El Senado ha destituido a una ministra invocando la responsabilidad frente a irregularidades y mala gestión. Este es un buen principio: nunca debe quedar impune el desvío de recursos públicos para fines particulares (definición comúnmente aceptada de la corrupción) ni su mala administración caracterizada. Solo que para lo primero está la justicia y para lo segundo los órganos de control, que nadie cuestiona están haciendo su tarea. Una destitución ministerial seguida de impedimento cívico por cinco años podrían a lo mejor justificarse si la autoridad estuviese interfiriendo gravemente en la labor de estas instituciones e incumpliendo expresamente las normas vigentes. No es ni ha sido el caso, si es que nos atenemos a un mínimo de ecuanimidad. La justicia está actuando, hay personas en la cárcel y otras tantas imputadas por el tema de las subvenciones escolares, mientras la Contraloría investiga de manera independiente. Juzgar la diligencia y pertinencia de la acción ministerial, siempr...