jueves, 30 de noviembre de 2017

La condonación del CAE para el 40% de las familias de menos ingresos



El senador electo de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, sostuvo, según reseña la prensa de hoy, que la propuesta de Alejandro Guillier sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado "se parece más a la propuesta de Piñera que a la nuestra. Siento que no le está hablando al electorado del FA" y que "les hablamos a miles de jóvenes y sus familias que están endeudados por el negocio de la educación superior, de los bancos, etc. Guillier las puede recoger, puede decir, mira me parece o puede decir los plazos en que él pretende abordar, puede que no sean los mismos que nosotros, que el FA. Eso está en mano suya pero por lo menos que las recoja".

La apreciación es un poco desconcertante: Piñera propone algo bien distinto a la condonación parcial y eventualmente temporal propuesta por Guillier para los deudores del CAE pertenecientes al 40% de familias más pobres. Piñera plantea un esquema general que incluye mantener una tasa de interés de 2% y un plazo máximo de pago de quince años, mientras Guillier plantea la mencionada condonación y para los que pertenecen a las familias del 60% de más altos ingresos en la sociedad una tasa de interés del crédito de 0% de interés y 10 años máximo de pago. ¿Cómo va ser lo mismo? Tal vez la interpretación surge porque Piñera también plantea que los bancos salgan del nuevo sistema de crédito para los que no accedan a la gratuidad en la educación superior y un esquema de pago de 0% a 10% del salario según la condición económica, lo que Juan Ignacio Latorre convendrá se parece a una mera concesión frente a su rechazo a la gratuidad, sin precisar mucho, además, los mecanismos de aplicación.

Pero no olvidemos lo principal. Piñera estuvo por dejar en el 50% de familias de menos ingresos la gratuidad de la educación superior y por no aumentarla a 60% en 2018 ni en el futuro. Luego se abrió a aumentarla por presión de Ossandón. Guillier se comprometió, en cambio, a aumentarla a al menos el 70%.

Pero el Frente Amplio insiste en la condonación total del CAE, con un costo de 8 mil millones de dólares, financiado con una tributación adicional al 2% más rico. Buena idea, que más bien debiera traducirse técnicamente en un aumento tanto de la tasa marginal del impuesto a la renta, que la reforma tributaria del actual gobierno bajó equivocadamente al 35% (recordemos que en 1990 era de 50%) como del Impuesto Territorial a las pocas propiedades inmobiliarias de muy alto valor. Pero esos recursos adicionales van a competir, por ejemplo, con el aumento del gasto en I+D en dos puntos de PIB para aumentar la productividad y la innovación; con el fortalecimiento de las Universidades estatales y la creación de Centros de Formación Técnica estatales en condiciones de gratuidad; con el aumento del gasto en infraestructura productiva y social restringiendo el sistema de concesiones que beneficia desproporcionadamente a sus operadores privados; con el aumento de las pensiones solidarias (recordemos que hoy son de 104.646 pesos al mes) en al menos otros dos puntos de PIB; con el fin del copago de las familias en el sistema escolar subsidiado (que permanece según la normativa actual hasta el año 2050) y la inyección de recursos en las escuelas públicas en todo el territorio; con la creación de un nuevo sistema de protección de la infancia para terminar con los abusos en el Sename; con el aumento de profesionales de salud y especialistas en el nivel primario y hospitalario para bajar urgentemente los tiempos y las listas de espera en la atención de salud, y así sucesivamente.

Que a los jóvenes profesionales que salen del 40% de menos ingresos se les pida que contribuyan a pagar una parte de su educación no es neoliberalismo ni piñerismo, sino apenas un poco de sentido de solidaridad. Los estudiantes graduados que por recibir educación vayan logrando mayores ingresos y estén en condiciones de contribuir a que otros estudien están llamados también a ser parte de un sistema de solidaridad basado en la progresividad de los aportes según los niveles de ingresos. Probablemente tenga sentido homologar la línea de pago a partir del 30% más rico hacia finales del próximo gobierno tanto la gratuidad como la exención de pagos del CAE y del fondo del crédito solidario, si los recursos van estando disponibles por el crecimiento y por los cambios tributarios de la reforma reciente y otros que resulten necesarios. No sé si afirmar esto es escuchar o no a los electores del Frente Amplio, pero si estoy seguro que estos son -como la gran mayoría de los chilenos y chilenas- solidarios y que aprecian que los cambios se hagan de modo de modo equitativo y progresivo para que perduren en el tiempo.

miércoles, 29 de noviembre de 2017

Piñera promete 600 mil empleos: algo no calza



En el gobierno de Piñera, entre marzo de 2010 y marzo de 2014, se crearon, según los datos del INE, un total de 969 mil empleos, con un crecimiento de 14% del volumen de empleo en el período. El empleo se crea básicamente según aumente la producción. El PIB, según el Banco Central, aumentó en 22.8% en el gobierno de Piñera. La elasticidad producto/empleo (es decir, en la jerga del análisis económico, los empleos creados por cada unidad adicional de producto) fue de 0.61, una cifra superior al promedio de más largo plazo, que ronda por el 0.5.

En el gobierno de Michelle Bachelet (para hacer posible la comparación de cuatro años tomamos el tercer trimestre de 2013 y el tercer trimestre de 2017, última cifra disponible) se han creado 531 mil empleos, es decir crecieron en 6.8%. La economía creció en el mismo período en 7.9%. Por tanto, la elasticidad empleo/producto subió a 0.86. Dicho con otras palabras, el crecimiento se hizo más intensivo en empleo.

Paréntesis: parece una buena cosa que se creen más empleos para cada unidad del crecimiento de la producción. Y lo es, ciertamente para las personas que han conseguido empleo. Pero, de nuevo para el análisis económico, ¡esto representa una caída de la productividad del trabajo! Se necesita más trabajadores para producir lo mismo. Decida usted cuál de las dos caras de la moneda le parece más satisfactoria. Lo razonable es sostener que en el corto plazo y en la parte baja del ciclo, por ejemplo cuando la economía chilena ha sufrido un fuerte choque externo como con la caída del precio del cobre entre 2012 y 2016 y un desplome de la inversión minera durante todo el gobierno de Michelle Bachelet , por razones estrictamente externas que nada tienen que ver con las reformas, es bueno que el empleo no se haya resentido en demasía. Y a pesar de que el crecimiento anual promedio del PIB bajó a menos de la mitad. En el largo plazo, más vale aumentar la producción por trabajador, porque así se incrementa la posibilidad de ampliar los ingresos de la mayoría. Esta posibilidad es mayor si existen mecanismos no asimétricos de negociación salarial periódica entre empleadores y trabajadores y además mecanismos redistributivos a través del sistema de impuestos-transferencias, y menor si no existen..

Sigamos. Piñera ha dicho que el empleo en su eventual futuro gobierno va a crecer en 600 mil empleos. Aclaremos en primer lugar que el empleo público (plantas y contratas) es el 3% del empleo total, de modo que no va a ser el gobierno el que va a crear esos empleos, sino los demás agentes económicos, es decir básicamente las empresas y las familias. Piñera ha dicho que durante su eventual futuro gobierno la economía crecerá más o menos como durante su gobierno de 2010-14. Con una elasticidad producto/empleo de 0,5%, se debieran crear unos 900 mil empleos, y no 600 mil. Entonces pueden estar pasando dos cosas: o bien Piñera calcula una fuerte caída de la intensidad de la creación de empleo, respecto de lo cual no se avizoran factores que la justifiquen, o bien sus cálculos reales de crecimiento son muy inferiores. Sería interesante que se nos aclarara este punto, porque si no se debe concluir que la promesa de reactivación de la economía por arte de magia ni siquiera está considerada en sus propios cálculos. La economía se reactiva en el corto plazo, cuando hay capacidad ociosa de producción, aumentando la demanda interna, y en el largo plazo aumentando esa capacidad de producción con más inversión pública y privada. Nunca por arte de magia.

martes, 28 de noviembre de 2017

El discurso de Guillier del 27 de noviembre



En su discurso anoche Alejandro Guillier avanzó en sus definiciones: nueva constitución con convención constituyente y plebiscito si el Congreso la rechaza; reconocimiento de pueblos indígenas; condonación del CAE a 40% de familias más vulnerables; 80% de gratuidad en educación superior en su gobierno y 100% en educación superior técnica; 3% de cotización de salud para fondo universal en salud primaria (que habrá que articular con las garantías GES-AUGE para las patologías que requieren atención hospitalaria); fin del monopolio de AFP en pensiones y nuevo sistema contributivo solidario, junto a varios otros temas (comentario: no encuentro en internet en ninguna parte el texto del discurso que escuché anoche en el teatro para difundirlo; ¡plop!). Con esto se configura un camino de cambios para cuatro años muy sustancial.

Hay quienes dicen que serán oposición de todas maneras a cualquier gobierno futuro. ¿Como así? ¿También a estas medidas? ¿Renuncian a gobernar o a influir en el gobierno? No puedo creerlo.

Me da la impresión que sigue habiendo más bien una explicable desconfianza con los liderazgos que en el pasado reciente han señalizado para un lado y luego girado para el opuesto. Esa actitud de desconfianza es comprensible.

Solo llamo la atención que abstenerse es todo lo contrario de actuar y avanzar. Y que lo importante es hacer los balances para construir para adelante, en un contexto en que la derrota electoral de los emblemáticos de las posturas de la Concertación más conservadoras y acomodaticias con los poderes fácticos y los privilegios es evidente (Ignacio Walker, Andrés Zaldívar, Camilo Escalona, Osvaldo Andrade), que en la DC están primando posturas progresistas o al menos decantándose posiciones y que el Frente Amplio estuvo a dos puntos de pasar a segunda vuelta y tiene una bancada de parlamentarios más numerosa y sólida que los parlamentarios díscolos del pasado. Estas nuevas condiciones hacen posible -junto al avance en la sociedad de la idea de una nueva etapa de avances tranquilos sin vetos de los poderes fácticos- que las propuestas de Alejandro Guillier no sean palabras que se lleva el viento sino una plataforma de cambios efectivos y factibles. Que se hagan realidad no dependerá del espíritu santo ni de profecías ancestrales sino que requerirá primero ganarle a Piñera y estructurar después una agenda gubernamental y legislativa que avance desde el primer día en la dirección delineada ayer y la que emerja de futuros acuerdos y compromisos de todas las fuerzas progresistas. O sea de todos los que no están con la derecha, cada cual en sus respectivos roles y posiciones, pero cooperando y poniendo por delante en la acción política cotidiana lo principal respecto a lo secundario. Con un mínimo de buena fe y de confianza.

martes, 21 de noviembre de 2017

Los dilemas de la mayoría

En Voces La Tercera

La derecha obtuvo un 44,5% en la elección presidencial, lo que reitera su condición de minoría en la sociedad y también en la esfera electoral y en el parlamento, aunque haya aumentado levemente en la elección del 19 de noviembre su representación. Esto, dicho sea de paso, revela que sus temores poco democráticos de avanzar hacia un sistema proporcional eran infundados, como lo son sus temores con una asamblea constituyente de la que emane una nueva constitución. La tríada de posturas que la caracteriza -con variantes mayores o menores- de autoritarismo como modo de resolver los conflictos, de libremercadismo que lleva a la concentración del poder económico y de conservadurismo cultural que lleva a la intolerancia, no tiene el apoyo mayoritario de la sociedad.

No es una opción de mayoría en Chile, por ejemplo, querer resolver la violencia rural en los territorios mapuches llevando tanques ni, en los diversos planos en los que la sociedad enfrenta conflictos, reemplazar la lógica del diálogo por la de la imposición, ni actuar con firmeza contra la delincuencia sin intervenir sustancialmente en paralelo sobre sus causas, incluyendo una de las desigualdades más amplias del mundo.

No es mayoría reducir al Estado en la regulación económica a un rol todavía menor que el actual. Al revés, que el Estado cumpla un rol estratégico en una economía mixta, en particular aumentando la inversión pública en los territorios y en su tejido productivo para que se acelere el crecimiento y que este sea sostenible con una más rápida transición a las energías limpias que el país posee en abundancia, le parece a la mayoría un mejor modelo económico que el libremercadismo. Esto no es, por lo demás, en absoluto contradictorio con un marco de responsabilidad fiscal. Y no es tampoco mayoritario en la sociedad pensar que la manera de crear más empleos decentes y de mejorar los salarios para que todas las familias sigan avanzando sea, como plantea la derecha y el gran empresariado, disminuir los derechos de los trabajadores y los de los usuarios y consumidores. Al contrario, en muchas partes del mundo se ha demostrado que son compatibles y que, con buenas políticas, terminan alimentándose mutuamente.

No es mayoría en la sociedad mantener una salud dual, sino más bien apoyar una mayor protección de la salud de las familias con una integración de las cotizaciones para un acceso universal a las emergencias y a la salud primaria, primero, con más centros de salud, más especialistas y equipamiento para terminar con las listas de espera, y más adelante con un sistema de protección integral que cubra también la atención hospitalaria, expandiendo el sistema GES-AUGE. El país necesita una salud pública y privada que estimule a las familias a mantener conductas saludables y fortalezca la prevención. Y que también atienda a los ciudadanos de manera oportuna impidiendo que la cobertura de los seguros privados de salud siga basada en la letra chica y las exclusiones y protegiendo suficientemente a todas las familias ante las enfermedades, haciendo complementarios y no obligatorios los aportes a las Isapres.

No es mayoría en la sociedad mantener un sistema previsional que no asegura pensiones dignas y no agradece el esfuerzo de las generaciones que han contribuido a Chile con su trabajo. Si es mayoritario apoyar un mayor esfuerzo tributario y presupuestario para subir la pensión básica solidaria y extenderla a más familias, y a partir de ese piso complementarlo con un sistema que financie con las cotizaciones obligatorias sobre los salarios las pensiones futuras según los ingresos ganados y los años y meses cotizados, con aportes solidarios a las lagunas de empleo y a las mujeres. La cotización a las AFP debe dejar de ser obligatoria y ser solo voluntaria y complementaria. Las AFP deben salir del ilegítimo lugar que ocupan en la seguridad social.

Es mayoría en la sociedad mantener el esfuerzo solidario de aumento del acceso a la educación y no volver atrás en los avances en la gratuidad de la escuela y de la educación superior técnica y universitaria. La derecha postula, en efecto, volver a un esquema de endeudamiento de las familias y de los futuros profesionales, en vez de avanzar a un sistema de financiamiento sustentado en tributos progresivos, en el que los que más tienen contribuyen a la educación de los que menos tienen, pues bien sabemos que la educación tiene un costo importante si queremos que sea de calidad. Y es mayoritario ampliar las oportunidades educacionales de las nuevas generaciones y afianzar una educación pública en la que no se ejerzan discriminaciones en la enseñanza y la investigación por creencias particulares.

Es mayoritario, además, avanzar al matrimonio igualitario y fortalecer los derechos de la diversidad sexual, en vez de la búsqueda de imponer a la sociedad posturas conservadoras por encima de la voluntad colectiva de reconocer y respetar los derechos individuales en materia de opciones de vida.

Y también es mayoritaria en la sociedad la idea que Chile necesita nuevas instituciones que emanen del pronunciamiento ciudadano para que el país avance en temas como el reconocimiento de derechos sociales al margen del mercado, en las libertades y la separación de los poderes, en un gobierno semipresidencial que asegure coaliciones mayoritarias y estables de gobierno, en la descentralización, en la consagración de una función pública profesional y austera que sustente con eficiencia los servicios públicos y termine con el clientelismo. Esto solo lo podrá lograr una nueva Constitución, en acuerdo con el nuevo parlamento y con representantes directos de los ciudadanos para este efecto, para que esté representada la voz de los ciudadanos y ciudadanas de todos los rincones de Chile en las nuevas reglas del juego del siglo XXI.

Estas ideas son mayoritarias en Chile. Nos lo demostró la elección del 19 de noviembre. Es ahora deber de las representaciones políticas que se identifican con ellas tomar nota del veredicto de las urnas y aunar esfuerzos para evitar que la derecha, más cohesionada y consciente de sus intereses, vuelva al poder por una división que lleve a la desmovilización y la derrota de una mayoría social que no comparte ni sus ideas ni sus intereses. Estas representaciones están hoy divididas por la historia reciente, por intereses de grupo y de capilla. En especial se ha producido un quiebre que adopta equivocadamente ribetes generacionales por las prácticas políticas condenables que se instalaron en décadas de ejercicio del poder por los partidos democráticos, algunos de cuyos miembros se subordinaron al poder del dinero en una transición que terminó por alejarlos de la sociedad y de los intereses mayoritarios. No es aceptable que persista, en particular, una seguridad social, una salud y una educación privatizadas como en ninguna parte del mundo, con excepción de Estados Unidos en materia de salud. El compromiso con la erradicación de la corrupción y el clientelismo debe ser el primer principio de un nuevo pacto de gobernabilidad progresista que recupere la confianza ciudadana. Y también de un pacto de gobierno entre los que estén dispuestos a enfrentar la siempre difícil pero ineludible tarea de encabezar las instituciones públicas para transformar a Chile, salvo que se prefiera la siempre más cómoda posición de la vereda de enfrente sin asumir compromisos distintos que la sola queja, por justificada que sea, sobre lo existente, o situarse en la inconducente lógica del todo o nada. Concordar tareas comunes para los próximos cuatro años, desde el gobierno y/o el parlamento, entre la Fuerza de Mayoría, el Frente Amplio, la DC y otras expresiones no derechistas es un deber para con la mayoría social que sigue aspirando a una sociedad más libre y más justa.

jueves, 9 de noviembre de 2017

Los candidatos


Luego de los diversos debates, y el más reciente en televisión, cada cual tiene, probablemente, su guía de evaluación de candidatos. La mía incluye una trilogía: lo que el candidato/a dice, desde dónde lo dice y de qué manera lo dice.

En efecto, lo que el candidato/a dice y enuncia parece ser lo primero que debe tenerse en cuenta, en tanto refleja su visión de mundo y sobre los desafíos del país, es decir los programas que sustentan la candidatura.

En mi apreciación, en esta materia el eje izquierda-derecha (mayor o menor aceptación de la desigualdad en la sociedad, mayor o menor compromiso con la democracia como forma de gobierno, mayor o menor respecto de los derechos individuales) sigue siendo pertinente. José Antonio Kast y Sebastián Piñera proponen volver atrás en materia de aborto, no avanzar en gratuidad educacional, radicalizar la represión contra la delincuencia y las rebeliones mapuches, bajar impuestos a los más ricos, disminuir el Estado social y desregular todavía más las relaciones laborales. Kast agrega la defensa de los violadores de derechos humanos, el despliegue del Ejército en la Araucanía, el uso de armas de fuego en las casas, la enseñanza obligatoria de la religión. Piñera agrega una idea de protección social de la clase media acompañada de despidos en la administración pública. Todo esto conforma visiones y propuestas de extrema derecha y de derecha bastante precisas.

El centro, si es que esta categoría existe más allá de una idea general de equidistancia, busca ser ocupado por Carolina Goic, pero más como enunciado genérico que mediante medidas precisas, salvo su rechazo al PC, acompañado con la idea también genérica de que “se atreve” y de que sus posiciones serían socialdemócratas. Ni el socialcristianismo ni el conservadurismo católico es demasiado reivindicado, probablemente para buscar un electorado concertacionista más amplio.

Más a la izquierda, Guillier –representando la combinación de partidos que podríamos llamar de “Frente Popular”- ha desarrollado una visión de tipo socialista democrática reivindicando una nueva constitución con métodos participativos, más descentralización, el “fin de los abusos” económico-sociales con más avances en reformas sociales (restringir a las AFP, avanzar en gratuidad educacional y terminar con el CAE, conformar una cotización integrada para financiar el acceso universal a la salud primaria) y un nuevo royalty minero. Beatriz Sánchez y el Frente Amplio agregan una postura específica de Asamblea Constituyente, de sacar a las AFP del sistema de seguridad social, de establecer un fondo de cotización única de salud, de introducir propiedad pública en las principales empresas, con un costo programático bastante elevado financiado en parte con un impuesto patrimonial al 2% más rico. Alejandro Navarro postula temas parecidos, agregando la necesidad de más médicos especialistas y vacunas sin timerasol y pagar la deuda con los profesores que viene de los años ochenta para los que fueron traspasados a los municipios con endeudamiento público.

Marco Enríquez-Ominami ha sido ecléctico en materia de programa, que incluye medidas que van desde la eliminación de impuestos a la Pyme hasta mandar a jóvenes a reformatorios militares. Artés quiere un régimen de partido único, nacionalizar los medios de producción y restablecer la pena de muerte, en una orientación ideológica de tipo estalinista clásica.

Esta descripción se puede acompañar de una apreciación mucho más breve respecto a desde dónde se habla. Piñera habla básicamente desde los intereses del gran empresariado, es decir los suyos propios, incluyendo defender el uso de “empresas zombis” y de paraísos fiscales para eludir impuestos “porque son legales” y desde un gran ego (un ego superior al promedio es, sin embargo, parte usual del liderazgo político), aunque personalmente le doy el crédito de convicciones democráticas. Kast, Goic, Guillier, Sánchez, Navarro y Artés me parece que hablan desde sus respectivas convicciones y dosis particulares de ego. Enríquez-Ominami habla cada vez más desde el afán de lograr notoriedad comunicacional, más allá de convicciones.

Y en materia de formas republicanas, la incorrección ha corrido por parte de Kast y sus posturas de halago del uso de la fuerza, de Navarro y su gesto de tirar monedas, de Goic que sistemáticamente tergiversa las posturas de Guillier (“como me voy a poner de acuerdo sobre la base de la nada” y así sucesivamente), de Enríquez-Ominami y sus ataques virulentos y sin fundamentos a Guillier, incluyendo achacarle ser poco menos que el representante del narcotráfico.

Pero estas disquisiciones son, reconozco, bastante escolásticas. En realidad, todos tenemos nuestro candidato bastante definido desde hace un buen tiempo, por identificación con las ideas o por cercanía emocional con uno u otro. Pero tal vez mi trilogía pueda servir como argumento para alimentar una que otra de las conversaciones que en todos los espacios de la vida social se desarrollan en estos días sobre el tema, cada cual defendiendo a su candidato. Al final, esto se trata no solo de elegir, sino también de deliberar sobre las opciones en presencia.

jueves, 2 de noviembre de 2017

La creciente urgencia ambiental

Publicado en El Mostrador

En estos días se inicia una nueva reunión mundial sobre cambio climático, esta vez en Bonn. Las noticias no son buenas.

Un indicador principal en materia de cambio climático es el de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el principal gas (entre seis) de efecto invernadero. Esta concentración pasó de un valor preindustrial de 270–275 partes por millón (ppm) a cerca de 310 ppm hacia 1950 y 380 ppm al iniciarse el siglo XXI, con la mitad del incremento, desde la Revolución Industrial, habiendo ocurrido en las últimas tres décadas.

La información para 2016 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indica que la concentración en la atmósfera ha alcanzado niveles récords, con 403 ppm, lo que representa el 145% de los niveles preindustriales anteriores a 1750. La OMM ha alertado que "la última vez que la Tierra conoció una cantidad de CO2 comparable fue hace entre tres y cinco millones de años: la temperatura era entre 2 y 3 grados más alta y el nivel del mar era 10 o 20 metros mayor que el actual".

No obstante, este organismo resalta que las emisiones de CO2 por la actividad humana se estancaron durante 2016 y que se ha detectado que esto ocurre desde 2013, lo que no ha supuesto que deje de aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera, pues no existe una relación exactamente lineal entre emisiones y concentración. Esto se explica por los diversos procesos presentes en la atmósfera, como en el período reciente el fenómeno meteorológico de El Niño. La OMM concluye que “el constante aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera durante el período de observación, a partir de 1970 y hasta la actualidad, es consistente con el observado aumento de las temperaturas globales promedio en el mismo período”.

El año 2015 fue aquel en el que se superó por primera vez la barrera de los 400 ppm de CO2 en la atmósfera y en el que, al mismo tiempo, se firmó el pacto internacional que busca reducir los gases de efecto invernadero para evitar un catastrófico aumento de las temperaturas sobre la base de planes nacionales. De los 195 países que tomaron parte del Acuerdo de París, 169 lo han ratificado, pero Estados Unidos se retiró en 2017 (representa el 15% de las emisiones actuales y una proporción mucho mayor de las emisiones acumuladas).

El Acuerdo de París busca limitar el calentamiento global a menos de 2°C sobre la etapa preindustrial y se ha planteado el objetivo más ambicioso de limitarlo a 1.5°C. El cumplimiento de estas metas reduciría la probabilidad de impactos climáticos severos que podrían dañar la salud humana, los medios de subsistencia y las economías de todo el mundo. No obstante, de acuerdo al Informe de octubre de 2017 de Naciones Unidas, “el Acuerdo de París promete solo un tercio de lo que se necesita para evitar los peores impactos del cambio climático”. Advierte ONU Medio Ambiente que la plena aplicación de los planes nacionales –condicionales e incondicionales– hace muy probable un aumento de la temperatura de al menos 3°C para el año 2100, lo que significa que los gobiernos deben hacer promesas mucho más fuertes en la revisión programada para 2020 .

De otro modo, según las predicciones científicas, el aumento de las temperaturas más allá de 2°C tendrá efectos sobre el aumento del nivel del mar, sobre la migración de especies en la tierra y los mares con consecuencias en cascada en ecosistemas completos, en particular, por la cadena alimenticia de las especies.

El efecto último sobre la biosfera del cambio climático acoplado con otros factores humanos (fragmentación del hábitat, especies invasivas, depredación) es un sustancial incremento de la tasa de extinciones de especies, con la consecuencia de que la actual ola de extinciones provocada por los humanos parece constituirse en el sexto gran evento de extinción que ha conocido la Tierra. A su vez, aumenta la acidificación de los océanos, que incidirá en la calcificación de organismos como los corales y arrecifes, aunque su respuesta biológica es compleja. Este solo factor puede cambiar sustancialmente los ecosistemas marinos.

Para alcanzar la meta de contener el aumento de las temperaturas promedio en 2ºC respecto al nivel preindustrial, habría que hacer caer las emisiones actuales de 52 gigatoneladas (Gt) de carbono, equivalente en 2016 a 42 Gt y a 36 Gt en 2030, si se quiere no superar los 1,5ºC. Estudios recientes citados por ONU Medio Ambiente indican que el umbral crítico a obtener es incluso menor, y se requeriría una disminución de emisiones de 24 Gt para evitar los desastres climáticos.

Al no estar disponible alguna forma de gobierno o de acción colectiva mundial capaz de establecer cuotas de disminución acompañadas de posibles transacciones de derechos de emisión de gases con efecto invernadero, solo cabe seguir por el momento la lógica de los planes y compromisos nacionales. ONU Medio Ambiente sostiene que “la adopción de nuevas tecnologías en sectores clave podría reducir las emisiones en hasta 36 gigatoneladas anuales para 2030 –con una inversión menor a USD 100 por cada tonelada de carbono–, más que suficiente para saltar la brecha estimada actualmente” y que ”la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, la acción sobre los contaminantes climáticos de vida corta y aumentar la ambición de las promesas del G20 para el año 2020, también pueden ayudar a minimizar los impactos climáticos” .

Este optimismo toma como base la constatación de que las emisiones mundiales anuales de CO2 provenientes de los recursos fósiles (carbón, petróleo y gas) y de la industria del cemento, que representan el 70% de las emisiones de gases con efecto invernadero, se han estabilizado desde 2014 en un nivel algo inferior a 36 Gt, lo que ocurre por un menor uso del carbón en China y también en Estados Unidos (que suman el 45% de las emisiones) y por la expansión de las energías renovables, especialmente las de tipo solar en China e India. No obstante, esta tendencia podría revertirse en caso de mayor crecimiento de la economía mundial. Y si se considera a los otros gases con efecto invernadero producidos por la agricultura,  la ganadería, los cambios de uso del suelo y la deforestación, se constata en 2016 un leve aumento de las emisiones totales respecto de los años anteriores.

Lo que se requiere es, a partir del mencionado diagnóstico, una ruptura en el uso de tecnologías y una reorientación de las inversiones hacia nuevas oportunidades de producción que disminuyan la huella de carbono. La solución más drástica, según ONU Medio Ambiente, consiste en dejar en el subsuelo entre un 80-90% de las reservas de carbón, la mitad de las de gas natural y cerca de un tercio de las de petróleo, lo que supone como prioridad no construir más centrales a carbón (desgraciadamente una decena de países –especialmente de Asia, incluyendo Japón, y potencialmente Chile, cuyo liberalismo energético no tiene justificación alguna, entre otras cosas porque produjo que la electricidad en nuestro país sea una de las más caras de América Latina– mantiene proyectos de nuevas centrales a carbón) y programar el cese de actividades de las 6.700 unidades actualmente en operación.

Si se actúa además en todos los sectores económicos, se podría disminuir las emisiones entre 30 y 40 Gt equivalentes por año. Solo la promoción de la tecnología solar y eólica, el mejoramiento de la eficiencia energética, el desarrollo de métodos de transporte alternativos, el cese de la deforestación y la reforestación podrían hacer caer las emisiones en 22 Gt. Las alternativas vinculadas al uso de la tierra presentan un potencial de reducción de emisiones hacia 2030 de entre 4 hasta 20 Gt de CO2 equivalente.

Esto supone establecer metas en cada sociedad, incluida la nuestra, de ahorro sistemático de energía y de calendarios de reconversión conducentes al control de las emisiones atmosféricas de la generación de energía basada en biomasa y el fin programado de la generación eléctrica sobre la base de combustibles fósiles o megarrepresas destructoras de los ecosistemas y su uso en los sistemas de transporte, valorizando las energías renovables no convencionales en redes descentralizadas y distribuidas.

Chile, en particular, está en condiciones de aprovechar su dotación y diversidad de recursos energéticos para establecer calendarios de salida del uso de hidrocarburos. El uso de energías renovables no convencionales no supone ya, en diversos casos y condiciones, sobrecostos de mercado directos de la energía, o bien requiere subsidios “socialmente rentables”, que lo son desde luego mucho más que los subsidios a los combustibles fósiles de gran volumen persistentes en muchas situaciones y lugares en la producción y consumo de bienes y servicios.

Un instrumento fundamental de reforzamiento de la reconversión productiva y de uso de energía es una actividad más intensa del sistema bancario y financiero, o al menos de los sistemas públicos, para que contribuya al financiamiento de circuitos cortos de producción/consumo saludable (que articulen, en espacios social y geográficamente próximos, la provisión de bienes y servicios para satisfacer necesidades cotidianas de las comunidades) y la economía circular (que utilice, repare, desmonte y recicle los recursos materiales), y ayudar a preservar la biodiversidad y servicios ecosistémicos con capacidad suficiente de reposición.

El cambio del régimen de uso del territorio está decisivamente vinculado al cambio productivo y energético. Un importante instrumento deben ser los programas territoriales de inversión verde que amplíen las zonas de preservación ecosistémica y fortalezcan la infraestructura urbana y rural que sustente bienes públicos, en especial en materia de transporte. Las instituciones gubernamentales y de la democracia local deberán ser las encargadas de encarecer –mediante mecanismos tributarios y tarifarios que no necesariamente implican “costos políticos” de corto plazo, si se insertan en estrategias globales de incremento del bienestar con alta visibilidad y deliberación pública participativa– y de reglamentar el uso individual del automóvil en beneficio de un transporte público que lidere la transición al uso generalizado de motores eléctricos (en vez de los de combustión interna a partir de combustibles fósiles) y que al mismo tiempo induzca la reconfiguración integradora y sustentable de las ciudades, incluyendo la generalización de las ciclovías.

Esto requiere de una planificación urbano-territorial competente en instituciones públicas no sujetas al clientelismo inmobiliario y que incluya a las zonas rurales o de baja densidad como parte de sistemas territoriales integrados. Esta planificación activa y con capacidad reguladora debe ser participativa, practicando el diálogo sistemático con los actores urbanos y de las comunidades territoriales diversas.

Su rol debe ser el de definir/redefinir los usos del suelo y sus especializaciones y orientar los sistemas de transporte público, de modo que no sigan pasivamente el influjo de uso del territorio que resulta de la actividad inmobiliaria con fines comerciales y de la construcción de vivienda social que solo considera el costo directo sobre la base de suelos baratos que configuran ciudades contaminadas, subequipadas y segregadas, con altos tiempos de desplazamiento de las personas, para fines laborales, educativos y recreativos.

Los ecosistemas y sus servicios están cercanamente interrelacionados con el bienestar humano. Las dimensiones del bienestar están llamadas a ser incluidas en las nuevas métricas que sirvan de base a los necesarios procesos de transformación social ecológica que hagan posible enfrentar los dilemas ambientales crecientes de nuestras sociedades, incluyendo Chile.

El crecimiento económico, o del PIB por habitante, no considera los crecientes costos ambientales locales y globales asociados a la expansión de la capacidad productiva y de las transacciones de mercado, ni menos la alteración negativa de las dimensiones cualitativas de la vida humana, el efecto colateral de una sociedad desarticulada y conflictuada sometida a la desigualdad, al mal vivir y a la desconfianza. Tampoco el desarrollo que se asocia solo al crecimiento del PIB es un fin en sí mismo si no es puesto al servicio de la “calidad de vida equitativa y responsable” de la sociedad en su conjunto.

Las nuevas métricas deben, en primer lugar, abandonar la pretensión de unicidad (como el PIB por habitante) y deben volcarse al diagnóstico lo más preciso posible de las brechas existentes en las esferas del bienestar social, con indicadores sintéticos flexibles y de acuerdo a las preferencias colectivas. En especial, deben ser privilegiados los indicadores sanitarios que influyen en la calidad de vida de la población y los indicadores de uso de recursos y de disminución-expansión del patrimonio natural.

Como se observa, todo lo anterior supone “una ética de la responsabilidad”, es decir, el compromiso, en lo que nos cabe, de legar un planeta viable a las nuevas generaciones, que se traduzca, con algo de “ética de la convicción” de por medio, en acciones colectivas eficaces en el corto plazo. Se requiere, en este tema como en muchos otros, tomar distancia del pragmatismo generalizado y de la defensa del individualismo pedestre que, se entiende, es la esencia de una supuesta “modernización capitalista” en curso, basada en el “esfuerzo propio distante del paternalismo” que desearía la mayoría de los chilenos.

Lo que se requiere, en cambio, es reconstruir una cierta idea del “interés general”, un cierto “nosotros” siempre presente en la sociedad, sin el cual, por lo demás, simplemente no podría funcionar en medio de la anomia privada y de la multiplicación de los males públicos (aquellos que nadie en particular puede evitar), cuya lista es larga.