viernes, 29 de diciembre de 2023

¿Un mejor año 2024?

En La Tercera


El crecimiento anual del PIB de Chile en el trienio de crisis y recuperación de 2020-2022 fue superior (2,7%) al del mundo (2,3%) y al de América Latina (1,4%). Esto se explica por el desempeño de 2021 (11,7%), fruto de un fuerte aumento de la demanda interna, incluso superior al de 1971. No fue programado por el gobierno de Sebastián Piñera, sino que resultó de un peligroso desborde institucional. Pero el hecho es que tuvo un gran resultado en crecimiento, con el costo, como era de esperar, de un aumento del déficit en la cuenta corriente, producto de una fuerte expansión de las importaciones, aunque financiado sin problemas por las repatriaciones de fondos de pensiones para cubrir los retiros.

El problema se produjo con la inflación. Reforzando una visión ultraortodoxa, el Banco Central interpretó, con cálculos dudosos, que las tensiones en las cadenas globales de suministro y los aumentos de precios de alimentos y combustibles por la invasión a Ucrania, no eran la causa principal de la inflación. Interpretó que debía disminuir a toda costa la demanda interna para controlarla, desechando su carácter transitorio y su origen externo. Realizó un gran aumento de la tasa de interés de política monetaria, especialmente desde marzo de 2022, cuando la presidencia del Banco Central pasó a manos de una ex funcionaria de Libertad y Desarrollo. Esto se acompañó de un inusitado ajuste fiscal para 2022 (-23% de gasto) programado por el gobierno saliente, uno de los más altos del mundo.

El ajuste recesivo aplicado llevó a un menor crecimiento en 2022 y a un estancamiento en 2023. El buen crecimiento no programado dio lugar a una drástica caída programada de la economía, ironías aparte. La desinflación llegó en 2023, solo que de la mano de la del resto del mundo. Según la Cepal, la inflación de América Latina y el Caribe pasó de 8,2% en 2022 a 3,8% en 2023, con un crecimiento del PIB de 2,2%. En Chile la inflación anual pasó de 12,8% a 4,8%, pero sin crecer.

¿Tenía sentido deprimir la demanda interna cuando el grueso de la inflación provino del impacto de los precios externos, primero al alza y luego a la baja desde mediados del año pasado? La presión de demanda era necesariamente temporal al agotarse el efecto en el consumo de los tres retiros de los fondos de pensiones y por el fin de las ayudas por la pandemia, junto a la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación. Ese brote no debió ser atacado como si fuera a persistir, y sin considerar una respuesta de la oferta que funcionó bastante bien. El sector de comunicaciones, por ejemplo, no solo se expandió sino que bajó sus precios.

La fuerza de los hechos ha llevado poco a poco a un cierto abandono de la ultraortodoxia. Por ello, el crecimiento de 2024 rondará el 2% y permitirá alejarse de la recesión. El Banco Central empezó a bajar la tasa de interés desde agosto, a paso demasiado lento pero positivo para la actividad. La política fiscal será algo más expansiva, con un aumento del gasto de 3,5%. También ayudará el que las condiciones financieras externas, con la anunciada baja de tasas en Estados Unidos, serán mejores y el que, aunque la incertidumbre permanecerá, el crecimiento mundial será, según el FMI, algo mayor que el 2,8% de 2023 y llegará a 3% en 2024-2025.

Genialidades

En El Clarín

¿Tenía sentido deprimir la demanda interna cuando el grueso de la inflación provino del impacto de los precios externos, primero al alza y luego a la baja desde mediados del año pasado?

La revista The Economist puso en buen pie comparativo a Chile a nivel internacional en 2023, a pesar de un estancamiento del PIB. El desempeño económico reciente de Chile se resume en una caída del PIB similar a la América Latina en la crisis del Covid-19 (-6,1%) y superior a la de la U.E. y EE.UU. en 2020, un fuerte crecimiento liderado por la demanda interna en 2021 y un posterior ajuste recesivo que llevó a un menor crecimiento en 2022 y en lo que va de 2023. En 2022, el aumento del PIB de Chile (2,4%) fue menor que el del agregado mundial (3,4%) y el de América Latina y el Caribe (4,0%), aunque algo superior al 2,1% de Estados Unidos. En el trienio de salida de crisis 2020-2022, el crecimiento promedio del PIB de Chile es superior al del resto de las economías, explicado por el alto crecimiento de 2021 (11,7%).

No obstante, hay un énfasis en el análisis del semanario británico en el buen comportamiento de la bolsa y un análisis de la inflación simplista.

El Banco Central de Chile ha mantenido una política monetaria altamente restrictiva desde marzo de 2022, con grandes aumentos de la tasa de interés de política monetaria hasta 11,25%, lo que recién empezó a relajar poco a poco a partir de agosto pasado, como se reseñó, y mantiene en un 8,25%. La consecuencia es que creció muy poco la economía en 2022, ayudada por una política fiscal de fuerte ajuste a la baja, y se estancó en 2023. Esto ocurrió como respuesta equivocada a un fuerte crecimiento del PIB en 2021 por incremento de la demanda. Esa expansión era por una vez y no debía ser atacada como si fuera a persistir, y sin considerar factores de respuesta de la oferta que funcionaron bastante bien frente a la súbita presión de la demanda. Un ejemplo es el sector de servicios de comunicaciones, que se expandió mucho y al mismo tiempo bajó sus precios (ver la respuesta de la oferta y su incidencia en la desinflación en el caso de Estados Unidos en el texto de Mike Konczal, 2023). La presión de demanda era necesariamente temporal al agotarse el efecto en el consumo de los tres retiros de los fondos de pensiones y dado el fin de las ayudas por la pandemia, junto al efecto de los propios aumentos de precios en la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. El aumento de los precios externos también tenía causas transitorias, como las restricciones parciales de oferta en la salida de la crisis del COVID y los efectos de corto plazo de la guerra de Ucrania en los precios de los alimentos y combustibles.

Se ha producido efectivamente una desinflación en 2023 en Chile. Solo que es como la del resto del mundo, sin nada mayormente distintivo, pero con un estancamiento del PIB. Según la CEPAL, la inflación de América Latina y el Caribe pasó de 8,2% en 2022 a 3,8% en 2023, con un crecimiento del PIB de 2,2%. En Chile la inflación anual pasó de 12,8% a 4,8% sin crecer.

¿Tenía sentido deprimir la demanda interna cuando el grueso de la inflación provino del impacto de los precios externos, primero al alza y luego a la baja desde mediados del año pasado?

¿Y afectar la creación de empleo? En Chile, es cierto, toda idea de pleno empleo ha sido abandonada. Se trata, sin embargo, un objetivo racional básico de una política económica orientada al interés general. Es el «síndrome del martillo» de Maslow: si tengo un martillo, entonces lo uso golpeando una y otra cosa y no solo clavos, en este caso aumentando la tasa de interés de manera desmedida sin considerar los efectos evitables en la actividad y en el empleo, martillando un brote inflacionario transitorio como si fuera permanente.

También cabe hacerse la pregunta que todo economista debe formular siempre: ¿a quiénes favorecen o perjudican las medidas de política que se toman? ¿Quién se beneficia con una baja creación de empleo y una oferta amplia de fuerza de trabajo? ¿Los que viven de su trabajo o sus empleadores? Estos últimos son los que evitan, a través de un alto desempleo (8,9% de la fuerza de trabajo hoy) que los asalariados logren una mayor capacidad de negociación en el reparto del ingreso producido en las empresas. Esta es una de las claves de la desigualdad en la distribución de los ingresos en Chile, en beneficio de las utilidades de los poseedores del capital, junto a la baja participación de la mujer en el trabajo remunerado.

Y también es una de las claves la tendencia ortodoxa de la mayoría de los economistas chilenos de ajustar los choques que afectan a la economía manteniendo una demanda agregada insuficiente, cuyos efectos macroeconómicos afectan el crecimiento. En efecto, los ingresos de los asalariados se consumen casi en su totalidad, por lo que al ser más bajos en relación a los del capital no son un factor que empuje lo suficiente el dinamismo de la demanda interna y de la creación de empleo. Al no traducirse necesariamente los ingresos del capital en inversión doméstica y al mantenerse como ahorro en Chile o el exterior (las salidas de capital han sido significativas, compensadas en parte por la inversión extranjera), entonces esto se constituye en uno de los factores de contracción del crecimiento potencial de mediano plazo.


 


Para lograr una mayor inversión autónoma de las empresas, se requiere de un horizonte de demanda suficiente en el mediano y largo plazo, constituido de manera predominante por el consumo de los hogares y el gasto corriente y la inversión del gobierno, de una manera compatible con las capacidades de respuesta de la oferta y los equilibrios fiscales y externos. La demanda externa, por su parte, es enteramente exógena y sus precios relativos dependen en parte del tipo de cambio. La política doméstica puede eventualmente ayudar a mantener un tipo de cambio más estable y competitivo, junto a una política de innovación y transferencia tecnológica más activa y un financiamiento de costo abordable, especialmente para las pymes, y de plazos más largos. Nada de esto puede dejarse solo a los vaivenes de los mercados.


La reforma del sistema político

La reforma del sistema político es más que necesaria. Solo que la oposición y el gran empresariado, que son más o menos lo mismo, entienden este concepto como volver a algo que se parezca lo más posible al sistema binominal, para obtener ventajas en la representación de la derecha en las instituciones y bloquear los cambios en el sistema económico-social "híbrido" que nos rige, en especial en materia de control sobre la explotación de los recursos naturales (concesiones mineras, litio, pesca), el régimen tributario y de regalías, el régimen laboral, el sistema de pensiones, el régimen de seguros de salud y los subsidios incondicionales a la educación privada, entre otros temas cruciales para el bienestar de la mayoría social y la igualdad efectiva de oportunidades y derechos.

Ya las tiene en el Senado, donde hay circunscripciones que siguen siendo binominales y eligen dos senadores/as. Con un tercio más un voto se obtiene lo mismo en escaños que con dos tercios menos un voto, lo que tiende a favorecer a la derecha. En otras se eligen muy pocos representantes en relación a la población, lo que también tiende a favorecer a la derecha, más fuerte en regiones poco pobladas y rurales. La guinda de la torta es la Región Metropolitana, que cuenta con solo 5 escaños: con el 40% de la población elige solo el 10% de los senadores, consagrando una insólita desigualdad del voto. Esto podría concebirse para una cámara que representara a la regiones y no a los ciudadanos, pero en ese caso no debiera tener facultades co-legisladoras sino solo de revisión propositiva de las leyes, como en diversas democracias avanzadas.

Ahora la derecha quiere también ventajas en la Cámara, como intentó en la propuesta constitucional del Consejo, buscando disminuir fuertemente el máximo de 8 electos por distrito. Esto no tiene otro sentido que restringir la representación de la izquierda. Y si de verdad se quiere evitar la fragmentación del sistema de partidos, una regla del 5% mínimo de votos para integrar las cámaras cumpliría con ese propósito, junto a obligar a la renuncia a los que se cambian de tienda en el ejercicio de un cargo parlamentario. Incluso es mejor para ese fin la elección de diputados/as y senadores/as en dos vueltas en distritos uninominales, en un sistema mayoritario como el francés para los diputados (allí, como en casi toda Europa, el Senado representa a las entidades territoriales y colegisla en ámbitos limitados, con prevalencia de la Cámara de representantes de los ciudadanos, con la excepción de Italia y parcialmente de Alemania).
Pero en definitiva, una consideración modernizadora fundamental es establecer la paridad de género en las cámaras. Para ello, el mejor mecanismo es la elección en listas nacionales o de macro-regiones de una parte de los parlamentarios, hasta alcanzar al menos un 40% de un género u otro, con un voto para un hombre y otro para una mujer en cada lista. Así nadie "le quita" la representación a nadie, pues unos y otros la tendrían de pleno derecho, repartiendo en partes iguales entre hombres y mujeres la representación proporcional de cada lista paritaria obtenida según el sufragio popular en distritos y circunscripciones que aseguren la igualdad del voto.
Sería muy bueno, además, que se termine con la figura de la acusación constitucional a ministros, que no sirve para nada que no sea la polarización política y la guerrilla contra el gobierno en ejercicio (así cabe llamar a los gobiernos, porque aquello del "gobierno de turno" tiene el pequeño problema conceptual que, por definición, en democracia los gobiernos son de turno: si no fuera así, se trataría de una dictadura). Esta figura no modifica nada y solo busca castigar personas en un juicio público sin debido proceso, con la consecuencia de irritar la esfera política una y otra vez de manera destructiva.
Y sería muy bueno que los alcaldes se eligieran con un sistema de dos vueltas, como es el sistema vigente de elección de gobernadores regionales. Esto permite que las personas marquen su preferencia en una primera vuelta y, si no hay una mayoría suficiente para ninguna candidatura, luego en una segunda vuelta se conforma una mayoría entre los seleccionados en primera vuelta. Se evitaría así las negociaciones y reparticiones de candidaturas entre partidos que dan un poder indebido a las directivas (créanme que es así) y resultan irritantes para la ciudadanía y la militancia de los partidos, a la que se sustrae la decisión de dirimir candidaturas. O bien establecer un sistema reforzado de primarias.
Esas serían tres excelentes iniciativas. También lo sería una cuarta: si se crea el Ministerio de Seguridad, el Ministro/a del Interior debiera asumir la función de ministro coordinador del gobierno, para lo cual debiera contar con una mayoría en ambas cámaras. Si no las obtiene, el Presidente debiera poder disolverlas (o solamente la Cámara de Diputadas y Diputados si se da al Senado un rol revisor general de las leyes desde la perspectiva de los territorios, pero colegislador solo en algunas materias). La repetición de las elecciones parlamentarias permite a la ciudadanía dirimir los bloqueos parlamentarios al Presidente/a cuando no tiene mayoría en las cámaras, lo que no beneficia a nadie, ni a la izquierda, la derecha o al centro y solo perjudica la capacidad de gobernar y aumenta el descrédito de la democracia como forma de gobierno. Otra precisión: no faltan los que están en contra de que prevalezcan "mayorías circunstanciales" y se suman a los bloqueos y empates. Pero ocurre que en democracia las mayorías siempre son circunstanciales, dado que son periódicas y competitivas. Si no fuera así, de nuevo se trataría de una dictadura.
Las reformas mencionadas son positivas para el correcto funcionamiento de las instituciones. Lo son para todo el espectro político, pero lograrlas supone que la derecha renuncie a su reflejo de buscar ventajas institucionales para su campo político, de lo que no logra desprenderse, y así jugar en una cancha democrática pareja para todos. Si se acompañaran de una disminución de los topes de gasto electoral, mejor todavía, para quitarle la influencia al dinero en la decisión de voto, que aún permanece en grados inaceptables.

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