¿Sistemáticas o graves y masivas?

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Discutir nimiedades es parte de la costumbre nacional para no ir al fondo de los asuntos: ¿qué diferencia sustancial pudo haber entre "sistemáticas" y "graves y masivas" violaciones de derechos humanos en 2019? Esta última es la expresión utilizada por el consejo del Instituto de Derechos Humanos en la época. Para algunos, lo sistemático indicaba una voluntad de gobierno que a su juicio no existía. Pregunto: ¿como podría existir algo "grave y masivo" en materia pública por generación espontánea? ¿Nadie fue responsable? Es evidente que el gobierno de Sebastián Piñera fue responsable administrativa y políticamente de una represión "grave y masiva". Existió una cadena de mando que ordenó -o al menos permitió- disparar al cuerpo y la cara balines (que fueron retirados mucho después) y bombas lacrimógenas (de lo que fui testigo personalmente), violentando el derecho a la integridad física de las personas. Este es un derecho humano que debe ser respetado. Solo oficiales podían en Carabineros realizar esos disparos, que fueron innumerables.

En realidad, los que niegan el mentado carácter sistemático de la represión, sujeto a una cadena de mando precisa, han señalado que supuestamente estaba en curso una insurrección para tomar La Moneda, promovida por algún grupo extremo marginal -que nunca falta en el paisaje, pero no por eso deja de ser marginal- y por tanto insinuado que la represión ilegal fue un mal menor necesario.

Lo que corresponde es no negar que las violaciones de derechos de los manifestantes y las agresiones violentas a personas que no participaban en nada, como la actual senadora Fabiola Campillai -que se dirigía a su trabajo al momento de ser violentamente agredida- fueron "graves y masivas". Y que debían y deben ser condenadas sin excusas ni pretextos por toda persona civilizada, más aún cuando se autodenomina demócrata. La mantención del orden público nunca debe ser equivalente a una acción policial que escala -en vez de desescalar- los desbordes callejeros y la destrucción de propiedad pública y privada, siempre condenables e inaceptables y que deben ser contenidas y en su caso reprimidas de manera proporcional. La policía no está legalmente autorizada para responder de cualquier manera a una agresión, aunque por supuesto tiene el derecho, en su caso, a la legítima defensa. En la mayoría de los casos, no se trató de legítima defensa de los policías, sino de ataques al derecho a manifestarse y de agresiones injustificadas.

Dicho sea de paso, ¿cuando declinó la violencia callejera en las ciudades? Cuando cambió el gobierno, y no porque los violentos simpatizaran mucho con el nuevo presidente, sino porque se le terminó de quitar toda legitimidad a sus desbordes y se recalibró la acción policial. Esa esa la manera de actuar frente a las violencias urbanas, abordando las causas y en su caso con una acción policial eficiente y proporcional, que contenga y no amplifique las violencias. Carabineros sabe hacerlo, salvo cuando tiene otras órdenes.

La única conclusión válida, si se es demócrata, es que las violaciones de derechos humanos deben ser condenadas y no excusadas y ser objeto de las sanciones judiciales correspondientes. De ello depende que se vuelvan o no a repetir.

Una posición internacional coherente

 En La Nueva Mirada

La política exterior chilena ha sido y debe ser de no alineación activa, es decir de no alineación con alguno de los bloques hegemónicos mundiales y simultáneamente activa en la defensa del multilateralismo, la resolución pacífica de los conflictos y controversias y la prevalencia del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

El presidente Boric ha mantenido una política internacional coherente en los hechos recientes. Ha exigido que se respete íntegramente la frontera por parte de Argentina en el incidente de los paneles solares en el sur, de modo de no dar lugar a precedentes y a nada distinto del control por parte de Chile del Estrecho de Magallanes, como ocurre desde el siglo XIX. Un control conjunto ha sido insinuado por Argentina, cuyos sectores nacionalistas, hoy fortalecidos, al parecer intentan nuevamente una proyección de ese país hacia el Pacífico. 

Por su parte, la posición chilena respecto a la situación del Medio Oriente -que no nos es tan lejana por la importancia de la comunidad de origen palestino y también en menor medida la de origen judío- ha sido de condenar los asesinatos de civiles y secuestros de rehenes por el grupo fundamentalista Hamás de octubre pasado, destinados a provocar terror en la población israelí -por mucho que su objetivo haya sido intentar cambiar el tablero de la anexión rampante de los territorios de Palestina ocupados ilegítimamente por Israel- y la violenta respuesta del gobierno israelí desde entonces, que incluye recurrentes crímenes de guerra. Chile reconoció al Estado Palestino como uno libre, independiente y soberano en 2011 y se ha sumado a la solución de paz entre dos Estados. El presidente Boric, a su vez, concurrió a la cita sobre Ucrania en Suiza en junio. La guerra en esta parte de Europa afecta los precios de los alimentos y de los hidrocarburos que consumimos, y en general el entorno en que se desenvuelve nuestra economía, por lo que tampoco nos es ajena. Esa presencia fue un paso para promover la paz, aunque no contara con la participación de la Federación Rusa, que se niega por el momento a retirarse de los territorios ocupados y a anular las anexiones de territorio ucraniano en violación del derecho internacional. Chile ha condenado, como corresponde, esta violación de la soberanía y firmó la declaración final que lo reafirma, aunque otros no quisieran hacerlo. Esto no constituye ninguna adhesión a la OTAN o a la política norteamericana, sino al derecho internacional y al respeto de las fronteras internacionalmente reconocidas. Es el mismo principio que se está defendiendo en el incidente reciente con Argentina y que funda el sistema internacional vigente. De más está recalcar que un sistema internacional basado en la ley del más fuerte no es exactamente lo más conveniente para un país pequeño (0,2% de la población y 0,3% de la economía mundial) y remoto como el nuestro.

Lo que no sería coherente sería condenar las invasiones y anexiones violentas en Palestina o los bloqueos a Cuba y Venezuela y no hacerlo cuando esas invasiones e intervenciones las hace Rusia, porque está confrontada con Estados Unidos. Si una potencia busca reconstituirse, en este caso reestableciendo los contornos del imperio zarista de siglos atrás, no tiene por qué producir adhesión alguna de la política exterior chilena. 

Por lo demás, la declaración oficial del PC chileno sobre la materia, aunque diversos de sus miembros piensen otra cosa, no contradice esta postura cuando afirma que “como fuerza de izquierda desde siempre el factor internacional es parte de nuestra política; permite ratificar como firmes partidarios del desarrollo de la cooperación internacional, el multilateralismo y la paz mundial, así como el respeto a la soberanía y autodeterminación de cada pueblo.” Eso es precisamente lo que está en juego en Ucrania: el respeto de los principios de soberanía y autodeterminación, por sobre consideraciones de restauración geo-estratégica o de reedición de lógicas de confrontación entre bloques propia de la guerra fría. Desde la URSS de Lenin en los años 1920, Ucrania ha sido un país nominalmente independiente, con representación propia en la ONU después de 1945, lo que se transformó en independencia efectiva, como la de los países bálticos y diversas repúblicas asiáticas, a raíz de los tratados firmados por Rusia después del fin de la URSS en 1991.

Esto ocurrió a cambio de la devolución a la nueva Federación Rusa del arsenal nuclear establecido en territorio ucraniano. No hay razones válidas para revertir esa independencia, en las fronteras internacionalmente reconocidas tanto por la URSS -incluyendo Crimea- como luego por la Federación Rusa. Por lo demás, la acción rusa contra Ucrania, y previamente contra Georgia, se ha traducido en la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, lo que es un retroceso estratégico para Rusia y su actual régimen conservador, autocrático y de capitalismo oligárquico, pues es toda Europa del Este y Nórdica la que teme por su independencia. El futuro dirá si habrá o no una integración de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea, y más remotamente a la OTAN, así como una paz de hecho, más o menos en las posiciones respectivas actuales de los ejércitos ruso y ucraniano a la espera de un tratado de paz, como ocurre desde el armisticio que puso fin a la guerra de Corea en 1953. Pero ese debe ser un acuerdo entre las partes. Mientras, lo que corresponde es el apoyo a la autodeterminación y soberanía de Ucrania, como a la de cualquier otro país del mundo que sea sometido a una agresión militar externa en violación del derecho internacional. Este debe ser sobre todo el caso si incluye el secuestro de unos 20 mil niños, lo que ha llevado a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de detención contra Putin, e innumerables víctimas civiles de bombardeos indiscriminados y destrucciones de infraestructura en el territorio de Ucrania, lo que ha llevado a una orden de detención de esa misma Corte para los dos principales generales rusos responsables. Nunca debe confundirse, o ponerse en el mismo plano, al agresor y al agredido.

En el tema de Venezuela, que enfrenta una elección presidencial crucial el 28 de julio próximo, el presidente Boric ha considerado que existe un deterioro de las instituciones en ese país. No hace más que constatar que el poder judicial y el poder electoral están hoy alineados con decisiones del gobierno de Maduro que no corresponden a criterios democráticos consagrados, por decirlo suavemente. Y alude también a que el fiscal general de Venezuela rebatió la tesis de la fiscalía chilena según la cual los autores del asesinato de un exmilitar venezolano en Chile serían ciudadanos también venezolanos, hoy fugados a ese país sin ser habidos, conjeturando que «pueden haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros» en «una operación de falsa bandera que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela«. Estas especulaciones no parecen demasiado propias de una autoridad judicial.

Hay quienes en la coalición de gobierno, específicamente el Partido Comunista, postulan que no se debe opinar sobre la situación interna de Venezuela. Uno puede preguntarse si eso incluye no opinar sobre la destitución por el régimen de Maduro de la dirección del Partido Comunista de Venezuela, que al manifestarse crítica del gobierno fue objeto de la imposición de una dirección de reemplazo favorable al régimen, al margen de sus decisiones internas. O bien no opinar sobre la inhabilitación de prácticamente todos los candidatos presidenciales opositores, dejando vigente solo la candidatura de un diplomático desconocido apoyado como último recurso por la oposición. La defensa de la democracia no debe reconocer fronteras.

Por otro lado, los que piden romper las relaciones diplomáticas con Venezuela no hacen más que hacer demagogia: las relaciones son entre Estados, más allá de los gobiernos. ¿Alguien se imagina un mundo en que los países con poder de destrucción nuclear, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Pakistán e India, por ejemplo, no tuvieran relaciones diplomáticas entre sí dadas sus diferencias y confrontaciones? Si cada gobierno rompe relaciones con aquellos con los que mantiene discrepancias de una u otra índole, por graves que sean y con la excepción de situaciones de guerra o de ataque a las embajadas, nadie tendría relaciones diplomáticas con nadie. La diplomacia existe precisamente para canalizar conflictos, no para agravarlos.

Siguen las terribles noticias desde Gaza

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Sin avances en la negociación de un alto el fuego en Gaza y con una gran tensión adicional en la frontera entre Israel y Líbano, el gobierno israelí mantiene su incesante fuga hacia adelante después de 8 meses de la guerra asimétrica que se desencadenó con la masacre de judíos realizada por el grupo fundamentalista Hamás. Este organizó y justificó en nombre de la resistencia al invasor el asesinato indiscriminado de 1.200 personas ocurrido el 7 de octubre pasado en los bordes de la franja de Gaza, incluyendo sembrar el terror y la muerte en una fiesta de jóvenes de distintas nacionalidades y tomar 250 rehenes, de los cuales permanecen en esa condición unos 50.

El gobierno y las fuerzas militares israelíes tienen el plan declarado desde entonces de no solo restablecer la seguridad de sus ciudadanos en su territorio sino de eliminar completamente las capacidades para combatir y gobernar la Franja de Gaza del movimiento islamista Hamas y del grupo aliado de la Jihad Islámica, incluso al costo de la vida de los rehenes, lo que suscita crecientes protestas en las calles en Israel. Su líder interno, Yahya Sinouar, ha sido declarado "hombre muerto caminando", así como su responsable militar Mohammed Al-Masri o Deif, los que no han sido habidos por las tropas israelíes en estos 8 meses. Recordemos que el cheikh Ahmed Yassine, el fundador de Hamás en 1987, fue asesinado por Israel en 2004, y su sucesor un mes después.

La respuesta israelí al ataque de Hamás de 2023 se ha transformado en una masacre concebida como castigo colectivo, con ya al menos 37.551 mil muertos y 86 mil heridos, mediante una persecución con violencia extrema de las milicias islamistas en su entramado de túneles en medio de las ciudades y campamentos en la estrecha Franja de Gaza, conducente a asesinatos masivos e indiscriminados de civiles palestinos día a día.

Las autoridades de la ONU consideran que hay indicios de un genocidio ("exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad"), mientras la ultraderecha israelí apunta a una administración militar de la Franja de Gaza sin plazos, que conduzca a una salida de la población palestina y a una anexión -como ya ocurrió después de 1967 con Jerusalén y partes de Cisjordania y los Altos del Golán en Siria- en violación de la partición de Palestina de 1947 por la ONU, hasta entonces colonia británica, y de las fronteras previas a 1967, fecha hasta la cual la Franja de Gaza era administrada por Egipto. Hacia octubre de 2023, Gaza era la mayor prisión al aire libre del mundo para sus 2 millones de habitantes, cercada por Israel y administrada con grandes restricciones por el grupo fundamentalista Hamás, fundado en 1987 y que recibió en una primera instancia la ayuda de Netanyahu y su partido Likud, actual primer ministro de Israel que ya ocupó el cargo en 1996-1999 y en 2009-2021, para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina. Esta fue desplazada por Hamás, dada la ausencia de resultados de los compromisos con Israel, primero en elecciones en 2006 y luego por la fuerza en 2007, aunque aún administra partes de Cisjordania.

En las últimas horas, el ejército israelí ha incrementado los bombardeos, en una de las oleadas más letales. Se ha informado de 101 muertos, incluyendo ataques en zonas residenciales y de refugiados en el norte y centro, con objetivos identificados como “sitios de infraestructura militar de Hamás”. En el sur de la franja, sus tropas intentan tomar toda la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, lo que ha implicado interrumpir casi todos los abastecimientos de agua y alimentos. Los milicianos palestinos tratan de frenar con lanzagranadas y explosivos el ingreso de los blindados israelíes a las dos zonas de Rafah que no controlan.

Se trata del mayor número de muertos desde el 7 de junio, cuando los bombardeos masivos para el rescate de cuatro rehenes cobraron 274 vidas en el campamento de refugiados de Nuseirat. Con el bombardeo el sábado en Al Shati, un campamento de refugiados en la capital de Gaza, los cazabombarderos dejaron 24 muertos. Otro ataque en el barrio de Al Tuffah causó otros 18 muertos. Este doble bombardeo se produce un día después de que la Media Luna Roja palestina informase de una matanza en una zona definida por Israel como humanitaria y a la que ordena dirigirse a la población, con al menos 25 víctimas mortales. El Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que su oficina en Al Mawasi, “rodeada por cientos de civiles desplazados que viven en tiendas de campaña”, resultó dañada por “proyectiles de gran calibre”. Israel es el único que los emplea. El ejército está “revisando” lo sucedido y niega “un ataque directo contras las instalaciones de la Cruz Roja Internacional”.

En Cisjordania, la tensión aumenta y un palestino herido atado a un vehículo militar israelí sirvió como escudo humano, como se observa en un video que circula por redes sociales. El ejército ha confirmado su veracidad y declaró que el incidente “será investigado y tratado en consecuencia” y que “la conducta de las fuerzas no se ajusta a los valores del ejército israelí”, pues vulnera las “órdenes y los procedimientos operativos estándar”. Los relatos y documentos gráficos en los territorios palestinos muestran el empleo de escudos humanos en redadas israelíes, pese a su prohibición.

Parece recrudecer la violencia operativa de las tropas israelíes, incluso más allá de sus propias normas, lo que le ha valido numerosas acusaciones de estar cometiendo crímenes de guerra. A la vez, ha aparecido una creciente confrontación pública entre el ejército y Netanyahu, pues los militares sostienen que debe crearse alguna forma de administración palestina en Gaza excluyendo a Hamás, mientras se ha desarmado el gabinete de guerra en Tel Aviv por la misma razón.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha denunciado el “caos” y “anarquía total” provocados por ocho meses de invasión israelí. “Tenemos ataques, bombardeos y luego las tropas se trasladan a otros lugares”, ha asegurado Guterres, mientras “Hamás vuelve a los lugares originales y hay un caos total en Gaza. No hay autoridad en la mayor parte del territorio”. Guterres ha lamentado el saqueo de “la mayoría de los camiones con ayuda humanitaria en Gaza”, porque “esta es una guerra diferente a cualquier otra”, en la que Israel “ni siquiera permite que la llamada ‘policía azul’ escolte los convoyes” de ayuda, lo que genera una “extrema dificultad” para distribuirla. Esos agentes de policía de la administración local son objetivo militar de Israel. Además de emplear el hambre como arma de guerra, el ejército israelí controla la mayoría de la Franja sin hacerse cargo de la protección de los convoyes ni reparte la ayuda humanitaria, que depende en gran medida de acuerdos con las comunidades locales. Impedir el abastecimiento de la población civil es considerado un crimen de guerra por el derecho internacional humanitario.

Según El País, "las tropas matan o arrestan a todo aquel que lleve la etiqueta de Hamás, como los agentes de la policía azul citada por Guterres, que tienen miedo a escoltar los convoyes porque Israel los identifica y bombardea. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu se opone al control civil de Gaza en manos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), a quien le correspondería por los Acuerdos de Oslo de 1993".

En una entrevista el jueves, Netanyahu, que es objeto de una orden de detención de la Corte Penal Internacional -al igual que los líderes de Hamás- habló de una “administración civil” que cuente con “respaldo” y dinero de países árabes y que aplique “algún tipo de proceso de desradicalización, que comenzaría en las escuelas y las mezquitas para enseñar a esa gente un futuro diferente a aniquilar Israel y matar a todos los judíos del planeta”. Esto supondría acceder a un cese del fuego bajo una estrecha supervisión internacional, que incluya en primer lugar la liberación incondicional de todos los rehenes israelíes secuestrados por Hamas y el alivio inmediato de la hambruna de la población de Gaza, junto a encaminar nuevas conversaciones de paz en la perspectiva futura de dos Estados, dejando atrás el engranaje fatal de ocupación ilegal, desplazamiento forzado de poblaciones, odio antisemita y odio antiárabe que se reproduce sin límites.

No habrá construcción posible de dos Estados independientes y con fronteras seguras si Hamas persiste en su Carta fundacional, que cita un "hadiz" -lo que se entiende el Profeta Mahoma dijo o aprobó- según el cual "el Día del Juicio no se producirá hasta que los musulmanes peleen contra los judíos (matando a los judíos)". La Carta de Hamás alude la "usurpación de los judíos de Palestina" y los acusa de controlar los medios de comunicación del mundo y de estar detrás de la Revolución Francesa y las sociedades secretas y de controlar los países imperialistas. Un documento de 2017, que Hamas señala no sustituye la carta fundacional, acepta el establecimiento de un Estado palestino dentro de los territorios ocupados por Israel en la guerra de Oriente Medio de 1967, pero como una etapa "hacia la liberación de toda la Palestina al oeste del río Jordán".

Tampoco habrá paz posible con un Netanyahu que sostiene que "(la victoria) significa hacer una distinción moral entre el asesinato deliberado de inocentes y las bajas no intencionales que acompañan a toda guerra legítima” para justificar la masacre que conduce y que quiere extender al sur del Líbano. Ha llegado a comparar a los palestinos con los amalequitas, un pueblo confrontado con los judíos que habría sido exterminado por Dios según el Antiguo Testamento. Señala Netanyahu: "debéis recordar lo que Amalec os ha hecho, dice nuestra Santa Biblia. Nosotros lo recordamos y estamos luchando". El primer ministro de Israel alude a Samuel 15:1, donde se señala: “me acuerdo de lo que Amalec hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando Israel salió de Egipto. Ahora ve y hiere a Amalec, y destruye a hombres como a mujer, a niño como a lactante, a buey y oveja, camello y asno”.

Con semejantes referencias religiosas fundamentalistas y violentas no habrá paz posible en Medio Oriente, como en las guerras de religión en el medioevo. Las fronteras de 1967 son la referencia necesaria de una paz duradera con dos Estados, como la que se intentó en Oslo en 1993. Lo que Netanyahu y el partido Likud en Israel, así como Hamás y la Jihad Islámica en Palestina, han boicoteado con entusiasmo y éxito hasta el día de hoy.

Contraofensiva sobre el litio

 En El Clarín de Chile

En la legislación vigente y desde la nacionalización de 1971, el subsuelo pertenece a la colectividad nacional. Esto fue revertido en parte por la dictadura con concesiones mineras que se realizan sin plazos, lo que las hace prácticamente equivalentes a una privatización. Su origen es una de las más graves imposiciones económicas en la constitución de 1980, que no ha podido ser revertida desde 1990 por los bloqueos del sistema político, a pesar de ser manifiestamente contraria al interés nacional.

En efecto, la ley de concesiones mineras de 1982 ha permitido enormes utilidades ilegítimas a las compañías privadas del cobre, la mayoría de ellas transnacionales cuyos accionistas se benefician del acceso a bajo costo a un recurso que no les pertenece. A pesar de los esfuerzos por establecer una regalía minera, se ha regalado por décadas, o casi, la extracción del cobre, lo que ha impedido el uso de los excedentes de la renta minera para diversificar y desarrollar la economía chilena (ver Gabriel Palma, en https://www.ciperchile.cl/…/el-royalty-como-eje-de-una…/). Los esfuerzos políticos rindieron sus frutos para el cobre recién en 2005. En el gobierno de Ricardo Lagos se promulgó, después de una derrota por carecer de mayoría parlamentaria, la primera ley en la materia con un muy bajo gravamen de hasta 5% del margen operacional de las empresas mineras. Luego durante Piñera I se pasó a una tasa de 5 a 14% de ese margen para financiar la reconstrucción del terremoto de 2010. La nueva regalía aprobada en 2023, y que rige desde 2024, ha implicado otro paso y recaudará un 0,45% del PIB. Esta mantiene exenta a la pequeña minería (menos de 12.000 toneladas de producción), mientras para la mediana minería (menos de 50.000 toneladas) se establece una tasa progresiva de entre un 0,4% y un 4,4% según la producción anual. Sobre las 50.000 toneladas, la gran minería quedará sujeta por, primera vez, a un componente sobre ventas de un 1% y a una tasa progresiva de entre 8 y 26% del margen operacional. Pero se estableció, de nuevo por carecer de mayoría parlamentaria, una tasa impositiva máxima que beneficia a las grandes mineras, considerando todos las regalías y tributos, de 46,5 % del margen operacional.

No hay razones económicas para que, sin inhibir retornos razonables de la inversión, no haya una regalía progresiva según el precio y sin límites al total de tributos. La diferencia entre el costo de producción más una utilidad normal, que no debe ser superior al 15% en ningún caso, y el precio que se recibe, no pertenece a las empresas extractivas sino al dueño del recurso. Si el precio excede ese costo más una utilidad normal, constituye una sustancial «renta económica», que es el concepto económico aplicable desde David Ricardo. Debe beneficiar a quien posee el recurso, que es la nación chilena, y en estas condiciones la regalía debiera ser de un 20% del valor exportado, con desgravaciones a los yacimientos de mayores costos de extracción (Gino Sturla, https://radio.uchile.cl/2021/06/12/gino-sturla-por-royalty-minero-si-se-aplica-el-cobro-de-un-20-por-ciento-a-todas-las-ventas-no-afectaria-la-inversion/). Esto representa entre 2 y 3% del PIB según el precio promedio que se considere. En el futuro próximo, los ingresos no percibidos por Chile serán especialmente altos si se considera los precios del cobre más elevados que se prevé prevalezcan durante la próxima década en los mercados mundiales.

La extracción de litio quedó excluida de las concesiones mineras a privados durante la dictadura militar por razones estratégicas, como debiera haber ocurrido con todos los productos mineros. El litio hoy emerge como componente necesario de las baterías asociadas a la electromovilidad, junto al cobre como conductor de electricidad. En su caso, se puede establecer contratos con privados por parte del Estado para autorizar cuotas de extracción, pero siempre de duración determinada y con las condiciones que en cada caso se consideren necesarias, especialmente en materia de cobro de regalías por el acceso al recurso y su extracción, sin perjuicio de las normas ambientales y tributarias aplicables. El reciente acuerdo con SQM para después de 2030, a pesar de que podría haberse realizado una licitación -lo que no se hizo para privilegiar una expansión más rápida de la producción y de los excedentes para el Estado-, satisface esa condición al asegurar, en principio, que del orden de 85% del excedente quedará en manos del Estado.

Por ello es una “muy mala noticia para Chile”, como subraya el diputado Nelson Venegas, la aprobación el 13 de junio por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y Diputadas -por iniciativa de la oposición-  de la idea de legislar una moción parlamentaria que establece la concesibilidad del litio. Esto cambiaría totalmente el marco normativo a favor de las compañías privadas. Para Venegas, legislador socialista y miembro de la citada comisión, esta decisión “es grave, y no sólo por su naturaleza económica, sino que por el sentido estratégico que constituye este material. Por eso esta aprobación es una muy mala noticia para Chile”. Por el momento, la moción ha sido declarada inadmisible en la Cámara y es de esperar que no prospere. En todo caso retrata, una vez más, los intereses que defiende la oposición y que no son los del país. Lo que se requiere es reafirmar la propiedad pública del litio y del conjunto de los recursos mineros, junto a consolidar la eventual asociación del Estado con privados a través de contratos, como es la práctica usual en las industrias extractivas en el mundo.

 

¿Mejora la economía?

 En La Nueva Mirada

El dato de coyuntura económica más frecuentemente citado por la prensa y los comentaristas resulta de comparar el Índice Mensual de Actividad Económica con el del mismo mes del año pasado, lo que no siempre dice mucho sobre los procesos más recientes. Doce meses atrás es lejano en el tiempo, mientras los dos puntos de comparación pueden estar, o no, fuera de tendencia. Tiene más sentido para la apreciación de la coyuntura a) utilizar el dato desestacionalizado; b) compararlo con el del mes inmediatamente anterior; c) calcular el promedio trimestral móvil, dato que promedia las fluctuaciones mensuales eventualmente volátiles y compararlo con el inmediatamente anterior; d) comparar el promedio del índice en lo que va de año con el mismo periodo del año anterior y e) calcular el promedio mensual de crecimiento del año en curso y llevarlo a cifras anualizadas (ver https://mgpp-usach.blogspot.com/…/el-desempeno-de-la…).

El Índice Mensual de Actividad Económica, corregido de efectos estacionales y comparado con el mes anterior, cayó en -0,3% en abril. Ya lo había hecho en -0,7% en marzo, después de haber crecido en 2,0% en enero y en 0,7% en febrero. 

En términos trimestrales desestacionalizados móviles, la actividad registrada en febrero-abril fue un -0,1% inferior a la de enero-marzo. A su vez, el crecimiento de la actividad en los cuatro primeros meses del año es de 2,0% en comparación con el mismo período del año pasado (un 1,6% sin considerar la minería). El crecimiento promedio mensual de la actividad en los primeros cuatro meses es de 0,36% (un 0,24% sin considerar la minería), es decir un 4,2% anualizado, una buena cifra.

Sin embargo, las dos caídas consecutivas de la actividad económica de marzo y abril son preocupantes. La variación trimestral febrero-abril fue empujada a la baja en parte por la producción de bienes, que cayó en -0,1% respecto al primer trimestre del año, y sobre todo por la caída del comercio en -1,4%, mientras se produjo una expansión de 0,2% en los servicios. Esto podría reflejar una desaceleración del consumo de los hogares, que tiene un gran impacto en la coyuntura económica. 

Uno de sus principales determinantes, las remuneraciones reales, ha aumentado en un 2,3% en doce meses, pero ha caído en -0,5% entre enero y abril (-0,2% en el trimestre móvil febrero-abril), mientras los asalariados han aumentado en 0,4%, por lo que la masa salarial ha experimentado una caída de -0,1% en enero-abril, debilitando el consumo de los hogares.

No está resultando fácil salir de la secuencia de «desborde de la demanda» de 2020-21, que empujó el crecimiento, y luego de «ajuste ultra- ortodoxo«, con resultados bajos en 2022, de estancamiento en 2023 y aún inciertos en 2024. 

La ortodoxia argumenta que este tipo de ajuste monetario y fiscal extremo era necesario para corregir los desequilibrios inflacionarios y de la cuenta corriente de la etapa previa, y preparar una nueva etapa expansiva. Esto es bastante discutible, dado el origen básicamente externo del brote inflacionario y el carácter no permanente de los mecanismos que propulsaron por una vez el aumento de la demanda interna y de las importaciones en 2021. Luego de un empuje inicial por exceso de demanda, la inflación subió y cayó básicamente al ritmo de los precios externos de alimentos y combustibles, dada la fuerte integración de la economía chilena a la economía internacional.

El nuevo IPC, que rige desde enero, se incrementó en mayo en 0,3% respecto al mes previo. Esto es menos que en abril (0,5%), marzo (0,4%) y febrero (0,6%). El promedio del IPC en el trimestre marzo- mayo alcanzó un 0,39% mensual. Para alcanzar la meta de 3% anual de inflación, se requiere llegar a un aumento del IPC de no más de 0,25% promedio mensual, por lo que el resultado del trimestre móvil más reciente nos mantiene por encima de esa meta, pero ya en un nivel más cercano que en febrero-abril, cuando el promedio mensual del IPC alcanzó un 0,50%. Cabe tener en cuenta que el 3% anual es una meta a alcanzar en un horizonte de 24 meses. 

El IPC sin alimentos y energía (SAE) es una medida adicional a observar para evaluar la inflación subyacente y orientar la política monetaria doméstica más allá de los precios más fluctuantes de origen externo que inevitablemente impactan en el IPC. El IPC-SAE también va a la baja y aumentó en mayo en 0,3%. Los precios de los alimentos aumentaron en 0,1% y los de la energía en 0,4%. El promedio del IPC-SAE en marzo-mayo marcó un 0,38%, a comparar con el 0,49% en febrero-abril.

También cabe observar el IPC de los bienes y servicios que no son objeto de comercio internacional, cuya evolución es sensible a la demanda interna. Este subconjunto varió en el mes de mayo en solo un 0,1%. Incidió el IPC de la vivienda, que aumentó en 0,3%, mientras el de los servicios no varió. El promedio del IPC de bienes y servicios no transables internacionalmente en marzo-mayo marcó un 0,36%, a comparar con el 0,66% de febrero-abril. No se están manifestando presiones inflacionarias por el lado de la demanda, lo que justifica rebajas rápidas de la tasa de interés de la política monetaria para estimular la economía, habida cuenta que demoran meses en surtir efecto.

Por su parte, se necesitó menos pesos (-4,4% en mayo y -0,8% en abril) para comprar dólares, suavizando en parte el impacto al alza del tipo de cambio en los precios de los bienes importados y en el IPC general en el primer trimestre del año, cuando se había devaluado en un 10,7% y encarecido las compras en el exterior.

El Banco Central debiera, en este contexto, acelerar la baja de la tasa de interés de política monetaria. Alcanzó a 11,25% en 2022 y parte de 2023 y desde el 23 de mayo de 2024, luego de rebajas sucesivas, se sitúa en 6,0%. Esto es especialmente relevante para las constructoras y para las pymes, afectadas por la política monetaria restrictiva vigente. Junto a la baja ejecución de la inversión pública, esto llevó a la economía chilena al estancamiento y a un mal desempeño comparativo en 2023.

Defensa de privilegios y retiros desde las AFP

En El Clarín de Chile

La política de la derecha, desde que logró que se rechazara la propuesta constitucional de 2022, es cada vez más una defensa desembozada de intereses particulares y de privilegios, sin considerar mayormente que su propuesta de 2023 también fue rechazada. Ahora, en materia de cumplimiento tributario, según reseña la prensa, la oposición busca cerrar un protocolo de acuerdo con el gobierno excluyendo el secreto bancario, la norma anti-elusión y la figura del denunciante anónimo. Se trata nada menos que de eliminar el corazón del proyecto destinado a disminuir la evasión tributaria de las personas de más altos ingresos.

En materia de reforma de pensiones, la proposición de Piñera de 2021 contemplaba un 6% de cotización adicional administrado en su totalidad por un ente público (Consejo de Administración de Seguros Sociales) y una distribución de 3% a cuentas individuales y 3% al ahorro colectivo, con apoyo de los parlamentarios de derecha. En el gobierno de Boric, lo rechazan terminantemente, así como la figura del recaudador único destinado a bajar los costos de administración del sistema, los aumentos de las pensiones actuales y un piso de pensión contributiva para las mujeres. Buscan, sin ambages, que no solo se mantengan las AFP, sino que además administren la totalidad del 6% adicional de cotizaciones obligatorias de los trabajadores y que obtengan las utilidades adicionales equivalentes. ¿Tendrá que ver esta postura con que el costo de funcionamiento de las AFP es inferior a la mitad de lo que recaudan con las comisiones que pagan los cotizantes? ¿Será que las AFP no quieren, con el apoyo parlamentario de la derecha, renunciar a ese negocio privado de rentabilidad ultraprivilegiada, basado en una obligación pública?

Por otro lado, se acaba de cumplir el año en que no se podían proponer en el parlamento nuevos proyectos de ley de retiros de fondos desde las cuentas de AFP, luego de haber sido rechazado el último hace 12 meses. Viene ahora una profusión de nuevas propuestas. El problema es que, si una reforma constitucional aprueba retiros amplios por 2/3 en fechas más próximas a las elecciones, ahora impactarían en la demanda agregada de un modo que empujaría la inflación hacia arriba, lo que no era el caso en 2020-21. En esa etapa, la demanda interna cayó fuertemente y debía ser reactivada, mientras la inflación tuvo un origen esencialmente externo.

A estas alturas, tal vez exista un método para evitar la tentación de muchos parlamentarios (no olvidemos que sumaron 2/3 de todo el espectro político durante la pandemia en tres ocasiones) de estar permanentemente, con gran apoyo popular, proponiendo sacar fondos acumulados para las pensiones futuras y usarlos hoy, en detrimento de esas pensiones. Se trata de la idea de terminar con las contribuciones obligatorias de los asalariados y permitir de modo permanente retiros por causales específicas, lo que estuvo en parte contemplado en el proyecto aceptado por el actual gobierno y que fue rechazado en la Cámara en abril de 2022.

Un sistema futuro que sea estable y financieramente viable debiera establecer como base de las jubilaciones la pensión garantizada universal (que siga cubriendo al 90% de los mayores de 65 años), pero de mayor magnitud, con referencia a, por ejemplo, el 80% del salario mínimo y un costo adicional del orden de 2% del PIB, y siempre financiada con los impuestos generales, los que deben hacerse más progresivos, como prevé la reforma tributaria en discusión.

¿No habrá llegado el momento de constatar que en el Chile de hoy, con las múltiples precariedades de los que viven de su trabajo o de pequeños ahorros y rendimientos de activos, las urgencias del día a día tendrán siempre más peso que asegurar ingresos futuros capitalizados, que además generan altas utilidades a las administradoras privadas de fondos? Ya sabemos que serán objeto recurrente de peticiones de retiro, las que llegaron para quedarse. Los fondos existentes y los nuevos que se puedan ahorrar voluntariamente debieran poder retirarse en un esquema permanente en caso de enfermedad, compra de una primera vivienda, dejar el país en forma permanente o enfrentar dificultades económicas como un desempleo de larga duración.

Si así se hiciera, las pensiones estarían basadas en la garantía universal para los mayores de 65 años y dependerían de los impuestos que se recauden y de una relación referencial con el salario mínimo. Esto estaría sujeto a la disponibilidad de la sociedad (y a la voluntad de sus representantes elegidos) para aprobar ingresos adicionales, pero tendría la gran ventaja de la transparencia, un bajo costo de administración y aseguraría un importante aumento de la tasa de reemplazo de los ingresos en la vida activa por la pensión, especialmente para los grupos de menos ingresos, contribuyendo a disminuir la alta desigualdad existente en Chile. Este esquema debiera complementarse con el estímulo de las diversas formas posibles de ahorro personal para la vejez y mantener incentivos tributarios equitativos al efecto, pero limitando las comisiones de los gestores de fondos y sin que estén sujetos al tira y afloja periódico de las peticiones de retiro y a la demagogia poco edificante que las acompaña.

Si se buscan referencias, se pueden encontrar en el sistema que existe en Nueva Zelandia desde hace más de un siglo, en el que la pensión garantizada para todos los mayores de 65 años residentes es un porcentaje del salario medio y cuesta un 5% del PIB, junto a complementos de pensión que provienen de la cotización contributiva y de los acuerdos de empresa de carácter voluntario. Nada de esto ha impedido a ese país alcanzar un PIB de unos 42 mil dólares por habitante en 2022, a comparar con los 24 mil de Chile. Los países con estados de bienestar amplios, bien gestionados y con menor desigualdad contribuyen a su prosperidad colectiva antes que a impedirla, contrariamente a la leyenda neoliberal.

Las elecciones europeas y el nuevo orden mundial

 En El Clarín de Chile

Las formaciones de la coalición europeísta que ha sido mayoría histórica en el parlamento de la Unión Europea, compuesta por la derecha de los populares (dominada por los cristiano-demócratas alemanes), los socialdemócratas y los liberales, suman preliminarmente un 56% de los 720 escaños del nuevo hemiciclo recién elegido. Con Los Verdes, llegarían a un 63%. La extrema derecha representa ahora cerca de 22% de la asamblea europea, con una primera mayoría relativa de votos en Francia, Italia y Austria. Los verdes perdieron electorado, así como las fuerzas a la izquierda de la socialdemocracia -algunas de las cuales son críticas de la integración europea, privilegian los espacios nacionales y tienden a ser favorables a Rusia- a pesar de buenos resultados en los países nórdicos.

Esto no es una hecatombe antidemocrática en Europa, aunque expresa el fortalecimiento de la extrema derecha que rechaza las sociedades étnicamente diversas y multiculturales (que se reflejan hoy en las selecciones europeas de fútbol, por ejemplo), demanda una «autoridad fuerte» que restrinja las libertades para supuestamente limitar la inseguridad y la inmigración (y por ello tiende a ver con simpatía a la Rusia de Putin) y que ya encabeza el gobierno en Hungría, Italia y recientemente en Países Bajos, y participa del gobierno en Croacia, Eslovaquia y Finlandia, o lo sostiene desde fuera como en Suecia.

El resultado de la elección del 9 de junio ha creado una crisis política y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias en Francia (las extremas derechas sumaron un 36,9%), hecho caer el gobierno en Bélgica y debilitado al gobierno alemán (con los neonazis de FjD como segunda fuerza con 16% y el gobernante SPD con 14%). Pero el gobierno de España resistió a la embestida de la derecha y los socialistas fueron primera mayoría en Portugal, al igual que los socialdemócratas en Suecia y los verdes en Dinamarca, mientras recientemente la extrema derecha fue sacada del gobierno en Polonia y vuelta a derrotar en la elección europea, junto a un debilitamiento del apoyo al neofascista pro-ruso Orban en Hungría. En las proximidades de la UE, en Reino Unido, se espera la debacle de los conservadores en manos de los laboristas en las elecciones del 4 de julio.

Una de las consecuencias previsibles de la caída del apoyo a los ecologistas en casi todo Europa será un menor dinamismo del Pacto Verde promovido por la Comisión Europea, el ejecutivo de la Unión.

Según el historiador Nicolas Lebourg, en entrevista con Le Monde, el empuje de la extrema derecha ya no es solo un fenómeno vinculado a una «ola populista» que sigue a una crisis económica o a la falta de tradición democrática de los países del Este europeo:

«Hay esquemas que se repiten. Es evidente que muchos electores en Europa comparten el sentimiento que el riesgo de desclasamiento personal y el desclasamiento de su nación son lo mismo. El cansancio con la democracia liberal y sus protecciones jurídicas alimentan una tentación llamada ‘iliberal’, que se reencuentra en las democracias en otras partes del mundo (Estados Unidos, India, Israel…). Lo que vincula a esas opiniones públicas es la idea que el Estado liberal ya no es suficientemente fuerte para proteger el grupo étnico mayoritario de la sociedad. La demanda de autoridad se expresa claramente contra los migrantes, pero no solo contra ellos: las polémicas contra las personas LGTB o el derecho al aborto testimonian que hay una visión global de la necesidad de controlar los cuerpos por un orden moral, social, demográfico. Todos los partidos de extrema derecha se presentan como elites de recambio contra aquellas que han fracasado. Para ellos se trata de regenerar la sociedad asegurándole una forma homogénea y unitaria. Esta unidad orgánica que buscan no es posible sino revisando las relaciones internacionales que, a sus ojos, participan de la desintegración de la nación. Marine Le Pen lo ha escrito: el ‘mundialismo’ y la ‘postmodernidad’ son un solo fenómeno. Y la idea de una Unión Europea que estrecha cada vez más sus lazos va totalmente en sentido contrario de esos determinantes estructurales de las extremas derechas desde siempre».

La posibilidad de una victoria de Trump en Estados Unidos en noviembre y el reciente triunfo de Milei en Argentina, reflejan una ola reaccionaria global y un debilitamiento de las izquierdas, con excepciones como la de México. Este proceso tiene como sustrato la expansión desde fines del siglo pasado del capitalismo desregulado de las cadenas globales de producción, de la financiarización empresarial y del “precariado” en el mundo del trabajo, que se combina ahora con el fortalecimiento de las luchas hegemónicas estatales estratégicas de las grandes potencias de la post guerra fría. Esto ha dado lugar a una expansión de los espacios de confrontación militar abierta.

En este contexto, adquiere cada vez mayor vigencia la perspectiva de una no alineación activa de América Latina, promotora, por sobre la hegemonía de las grandes potencias, de las reglas y de las instituciones internacionales de mantención de la paz y, también, promotora de los espacios de autonomía regional y de cooperación económica global no asimétrica y de mutuo interés.

Cuenta Pública 2024: Inconductas, hechos y agenda

 En El Clarín de Chile

La ultraderecha se retiró de la sala cuando el presidente Boric anunció en su Cuenta Pública el envío a fin de año de un proyecto de ampliación de la despenalización del aborto y de autorización de la eutanasia. Un diputado de derecha interrumpió la cuenta del presidente cuando mencionaba la creación de empleo, gritando que se trataba de empleos públicos. No son conductas muy cívicas, insertas en la idea de acosar al gobierno agudizando el miedo a la inseguridad y con mensajes falsos, además de bloqueos parlamentarios sistemáticos, para hacerlo fracasar y abrir camino a un gobierno de la derecha ultraconservadora. Nada muy nuevo.

En materia de empleo es importante clarificar los hechos, pues es una variable determinante del bienestar colectivo. No es verdad que el empleo se haya creado principalmente en el sector público. Según el INE, en el gobierno de Bachelet II se crearon 603 mil empleos, en el de Piñera II solo 38 mil, con pandemia de por medio, y en lo que va del actual hay unos 542 mil puestos de trabajo adicionales, lo que es una muy buena cifra, a pesar de un ajuste monetario y fiscal ríspido e innecesario para bajar la inflación, la que siguió la tendencia de los precios externos. La creación de empleo público ha representado solo un 22,3% del total bajo la actual administración, proporción muy distinta al 257% durante el gobierno de Piñera II y similar al 21,2% durante el de Bachelet II. No olvidemos, en todo caso, que estamos hablando básicamente de más personal de salud y educación, lo que no tiene nada de negativo.

El empleo y las remuneraciones reales han crecido y en la Cuenta el presidente Boric postuló que el promedio de crecimiento del PIB será en su gobierno superior al 2,1% promedio de los dos anteriores (por el momento las proyecciones oficiales lo sitúan en un 1,9%). No obstante, el desempleo informal hoy alcanza al 28,2% de la ocupación. Había decrecido levemente a 27,3% durante el gobierno de Piñera, fruto del retraimiento de la fuerza de trabajo durante la pandemia y gracias al aumento de los subsidios al empleo. Ahora muestra una «normalización negativa», que debe ser abordada con más incentivos a la formalización y más penalizaciones al incumplimiento de la ley, pero que en todo caso no es nueva sino estructural, e inferior al 28,6% de la etapa final de Bachelet II.

Fue importante que el presidente Boric en su cuenta no se dejara avasallar por los temas de seguridad e inmigración al modo de la derecha, que abordó incluyendo mencionar que tienen causas que no son atribuibles a este gobierno, ni por lo demás a ningún otro, como el avance del crimen organizado transnacional por la persistencia de un gigantesco mercado de drogas en Estados Unidos y Europa y crisis económicas y climáticas que empujan la inmigración a escala global, incluyendo hacia Chile, planteando la acogida a los que vienen a contribuir y cerrarle el paso con energía a los que vienen a delinquir.

Y es también importante y complementario que el presidente Boric haya reiterado en su agenda temas que son propios de su programa en materia de libertades y derechos. Esto incluyó el anuncio de un proyecto de ley para un nuevo sistema público de financiamiento que reemplace al CAE y el Fondo Solidario, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados y discutir con los actores económicos un proyecto de ley que establezca la negociación por ramas de las condiciones de trabajo para equilibrar la relación empleador-asalariados. Todo lo cual está inevitablemente condicionado por la ausencia de mayoría en el Congreso, pero dará sentido a la acción de gobierno y permitirá poner en evidencia las posiciones de unos y otros y los bloqueos opositores que impiden diversos avances sociales en Chile.

 

Creación de empleo 2014-2024

Período		Ocupación	Empleo público	Variación ocupación	Variación empleo público
2014	Ene – Mar	8.156,20	866,43	–	–
2018	Ene – Mar	8.759,08	1.000,79	602,88	134,36
2022	Ene – Mar	8.797,56	1.099,61	38,48	98,82
2024	Feb – Abr	9.339,30	1.214,32	541,73	114,71

Fuente: INE.