La reforma a los seguros de salud se queda a medio camino

En Voces La Tercera

Chile vive una importante paradoja: los indicadores comparativos de la salud de su población son muy buenos, y al mismo tiempo las encuestas reflejan un alto descontento con los sistemas de acceso a la atención sanitaria pública y privada. Esto probablemente explica que todos los gobiernos recientes hayan debido poner en agenda reformas a las políticas de salud, ya sea en materia de seguros públicos y privados, de construcción de infraestructura hospitalaria y primaria y de dotación de personal en el sector público. El actual gobierno no es la excepción y ha presentado su propio plan, centrado en los seguros, en contraste con el anterior gobierno, centrado en la construcción de hospitales. Pero no debe olvidarse que las claves son de largo plazo: las políticas de salud primaria y la acción contra la desnutrición infantil y las enfermedades infecciosas desde los años 1950 y 1960, los sustanciales avances en las condiciones sanitarias de las viviendas desde 1990 y los reforzamientos sistemáticos de los equipos de salud y sus condiciones de trabajo en los diversos niveles de atención desde entonces.

Si se considera la esperanza de vida al nacer en el continente latinoamericano, que es el más importante indicador sintético del estado de salud de la población, tres países destacan sobre el resto, según los datos para 2018 de la Organización Mundial de la Salud: Costa Rica (80,2 años), Cuba (80,1 años) y Chile (79,9 años). Es importante subrayar que el ingreso por habitante de estos tres países es muy diferente, es decir, respectivamente, de 14.6 mil, 7.5 mil y 21.9 mil dólares por habitante a paridad de poder de compra en 2017, según los datos del PNUD. Siguen en la lista Panamá (78,4 años) y México (77,5 años) y más atrás, pero con dos y tres años menos que Chile, Uruguay (77,8 años), Argentina (76,9 años) y Ecuador (76,8 años).

Que el ingreso promedio vaya de uno a tres en los tres países más exitosos en materia de salud en el continente pone en evidencia la importancia de las políticas para hacer la diferencia en este importante aspecto del bienestar humano y de la prosperidad efectiva de las sociedades. Un ejemplo inverso es el del país de mayor PIB por habitante del continente, dada su riqueza en hidrocarburos, Trinidad y Tobago, que ostenta una de las más bajas esperanzas de vida al nacer (70,9 años). La conclusión es clara: los recursos son importantes, pero más importante es cómo se utilizan y distribuyen y qué políticas prevalecen.

Es importante destacar lo que viene ocurriendo con uno de los países más ricos del mundo en términos de PIB por habitante. En Estados Unidos, caso único entre los países de altos ingresos, la esperanza de vida al nacer ha empezado a declinar en los últimos tres años, luego de un incremento sistemático desde 1918. El indicador alcanzó en 2018 solo 79,7 años, una cifra inferior a la de Chile, pero con un PIB por habitante que más que duplica el nuestro. Las “muertes por desesperación” en Estados Unidos, como las califica el Nobel de economía Angus Deaton, es decir la epidemia de aumento de los suicidios y de las muertes por sobredosis de drogas, explican esta situación, en un contexto en que la cobertura de seguros sigue dejando fuera a millones de norteamericanos. El contraste con el vecino Canadá (82,7 años de esperanza de vida al nacer) es notorio, país en el que la desigualdad es menor y existe un seguro universal de salud para los tratamientos médicamente necesarios, para no hablar de los sistemas públicos de salud de Europa, con resultados mucho mejores que los de Estados Unidos. Es ahora también el caso de Chile.

Pero nuestro país debe seguir avanzando hacia las mejores prácticas, porque todavía estamos lejos de ellas. La reforma recién anunciada lo hace, pero demasiado poco. Esta define, junto a un incremento de algunas coberturas de Fonasa de libre elección, un plan único de plazo fijo y copago de 20% en todas las prestaciones de las Isapres. Se avanza en regular algunos aspectos de un mercado discriminador, opaco y con asimetrías de información sistemáticas en detrimento de los usuarios, regulaciones a las que hasta aquí la derecha parlamentaria (y los diversos defensores de los seguros privados más allá de ella, pues no olvidemos que las Isapres también han tenido un sistema de cooptación de ex funcionarios de la Concertación), se había opuesto en las diversas reformas previas. En efecto, se propone terminar con la declaración previa de salud y se establece tanto un esquema de compensación de riesgo como un sistema de techo de pago familiar anual máximo de 40% del ingreso, cuya articulación con el sistema AUGE-CES habrá que conocer con más detalle.

El problema principal es que se seguirá diferenciando el precio del nuevo plan único por edad y enfermedades previas y seguirán pagando más los que más necesitan atenciones de salud. Esto desde luego mantendrá los litigios judiciales a propósito de lo justificado o no de las alzas del plan. En suma: nada de salir del principio de que quien se enferma asume la mayor parte del costo de su enfermedad, o bien no recibe atención adecuada en un sistema público que seguirá concentrando la mayor parte de población con mayores riesgos (personas de edad y/o con enfermedades previas) y con menos recursos, aunque como vimos el sector público produce buenos resultados acumulados atendiendo al 80% de la población gracias a sus mal pagados equipos de salud. En los países que garantizan la atención de salud es al revés: opera el principio de solidaridad a lo largo del tiempo según el cual todos, mediante las cotizaciones e impuestos, empezando por los más sanos y más jóvenes, financian a los que en un momento dado están enfermos.

¿Será mucho pedirle a la oposición que proponga un seguro común para cubrir financieramente las prestaciones de ese plan único de atenciones médicamente necesarias para toda la población y sin discriminaciones, como propusimos parcialmente en el gobierno de Lagos solidarizando el 3% de la cotización obligatoria y que el parlamento dominado por la derecha echó abajo? ¿Y que los copagos de bolsillo sean solo para algunas prestaciones y contingentes al 10% del ingreso? ¿Y que los seguros privados sean solo complementarios y no reciban cotizaciones obligatorias sino que estas vayan al seguro común universal, y no solo al de las Isapres? ¿Y que el conjunto del sistema privilegie la prevención y la detección temprana con exámenes periódicos obligatorios y se promueva las conductas y la alimentación saludables, que son la clave para contener la carga de enfermedades en una población sedentaria y que envejece?

Esto supone buscar nuevas formas de financiamiento, como extender la cotización salarial del 7% al resto de los ingresos para financiar adecuadamente el seguro común, en un país en el que el 30% del trabajo asalariado es informal y en el que los ingresos del capital superan con creces los del trabajo. Un buen sistema de salud universal no es gratis, más aún es bastante caro, pero vale la pena avanzar (por ejemplo tomando lo mejor de esquemas como el británico, el francés o el español), especialmente si la contribución de cada cual es equitativa y si las prestaciones van a todos quienes las necesitan. No hay nada que iguale más a los seres humanos que la enfermedad y el acompañamiento médico, frente a la cual todos merecen, independientemente de su condición social y en el contexto de los recursos de los que dispone la sociedad, una atención digna.

El nuevo relato de la derecha

En Voces La Tercera

Se ha conocido una reseña de un texto de Andrés Allamand sobre el porvenir de la derecha y la necesidad para ese sector político de tener un nuevo relato. Desgraciadamente Allamand sigue forzando el trazo con las ideas del progresismo cuando afirma que este “combat(e) los establecimiento emblemáticos" o bien pretende que "se obligue a (los) hijos a asistir a colegios con insuficientes recursos" y otras afirmaciones de evidente mala fe, sin ánimo de ofender a la fe. El mundo progresista, con mayor o menor pertinencia, no ha hecho sino constatar cosas como que las desigualdades de ingresos han disminuido muy poco y que permanecen entre las mayores del mundo. Y también constatar discriminaciones sociales, de género, de orientación sexual y étnicas que configuran una ausencia generalizada de igualdad de oportunidades en la sociedad chilena. El privilegio de la cuna o del acceso sigue determinando las historias de vida de la mayoría. Las vidas cotidianas están marcadas por la precariedad de los empleos, el sobre-endeudamiento, servicios públicos infra-financiados y discriminaciones constantes. Este es un diagnóstico de falta de oportunidades objetivas, que produce un malestar subjetivo, a pesar de los esfuerzos realizados, los que por tanto deben ampliarse. Y señalar que la falta de avance se debe en gran parte a una democracia limitada. De muestra un botón: el despliegue de una mayoría de derecha en un Tribunal Constitucional militante que no solo se impone sobre los legisladores sino también ahora sobre la Corte Suprema. Inaceptable para cualquier demócrata, como la persistencia de los quórum de aprobación de leyes orgánicas y reformas constitucionales. Dicho sea de paso, el malestar con el gobierno actual, a un año de su exitosa elección y de la división y derrumbe del progresismo, es creciente. 

Da la impresión que esta dimensión es lo que preocupa a Andrés Allamand, que aboga por una nueva empatía de la derecha "con la clase media" para asegurar su futuro político. Postula que debiera ser el adalid de la igualdad de oportunidades para seducir a la clase media y llevar la bandera de la “ampliación de oportunidades”. 

Lo primero lleva a esta idea torpe de "emparejar la cancha", a la que entran actores desnutridos a competir con agentes económicos y sociales de gran poder. Con la consecuencia que a la mayoría le va bastante mal. El progresismo y la izquierda son históricamente en esto más creíbles, pues proponen cambiar de cancha. La idea alternativa de la igualdad efectiva de oportunidades (apoyada en una sólida literatura contemporánea en materia de criterios de justicia,) va mucho más allá y propone cambiar la cancha neoliberal del mercado máximo y del Estado mínimo. 

Este enfoque postula, en primer lugar, un cambio radical en la condiciones de inicio de la vida y una educación universal, no sexista e inclusiva en vez del elitismo de clase para que al menos la aspiración a la autonomía y al acceso a diferentes posiciones sociales se acompañe de herramientas. En segundo lugar, postula una economía desconcentrada con más bienes públicos, que preserve y amplíe los bienes comunes y una más equitativa y eficiente distribución del ingreso entre trabajo y capital, junto a una redistribución de los riesgos que cubra las principales precariedades de las clases medias y populares (desempleo, enfermedad, accidentes, vejez). A nada de esto ha estado dispuesta la derecha en Chile y ahora busca un sistema de “clase media protegida”. ¿Y los demás qué? Un verdadero enfoque de seguridad económica tiene, para simplificar, componentes socialdemócratas, pero va más allá y reflexiona hoy sobre lo indispensable de un ingreso básico universal, que empiece con los jóvenes para que puedan formarse adecuadamente y las personas de edad para una vejez digna. Y que en futuras etapas, frente a los cambios que se avecinan en el mundo del trabajo, se extienda al resto de los ciudadanos. Los recursos hoy permiten plantearse este objetivo de igualdad de condiciones básicas de existencia, con la debida prudencia, gradualidad y consideración de nuestra situación de país periférico e inestable. Pero cabe indicar cómo válido un proceso que amplíe la igualdad efectiva de oportunidades a una esfera de derechos comunes garantizados. Por su parte, la derecha no hace más que ofrecer algo de políticas sociales que no contradigan la concentración del capital, por la sencilla razón de que es su directa representación política. En Chile, llega a niveles extremos, que un par de leyes antimonopolio no va a revertir. Solo lo podrá hacer una regulación apropiada en una economía mixta sostenible y competitiva, basada en el conocimiento y la diversificación productiva. Y desde luego sin Isapres ni AFPs que tengan el monopolio estatal de las cotizaciones ni evaluaciones ambientales de proyectos concebidas para eliminar molestos “lomos de toro”. El economicismo de la derecha y el medioambiente nunca han ido muy de la mano. Allamand no menciona el tema, al menos en el resumen. Dicho sea de paso, ¿alguien se ha preguntado cuántos atropellos adicionales habría sin lomos de toro? 

La derecha no es tampoco creíble en el segundo tema, el de "la ampliación de oportunidades" en el mundo económico incierto de hoy. Políticas económicas basadas en choques de oferta desreguladores, con la presunción de que los empresarios invertirían más y crecerían mágicamente el empleo y el bienestar, no son más que quimeras ("economía vudú"). Véase como va la economía en Chile hoy. La política de oferta que importa es la política industrial, como la que permitió aumentar sustancialmenye su prosperidad a diversos países asiáticos, junto a formar a su gente en tecnologías avanzadas y en especializaciones con alto valor agregado, junto a promover masivamente la investigación y desarrollo y la innovación. En Chile, la obviedad de promover activamente y con sentido estratégico las nuevas energías renovables y la electro-movilidad encuentran, por ejemplo, la oposición de una élite política y económica dogmática e incompetente para una tarea de este tipo, que mantiene el ridículo 0,36% de gasto en I+D sobre el PIB (¿Israel?: 4,5% del PIB; ¿Corea del Sur?: 4,6%). Es cierto que este dogmatismo también logró ser parte de gobiernos de centro-izquierda, con muy malos resultados en Bachelet I y II. Una recomposición del progresismo tiene como tarea impostergable dejar atrás la penetración de ideas neoliberales y reemplazarlas por las de crear un Estado estratégico competente y activo, que promueva la innovación sostenible y mantenga mercados competitivos donde corresponde pero restrinja su ámbito de incidencia en la vida social. Y alejado también de la quimera de la centralización económica, que tampoco es una política que conduzca a ninguna parte, en este caso a la prosperidad compartida y sustentable. 

La derecha, por último, tampoco tiene mucho que mostrar en su relato sobre la lucha contras las discriminaciones y por los derechos de la mujer, aunque se haya producido la evolución de algunos desde el conservadurismo cerril, porque simplemente no está en su ADN autoritario y patriarcal. Basta recordar su conducta en el tema del aborto por tres causales y tantas otras batallas culturales.

Pero, en definitiva, el texto de Andrés Allamand termina apelando a lo de siempre, a aquello en lo que la derecha si es creíble y competente: azuzar las pulsiones autoritarias de los individuos, sus fobias contra la diferencia y el miedo al desorden. Ese sí es su ADN, y logra resultados, como recientemente en Brasil en una versión muy extrema. De ahí la frase en el texto de Allamand: las personas "están incluso dispuestas a renunciar a sus prerogativas personales para que las políticas públicas antidelincuencia sean efectivas". Esto es, debe uno entender, limitar las libertades, incluso a los menores de edad. Otra vez la derecha retratándose a sí misma, aunque haga esfuerzos “de relato” en un sentido contrario.

Posteo sobre la reforma tributaria

Fui crítico de la reforma tributaria de 2014, porque iba a recaudar poco, no tocaba la recaudación minera, recargaba y complicaba la tributación de las empresas y aliviaba la de sus dueños, lo que es una mala lógica económica, y aumentaba primero que nada impuestos a consumos masivos. Pero la contrarreforma es peor.

Aplicando su mayoría, sería razonable que la oposición condicionara la idea de legislar, como lo ha venido haciendo con variados argumentos, si en especial:
- se vuelve a la reintegración total de la tributación de las empresas como crédito en el impuesto a la renta pero se aumenta la tasa marginal del impuesto global complementario (volviendo al 50% de 1990 desde el 35 actual, cuya rebaja sucesiva nunca tuvo justificación y fue aumentando la regresividad del sistema), se tributa las ganancias de capital y no se aplica la depreciación;
- se alivia el impuesto a las herencias de las clases medias en activos productivos y se aumenta sustancialmente el de las grandes fortunas en vez de excluir los activos en el exterior;

- se mantiene el límite de 2 mil UF para el cobro de IVA a la compra de viviendas, se alivia el IVA a medicamentos, alimentos sanos y cultura y se amplía la tributación a las emisiones contaminantes móviles y fijas;
- no se diluye las normas antielusión;
- se aumenta impuestos locales y regionales como las patentes mineras y el impuesto territorial a las propiedades de muy alto valor, aliviando el cobro a personas de edad de bajos ingresos, junto a la tasa de la patente industrial y comercial a las empresas de muy alto capital.

Si el gobierno insiste en aliviar la tributación de los ricos, entonces no quedará sino votar en contra de la idea de legislar. ¿Por qué razón la oposición debiera aprobar reformas tributarias que significan un retroceso? Eso no es obstrucción, es claridad de propósitos e independencia del poder económico representado por el actual gobierno.

Posteo sobre la idea de educación pública de excelencia

Hoy una columna de Arturo Fontaine y Sergio Urzúa defiende apasionadamente la "educación pública de excelencia". Solo que en base a la selección por "alto rendimiento" y "agrupando al alumnado según sus habilidades, conocimientos y aficiones". Sostienen que dado que un 7,1% del 25% de familias más pobres alcanza el rendimiento promedio del 25% más rico en la prueba PISA, ahí debiera apuntarse en prioridad en la política pública. No hacerlo lo llaman "desdén por la excelencia".

El cultivo de la excelencia es fundamental, y no es incompatible con la diversidad en la sala de clases. La inversa también es cierta: agrupar a los de mejores notas en la infancia no es garantía de "mejor rendimiento" y menos de preparación eficaz para la vida, que es el verdadero parámetro de la excelencia. A ello no es ajeno que en Chile los colegios particulares pagados obtengan muy poco rendimiento de sus alumnos aventajados, muy por debajo del promedio internacional de la prueba PISA, y mucho menos que los asiáticos, por ejemplo.

Aquí estamos ante una falacia. ¿Quién podría no estar de acuerdo con reforzar la excelencia? La pregunta pertinente es: ¿para quién y cómo? ¿Por qué no para todos, o al menos para el máximo posible, lo que es mucho más que el 7,1% del 25% más pobre? Algunos sostienen que la excelencia se logra con mucho mayor disciplina y exigencia, lo que comparto. Pero siempre que agreguemos estimular también la creatividad y los intereses diversos de cada niño/a y joven, sin imponer patrones de éxito y seleccionando (más bien especializando vocaciones) en la etapa final en la escuela y en el acceso y evolución en la educación superior, y con criterios variados y no solo por las notas.

Muy bien, ese es el objetivo. Pero siempre habrá quienes tengan más dificultades, vidas familiares y personales con más problemas y/o bajos capitales culturales de inicio. ¿Hay que dejarlos abandonados? Los que así piensan no debieran después quejarse del incremento de la delincuencia, pues está demostrada la alta incidencia de la pobreza infantil y de la educación precaria en posteriores conductas antisociales. ¿O la idea es a lo más orientarlos a carreras supuestamente técnicas? ¿Qué pasa con los recorridos de vida en los que tantas personas de "bajo rendimiento" escolar y de infancias difíciles, con su socialización y esfuerzo posterior construyen horizontes positivos para sí mismos y su entorno?

Y sobre todo, ¿qué pasa con la experiencia de la diversidad, con la empatía humana y social, con el compartir con el distinto, con una sociedad no fragmentada en guetos sociales? Ni una palabra. En nuestra opinión, un factor de "rendimiento" es también aprender a convivir con los demás, lo que ayuda a lograr una educación integrada con alumnos de diversos rendimientos y capitales culturales. Pero estos columnistas, como tantos otros, no pueden salir de la pulsión del "vivir entre si" y del mundo del privilegio. Por sobre todo, nada de mezclarse con gente de otra condición social. ¿No seguirá rondando por ahí Andrés Bello con su idea clasista según la cual “el círculo de conocimiento que se adquiere en estas escuelas erigidas para las clases menesterosas, no debe tener más extensión que la que exigen las necesidades de ellas… lo demás no sólo sería inútil, sino hasta perjudicial (…) se alejaría a la juventud demasiados de los trabajos productivos” (1836)?

Violencias en la historia y peticiones de perdón

En Voces La Tercera

El gobierno mexicano dio a conocer el 26 de marzo una carta al rey español en la que plantea “hacer una revisión de nuestra historia, pedir perdón por los agravios a pueblos originarios y buscar la reconciliación nacional. No habrá confrontación con ningún gobierno”. El presidente López Obrador señaló que la conquista se hizo con la “espada y la cruz”, que hubo “matanzas, imposiciones” y que “se edificaron las iglesias arriba de los templos”. El gobierno de México defiende su postura aludiendo a que en 2018, sin ir más lejos, Canadá pidió perdón a la comunidad judía por haber rechazado un barco con refugiados en 1939, Francia ofreció disculpas por las torturas y desapariciones forzadas en Argelia entre 1954 y 1962 y Gran Bretaña pidió perdón a 12 países del Caribe por el maltrato que recibieron sus ciudadanos después de la segunda guerra mundial.

El gobierno de España rechazó de manera cortante la petición diciendo que “la llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”. El inefable Vargas Llosa señaló que López Obrador debía pedir perdón a sus pueblos originarios que siguen siendo discriminados, lo que es otro tema, también muy importante, pero otro tema, como lo es el de la intensa violencia que provoca el narcotráfico. El colofón del nacionalismo con tintes coloniales lo puso de manera lamentable el escritor español Arturo Pérez Reverte: “Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza”.

Lo que parece olvidar Pérez-Reverte es que muchos de los crímenes de la colonización fueron denunciados por españoles ya en su época, como lo ejemplifica lo declarado por la orden de los dominicos en Santo Domingo tan tempranamente como en 1511: “Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes, que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados, sin darles de comer y curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis, por sacar y adquirir oro cada día?”. O lo escrito por Bartolomé de Las Casas unos años después: “súbitamente se les revistió el diablo a los cristianos e meten a cuchillo en mi presencia (sin motivo ni causa que tuviesen) más de tres mil ánimas que estaban sentados delante de nosotros, hombres y mujeres e niños. Allí vide tan grandes crueldades que nunca los vivos tal vieron ni pensaron ver». O por Diego de Landa: “hicieron en los indios crueldades inauditas pues les cortaron narices, brazos y piernas, y a las mujeres los pechos y las echaban en lagunas hondas (cenotes) con calabazas atadas a los pies; daban estocadas a los niños porque no andaban tanto como las madres, y si los llevaban en colleras y enfermaban, o no andaban tanto como los otros, cortabanles las cabezas por no pararse a soltarlos. Y trajeron un gran número de mujeres y hombres cautivos para su servicio con semejantes tratamientos”.

En este sentido, la reacción de la corona y el gobierno español no hace honor a sus propios compatriotas que denunciaron desde el primer momento los crímenes de los conquistadores y llevaron a la corona a instruir en el siglo XVI la protección de los indígenas, lo que resultó letra muerta frente a la frenética búsqueda de oro y riquezas a cualquier precio, cuyas consecuencias violentas no merecen disculpa moral alguna.

La furia destructiva buscó, además, hacer desaparecer a las culturas prehispánicas. Tal vez el crimen cultural más repudiable, y hubo muchos, fue la destrucción de los manuscritos mayas por la Inquisición. El 12 de julio de 1562, códices y libros mayas (27 según la Inquisición) y aproximadamente 5000 figuras religiosas diversas fueron quemados. Solo tres libros originales con escritura maya y probablemente fragmentos de un cuarto sobrevivieron a la colonia. El propio Popol Vuh no es sino una reconstrucción imperfecta.

Estas conductas no consistieron en “traer la civilización a tierras bárbaras”, sino traer la barbarie -con la codicia, el afán de poder y el fanatismo religioso como impulsos- a tierras que tenían sus propias civilizaciones, en muchos sentidos más avanzadas que muchas de las europeas y con prácticas cuestionables a ojos modernos como toda construcción histórica.

Estuve el año pasado por razones académicas en Puebla y tuve la ocasión de visitar Cholula y Tlachihualtépetl, el basamento piramidal más grande del mundo. La apariencia actual de la gran pirámide es la de un cerro en cuya cima se encuentra… una iglesia católica construida en 1594, después de tres intentos de los españoles a lo largo de décadas por destruir la impresionante construcción prehispánica. Y en el museo del lugar se puede uno enterar de la matanza de Cholula, ataque realizado por las fuerzas de Hernán Cortés en su camino a México-Tenochtitlán en 1519, luego de reunir en la plaza a las autoridades y la población y asesinar a mansalva de 5 a 6 mil cholultecas desarmados en menos de seis horas, como represalia a la sospecha de una emboscada. Así se fue desplegando la invasión española, en medio de intrigas, engaños y una violencia que perduró por siglos. Que en México Hernán Cortés no tenga monumentos o calles parece bastante explicable.

Así, el colonialismo europeo no puede sino ser caracterizado como lo hace el historiador Sven Beckert (Empire of Cotton, 2015): “unieron el poder del capital y el poder del Estado para forjar, con frecuencia de modo violento, un complejo productivo global”. Esto incluyó “la esclavitud, la expropiación de pueblos indígenas, la expansión imperial, el comercio armado, y la proclamación de soberanía sobre personas y tierras por empresarios”, lo que lleva al autor a denominar este sistema como “capitalismo de guerra”, que duró hasta la producción de masa del capitalismo industrial en el siglo XIX. El efecto demográfico fue devastador (la población en América Latina pasó de unos 60 millones a la llegada de los españoles a menos de la mitad en el último tercio del siglo XVI), agravado por el efecto de la importación de gérmenes y enfermedades (viruela, sarampión, tifus). Según el historiador Ruggiero Romano (2004), la apropiación de la tierra y sus recursos por los colonizadores se combina con “la concesión, igualmente gratuita, del derecho a reclutar mano de obra forzada (esclavitud india, encomienda, indio de repartimiento)” y excepcionalmente trabajo libre con “no pocos límites (retención pura y simple del salario, deuda de los trabajadores, salarios pagados en especies)”. La herencia del dominio colonial y luego oligárquico sobre los recursos explica en importante medida que los países con mayor desigualdad en la distribución de los ingresos se encuentran en América Latina.

Eso es lo principal de la historia colonial. Incluyendo a Chile, país en el que la resistencia le costó mutilaciones y torturas cuando no la vida a miles de mapuches y a sus jefes. Y que llevó a la muerte, caso único en el continente, a dos gobernadores españoles, hasta que la corona pactó y reconoció un territorio autónomo mapuche al sur del Bío-Bío después de un siglo de guerra y que prosperó considerablemente en ese contexto. Pacto que la República, en manos de criollos que buscaron apropiarse de tierras ajenas para aumentar su riqueza y su poder, rompió con la consecuencia de someter, humillar y marginalizar al pueblo mapuche y otros pueblos originarios, como el recientemente publicado libro de Claudio Gay (2018) describe de manera elocuente.

Negar los crímenes no es el camino para una apreciación apropiada del pasado. Tampoco sé si esto de las peticiones de perdón tiene demasiado sentido. Soy de los que piensa que pedir perdón por lo imperdonable es extemporáneo. Me quedo con la noción actual de crímenes contra la humanidad, inamnistiables e imprescriptibles precisamente porque son imperdonables, y que deben ser condenados y restringida su apología.

Las violencias en la historia, y entre ellas también las existentes al interior y entre pueblos prehispánicos, han sido múltiples, especialmente las ejercidas por los grupos dominantes para mantener su poder. Pero hay crímenes que requieren de una condena formal por atentar contra la propia condición humana universal, dada su virulencia y extensión, en algunos casos contra millones de seres humanos. De este orden fueron los crímenes cometidos durante las conquistas española y portuguesa con las masacres masivas, la sujeción de los indígenas como mano de obra desechable o su marginalización en la miseria y la destrucción de su cultura, junto al tráfico de millones de esclavos desde África. También de ese orden son los modernos crímenes de masas del siglo XX, especialmente los del nazismo, el estalinismo y los de las potencias actuales que no respetan el derecho internacional para mantener o ampliar su poder con una creciente capacidad tecnológica de destrucción. Menos masivos, pero no menos crueles, han sido los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras militares latinoamericanas y los cometidos en las guerras étnicas europeas, africanas, asiáticas y del Medio Oriente y en las violencias de los fundamentalismos religiosos. Por ello, además del derecho de la guerra, desde la segunda guerra mundial se esboza un derecho internacional humanitario cuyo principio es que se califique determinados crímenes atroces como acciones contra la condición humana en tanto tal, cualquiera sea la época, lugar y medios utilizados para cometerlos. Sin perjuicio de la acción de la justicia cuando sea factible, es indispensable mantener el deber de memoria para aspirar a que estas violencias nunca sean justificadas ni menos se repitan.

Posteo sobre el Tribunal Constitucional

Lean a Carlos Larraín sobre los intentos de cambio del Tribunal Constitucional: “Sería fatal, juguemos en la cancha que nos conviene”. ¿Podrá alguna vez la derecha gobernar sin trampas? Para los demócratas reformar la composición y roles del TC debe seguir siendo prioritario. ¿Por qué la oposición no declara que no aprobará ningún proyecto de ley más mientras no se llegue a un acuerdo de reforma del TC? ¿Qué sacan los parlamentarios con legislar si luego el TC hace lo que quiere?

El Tribunal se ha excedido en sus atribuciones constitucionales en materia legislativa. Como escribe Jaime Bassa, "en los últimos años, este tribunal ha intervenido en el contenido de importantes proyectos de ley sin que fuera legalmente requerido, alterando proyectos en los que no había “cuestión de constitucionalidad” que resolver". Hoy se encuentra además enfrentado a la Corte Suprema, entre otros temas por provocar "retardo injustificado en causas de derechos humanos, indebidamente suspendidas por el TC".

Mientras, el presidente del TC más beligerantemente partidista que se haya visto, Iván Aróstica, pide un aumento de los sueldos de los miembros del tribunal.

Más desparpajo: la senadora y jefa de la UDI J van R, imputada por cohecho y fraude al fisco, ahora pide la renuncia al Contralor porque no le gusta que fiscalice a los alcaldes UDI. ¡La separación de poderes le molesta! Desde que formaron parte medular de una dictadura que decidía sobre la vida y la muerte de los ciudadanos, los UDI nunca han dejado de creerse los dueños de Chile.

Hay momentos en que observar el día a día de la muy imperfecta democracia chilena parece un espectáculo de humor negro, solo que sin ninguna gracia.

Post scriptum: a los que digan por enésima vez que esto es resultado de las cúpulas concertacionistas, la transición, la corrupción, etc. etc., les diré muy bien, canalicen esa energía en seguir la lucha por hacer de la nuestra una democracia verdadera y en forma. Sinceramente pienso que la amargura pasiva no sirve de mucho. Importa ahora evidenciar cada día cómo gobierna la derecha y qué intereses defiende para construir una nueva alternativa que sea su directo contraste. Si no hay respeto de los derechos fundamentales, debe lucharse por una nueva institucionalidad y funcionamiento económico que los consagre; donde hay corrupción y conflictos de interés, debe fortalecerse los órganos que garanticen la plena probidad en la gestión pública y la sanción severa de los infractores; donde hay manipulación debe haber denuncia y transparencia. En definitiva, debe construirse una alternativa democrática mayoritaria al poder y al gobierno del dinero, a partir de ideas propositivas y de acciones colectivas para que termine de consagrarse la soberanía de los ciudadanos. No es poca cosa y demorará tiempo, tal vez mucho pero ¿hay otro camino para legar un país mejor a las nuevas generaciones?