La situación del empleo al iniciarse el nuevo gobierno

Revisar periódicamente la situación del empleo es indispensable para diagnosticar la coyuntura económica y la situación social del país. En esta nota registramos los principales datos de empleo al producirse el cambio de gobierno.

En el primer trimestre de 2022, según la encuesta de empleo del INE, la población ocupada es aún inferior en 318 mil personas a la existente en el trimestre de mayor actividad previa (noviembre 2019-enero 2020) e inferior en 280 mil personas al volumen del trimestre de mayor empleo corrigiendo los efectos estacionales (julio-septiembre de 2019). Este rezago del orden de 300 mil empleos no recuperados, según la referencia que se adopte, corresponde a puestos de trabajo en actividades por cuenta propia y al trabajo informal, pues el trabajo asalariado formal se ha más que recuperado desde la crisis de 2020.

El empleo total creció en 0,3% anual en el primer trimestre. Este es un ritmo más lento que el registrado en el segundo semestre de 2021 y similar al del nivel previo a la crisis, según se observa en el gráfico respectivo.

La tasa de desempleo ampliada (que incluye a las personas que desean trabajar aunque ya no estén buscando activamente un empleo, tasa más representativa que la de desempleo que solo considera a los desempleados que buscan trabajo), pasó de un 15,3% en el último trimestre de 2021 a un 15,7% en el primer trimestre de 2022, según se observa en el gráfico. Había alcanzado un 30% en el momento más álgido de la crisis y experimentó luego un mejoramiento sustancial, pero en la coyuntura exhibe el leve aumento mencionado.

La población desempleada sumó 744 mil personas, mientras las personas inactivas pero dispuestas a trabajar sumaron otras 850 mil, totalizando cerca de 1,6 millón de personas en situación de desempleo. Hace dos años, antes de la crisis, la cifra alcanzaba a 1,46 millón de personas. En el primer trimestre de 2022, la cantidad de personas en esta situación ha aumentado en 75 mil respecto al trimestre final de 2021.

Los pagos por Seguro de Cesantía alcanzaron solo a 160,9 mil personas en febrero (último dato disponible), lo que revela que este dispositivo tiene una baja cobertura del universo de cesantes y no está cumpliendo suficientemente su función de protección. Se registra, en todo caso, un aumento respecto de las 150,1 mil personas que recibieron el pago en enero, después de una caída sistemática desde marzo de 2021, según se observa en el gráfico.

Por su parte, el empleo informal sumó 2,4 millones de personas y alcanzó el 27% del total de 8,8 millones de personas ocupadas. Las personas jóvenes que no estudian ni trabajan sumaron unas 390 mil. La precariedad en la inserción a través del empleo sigue siendo muy significativa.

Cabe poner especial atención a la evolución del empleo asalariado formal, medido a través del registro administrativo de dependientes cotizantes en la seguridad social, un dato directo y confiable que no proviene de la encuesta del INE, la que por definición tiene un margen de error. Este tipo de empleo, el principal en la economía chilena (el resto de los puestos de trabajo está constituido por la actividad por cuenta propia y por la informalidad), ha alcanzado 5,842 millones de personas en el trimestre noviembre 2021-enero de 2022 (último dato disponible), de un total de ocupados estimado por la encuesta INE en 8,7 millones en la misma fecha. El empleo formal ha experimentado un incremento de 311 mil unidades respecto al nivel previo a la crisis hace dos años. La tendencia al alza refleja el aumento del PIB en 2021 (12%) y el positivo efecto sobre la formalización que producen los subsidios temporales al empleo y al salario mínimo (este será desde mayo, dicho sea de paso, de 22 mil pesos para las empresas con ventas hasta 25 mil UF y un monto decreciente para las con ventas hasta 100 mil UF). No obstante, el efecto de los subsidios al empleo sobre la creación de nuevos puestos de trabajo propiamente tal es probablemente bajo, según muestran los estudios comparados cuando se aplican estas políticas de subsidio. Las empresas realizan contrataciones adicionales básicamente si perciben un horizonte positivo de ventas.

En la coyuntura, como probable efecto de la política de alzas sistemáticas en la tasa de interés, se ha producido una caída de -58,4 mil empleos asalariados formales en enero (último dato disponible) respecto al mes anterior. En el mismo sentido, los créditos hipotecarios, según la Asociación de Bancos y la CMF, registraron una disminución real anual de -54% en marzo, lo que tendrá un directo impacto en la construcción y sus insumos y efectos adicionales sobre el empleo formal en el futuro próximo.

Las violencias y el diálogo social

 En La Mirada Semanal

En una sociedad democrática, manifestarse pacíficamente es parte del paisaje. Lo que no debe ocurrir es incluir en ese paisaje las violencias urbanas que destruyen bienes útiles a la colectividad, el ataque armado a trabajadores para sabotear actividades o el chantaje al gobierno y a la ciudadanía mediante el bloqueo de vías estratégicas. Pero la respuesta no puede ser la mera represión, sino contener todo desborde en el corto plazo y simultáneamente actuar con energía sobre sus causas y promover activamente el diálogo social.

Quienes asimilan estas acciones a la delincuencia común equivocan el diagnóstico. Desde luego la ciudadanía debe ser protegida eficazmente de la delincuencia por las policías y por la acción comunitaria, sin perjuicio de trabajar para que sus causas pretéritas y estructurales -como la pobreza, la desigualdad, la compulsión por el consumo y las adicciones- sean minimizadas en el tiempo. No obstante, las otras conductas comentadas tienen una motivación sociopolítica, sobre las que todo gobierno debe actuar directamente. Y, además, debe crear condiciones generales de canalización de las diversas reivindicaciones por la vías legales e institucionales para restarle sentido a la violencia y a las presiones coercitivas ilegítimas. Es la lógica del orden justo y republicano, en directo contraste con el orden de los cementerios, que tiene la predilección histórica de los grupos dominantes en Chile y que termina a la postre multiplicando las violencias.

El tema reciente del paro de camioneros requiere de la acción de la fuerza pública para asegurar el libre tránsito, y actuar con severidad contra sus autores, pues es un chantaje inaceptable, sin perjuicio de dialogar sobre los intereses particulares involucrados. Del mismo modo, no es aceptable que la reivindicación histórica mapuche asuma la forma de atacar, herir o asesinar personas, ni de impedir el funcionamiento de actividades económicas. Pero requiere de un diálogo que aborde la creación de derechos específicos, como está haciendo la Convención Constitucional, para abrir la vía de un acuerdo progresivo y de reparación del daño infligido a los pueblos originarios. Las violencias y destrucciones urbanas tampoco deben ser aceptadas, aunque deben ser contenidas con la debida proporcionalidad. Pero, de nuevo, esto supone la creación de condiciones de superación de la exclusión frente a la evidente ausencia de igualdad de oportunidades para una franja significativa de jóvenes. Requiere, más generalmente, de un clima de diálogo social. 

En este sentido, es un gran avance el acuerdo CUT-Gobierno sobre el salario mínimo (legalmente se denomina “Ingreso Mínimo Mensual”, con un componente de subsidio público desde 2020). Se pactó un aumento de 14%, el más alto en 25 años, con un monto para los trabajadores entre 18 y 65 años que pasará de los 350 mil pesos actuales (brutos, es decir sin descontar las cotizaciones obligatorias) a 380 mil pesos en mayo y a 400 mil pesos en agosto. Habrá, además, un subsidio transitorio a las micro, pequeñas y medianas empresas para facilitar la absorción de este incremento. Se concordó que si la inflación termina el año sobre un 7%, lo que es muy posible dado el contexto internacional, habrá un reajuste automático de 10 mil pesos en enero. Deberán venir otros que lleven el salario mínimo líquido a al menos 400 mil pesos según mejore la economía.

La derecha y los neoliberales dirán lo de siempre: todo esto aumentará el desempleo. Como demostró el premio Nobel David Card, esto no es cierto según la evidencia disponible, lo que se corroboró en Chile con los aumentos de salario mínimo bajo Foxley y Aninat: en el peor de los casos el impacto fue muy bajo y con certeza aumentó el ingreso de los trabajadores más pobres, como ocurrirá ahora con del orden de 10% de los trabajadores bajo contrato.

El acuerdo incluye otro punto de gran importancia: un mecanismo de apoyo a las familias de menos ingresos para enfrentar el explosivo aumento de precios de los alimentos. Se entregará un subsidio compensatorio del aumento del precio de la Canasta Básica de Alimentos, cuyo valor en 12 meses se calculará mensualmente, por cada causante de Asignación Familiar o Subsidio Único Familiar. El mecanismo abarcará unos 3 millones de personas, es decir el 15% de la población y se pagará conjuntamente entre mayo y diciembre de 2022. El primer aporte será de 6.410 mil pesos por carga, por lo que el apoyo total para una familia con 4 cargas será de 88 mil pesos en el primer mes. Luego dependerá del aumento de precios de los alimentos registrado por un Observatorio del Valor al Público de la Canasta Básica de Alimentos, a cargo del Servicio Nacional del Consumidor. En caso de detectarse anomalías en el comportamiento de estos precios, serán informadas a la Fiscalía Nacional Económica. Los aportes ahora concordados deberán ser seguidos por otros en el tiempo, pues su magnitud es aún limitada en cantidad y cobertura.

Se acordó, además, una agenda de mediano plazo con un proyecto de ley que flexibilizará los requisitos de ingreso al Seguro de Desempleo e incrementará el monto de sus prestaciones, junto a la creación de una mesa con los actores involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas. En 2023 se enviará un proyecto de ley que modifique las normas sobre el derecho colectivo del trabajo, incluyendo el ámbito y nivel de la negociación colectiva y, como forma de avanzar en espacios libres de acoso y violencia de género, se propondrá al Parlamento la ratificación del Convenio 190 de la OIT.

Se ha retomado así el diálogo social, que rindió muy buenos frutos en la década de 1990. Este fue menos practicado en los gobiernos posteriores, cuando los ministros de Hacienda consideraron el diálogo social como la expresión de intereses corporativos. Nicolás Eyzaguirre se opuso a la creación de un Consejo Económico y Social que institucionalizara el diálogo social, planteado en el programa de gobierno. Se llegó a solo una Agenda Pro Crecimiento con los representantes empresariales (que dio buenos frutos en algunos temas, en todo caso, con dirigentes empresariales en la época bastante más razonables que los actuales). Lo propio hicieron en los gobiernos posteriores tanto Andrés Velasco como Rodrigo Valdés, así como lo ha hecho siempre la derecha, que mantiene una actitud refractaria en esta materia.

El actual gobierno ha dado un paso en un sentido distinto al constituir un “Consejo Superior Laboral” y sentado en la mesa a empresarios y trabajadores para discutir la agenda laboral y de ingresos. Adicionalmente, ha privilegiado el diálogo directo con la CUT, lo que permitirá poner los temas y apremios de los trabajadores en el centro de la agenda pública, a lo que ha concurrido el sindicalismo mayoritario con espíritu constructivo.

Todo esto tiene una crucial importancia más allá de la coyuntura: cuando la democracia no produce resultados sociales -en especial por relaciones laborales asimétricas y una baja carga tributaria- y solo atiende los intereses de los grupos privilegiados, termina perdiendo pie y la representación ciudadana y social erosiona su legitimidad. En el Chile contemporáneo, esto ha sido facilitado por un funcionamiento institucional en el que la voluntad de la mayoría no es considerada sino muy ocasionalmente, provocando una gran abstención de toda participación en la esfera pública, una grave desconfianza en las instituciones y la expansión miope de diversas violencias. Estas son dinámicas que terminan por crear ya sea rebeliones sociales anómicas o bien el peligro de una inclinación popular por soluciones autoritarias, ante el descrédito e inmovilismo de los que gobiernan. En buena hora, el nuevo gobierno está empezando a romper esa inercia destructiva.

Una equivocada defensa del Senado

Escribí en un twitter después de escuchar la entrevista a Alvaro Elizalde en CNN Chile: "Vergonzosa la defensa del Senado por Alvaro Elizalde, con la idea de "contrapeso contra eventuales liderazgos autocráticos". Si los ciudadanos eligen un liderazgo, que este no sea autocrático depende del respeto al Estado de derecho y no de una institución contra mayoritaria."

Amplío la idea expresada. 

Varios de los defensores del Senado, o de una Cámara de Regiones que solo cambie su nombre, están evidenciando concepciones directamente antidemocráticas. Están llegando a decir que un líder elegido puede no respetar el Estado de derecho, por lo que el Senado tiene que impedírselo. ¿Cómo? Favoreciendo su carácter contramayoritario para bloquear al presidente mediante plenos poderes colegisladores, sobre la base de no representar la voluntad popular sino ser una expresión territorial que, por construcción, da un amplio poder a las regiones rurales y de poca población. En ellas los conservadores suelen tener históricamente más arraigo y la proporcionalidad es prácticamente inexistente, con senadores que duran 8 años para seguir asegurando el carácter contramayoritario del sistema político en su conjunto. Por construcción y rol histórico, en Chile el Senado ha sido la base de la defensa de los intereses oligárquicos. Por algo Salvador Allende, el PS y la izquierda propusieron eliminar esa institución en 1971 en beneficio de una cámara única.

Es evidente que tanto el poder judicial como la Cámara de Diputados (as) tendrán iniciativa en la nueva constitución para perseguir responsabilidades de un jefe de Estado que incumpla la legalidad, así como lo hará la sociedad en su conjunto en su libre capacidad de expresarse frente a una situación de ese tipo. Contra argumentan los que no creen en la soberanía popular que el supuesto autócrata puede controlar la Cámara y el poder judicial, así es que el Senado tiene que hacer de contrapeso. El argumento es absurdo, porque un autócrata que no respeta la legalidad se las arreglará también para controlar el Senado y las regiones. La base para controlar toda autocracia es el respeto del Estado de derecho y su sanción en caso de incumplimiento, no establecer instituciones contramayoritarias.

Algunos tienen en mente como supuesta situación universal el esquema norteamericano, en el que pequeños estados rurales sobre representados en el Senado impiden que se ejerza la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Es la misma lógica del colegio electoral que representa en ese país a los estados federados y que puede elegir a un presidente que ha perdido la elección en el voto popular, como Bush Jr frente a Al Gore y Trump frente a Hillary Clinton. Eso simplemente no es democrático pues contradice la idea de la soberanía popular, que históricamente sustituyó la soberanía de origen divino propio de las monarquías.  En Estados Unidos, el esquema institucional existente no le parece a la mayoría del Partido Demócrata, sin ir más lejos. En Europa, la gran mayoría de los Senados o equivalentes, con frecuencia una herencia de los poderes feudales, no tiene capacidad colegisladora (Gran Bretaña, Francia, Alemania, España) sino en temas puntuales.

¿No será que Elizalde está simplemente defendiendo un interés corporativo, cumpliendo los acuerdos con la UDI que lo llevaron a la presidencia del Senado? Está en su derecho de hacer política menor, pero no en nombre de las ideas de prevalencia de la soberanía popular y de órganos jurisdiccionales que cautelen el respeto de la legalidad por todos los actores del sistema político. ¿Qué puede tener de socialista, o simplemente de democrático, defender un poder oligárquico por construcción, concebido como "contrapeso" que expresamente no refleje la soberanía popular y no permita gobernar al presidente con una eventual mayoría parlamentaria, tal como lo defiende la derecha?

A mayor abundamiento, agrego que hoy se  eligió en Francia al presidente Macron por otros 5 años. Completará 10 años con fuertes poderes institucionales. Esto incluye que la elección de la Asamblea Nacional se hará en dos meses más, lo que favorece que el presidente recién electo disponga de una mayoría en la Asamblea, como ocurrió hace 5 años, la que tiene que aprobar el nombramiento del primer ministro y su gobierno. En Chile se diría: ah, eso es favorecer el chavismo porque un autócrata podría tener todo el poder. ¿Es Macron un autócrata? Evidentemente no es el caso. En Francia ese argumento sería visto como simplemente ridículo. Aunque muchos consideran que debería limitarse el poder presidencial, a nadie se le ocurriría, y menos a la izquierda, otorgarle poder de veto al Senado sobre las decisiones del presidente, del gobierno y de la Asamblea. El Senado es allá, como cámara territorial, solo revisor y consultivo y concurre a algunos nombramientos en instituciones autónomas del Estado. Y punto. No puede vetar a la Asamblea, depositaria de la voluntad popular. Al revés, se promueve una ampliación del mecanismo de referendum y de iniciativa popular de ley. La que manda es la soberanía popular en el marco del Estado de derecho y del orden constitucional, no un órgano que sobre represente  a los conservadores y bloquee la decisión democrática emanada de la ciudadanía.

La inflación importada

Leo en La Tercera de hoy :

"En Chile se consume del orden de 184 mil litros de aceite anualmente. Se trata de unos 31,1 litros por hogar, según datos de Euromonitor. De la ingesta total, más del 60% corresponde a aceite de soya. Le sigue el aceite de girasol o maravilla, con un 25%. Luego, el aceite de oliva, y finalmente el de canola. Los dos primeros se importan prácticamente en su totalidad. Más del 90% es comprado al exterior -el país sólo produce aceite de oliva y algo de canola-, y es ahí donde radica gran parte del alza, dicen en el sector. El incremento en el precio comenzó a evidenciarse en marzo del año pasado, bastante antes de la guerra en Ucrania. Según Oilworld, en un año el aceite de soya aumentó su valor internacional en un 43,9%; el de girasol en 47,9%, y el de canola, en 65%. De hecho, en 2021 el producto subió un 18,1% en el país, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y este 2022, el aceite vegetal acumula un avance del 12,3%, y del 32% en 12 meses".

Comentario: ¿qué pueden tener que ver los retiros y el IFE de 2021 o el gobierno de Boric en el aumento del precio del aceite? Nada. Es lo que dije para perplejidad de mis interlocutores la semana pasada en un matinal. Lo que ocurre es que se está repercutiendo en los supermercados - y todavía falta- el aumento de los precios externos. Los del aceite vegetal subieron entre 44 y 65% en un año en los mercados mundiales y 32% en Chile, dado el 90% de proveniencia importada del abastecimiento. Simplemente, importar aceite vegetal es hoy mucho más caro que hace un año. No ayuda, además, que el valor del dólar haya pasado de un promedio de 759 pesos en 2021 a uno de 809 pesos en el primer trimestre de 2022, encareciendo aún más (en 6,6%) las importaciones. El IPC de bienes sujetos al comercio internacional llegó en marzo a 11,5% anual y el de producción interna a 6,9%, en la que también repercute el aumento del precio de los combustibles. Estos han aumentado en 18,9% en un año en Chile, una cifra todavía muy inferior al incremento internacional.

¿Qué se puede hacer? Ciertamente no deprimir la economía, como está haciendo el Banco Central. Esto podría, se supone, hacer que la gente consuma menos y obligue a los supermercados, comercios y ferias a bajar los precios. Esto es muy dudoso, salvo que a punta de aumentar el desempleo y hacer bajar los salarios se llegue a un completo deterioro de la situación económica de los hogares. Este tendría que ser mayúsculo para hacer retroceder la repercusión en Chile del aumento de precios externos. No por casualidad la inflación en Chile es similar a la de Estados Unidos y la Unión Europea.

El resultado más probable es una inflación importada con precios que no van a bajar, acompañada de una fuerte recesión. Una política profundamente equivocada, que creará hacia septiembre un clima muy enrarecido para el plebiscito constitucional. Soy de los que se pregunta si esto no es intencional (creo que al menos hay que preguntárselo, dado que la coincidencia es demasiado grande), aunque a muchos les ha disgustado que ventile la hipótesis porque les parece conspirativa. Yo postulo que en el Consejo del Banco Central no hay precisamente un gran entusiasmo con los cambios que se avecinan y que les gustaría que no ocurrieran, como lo señalaron por escrito en una carta a la Convención Constitucional sobre su propio rol, en una argumentación que de técnica no tiene nada. Esto es lectura de la prensa, no una atribución arbitraria de intenciones.

Por su parte, el gobierno adecuadamente congeló el precio del transporte, lo que implicó subir el subsidio público a los operadores privados. Y se amplió la contención de las alzas de los precios de los combustibles, con la consecuencia de que cuando bajen los precios mundiales, lo que ocurrirá en algún momento, lo harán más lentamente en Chile.

Una idea como bajar el IVA tiene el problema de que no se repercute en bajas de precios en mercados oligopólicos como los nuestros, por lo que sería un regalo a los que importan y venden y no a los que consumen. Hacer un control de precios temporal (no es una medida bolchevique o propia de argentinos populistas, lo practicaron los derechistas Nixon y Giscard en los períodos altos de inflación en los años setenta) nos encuentra sin institucionalidad para hacerlo y no sabemos qué duración tendrá la crisis en el mercado de alimentos. Lo que que cabe es compensar la inflación de alimentos con ayudas directas trimestrales a las familias que lo necesiten y que se renueven o no según evolucione la situación. Y aumentar fuertemente la vigilancia de precios no competitivos y colusiones en los diversos mercados. Por ejemplo, es cuestionable que el precio del aceite de cocina en Chile sea en dólares casi el doble del que prevalece en Argentina, de donde viene buena parte de las importaciones por vía terrestre.

La caída programada del gasto público de 25% para 2022, una brutalidad macroeconómica del gobierno anterior que hay que revertir (junto al aumento desmedido de las tasas de interés por el Banco Central), y la deuda de 36% sobre PIB, una de las más bajas del mundo, otorgan márgenes suficientes para una política compensatoria activa.

Los derechos sociales y los retiros

En La Mirada Semanal

La nueva Constitución, si se aprueba por la ciudadanía, establecerá que el nuestro será en el futuro un Estado democrático y social de derecho. En la actualidad, la Convención Constitucional discute su corolario, el establecimiento de derechos sociales efectivos, y entre ellos el derecho a disponer de una jubilación digna en la vejez.

Por 120 de 154 votos, la Convención aprobó proponer a la ciudadanía garantizar "a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad". Con 115 votos se aprobó que la ley "establecerá un Sistema de Seguridad Social público" que entregue protección en materia de "enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales" y otras contingencias, además de "la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajo domésticos y de cuidados", mientras le corresponderá "al Estado definir la política de seguridad social" financiada por trabajadores y empleadores mediante cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación, con destino exclusivo a la seguridad social.

En medio de estas sustanciales y muy positivas definiciones, y de una agenda del nuevo gobierno aún poco activa, emergió desde el parlamento una nueva proposición de reforma constitucional de retiro de fondos desde las cuentas de las AFP. Estas entidades simbolizan el Estado liberal que privatizó los derechos sociales en la dictadura de 1973-1989 y las supuestas soluciones privadas a los problemas públicos. Esta proposición fue enfrentada por una alternativa presentada por el gobierno de retiro acotado (ver mi columna anterior). Ambos proyectos terminaron rechazados, en medio de un gran confusión, pero en la que se ha preservado el principio de que no se debe legislar sobre temas económicos contingentes con reformas constitucionales desde el parlamento sin coherencia con la política económica que debe conducir el gobierno. Y menos con propuestas que no se inspiran en el interés general -que supone articular el corto y el largo plazo- sino solo en demandas inmediatas, por justificadas que sean. No se gobierna con un mínimo de coherencia sobre la base de impulsos volubles de opinión pública. El futuro Estado democrático y social de derecho (ver mi columna al respecto) supondrá una adecuada gobernanza de la política económica en vez de someterse a los humores del momento, por legítimos que sean. 

En el profuso debate sobre los retiros, no está de más mirar otra vez las cifras en la materia. Existe hoy un total de cerca de 11,4 millones de afiliados al sistema de AFP, de los cuales 2 millones no tienen saldo alguno en su cuenta y 5,4 millones tienen uno que es inferior a 1 millón de pesos. Un total de 5,4 millones de personas afiliadas no cotizan (con saldos en la mayoría de los casos muy bajos o inexistentes), a las que se agrega 1,7 millón de personas que hoy cotizan pero cuyos saldos en AFP son de menos de un millón de pesos. Los cotizantes son hoy solo cerca de 6 millones, un 53% del total de afiliados. Representan un 68% de las 8,8 millones de personas ocupadas. Esto quiere decir que cerca de un tercio de los que trabajan (sin considerar el trabajo doméstico) tiene ocupaciones informales, en las que no se cotiza para pensiones. 

A su vez, los afiliados con más de un millón de pesos en su cuenta son 4,9 millones de personas y los con más de cinco millones de pesos son 2,3 millones. Es decir una minoría, pero que acumula un volumen sustancial de recursos que hoy no puede ser liberado súbitamente para agregarse al consumo, dado que este se expandió en 20% el año pasado por los retiros anteriores y ha alcanzado sus más altos niveles históricos. Lo que pudo justificarse en medio de una grave recesión hoy tiene bastante menos sentido, cuando la economía ha más que superado los niveles de producción anteriores a la crisis. Seguir alimentando el consumo de bienes durables de sectores medios y altos provoca efectos macroeconómicos que pueden ser desequilibrantes en medio de una situación internacional adversa. La mitad de los 15 mil millones de dólares de retiro potencial (un 5% del PIB, una cifra enorme) del proyecto parlamentario pertenece al 20% de mayores ingresos en el país. Tiene mucho más sentido utilizar el espacio macroeconómico existente - que no es mucho, porque hay diversos desajustes entre oferta y demanda y un exceso de importaciones- para fortalecer la situación del 80% de menos ingresos a través de medidas de apoyo fiscal y de retiros acotados desde las AFP.

Para una parte de los afiliados tenía un sentido de urgencia el uso de recursos para enfrentar las contingencias de endeudamiento que planteaba el proyecto del gobierno rechazado en el parlamento. Los que no lo aprobaron fueron la derecha, la DC y el PPD y parlamentarios individuales de la coalición de gobierno, que son los que deberán explicar por qué no aprobaron retiros de los afiliados a AFP que cuentan con al menos algo de recursos en sus cuentas con el fin de pagar deudas, así como para garantizar a las mujeres el pago de pensiones alimenticias adeudadas. En realidad, su conducta estuvo presidida por una voluntad de castigo al nuevo gobierno, de lo que éste deberá hacerse cargo si quiere hacer avanzar su agenda. Debe terminar de construir una coalición de gobierno estable, la que probablemente deberá incluir a la DC y mantener una relación preferencial con el Partido de la Gente. 

Pero permanece un tema de fondo: ¿cuántos representantes en el parlamento, miembros del gobierno que toman decisiones, o profesores universitarios que opinamos sobre estos temas, se encuentran en la situación de no cotizar o de apenas tener un pequeño ahorro previsional? Posiblemente ninguno. Por eso muchos de los que están prácticamente fuera del sistema de AFP, para no hablar de los pensionados actuales y sus muy bajas jubilaciones, no se sienten representados por nadie, acumulan su frustración y sus temores frente al futuro y, entre otras consecuencias, suelen no votar. Y piensan que los pocos recursos que tienen en una AFP más vale usarlos hoy, aunque desde enero -lo que probablemente no saben- se agrega el fondo acumulado en AFP, por poco significativo que sea, a la pensión básica que recibirá el 90% de los mayores de 65 años, incluso si siguen trabajando, lo que antes no ocurría. Ese es el camino futuro en esta materia, uno que amplíe la pensión básica financiada con más impuestos a los más ricos y amplíe la pensión contributiva en el presente usando una parte de las cotizaciones obligatorias actuales. Y acumule con otra parte de ellas un fondo colectivo para solventar el cambio demográfico, pero que se oriente a inversiones socialmente útiles y ecológicamente responsables de largo plazo y no a la concentración aguda del capital privado y a inversiones en el exterior, como ha hecho por décadas el sistema de AFP. Y que permita disponer de los recursos individuales ahorrados que permanezcan o se acumulen voluntariamente en el futuro en cuentas de AFP para enfrentar contingencias.

El problema de la gran mayoría de la población trabajadora es hoy de empleo y de ingresos presentes y futuros. Parece importante, ironías aparte, ocuparse un poco más de su situación y discutir de una vez políticas directas de apoyo en su favor. Esto debe incluir sin dilación la mencionada reforma previsional, la reforma del seguro de cesantía para ampliar su acceso, monto y duración (que también fue inexplicablemente rechazado en el parlamento) y la ampliación del sistema de apoyo directo a las familias, en un contexto de aumento sustancial del precio internacional y nacional de los alimentos y los combustibles, junto a la reforma tributaria que financie estas nuevas políticas propias de un Estado democrático y social de derecho.

La toma de decisiones en la Convención Constitucional y en el sistema político

En El Mostrador

En estos días se agudiza la crítica a la Convención Constitucional (CC). Los que defienden el veto de la minoría sobre la mayoría fueron los que dotaron a la Convención de la regla de decisión por 2/3 de los votos de los miembros. Dicho sea de paso, esto ni siquiera existe en la Constitución de 1980, pues solo algunas de sus normas se modifican por un quórum de 2/3.

Se trata de los mismos que hoy se quejan de las decisiones que va tomando la CC por esos 2/3 de sus miembros. Incluso el Banco Central se ha permitido hacer llegar una opinión que incluye nada menos que lo siguiente: “Es fundamental que la organización y funcionamiento del BC se rijan, a su vez, por normas estables –es decir, que no puedan ser alteradas por mayorías simples–, dotándolas así de la debida certeza jurídica para cautelar que las políticas de esta institución cuenten con la credibilidad y seguridad necesarias para el logro de su mandato". Es increíble que una entidad del Estado se permita emitir una opinión directamente antidemocrática, pues no otra cosa es sostener que la estabilidad y la certeza jurídica las otorgan normas sujetas al veto de una minoría. Tal vez hay que recordarles a los emisores de la recomendación que las propias votaciones del consejo del Banco Central son por mayoría simple.

El tema de fondo es que los que impusieron la regla de 2/3 en la Convención, además de desconsiderar un tema de principios central de la democracia –debe prevalecer la mayoría en la toma de decisiones, respetando el derecho de la minoría a procurar transformarse en mayoría–, no tomaron en cuenta un hecho muy relevante. Una "mayoría central" de 50% más uno no está en condiciones de prevalecer, por lo que debe buscar el apoyo de un 16% adicional entre alguna minoría. Descartada la minoría de derecha que se opuso al proceso constituyente y sostiene principios constitucionales propios del antiguo régimen, entonces la "mayoría central" no puede sino buscar aliados a su izquierda para aprobar las normas. ¿El resultado? Las izquierdas más radicalizadas hacen valer, al menos en parte, sus posiciones para conformar los 2/3, lo que de otro modo no podrían haber logrado. Las redacciones resultan más radicales que las que hubieran resultado de la voluntad de la "mayoría central" de 50% más uno. Aclaro que en lo personal eso no me molesta, pues soy una persona de izquierda (de tendencia racional, eso sí, como diría Eric Hobsbawm).

Desde su propio punto de vista, fue un error completo de la derecha y de los "moderados", por las mencionadas razones de principios democráticos y por la lógica de sumatoria de votos que radicaliza en vez de moderar, haber establecido los 2/3 para decidir los contenidos de la nueva Constitución. Se confiaron en obtener un tercio de bloqueo, que en la visión declarada en su momento por Pablo Longueira debía, incluso, plantearse hacer fracasar todo el proceso. El pueblo sabiamente no se los otorgó.

Esto da como para recomendar a los autodenominados "centroderechistas" y "amarillos" que conciban un poco mejor sus propuestas de toma de decisiones públicas en el futuro. Las reglas de la democracia, construidas largamente desde los antiguos griegos, incluyendo el principio de mayoría, son mucho más sabias de lo que piensan. Ojalá no sigan instalados en su desconfianza ancestral de la soberanía popular, que es el fundamento primordial de la democracia.

La lección es que no debieran seguir procurando transgredir los principios democráticos permanentemente con reglas e instituciones contramayoritarias, como las que se sembraron por doquier en la Constitución de 1980, y que terminó en un completa crisis. Ahora tienen la opción de tratar de hacer fracasar por cualquier medio a la Convención Constitucional o, bien, votar en contra del texto que se proponga a la ciudadanía y prepararse para reformarla, si es aprobada, en el futuro en el Parlamento. Pero, eso sí, con el método democrático de construcción de una eventual mayoría, método que la nueva Constitución va a consagrar, en completo contraste con la de 1980. Es de esperar para la buena salud del país que sigan, más allá de su actual irritación, el segundo camino, el del libre juego democrático.

Tomar la iniciativa

 En La Mirada Semanal

Se fue generando un problema para el nuevo gobierno con la expansión de la idea de un “quinto retiro” (cuarto en realidad) desde los fondos de pensiones y la dificultad para el nuevo oficialismo parlamentario de negarse a votarlo a favor dado que había aprobado los retiros anteriores. Por eso el gobierno, que legítimamente quiere mantener la capacidad de orientar la política económica, ha tomado la iniciativa de proponer mecanismos de retiros parciales para el pago de deudas o el acceso a subsidios, algunos de ellos permanentes, para zanjar el tema.

El tema de los retiros de fondos desde las cuentas de ahorro de las AFP se constituyó en un recurso de última instancia durante la crisis de la pandemia. La presión vino desde la sociedad y se trasladó a una mayoría de 2/3 de los parlamentarios, los que terminaron aprobando reformas constitucionales para permitir retiros en julio y diciembre de 2020 y en mayo de 2021. Se trató de una crisis de gobernabilidad y de una ruptura de la coalición de gobierno de la época, en la que el parlamento utilizó reformas constitucionales para legislar temas económicos. Hacerlo en materias de gasto es de iniciativa exclusiva del ejecutivo desde los años 1930 (y así quedará en la nueva Constitución, por lo demás, para asegurar la gobernanza de la política económica, a la que ningún gobierno serio puede renunciar). Los retiros terminaron sumando la enorme cifra de 52 mil millones de dólares, es decir del orden de 9% del PIB de los dos últimos años, lo que impactó fuertemente en la segunda parte de 2021 y se tradujo en un aumento de 20% del consumo de los hogares en el año, especialmente en bienes durables (con un incremento de 45%) y en un fuerte aumento de las importaciones respectivas.

En diciembre de 2021, el cuarto retiro no se hizo efectivo pues sus promotores no reunieron los votos suficientes en el parlamento. En lo que va de 2022, con una economía que corre el peligro de entrar en recesión y una tasa de desempleo de 7,5% -y una de 15,8% considerando a los desalentados que ya no buscan trabajo- una parte significativa de la población sigue prefiriendo disponer de otra parte de sus ahorros previsionales. Aunque se ha producido una recuperación del ingreso autónomo de la mayoría de las familias y de los puestos de trabajo formales, faltan aún unos 300 mil empleos para alcanzar el nivel previo a la pandemia y muchas familias y pymes viven aún en situaciones económicas precarias y con fuertes deudas.

Recurrir a nuevos retiros de fondos previsionales se afinca en la idea de que se trata de recursos que pertenecen a las personas, lo que, aclaremos, es el caso solamente con el fin de pensionarse bajo administración de una compañía de seguros o de una AFP, según la ley vigente. Y también en la idea que las necesidades son apremiantes en el presente y las pensiones autofinanciadas son de todas maneras extremadamente bajas. No obstante, desde enero se agrega el monto autofinanciado en AFP a la pensión básica, ahora expandida a 185 mil pesos para el 80% de los mayores de 65 años (y menos para un 10% adicional), lo que no era el caso previamente.

El proyecto de ley presentado por el gobierno -como alternativa a un nuevo retiro general desde las cuentas de AFP- define casos en que se autorizará girar un 10% de los fondos de pensiones, con un máximo de UF 150 y mínimo de UF 35, como en los retiros anteriores. Podrán hacerlo las personas que quieran exigir el pago de deudas originadas por pensiones alimenticias no pagadas. Podrán, asimismo, acceder al nuevo giro quienes necesiten pagar deudas con su seguro previsional de salud y con prestadores institucionales. También se podrá autorizar el retiro para el pago de deudas de servicios sanitarios, electricidad y gas de red. Finalmente, se podrá retirar fondos para el pago de deudas financieras, bancarias y no bancarias. También podrán retirar ahorros para las pensiones quienes necesiten aumentar sus ahorros para postular a subsidios a la adquisición de la primera vivienda o requieran pagar deudas hipotecarias de hasta UF 4.000 para la adquisición de la primera vivienda.

Algunos han argumentado que todo esto sería “un salvataje al sistema financiero”. En los tres retiros previos no se prohibió en absoluto pagar deudas a los bancos con el dinero girado, lo que muchas familias hicieron. Y tampoco se haría con un nuevo retiro generalizado. Entonces, en esos casos como en el actual proyecto existe la misma figura de pago de deudas. Y si antes los retiros para la gente de menos ingresos podía dar lo mismo si la pensión autofinanciada era inferior a la garantizada por el Estado, en la actualidad ya no es el caso. Además, desde el punto de vista macroeconómico, liberar 15 mil millones de dólares para consumo de sectores medios y altos (5% del PIB, contra 1% destinado a aliviar deudas contemplado en el proyecto del gobierno) es bien distinto con una economía caída que con una que ha más que recuperado el nivel de actividad agregada de hace dos años y con una inflación importada de gran magnitud.

El proyecto de ley gubernamental no aumentará de manera generalizada la capacidad de consumo de los sectores medios y altos (millones de cotizantes de bajos ingresos ya no tienen nada que retirar o muy poco), sino atenderá situaciones específicas apremiantes. Esto tendrá menos efectos en la demanda agregada que pudieran provocar desequilibrios en la balanza de pagos o en la inflación por demanda excesiva, aunque cabe hacer notar que las presiones inflacionarias provienen sobre todo del exterior (como es el caso del aumento del precio de los combustibles y los alimentos). Estas solo pueden compensarse con medidas como el congelamiento de las tarifas del transporte (aumentando el subsidio a esas tarifas) o ampliando los márgenes de dispersión en el tiempo de las fluctuaciones del precio de los combustibles, como ya anunció el gobierno. Y también con medidas de apoyo a las familias de menos ingresos, lo que deberá reforzarse en el futuro próximo, y flexibilizando el acceso al seguro de cesantía para asegurar ingresos a quienes no han recuperado su trabajo, como también fue anunciado por el gobierno. Y no subiendo una y otra vez la tasa de interés, como ha hecho el Banco Central, o realizando un ajuste fiscal de 8% del PIB, como el que dejó programado el anterior gobierno, lo que en conjunto arriesga provocar una nueva recesión en un año en el que el país tomará decisiones fundamentales para su futuro.

La recesión en preparación

Ayer en la noche dije en La RED TV (Pauta Libre) que el Banco Central está alineado, desde el punto de vista del resultado de su política, con los que quieren hacer fracasar la Convención Constitucional y que las medidas del gobierno son hasta ahora insuficientes. Es una afirmación fuerte. Aquí van mis argumentos económicos, además de señalar lo indebido de la opinión entregada por el Banco Central a la Convención Constitucional, en que rechaza las nuevas funciones y reivindica una autonomía absoluta sin coordinación con la política económica. La intervención política del BC es francamente extemporánea.

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En el informe de diciembre pasado de la Dirección de Presupuestos, se evidencia que un importante crecimiento (además del alto precio del cobre, con el que Codelco aporta los mismos ingresos fiscales que las mineras privadas con solo un tercio de la producción del metal, lo que sigue planteando de manera urgente el tema de la regalía minera) es beneficioso para las finanzas públicas. Los ingresos fiscales crecieron en un 37,8% en 2021, por lo que el déficit fiscal cerró en -7,6% del PIB y no en -8,3% como estaba proyectado. Esto llevó la deuda pública bruta a 36% del PIB, una cifra muy baja en la comparación internacional y muy por debajo de la regla europea de 60% del PIB, hoy ampliamente sobrepasada. En Alemania es de 72,5% del PIB en 2021, mientras en Estados Unidos es de 133,3% del PIB y en Japón de 256,9% del PIB, según el FMI.

El problema ahora es que el gobierno anterior dejó como herencia en la ley de presupuestos una disminución del gasto del gobierno central de nada menos que -24,6% respecto a lo ejecutado en el año 2021, de acuerdo a la última estimación. Se ha programado un ajuste gigantesco del gasto público, de una magnitud inexistente en cualquier parte del mundo en la actualidad, bajándolo de 31,3% del PIB a 23,1% en un año, según la Dipres. Esta es una brutalidad macroeconómica, no cabe otro calificativo, que contribuirá a deprimir la economía y, de paso, a disminuir los ingresos fiscales.

Las medidas anunciadas por el gobierno el jueves pasado, todas ellas positivas y que van en la dirección correcta, suman 3,7 mil millones de dólares, poco más de 1% del PIB, una cifra que no sabemos exactamente si aumentará o reasignará el gasto fiscal. Pero que sobre todo no revierte sino en el margen el injustificado ajuste fiscal programado para 2022 por el anterior gobierno.

Se argumenta que este desmedido ajuste del gasto fiscal es necesario para combatir la inflación. Dado que el grueso de los impulsos inflacionarios del momento son importados y que además se ha subido la tasa de interés de 0,5% a 7% por el Banco Central (provocando que el último trimestre móvil el IMACEC presente una caída de -2% respecto al trimestre previo, ver https://gonzalomartner.blogspot.com/2022/04/es-necesaria-una-recesion-en-chile.html), no se detendrán los aumentos de precios de la energía y los alimentos, pero en cambio se precipitará una recesión por una muy inadecuada combinación de política monetaria y fiscal.

Para el BC, "en los últimos trimestres, el gasto de las personas tuvo un impulso muy significativo producto de las distintas medidas de apoyo a los ingresos. Esto provocó un excesivo aumento del consumo, que se topó con una oferta que aún no ha podido recuperarse de los efectos de la pandemia y costos de las empresas que han subido de manera significativa. Todo esto ha ido acompañado de un tipo de cambio que acumula un incremento importante en el último par de años. Reducir la inflación desde los elevados niveles actuales requiere que el descalce entre oferta y demanda sea resuelto. Esto implicará que durante algún tiempo el crecimiento del PIB será muy bajo o incluso negativo".

Este enfoque de programar expresamente una caída de actividad ante un supuesto desajuste generalizado entre oferta y demanda nos tendrá probablemente en una recesión consolidada hacia septiembre. ¿Cuál dijeron que era la fecha del plebiscito constitucional?

De nuevo sobre la inflación

Como era de esperar, el impulso de la economía mundial y diversos problemas de suministro en el último año, acelerados por la reciente invasión rusa a Ucrania, produjeron un fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo (el precio del barril WTI pasó de 58 dólares en enero de 2019 a 83 dólares en enero de 2022 y a 109 dólares en marzo de 2022, el más alto de los últimos 7 años) y de los alimentos (sus precios han subido en los últimos 7 meses en 75% y en 13% en marzo, según el índice de la FAO). Esto ha repercutido inmediatamente en Chile. La cifra mensual de inflación de marzo es muy alta y llegó al 1,9%, llevando el ritmo anual a 9,4%.

Como siempre en estos casos, hay que mantener la calma. No por mucho madrugar amanece más temprano. Lo peor es seguir insistiendo en hacer entrar en recesión a la economía, como pretende el Banco Central, para combatir una inflación importada coyuntural que no se puede evitar, salvo, como se anunció correctamente por el gobierno, congelando algunos precios, como el del transporte.

Un comentario de puesta en perspectiva: prácticamente todos los economistas nacionales, desde Rolf Lüders hasta Ricardo Ffrench-Davis, señalan que el mejor momento económico de Chile fue el del gobierno del presidente Aylwin, gracias a sus políticas de "crecimiento con equidad" (gobierno del que formé parte como el subsecretario más joven, a mucha honra). En efecto, el crecimiento promedio del PIB en 1990-1993 fue de 7,7%. Muy bueno. Nunca visto en la historia de Chile.

¿Y cuál fue la inflación promedio en ese período? Un 19,0%. Sí, están leyendo bien. Un 19.0%. Más del doble de la inflación actual. Repito, más del doble. Partió con un 26,0% en 1990 y fue aún de 12,7% en 1993. A nadie se le ocurrió entonces hacer entrar en recesión a la economía, sino realizar un control progresivo de la inflación, especialmente a través de una política concordada de ingresos pactada con la CUT, junto a promover un muy alto crecimiento. La economía se siguió expandiendo a muy buen ritmo hasta 1999, creando empleos sistemáticamente y sentando las bases de la mejoría de muchos indicadores sociales, junto a una inflación que siguió bajando apoyada en una política fiscal con superávits (como corresponde en una situación de alto crecimiento para moderar la demanda y constituir reservas fiscales para abordar las situaciones recesivas) y una política monetaria con tasas de interés real bajas. Hasta que el Banco Central equivocadamente subió la tasa de interés a 13% frente a una crisis externa (la "crisis asiática") y al gobierno se le ocurrió bajar tres veces el gasto público ese año. Lo que provocó una recesión evitable y una explosión del desempleo.

¿Y este año que está pasando? Aumentos continuos de la tasa de interés y una caída programada de 23% del gasto público, que las buenas medidas de apoyo anunciadas por el gobierno de Gabriel Boric por su magnitud no van a revertir, hasta dónde se puede inferir del plan dado a conocer. Me encantaría poder decir lo contrario, pero los ingredientes para una recesión están sobre la mesa y esto puede coincidir con el plebiscito de salida. Cada cual puede sacar sus conclusiones.

¿Es necesaria una recesión en Chile?

 En La Mirada Semanal

El argumento según el cual es “bueno” que la economía se contraiga porque se había “sobrecalentado” es un error basado en la idea que la capacidad instalada está sobrepasada. 

El índice mensual de actividad económica (Imacec) más reciente publicado por el Banco Central cayó en términos desestacionalizados en -0,7% en febrero de 2022 respecto del mes anterior. La caída de la actividad económica en el trimestre móvil diciembre-febrero respecto del trimestre móvil anterior fue de -0,2%. Esto se explica por la suma de los efectos del brusco aumento de la tasa de interés del Banco Central de 0,5% en junio de 2021 a 7% en marzo de 2022 y del ajuste fiscal desde que terminó el IFE en noviembre pasado, en un contexto en que el volumen exportado está estancado (cayó en -1,5% en 2021, aunque aumentó en el último trimestre). La disminución de actividad es especialmente pronunciada en los servicios, lo que refleja un menor consumo de los hogares.

Fuente: a partir de Banco Central de Chile

El argumento según el cual es “bueno” que la economía caiga porque se había “sobrecalentado” (por la aparición de una brecha de exceso de ingresos en relación al producto) es un error parcial basado en la idea que la capacidad instalada está siendo utilizada más que plenamente. Esto es sectorialmente muy discutible, especialmente en materia de servicios, que constituyen cerca de un 60% de la actividad. Una revisión somera del nivel de actividad comparada de 2021 respecto a 2018-19 indica que en el sector primario la agricultura tiene un nivel de actividad algo superior, aunque está afectada por la sequía, pero la pesca y la minería están produciendo menos. En la industria manufacturera se está produciendo más que antes de la crisis en la rama de alimentos, especialmente las bebidas y tabaco, además de la industria textil, que es pequeña, los minerales no metálicos y la industria metálica. Pero el resto de las ramas -madera y muebles, la industria del papel, la química y del petróleo- están produciendo menos. Lo propio ocurre con la electricidad, gas y agua, la construcción, los restautantes y hoteles y el transporte. Creció fuertemente el comercio, y bastante menos las comunicaciones y servicios de información, los servicios financieros y empresariales, los servicios de vivienda y los servicios personales (educación y salud) y algo la administración pública.

En resumen, el impulso productivo de 2021, con un crecimiento del PIB de 12%, vino a recuperar niveles previos y a expandir la producción de alimentos y textiles, el comercio y algunos servicios, mientras la minería, la mayor parte de la industria y diversos servicios no recuperaron el nivel previo a la crisis. La explosión del PIB se explica casi exclusivamente por lo ocurrido en el comercio y los servicios personales. Esto no es de extrañar, dado que la demanda de consumo de los hogares aumentó en 20,3% (en bienes durables lo hizo en 44,9%). Esto se tradujo, además, en un aumento de las importaciones, con algunas rupturas y atrasos de suministros por las dificultades globales en el comercio exterior. Su consecuencia ha sido una fuerte expansión de la inflación importada por esos problemas de suministro y por el aumento de los precios de combustibles y alimentos (agravados con la invasión a Ucrania). La inflación no se debe a cuellos de botella generalizados por un desequilibrio persistente entre la demanda agregada y la oferta interna de bienes y servicios.

Las importaciones crecieron en 31%, situándose muy por encima de las de 2019, aunque fueron compensadas en parte por el aumento de los precios de las principales exportaciones. El déficit comercial fue de -1.451 millones de dólares, muy inferior al de -5.069 millones de 2019. Se produjo, en cambio, un incremento del déficit en cuenta corriente de 5,2% del PIB en 2019 a 6,6% en 2021. Este se ha alimentado con un aumento de las repatriaciones de utilidades por las transnacionales (es la contrapartida del aumento del precio del cobre) y de remesas netas. Es aquí donde se sitúa el principal desequilibrio macroeconómico, pero este déficit ha podido ser financiado con inversión de cartera desde el exterior, generando un saldo positivo de la balanza de pagos y un sustancial aumento de las reservas internacionales en 2021. Es del todo razonable procurar moderar el incremento de la demanda interna (aunque nadie podría calificar de negativo el incremento de 17,6% de la formación bruta de capital fijo) para disminuir el déficit en cuenta corriente. El tema es que la moderación del consumo de los hogares se producirá de todas maneras porque no tendrá en 2022 el enorme factor de expansión constituido por los retiros de ahorros previsionales (más retiros a estas alturas solo beneficiarían a sectores medios altos y altos y penalizarían más sus pensiones autofinanciadas, por lo que no se justifican de manera generalizada) y las transferencias presupuestarias a casi todos los hogares de julio-noviembre del año pasado. Producir una moderación es indispensable, a lo que ayudará el efecto de mediano plazo sobre las exportaciones y la sustitución de importaciones de un tipo de cambio devaluado respecto a su nivel de la última década. Generar una recesión con desmedidas alzas de la tasa de interés corriendo tras una quimérica “tasa neutral” para moderar el déficit en cuenta corriente, que afectará sobre todo a los hogares de empleo más precario y de menos ingresos, es una respuesta equivocada.

Cabe recordar que con dos trimestres seguidos de caída de la producción se configura una recesión. Para algunos, es un simple ajuste necesario para algo así como purgar el “exceso de crecimiento” de 2021. Para otros, entre los que me cuento, la fuerte expansión del consumo por los retiros de ahorros previsionales y el aumento del gasto público tuvo un efecto “cantidad” y un efecto “precio”. Ese efecto cantidad debe ser siempre bienvenido si no provoca una inflación continua y rampante, pues es el que crea empleos y bienestar, mientras el efecto precio, que disminuye los ingresos no indexados, se origina en un flujo de demanda por una vez, dado que el impulso de 2021 no se volverá a producir.

En cambio, provocar expresamente una recesión productiva es económicamente inútil y socialmente muy perjudicial pues provoca pérdidas de empleo y de los consiguientes ingresos. El contra argumento es que la inflación produce una pérdida de ingresos reales para toda la población. El tema es por cuánto tiempo y cuál es su origen. Cabe recordar que aún falta recuperar a febrero 329 mil empleos (en términos desestacionalizados) respecto al nivel más alto de empleo precrisis (enero de 2020), según la encuesta del INE.

En suma, frente al tema inflacionario cabe poner paños fríos: la inflación anual en Chile está en un nivel comparable al de Estados Unidos (7,9%) y la Unión Europea (6,2%), con la diferencia que en esos países a las autoridades no se les ha ocurrido subir brutalmente la tasa de interés ni producido un insólito ajuste fiscal de 23%, sino que tienen programado hacerlo de manera muy gradual para no afectar la actividad.

La inflación alcanzó en febrero en Chile un ritmo anual de 7,8%. Sin energía y alimentos fue de 6,6%. La inflación de bienes y servicios no sujetos al comercio internacional fue de 6,1% y la de los que se transan internacionalmente de 9,2%. El Banco Central insiste en que la inflación es esencialmente interna, probablemente subestimando el efecto de rebote del aumento de los combustibles en toda la actividad económica, incluyendo los servicios y bienes no transables internacionalmente. Nuestro diagnóstico es que el impulso de la demanda de consumo e inversión produjo un aumento de la inflación doméstica, pero en rangos que no requieren precipitar en 2022 una recesión sino constatar que sus causas desaparecieron en buena medida.

Se puede considerar decisivo, además, el argumento según el cual más vale tener ingresos que pierden temporalmente poder adquisitivo dentro de ciertos rangos -y que pueden ser compensados con transferencias en el caso de los grupos de más bajos ingresos- que una parte significativa de la población se quede sin ningún ingreso o muy bajos. Además, la caída agregada de ingresos alimenta una espiral recesiva que puede ser prolongada, pues menos compras provocan más despidos en sucesivos ciclos de flujos de ingresos. En todo caso, en el trimestre móvil noviembre-enero las remuneraciones reales no han disminuido sino crecido un 0,5%, a pesar de la inflación. Tal vez el Banco Central considera que esta variable debiera deprimirse, y por eso aumenta la tasa de interés una y otra vez. Si así fuera, se trataría de un error técnico y de un error social.

Por supuesto, la inflación debe ser controlada, pero en un horizonte de 3% en 24 meses. Esto es lo que se supone debe hacer el Banco Central según sus propias reglas, en vez de reaccionar según variaciones coyunturales de precios, especialmente cuando se originan en el exterior. Este es el caso de los fuertes aumentos de precios del petróleo y de los alimentos a los que estamos asistiendo, los que no se pueden impedir subiendo una y otra vez las tasas de interés.

Hay un balance necesario entre contención de la inflación y preservación del nivel de actividad y empleo, el que cabe atender con urgencia. El problema es que la ortodoxia chilena solo sabe combatir la inflación provocando recesiones inútiles y deprimiendo el empleo, como en 1999 y 2009. Esperemos que no sea el caso de 2022 y 2023.

¿Qué es ser socialista hoy día?

En estas semanas se elegirá en el PS una nueva dirección. Tal vez sea la ocasión para debatir sobre su desdibujada identidad y sobre la pérdida de la mitad de su caudal electoral, situación sobre la que también tenemos opinión algunos de nosotros que militamos por décadas en el PS y hoy estamos fuera de su orgánica. No nos reconocemos en ella ni por sus políticas ni por sus prácticas, pero mantenemos nuestras ideas socialistas y libertarias. Este texto reelabora en parte lo escrito tiempo atrás en una red de socialistas de dentro y de fuera de la orgánica.

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La vigencia del socialismo

La vigencia del socialismo perdura en el tiempo en tanto es un proyecto y un movimiento político plural contemporáneo que proviene del mundo del trabajo y de la cultura y que aspira a construir una sociedad en la que: 

1) se haga efectiva la libertad de cada cual en el respeto de la convivencia plural y equitativa en la sociedad; 

2) no exista la explotación económica de unos sectores sociales por otros y todos concurran según sus capacidades a crear y mantener un bienestar socialmente igualitario y ecológicamente sostenible, lo que requiere cambiar las estructuras que crean y reproducen desigualdades injustas e incitan la depredación del medioambiente; 

3) se hayan abolido las discriminaciones de género y cualquier otra discriminación arbitraria.

Ese es en lo esencial el horizonte igualitario y libertario que históricamente se ha propuesto proyectar universalmente el socialismo desde su nacimiento en el siglo XIX y que cabe actualizar periódicamente, en nuestro caso considerando el estado del mundo, de América Latina y de la sociedad chilena. ¿Está esta perspectiva obsoleta? En tanto perdure la desigualdad estructural y la depredación de los ecosistemas propios del capitalismo, las ideas socialistas mantendrán su vigencia.

No obstante, la historia del siglo XX y sus tragedias desdibujó la dimensión emancipatoria de la corriente socialista. El socialismo no puede ser sino libertario y rechazar siempre toda forma despótica de gobierno, junto a desprenderse sistemáticamente de lógicas burocráticas que busquen acaparar posiciones en el Estado al margen de la representación de la mayoría social. Cuando es auténtico, el socialismo solo acepta regirse por un régimen político que evite la opresión política de cualquier grupo de poder sobre la ciudadanía y en el que los gobernantes son revocables y se eligen por mayoría democrática y de forma periódica. Acepta, por tanto, la diversidad política y la alternancia en el poder, incluso a favor de sus adversarios. No se debe olvidar a Rosa Luxemburgo y sus premonitorias palabras desde la cárcel en 1918, poco antes de morir asesinada, al criticar a Lenin y Trotsky cuando disolvieron la asamblea constituyente recién elegida luego de la revolución rusa: “sin elecciones generales, una prensa no cohibida, la libertad de asociación y la libre lucha de las opiniones, la vida de toda institución pública desaparece, se convierte en una vida ficticia en la que la burocracia se mantiene como el único elemento activo. La vida pública comienza a adormecerse, unas docenas de líderes de partido, de energías inagotables e idealismos sin límites, dirigen y gobiernan, debajo de ellos hay una docena de cabezas sobresalientes que dirigen de verdad y una élite de obreros, convocada de vez en cuando a las asambleas, para aplaudir los discursos de los líderes, aprobar en forma unánime las resoluciones presentadas, es decir, en el fondo, una sociedad de camarillas – de hecho una dictadura, aunque no la dictadura del proletariado, sino la dictadura de un puñado de políticos - una dictadura en el sentido burgués puro, en el sentido del dominio de los jacobinos …. Se trata de una ley predominante, objetiva, una ley a la que ningún partido político podrá escapar”. 

Tampoco se debe olvidar a Eugenio González, que sostuvo desde los años 1940, anticipando la posterior "vía chilena al socialismo", que el socialismo es revolucionario por sus fines y democrático por sus métodos y que “no se puede llegar al socialismo sacrificando la libertad de los trabajadores, en cuanto instrumento genuino de toda creación revolucionaria y garantía indispensable para resistir las tendencias hacia la burocratización, la arbitrariedad y el totalitarismo”, pues “ningún fin puede obtenerse a través de medios que lo niegan: la educación de los trabajadores para el ejercicio de la libertad tiene que hacerse en un ambiente de libertad”.

Estas son definiciones medulares, por lo que en virtud de ellas el socialismo debe mantener lógicas y conductas democráticas en toda circunstancia y situarse a la izquierda del espectro político para avanzar en la superación del capitalismo oligárquico, aunque, desde su identidad, pueda pactar con otros sectores en circunstancias específicas. Y se decanta con un enfoque internacionalista siempre en contra de cualquier dictadura y a favor de la soberanía de los pueblos, privilegiando en el caso chileno la fraternidad latinoamericana.

Una historia de la que dar cuenta

Para algunos, el socialismo se asimila a la experiencia soviética, lo que es un error histórico. Ésta experiencia, a pesar de algunos méritos, colapsó en medio de una gran descrédito pues fracasó en dar una respuesta emancipatoria alternativa a la explotación económica y diseñó un sistema económico basado en centralizar las empresas en el Estado, eliminar toda propiedad privada de los medios de producción y establecer una determinación estatal de precios y cantidades en la producción de bienes y servicios a través de la llamada planificación central.

Esa centralización devino en un reforzamiento sin límites de la opresión política. Como previó premonitoriamente Trotsky al comentar los acontecimientos rusos de 1905 y criticar a los bolcheviques -a los que se unió sin embargo en 1917 para hacer posible la revolución obrera y campesina frente al derrumbe de la monarquía zarista- la idea del partido de clase que toma el poder en su nombre incuba el riesgo de pasar rápidamente a la dictadura del partido -y no de la clase que supuestamente representa- y finalmente a la dictadura del jefe del partido sobre el partido, sobre el orden político y sobre la sociedad. No otra cosa terminó haciendo Stalin en la Unión Soviética, y Trotsky a la postre cayó asesinado por el desvarío despótico del régimen que contribuyó a construir en un país sin tradiciones democráticas.

La estatización de la economía (en vez de su socialización), junto al nombramiento central de jefes de empresas (en vez de formas cooperativas y de control obrero, pues solo cabía la disciplina vertical) sujetos a un plan anual pero sin garantía de disponer de los recursos para cumplirlo, devino, salvo durante los períodos de guerra en que toda la producción se concentra en pocos objetivos, en una economía burocratizada e ineficaz. Se construyó un régimen económico de penuria, en la expresión del economista Janos Kornai, sin estímulos para permitir la innovación productiva y lograr una coordinación dinámica de los factores de la producción.

La conducta de los socialistas en Chile en materia política y económica después de la experiencia soviética nunca fue mejor enunciada que por Eugenio González en 1947: “la política inicial de socialización del poder económico se fue convirtiendo en una mera estatización que condujo progresivamente a un régimen de capitalismo de Estado, dirigido por una burocracia que ejerce el poder de forma despótica, sometiendo a una verdadera servidumbre a la clase trabajadora" escribió sobre la Unión Soviética, y agregó que "el socialismo revolucionario lucha fundamentalmente por el establecimiento de un nuevo régimen de vida y de trabajo en el que se den las mayores posibilidades de expansión de la personalidad humana. Medio indispensable para alcanzarlo es la socialización de los instrumentos de producción, de cambio. Pero en ningún caso acepta la estatización burocrática del poder económico, porque ello conduce necesariamente a la esclavitud política de la clase trabajadora". Los comunistas chilenos post Recabarren se alinearon con el estalinismo y la política del Estado soviético, no obstante se comportaron con un gran lealtad hacia Allende y su proyecto y mantuvieron una raigambre popular y obrera afincada en la cultura nacional. No siguieron a los chinos que rompieron en 1960 con la URSS ni al eurocomunismo de los años 1980. 

Los socialistas chilenos reafirmaron en los años 1950 las tradiciones libertarias para las que el socialismo debe ser democrático si no quiere desmentirse a sí mismo. Repensaron en Chile el proyecto político y la economía socialista mediante reformas estructurales en democracia, lo que Allende tuvo la enorme audacia de hacer con la consecuencia que sabemos con su original "vía chilena al socialismo", que la implacable guerra fría se encargó de aplastar en medio de la incapacidad para contrarrestarla de la izquierda chilena de entonces para construir una alianza estable entre los sectores populares y los sectores medios que defendiera la democracia y los cambios estructurales, lo que debía empezar por valorarla a cabalidad.

El intento de la Unidad Popular en 1970-73 tuvo una justificación histórica en el sentido de insistir en reformas estructurales indispensables, como la reforma agraria, la nacionalización de las riquezas básicas y el control del crédito para reorientar la economía hacia la satisfacción del consumo popular como nueva base de acumulación. Pero fue dubitativo en sostener una base productiva en funcionamiento en base a un área de propiedad social industrial y agrícola acotada y al no poner desde el principio y claramente el límite entre lo público, lo privado y lo cooperativo y mantener los incrementos salariales y el gasto público (desfinanciado, además, por una oposición que se negaba a subir impuestos desde el parlamento pero aprobaba los gastos) en niveles sostenibles en el tiempo, en medio de crecientes problemas de abastecimiento de bienes básicos. Releer los textos de Pedro Vuskovic durante y después de la UP, cuyas posiciones económicas se han deformado totalmente, es muy ilustrativo sobre el desorden que se fue incubando más allá de la voluntad del gobierno. Desde el PS y el MAPU (y desde el MIR fuera del gobierno) se tendió a actuar con el enfoque de que todo lo que fuera desplazar cualquier tipo de propiedad privada debía ponerse en práctica, porque eso era construir el socialismo. Este enfoque poco racional e inconsistente para consolidar el proceso de cambios contribuyó a polarizar la sociedad y desorganizar la economía, a la vez que facilitó la pérdida de la mayoría que la izquierda obtuvo en las elecciones municipales de 1971. No se logró enfrentar con este enfoque un boicot norteamericano y oligárquico implacable y económicamente muy dañino contra el gobierno de la Unidad Popular, el que, a la vez, careció de un apoyo soviético alternativo, pues éste estaba concentrado en Cuba y desconfiaba de las formulaciones democráticas del proyecto de Allende. La guerra fría fue el gran condicionante que frustró ese proyecto.

Hacia una democracia social moderna

Luego de la derrota y la masacre de la izquierda en Chile vino la necesaria reformulación en el proceso de rescate y renovación del socialismo, como lo llamó y conceptualizó Jorge Arrate: valorizar la democracia en toda circunstancia y afincarla en los territorios y en la base, ampliar las alianzas y plantear que la economía socialista no debe consistir en estatizar sino en socializar el excedente y las rentas de los recursos naturales, dinamizar la inversión estructurante, redistribuir ingresos y otorgar derechos económicos e ingresos básicos a toda la población. Sin excedente económico no hay dinamismo productivo de largo plazo. Una parte de él debe socializarse y orientarse a las inversiones en bienes públicos y mixtos (infraestructura, protección del ambiente, conocimiento, acceso a las redes digitales, educación, salud) sin los cuales la economía tampoco funciona o lo hace mal, mientras debe redistribuirse parte de las utilidades públicas y privadas y de los salarios para lograr el aseguramiento de la cobertura de riesgos sociales (desempleo, enfermedad, vejez sin ingresos) y la garantía del acceso a un empleo y a ingresos básicos. La capacidad productiva debe sostenerse mediante un sistema mixto de propiedad: estatal en áreas estratégicas, un fuerte sector de economía social y cooperativa junto a un sector privado con fines de lucro desconcentrado y regulado social y ambientalmente. Esto requiere de un Estado productor y regulador no clientelista y definir una condición asalariada con derechos, incluyendo el de participar en la definición de las condiciones de trabajo y en la orientación y las utilidades de las empresas cuando tienen fines de lucro.

Por otro lado, había que constatar que la planificación central de precios y cantidades funciona bien en situaciones de guerra (de hecho los estudios recientes muestran que la planificación soviética se inspiró de la planificación de guerra zarista), como también ocurrió en EE.UU en la segunda guerra mundial, en que la economía funcionó con un fuerte control de precios y cantidades producidas. Pero en situaciones normales la centralización no está en condiciones de gestionar la información requerida de manera adecuada y continua para realizar una planificación efectiva, incluso con las tecnologías de la información actuales, ni incentivar la innovación. Siguiendo a Charles Bettelheim, se debe dejar funcionar el sistema de precios y la competencia de mercado regulada en diversos ámbitos para asegurar, junto a una redistribución progresiva por vía de impuestos y transferencias, una asignación descentralizada de recursos en economías que hoy son tecnológica y organizacionalmente mucho más complejas que en los siglos XIX y XX. Y, agreguemos, organizadas en cadenas globales de valor en la manufactura de alta productividad, con sistemas de producción crecientemente digitalizados y robotizados, basados en la información y su procesamiento en grandes volúmenes con uso de inteligencia artificial. De paso, convengamos que el mercado siempre ha existido en las economías centralizadas, pero como mercado negro ilegal, por lo que no tiene sentido intentar suprimir los mercados sino que deben ser apropiadamente regulados para cautelar el interés general.

El proyecto de una "economía social mixta", que tiene esbozos en diversas experiencias, es ampliamente preferible al capitalismo de la desigualdad norteamericano, al capitalismo oligárquico ruso actual, al neocapitalismo chino y vietnamita (que sin embargo ha logrado éxitos notables en el cambio de la condiciones de vida de las mayorías) y al inmovilismo cubano, que recién está dando pasos hacia la racionalidad económica con grandes costos para la población, en medio de un inaceptable bloqueo norteamericano por décadas. Para no hablar de la Venezuela de Chávez-Maduro, que es un proyecto de poder en manos de una burocracia civil-militar que se aferra a la renta del Estado petrolero y ha provocado la emigración de millones de sus ciudadanos, proceso también agravado por las recientes sanciones norteamericanas. O de la dinastía de control omnímodo y autárquico de Corea del Norte, que produce hambrunas periódicas junto a una ambición nuclear persistente. Los socialdemócratas europeos, por su parte, se afincaron en la democracia representativa y buscaron adaptar el capitalismo regulándolo para expandir el bienestar de los trabajadores con dispositivos redistributivos, de seguridad social, de acceso a la educación y de incorporación de la mujer, en lo que lograron importantes éxitos, especialmente en Escandinavia, aunque más tarde fueron desdibujados por la deriva social-liberal de tipo blairista que acompañó una nueva ola de aumento de las desigualdades en el capitalismo contemporáneo.

La respuesta para renovar las esperanzas en un mundo más libre y más justo es insistir pacientemente en construir una democracia social participativa y paritaria que supere el control del poder por minorías oligárquicas y patriarcales. Esto requiere conformar un Estado social y democrático de derecho y una economía social mixta que reduzca y progresivamente termine con las desigualdades estructurales que provoca el dominio del capital sobre el trabajo (incluyendo sus modernas formas digitales) y con las depredaciones ambientales que derivan de la primacía del capital sobre la naturaleza y ponen en peligro a las nuevas generaciones. El socialismo económico es el que socializa democráticamente en beneficio colectivo las palancas básicas de la producción material y garantiza derechos sociales sin suprimir los mercados, burocratizar la economía o impedir la innovación, cautelando la eficiencia en la asignación de recursos y guiando la justicia en su distribución.

Y en la coyuntura, cabe seguir luchando por terminar de dejar atrás el estancamiento producido por un régimen político que desde 1990 no logró pasar el estadio de "democracia no soberana", a pesar del esfuerzo de muchos y de logros significativos en materia de libertades y derechos, de creación de empleos, de aumento de la esperanza de vida, de ampliación de la educación y de inversión social y productiva. En ese proceso prevalecieron los que hicieron de necesidad virtud y, en vez de seguir luchando por una democracia política y social plena,  se amoldaron al predominio oligárquico sobre la sociedad. Se terminó por consolidar por tres décadas la anulación de la voluntad mayoritaria en el sistema político. Esto fue fruto del dispositivo de senadores designados y del sistema de elección binominal y, luego de las reformas de 2005 y 2015, de la persistencia del resto de candados como los altos quórum de aprobación de la ley y un Senado y un tribunal constitucional de bloqueo. El objetivo oligárquico fue siempre hacer persistir una economía no suficientemente regulada, que alcanzó niveles inusitados de concentración, y un sistema de derechos sociales privatizados. Esto es lo que la mayor parte de la sociedad terminó rechazando radicalmente a partir de 2019. 

Y también es indispensable terminar de dejar atrás el deterioro progresivo de las prácticas políticas, incluyendo el clientelismo y el financiamiento ilegal de campañas por el poder económico y la resultante subordinación del sistema político a sus intereses. 

Estas tareas requieren ahora trabajar por la conformación y consolidación de una coalición de izquierda amplia que trabaje con consistencia, con el debido espíritu de crítica constructiva, por el éxito del gobierno de Gabriel Boric y la aprobación y puesta en práctica de la nueva Constitución.