Columna en La Tercera Digital La Presidenta Bachelet ha puesto en funcionamiento su segundo gobierno y avanzado en sus compromisos iniciales. Al cabo de los primeros cien días se podrá hacer un balance, que se aprecia bastante bien encaminado. No obstante, debiera tal vez haberse trazado una línea divisoria más clara en el nombramiento de autoridades que deben responder por la aplicación del programa del nuevo gobierno – y que es indispensable que reemplacen a las del anterior gobierno, aunque algunas incomprensiblemente no lo han sido, como los responsables de la Comisión Nacional de Acreditación o de la Agencia de Cooperación Internacional- y los funcionarios de carrera, que deben asegurar la continuidad de la tarea de la administración del Estado. Es demasiado el personal público que nuestro ordenamiento jurídico permite que sea despedido por las autoridades sin expresión de causa, junto a la excesiva extensión de la condición contractual que se presta para discriminaciones ...