El acuerdo CODELCO-SQM sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama

Señalo de partida que me cuento entre los que creen que SQM nunca debiera haber sido privatizada entre 1983 y 1988, y menos entregada a bajo precio a un yerno del dictador. En contraste, la presión militar sobre Pinochet dejó la también nacionalizada CODELCO en manos del Estado por razones estratégicas, a pesar de la presión privatizadora de los Chicago Boys y los diversos grupos de interés.

SQM fue creada en 1968 con participación de 37,5% de la CORFO en su propiedad, con el monopolio de la explotación y comercialización del salitre. SQM fue nacionalizada al 100% en 1971 por el gobierno del Presidente Allende, como parte de su programa de recuperación de las riquezas básicas. Luego de la privatización al terminar la dictadura, los derechos de explotación de SQM abarcan pampas calicheras y salares de las antiguas oficinas salitreras de las regiones de Tarapacá (Nueva Victoria) y Antofagasta (Oficina María Elena, Coya Sur, Oficina Pedro de Valdivia, Pampa Blanca, Salar de Atacama, Salar del Carmen y Yumbes). La Oficina Alemania fue cerrada en 1976 y la Oficina Victoria en 1979. La compañía se especializó en nitrato de sodio de origen natural y nitrato de potasio (hoy usado en aplicaciones de fertirrigación), yodo, cloruro de potasio, ácido bórico y cloruro de magnesio. El nitrato de sodio y el nitrato de potasio son las sales que se usan de materia prima en las plantas termo solares y el cloruro de magnesio es utilizado para el deshielo en caminos. En 1995 inició la extracción de carbonato de litio como subproducto de salmueras en el salar de Atacama, luego de obtener un contrato temporal de CORFO para ese fin. Hoy es el principal productor del mundo y su contrato actual termina en 2030. El litio había sido declarado por ley como recurso estratégico, pues se asumía que era un componente necesario de la energía nuclear, y dejado fuera de las concesiones mineras, que son una cuasi-privatización dado lo establecido en la Constitución de 1980 y en la ley de concesiones mineras. A partir de 1990 se debiera haber buscado su restitución al Estado, pues la privatización de SQM fue realizada a precios subvalorados en medio de un evidente tráfico de influencias. Esa es una dimensión que sigue sin resolverse ante la sociedad. Más aún, a ese problema de origen los controladores, la familia Ponce Lerou, agregaron en la década pasada un intento de comprar el sistema político para favorecer sus intereses, además de abusar de accionistas en la bolsa con el llamado esquema de "cascadas", parte de lo cual todavía se ventila en tribunales. También está en tribunales la negativa de SQM de pagar la regalía minera, que considera no la involucra, por un valor de 933 millones de dólares en 2022. La suma de estos cuatro hechos es más que suficiente para instar amablemente la salida de esa familia de la propiedad de SQM, por incompatibilidad de su conducta con el interés nacional en un empresa estratégica para el país. El acuerdo CODELCO-SQM recién suscrito para operar de manera conjunta en el Salar de Atacama hasta 2060, con mayoría accionaria de la cuprífera estatal de 50% más una acción, no debiera impedir que ese objetivo se cumpla, aunque el control estatal sería efectivo recién a partir de 2030, dado el contrato vigente. La transformación del litio en un componente clave de una de las tecnologías (baterías de ion-litio) para el almacenamiento temporal de electricidad, dio un nuevo impulso a la extracción de este mineral no metálico en el contexto del auge de la electromovilidad. Esta fue altamente rentable en 2022, aunque mucho menos en 2023, dada la normalización del precio. Lo fue para SQM, claro, además de para la empresa química transnacional Albemarle, con sede en Estados Unidos, que tiene el segundo contrato de extracción hasta 2043 en el Salar de Atacama, uno de los lugares de menor costo de producción en el mundo (litio hay en muchas partes). Dado que esa ventaja es del país, no de las empresas a las que se otorgan derechos de explotación del recurso, también lo fue para el Estado de Chile, que había negociado en Bachelet II una regalía específica para el litio más favorable que la vigente para la minería.

Esta regalía minera se había establecido, luego de un primer rechazo por la oposición, en el gobierno de Lagos en 2003, modificada luego por Piñera I y mejorada ahora por el gobierno de Boric. Esto resultó de una difícil negociación, pero es aún una sexta parte de lo que se debiera transferir al dueño (del orden de 3% del PIB, según establecía el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados en 2020) por concepto de renta de recursos escasos que no pertenecen a privados sino a la colectividad, dado el peso de la gran minería privada en el parlamento. Este sistema recaudará desde 2024 menos de 0,5% del PIB, considera mantener exenta de regalía la pequeña minería (menos de 12.000 toneladas de producción) y establece para la mediana minería (menos de 50.000 toneladas) una tasa progresiva de 0,4% a 4,4% según la producción anual. En la gran minería (sobre 50.000 toneladas), y para aquellos explotadores cuya producción incluya más de un 50% de cobre, habrá un componente de regalía de un 1% del valor de lo producido más una tasa progresiva sobre el margen operacional de entre 8% y 26% según su magnitud. Se establece un límite de carga máxima potencial de 46,5%, lo que no tiene ningún sentido, pues la lógica de la regalía es gravar más cuando los precios y las rentas son altos. Fue parte del precio a pagar por la aprobación en el parlamento. Este techo se reduce a 45,5% para los explotadores con producción promedio en los últimos 6 años menor a 80.000 toneladas. Unos US$ 450 millones irán a regiones y comunas y el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo contará con US$225 millones que serán distribuidos a los gobiernos regionales para proyectos de inversión productiva. SQM se niega a pagar esta regalía.

Por su parte, el acuerdo sobre el litio no zanja este tema (está en tribunales) e implica que SQM no sale en 2030 del salar y prolonga su presencia por contrato con el Estado en 30 años más. Allí se extrae litio, sulfato de potasio, cloruro de potasio, silvinita, bischofita y otras sales de descarte. A cambio, SQM cede la mitad de la propiedad de la filial que extrae litio en el Salar de Atacama y la totalidad de sus derechos en el salar de Maricunga. La discusión sobre el valor actual de los flujos futuros de esa filial conjunta, un guarismo difícil de precisar sin grandes márgenes de error, debe haber presidido las negociaciones, así como la discusión sobre el valor del recurso y sus métodos de cobro por el Estado. Reiteremos que, a través de CORFO, pertenece a todos los chilenos. Las otras filiales en que se divide SQM seguirán extrayendo caliche y yodo en Nueva Victoria, yodo en Pedro de Valdivia y nitratos en Coya Sur y Pampa Calichera. En el corto plazo, CODELCO recibe ingresos por una parte de las toneladas de litio extraídas hasta 2030. El precio de referencia de largo plazo del litio negociado es uno de los factores claves para el período 2030-60. La renta bruta que obtendría SQM a partir de 2031 sería del orden de 15%, considerando que el Estado se quedaría con el canon de arrendamiento a CORFO, el impuesto a la renta, el royalty minero y la mitad de las utilidades vía Codelco, con el mencionado precio de referencia. Pero esto es incierto, especialmente si el precio es mayor. CODELCO se queda, por otra parte, con las pertenencias de SQM en el Salar de Maricunga, menos rentable, pero en el que la empresa estatal ya está desarrollando proyectos de extracción y compró recientemente activos en manos de privados que le permitirían desarrollar de manera autónoma un segundo distrito amplio de extracción de litio. El paso más adelante debiera ser la creación de una filial litio en CODELCO y su posterior transformación en Empresa Nacional del Litio, capaz de abordar nuevos desarrollos tecnológicos y asociaciones para su elaboración industrial sostenible.

Un cierto escepticismo con el acuerdo, por nuestra parte, nace del hecho que CODELCO tiene intereses corporativos de empresa y puede no representar de manera suficiente el interés nacional. Actualmente tiende a creer que no es la principal empresa estatal chilena sino una empresa "global" como cualquier otra y que debe estar en manos de sus ejecutivos, ojalá sin estar sujeta a transparencia ni control efectivo. Su dueño, la ciudadanía, tiene derecho a saber como se lleva adelante su gestión y cuáles son sus proyecciones futuras de ingresos y de aportes al desarrollo sostenible nacional, solo con la excepción de alguna información estratégica puntual. Cabe recordar lo negativo para el país de la estafa en los años 1990 en las operaciones de mercados a futuro y de los negocios de CODELCO con una empresa China entre 2005 y 2006, en donde se comprometieron valores de venta de cobre de la mina Gaby por 15 años que fueron superados ampliamente por el valor posterior de mercado, con una gran pérdida para el Estado. Y que CODELCO no ha sido en absoluto eficiente en la última década, pues ha disminuido su producción de una manera ostensible, bajo un esquema de gobierno corporativo "autónomo" bastante absurdo. Y cabe recalcar que en la negociación no obtuvo el control de SQM desde ahora, sino solo en 2030, lo que fragiliza el acuerdo. Y recordar que SQM ya ha recibido sanciones en Estados Unidos por su conducta de corrupción y en Chile por infringir la ley de valores y por daños al ambiente en el Salar de Atacama, con multas aplicadas recientemente por la Dirección General de Aguas. El parlamento tendrá ahora la palabra, para ver si CODELCO sigue o no sin responder ante casi nadie y si SQM puede seguir con sus prácticas inaceptables en una sociedad decente.