domingo, 24 de abril de 2022

Una equivocada defensa del Senado

Escribí en un twitter después de escuchar la entrevista a Alvaro Elizalde en CNN Chile: "Vergonzosa la defensa del Senado por Alvaro Elizalde, con la idea de "contrapeso contra eventuales liderazgos autocráticos". Si los ciudadanos eligen un liderazgo, que este no sea autocrático depende del respeto al Estado de derecho y no de una institución contra mayoritaria."

Amplío la idea expresada. 

Varios de los defensores del Senado, o de una Cámara de Regiones que solo cambie su nombre, están evidenciando concepciones directamente antidemocráticas. Están llegando a decir que un líder elegido puede no respetar el Estado de derecho, por lo que el Senado tiene que impedírselo. ¿Cómo? Favoreciendo su carácter contramayoritario para bloquear al presidente mediante plenos poderes colegisladores, sobre la base de no representar la voluntad popular sino ser una expresión territorial que, por construcción, da un amplio poder a las regiones rurales y de poca población. En ellas los conservadores suelen tener históricamente más arraigo y la proporcionalidad es prácticamente inexistente, con senadores que duran 8 años para seguir asegurando el carácter contramayoritario del sistema político en su conjunto. Por construcción y rol histórico, en Chile el Senado ha sido la base de la defensa de los intereses oligárquicos. Por algo Salvador Allende, el PS y la izquierda propusieron eliminar esa institución en 1971 en beneficio de una cámara única.

Es evidente que tanto el poder judicial como la Cámara de Diputados (as) tendrán iniciativa en la nueva constitución para perseguir responsabilidades de un jefe de Estado que incumpla la legalidad, así como lo hará la sociedad en su conjunto en su libre capacidad de expresarse frente a una situación de ese tipo. Contra argumentan los que no creen en la soberanía popular que el supuesto autócrata puede controlar la Cámara y el poder judicial, así es que el Senado tiene que hacer de contrapeso. El argumento es absurdo, porque un autócrata que no respeta la legalidad se las arreglará también para controlar el Senado y las regiones. La base para controlar toda autocracia es el respeto del Estado de derecho y su sanción en caso de incumplimiento, no establecer instituciones contramayoritarias.

Algunos tienen en mente como supuesta situación universal el esquema norteamericano, en el que pequeños estados rurales sobre representados en el Senado impiden que se ejerza la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Es la misma lógica del colegio electoral que representa en ese país a los estados federados y que puede elegir a un presidente que ha perdido la elección en el voto popular, como Bush Jr frente a Al Gore y Trump frente a Hillary Clinton. Eso simplemente no es democrático pues contradice la idea de la soberanía popular, que históricamente sustituyó la soberanía de origen divino propio de las monarquías.  En Estados Unidos, el esquema institucional existente no le parece a la mayoría del Partido Demócrata, sin ir más lejos. En Europa, la gran mayoría de los Senados o equivalentes, con frecuencia una herencia de los poderes feudales, no tiene capacidad colegisladora (Gran Bretaña, Francia, Alemania, España) sino en temas puntuales.

¿No será que Elizalde está simplemente defendiendo un interés corporativo, cumpliendo los acuerdos con la UDI que lo llevaron a la presidencia del Senado? Está en su derecho de hacer política menor, pero no en nombre de las ideas de prevalencia de la soberanía popular y de órganos jurisdiccionales que cautelen el respeto de la legalidad por todos los actores del sistema político. ¿Qué puede tener de socialista, o simplemente de democrático, defender un poder oligárquico por construcción, concebido como "contrapeso" que expresamente no refleje la soberanía popular y no permita gobernar al presidente con una eventual mayoría parlamentaria, tal como lo defiende la derecha?

A mayor abundamiento, agrego que hoy se  eligió en Francia al presidente Macron por otros 5 años. Completará 10 años con fuertes poderes institucionales. Esto incluye que la elección de la Asamblea Nacional se hará en dos meses más, lo que favorece que el presidente recién electo disponga de una mayoría en la Asamblea, como ocurrió hace 5 años, la que tiene que aprobar el nombramiento del primer ministro y su gobierno. En Chile se diría: ah, eso es favorecer el chavismo porque un autócrata podría tener todo el poder. ¿Es Macron un autócrata? Evidentemente no es el caso. En Francia ese argumento sería visto como simplemente ridículo. Aunque muchos consideran que debería limitarse el poder presidencial, a nadie se le ocurriría, y menos a la izquierda, otorgarle poder de veto al Senado sobre las decisiones del presidente, del gobierno y de la Asamblea. El Senado es allá, como cámara territorial, solo revisor y consultivo y concurre a algunos nombramientos en instituciones autónomas del Estado. Y punto. No puede vetar a la Asamblea, depositaria de la voluntad popular. Al revés, se promueve una ampliación del mecanismo de referendum y de iniciativa popular de ley. La que manda es la soberanía popular en el marco del Estado de derecho y del orden constitucional, no un órgano que sobre represente  a los conservadores y bloquee la decisión democrática emanada de la ciudadanía.

La inflación importada

Leo en La Tercera de hoy :

"En Chile se consume del orden de 184 mil litros de aceite anualmente. Se trata de unos 31,1 litros por hogar, según datos de Euromonitor. De la ingesta total, más del 60% corresponde a aceite de soya. Le sigue el aceite de girasol o maravilla, con un 25%. Luego, el aceite de oliva, y finalmente el de canola. Los dos primeros se importan prácticamente en su totalidad. Más del 90% es comprado al exterior -el país sólo produce aceite de oliva y algo de canola-, y es ahí donde radica gran parte del alza, dicen en el sector. El incremento en el precio comenzó a evidenciarse en marzo del año pasado, bastante antes de la guerra en Ucrania. Según Oilworld, en un año el aceite de soya aumentó su valor internacional en un 43,9%; el de girasol en 47,9%, y el de canola, en 65%. De hecho, en 2021 el producto subió un 18,1% en el país, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y este 2022, el aceite vegetal acumula un avance del 12,3%, y del 32% en 12 meses".

Comentario: ¿qué pueden tener que ver los retiros y el IFE de 2021 o el gobierno de Boric en el aumento del precio del aceite? Nada. Es lo que dije para perplejidad de mis interlocutores la semana pasada en un matinal. Lo que ocurre es que se está repercutiendo en los supermercados - y todavía falta- el aumento de los precios externos. Los del aceite vegetal subieron entre 44 y 65% en un año en los mercados mundiales y 32% en Chile, dado el 90% de proveniencia importada del abastecimiento. Simplemente, importar aceite vegetal es hoy mucho más caro que hace un año. No ayuda, además, que el valor del dólar haya pasado de un promedio de 759 pesos en 2021 a uno de 809 pesos en el primer trimestre de 2022, encareciendo aún más (en 6,6%) las importaciones. El IPC de bienes sujetos al comercio internacional llegó en marzo a 11,5% anual y el de producción interna a 6,9%, en la que también repercute el aumento del precio de los combustibles. Estos han aumentado en 18,9% en un año en Chile, una cifra todavía muy inferior al incremento internacional.
¿Qué se puede hacer? Ciertamente no deprimir la economía, como está haciendo el Banco Central. Esto podría, se supone, hacer que la gente consuma menos y obligue a los supermercados, comercios y ferias a bajar los precios. Esto es muy dudoso, salvo que a punta de aumentar el desempleo y hacer bajar los salarios se llegue a un completo deterioro de la situación económica de los hogares. Este tendría que ser mayúsculo para hacer retroceder la repercusión en Chile del aumento de precios externos. No por casualidad la inflación en Chile es similar a la de Estados Unidos y la Unión Europea.

El resultado más probable es una inflación importada con precios que no van a bajar, acompañada de una fuerte recesión. Una política profundamente equivocada, que creará hacia septiembre un clima muy enrarecido para el plebiscito constitucional. Soy de los que se pregunta si esto no es intencional (creo que al menos hay que preguntárselo, dado que la coincidencia es demasiado grande), aunque a muchos les ha disgustado que ventile la hipótesis porque les parece conspirativa. Yo postulo que en el Consejo del Banco Central no hay precisamente un gran entusiasmo con los cambios que se avecinan y que les gustaría que no ocurrieran, como lo señalaron por escrito en una carta a la Convención Constitucional sobre su propio rol, en una argumentación que de técnica no tiene nada. Esto es lectura de la prensa, no una atribución arbitraria de intenciones.
Por su parte, el gobierno adecuadamente congeló el precio del transporte, lo que implicó subir el subsidio público a los operadores privados. Y se amplió la contención de las alzas de los precios de los combustibles, con la consecuencia de que cuando bajen los precios mundiales, lo que ocurrirá en algún momento, lo harán más lentamente en Chile.
Una idea como bajar el IVA tiene el problema de que no se repercute en bajas de precios en mercados oligopólicos como los nuestros, por lo que sería un regalo a los que importan y venden y no a los que consumen. Hacer un control de precios temporal (no es una medida bolchevique o propia de argentinos populistas, lo practicaron los derechistas Nixon y Giscard en los períodos altos de inflación en los años setenta) nos encuentra sin institucionalidad para hacerlo y no sabemos qué duración tendrá la crisis en el mercado de alimentos. Lo que que cabe es compensar la inflación de alimentos con ayudas directas trimestrales a las familias que lo necesiten y que se renueven o no según evolucione la situación. Y aumentar fuertemente la vigilancia de precios no competitivos y colusiones en los diversos mercados. Por ejemplo, es cuestionable que el precio del aceite de cocina en Chile sea en dólares casi el doble del que prevalece en Argentina, de donde viene buena parte de las importaciones por vía terrestre.

La caída programada del gasto público de 25% para 2022, una brutalidad macroeconómica del gobierno anterior que hay que revertir (junto al aumento desmedido de las tasas de interés por el Banco Central), y la deuda de 36% sobre PIB, una de las más bajas del mundo, otorgan márgenes suficientes para una política compensatoria activa.

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