El Banco Central estimó en septiembre que, dados los datos efectivos de actividad en la primera mitad del año “y un repunte acorde con el retiro gradual de las medidas de control sanitario y el apoyo al ingreso de los hogares”, el año 2020 finalizará con una caída del PIB de entre 4,5 y 5,5% antes que una de entre -5,5% y -7,5% que había proyectado en junio. Esto supone una recuperación importante en la segunda mitad del año, provocada en realidad por el retiro de fondos desde las AFP a partir de agosto.
La caída de la actividad económica fue catastrófica en abril y mayo, acentuada por la ausencia de medidas de suficiente envergadura de sostenimiento de la demanda de consumo de los hogares y de crédito y subsidio rápido a las pequeñas y medianas empresas para mantener el vínculo laboral de los asalariados y permitir un posterior rebote rápido. Quienes realizan una actividad por cuenta propia formal o informal han sufrido con particular intensidad la combinación de las medidas sanitarias de confinamiento y la caída de la demanda, mientras la participación de la mujer en la vida profesional activa está experimentando un retroceso.
El retiro de hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias -con el monto máximo de retiro equivalente a $4,3 millones y el mínimo de un millón de pesos- implicó que alrededor de 2 millones de cotizantes, los de más bajos ingresos, agotaran los recursos acumulados en sus fondos de pensiones. Este proceso inyectará recursos del orden de 6% del PIB, cifra considerable, de los que cerca de la mitad se destinará a consumo y el resto a saldar deudas o a ahorro con mayor liquidez. Pero su impacto estará limitado por su carácter transitorio y por la importancia de los bienes importados en la composición de la mayor demanda. Las hipótesis de rebote rápido en 2021 no pueden descartarse, pero su probabilidad de ocurrencia es baja si se considera la magnitud del tejido económico que ha desaparecido desde marzo de 2020, especialmente en la actividad de servicios. Mientras no se levanten las restricciones sanitarias d modo amplio y significativo, todas las estimaciones estarán acompañas de un alto nivel de incertidumbre.
Un segundo retiro de fondos desde las AFP parece inevitable frente a la pertinacia del gobierno en no querer asegurar ingresos de un nivel suficiente a los cerca de tres millones de desempleados y sus familias. El gobierno, más allá de los anuncios, presenta una ejecución acumulada en 12 meses móviles del presupuesto del gobierno central a junio con un déficit efectivo de 5,0% del PIB (explicado por una caída de ingresos de -8,9% y un aumento de gastos de 6,1%), muy inferior a la proyección inicial. El aumento de gasto público está resultando a todas luces insuficiente, lo que provocó que con dos tercios de los votos el parlamento le terminara forzando la mano al gobierno para permitir el retiro de fondos desde las cuentas de AFP para enfrentar la emergencia. El proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 considera un incremento de 9,5% real del gasto del gobierno, alcanzando un déficit efectivo de 4,3% del PIB. De nuevo, el esfuerzo fiscal, financiable con reservas y endeudamiento a bajo costo, se observa como francamente insuficiente frente a la crisis de desempleo y de caída de los ingresos familiares de los más vulnerables que enfrenta el país. El gobierno piensa en subsidiar el empleo privado, mecanismo que no crea empleos nuevos sino que incrementa principalmente las utilidades de las empresas.
Por eso la presión por nuevos retiros desde las cuentas de AFP parecen inevitables. El problema es que ya dos millones de cotizantes quedaron sin recursos para la pensión autofinanciada y más quedarán en el futuro con nada o muy poco, mientras los actuales pensionados seguirán con jubilaciones extremadamente bajas. Para abordar esa situación, el gobierno ha insinuado la idea de financiar un incremento de la pensión básica con IVA. Esto tendría sentido si no fuera un impuesto regresivo, pero resulta que el 10% más pobre destina el 19% de sus ingresos a pagar IVA mientras el 10% más rico destina solo el 9%, según estima Michel Jorratt. Aumentar la pensión básica de manera sustancial será indispensable para que la pobreza no aumente sustancialmente con las secuelas de la crisis del coronavirus. Esta urgencia debiera abordarse con una mezcla de aumento del IVA a los consumos de lujo, la eliminación de las exenciones del IVA que son regresivas, como la que se aplica a los seguros y a la educación particular pagada, las exenciones de las ganancias de capital y la aplicación de un impuesto al patrimonio neto de los super ricos, además de reforzar la legislación contra la evasión de impuestos y su fiscalización efectiva. Pero ninguna medida de este tipo está en la agenda del actual gobierno, por lo que lo previsible es que se mantenga la precaria situación de los jubilados hoy y una situación todavía más precaria de los jubilados mañana.
