorar nuevas opciones de punta distintas de la nuclear, cara, peligrosa y que crea nuevas dependencias.
Desde el Centro de Políticas para el Desarrollo de la Universidad de Santiago hemos destacado que diversos países desarrollados avanzan en nuevas fuentes como la energía solar, especialmente la termosolar. Se trata de una tecnología cuya aplicación comercial es relativamente reciente y que presenta diferencias sustanciales respecto de la tecnología fotovoltaica, que es una forma de obtención de energía eléctrica a través de paneles formados por dispositivos semiconductores  que, al recibir radiación solar, provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. Esta ha sido una modalidad presente en casi toda Europa (con paneles solares instalados en techos de casas y construcciones o bien agrupados en granjas solares) y que ha sido fuertemente utilizada en Alemania, con un alto costo en subsidios públicos en el caso de un país con un clima que no es el más apto. En cambio, en entornos aislados, de mayor exposición solar, donde se requiere poca potencia eléctrica y el acceso a la red es difícil, se emplean las placas fotovoltaicas como alternativa económicamente viable.
La tecnología termosolar, en cambio, funciona concentrando la radiación solar a través de espejos en un foco receptor situado en lo alto de una torre o bien a través de espejos semicirculares que concentran el sol hacia cañerías de baja altura (tecnología cilindro-parabólica), por el interior de las cuales circula un fluido (aceite sintético que alcanza temperaturas de entre 400 y 800 grados centígrados) que a su vez calienta circuitos de agua. En ambos casos se produce  vapor que hace girar un conjunto turbina-alternador. Este sistema presenta un rendimiento superior al de las plantas fotovoltaicas, ya que duplica las horas de funcionamiento. No obstante, requiere para su continuidad de operación del apoyo -en proporción de 12-15%- de alguna fuente energética convencional, habitualmente gas natural. Las plantas termosolares son mucho más grandes que las de sus hermanas fotovoltaicas, con un mínimo de potencia de 50 MW. Es una tecnología aún cara pero prometedora en tanto va disminuyendo sus curvas de costos unitarios con la investigación y desarrollo tecnológico en curso. Posee además una particularidad: la energía producida puede almacenarse en dispositivos con nitratos que retienen el calor durante parte de la noche. No se pierde, como le ocurre a la energía eólica, puede asegurar un abastecimiento continuo y responder a puntas de consumo.
En el mundo desarrollado se trabaja con un enfoque de largo plazo en el uso de la energía termosolar y se crean nuevos proyectos que implicarán un importante salto en su experimentación y explotación comercial.  En España, el subsidio anual a la energía solar supera los mil millones de dólares. España se ha convertido en el país del mundo con mayor potencia termosolar instalada al alcanzar en 2010 432 megavatios (MW). Le sigue de cerca Estados Unidos, cuya potencia se sitúa en 422 MW. El parque energético termosolar español incluye once centrales en funcionamiento y cerca de 20 instalaciones en construcción, que podrían alcanzar una potencia cercana a 2.500 MW en 2013. La inversión realizada por las empresas para la puesta en marcha de centrales termosolares asciende ya a cerca de 2.500 millones de euros y rondará los 15.000 millones acumulados en 2013. El sector termosolar asegura tener capacidad tecnológica para llegar en 2020 a los 10.000 MW, una cifra cercana a la actual producción de electricidad anual en Chile.
Estados Unidos con Obama, y tras la catástrofe ecológica del Golfo de México, ha hecho una apuesta por las energías renovables. Ese  país cuenta ya con las plantas SEGS (354 MW), la planta Nevada Solar 1 (60 MW) y con las plantas instaladas en Kimberlina (5 MW), Lancaster (5 MW) y Maricopa (1,5 MW). En agosto y septiembre de 2010, la California Energy Commission aprobó la construcción de los proyectos Beacon Solar, Abengoa Solar de Mojave y sobre todo el Blythe Solar Power Project,  que con 1 000 MW de capacidad en cuatro plantas será la instalación de energía termosolar más grande del mundo. Dos de las plantas comenzarán su construcción antes del fin de 2010, para ser conectadas a la red en 2013 y 2014, con un costo de más de mil millones de dólares por planta. Su financiamiento incluye subsidios y garantías gubernamentales de créditos. California estableció la obligación para las generadoras de proveer al menos un tercio de la electricidad desde fuentes de energías renovables en 2020.
Desde 2007, el sector termosolar ha ampliado su alcance geográfico. Australia y Marruecos han comenzado nuevas centrales y otros países tienen proyectos avanzados, como China, Israel, Argelia, Egipto y Dubai.
Un consorcio alemán de empresas del sector energético (Siemens, E.On y RWE, bajo la égida del reasegurador Munich Re y la participación de Deutsche Bank) trabaja desde octubre de 2009 en un megaproyecto para abastecer a Europa, a partir de diez años más,  de una electricidad especial: la generada por plantas termosolares en el desierto del Sahara. Esta transitará por líneas de alta tensión hasta el continente europeo. Se trata de lo que será el mayor parque generador de energías renovables del mundo, denominado Desertec Industrial Initiative, y que podría llegar a cubrir hasta un 15%  de la demanda eléctrica europea en 2050  y dos tercios de la del Norte de África y el Medio Oriente, con 20 gigavatios (GW) para 2020 y 100 GW para 2050. El  cálculo subyacente considera que en solo seis horas los desiertos reciben más energía solar que la que consume toda la humanidad en un año y que si en el del Sahara se aprovechara un terreno del tamaño de 300 kilómetros cuadrados se produciría electricidad para abastecer teóricamente al mundo entero. En este desierto el índice de radiación solar es de hasta 2 700 kWh por metro cuadrado. En el desierto de Atacama alcanza hasta 3 000 kWh por metro cuadrado. En Alemania han surgido voces que se preguntan si el monumental presupuesto que se proyecta (unos 570 mil millones de dólares de aquí a 2050) va a detraer inversiones y ayudas para otras tecnologías como la instalación de paneles fotovoltaicos sobre tejados. Desertec puntualiza que la inversión es a lo largo de 40 años, que servirá también para dotar de plantas desalinizadoras y que la mayoría del dinero procederá de la empresa privada, "aunque durante los diez o quince primeros años será necesario que las plantas termoeléctricas cuenten con una tarifa incentivada para competir con los combustibles fósiles".  En la configuración del proyecto aparecen principalmente plantas termosolares en toda la franja árida que va de Marruecos a la península Arábiga, pero también parques eólicos en la costa atlántica del norte de África y en España, norte de Europa, Turquía y Mar Rojo; centrales hidroeléctricas en este último país, Marruecos y el valle del Nilo; y, a menor escala, instalaciones de biomasa, solar fotovoltaica y geotermia repartidas por el continente europeo.
Mientras, en Chile poco se avanza en la materia, aunque disponemos de una radiación privilegiada y de grandes posibilidades de desarrollo de las centrales hidráulicas de pasada. Como en tantos otros campos, se privilegia los intereses económicos particulares de corto plazo y no el interés de largo plazo del país. No se invierte en el futuro. Como para debatirlo.

Optar por la Energía Solar

Chile enfrenta, como el resto del mundo, el desafío de evitar que la temperatura global suba a niveles potencialmente catastróficos en los próximos 50 años. Como subraya el Informe sobre el Desarrollo 2010 del Banco Mundial, “para no apartarse de los 2° C por encima de los niveles preindustriales —probablemente el mejor resultado que se puede lograr— se necesita una verdadera revolución en el sector de la energía, esto es, la difusión inmediata de las tecnologías con bajos niveles de emisión de carbono ya disponibles y la eficiencia energética, acompañadas de cuantiosas inversiones en la próxima generación de tecnologías, sin las cuales no se puede lograr el crecimiento con bajos niveles de emisión de carbono.” 
¿Puede un país de desarrollo intermedio como Chile permitirse apartarse de la lógica del mínimo costo en la producción de energía y plantearse un programa ambicioso de cambio de su matriz de producción de energía eléctrica, además de racionalizar el uso de combustibles, en beneficio de las fuentes que menos emiten carbono y otros gases con efecto invernadero a la atmósfera?
El hecho es que Chile ha sufrido un encarecimiento de la matriz de generación de electricidad a raíz de  la respuesta regulatoria a los problemas de seguridad de abastecimiento luego de las restricciones de envío de gas natural argentino a partir de 2004. El resultado es que Chile reforzó su seguridad energética pero produce hoy una de las electricidades más caras del mundo, tanto a nivel de productor como de consumidor, perjudicando su competitividad y bienestar, y ha “carbonizado” aceleradamente su matriz energética con el incremento de la generación con los hidrocarburos más baratos y de abastecimiento más diversificado.
Otros países han encarecido su energía, pero a cambio de desarrollar las energías renovables no convencionales (ERNC).  La ley 20.257 de 2008 estableció en Chile con éxito una obligación a las empresas de generar un mínimo de 5% de su oferta con estas energías, con un horizonte de 10% en 2024. Esta proporción ya alcanza un 8% en lo que va de 2010. Pero superado este umbral legal, ya no existe incentivo para invertir en los proyectos adicionales existentes por unos dos mil 500 millones de dólares en generación eólica, y por mil millones en centrales hidroeléctricas pequeñas.
La meta del gobierno de llegar a un 20% de generación eléctrica con ERNC en 2020 no se acompaña aún de políticas para alcanzarla. Aunque desde 2004 las centrales de menos de nueve megavatios (MW) no pagan por conectarse al sistema de transmisión troncal, y las centrales de hasta 20 MW pagan en forma parcial, con un límite de 5% de la potencia total del sistema, no se asegura un acceso permanente y a precios competitivos a la distribución de electricidad. Los sistemas de transmisión enfrentan además  una carencia de inversiones suficientes para absorber una generación territorialmente menos concentrada. Las centrales hidroeléctricas de pasada y las primeras plantas eólicas en el norte chico son innovaciones importantes pero mantienen una magnitud pequeña y tienen un complicado acceso a la red. La cogeneración, el uso de biomasa y la geotermia no terminan de despegar, aunque el gobierno ha anunciado la licitación de 21 nuevas áreas de geotermia luego del fallido proyecto de El Tatio.
Un punto a favor es que Chile cuenta con una importante capacidad hidroeléctrica, la que no emite carbono. La capacidad instalada corresponde a un 40% de los 12.326 MW de la matriz eléctrica, pero con gran controversia respecto a los grandes proyectos hidroeléctricos en el sur que alteran los ecosistemas locales e interfieren miles de kilómetros con sus redes de transmisión. Las pequeñas centrales hidráulicas sólo representan cerca del 1% del total instalado, con 153 MW de aporte al Sistema Interconectado Central (SIC), 12,8 MW de aporte al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y 20,7 MW de aporte al Sistema Interconectado de Aysén. Con respecto al potencial de la pequeña hidráulica en Chile, existe un catastro al año 2009 de más de 170 proyectos que suman más de 3.000 MW. Diversas proyecciones sitúan el potencial total de pequeñas hidráulicas entre 10 mil y 33 mil MW de potencia en Chile. Pero no existe ya un incentivo para su desarrollo y el sistema de precios vigente favorece los megaproyectos hidroeléctricos y las centrales a carbón, sin por otro lado beneficiar al consumidor a raíz de las licitaciones de largo plazo que la normativa vigente permite a las empresas distribuidoras con indexaciones de precios que no permiten reflejar bajas eventuales en los costos. Los contratos duran entre diez y quince años.
Lo que es más sorprendente es que se deseche sin mayor discusión, en beneficio de la siempre discutible y discutida opción nuclear, el enorme potencial de la energía solar. Chile posee uno de los índices de radiación solar de mayor intensidad en el mundo, especialmente en el desierto de Atacama. La lógica de mercado de corto plazo existente en Chile explica este enfoque.
En efecto,  el kilowatt-hora (kWh) proveniente de la energía nuclear o de la energía fósil tiene un costo medio situado entre 4 y 7 centavos de dólar,  según la tecnología y los países de que se trate, de acuerdo a Philippe Malbranche, del Instituto Nacional de Energía Solar de Francia. Un estudio de proyectos de Amec-Cade calcula rangos semejantes, de entre 2,7 centavos para carbón en Corea y 6,9 para energía nuclear en Japón. En cambio, el costo de la energía termosolar aún se sitúa en rangos del orden de 14 a 28 centavos por kWh.
Desde una perspectiva de planificación estratégica, sin embargo, cabe tener en cuenta que el mejoramiento del rendimiento de los intercambiadores térmicos y la fabricación de espejos más simples, junto a la producción en gran escala, permitirán disminuir los costos medios y llevar a este tipo de energía solar a ser competitiva en 10 a 15 años más, según el reasegurador Munich Re. En cuán rápido sea el ritmo de la innovación tecnológica está la clave de las perspectivas futuras de la energía solar y de su aporte a la sustentabilidad y a la disminución global de la emisión de gases con efecto invernadero. Chile puede y debe involucrarse -en la actualidad nada hace, con excepción de una franquicia tributaria establecida en 2009 para colectores solares térmicos destinados a calentamiento de agua en viviendas nuevas-  en esa  innovación tecnológica de punta. Ya lo han hecho muchos países desarrollados. Se trata tanto de nuestro interés bien entendido en el buen uso de los recursos de que disponemos como de ser cocreadores de un mejor futuro humano.

Impuestos mineros: Chile no es Australia

Primer hecho: la industria del cobre prevé precios superiores a tres dólares la libra en los próximos cinco años.  El margen operacional -ingresos menos costos de operación- de Minera Escondida (de propiedad de la empresa anglo-australiana BHP Billiton) y el del resto de las empresas privadas del Consejo Minero (incluidas las empresas anglo-australiana Rio Tinto y la suiza Xstrata) será en el próximo quinquenio del orden de 60% para la primera y de 40% para las segundas. Esto equivale a que en solo un par de años recuperen su inversión gracias al alto precio de un recurso natural que no les pertenece y a cuya explotación han accedido gracias a la ley de concesiones mineras de 1982 . Esta prácticamente anuló la nacionalización de 1971 de las riquezas del subsuelo del Presidente Allende y otorgó derechos permanentes de explotación a privados de manera cuasi gratuita.
Segundo hecho: el gobierno socialdemócrata de Australia, frente al ciclo alcista de las materias primas mineras iniciado en 2005, explicado por una oferta que no logra seguir el ritmo de la demanda originada por la expansión china, concluyó en julio de 2010 un acuerdo con los representantes de las compañías mineras BHP, Rio Tinto y Xstrata (las mismas que están presentes en Chile), entre otras. Se trata de un nuevo impuesto a los recursos naturales que establece una tasa sobre las utilidades extraordinarias para la extracción de petróleo y gas de 40%, y para la de mineral de hierro y de carbón de 30%. Y esto sin “invariabilidad tributaria”, pues en las democracias en forma se entiende que cada legislatura es soberana  para pronunciarse y que las empresas deben someterse a las decisiones de los ciudadanos y sus representantes periódicamente elegidos. El impuesto se aplicará a partir de julio de 2012 a las utilidades que excedan de un retorno de 12% sobre el capital  invertido. El gobierno recaudará unos 9.500 millones de dólares anuales adicionales.
Tercer hecho: como parte del financiamiento de la reconstrucción y para recaudar unos 600 millones de dólares en dos años, Sebastián Piñera propuso un incremento temporal de la modesta tasa del impuesto especial a la minería logrado en 2005. A cambio, propuso aumentar en ocho años más la invariabilidad tributaria ya vigente hasta 2018 y originada en las normas del DL 600 sobre inversión extranjera que asegura una invariabilidad de 10 a 20 años. La Concertación votó en contra de la propuesta por considerar el aumento de la invariabilidad contrario al interés nacional y la recaudación adicional insuficiente. Luego los presidentes de los partidos del conglomerado propusieron una fórmula para incrementar sustancialmente la recaudación sin invariabilidad tributaria adicional, eliminando el DL 600 que estableció este mecanismo en 1974. Esto fue  rechazado por el gobierno.
Cuarto hecho: en un vuelco sorprendente, y en medio del  rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, la mayoría de senadores y diputados de la Concertación terminaron aprobando con la derecha, sin consultar a sus partidos que habían acordado otra cosa, un pacto del 6 de octubre entre Frei, Escalona, Lagos Weber y el gobierno. Este pacto aumenta la invariabilidad tributaria hasta fines de 2023 –es decir se pretende que al menos dos nuevos gobiernos y parlamentos elegidos por el pueblo  no puedan decir nada sobre tributación minera - y establece tasas de impuesto entre 5% y 14% de las utilidades operacionales. Las  tasas más altas aplican sólo en situaciones poco probables. Son sustancialmente inferiores al 30% australiano. La nueva norma es válida para los proyectos nuevos y para los existentes a partir de 2018, cuando haya otro parlamento, el actual gobierno haya cesado hace rato en sus funciones y se haya transferido miles de millones de dólares al exterior que debieran haber quedado en Chile para su gente. Una norma transitoria  permitirá a Piñera recaudar en 2010-2012 unos mil millones de dólares,  mediante un aumento del gravamen actual de  5% a 9% de las utilidades operacionales. Una cifra importante, pero diminuta frente a lo que se llevarán fuera de Chile legal pero ilegítimamente las empresas privadas autorizadas a explotar el cobre chileno, e incluso inferior al valor presente de los flujos futuros a obtener después de 2017 con una regalía razonable. La oposición le podría haber ofrecido a Piñera aprobar un endeudamiento equivalente para financiar los recursos que pedía y señalar que prefería no renunciar a modificaciones sustanciales una vez terminada la invariabilidad. Y votar en contra otra vez, pues oponerse no es un drama en democracia, cautelando además con coherencia el interés nacional.
Preguntas: ¿Qué cambió en tan pocos días para pasar sin grandes modificaciones del rechazo a la aprobación? ¿Por qué tanta dificultad en asumir que se es oposición y comportarse como tal? ¿Por qué, lo que es más grave, la oposición parlamentaria se cercena a sí misma al impedir hasta 2024 que un eventual nuevo gobierno suyo cambie a favor del país las reglas de tributación minera? ¿Por qué no se planteó la idea simple de establecer en Chile el régimen tributario de Australia que los socialdemócratas de ese país pactaron con las mismas empresas que explotan cobre en Chile? ¿Por qué lo que es válido para Australia no lo es para Chile?
La compulsión pedestre de ser parte de la fiesta y de los abrazos con los factores de poder parece haber sido otra vez más fuerte que luchar por fortalecer la capacidad del Estado chileno para invertir y redistribuir. Es la misma compulsión que llevó a los que no debían a aprobar las privatizaciones de las sanitarias y el financiamiento empresarial de las campañas parlamentarias. Se ha dejado pasar una ocasión histórica de captar una proporción equitativa de la cada vez mayor renta originada en un recurso minero que pertenece a todos los chilenos y que podría ser usada ya sea por los liberales que están en el gobierno para disminuir otros impuestos, o bien, de acuerdo a un enfoque progresista de izquierda,  para disminuir en el futuro sustancialmente las desigualdades y acelerar nuestro camino al desarrollo. Así de simple y así de lamentable.

Dejando constancia

La atribución del Premio Nobel  a Mario Vargas Llosa nos ha provocado a sus admiradores literarios una gran alegría. Su obra excepcional  y abundante, con los altibajos propios de quien explora permanentemente temas y estilos,  no había sido reconocida por la academia sueca, tal vez por las incisivas y siempre controvertidas opiniones políticas del novelista. Estas no son siempre dignas de ser compartidas, especialmente en su vertiente de liberalismo más bien ingenuo y su apoyo a algunas derechas -como la de Piñera- que no están a su altura.  Pero nunca se vio a Vargas Llosa apoyando dictaduras ni violaciones a los derechos humanos, y eso debe subrayarse. Lo que importa para estos efectos es el sublime legado literario de Vargas Llosa, que nos ha regalado páginas que han hecho mejores nuestras vidas, y eso es más que suficiente para ser celebrado.

El plano local sigue su curso bastante particular. ¿Qué dirían ustedes de un país en el que el gobierno y supuestos opositores parlamentarios se ponen de acuerdo, a cambio de recursos que se pueden obtener de otra manera, para establecer normas a ser aplicadas a partir de 2018 a los actuales productores de cobre, que son los que hoy importan, por otro gobierno y otro parlamento, y que a su vez no podrán ser revisadas sino hasta 2024? ¿Dónde se ha visto semejante desdén del fundamento democrático básico, el respeto de la soberanía popular? ¿Qué dirían ustedes  de un país en el que el manejo de su principal recurso económico se excluye para tres gobiernos futuros, en los que los ciudadanos y sus representantes nada tendrán qué decir? ¿Cómo explican los encargados de ser opositores  que una invariabilidad tributaria -que fue un error aceptar en su momento- se consagre y se prolongue a cambio de muy poco (pasar teóricamente de 37% a 41% la tributación sobre margen operacional) para beneficiar a un gobierno de la derecha y un puñado de empresas transnacionales? Simplemente grotesco y de pacotilla.

Ese es el Chile de hoy, con una derecha que defiende desembozadamente sus intereses económicos, con unos opositores que no son capaces de oponerse a  nada importante y con algunos senadores socialistas que olvidaron que representan a una fuerza política que se construyó  en base a la convicción de que Chile debía recuperar el control sobre sus riquezas naturales y poner sus frutos a disposición de la Nación. Se ha cerrado un acuerdo que garantiza a un gobierno de derecha una tributación menor a sobreutilidades de 40% a 60% de la gran minería privada, provenientes de un recurso que pertenece a todos los chilenos, precisamente en el período de la historia económica mundial que dará un mayor valor a las materias primas de que Chile dispone y que podría ser utilizado para invertir en el capital físico y humano que necesita para encaminarse al desarrollo. ¡Y se cierra la posibilidad de tomar decisiones soberanas futuras, contrariando la esencia de la democracia!

Dejo constancia, como ex dirigente político socialista y  como fundador de la Concertación y redactor de su programa de 1989, de una opinión: los que hoy conducen el conglomerado, los Walker y los Escalonas,  y varios de sus parlamentarios han perdido completamente la brújula en su afán de ser reconocidos como “serios y respetables” por los poderes existentes y no representan a los que jamás concebimos la construcción de una salida política a la dictadura en base a consensos amplios como renuncia a nuestra identidad y a nuestro propósito de ofrecerle a Chile un desarrollo equitativo y sustentable.  Muchos concurrimos a los acuerdos que las circunstancias imponían para evitar más tragedias al pueblo de Chile, a mucha honra, pero nunca para abandonar nuestras convicciones y para dejar de luchar por un país más justo, en el que entre otras cosas el cobre y sus frutos fueran de todos. Veintidós años después ese compromiso ha terminado de ser severamente desfigurado. Que cada cual asuma sus responsabilidades.

Soñar con un país mejor

Los seres humanos necesitamos marcar con hitos el paso del tiempo y recurrimos a ciertas fechas para simbolizarlos. En Chile, la celebración del bicentenario es uno de estos hitos, que encuentra al país sin resolver problemas del siglo 16 (la cuestión mapuche), del siglo 19 (la descuidada seguridad en  faenas mineras  y en general  relaciones laborales que permiten la lisa y llana explotación de buena parte de los trabajadores chilenos), del siglo 20 (democracia limitada, derechos reproductivos de la mujer no asumidos, discriminaciones sexuales) y del siglo 21 (un modelo energético y de cuidado del ambiente que no permite un desarrollo sustentable).

El país actual es uno de fuertes contrastes: carece de grandes relatos pero construye mitos con frecuencia sobre los del siglo XX; gira alrededor de la contingencia más inmediata, pero mantiene una carga de memoria histórica que cuando es expulsada por la puerta vuelve por la ventana;  convive con el “peso de la noche” conservador pero es iconoclasta en muchas de las prácticas cotidianas y en sus expresiones culturales; en la economía es dominado por élites oligárquicas, ha dado lugar a una ola de acumulación de riqueza como nunca concentrada en unos pocos y a la prolongación de formas severas de exclusión social, pero a la vez experimenta una ampliación considerable del acceso de toda la población a bienes materiales y a bienes culturales y de consumo colectivo y a mejores mecanismos de protección social. 

En el contexto de estas situaciones contradictorias y ambivalentes, se mantiene una falta de decisión clara sobre la dirección hacia la que podría encaminarse el país si se propone otras metas para dejar atrás su actual hibridación postmoderna entre islas de primer mundo, áreas de progreso igualitario y a la vez un trasfondo clásicamente subdesarrollado y arcaico con situaciones de atraso, exclusión y discriminación, así como de cierta confusión intelectual y moral. 

¿Por qué no volver a plantearse derrotar a la derecha en 2013 en base a la aspiración de construir una democracia social moderna? Tiene mucho sentido hacer del nuestro un país dotado de instituciones políticas verdaderamente representativas y descentralizadas, en el que se desenvuelvan individuos autónomos y libres pertenecientes a comunidades acogedoras de la diversidad; un país en el que la responsabilidad frente a los demás, incluyendo a las nuevas generaciones, sea la base de la convivencia y de una esfera pública activa e informada; un país en el que los incrementos de prosperidad se traduzcan equitativamente en el mayor bienestar para el mayor número posible de personas; un país que ofrezca una mejor educación y oportunidades a sus jóvenes para que puedan construir con autonomía sus propios proyectos de vida y en el que nadie quede encadenado a un destino de exclusión que no puede modificarse; un país con un gobierno efectivo e instituciones probas al servicio de los ciudadanos; un país que gobierne una economía dinámica para ponerla al servicio de la calidad de vida, de los derechos sociales y del respeto por el ambiente; un país con un Estado democrático redistribuidor de las oportunidades, los activos y los ingresos que disminuya las desigualdades injustas que no por ancestrales son menos intolerables. 

¿Y por qué los que gobernamos entre 1990 y 2009 no avanzamos en esta dirección sino muy parcialmente? Porque las realidades políticas fueron de empates de poder. Pero además porque retrocedieron las convicciones. Prevalecieron, no sin luchas, las de quienes enfatizaron, al volver el país desde 1990 a ser dirigido por gobiernos elegidos por el pueblo, su preferencia por la llamada ética de la responsabilidad por sobre la ética de la convicción, siguiendo la distinción de Max Weber. La primera terminó por reemplazar la energía inicial de la transición y justificó una especie de pragmatismo blando sin grandeza que ha devenido en una práctica política crecientemente conservadora entre quienes debieran representar el cambio y la transformación. 

La dialéctica entre el realismo y el sueño, la moderación y la audacia, ha estado siempre presente en los procesos sociales de “alta intensidad”, como han sido los del Chile contemporáneo. Pero la referencia extendida en algunas élites a la distinción weberiana es un síntoma del conformismo que se ha instalado en Chile, que se traduce en una subordinación de muchos a los poderes económicos y de la Iglesia Católica. La ética de la convicción, que defendemos, no excluye la cautela que deben mantener los promotores del cambio social frente a los peligros de involución en la consecución de sus objetivos por conductas maximalistas irreflexivas. Pero la cautela y la flexibilidad en la defensa de una convicción son una cosa, no conducirse con arreglo a convicciones en nombre de la responsabilidad es otra muy distinta. En cambio, una inspiración libertaria puede resumirse en las palabras de Michel Onfray: “querer una política libertaria es invertir las perspectivas: someter la economía a la política, pero poner la política al servicio de la ética, hacer que prime la ética de la convicción sobre la ética de la responsabilidad, luego reducir las estructuras a la única función de máquinas al servicio de los individuos y no a la inversa”.

¿Será posible caminar en esta dirección en las circunstancias actuales de Chile y el mundo, aprender consistentemente de los aciertos y dramas nacionales y universales del siglo 20 para dejarlos atrás de manera creativa y reconocer en profundidad los cambios en curso? ¿Será posible hacer emerger desde una democracia política en consolidación una democracia social moderna que promueva, además de la consagración de derechos de amplio espectro, la celebración de la vida humana que merecen los chilenos del siglo 21 y el respeto a la naturaleza?   

En Chile, el obstáculo aún decisivo es el peso de los conservadores y del poder económico y político que mantienen y la prevalencia de las ideas neoliberales que no solo defienden sus intereses sino también han dado consistencia a un programa sistemático de cooptación de una parte de la centroizquierda. Han tenido relativo éxito en la domesticación de aquella izquierda que confundió renovación con conversión al neoliberalismo y de aquella neoizquierda que sufre del “síndrome esteoriental” (en referencia a la caída del muro de Berlín, que implicó una rápida transición de los dogmas marxista-leninistas a la religión del libre mercado y al atlantismo pro-occidental, en tanto ahí estaban las nuevas fuentes de poder, en vez de abrazar las ideas socialistas democráticas) y que busca estabilizar vínculos con los poderes constituidos, no sin al mismo tiempo mantener un lenguaje y una identidad populistas destinados a mantener su clientela electoral.  

El “optimismo de la voluntad” de inspiración libertaria e igualitaria ha tenido y tiene entonces una gama de huesos duros de roer y muchos esfuerzos que realizar. Pero para eso son las fechas simbólicas: para volver a soñar en un mundo y un país mejor.

Hace 37 años

Hay días como hoy 11 de septiembre que,  aunque uno trate de soslayarlos, simplemente son de un peso demasiado grande. Para el país, que no solo vio caer destruida su democracia sino, mucho más que eso, vio reestablecido en medio del dolor el poder de sus oligarquías de siempre. Ese poder que largas luchas habían hecho retroceder. Las consecuencias hasta el día de hoy han sido enormes no solo para la izquierda y sus organizaciones, sino para el pueblo llano, el ciudadano de a pie, los excluìdos que se identificaban con sueños de dignidad. Retroceso histórico y conquistas aplastadas, muertos, desaparecidos, torturados, exiliados han sido un costo para varias generaciones. Y para todos los chilenos, más allá de sus posturas políticas, es un día finalmente triste. Incluso para los que descorcharon champaña, porque fue el día en que se llegó por algunos a aplaudir la muerte trágica de un Presidente y el inicio de horrores infligidos a compatriotas. Esas degradaciones nunca han dignificado a nadie, y así va quedando registrado en nuestra historia para las nuevas generaciones.
Y es un día indeleble en la memoria personal de muchos de nosotros. Desde donde escribo estas líneas siento ruido de aviones, banales, sin significado particular. Pero que evocan aquel día, que amaneció despejado y que luego quedó signado por los ruidos de bombardeos y balazos y también más tarde por una lluvia tenue y triste. Ese día nos juntamos un grupo que terminó reducido a una veintena, en el Pedagógico, luego en las industrias aledañas, en la noche en los barrios cercanos. Eramos universitarios y secundarios, trabajadores jóvenes, ninguno con mucho más de 20 años, el mayor si acaso 25, yo el menor con 16. Intentamos resistir, defender el gobierno legítimo del Presidente Allende. Unas pocas armas de las que disponíamos nada podían hacer frente al poder de fuego militar. Nosotros teníamos arrojo y mucho susto. Ellos tenían miedo y recibían órdenes de matar. Después de tres días nos dispersamos. Algunos partimos al exilio, otros siguieron resitiendo en Chile, como pudieron. Cuatro están desaparecidos. Treinta y siete años después, solo cabe rendir honor a su memoria de jóvenes ejemplares y valientes que querían un país libertario y justo.

Un bicentenario marcado por el más antiguo conflicto

En las últimas semanas el “conflicto mapuche” ha agregado un nuevo episodio con la huelga de hambre de miembros de ese pueblo procesados o condenados bajo la ley anti-terrorista. Este no puede entenderse desde una perspectiva de orden público y no puede hacer abstracción de su origen histórico. Los españoles llegaron en el siglo XVI a un territorio habitado por varios centenares de miles de personas de etnias diversas y con predominio de lo que se conocería más tarde como pueblo mapuche.  Cuando partieron solo quedaban unos noventa mil, según el censo de Ambrosio O'Higgins. El pueblo mapuche llegó a habitar entre el río Choapa en el norte y la isla de Chiloé en el sur y evolucionó incluso hacia las pampas argentinas, sin perjuicio de la presencia aymara y de los atacameños en las pampas del norte, de los changos en la costa norte, de los chonos de Chiloé al sur, y de cuatro pueblos que habitaban el extremo austral del país, los sélknam, los aónikenk, los yámana y los kawéskar, Los mapuche del norte detuvieron primero la expansión del imperio Inca. Luego resistieron la conquista española, lo que se conoce a través del poema épico "La Araucana", en el que Alonso de Ercilla describe la magnitud del conflicto y la eficacia militar indígena. Se produce entonces lo que en ninguna otra parte de América Latina: la derrota y muerte en combate del conquistador y gobernador español, Pedro de Valdivia, en 1553, y una prolongada resistencia bélica de los mapuches. Esto no impidió la derrota de los ejércitos de Lautaro en 1557 y luego de sus sucesores dada la superioridad de la tecnología militar española (en especial el arcabuz y la pólvora) y el impacto de las nuevas  enfermedades. En los primeros cincuenta años de contacto con los españoles se habría producido la muerte de dos tercios de la población originaria de Chile y la destrucción de la sociedad ribereña organizada en aldeas en los ríos del sur. No obstante, el conflicto se estabilizó en un  "modus vivendi" con el pueblo mapuche, cuyos diversos jefes de familias extendidas al sur del río Bío-Bío pactaron con la Corona una relativa autonomía a través de “parlamentos”, el más conocido de los cuales fue el de Quilín celebrado en 1641. Junto a intercambios  basados en trueques con la economía colonial, el territorio mapuche en el centro-sur del país se mantuvo bajo el dominio de este pueblo sin estructuras políticas estables, con una economía basada originalmente en la pesca, recolección y algunas siembras y más tarde en la explotación ganadera de su territorio, pero que nunca llegó a estar organizado en un Estado-nación ni adoptó los sistemas agrícolas andinos basados en el riego que suponían algún grado de centralización.
En el ideario de los próceres de la independencia de Chile existió una visión romántica sobre el mundo indígena. Los libertadores latinoamericanos, muchos de los cuales se agruparon en la “Logia Lautaro” creada por Francisco de Miranda, entendían que este mundo fue objeto de un desplazamiento y despojo y admiraban su capacidad de resistencia. Bernardo O'Higgins estableció al proclamarse la independencia en 1819 la libertad de los indígenas y su igualdad con el resto de la población chilena. Los mapuche no se sumaron sino parcialmente a los criollos y siguieron viviendo en sus territorios al sur del Bío-Bío con acomodos en sus sistemas de producción e intercambio de frontera.  Por su parte, el extremo sur, aunque pretendido por los españoles, no había sido verdaderamente ocupado por la Corona y se mantuvo en la práctica como territorio indígena hasta avanzado el siglo diecinueve. Si bien el Chile republicano estableció en 1843 una guarnición en el estrecho de Magallanes, fue a través de alianzas con la población indígena que la influencia chilena en la Patagonia creció de lado y lado de la cordillera, en especial mediante el comercio de ganado. Hasta la década de 1870 Chile reclamaba para sí toda la Patagonia al sur del río Negro. La guerra de Chile con Perú y Bolivia de 1879-84 cambió la situación. En el lado argentino se gatilló la llamada Conquista del Desierto por el general Roca: las fuerzas argentinas ocuparon los territorios indígenas hasta el río Negro, en una campaña iniciada días después de la declaración de guerra de Chile a Bolivia.
A esta presión por el lado argentino se agregó por el lado chileno que el gobierno en 1866 había declarado como fiscales las tierras indígenas y dado inicio a distribuciones a colonos y criollos en medio de la conformación de una economía cerealera orientada a la exportación complementaria de la actividad minera del norte. La ocupación militar de la Araucanía, en una trágica, codiciosa y miope decisión, comenzó en 1881. El ejército chileno, una vez conquistados los territorios a Bolivia y Perú, fue orientado al desplazamiento violento de los mapuches de sus tierras ancestrales. Se puso en marcha el proceso de radicación en  reducciones a través del otorgamiento de "títulos de merced" en unas 510 mil hectáreas (el 6 por ciento de su territorio). El resto de las tierras, las más ricas, fueron entregadas a colonos nacionales y extranjeros, a título gratuito en el caso de estos últimos. Dadas las concepciones eurocéntricas de la élite de la época, se entendía que había que traer a Chile alemanes, y también franceses e italianos, que podían colonizar la selva templada del sur y transformarla en un territorio agrícola. Se estima que la mitad de los mapuche fueron desplazados hacia zonas de la costa y la montaña. Dejó así de existir el territorio indígena con una cierta autonomía de hecho. En el extremo sur, cuya población originaria alcanzaba a fines del siglo XIX unas diez mil personas, se produjo un exterminio en el siglo XX: los sélknam y aónikenk terminaron por desaparecer, en tanto los yámana y kawéskar apenas sobrevivieron.
Dos conflictos permanecen fruto de este proceso de “conquista interior”. El primero es que una parte de la población indígena no recibió títulos, y sin embargo siguió residiendo en los mismos lugares. Durante más de un siglo hubo un choque permanente con quienes iban recibiendo títulos legales de parte del gobierno de manera legal o fraudulenta.  También se instaló un conflicto con el Estado chileno respecto de las propias tierras entregadas a los indígenas. Las comunidades mapuches recurrieron con frecuencia ante los tribunales con documentos de mercedes de tierra otorgados por el Estado de Chile, en contraste con lo progresivamente establecido en sentido contrario por los registros de propiedad de bienes raíces de manera poco ortodoxa en beneficio de terratenientes no indígenas. Se cambió el carácter de un tercio de esas mercedes de tierra, aumentando la expoliación de la población mapuche. Estas situaciones han sido y son la fuente de un conflicto que no proviene ya de la conquista del territorio mapuche de origen colonial, sino que tiene origen en la conducta del Estado chileno al servicio de las nuevas oligarquías dominantes.
Este proceso se entronca en el siglo XX con dos grandes corrientes en el mundo indígena. La primera busca la integración a la institucionalidad tradicional y conservadora del país en distintos ámbitos junto a una defensa de sus  derechos adquiridos. Otra parte se vincula con movimientos que se identifican con el ideario socialista y laico que proviene de Europa y forma parte de organizaciones sindicales y partidos políticos de izquierda. Este proceso no estuvo exento de una cierta incomprensión mutua, que favoreció una inclinación electoral hacia la derecha. En los años sesenta se inició el proceso de la reforma agraria destinado a redistribuir tierras del gran latifundio tradicional en beneficio de los trabajadores de la tierra. El tema indígena se subsumió en el tema campesino. El proceso se aceleró desde 1967, y muy en especial en el período de Salvador Allende, que culmina una rápida reforma agraria. Se produce además un fenómeno de tomas ilegales de tierras, incluyendo grupos indígenas que reclamaban sus derechos. Este proceso termina trágicamente cuando el  presidente Allende es derrocado por una dictadura militar que desata una contra-reforma agraria drástica y una represión violenta en las zonas donde se habían producido las mayores movilizaciones autónomas de campesinos y de indígenas, con el resultado de muertes, fusilamientos, exilios y la desarticulación de las organizaciones de campesinos e indígenas. En el año 1979 se estableció la desaparición del trato diferenciado de la propiedad territorial indígena para subdividir las comunidades y entregar títulos de propiedad individual, que, sin embargo, solo podían ser objeto de venta 20 años después de entrados en vigencia los Decretos Leyes 2568 y 2750. Se produce en una década la disolución legal de la casi totalidad de las comunidades.
La vuelta a la democracia incluyó la búsqueda de un nuevo trato con los pueblos indígenas. La nueva coalición elaboró, antes de asumir el gobierno, una propuesta que asumía como válidos muchos de los planteamientos formulados por las organizaciones indígenas en octubre de 1989 en Nueva Imperial, en el Encuentro Nacional Indígena con el candidato presidencial Patricio Aylwin. En él se suscribió un Acta mediante la cual los representantes de los pueblos originarios se comprometían a apoyar los esfuerzos del futuro gobierno en favor de la democratización del país y a canalizar sus demandas a través de los mecanismos institucionales. La coalición de gobierno, a su vez, se comprometía a obtener el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con la participación activa de estos pueblos, y crear una Comisión Especial con participación de los distintos pueblos para estudiar una nueva legislación sobre la materia. El balance más de 20 años después es que en tanto las organizaciones del mundo mapuche presentes cumplieron su palabra, el Estado chileno no la cumplió sino de manera incompleta, especialmente por la negativa de la oposición en el parlamento a otorgar el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. No obstante, se consolidó la propiedad indígena de la tierra y se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que contempla dos mecanismos: un consejo elegido por las comunidades y un director  nombrado por la Presidencia de la República, que a su vez administra un fondo nacional de tierras y aguas. Se generaron así las condiciones para satisfacer al menos parcialmente las demandas ancestrales de reconocimiento de derechos sobre parte de las tierras indígenas.
Se configuró entre tanto una nueva generación de dirigentes, una parte de la cual asumió posturas radicales, identificada con la idea de la vuelta a la comunidad perdida y la creación de una Nación Mapuche. Un grupo asumió incluso la lógica de la "acción directa" con tomas de fundos, quemas de casas y de propiedades forestales, con la consecuencia de acusados que están en prisión bajo proceso o condena.   En este tema hay dos visiones. Una plantea que no se ha actuado con suficiente energía para mantener el orden público y se ha permitido un retroceso del Estado de Derecho y que por tanto se debe acentuar la represión. Otra visión subraya que se trata de una situación de conflicto frente a derechos no reconocidos, que existen personas que sienten que sus derechos están siendo violados y que están siendo acusados de hechos no constitutivos de delitos terroristas, sin cuya invocación estarían en libertad. La prudencia indica que, junto con hacer prevalecer el respeto a la ley democrática en condiciones no discriminatorias, y por tanto sin recurrir a las leyes antiterroristas de origen dictatorial de dudosa legitimidad, es necesario al menos que la democracia chilena ofrezca al mundo indígena lo comprometido o esbozado  desde 1989: un reconocimiento constitucional aún pendiente, participación de representantes en el parlamento, la conformación de nuevas comunas con predominio indígena y de instituciones representativas propias, junto a programas masivos de desarrollo de los territorios indígenas y de la educación y salud interculturales.