Optar por la Energía Solar

Chile enfrenta, como el resto del mundo, el desafío de evitar que la temperatura global suba a niveles potencialmente catastróficos en los próximos 50 años. Como subraya el Informe sobre el Desarrollo 2010 del Banco Mundial, “para no apartarse de los 2° C por encima de los niveles preindustriales —probablemente el mejor resultado que se puede lograr— se necesita una verdadera revolución en el sector de la energía, esto es, la difusión inmediata de las tecnologías con bajos niveles de emisión de carbono ya disponibles y la eficiencia energética, acompañadas de cuantiosas inversiones en la próxima generación de tecnologías, sin las cuales no se puede lograr el crecimiento con bajos niveles de emisión de carbono.” 
¿Puede un país de desarrollo intermedio como Chile permitirse apartarse de la lógica del mínimo costo en la producción de energía y plantearse un programa ambicioso de cambio de su matriz de producción de energía eléctrica, además de racionalizar el uso de combustibles, en beneficio de las fuentes que menos emiten carbono y otros gases con efecto invernadero a la atmósfera?
El hecho es que Chile ha sufrido un encarecimiento de la matriz de generación de electricidad a raíz de  la respuesta regulatoria a los problemas de seguridad de abastecimiento luego de las restricciones de envío de gas natural argentino a partir de 2004. El resultado es que Chile reforzó su seguridad energética pero produce hoy una de las electricidades más caras del mundo, tanto a nivel de productor como de consumidor, perjudicando su competitividad y bienestar, y ha “carbonizado” aceleradamente su matriz energética con el incremento de la generación con los hidrocarburos más baratos y de abastecimiento más diversificado.
Otros países han encarecido su energía, pero a cambio de desarrollar las energías renovables no convencionales (ERNC).  La ley 20.257 de 2008 estableció en Chile con éxito una obligación a las empresas de generar un mínimo de 5% de su oferta con estas energías, con un horizonte de 10% en 2024. Esta proporción ya alcanza un 8% en lo que va de 2010. Pero superado este umbral legal, ya no existe incentivo para invertir en los proyectos adicionales existentes por unos dos mil 500 millones de dólares en generación eólica, y por mil millones en centrales hidroeléctricas pequeñas.
La meta del gobierno de llegar a un 20% de generación eléctrica con ERNC en 2020 no se acompaña aún de políticas para alcanzarla. Aunque desde 2004 las centrales de menos de nueve megavatios (MW) no pagan por conectarse al sistema de transmisión troncal, y las centrales de hasta 20 MW pagan en forma parcial, con un límite de 5% de la potencia total del sistema, no se asegura un acceso permanente y a precios competitivos a la distribución de electricidad. Los sistemas de transmisión enfrentan además  una carencia de inversiones suficientes para absorber una generación territorialmente menos concentrada. Las centrales hidroeléctricas de pasada y las primeras plantas eólicas en el norte chico son innovaciones importantes pero mantienen una magnitud pequeña y tienen un complicado acceso a la red. La cogeneración, el uso de biomasa y la geotermia no terminan de despegar, aunque el gobierno ha anunciado la licitación de 21 nuevas áreas de geotermia luego del fallido proyecto de El Tatio.
Un punto a favor es que Chile cuenta con una importante capacidad hidroeléctrica, la que no emite carbono. La capacidad instalada corresponde a un 40% de los 12.326 MW de la matriz eléctrica, pero con gran controversia respecto a los grandes proyectos hidroeléctricos en el sur que alteran los ecosistemas locales e interfieren miles de kilómetros con sus redes de transmisión. Las pequeñas centrales hidráulicas sólo representan cerca del 1% del total instalado, con 153 MW de aporte al Sistema Interconectado Central (SIC), 12,8 MW de aporte al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y 20,7 MW de aporte al Sistema Interconectado de Aysén. Con respecto al potencial de la pequeña hidráulica en Chile, existe un catastro al año 2009 de más de 170 proyectos que suman más de 3.000 MW. Diversas proyecciones sitúan el potencial total de pequeñas hidráulicas entre 10 mil y 33 mil MW de potencia en Chile. Pero no existe ya un incentivo para su desarrollo y el sistema de precios vigente favorece los megaproyectos hidroeléctricos y las centrales a carbón, sin por otro lado beneficiar al consumidor a raíz de las licitaciones de largo plazo que la normativa vigente permite a las empresas distribuidoras con indexaciones de precios que no permiten reflejar bajas eventuales en los costos. Los contratos duran entre diez y quince años.
Lo que es más sorprendente es que se deseche sin mayor discusión, en beneficio de la siempre discutible y discutida opción nuclear, el enorme potencial de la energía solar. Chile posee uno de los índices de radiación solar de mayor intensidad en el mundo, especialmente en el desierto de Atacama. La lógica de mercado de corto plazo existente en Chile explica este enfoque.
En efecto,  el kilowatt-hora (kWh) proveniente de la energía nuclear o de la energía fósil tiene un costo medio situado entre 4 y 7 centavos de dólar,  según la tecnología y los países de que se trate, de acuerdo a Philippe Malbranche, del Instituto Nacional de Energía Solar de Francia. Un estudio de proyectos de Amec-Cade calcula rangos semejantes, de entre 2,7 centavos para carbón en Corea y 6,9 para energía nuclear en Japón. En cambio, el costo de la energía termosolar aún se sitúa en rangos del orden de 14 a 28 centavos por kWh.
Desde una perspectiva de planificación estratégica, sin embargo, cabe tener en cuenta que el mejoramiento del rendimiento de los intercambiadores térmicos y la fabricación de espejos más simples, junto a la producción en gran escala, permitirán disminuir los costos medios y llevar a este tipo de energía solar a ser competitiva en 10 a 15 años más, según el reasegurador Munich Re. En cuán rápido sea el ritmo de la innovación tecnológica está la clave de las perspectivas futuras de la energía solar y de su aporte a la sustentabilidad y a la disminución global de la emisión de gases con efecto invernadero. Chile puede y debe involucrarse -en la actualidad nada hace, con excepción de una franquicia tributaria establecida en 2009 para colectores solares térmicos destinados a calentamiento de agua en viviendas nuevas-  en esa  innovación tecnológica de punta. Ya lo han hecho muchos países desarrollados. Se trata tanto de nuestro interés bien entendido en el buen uso de los recursos de que disponemos como de ser cocreadores de un mejor futuro humano.

Impuestos mineros: Chile no es Australia

Primer hecho: la industria del cobre prevé precios superiores a tres dólares la libra en los próximos cinco años.  El margen operacional -ingresos menos costos de operación- de Minera Escondida (de propiedad de la empresa anglo-australiana BHP Billiton) y el del resto de las empresas privadas del Consejo Minero (incluidas las empresas anglo-australiana Rio Tinto y la suiza Xstrata) será en el próximo quinquenio del orden de 60% para la primera y de 40% para las segundas. Esto equivale a que en solo un par de años recuperen su inversión gracias al alto precio de un recurso natural que no les pertenece y a cuya explotación han accedido gracias a la ley de concesiones mineras de 1982 . Esta prácticamente anuló la nacionalización de 1971 de las riquezas del subsuelo del Presidente Allende y otorgó derechos permanentes de explotación a privados de manera cuasi gratuita.
Segundo hecho: el gobierno socialdemócrata de Australia, frente al ciclo alcista de las materias primas mineras iniciado en 2005, explicado por una oferta que no logra seguir el ritmo de la demanda originada por la expansión china, concluyó en julio de 2010 un acuerdo con los representantes de las compañías mineras BHP, Rio Tinto y Xstrata (las mismas que están presentes en Chile), entre otras. Se trata de un nuevo impuesto a los recursos naturales que establece una tasa sobre las utilidades extraordinarias para la extracción de petróleo y gas de 40%, y para la de mineral de hierro y de carbón de 30%. Y esto sin “invariabilidad tributaria”, pues en las democracias en forma se entiende que cada legislatura es soberana  para pronunciarse y que las empresas deben someterse a las decisiones de los ciudadanos y sus representantes periódicamente elegidos. El impuesto se aplicará a partir de julio de 2012 a las utilidades que excedan de un retorno de 12% sobre el capital  invertido. El gobierno recaudará unos 9.500 millones de dólares anuales adicionales.
Tercer hecho: como parte del financiamiento de la reconstrucción y para recaudar unos 600 millones de dólares en dos años, Sebastián Piñera propuso un incremento temporal de la modesta tasa del impuesto especial a la minería logrado en 2005. A cambio, propuso aumentar en ocho años más la invariabilidad tributaria ya vigente hasta 2018 y originada en las normas del DL 600 sobre inversión extranjera que asegura una invariabilidad de 10 a 20 años. La Concertación votó en contra de la propuesta por considerar el aumento de la invariabilidad contrario al interés nacional y la recaudación adicional insuficiente. Luego los presidentes de los partidos del conglomerado propusieron una fórmula para incrementar sustancialmente la recaudación sin invariabilidad tributaria adicional, eliminando el DL 600 que estableció este mecanismo en 1974. Esto fue  rechazado por el gobierno.
Cuarto hecho: en un vuelco sorprendente, y en medio del  rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, la mayoría de senadores y diputados de la Concertación terminaron aprobando con la derecha, sin consultar a sus partidos que habían acordado otra cosa, un pacto del 6 de octubre entre Frei, Escalona, Lagos Weber y el gobierno. Este pacto aumenta la invariabilidad tributaria hasta fines de 2023 –es decir se pretende que al menos dos nuevos gobiernos y parlamentos elegidos por el pueblo  no puedan decir nada sobre tributación minera - y establece tasas de impuesto entre 5% y 14% de las utilidades operacionales. Las  tasas más altas aplican sólo en situaciones poco probables. Son sustancialmente inferiores al 30% australiano. La nueva norma es válida para los proyectos nuevos y para los existentes a partir de 2018, cuando haya otro parlamento, el actual gobierno haya cesado hace rato en sus funciones y se haya transferido miles de millones de dólares al exterior que debieran haber quedado en Chile para su gente. Una norma transitoria  permitirá a Piñera recaudar en 2010-2012 unos mil millones de dólares,  mediante un aumento del gravamen actual de  5% a 9% de las utilidades operacionales. Una cifra importante, pero diminuta frente a lo que se llevarán fuera de Chile legal pero ilegítimamente las empresas privadas autorizadas a explotar el cobre chileno, e incluso inferior al valor presente de los flujos futuros a obtener después de 2017 con una regalía razonable. La oposición le podría haber ofrecido a Piñera aprobar un endeudamiento equivalente para financiar los recursos que pedía y señalar que prefería no renunciar a modificaciones sustanciales una vez terminada la invariabilidad. Y votar en contra otra vez, pues oponerse no es un drama en democracia, cautelando además con coherencia el interés nacional.
Preguntas: ¿Qué cambió en tan pocos días para pasar sin grandes modificaciones del rechazo a la aprobación? ¿Por qué tanta dificultad en asumir que se es oposición y comportarse como tal? ¿Por qué, lo que es más grave, la oposición parlamentaria se cercena a sí misma al impedir hasta 2024 que un eventual nuevo gobierno suyo cambie a favor del país las reglas de tributación minera? ¿Por qué no se planteó la idea simple de establecer en Chile el régimen tributario de Australia que los socialdemócratas de ese país pactaron con las mismas empresas que explotan cobre en Chile? ¿Por qué lo que es válido para Australia no lo es para Chile?
La compulsión pedestre de ser parte de la fiesta y de los abrazos con los factores de poder parece haber sido otra vez más fuerte que luchar por fortalecer la capacidad del Estado chileno para invertir y redistribuir. Es la misma compulsión que llevó a los que no debían a aprobar las privatizaciones de las sanitarias y el financiamiento empresarial de las campañas parlamentarias. Se ha dejado pasar una ocasión histórica de captar una proporción equitativa de la cada vez mayor renta originada en un recurso minero que pertenece a todos los chilenos y que podría ser usada ya sea por los liberales que están en el gobierno para disminuir otros impuestos, o bien, de acuerdo a un enfoque progresista de izquierda,  para disminuir en el futuro sustancialmente las desigualdades y acelerar nuestro camino al desarrollo. Así de simple y así de lamentable.

Dejando constancia

La atribución del Premio Nobel  a Mario Vargas Llosa nos ha provocado a sus admiradores literarios una gran alegría. Su obra excepcional  y abundante, con los altibajos propios de quien explora permanentemente temas y estilos,  no había sido reconocida por la academia sueca, tal vez por las incisivas y siempre controvertidas opiniones políticas del novelista. Estas no son siempre dignas de ser compartidas, especialmente en su vertiente de liberalismo más bien ingenuo y su apoyo a algunas derechas -como la de Piñera- que no están a su altura.  Pero nunca se vio a Vargas Llosa apoyando dictaduras ni violaciones a los derechos humanos, y eso debe subrayarse. Lo que importa para estos efectos es el sublime legado literario de Vargas Llosa, que nos ha regalado páginas que han hecho mejores nuestras vidas, y eso es más que suficiente para ser celebrado.

El plano local sigue su curso bastante particular. ¿Qué dirían ustedes de un país en el que el gobierno y supuestos opositores parlamentarios se ponen de acuerdo, a cambio de recursos que se pueden obtener de otra manera, para establecer normas a ser aplicadas a partir de 2018 a los actuales productores de cobre, que son los que hoy importan, por otro gobierno y otro parlamento, y que a su vez no podrán ser revisadas sino hasta 2024? ¿Dónde se ha visto semejante desdén del fundamento democrático básico, el respeto de la soberanía popular? ¿Qué dirían ustedes  de un país en el que el manejo de su principal recurso económico se excluye para tres gobiernos futuros, en los que los ciudadanos y sus representantes nada tendrán qué decir? ¿Cómo explican los encargados de ser opositores  que una invariabilidad tributaria -que fue un error aceptar en su momento- se consagre y se prolongue a cambio de muy poco (pasar teóricamente de 37% a 41% la tributación sobre margen operacional) para beneficiar a un gobierno de la derecha y un puñado de empresas transnacionales? Simplemente grotesco y de pacotilla.

Ese es el Chile de hoy, con una derecha que defiende desembozadamente sus intereses económicos, con unos opositores que no son capaces de oponerse a  nada importante y con algunos senadores socialistas que olvidaron que representan a una fuerza política que se construyó  en base a la convicción de que Chile debía recuperar el control sobre sus riquezas naturales y poner sus frutos a disposición de la Nación. Se ha cerrado un acuerdo que garantiza a un gobierno de derecha una tributación menor a sobreutilidades de 40% a 60% de la gran minería privada, provenientes de un recurso que pertenece a todos los chilenos, precisamente en el período de la historia económica mundial que dará un mayor valor a las materias primas de que Chile dispone y que podría ser utilizado para invertir en el capital físico y humano que necesita para encaminarse al desarrollo. ¡Y se cierra la posibilidad de tomar decisiones soberanas futuras, contrariando la esencia de la democracia!

Dejo constancia, como ex dirigente político socialista y  como fundador de la Concertación y redactor de su programa de 1989, de una opinión: los que hoy conducen el conglomerado, los Walker y los Escalonas,  y varios de sus parlamentarios han perdido completamente la brújula en su afán de ser reconocidos como “serios y respetables” por los poderes existentes y no representan a los que jamás concebimos la construcción de una salida política a la dictadura en base a consensos amplios como renuncia a nuestra identidad y a nuestro propósito de ofrecerle a Chile un desarrollo equitativo y sustentable.  Muchos concurrimos a los acuerdos que las circunstancias imponían para evitar más tragedias al pueblo de Chile, a mucha honra, pero nunca para abandonar nuestras convicciones y para dejar de luchar por un país más justo, en el que entre otras cosas el cobre y sus frutos fueran de todos. Veintidós años después ese compromiso ha terminado de ser severamente desfigurado. Que cada cual asuma sus responsabilidades.