jueves, 2 de julio de 2020

Preguntas sobre el pasado



En momentos de crisis como el que vivimos se experimentan momentos de desazón colectiva. También se estimula en muchas personas la creatividad para imaginar nuevos futuros y resurgen, en ocasiones, preguntas sobre el pasado. A propósito del natalicio de Salvador Allende el 26 de junio, en una red social una persona realizó una pregunta abierta acerca de si los socialistas fueron leales a Allende. Aunque pueda sonar extemporáneo frente a la coyuntura, intenté una respuesta pensando en las nuevas generaciones, aunque se haya escrito sobre el tema una y mil veces.

Esa respuesta fue (aclaro que en 1973 tenía 16 años y militaba con los secundarios del MIR y que en la actualidad no estoy afiliado a ningún partido) que la inmensa mayoría de los socialistas si le fueron leales. Muchos entregaron heroicamente la vida en defensa de su gobierno. Pero cabe reconocer que el PS tuvo una política institucional distinta y en ocasiones contradictoria con la del Presidente Allende. Buena parte del PS no compartía la idea de la “vía chilena al socialismo”. El proyecto del Congreso de 1967 era otro, de tipo insurreccional, aunque nunca se llevara a la práctica, se eligiera a un parlamentario moderado para impulsarlo y el grupo de los Elenos -que dio apoyo a la guerrilla del Che Guevara y otros movimientos latinoamericanos- decidiera apoyar al presidente Allende en 1970. Además, el grueso del PS pensaba que la “vía chilena” no era un proyecto viable, pues se impondría una intervención militar apoyada por Estados Unidos, lo que resultó efectivo, como bien se sabe.

La pregunta difícil de responder es si esa política socialista distinta a la de Allende contribuyó o no a la inviabilidad de la “vía chilena”. En buena medida se puede sostener que no. Por un lado, porque la inviabilidad estuvo marcada por la decisión de Nixon-Kissinger de impedir a toda costa el éxito de Allende e incluso de no permitirle siquiera asumir el gobierno. El gobierno estadounidense suponía que podía ser un ejemplo político a seguir en otras partes del mundo. Y por otro, por la decisión del freísmo DC de seguir una política que buscaba poner fin a la experiencia allendista desde un principio -aunque accedió a la ratificación de Allende en el Congreso en 1970 después del asesinato del general Schneider a cambio de garantías constitucionales- y que impulsó la alianza con la derecha y la logró después del asesinato de Pérez Zujovic en 1971. Este controvertido ex ministro del Interior de Frei paradojalmente había defendido en su partido la idea de un pacto de gobierno UP-DC, con ministros democratacristianos incluidos, dada la proximidad de programas y para estabilizar la situación. Esta idea nunca logró abrirse paso en el sistema político, con una polarización sistemáticamente empujada por los gremios del gran empresariado con apoyo norteamericano.

En esas condiciones, solo un milagro -y en las sociedades esas cosas no se producen, si es que en alguna parte- podía viabilizar la continuidad del presidente Allende hasta 1976. Era difícil imaginarlo en medio de la expansión de la capacidad de consumo popular por el aumento de remuneraciones que al ser excesiva derivó en inflación, del boicot externo crediticio y comercial de Estados Unidos y de la caída de la producción que acompañó poco a poco la nacionalización del cobre sin indemnización, la profundización de la reforma agraria que desplazó a la oligarquía terrateniente y la expansión de las empresas intervenidas. Esta expansión sumó unas 500 y fue mucho más allá del grupo de 91 empresas estratégicas que tenía programado nacionalizar el gobierno, además de la banca, y fue acompañada por la ocupación por sus trabajadores de muchos campos de menor tamaño. Este proceso de desborde desde abajo fue en parte espontáneo y en parte organizado por actores del PS, el MIR, el Mapu y la IC, en nombre de hacer avanzar la socialización económica. Como resultado de todos estos procesos, la izquierda perdió la mayoría electoral que había alcanzado por primera vez en la historia en las municipales de 1971, aunque resistió con el logro del 44% de los votos en las parlamentarias de 1973, cuando la derecha y la DC buscaban obtener los dos tercios del Congreso para destituir al presidente Allende. Pero perdió el apoyo de muchos sectores medios, que se radicalizaron fuertemente en contra. En mayo de 1973, la DC freista tomó el control del partido y se sumó definitivamente al golpe, que un grupo minoritario rechazó.

El acuerdo con la DC, que el presidente Allende buscó hasta el final, tal vez hubiera permitido reordenar la situación con un pacto hasta 1976, pero el PS se oponía a ese acuerdo (“avanzar sin transar”) y Frei también.

El jefe de la oposición, junto al derechista Jarpa, ni siquiera quiso reunirse públicamente con Allende, aunque era presidente del Senado, a pesar de los intentos de mediación de Gabriel Valdés. El Cardenal Silva Henríquez logró que Aylwin lo hiciera como presidente del PDC, pero el diálogo no dio resultados. El plebiscito que iba a anunciar el presidente Allende el 11 de septiembre sin acuerdo de su propia coalición y tampoco con la oposición -aunque Carlos Briones como ministro del Interior había explorado esa salida hasta el final con la DC- hubiera tal vez llevado las cosas por la vía institucional. A ese acuerdo también se opuso el PS a través de Adonis Sepúlveda (aunque en las horas siguientes Altamirano lo apoyó in extremis), plebiscito que inevitablemente llevaba al presidente a la renuncia si lo perdía. Estaba dispuesto a hacerlo, como demócrata que era, para dar una salida institucional a la crisis.

Su plan era en ese evento apoyar al General Prats como candidato presidencial y a Clodomiro Almeyda como nuevo jefe del PS a partir del congreso partidario previsto para marzo de 1974. Pero la historia se escribió como la tragedia que conocemos, en la que la oligarquía tradicional se apoyó en los militares de ultraderecha para realizar un golpe de largo alcance, desplazar a la DC y a toda expresión de centro, retomar todo el poder y aplastar los avances sociales conquistados desde los años 1920. Su plan refundacional estaba destinado a restablecer estructuralmente el dominio oligárquico sobre la sociedad. Esto requería de una dictadura prolongada, de la que costó 17 años salir y cuyas secuelas institucionales, sociales y culturales se prolongan hasta el día de hoy.



¿Tiene sentido el retiro subsidiado de fondos de las AFP?

En Voces La Tercera

Recientemente, la Cámara de Diputados envió una petición al Presidente de la República para que patrocine un proyecto de ley que permita a cada persona con fondos en alguna AFP retirar un millón de pesos, siempre que no haya recibido fondos públicos de emergencia. Acto seguido solicita que ese monto sea restituido como bono de reconocimiento por el Estado a cada cuenta de afiliado.

Se trata de un subsidio regresivo, que no incluiría al universo del trabajo informal que no cotiza -mayoritariamente constituido por mujeres- y que no excluiría a los cotizantes de más altos ingresos. Sería financiado con un endeudamiento público con un costo de UF+4% al año, de acuerdo a la mecánica de los bonos de reconocimiento que se propone. Estos se crearon para considerar las cotizaciones realizadas por los trabajadores en las cajas de previsión del sistema antiguo y se trasladaron a una AFP a partir de 1981.

¿No tiene acaso mucho más sentido emitir deuda de largo plazo directamente con bonos públicos a un costo que puede ser hoy muy inferior a UF+4% para financiar un paquete de beneficios sociales frente a la pandemia? Se debe empezar por priorizar a quienes más la están sufriendo, las personas mayores de bajos ingresos.

¿No tiene más sentido aumentar el monto y cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia? ¿O subsidiar el uso de recursos de las cuentas del seguro de cesantía para los trabajadores con contrato suspendido?¿O ampliar el Fondo Solidario del subsidio de cesantía? ¿O  que se establezca un subsidio de cesantía de emergencia para los independientes, más allá del crédito ya aprobado, que incluya además al mundo de la cultura?

En materia de subsidios frente a los efectos de la pandemia, las peticiones del Parlamento al gobierno no debieran perder el sentido de las prioridades ni de las proporciones. En especial, se debe considerar que no tiene sentido pedir que se entregue recursos de todos los chilenos sin excluir a las personas de altos ingresos, como si Chile no fuera uno de los países más desiguales del mundo. Y aquello de hacer de este un mecanismo voluntario es absurdo: ¿por qué alguien renunciaría a sacar hoy un millón de pesos de su cuenta de AFP si se lo va a pagar el Estado en el futuro, con además UF+4% de interés al año?

En todo caso, si los 10,9 millones de afiliados en las AFP recibieran un millón de pesos subsidiado por el Estado, porque no en otra cosa se traduce la petición de la Cámara de Diputados, el costo (sin considerar intereses) sería de 13,4 mil millones de dólares. Eso es bastante más que los 12 mil millones de ayudas públicas considerados por el gobierno para los próximos 24 meses y que una mayoría aprobó como “marco de entendimiento”. La coherencia no parece estar a la orden del día.

En definitiva, el Estado chileno está en condiciones -mediante el uso de las reservas fiscales existentes (21 mil millones de dólares a fines de abril) y un endeudamiento que hoy se puede obtener a bajo costo- de subsidiar directamente a las personas que más lo necesitan para enfrentar la crisis: aquellos cuyos ingresos son inferiores a la línea de pobreza, los trabajadores con contrato suspendido u horario reducido, los independientes con caídas de ingresos, los cesantes y las empresas en dificultades.

Al debatir este tema rápidamente aparece aquello de que otra vez están los economistas poniendo restricciones. Mi respuesta es la de siempre: en materia de economistas, abogados, profesores, periodistas y las profesiones que se quiera, hay de todo. No es el tema. Sacar cuentas y establecer las prioridades colectivas frente a la crisis es el tema. Para eso no se necesita ser economista, sino parte de la ciudadanía.

Además, si las cuentas de AFP son propiedad de cada cual -como han sostenido desde el inicio del sistema sus dueños-, entonces la idea de retirar fondos ante la magnitud de la crisis es válida, pero no existe razón alguna para que ese retiro sea financiado por todos los chilenos, incluyendo los más pobres que no tienen nada o muy poco que retirar. Lo sensato parece ser que el que lo desee disponga de al menos parte de sus recursos en las cuentas de AFP, pero siempre que se transite hacia un nuevo sistema contributivo de pensiones que impida aquello de pan para hoy y hambre para mañana. Un sistema que canalice de aquí en adelante el 10% de cotizaciones (y un 6% adicional en el futuro, como se ha pactado en el Parlamento) para pagar con los recursos así reunidos a los hoy jubilados según su historia laboral, con una pensión base para todos cercana al salario mínimo y un fondo de capitalización colectivo como reserva frente al cambio demográfico.

Solo un conjunto de medidas que enfrenten en la magnitud suficiente el corto plazo pero sin hipotecar el largo plazo permitirán responder a las graves consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria.


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