martes, 12 de noviembre de 2019

Los temores frente a una salida democrática a la crisis



Son recurrentes los temores del mundo conservador ante la idea de una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución. Este puede ser el mecanismo clave, construido a partir de las instituciones vigentes mediante un amplio acuerdo, para facilitar una resolución de la actual crisis de legitimidad del sistema político. Hay quienes no asumen que el país se encuentra en un estado de rebelión social multiforme, no desencadenado ni dirigido por nadie en particular, pero que debe buscar una vía de salida democrática.

Pero ese miedo no tiene sentido si se considera que la asamblea o convención constituyente es el más razonable mecanismo para construir un nuevo orden político legítimo. Que haya sido usado por Maduro u otros no lo descalifica como tal, del mismo modo en que no se descalifica el sufragio universal o la existencia de tribunales de justicia por el hecho que hayan sido utilizados por uno u otro régimen autoritario para fines no democráticos. Recordemos que quien aludió a la asamblea constituyente para reemplazar a la constitución de Pinochet fue Eduardo Frei Montalva en 1980.

Sería dramático para el futuro de Chile constatar que los conservadores solo buscan que el régimen político actual sea mantenido a toda costa para preservar lo que hasta ahora han logrado mantener y para ellos es esencial, es decir el derecho a veto de la derecha y las minorías económicamente dominantes sobre la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Y que siga funcionando el sustrato autoritario del orden político chileno. Recordemos que las constituciones de 1833, 1925 y 1980 nacieron de mecanismos no democráticos.

El país no tiene por qué repetir su pasado. Si lo que se quiere es concordar nuevas reglas del juego respetadas por todos como alternativa a la violencia para resolver los conflictos, el gobierno y el congreso deben actuar rápido. ¿Por qué no reformar la constitución para, mediante plebiscito o directamente habilitar una asamblea constituyente elegida en octubre de 2020 que redacte una nueva constitución que entre en vigencia junto con el próximo presidente en marzo de 2022? Es allí donde, por ejemplo, la propuesta de Andrés Allamand de establecer un régimen semi-presidencial debe ser discutida. Si se debate en el actual Congreso, con el derecho a veto de la derecha y el desprestigio generalizado de la actual representación política, la legitimidad de un eventual nuevo orden democrático partirá herida de muerte. La rebelión social estará siempre a la vuelta de la esquina porque la mayoría entiende que hoy el orden político protege las desigualdades injustas y los privilegios del poder. Es lo que se ha expresado en las calles desde el 18 de octubre.

Un nuevo pacto de la sociedad consigo misma, capaz de durar por varias generaciones, debiera definir que la soberanía reside en el pueblo, y que ésta se ejerce directamente mediante plebiscito y referendum o se delega en órganos de representación a través de procedimientos democráticos de elección, los que deben garantizar el principio de mayoría y de respeto de las minorías y su derecho a transformarse en mayoría. Debiera fijar las funciones y atribuciones del presidente, del gobierno, del parlamento y de los órganos de justicia y de control jurisdiccional de los actos administrativos, así como establecer el pacto territorial que vincula al Estado-nación con los territorios comunales y regionales y sus respectivas autonomías, junto al reconocimiento de los derechos propios de los pueblos originarios. El Tribunal Constitucional debiera remitirse a garantizar los derechos fundamentales y conformarse a partir de órganos emanados de la soberanía popular.

Así, la nueva Constitución debiera ser lo más simple y breve posible y consagrar un Estado democrático y social de derecho, en el que los derechos básicos y las libertades fundamentales sean considerados inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, en el contexto en que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”).

La nueva Constitución debiera consagrar las libertades civiles y políticas. Debiera establecer la igualdad de género y el derecho de todas las personas a la intimidad sin coerción. Debiera reconocer el derecho al trabajo, a la educación y a la atención de salud, y demás derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile. Esto incluye el derecho a la libre iniciativa económica y a disfrutar de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido legalmente, pero con límite en el interés general (con indemnizaciones justas en caso de limitación de ese derecho), junto a la creación de empresas públicas por ley simple y el derecho a la propiedad social y cooperativa. También debiera establecer el deber de contribuir equitativamente a las cargas públicas. La nueva Constitución debiera consagrar derechos culturales como la libertad de opinión, cátedra e investigación y establecer límites a la concentración de los medios de comunicación para asegurar la promoción de la cultura y el pluralismo de las ideas. Debiera consagrar el deber de contribuir al cuidado de la naturaleza y a la vida en el planeta y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección de la biodiversidad, reafirmar la propiedad pública de los recursos del subsuelo y el pleno cobro del valor del eventual acceso privado a su uso sustentable, junto al carácter público del agua (cuyo acceso debe ser definido como un derecho humano), de los recursos del mar y del espectro radioeléctrico. Estos derechos y deberes fundamentales debieran tener estabilidad en su vigencia mediante la ratificación de modificaciones posteriores por dos legislaturas sucesivas, pero sin reglas supra-mayoritarias de aprobación. Estas no deben existir (como fue el caso de la Constitución de 1925) pues anulan la soberanía popular.

La nueva Constitución debiera establecer un régimen semi-presidencial, una convocatoria a referéndums en la definición eventual de aspectos básicos de algunas políticas públicas, la iniciativa popular de ley y la obligación de consulta social en su elaboración. Debe consagrar la autonomía regional y comunal en el ejercicio de todas las competencias públicas que no requieran ser ejercidas por órganos nacionales. La nueva Constitución debiera dejar a la ley, sin quórum supramayoritarios, la definición de las políticas económicas, sociales, ambientales y culturales (un detalle de algunos de estos aspectos se encuentra en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/14134.pdf), siempre en el marco del respeto y cautela de los derechos fundamentales.

Los escollos a evitar son, entonces, la pretensión, que la derecha debe definitivamente abandonar para ser parte de la legitimidad democrática, de mantener un poder de veto de minorías sobre las políticas públicas, cuya definición y ejecución deben tener el solo límite del respeto a los derechos fundamentales. En segundo lugar, se debe evitar la idea que la constitución sea la llamada a fijar las orientaciones o los mecanismos específicos de esas políticas, las que cabe definir a la ley y a la acción gubernamental y la de las administraciones territoriales autónomas en sus ámbitos respectivos de actuación y a través de autoridades electas democrática y periódicamente por los ciudadanos y ciudadanas.

El partido del orden tergiversa la historia


No soy de los que les gusta comentar a comentaristas. Pero en su columna de El Mercurio del 10 de noviembre, Carlos Peña vuelve a hacerse el adalid del partido del orden, cargando con virulencia inusitada contra los intelectuales que no querrían asumir como éxito propio la "modernización capitalista" que debieran aplaudir y que ahora unos vándalos están amenazando.

Y esto ocurre a pesar de que él le explica el supuesto éxito de la mentada modernización a estos intelectuales todos los domingos desde el medio emblemático de la derecha chilena.

Estos serían unos necios que no entienden que la "mejoría en el bienestar material de los chilenos ha sido resultado de las últimas décadas y, en especial, de los veinticuatro años de gobiernos de centroizquierda" bajo Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, "y sus abundantes ministros, embajadores, asesores" que "contribuyeron a ello".

Supongo que me encuentro entre los aludidos, pues soy doctor en economía, profesor titular de la Universidad de Santiago y autor de una decena de libros y muchos artículos, lo que infiero me daría credenciales de intelectual.

Fui además subsecretario en La Moneda de Aylwin y Lagos, dirigente y presidente de un partido de Gobierno y embajador del primer mandato de Bachelet.

Aquí viene la acusación: "Pero los mismos intelectuales que fungieron de funcionarios de esos gobiernos —y que no dijeron palabra mientras ayudaban a que lo que hoy llaman neoliberalismo se construyera— ahora descubren que todo eso, nada menos que dos décadas y media de gobiernos, fue un gigantesco error, un error moral que pareciera justificar las demasías de estos días".

En mi caso, por lo menos, es mentira aquello de "no dijeron palabra" y "ahora descubren". Escribí, por ejemplo, un texto en 1993 –hace 26 años– siendo subsecretario de Aylwin, y que a él no le gustó pero que entendía era parte de un debate legítimo, llamado La Transición Inconclusa, en el que afirmaba que no ha terminado la transición y recalcaba que no se había hecho una justicia necesaria en materia de violación de los Derechos Humanos.

Añadía que en "la próxima etapa política de la Concertación deberá mantener su voluntad de terminar con los senadores designados, con la actual composición del Consejo de Seguridad Nacional, con la actual forma de generación de la Corte Suprema, con el rol de la Justicia Militar, con la inamovilidad de los comandantes en jefe y con la legislación que expresa la no sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil. Se deberá mantener la tesis de disminuir los quorum de reforma de la Constitución y de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales. También deberá mantenerse como compromiso programático y político concreto con nuestros socios de coalición avanzar en la creación de condiciones de reforma del sistema electoral para establecer uno de carácter proporcional y en el establecimiento de un régimen semipresidencial".

Concluía que es "universalmente aceptado que el mercado no puede producir bienes públicos ni corregir las desigualdades sociales, ni proteger el ambiente y que el Estado debe proveer infraestructuras y servicios y asegurarle ingresos mínimos a la población más pobre, interviniendo en los mercados de trabajo y de capital para redistribuir los ingresos y orientar el crecimiento. Chile debe seguir avanzando hacia una economía solidaria, en la que el mercado opere donde sea posible asignar descentralizada y eficientemente los recursos y el Estado donde sea necesario actuar solidariamente en beneficio del interés general".

Escribí un libro en 1999, hace 20 años, que abundaba en estas posturas y que llamé "Gobernar el Mercado" y en 2007 otro que llamé "Remodelar el Modelo" e innumerables artículos a lo largo del tiempo en el mismo sentido.

Al asumir como presidente del PS hace 15 años, en 2003, señalé: "Dice la UDI: Senado sin designados, porque ya sirvieron lo suficiente sus intereses, y con sistema binominal, para que todo esté siempre empatado. Una vez más para que no puedan gobernar las mayorías, sino que mantengan el poder de veto las minorías privilegiadas de Chile. ¡Como si la gente no se diera cuenta que a la derecha le interesa mantener ese poder de veto para defender los privilegios de los más ricos y que la sociedad no pueda decidir democráticamente de qué manera quiere vivir y solucionar sus problemas cotidianos!".

Y agregué: "Más allá de que es posible introducir mucha eficiencia en el desempeño del sector público, no cabe duda que deberá aumentar el gasto público en la próxima década hasta no menos de un tercio de la economía si no queremos sufrir brutalmente las consecuencias de la inestabilidad del mundo y mantener la impresionante desigualdad que permanece entre nosotros".

Ese gasto público sigue siendo hoy de solo 23% del PIB, en vez del 33% que los socialistas de entonces reclamábamos.

Pues bien, muchos seguimos pensando lo mismo que se expresó en el debate entre "autoflagelantes y autocomplacientes" hace décadas. Chile, a pesar de un leve progreso medición a medición, está en el rango de mayor desigualdad en la distribución de ingresos en el mundo, como otros países latinoamericanos, y su sistema de impuestos y transferencias no la disminuye, como es el caso de casi todos los países de la OCDE.

La pertinacia de la derecha en mantener un sistema político que no hace efectivo el principio de mayoría y que ha sido intervenido de manera corrupta por el poder económico ha terminado por deslegitimarlo por completo. Esto se explica por sus resultados en materia de extrema concentración de la riqueza, con un crecimiento que benefició mucho más a los privilegiados que a la mayoría social y una prosperidad plagada de inseguridades cotidianas y de falta de movilidad social para sectores medios tradicionales y emergentes, junto a la persistencia de un 20% que vive en la pobreza multidimensional (según los datos oficiales), es decir, en la precariedad y la exclusión.

Esos resultados, que muchos venimos previendo y criticando desde hace décadas, y que intentamos remodelar desde dentro sin éxito, tienen una consecuencia inequívoca: se requiere ahora de un nuevo pacto constitucional propiamente democrático que contenga un nuevo pacto social y de sostenibilidad ambiental.

Peña llama a que los intelectuales vean los hechos. Aquí va: el hecho básico es que Chile no ha logrado tener una democracia que deje de lado el veto de la minoría que representa el poder económico en el Parlamento y, por lo mismo, no ha podido aplicar políticas económicas de "crecimiento con equidad" como las postuladas en el programa de Gobierno de 1989 o las de "crecimiento con igualdad" del programa de 1999, en cuya redacción participé.

También lo hice en la gestión de Gobierno para llevar adelante esos programas. Desde La Moneda experimenté en vivo y en directo el bloqueo derechista y la connivencia neoliberal de una parte de la coalición gobernante. Esto no fue fruto de las opciones de una sociedad que hubiera adherido al neoliberalismo, lo que nunca ha ocurrido, sino de bloqueos institucionales ilegítimos, ante cuyos resultados nos encontramos primero con una abstención masiva en los procesos electorales que permitió dos victorias electorales de la derecha, junto a los errores de los que entonces nos dirigieron, y ahora con una rebelión social que cuestiona directamente la legitimidad del orden político y económico existente.

Si muchos se resignaron a los bloqueos institucionales que permitieron una continuidad híbrida del neoliberalismo (la lista es larga), algunos no lo hicimos, aunque quedamos en creciente minoría y con pocos espacios de expresión. Así y todo, somos objeto de estos ataques furibundos, cuya agresividad sorprende, habida cuenta de lo menguado de las filas de los aludidos.

Lo más irrespetuoso es la apelación de Peña a un supuesto deber de lealtad con el derecho a veto empresarial y de la derecha consagrados por la actual Constitución y suponer que reclamar una nueva es atribuirles "a esos violentos actos callejeros la dignidad de un reclamo constitucional". Esta afirmación es el grado cero de la honestidad intelectual y simplemente una bajeza.

También lo es la afirmación según la cual "a la hora de señalar caminos para resolver la crisis, en vez de subrayar la función de las instituciones y el valor de la democracia (que consiste en permitir la competencia pacífica en base a normas) sugieren (imaginándose, sin duda, como miembros de una constituyente) que la salida consiste en restarles lealtad a las reglas hoy existentes retrocediendo a un punto cero donde todo podría reescribirse".

Sí, eso creemos muchos desde siempre, los que luchamos por la democracia, incluyendo en las calles y las barricadas (mientras usted guardaba el silencio contra la peor dictadura de la historia de Chile): hay que reescribir de cero una Constitución que resguarda un orden oligárquico y no expresa la soberanía popular ni el principio de mayoría que son la esencia de la democracia, junto al respeto de las minorías y de los derechos fundamentales.

Eso lo habrán de hacer, por supuesto, personas distintas a los que participamos de la transición. Y la desobediencia civil de estos días es enteramente legítima, la que nada tiene que ver con los actos de destrucción de grupos pequeños e irracionales y del lumpen que hemos condenado todos desde el primer momento.

Carlos Peña se retrata al no haber sido capaz de decir una palabra de condena a la violencia policial, que ha incluido heridas a bala, graves golpizas y vejaciones sexuales, ni al hecho de que cientos de jóvenes estén perdiendo sus ojos fruto de esa represión.

En estos días, cada uno ha tenido la ocasión de demostrar dónde se sitúa. Algunos, en la defensa –incluyendo la violación descarnada de los Derechos Humanos– del orden que nos rige. Otros, en su impugnación y la defensa de la necesidad urgente de iniciar un proceso constituyente, junto a amplias medidas sociales antineoliberales, para salir de la crisis provocada por el Gobierno de Sebastián Piñera y las consecuencias de larga data de un modelo económico excluyente y desigual.

La tragedia de Chile ha sido que este modelo se ha logrado perpetuar gracias a un sistema político que no refleja la voluntad popular, a pesar de los esfuerzos de muchos desde 1990. Voluntad popular que hoy se encuentra en la calle, dado que las instituciones le negaron el derecho a prevalecer sobre el veto de una minoría que concentra y abusa, pese a quien le pese.

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