A palos

Es alentador que el Ministerio del Interior informara de una caída de los homicidios en 2023, con una disminución de -9,4% respecto a 2022 (1.067 casos versus 1.178, unos 111 menos).

Pero este es un país extraño. Esta noticia no mereció titular alguno. La oposición y su prensa, en su afán de acosar al gobierno, a estas alturas presentan las cosas como que poco menos que la lucha cotidiana contra la delincuencia la deben realizar el Presidente y sus ministros en persona, como si no hubiera policías coordinadas, mandatadas y equipadas para hacerlo y que obtienen resultados. Cada vez que hay un crimen, es culpa del Presidente "que no hace nada". Esto es completamente absurdo y un imposible mediático, pues crímenes ha habido y habrá siempre de manera cotidiana en toda sociedad. Lo importante es lograr la mayor eficacia posible para atacar sus causas y reducir al máximo su extensión e impacto para proteger a la ciudadanía.

Se alude la mayor frecuencia reciente de homicidios en Chile. En efecto, la tasa pasó desde 2,3 en 2015 a 6,7 por cada cien mil personas en 2022 (ver https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims). Pero ¿qué queda para la tasa que es aún de 7,8 en El Salvador en 2022, después de la más brutal represión masiva (había alcanzado 106,8 en 2015)? ¿O el profundo deterioro de Ecuador, que pasó de una tasa de homicidios de 6,5 en 2015 a una de 27,0 en 2022? ¿O las de 53,3 en Jamaica, 35,1 en Honduras, 26,1 en México, 25,4 en Colombia, 21,3 en Brasil, 19,3 en Venezuela, 18,0 en Haití, 17,6 en Puerto Rico, 11,2 en Uruguay en 2022?

Nos estamos dando cuenta que la globalización no es solo la del comercio, las inversiones y las finanzas. El contexto es que América tiene la tasa regional de homicidios más alta del mundo, y las mayores cotas de violencia relacionada con el crimen organizado, que representa la mitad de todos los asesinatos. Aproximadamente el 22% de los homicidios a nivel mundial están relacionados con grupos criminales o bandas delictivas, pero en el continente americano esa cifra se eleva al 50%. En el continente americano existe una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, más alta que en África (12,7), Oceanía (2,9), Asia (2,3) y Europa (2,2). Entre 2015 y 2021, el crimen organizado acabó con la vida de tantas personas como las que murieron en conflictos armados, con alrededor de 100.000 fallecidos cada año en cada categoría.

Las nuevas mafias internas y externas, que ajustan cuentas a balazos, han aumentado su presencia en Chile. Esto requiere seguir perfeccionando día a día la lucha policial contra las mafias. Y no, bajo la inspiración de la nostalgia dictatorial, pretender volver a militarizar el país. Lo que importa es reforzar día a día el apoyo a las policías para que realicen con eficacia y rigor su difícil función en el marco de la ley, en especial la persecución de un crimen organizado cada vez más violento e internacionalizado. Los nostálgicos pretenden, en cambio, que el país lo dirija un Consejo de Seguridad Nacional y no el gobierno elegido por los ciudadanos.

Desde luego, la función de las Fuerzas Armadas, que están a cargo de la defensa del país y para eso están entrenadas y armadas, no es realizar tareas policiales, que incluyen la investigación de escenarios delictuales, la prevención a través del vínculo con las comunidades, la persecución del delito en vínculo con los tribunales y gendarmería y también el acompañamiento y eventual desescalamiento de manifestaciones públicas y la contención de toda violencia callejera de manera proporcional a los hechos. Las fuerzas armadas por definición buscan el máximo uso de la fuerza para destruir enemigos externos, que no otra cosa es la guerra. Si trasladan su función a la "destrucción de enemigos internos", sobrevienen rápidamente desastres. Pueden ser un aporte para de manera excepcional colaborar con la vigilancia del orden interno (como en el caso de las elecciones) y en situaciones de emergencia y catástrofe, siempre bajo el estricto control del gobierno y el parlamento, pero la delincuencia, por desgracia, no es excepcional. Es un hecho permanente en las sociedades, que requieren de instituciones especializadas a la altura de los desafíos siempre cambiantes en la materia.

El general Yáñez se equivoca

El actual jefe de Carabineros cree que él es quien debe decidir qué autoridad judicial lo debe investigar y descalifica a los fiscales (dos en este caso) que no le gustan, a los que acusa de “enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras seguidas a su cargo, por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de año 2019". Estrafalario. La recusación opera por algún vínculo personal, lo que manifiestamente no es el caso, y no para intentar eludir la justicia cuando se ejercen tan altas responsabilidades.

Las policías y sus mandos deben recibir todo el apoyo de las autoridades democráticas en la realización de su función profesional, pero no cuando sustraen dinero público o violan los derechos de las personas al margen de la ley y los reglamentos, en algunos casos con resultado de muerte.

Según el ministro de Justicia, "tenemos más de 460 personas con lesiones oculares severas". Unas 194 víctimas mujeres denunciaron hechos de violencia sexual. El hecho es que el Ministerio Público fijó para el 7 de mayo la formalización de cargos contra el General Director de Carabineros como posible autor de "delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio" como encargado de Orden y Seguridad en la etapa de la rebelión social. La policía no tiene derecho a dejar a nadie ciego ni a reprimir manifestaciones públicas de "forma desproporcionada y contraria al derecho internacional", como señala Amnistía Internacional (ver https://www.amnesty.org/.../eyes-on-chile-police.../). Los mandos debieron haber empezado por prohibir la munición lesiva, pero no lo hicieron sino cuando ya era demasiado tarde. Muchos fuimos testigos de su actitud provocadora contra los manifestantes pacíficos: la orden de disparar bombas lacrimógenas de manera horizontal contra el rostro de personas provino siempre de oficiales, como en el caso de la actual senadora Fabiola Campillai. Esto lo observé también personalmente en la Plaza Baquedano-Italia-Dignidad (para no ofender a nadie en nuestro dividido país, incluso en materia de nombres de lugares públicos), donde en una ocasión una bomba lacrimógena pasó a centímetros de mi cabeza. El pretexto de la acción de personas violentas no es excusa, pues éstas se deben aislar, contener y detener cuando provocan destrozos o saqueos, en vez de atacar a quienes ejercen el derecho de reunión y manifestación pacífica.

Quienes tienen responsabilidad directa o de mando deben asumir que condujeron operativamente la represión de manera inaceptable y presentarse ante la justicia en los términos que ésta establece, no los suyos propios, por la sencilla razón que no están por encima de la ley. El ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, debió aceptar la responsabilidad política de la represión ante el parlamento en los términos que la constitución establece.

Todo esto tiene que ver con una cosa muy simple: no se puede cometer delitos cuando se es autoridad (golpear y vejar personas masivamente es un delito y provocar su muerte o dejarlas ciegas es un crimen, sin que haya contexto que valga) y luego arrastrar los pies frente a la acción de la justicia, pues es la única manera de que nada de esto se vuelva a repetir en Chile. Si es que creemos en una sociedad mínimamente decente, claro, en donde las cosas no se resuelven con manipulaciones, insultos y a palos, provocando muertes y dañando los ojos de personas.