jueves, 5 de septiembre de 2024

La actitud política del gran empresariado

En La Nueva Mirada

En el debate sobre el estado de la economía y la sociedad chilena, el gran empresariado oscila entre la oposición frontal al gobierno y frases altisonantes (“hoy somos más pobres que hace 10 años”). Incluso un reciente seminario de un grupo financiero se permitió denominarse “La urgencia de actuar”, invitando solo a un economista de derecha, a un ex jefe de la policía colombiana y …a la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei. Sin nadie del gobierno o partidario de él, para no romper la endogamia. Por supuesto, cada quien tiene derecho a hacer los seminarios que quiera e invitar a quien le plazca pero digamos que, dado que seguramente entre los accionistas del grupo y sus clientes no solo habrá personas de derecha, no es un enfoque demasiado prudente de comunicación corporativa.

Pero constatemos que alguien habrá actuado si todos los indicadores económico-sociales, sin excepción, revelan avances en la situación del país en la última década, aunque habrá a quienes les podrá parecer mucho o poco, haciendo la distinción necesaria entre juicios de hecho y juicios de valor.


Indicadores económicos y sociales, 2013-2023

Algunos hemos sostenido en diversos textos que el modelo económico “híbrido” chileno no es satisfactorio en diversos aspectos, especialmente en su dinamismo decreciente, la hiperconcentración de los mercados, la distribución desequilibrada de los ingresos entre utilidades y salarios y una limitada capacidad redistributiva de la protección social y del sistema de impuestos-transferencias. Y que la política fiscal en 2022 y la política monetaria en 2022-23 produjo una desaceleración económica que se podría haber evitado, fruto de un mal diagnóstico sobre las causas y alcances de la inflación, predominantemente externa, y la posterior desinflación desde 2021, política que el gran empresariado ha apoyado y de cuyas consecuencias ahora se queja. Recordemos, además, que la chilena es una economía dual de enclaves exportadores basados en recursos naturales que con frecuencia se sitúan en una frontera de alta productividad, acompañados por servicios modernos, pero combinados con producciones heterogéneas en condiciones promedio de menor productividad. Estas últimas constituyen el grueso del valor agregado y del empleo y en ellas predominan los servicios, que representaban el 69% del PIB y el 72% de la ocupación en 2023. Pero eso no debe impedir tener a la vista las evoluciones positivas de más largo plazo, como las que se consignan en el cuadro.

Uno de los indicadores más significativos en materia de progreso económico es el de la producción por hora trabajada. En Chile suele sostenerse que la productividad está estancada, medida por la diferencia entre la cantidad adicional de trabajo y de capital que explica los avances en la producción, en contraste con lo que no es explicado por ese incremento en el uso de los factores de producción. Desde los trabajos de Solow y otros esa diferencia se denomina «productividad total de los factores«, que en realidad es un residuo de significado conceptual discutible («la medida de nuestra ignorancia«, en la expresión de Abramovitz). Es además de difícil cálculo, en especial cuando se trata de medir el stock de capital y su amortización periódica y de medir el aumento de la calificación del trabajo, aproximada imperfectamente por los años de estudio promedio de quienes trabajan.



PIB por hora trabajada a precios constantes, índice 2013=100


Para evaluar la evolución de la productividad, algunos preferimos remitirnos a la producción por hora trabajada, que resulta de dividir el Producto Interno Bruto por el número de horas trabajadas en un año (dato más preciso que el número de personas que trabajan).  Esto resume el aporte del trabajo calificado y no calificado, del capital acumulado y del progreso técnico en el resultado de la producción. Si se produce más por hora de trabajo, se refleja sin ambigüedades que ha aumentado la productividad agregada de la economía.

El cuadro reseña la información extraída de la base de datos de la OCDE para conjuntos de países y algunos países individuales. Se observa que quien lleva la delantera (no hay datos para China) tanto en el período 2013- 2019 y luego en la crisis de la pandemia y su salida en 2020-2022, es Corea del Sur, un país con un desempeño económico sobresaliente (y a la vez con un coeficiente de desigualdad de Gini de 0.33, uno de los más bajos del mundo, en vez del 0.40 de Estados Unidos y el 0.45 de Chile, siempre según la OCDE). En 2013-2019, el desempeño de Chile es más que honorable, similar al del promedio del G7, los siete países más relevantes de más altos ingresos por habitante (Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia). La evolución comparada en la crisis y salida de 2020-2022 sitúa a Chile en una progresión notoria y superior a la del promedio del G7. Y es también, en esta etapa, superior a la de Estados Unidos. Entretanto, las brechas de productividad media del trabajo siguen siendo muy amplias con los países de altos ingresos (la producción por hora trabajada de Chile representa menos de la mitad que la del G7).

En suma, aunque debiéramos mirar más a los modelos asiáticos, la brecha de producción por hora trabajada de Chile con los países de más altos ingresos se ha acortado, y no ampliado, en la última década, aunque esto no sea del gusto de los críticos neoliberales y del gran empresariado, embarcados -los unos por razones ideológicas y los otros por la defensa de sus intereses estamentales de corto plazo- contra todo lo que implique una política industrial activa, mejores servicios públicos, una redistribución social y mayores restricciones ambientales, que en su visión se supone atentan contra la eficiencia y la productividad, aunque la evidencia diga todo lo contrario. Los países con mayor bienestar son los que cuidan la equidad y la sostenibilidad.

Desenlace en Francia

El presidente Emmanuel Macron nombró a un primer ministro de derecha, Michel Barnier, un conservador que fue parlamentario, ministro de Chirac y Sarkozy y ocupó altos cargos en la Unión Europea. Tomó posición en el pasado a favor de la "inmigración cero" planteada por Jean Marie Le Pen y votó, en su momento, en contra de la despenalización de la homosexualidad en la Asamblea Nacional.

Este nombramiento viene más de dos meses después que los apoyos de Macron quedaran como tercera fuerza con 22% de los votos en la primera vuelta de las elecciones anticipadas de la Asamblea. Estas fueron convocadas de manera sorpresiva y arriesgada por Macron, luego de la derrota del partido presidencial (15%) frente a la suma de la extrema derecha (37%) y la suma de los 4 partidos de izquierda (32%) en las elecciones europeas del 9 de junio. En el particular sistema político francés, de tipo semi-presidencial, es el presidente el que nombra al primer ministro, sin necesariamente contar con la aprobación de los diputados, como ocurre en los sistemas propiamente parlamentarios del resto de Europa. El primer ministro puede incluso, en este caso, aprobar leyes sin voto en el parlamento, como ocurrió con la reforma de las pensiones (no para reemplazar el sistema de reparto sino para retrasar la edad de jubilación en el marco de ese sistema) pero, a la vez, puede ser destituido en cualquier momento por una mayoría de diputados a través de una moción de censura. Los diputados se eligen en distritos uninominales, en dos vueltas entre los que reúnen más de 12,5% del electorado, siempre que nadie obtenga el 50% en la primera vuelta. La izquierda había nombrado a un candidato común por distrito, lo que Macron calculó no ocurriría al disolver la Asamblea, y pasó a ser la primera mayoría relativa en escaños luego de la segunda vuelta, relegando al macronismo a ser la segunda fuerza parlamentaria y la extrema derecha la tercera. Esta obtuvo en conjunto un 35% de los votos en la primera vuelta del 30 de junio, pero solo un 25% de los escaños en la Asamblea en la segunda vuelta del 7 de julio, lo que ocurrió porque la izquierda y el macronismo llamaron a votar por el mejor situado, incluso si fuera de derecha, para derrotarla. Es lo que se conoce como el "frente republicano", que permitió a la izquierda y a las "fuerzas centrales" de Macron superar a la extrema derecha. El Nuevo Frente Popular de izquierda sumó en esa primera vuelta un 31% de los votos y finalmente el 32% de los escaños, mientras el macronismo logró solo un 22% de los votos y un 29% de los escaños. A ese resultado contribuyeron las políticas de regresión social de Macron, muy resistidas, en nombre de aumentar la competitividad de Francia. El presidente desde 2017 -una figura liberal centrista con rasgos individualistas que estuvo asociado al Partido Socialista después de pasar por la banca y que fue ministro de Economía de François Hollande- terminó de consagrar la deriva conservadora de los últimos siete años. Esta ha incluido rebajas de impuestos a los más ricos, desregulaciones laborales, endurecimientos frente a la inmigración y restricciones al acceso a las pensiones y al seguro de desempleo, junto a políticas liberales como consagrar en la constitución -por primera vez en el mundo- el derecho al aborto. El macronismo se constituyó en la elección presidencial de 2017 con expresiones de la derecha tradicional, como la del ex primer ministro Édouard Philippe, o provenientes antes de esa fecha del Partido Socialista, como el primer ministro saliente Gabriel Attal (hoy jefe del grupo parlamentario macronista).

Ahora Macron ha establecido una suerte de alianza precaria entre el centro, la derecha y la extrema derecha. Se había negado a lo más esperable: dar curso a la nominación como primer ministra de Lucie Castets, propuesta por el bloque de izquierda compuesto por socialistas, "insumisos" (escindidos del PS en 2008), ecologistas y comunistas que, si bien ha logrado más escaños que el resto de bloques de partidos, está lejos de la mayoría (182 de 577, 193 con independientes). La opción de la izquierda ha tenido en contra la hostilidad de Macron y el argumento de que sería censurada a poco andar por una pinza entre el bloque presidencial (166 escaños), el de Marine Le Pen (142 escaños) y el de la derecha tradicional (47 escaños).

No llama tanto la atención que el primer ministro no sea nombrado entre el primer grupo de partidos emergido de la elección, pues eso puede ocurrir en los sistemas parlamentarios cuando nadie obtiene la mayoría absoluta. Es el caso de España, por ejemplo, donde gobiernan los socialistas del PSOE y no el PP de derecha, que logró más diputados pero sin conseguir una coalición mayoritaria. Lo que llama la atención es que se nombre a un representante del cuarto bloque político en número de diputados (quinto entre los partidos individuales), la derecha tradicional, con solo un 10% del electorado y de los escaños, aunque controla un Senado sin potestades equivalentes a la Asamblea. Es el precio a pagar por la anuencia de la extrema derecha, al menos inicial, al nuevo primer ministro.

Con su decisión, Macron ha roto el "frente republicano" al nombrar al conservador Barnier, que no participó del bloqueo a la extrema derecha ¿Será esta una nueva coalición que permita a Macron terminar su mandato en 2027? ¿O es una maniobra de corto plazo que no permitirá evitar nuevas crisis y una nueva elección parlamentaria en 10 meses más, cuando el presidente puede volver a disolver la Asamblea? La palabra la tendrá la extrema derecha.

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