En El Ciudadano
Además del peligro sanitario, se nos viene encima una amenaza de recesión. El Gobierno reaccionó con un fuerte paquete fiscal el 19 de marzo que padece de un problema de composición. No se observa mucha precisión por el lado del gasto, en que la prioridad de las prioridades debe ser que no falten recursos para adquirir implementos para la emergencia y para realizar las inversiones indispensables en el sector público de salud. En realidad, más bien se constata que los apoyos fiscales irán primordialmente a la gran empresa. El plan gubernamental privilegia proteger las utilidades empresariales y estas se concentran en términos absolutos en las empresas de mayor tamaño.
La «suspensión del pago» del Pago Provisional Mensual por tres meses, que es un anticipo mensual del pago anual al impuesto a las utilidades tributables de las empresas proporcional al volumen de ventas, costará US$ 2.400 millones (cerca de 1% del PIB). Pero no se prioriza por tamaño de empresa ni por sector (el sector exportador no minero, por ejemplo, tendrá altas utilidades este año por la devaluación del peso). Tampoco se especifica condiciones ni plazo de devolución de lo no recaudado. ¿Será un regalo a las empresas en dificultades y a las otras también? Sí lo es la eliminación por 6 meses del impuesto de timbres y estampillas que se aplica a los créditos, que tampoco está focalizada y costará US$ 420 millones. La postergación del pago del IVA por tres meses para las empresas con ventas inferiores a UF 350 mil, en cambio, está algo más focalizada y el pago se hará en 12 cuotas mensuales, con un diferimiento fiscal estimado de US$ 1.500 millones. En el mismo sentido va el pago en julio, en vez de en abril, del impuesto a la renta de 140 mil pymes, por otros US$ 600 millones.
La concentración de la actividad económica más rentable es de tal magnitud en Chile que el grueso de las utilidades tributables y las operaciones de crédito provienen de la gran empresa. En ella se concentrará el apoyo en rebajas y exenciones tributarias.
En cambio, la mantención de los salarios en las empresas que experimenten una suspensión temporal de actividades se hará con cargo a lo acumulado en su cuenta individual por el propio trabajador en el seguro de cesantía. El sistema vigente establece al activarse el pago de un 70% del salario en el primer mes, un 55% en el segundo y un 45% en el tercero, en una escala degresiva en los meses siguientes hasta el agotamiento del fondo acumulado. En caso de insuficiencia de los recursos de la cuenta individual, se activa un aporte del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Se prevé un suplemento de recursos para este fondo de hasta US$ 2 mil millones.
A esto se agrega una flexibilización laboral que permitirá disminuir hasta un 50% de la jornada de trabajo, previéndose un pago compensatorio para cubrir hasta un 75% del salario por el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Esta falta de compensación completa del salario al menos por un período va a significar una caída importante de las remuneraciones, perjudicando a los trabajadores afectados, pero además disminuyendo el consumo de los hogares, con significativos efectos recesivos posteriores.
Lo que más llama la atención es que el apoyo previsto para dos millones de personas que viven del autoempleo es irrisorio, con un bono por una vez equivalente al Subsidio Familiar, cuyo monto es de 13.155 pesos por carga familiar. Este gasto será de US$ 130 millones, a comparar con los mencionados US$420 millones que costará solo la suspensión del pago de impuesto a los créditos. También llama la atención que se establece un fondo de US$ 100 millones para atender las caídas de ventas del micro comercio local a través de los municipios, lo que también es irrisorio.
Un plan alternativo, y no necesariamente más caro, debiera incluir medidas más equitativas y focalizadas. Primero, que los trabajadores de las empresas en dificultades temporales permanezcan contratados por tres meses con el mismo sueldo con un subsidio directo a través del Seguro de Cesantía en proporción a la disminución de la jornada, con un tope para los salarios más altos. En caso de despido inevitable, el seguro de cesantía debiera partir con el salario completo en los tres primeros meses, siempre con un tope. Segundo, que algunos costos fijos de las empresas sean subsidiados focalizadamente y no mediante rebajas o suspensiones tributarias generales. Y tercero, que se aplique un subsidio temporal a las personas autoempleadas que no puedan seguir obteniendo ingresos, asimilándolas a la condición de cesantes de la Administradora de Fondos de Cesantía como beneficiarios por tres meses de un ingreso mínimo.
El problema es que el Gobierno prefirió mecanismos que sobre todo protegerán las utilidades de las grandes empresas. Somos todos iguales, pero unos más que otros.
