El general Yáñez se equivoca

El actual jefe de Carabineros cree que él es quien debe decidir qué autoridad judicial lo debe investigar y descalifica a los fiscales (dos en este caso) que no le gustan, a los que acusa de “enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras seguidas a su cargo, por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de año 2019". Estrafalario. La recusación opera por algún vínculo personal, lo que manifiestamente no es el caso, y no para intentar eludir la justicia cuando se ejercen tan altas responsabilidades.

Las policías y sus mandos deben recibir todo el apoyo de las autoridades democráticas en la realización de su función profesional, pero no cuando sustraen dinero público o violan los derechos de las personas al margen de la ley y los reglamentos, en algunos casos con resultado de muerte.

Según el ministro de Justicia, "tenemos más de 460 personas con lesiones oculares severas". Unas 194 víctimas mujeres denunciaron hechos de violencia sexual. El hecho es que el Ministerio Público fijó para el 7 de mayo la formalización de cargos contra el General Director de Carabineros como posible autor de "delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio" como encargado de Orden y Seguridad en la etapa de la rebelión social. La policía no tiene derecho a dejar a nadie ciego ni a reprimir manifestaciones públicas de "forma desproporcionada y contraria al derecho internacional", como señala Amnistía Internacional (ver https://www.amnesty.org/.../eyes-on-chile-police.../). Los mandos debieron haber empezado por prohibir la munición lesiva, pero no lo hicieron sino cuando ya era demasiado tarde. Muchos fuimos testigos de su actitud provocadora contra los manifestantes pacíficos: la orden de disparar bombas lacrimógenas de manera horizontal contra el rostro de personas provino siempre de oficiales, como en el caso de la actual senadora Fabiola Campillai. Esto lo observé también personalmente en la Plaza Baquedano-Italia-Dignidad (para no ofender a nadie en nuestro dividido país, incluso en materia de nombres de lugares públicos), donde en una ocasión una bomba lacrimógena pasó a centímetros de mi cabeza. El pretexto de la acción de personas violentas no es excusa, pues éstas se deben aislar, contener y detener cuando provocan destrozos o saqueos, en vez de atacar a quienes ejercen el derecho de reunión y manifestación pacífica.

Quienes tienen responsabilidad directa o de mando deben asumir que condujeron operativamente la represión de manera inaceptable y presentarse ante la justicia en los términos que ésta establece, no los suyos propios, por la sencilla razón que no están por encima de la ley. El ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, debió aceptar la responsabilidad política de la represión ante el parlamento en los términos que la constitución establece.

Todo esto tiene que ver con una cosa muy simple: no se puede cometer delitos cuando se es autoridad (golpear y vejar personas masivamente es un delito y provocar su muerte o dejarlas ciegas es un crimen, sin que haya contexto que valga) y luego arrastrar los pies frente a la acción de la justicia, pues es la única manera de que nada de esto se vuelva a repetir en Chile. Si es que creemos en una sociedad mínimamente decente, claro, en donde las cosas no se resuelven con manipulaciones, insultos y a palos, provocando muertes y dañando los ojos de personas.