"Nuestro objetivo es que las empresas no despidan trabajadores"

En La Mirada Semanal

El título de esta columna proviene de una frase del ministro del Trabajo de Dinamarca, Peter Hummelgaard. Nada semejante se ha escuchado por parte de las autoridades de nuestro país.

Dinamarca frente a la pandemia – con la gestión de la primera ministra, Mette Frederiksen – subsidió a las empresas para que mantuvieran la planilla salarial, reembolsando 75%de los salarios de los trabajadores que de otro modo hubieran sido despedidos por pérdidas causadas por el Covid-19. El trabajador no está autorizado a trabajar mientras su salario sea subsidiado. Los autoempleados que contratan hasta 10 personas han visto compensado el 90% de su ingreso perdido por la pandemia, cuando este ha caído más de 30%. El gobierno decidió, además, subsidiar entre 25% y 80% de los costos fijos de las empresas que esperan una caída significativa de ingresos por la pandemia, en proporción a la magnitud de la caída esperada. Las empresas que han sido obligadas a detener su actividad por razones sanitarias han visto subsidiados todos sus costos fijos. La contrapartida fue no distribuir dividendos, recomprar acciones o utilizar paraísos fiscales para evadir impuestos. Las actuales medidas de desescalada progresiva de las restricciones sanitarias van a permitir a las empresas danesas volver rápido al uso de su capacidad llegado el momento.

Nada de esto ocurrió en Chile. Aquí se decidió utilizar un mecanismo de suspensión del contrato de trabajo y de activación del seguro de cesantía, utilizando los recursos existentes en las cuentas de los trabajadores -los que no estarán disponibles para eventuales pérdidas futuras del empleo- pero manteniendo las normas de despido “por necesidades de la empresa”.

A la postre, hubiera sido mejor desde el punto de vista de la protección del empleo limitarse al mecanismo de disminución de jornada -también aprobado en la misma legislación que autorizó la suspensión temporal de contrato y que prácticamente no se está usando- pero con un subsidio de al menos la mitad de la diferencia con el salario vigente. Esto hubiera evitado en parte la ola de despidos que se está produciendo.

Tuvo que estallar el escándalo de la distribución de cientos de millones de dólares de dividendos a los accionistas de Cencosud (subrayemos que la excusa del interés de los pequeños accionistas es bastante poco honorable, pues la distribución de dividendos se podría haber limitado a ellos) para que el Congreso empezara a legislar condicionando el uso de la suspensión de contrato, a pesar de la posición temprana de algunos parlamentarios para establecer ese condicionamiento. La respuesta del ministro de Hacienda Briones, aparte de palabras de buena crianza lamentando la actitud de Cencosud, es que la prohibición de la distribución de dividendos aprobada por el parlamento va a aumentar los despidos. Para evitarlo, el ministro de Hacienda sabe bien que hubiera bastado, por ejemplo, condicionar la suspensión del pago provisional mensual del impuesto a las utilidades a la mantención del empleo en la empresa.

Todos sabemos que este es un gobierno de los grandes empresarios y que actúa en consecuencia. Pero también sabemos que la oposición tiene mayoría en ambas cámaras y que no actúa en consecuencia. Lo que ocurre es muy simple: un sector de ella apoya el enfoque y las medidas del gobierno y deja al resto en minoría. Lo que pasó con el “ingreso familiar de emergencia”, manifiestamente insuficiente si se considera las capacidades de uso de reservas fiscales y de endeudamiento a bajo costo, auguró tal vez una actitud un poco más a la altura de la defensa necesaria de la mayoría social en esta crisis. Pero a la postre la exigencia opositora se limitó apenas a proponer subir el subsidio a 80 mil pesos por tres meses para el 60% de menos ingresos, frente al monto de 43 mil a 65 mil pesos y decrecientes planteado por el gobierno, con un costo de 800 millones de dólares. Finalmente, el gobierno hizo ajustes menores y la oposición terminó votando a favor. En el parlamento chileno no se observa tampoco, ni de lejos, algo que se parezca a las negociaciones de Nancy Pelosi con el gobierno de Trump en Estados Unidos.

El pretexto del gobierno de Piñera fue que tiene que reservar recursos para más adelante, aunque la crisis de ingresos de millones de familias es ahora y el derrumbe de la demanda de consumo ya está provocando un enorme daño a la economía que será difícil de recuperar. Recordemos que solo la suspensión del Pago Provisional Mensual en el impuesto a las utilidades de las empresas decidido en abril cuesta 2.400 millones de dólares y la del impuesto de timbres y estampillas a los créditos otros 600 millones de dólares. Ahí no había que reservar nada para más adelante.

Lo que hace el gobierno y la pasividad de una parte de la oposición no están a la altura del manejo de la economía para evitar una depresión. Ni menos del problema de las familias de menos ingresos, especialmente las que tienen que salir a buscar el sustento diario mediante el trabajo informal y que aumentan su riesgo de contagio, con la consecuencia adicional de que se disminuye el control de la pandemia. 

El gobierno parece instalarse en la idea de seguir actuando en la improvisación del día a día, con el riesgo de llegar sistemáticamente tarde en vez de anticiparse a los efectos devastadores de la crisis sanitaria y económica que nos afecta. Lo único en lo que trató de anticiparse fue en una vuelta fallida a la actividad económica plena, bajo el rótulo de “nueva normalidad”, rápidamente devenida en “retorno seguro”, bastante antes de que se alcanzara la cima de contagios. El resultado fue ampliar la pandemia en la Región Metropolitana y otros territorios, que obligó a más medidas de cuarentena estricta retrasando cualquier idea de normalización parcial de la actividad.

Lo que era previsible

Las comunas de Santiago habitadas por personas de menos ingresos ya han entrado en una etapa de aceleración del contagio por Covid-19. Esto iba a pasar de modo previsible por una razón muy sencilla: aunque el virus se importó básicamente por viajeros residentes en los barrios altos, la necesidad económica de salir a buscar el sustento diario por parte de quienes lo obtienen mediante trabajos formales e informales iba a hacer mucho menos efectivos los resguardos decretados en las comunas de menos ingresos. Por eso, cuando se habló de nueva normalidad y de retorno seguro, la equivocación fue muy grande: el contagio masivo estaba en pleno desarrollo y apenas empezando para un sector mayoritario de la sociedad, lejos de cualquier cima.

Por eso propusimos, a riesgo de ser tachados de populistas por los ignaros aficionados a la descalificación fácil, un mecanismo generalizado de mantención de ingresos salariales y una renta por al menos tres meses para las familias de bajos ingresos equivalente al ingreso mínimo de 300 mil pesos o a la línea de pobreza por hogar. Esta era la única manera de lograr que la gente que vive al día de su trabajo no se desplazara arriesgadamente para subsistir y se mantuviera en las casas para resguardar su salud.

El costo de estas medidas es muy alto, pero como acaba de señalar el Foro de Desarrollo Justo y Sostenible -que reúne a decenas de economistas de oposición-, las posibilidades de financiarlas razonablemente están disponibles. Cuando el gobierno dice que está en el límite fiscal y monetario, se equivoca, pues el uso de las reservas fiscales y el endeudamiento adicional a bajo costo, como acaba de demostrarse con la emisión reciente de bonos gubernamentales, es perfectamente viable.

El argumento de que con esto se grava a las nuevas generaciones es materia de controversia entre economistas desde hace mucho tiempo. El argumento keynesiano que cabe poner por delante es el siguiente: un endeudamiento público que permite proteger el grueso de los activos productivos existentes, directamente y por la vía de preservar la demanda, tendrá la capacidad de ser sostenido por la actividad económica futura en plazos largos, pues los estados no quiebran, salvo situaciones límites de las que estamos lejos. La alternativa es dejar que se destruya masivamente tejido productivo, lo que nos empobrecerá como sociedad y hará más difícil incluso abonar las deudas ya contraídas.

Agreguemos que, además del costo humano terrible, el costo del derrumbe de la demanda interna para la economía será mayor que el de una política fuerte de sostén de la capacidad de consumo. En vez de adoptar las medidas rápidas y de volumen suficiente que lo hubieran permitido, se optó por la clásica política de un gobierno de grandes empresarios y de economistas a su servicio: destinar el grueso de los recursos a las empresas grandes con exenciones tributarias y créditos, pero con mecanismos de difícil acceso para las micro y pequeñas empresas, que representan un 45% del empleo formal.

Se decidió, además, sostener ingresos laborales suspendiendo contratos y usando los fondos de cesantía de las cuentas de los trabajadores, manteniendo las reglas pro-empresa de despido y de distribución de dividendos, en medio de una falta de agilidad de la administradora privada del seguro de cesantía y de la expansión de los despidos.

La política de subsidios a las personas y familias de menos ingresos, que debiera haber sido una prioridad, ha consistido en entregar un bono escuálido y concebir un ingreso familiar de emergencia de monto bajísimo y decreciente por tres meses para los trabajadores informales. Este mecanismo está trabado en el Congreso, cuya mayoría parece que por fin se tomó la molestia de decirle al gobierno que no tiene apoyos para un política tan sesgada social y económicamente, como una minoría aislada ha intentado subrayarlo desde el principio.

La conclusión es que no es tolerable que en esta enorme crisis -el gobierno insiste en que el PIB caerá solo 2%, cuando es evidente que la recesión será mucho mayor- se distribuya las indispensables ayudas públicas de manera completamente desequilibrada entre capital y trabajo. Además de ser socialmente injusta, esta política es dramáticamente ineficiente en lo económico para enfrentar una crisis de tan amplia magnitud.

Lo que vendrá después

En La Mirada Semanal

Hace algunos días, nos sorprendió la declaración del presidente de los empresarios, Juan Sutil, insinuando que tal vez en el futuro habría que pensar en un modelo socialdemócrata para Chile. No sé si sabrá que esos modelos tienen dos características esenciales: un amplio sistema de tributación progresiva que es proporcionalmente del orden del doble y más que el chileno -esta tributación elevada se utiliza para financiar un amplio Estado de Bienestar- y que las negociaciones colectivas son centralizadas y con sindicatos fuertes y respetados. No parece tan seguro que cuando se documente más sobre el tema mantendrá esa declaración.Si así fuera, bienvenido sea.

En todo caso, aunque estos no son tiempos de optimismo, la pandemia de Covid-19 obliga a repensar las prioridades que presiden la organización de la vida colectiva, lo que ya venía en proceso de creciente cuestionamiento en Chile con el hito de gran envergadura histórica de la rebelión social de octubre-diciembre de 2019.

¿Qué se puede pensar sobre el futuro, además de lograr a la brevedad una nueva institucionalidad que nazca de la soberanía popular y consagre un cambio en las formas de gobierno hacia una democracia eficaz, descentralizada, proba, basada en un verdadero Estado de derecho al servicio de la mayoría?

¿Por qué no pensar en una nueva economía moderna y compleja orientada al bienestar equitativo y sostenible, en vez del modelo de producción depredadora de los seres humanos y de la naturaleza, de consumo desenfrenado y de inequidad estructural de orden productivo, social y de género que muestra ya un agotamiento irremediable?

Esto supone avanzar a una estrategia de reconversión productiva y de crecimiento-decrecimiento. ¿Qué es eso, se preguntarán?

Se trata de una estrategia que debe incluir un gran crecimiento de la producción de alimentos saludables, de las energías renovables, de los objetos reparables, de larga duración y de bajo consumo de energía, de los servicios a las personas y de los servicios a la producción innovadora y compatible con la resiliencia de los ecosistemas. Y que debe incentivar el decrecimiento liso y llano de la energía basada en hidrocarburos, de la alimentación industrial no saludable, de la producción con obsolescencia programada, del sobre-endeudamiento que sobrecarga el presupuesto de los hogares con intereses sobre intereses y de finanzas que lesionan a las empresas productivas, junto a servicios básicos entregados con rentabilidades monopólicas que no tienen justificación alguna y alimentan la concentración económica. Se trata de dejar de medir la actividad con un PIB por habitante que no considera el bienestar, la distribución y la sostenibilidad social y ambiental, y cuyo monto no deberá ser lo importante per se, sino su capacidad de sostener un bienestar equitativo y resiliente a lo largo del tiempo.

Deberá existir un sector de alta productividad articulado con las grandes cadenas globales, de minería o no, pero con plena captación nacional de las rentas y utilizando tecnología verde de punta, que contribuya a sostener las formas sociales de producción, empleo y subsistencia, la cobertura de riesgos sociales y las inversiones verdes que la reconversión necesitará en gran volumen.

Los instrumentos deberán ser tarifarios, tributarios, financieros y reglamentarios, con formas mixtas de propiedad, con mercados regulados y también con una amplia prestación pública de bienes y servicios al margen del mercado. Y con cadenas territoriales de abastecimientos básicos con alta capacidad de integración social y de respuesta sanitaria en los territorios, junto a ciudades eco-productivas, con transporte público de calidad y amplio espacio para el teletrabajo y la educación digital. Y con una economía que no discrimine por género ni origen social o nacional y un cuidado infantil y de los adultos mayores que saque a las mujeres de la sobrecarga inequitativa actual mediante amplias redes sociales de cuidado en cada territorio. Y con una educación que prepare con rigor a cada cual para desarrollar libremente sus proyectos de vida y promueva los valores básicos que la sociedad decida democráticamente compartir.

Economistas contra salubristas: un falso dilema

En El Mostrador

Un sondeo reciente preguntó a economistas calificados en Estados Unidos si acaso el Gobierno debía invertir más en acelerar el testeo por COVID-19 y para lograr una vacuna. Obviamente todos estuvieron de acuerdo.

El sondeo también preguntó, lo que es menos obvio, si abandonar las cuarentenas mientras permanece el riesgo de nuevos brotes de infección llevaría a un mayor daño económico. Ninguno estuvo en desacuerdo

Conclusión: los paneles de economistas que procuran atenerse a hechos razonablemente comprobables, piensan que para salvar la economía hay que hacerles caso a los expertos en salud pública y no relajar medidas hasta que no existan una serie de condiciones, a la espera de la vacuna. Entre ellas, un transporte público reacondicionado para mantener el distanciamiento y la sanitización, una mucho mayor capacidad de testeo del contagio, un gran contingente en los servicios de salud y en la salud primaria para el monitoreo de personas contagiadas sin síntomas y recuperadas y el aislamiento de las zonas de tratamiento por COVID-19 en los hospitales. En Chile, como la mayoría de los economistas trabajan para intereses empresariales, opiniones de este tipo no se expresarán demasiado y habrá solo voces aisladas planteando lo razonable.

El tema a considerar es que hay muchas incógnitas con el comportamiento de la pandemia que nos aqueja. Los científicos y los gobiernos navegan en muchos sentidos a ciegas. Pero más vale hacerles caso a los científicos, aunque también se equivoquen, pues tienen por formación el reflejo de estar abiertos a reconocer y enmendar el error, como ocurrió con el uso de mascarillas. En contraste, Trump recomendando tomar desinfectante y las payasadas de Bolsonaro están ahí para ilustrar los extremos en el desvarío de algunos gobiernos.

Retomar la actividad económica y educacional requiere de medidas sanitarias fuertes, como están recomendando los salubristas, con resistencia de la autoridad política en nuestro país y de un ministro de Salud que no se sabe si prioriza el control de la pandemia o minimizar las suspensiones de actividad. Su posición sobre la suspensión de clases fue insólita para quien ostenta esa responsabilidad.

El problema es que en la mayoría de los casos, las empresas y entidades educacionales no están en condiciones de cumplir las restricciones sanitarias a cabalidad. El riesgo de rebrotes diversos es real. ¿Cuántas personas, por temor, dejarán de ir o irán muy poco a restaurantes, centros comerciales, cines, peluquerías, talleres de reparación, y otras actividades no esenciales si se relajan en exceso las medidas sanitarias y el virus sigue circulando sin barreras suficientes? Las clínicas privadas vacías están ahí para demostrar que esa conducta de precaución espontánea estará presente en el corto y mediano plazo. Entonces no se trata solo de decretar un grandilocuente "retorno seguro" para salvar la economía.

Hay que asumir que se debe por un cierto tiempo, que puede ser largo, preservar lo esencial de los abastecimientos a la población y su logística respectiva y concentrar ahí la mantención de la actividad en condiciones rigurosas de distanciamiento físico, de testeo y de monitoreo de lugares de infección y de infectados. Y cuando sea posible, mantener o reiniciar otras actividades con alta automatización y baja concentración humana. Y desde luego aprovechar todas las posibilidades de trabajo a distancia.

Ya que el Gobierno no puso en práctica un esquema de mantención general de ingresos vía créditos y subsidios suficientes, que era lo más apropiado para evitar el derrumbe económico, y optó por un esquema de alivio tributario y crediticio que privilegia a las grandes empresas (no hay que olvidarse de quiénes son los que nos gobiernan), se plantea con urgencia el tema de un ingreso básico de emergencia equivalente al salario mínimo y hasta 500 mil pesos por familia.

Este debe cubrir a la brevedad a todas las familias que lo necesiten y mientras lo necesiten, financiado con reorientaciones de gasto público, uso de reservas fiscales y endeudamiento (por qué esto no es una catástrofe ni mucho menos, está explicado en este enlace). Esto no solo es indispensable para sostener las medidas sanitarias que no pueden funcionar si no se preserva a las familias y personas del hundimiento económico, sino que también será una condición de mantención del poder de compra para hacer funcionar las cadenas de abastecimiento básico y el empleo en ellas. El control de la pandemia y evitar el colapso de la economía van de la mano.

Moralidad cercana a cero

En Cooperativa.cl

Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), declaró: "no podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, porque después vamos a estar lamentando que la gente se muera de hambre".

Se trata de otro representante empresarial con moralidad cercana a cero. Es de esperar que, si se impone su visión, él mismo no se contagie y enferme por poner en práctica sus dichos. El virus no distingue clases sociales. Frente a él, si me cuido te cuido, si te cuidas me cuidas. Eso se llama la reciprocidad general, en oposición al sálvese quien pueda propio del individualismo primitivo, o del más sofisticado que es propio del liberalismo desde Adam Smith, que sostiene que la persecución del interés propio beneficiará al conjunto a través de una mano invisible porque funcionan los "incentivos correctos".

El tema es el siguiente: para controlar la pandemia de Covid-19 hasta que aparezca una vacuna, se requiere cuarentenas generales y parciales.

Se debe evitar el máximo de muertes, para lo cual hay que limitar la circulación del virus e impedir imperiosamente el colapso de los sistemas sanitarios. Eso trae como consecuencia la parálisis total o parcial de actividades productivas.

Esto no es contradictorio con mantener funcionando los servicios básicos, lo que de hecho se hace en todas partes, pero con las debidas protecciones. Ni con mantener actividades y servicios por vía digital. Ni con reanudar progresivamente faenas con el debido distanciamiento social.

Lo que no se puede hacer es mantener funcionando grandes centros de comercio que aglomeran gente (para allá parece que apunta el señor Soublette), ni un transporte público no reacondicionado a las nuevas circunstancias ni actividades que aglomeren gente y constituyan un riesgo para el contagio por el virus.

El costo económico de esto es altísimo e inevitable. Lo importante es que puede abordarse mediante endeudamiento, pues Chile está en condiciones de hacerlo, incluso mediante el financiamiento fiscal por el Banco Central durante un período, llegado el caso.

El apoyo público debe orientarse a mantener los ingresos de los trabajadores por al menos un trimestre y otorgar crédito a las empresas para que pasen el bache de la crisis.

Lo que es inaceptable es que los recursos públicos puestos a disposición de las empresas terminen en el escándalo del Banco del Estado encabezando el salvataje de Latam.

Si esto se está haciendo, se aludirá, supongo, el carácter estratégico de una línea aérea  con fuertes operaciones en y a partir de Chile.

Entonces en ese caso la cosa es muy simple: el salvataje debe incluir la transformación de una parte de los créditos que se otorguen en acciones de propiedad pública, para asegurar que la gestión de la empresa efectivamente incluya los intereses estratégicos del Estado chileno.

Si el gobierno neoliberal que nos rige considera que esos intereses estratégicos no existen, entonces simplemente debe dejar que Latam quiebre y otras empresas “más eficientes” ocupen su lugar. Esas son las reglas del juego del mercado, ¿o no?

Pero en realidad, estamos en presencia una vez más del "capitalismo de amigos", que en este caso controla el gobierno y cada vez más al parlamento. Ese es el Chile de hoy.

Un plan económico desequilibrado

En La Tercera

Hubiera sido deseable un plan de contención de los efectos del Covid-19 fuerte y estabilizador. Se debiera haber canalizado con rapidez desde marzo a las empresas la liquidez puesta a disposición por el Banco Central y trasladado la TPM o una tasa cercana a los nuevos créditos. Se debiera haber activado desde abril tres meses de pago subsidiado del grueso de los salarios para los que vieran suspendidas total o parcialmente sus labores. Evitar graves perjuicios económicos a la población de menores ingresos y el derrumbe de la demanda debiera haber incluido, además, un trimestre de ingreso mínimo -un ingreso básico ciudadano temporal- para las familias que viven al día del trabajo informal y por cuenta propia. Esto hubiera tenido un alto costo, pero abordable con un mayor endeudamiento neto sobre el PIB, dado su aún razonable nivel actual. El precio a pagar por la destrucción de parte del tejido productivo y del empleo por inacción será, en todo caso, mucho mayor en el futuro.

El gobierno estableció, en cambio, una sucesión de planes que no ha impedido una explosión de despidos y reducciones de jornada y de remuneraciones. En una primera fase, el gobierno decidió otorgar a las empresas US$ 2.400 millones que irán especialmente a las sin problemas (incluyendo las grandes cadenas de supermercados y farmacias que han aumentado sus ventas sin controles de precios, y a parte de los exportadores que verán sus caídas en las ventas en los mercados externos más que compensadas por la devaluación del peso respecto al dólar) a través de la suspensión del cobro del Pago Provisional Mensual, indexado sobre las ventas. Las empresas con problemas y que han visto colapsadas sus ventas no se beneficiarán mayormente de este mecanismo, ni tampoco de la mayor parte de los US$ 600 millones que se dejarán de recaudar por la suspensión del impuesto de timbres y estampillas a los créditos. Se otorgó, por otro lado, a los trabajadores y las familias de bajos ingresos un bono Covid de 50 mil pesos por carga por una vez por US$ 170 millones y se dio curso a la suspensión de contratos de trabajo activando el seguro de desempleo, pagando remuneraciones básicamente con los fondos de cesantía acumulados en las cuentas de las personas, así como un mecanismo de reducción de jornada con un complemento también pagado por las cuentas de los trabajadores.

Cuando se hizo evidente que el gobierno no estaba apoyando lo suficiente a las pymes y a los trabajadores con contrato, informales o por cuenta propia, el 8 de abril se anunció un nuevo plan. Éste incluye garantías públicas a los créditos a las empresas que realizan hasta poco más de US$ 30 millones de ventas, aumentando en U$ 3 mil millones el Fogape para una cobertura entre 60 y 85% del monto del crédito. Se facilitarán líneas de créditos de capital de trabajo equivalente a tres meses de ventas. Los bancos participantes postergarán cuotas o vencimientos de las deudas preexistentes para aliviar la carga financiera. Con estas medidas, tardías, se canalizará mejor la mayor disponibilidad de liquidez facilitada por el Banco Central. Pero se echa de menos limitar los diferenciales de tasas y las nuevas utilidades que sumará la banca con estas facilidades crediticias. Y queda pendiente el tema de las grandes empresas en problemas.

Se anunció, además, apoyos fiscales a un universo de trabajadores informales de 2,6 millones de personas, pero por solo US$ 2 mil millones y sin que se especifiquen los mecanismos. Nada se menciona sobre los trabajadores a honorarios. Que nadie se extrañe si se sigue actuando sin la contundencia suficiente, que vuelva a emerger la rebelión social en el país una vez pasada la pandemia, pero esta vez en medio de una depresión.

Recesión a la vista

En La Mirada Semanal

Olivier Blanchard, ex economista jefe del FMI, y Paul Krugman, premio Nobel, dos economistas “serios” para los cánones vigentes, sostienen que la que se avecina en el mundo no es una recesión usual. Este es el caso tanto por su origen (cuando los hogares por diversas razones dejan de consumir como lo hacen usualmente o las empresas invierten menos o bien sobrevienen impactos externos) como por su magnitud. Krugman prevé una caída en Estados Unidos de más de un dígito en la actividad económica a raíz de las interrupciones de aglomeración y desplazamientos para contener el contagio. Ya se registra en el último mes una pérdida de unos 15 millones de empleos. Sostienen estos economistas que debe brindarse un apoyo de muy amplia envergadura al gasto sanitario y a la contención de la caída de ingresos de las personas y del riesgo de quiebra de empresas que en condiciones normales pueden funcionar. Tanto como sea necesario.

En Chile los datos económicos presentan rezagos, pero las largas filas frente a las oficinas del Seguro de Cesantía, que nunca había hecho mayor noticia, están mostrando los primeros efectos en la actividad y el empleo.

Hubiera sido deseable una respuesta fuerte y estabilizadora del gobierno con un plan de contención que incluyera desde abril tres meses de pago subsidiado completo del salario para los que vean suspendidas total o parcialmente sus labores, en la proporción correspondiente, y un trimestre de ingreso mínimo para las familias que viven al día del trabajo informal y por cuenta propia. El gobierno estableció en cambio un 70%, 55% y 45% en los próximos tres meses, pagado por los fondos de cesantía de cada cual y si no alcanza con fondos públicos. La diferencia entre este mecanismo y el propuesto no es enorme en el monto, pero si lo es en quien y cuándo lo paga. Y decidió otorgar un bono de 50 mil pesos a los más pobres.

El apoyo a las empresas cubiertas por la Small Business Administration en Estados Unidos acordado por demócratas y republicanos incluye otorgarles créditos y un 100% de subsidio público a la mantención de la planilla de salarios mientras dure la crisis.

Esto contrasta con los US$2.400 millones que el gobierno otorgará en Chile a las empresas, especialmente a las sin problemas (incluyendo las grandes cadenas de supermercados y farmacias que han aumentado sus ventas sin controles de precios y a parte de los exportadores que verán sus caídas en las ventas en los mercados externos más que compensadas por la devaluación del peso respecto al dólar) a través de la suspensión del cobro del Pago Provisional Mensual indexado sobre las ventas. Las empresas con problemas y que han visto colapsadas sus ventas no se beneficiarán mayormente de este mecanismo, ni tampoco de la mayor parte de los US$ 600 millones que se dejarán de recaudar por la suspensión del impuesto de timbres y estampillas a los créditos y beneficiarán a las grandes empresas.

Lo que tenemos es un gobierno que subsidia a las empresas con menos problemas y no apoya lo suficiente a las pymes y a los trabajadores con contrato, informales o por cuenta propia. Esto tiene un alto costo, pero factible de abordar con el uso de las reservas fiscales existentes y con un mayor nivel de endeudamiento sobre el PIB, que aún permanece en niveles bajos.

El fondo del asunto, desde el punto de vista macroeconómico, es que en Estados Unidos el paquete fiscal es, incluyendo las garantías de crédito, de 10% del PIB y en Chile no llega al 2% de gasto adicional efectivo.

Cabe reclamar un mayor esfuerzo fiscal en los términos mencionados para apoyar a los directamente afectados y sostener la economía como un todo. La propuesta elaborada por la oposición y sus técnicos es bastante consistente en un sentido contrario a la inercia actual del gobierno, pero se encontró a pocas horas de ser presentada el 7 de abril con la división que le entregó la presidencia de la Cámara de Diputados al gobierno y abrió una nueva crisis en su seno, la que viene prologándose desde el gobierno de Bachelet II, al menos en su forma más aguda. ¿No habrá una Nancy Pelosi por ahí que tome las riendas de una oposición parlamentaria sumida en las luchas de cargos en vez de ejercer la mayoría que el pueblo le dio frente al gobierno? ¿Y nuevos liderazgos consistentes que den un paso al frente para ir ofreciendo alternativas al piñerismo?

El 8 de abril, frente a la evidente insuficiencia de su plan inicial, el gobierno finalmente anunció un nuevo plan que incluye el incremento de garantías públicas a los créditos a las empresas, aumentando en U$ 3 mil millones el FOGAPE para una cobertura entre 60 y 85% del monto del crédito según el tamaño de la empresa. Se facilitará, además, líneas de créditos de capital de trabajo equivalente a 3 meses de ventas. Los bancos participantes postergarán cuotas o vencimientos de las deudas preexistentes para aliviar la carga financiera de las empresas. Con estas medidas se canalizará mejor la mayor disponibilidad de liquidez facilitada por el Banco Central. Es de esperar que el mecanismo funcione rápido y permita evitar la quiebra de muchas empresas. Pero se echa de menos limitar los diferenciales entre las tasas a las que se obtienen los recursos y las tasas de los créditos que se colocan, para limitar las enormes utilidades de la banca. Y establecer desde la partida una conversión de la deuda que no sea devuelta en plazos razonables en propiedad pública. Aquí lo que importa es la continuidad de las empresas, no la de la propiedad de las empresas.

Se anunció, por otro lado, apoyos fiscales a las familias más vulnerables y a los trabajadores informales que no han podido mantener sus ingresos, con un universo de trabajadores informales de 2,6 millones de personas, pero por solo US$ 2 mil millones de dólares y sin que se especifique los mecanismos. Ojalá no quede en el olvido hacer bastante más que los misérrimos 50 mil pesos otorgados por una vez en marzo a las personas de menos ingresos y mayor precariedad. Que nadie se extrañe, si no se actúa con contundencia, de la persistencia posterior de la rebelión social en el país.

¿Volverá una vez más a prevalecer la ortodoxia de economistas incompetentes más preocupados de la aprobación de futuros empleadores en organismos internacionales antes que el destino de las mayorías sociales en el país y que luego no le rinden cuentas a nadie? No olvidemos que la economía vudú llevó a una depresión en 1975 y 1982-83 y a recesiones evitables en 1999 y 2009. Es de esperar que los platos rotos no los paguen los mismos de siempre.

Una ley insuficiente frente a un horizonte oscuro

En El Mostrador

La ley aprobada el 31 de marzo se denomina de “protección del empleo”, pero hace muy poco para protegerlo y mantenerlo. Los empleadores que suspendan el empleo a sus trabajadores los derivarán a una remuneración de 70% en el primer mes, 55% en el segundo, 45% en el tercero y montos decrecientes hasta completar siete meses (con apoyo del fondo solidario de cesantía si los fondos acumulados no alcanzan) o extinción del saldo acumulado, utilizando la mecánica y los recursos del fondo del seguro de cesantía creado en 2002 en caso de pérdida o cambio de empleo.

Se consumirá primero el fondo individual acumulado antes que activar de inmediato el fondo solidario de cesantía con financiamiento fiscal. Solo se exceptuarán de esta escala de disminución de ingreso los que reciben menos de 500 mil pesos, que podrán mantener el 70% del salario por tres meses. Se autorizó también reducir la jornada laboral hasta por diez meses, con compensación parcial del salario pleno por el seguro de cesantía.

Es lo que la oposición ha obtenido del Gobierno en el Parlamento, donde sin embargo tiene mayoría. En suma, no hay oposición en Chile. Este tipo de relación gobierno-oposición en un régimen presidencial cuando el jefe de Estado no tiene mayoría en una o varias cámaras contrasta con lo que la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en Estados Unidos obtuvo del gobierno ultraderechista de Trump, con un plan de apoyo a la salud y a la economía que alcanza el 10% del PIB. Descontando los descalces de pagos, el plan de Piñera-Briones no es muy superior al 1% del PIB. Muchísimo menos que el plan de 2009 frente a la gran recesión, año en el que se pasó de un superávit fiscal de 4% a un déficit de -4% del PIB.

El despido por “necesidades de la empresa” no sufrió cambio alguno. Recuérdese que en muchos países con economías competitivas se requiere al menos de planes de reinserción a cargo de la empresa y con apoyo público cuando se trata de despidos colectivos. Ya desde marzo muchas empresas en Chile han despedido personas ante el desplome o caída parcial de sus ventas. Al producirse muchos despidos que debieran al menos retrasarse, salvo casos muy justificados, y no mantenerse al menos por un trimestre la remuneración de los trabajadores despedidos, con jornada parcial o con suspensión de actividades –la que debiera ser subsidiada total o parcialmente por el Gobierno usando su capacidad de endeudamiento– caerá gravemente la demanda de consumo de los hogares. Por tanto, aumentará aún más el desempleo, en una espiral recesiva que el Gobierno no logrará detener mientras permanezca prisionero de su ideología. Aunque el país se caiga a pedazos.

La rápida y adecuada disminución de la tasa de interés de política monetaria decidida por el Banco Central no ha impedido que los bancos estén restringiendo el crédito a las empresas cuyos riesgos de impagos han aumentado, es decir, muchas. Esta ausencia de regulación del funcionamiento del sistema bancario en situaciones de crisis –no basta con suspender por un año la aplicación de las nuevas “normas de Basilea” de manejo de riesgos– empujará a muchas empresas a la quiebra.

La banca debiera ser obligada a aumentar su crédito a las empresas que lo requieran, de modo de impedir su cese definitivo de actividades, con un subsidio fiscal temporal al pago de salarios y de los costos fijos de operación. Este se podrá recuperar una vez pasada la emergencia sanitaria que paraliza a la economía. No otra cosa se está haciendo en Estados Unidos y diversos países de Europa.

El Gobierno no está impulsando nada de esto. El ministro de Salud declara, como guinda de la torta, “inconstitucional”, sin considerar las facultades que le otorga el estado de emergencia, fijar los precios de los planes de Isapres. Y así sucesivamente. La pérdida de ingresos de la mayoría de las familias y el colapso del sustento para varios millones de personas que viven al día provocará su sufrimiento y una marginalización adicional, como si no se hubiera producido recientemente una gran rebelión social en el país.

La pandemia y la inacción gubernamental llevarán a la ampliación de la fractura social en Chile. Ojalá uno se equivoque, pero no hay ningún elemento en el escenario o en los actores de la esfera pública que indique lo contrario.

Los trabajadores merecen ser protegidos

En Cooperativa.cl

El dictamen de la Dirección del Trabajo - que establece la continuidad del vínculo laboral pero no de las remuneraciones en caso de cuarentena y toque de queda - plantea de lleno el tema de la protección de los trabajadores en esta crisis.

Los que prestan servicios a personas bajo cuarentena no podrán ir al trabajo y no recibirán remuneración, salvo que el empleador acceda a hacerlo. Solución, legislar a la brevedad la obligación del contratante de servicios personales de mantener la remuneración mientras dure una cuarentena que impida asistir al trabajo.

En el caso de las empresas que han disminuido total o parcialmente su actividad y sus ventas, cabe insistir en que el parlamento lleve al gobierno a aprobar un sistema de apoyo directo a la mantención del empleo y del pago de salarios total o parcial financiado por el fondo solidario del seguro de cesantía por tres meses, sin disminución de las remuneraciones, cuando una empresa enfrente una disminución importante de sus ventas. El gobierno debe inyectar los recursos necesarios a ese fondo, los que deberán recuperarse posteriormente con cotizaciones adicionales al 2,6% de aporte empresarial distribuidas en el tiempo.

Adicionalmente, el gobierno debe subsidiar selectivamente aquellos costos fijos empresariales que ayuden a evitar las quiebras y la explosión del desempleo, empezando por las cotizaciones obligatorias y el pago de servicios básicos.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia y los sin contrato, cabe un subsidio por tres meses equivalente al ingreso mínimo y no los 50 mil pesos por una vez que ha logrado hacer aprobar el gobierno en el parlamento.

Las medidas reseñadas se pueden financiar en parte con el uso de las reservas fiscales, un endeudamiento adicional y con no hacer efectiva la suspensión del pago del Pago Provisional Mensual a las utilidades de las empresas planteada por el gobierno, cuyo costo es de 2 400 millones de dólares (cerca de 1% del PIB), y con limitar a la pequeña empresa la exención por seis meses del pago del impuesto al crédito.

El PPM se indexa sobre las ventas, por lo que las empresas sin ventas o con ventas disminuidas prácticamente no recibirán el beneficio, mientras sí lo harán las grandes empresas que no están siendo afectadas (supermercados y sectores exportadores, en particular). Debe además congelarse las tasas de interés por tres meses para los créditos al consumo y al capital de trabajo de las pymes.

Se trata de actuar con criterios de justicia social, es decir de no subsidiar a los que menos problemas tienen y de ayudar a los más necesitados, y también de realizar una buena gestión macroeconómica que evite una depresión.

Es hora que la oposición en el parlamento haga su trabajo y no acepte las medidas del gobierno que protegen a la gran empresa no afectada y oriente los recursos hacia la mantención de las remuneraciones y asegurar la continuidad del funcionamiento económico y del empleo. Chile puede hacer otra cosa que lo de siempre: favorecer a la gran empresa a costa de los trabajadores y precipitar crisis y explosiones de cesantía por incompetencia y dogmatismo de las autoridades económicas.

A partir de abril la situación social se hará dramática de no mediar medidas urgentes y contundentes como las mencionadas. El gobierno no puede seguir reaccionando sistemáticamente detrás de los hechos. Lo importante y urgente es no colapsar los ingresos de las familias y de ese modo ayudar a la mantención del empleo y de la actividad de las empresas y por cuenta propia.

Sería altamente recomendable, en todo caso, que los que se niegan a tomar medidas como las mencionadas después no se declaren sorprendidos por los rebrotes de las rebeliones sociales que se produzcan por la inacción pública y/o por gobernar para los privilegiados y dejar en el abandono a la mayoría social.

El paquete fiscal de Piñera: a la medida de las grandes fortunas

En El Ciudadano

Además del peligro sanitario, se nos viene encima una amenaza de recesión. El Gobierno reaccionó con un fuerte paquete fiscal el 19 de marzo que padece de un problema de composición. No se observa mucha precisión por el lado del gasto, en que la prioridad de las prioridades debe ser que no falten recursos para adquirir implementos para la emergencia y para realizar las inversiones indispensables en el sector público de salud. En realidad, más bien se constata que los apoyos fiscales irán primordialmente a la gran empresa. El plan gubernamental privilegia proteger las utilidades empresariales y estas se concentran en términos absolutos en las empresas de mayor tamaño.

La «suspensión del pago» del Pago Provisional Mensual por tres meses, que es un anticipo mensual del pago anual al impuesto a las utilidades tributables de las empresas proporcional al volumen de ventas, costará US$ 2.400 millones (cerca de 1% del PIB). Pero no se prioriza por tamaño de empresa ni por sector (el sector exportador no minero, por ejemplo, tendrá altas utilidades este año por la devaluación del peso). Tampoco se especifica condiciones ni plazo de devolución de lo no recaudado. ¿Será un regalo a las empresas en dificultades y a las otras también? Sí lo es la eliminación por 6 meses del impuesto de timbres y estampillas que se aplica a los créditos, que tampoco está focalizada y costará US$ 420 millones. La postergación del pago del IVA por tres meses para las empresas con ventas inferiores a UF 350 mil, en cambio, está algo más focalizada y el pago se hará en 12 cuotas mensuales, con un diferimiento fiscal estimado de US$ 1.500 millones. En el mismo sentido va el pago en julio, en vez de en abril, del impuesto a la renta de 140 mil pymes, por otros US$ 600 millones.

La concentración de la actividad económica más rentable es de tal magnitud en Chile que el grueso de las utilidades tributables y las operaciones de crédito provienen de la gran empresa. En ella se concentrará el apoyo en rebajas y exenciones tributarias.

En cambio, la mantención de los salarios en las empresas que experimenten una suspensión temporal de actividades se hará con cargo a lo acumulado en su cuenta individual por el propio trabajador en el seguro de cesantía. El sistema vigente establece al activarse el pago de un 70% del salario en el primer mes, un 55% en el segundo y un 45% en el tercero, en una escala degresiva en los meses siguientes hasta el agotamiento del fondo acumulado. En caso de insuficiencia de los recursos de la cuenta individual, se activa un aporte del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Se prevé un suplemento de recursos para este fondo de hasta US$ 2 mil millones.

A esto se agrega una flexibilización laboral que permitirá disminuir hasta un 50% de la jornada de trabajo, previéndose un pago compensatorio para cubrir hasta un 75% del salario por el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Esta falta de compensación completa del salario al menos por un período va a significar una caída importante de las remuneraciones, perjudicando a los trabajadores afectados, pero además disminuyendo el consumo de los hogares, con significativos efectos recesivos posteriores.

Lo que más llama la atención es que el apoyo previsto para dos millones de personas que viven del autoempleo es irrisorio, con un bono por una vez equivalente al Subsidio Familiar, cuyo monto es de 13.155 pesos por carga familiar. Este gasto será de US$ 130 millones, a comparar con los mencionados US$420 millones que costará solo la suspensión del pago de impuesto a los créditos. También llama la atención que se establece un fondo de US$ 100 millones para atender las caídas de ventas del micro comercio local a través de los municipios, lo que también es irrisorio.

Un plan alternativo, y no necesariamente más caro, debiera incluir medidas más equitativas y focalizadas. Primero, que los trabajadores de las empresas en dificultades temporales permanezcan contratados por tres meses con el mismo sueldo con un subsidio directo a través del Seguro de Cesantía en proporción a la disminución de la jornada, con un tope para los salarios más altos. En caso de despido inevitable, el seguro de cesantía debiera partir con el salario completo en los tres primeros meses, siempre con un tope. Segundo, que algunos costos fijos de las empresas sean subsidiados focalizadamente y no mediante rebajas o suspensiones tributarias generales. Y tercero, que se aplique un subsidio temporal a las personas autoempleadas que no puedan seguir obteniendo ingresos, asimilándolas a la condición de cesantes de la Administradora de Fondos de Cesantía como beneficiarios por tres meses de un ingreso mínimo.

El problema es que el Gobierno prefirió mecanismos que sobre todo protegerán las utilidades de las grandes empresas. Somos todos iguales, pero unos más que otros.

Las medidas económicas del gobierno

En La Tercera.com

El significativo paquete fiscal anunciado por el gobierno el 19 de marzo frente a la amenaza recesiva que se cierne sobre la economía chilena padece de un problema de composición. No se observa mucha precisión para que no falten recursos en el sector público de salud, que debe ser la prioridad de las prioridades, pero si se constata que los apoyos fiscales irán primordialmente a la gran empresa. El plan gubernamental privilegia proteger las utilidades y estas se concentran en términos absolutos en las empresas de mayor tamaño.

La “suspensión del pago” del PPM por tres meses (anticipo mensual en función del volumen de ventas del pago al impuesto a las utilidades tributables de las empresas) costará US$ 2.400 millones, sin que se priorice por tamaño de empresa ni sector (el sector exportador no minero en buena medida tendrá altas utilidades este año por la devaluación del peso), ni se especifique condiciones ni plazo de devolución de lo no recaudado. La reducción a cero del impuesto de timbres y estampillas que se aplicará a los créditos por seis meses no está focalizada y costará US$ 420 millones. La postergación del pago del IVA por tres meses para las empresas con ventas inferiores a UF 350 mil en cambio está algo más focalizada y el pago se hará en 12 cuotas mensuales, con un diferimiento fiscal estimado de US$ 1.500 millones. En el mismo sentido va el pago en julio en vez de en abril del impuesto a la renta de 140 mil pymes, por otros US$ 600 millones.

Lo que no parece tener justificación es por qué no se hizo una focalización y calendario de devolución de los pagos suspendidos de la recaudación mensual de las utilidades de las empresas y del impuesto a los créditos que no se cobrará en un semestre. La concentración de la actividad económica más rentable es de tal magnitud en Chile que el grueso de las utilidades tributables y las operaciones de crédito provienen de la gran empresa. En ella se concentrará el apoyo en rebajas y exenciones tributarias.

En cambio, la mantención de salarios en empresas con suspensión temporal de actividades se hará con cargo a lo acumulado en su cuenta individual por el propio trabajador, con un 70% del salario en el primer mes, un 55% en el segundo y un 45% en el tercero, en una escala degresiva complementado en caso de agotamiento de los recursos de la cuenta individual por el fondo solidario de cesantía. Se prevé un suplemento de recursos de hasta US$ 2 mil millones. La flexibilización laboral hasta 50% de la jornada de trabajo con un pago compensatorio para cubrir hasta un 75% del salario por el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía va a significar una caída importante de las remuneraciones, perjudicando a los trabajadores afectados pero además disminuyendo el consumo de los hogares, con significativos efectos recesivos posteriores.

Lo que más llama la atención es que el apoyo al autoempleo para dos millones de personas sin empleo formal es muy bajo, con un bono por una vez equivalente al Subsidio Familiar, cuyo monto es de 13.155 pesos por carga familiar, con un gasto de US$ 130 millones (a comparar, por ejemplo, con los US$420 millones que costará la suspensión del pago de impuesto a los nuevos créditos por 6 meses). Además, se establece un fondo de US$ 100 millones para atender caídas de ventas del micro comercio local por los municipios, lo que es muy insuficiente.

Se podían concebir medidas más equitativas y focalizadas. Primero, que los trabajadores de las empresas en dificultades permanecieran contratados por tres meses con el mismo sueldo con un subsidio directo a través del Seguro de Cesantía, con un tope para los salarios más altos. Segundo, que algunos costos fijos de las empresas fueran subsidiados focalizadamente y no mediante rebajas o suspensiones tributarias generales. Y tercero, que se aplicara un subsidio temporal a las personas autoempleadas que no puedan seguir obteniendo ingresos, asimilándolas a la condición de cesantes de la Administradora de Fondos de Cesantía como beneficiarios por tres meses de un ingreso mínimo.

El gobierno prefirió mecanismos que primordialmente protegerán las utilidades de las empresas formales, con el grueso de los apoyos que se dirigirán a las más grandes.

El derecho de propiedad y la democracia económica

En El Mostrador

En el contexto de la lógica de amedrentamiento que algunos personeros de la derecha empiezan a utilizar para intentar impedir que en el plebiscito constitucional del 26 de abril se apruebe reemplazar la actual Constitución, ya apareció aquello de que la izquierda se propondría poner en cuestión el derecho de propiedad.

Una de las preocupaciones históricas de la izquierda es la democracia económica. Pero hace ya mucho rato (en el caso chileno con el programa de 1947 del PS, redactado por Eugenio González y la posterior tesis de las áreas mixtas de la economía) la izquierda democrática desechó el modelo de centralización económica estatal. Existe aquí una doble dimensión.

Primero, por razones de democracia, lo que subrayó la socialdemocracia europea desde la tradición reformista a principios del siglo XX. Desde Bad Godesberg (1959,) la socialdemocracia alemana planteó la tesis del "mercado donde sea posible y el Estado donde sea necesario". Pero también lo hizo Trotsky desde la tradición revolucionaria, al subrayar antes de ser asesinado que el régimen estalinista de partido único y la ausencia de toda autonomía posible por la estatización generalizada de la economía no hacían posible ninguna forma de democracia, lo que ya Rosa Luxemburgo había planteado en 1917. Y segundo, existen razones de eficiencia, por la imposibilidad de asignar centralizadamente precios y cantidades en economías complejas, entre otras razones por la ausencia de capacidad de recolección de la información suficiente por cualquier ente planificador.

No obstante, la izquierda democrática viene reflexionando cada vez más intensamente sobre la necesidad de alternativas frente a la brutal concentración de la propiedad en el capitalismo contemporáneo. Sus diversas corrientes postulan unas u otras formas de democracia económica en regímenes con mercados pero sin especulación financiera y rentista, con un fuerte rol de la economía social y solidaria sin fines de lucro y con empresas públicas estratégicas y en servicios básicos que coexistan con empresas con fines de lucro y/o fines múltiples, pero reguladas social y ambientalmente.

Esto supone la planificación estatal de la provisión de bienes públicos y la fijación de ciertos precios clave (tasa de interés de política monetaria, salario mínimo, tarifas de monopolios naturales y bienes de interés público como medicamentos, tarifas de emisiones de carbono), combinados con mercados regulados y desconcentrados en los que los agentes económicos y las personas paguen impuestos progresivos.

Pero una nueva Constitución no debe proponerse consagrar elementos de política económica que deben quedar para las definiciones democráticas periódicas que orienten la acción de los gobiernos. Y debe reemplazar por completo la pretensión de la Constitución de 1980 de definir un modelo económico particular, que expresó los equilibrios entre la derecha conservadora tradicional, la derecha neoliberal emergente y la jerarquía militar de la época, y que ha experimentado muy pocas modificaciones desde entonces, configurando un orden económico con un fuerte sesgo oligárquico.

El nuevo orden económico constitucional debe considerar que, entre los tratados ratificados por Chile, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, cuyas normas prevalecen por sobre el derecho interno, y así deben seguir haciéndolo en una nueva Constitución. El Pacto de 1966 ofrece un conjunto de definiciones equilibradas en materia de propiedad privada e intervención del Estado en la economía, que deben ser recogidas en la nueva Constitución.

La Constitución debe partir por reconocer en estas materias el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, con una repartición equitativa y de carácter progresivo de las cargas públicas y de los impuestos. Debe reconocer el derecho a la libre iniciativa económica, pero con límite en el interés general.

En materia de propiedad, siguiendo la lógica del Pacto de 1966, toda persona debe tener derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos y a disponer de ellos, y a legarlos sin perjuicio de las obligaciones tributarias que la ley establezca, sin que nadie pueda ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y con una justa indemnización. El uso de los bienes debe ser regulado por ley, en la medida en que resulte necesario para el interés general. La ley debe además garantizar un alto grado de protección a los consumidores.

Aunque la actual Constitución recoge lo formulado en materia de recursos naturales en la reforma de 1971, debe reiterarse, de acuerdo al contenido del Pacto de 1966, que el pueblo de Chile dispondrá libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco. Esto supone el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, del mar, mineros y del espectro radioeléctrico, mientras la ley debe establecer las regalías, por el aprovechamiento de los recursos naturales. Las aguas deben declararse bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares.

Resulta importante para un orden público económico democrático que las empresas públicas sean creadas por ley, pero sin cuórum calificado, y debe reconocerse el derecho del Estado de adquirir y mantener participaciones en empresas regidas por el derecho comercial en las condiciones previstas por este. Al mismo tiempo, debe reconocerse el derecho a la propiedad cooperativa y sin fines de lucro.

Debe, además, reconocerse, lo que está ausente de la actual Constitución, el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren una remuneración que proporcione a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual y condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias.

Junto a ello, debe reconocerse el derecho a la seguridad y la higiene en el trabajo; a igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; al descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como a la remuneración de los días festivos.

El Pacto de 1966 reconoce el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales; el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las prescritas por la ley, y que sean necesarias en una sociedad democrática, así como el derecho de huelga ejercido de conformidad con la ley. Asimismo, reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social y a recibir una pensión por discapacidad o edad avanzada, con especial protección a las madres durante un periodo, antes y después del parto, y protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, correspondiendo a la ley establecer los límites de edad por debajo de los cuales queda prohibido y sancionado el empleo infantil.

La nueva Constitución debe también adecuarse a derechos de nueva generación, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y sin daño para la salud, así como a la protección de la naturaleza que provee los servicios ecosistémicos fundamentales para la sustentabilidad de la actividad económica, fortaleciendo el recurso de protección vigente. Por su parte, en esta área deben expresarse de modo especialmente relevante los deberes de los ciudadanos, y establecerse que toda persona tiene el deber de participar en la protección y mejoría del medio ambiente y el deber de contribuir a la reparación de los daños que cause al mismo.

Otra materia de controversia es la de los órganos autónomos. La Constitución debe dejar al legislador su regulación y alcance, y remitirse a señalar que las instituciones fiscalizadoras y el Banco Central deben ser regulados por la ley, asegurando su independencia decisoria en determinadas materias en coordinación con el Gobierno, en un contexto de control democrático de la generación de sus autoridades colegiadas y de su desempeño.

Lo que no debiera ser materia de controversia es que la nueva Constitución mandate al legislador para establecer una muralla china entre los intereses económicos particulares y el proceso legislativo y para penalizar el cohecho y toda forma de corrupción.

De ganar el Apruebo a una nueva Constitución redactada por una convención íntegramente elegida, ¿terminará la convención aprobando por dos tercios un régimen de propiedad como el de Corea del Norte? Este tipo de fantasías son francamente ridículas. En cambio, lo que se avizora en el horizonte es la necesaria garantía de una futura vigencia plena de derechos económicos y sociales, dejando al legislador y a la acción democrática de gobierno –ojalá en el marco de un régimen semipresidencial en el que el Gobierno emane y sea responsable ante el Parlamento– la determinación de los medios para hacerla efectiva.

Treinta años después

En Cooperativa.cl

Se cumplen treinta años del inicio del gobierno del presidente Aylwin y de la transición, en medio de un proceso político que tiene como unos de sus emblemas “no son treinta pesos, son treinta años”. Hacer un balance ecuánime no es hoy muy sencillo. 

Partamos por señalar que el intento de manipulación de la fecha por el gobierno de Sebastián Piñera es bastante inicuo, si se considera que el suyo es el gobierno de la UDI y RN, que apoyaron en 1988 la continuidad de una dictadura y luego por 30 años se negaron sistemáticamente a producir el levantamiento de los candados antidemocráticos de la Constitución del 80. Hasta el punto en que esa negativa culminó en la rebelión de octubre de 2019. El fin extremadamente tardío de los senadores designados (2005) y del sistema binominal (2015), pero manteniendo hasta hoy los altos quórum de aprobación de leyes (hasta 4/7) y reformas (hasta 2/3) y un Tribunal Constitucional partisano, no habilitan a la derecha chilena para reclamarse de la democracia y su consolidación. Peor aún, este sector político ha logrado mantener hasta ahora sus privilegios, pero al precio de desprestigiar la propia idea democrática, especialmente ante las nuevas generaciones. O al menos ha puesto en duda la capacidad de la democracia para resolver los problemas de las mayorías. 

Pero es absurdo afirmar que desde 1990 no se han producido avances democráticos y sociales. No vivimos en una dictadura como la de 1973-90 sino en una democracia “semi-soberana” (Huneeus), en la que existen libertades y un Estado de derecho (muy perfectible), en la que las autoridades se eligen periódicamente y son controladas por la prensa y los tribunales y en la que existen poderes municipales y regionales democráticos. Este proceso de democratización no debe quedar oscurecido por el grave retroceso a que ha llevado el actual gobierno al decretar el Estado de emergencia en octubre pasado y validar una represión de las Fuerzas Armadas en un período, y de Carabineros permanentemente, lo que es inaceptable y busca impedir el derecho a manifestarse y a oponerse al gobierno. Es la policía la que en muchas circunstancias provoca antes que controla a los grupos que producen destrucciones, mientras es sorprendentemente ineficaz para prevenir o llevar a los tribunales a la delincuencia organizada, tribunales que en muchos casos no están cautelando los derechos básicos de las personas. 

Pero no debemos olvidar que, a pesar de la lentitud de los tribunales e insuficiencias variadas en la aplicación de las penas, la justicia sigue persiguiendo y condenando a los criminales violadores de derechos humanos en la dictadura, cuyas penas se cumplen en la mayoría de los casos mediante privación de libertad. Y que entre los avances progresistas en materia de libertades se cuenta desde 1994 la despenalización del adulterio femenino; desde 1998, el fin de los hijos ilegítimos; desde 1999, la despenalización de la sodomía; desde 2004, la ley de divorcio; desde 2015, la ley de Acuerdo de Unión Civil; desde 2017, la ley de despenalización del aborto en tres causales, y desde 2018, la ley de Identidad de género. 

Los ingresos de las familias, el empleo y los mecanismos de protección social han aumentado desde 1990 más que en cualquier otra etapa de la historia de Chile y la producción ha crecido al doble que en dictadura. Pero hay insuficiencias múltiples y en algunos casos graves. La economía se ha concentrado enormemente, los derechos de los trabajadores y los consumidores son inexcusablemente limitados, la precariedad es el signo principal del mundo del trabajo, mientras no se ha producido una diversificación industrial y de innovación para salir de una especialización productiva limitada a la extracción y baja elaboración de materias primas, sin protección suficiente del medio ambiente, lo que se explica por la influencia del gran empresariado rentista en el parlamento y en los medios de comunicación. 

Esto no ha impedido que los avances sociales hayan sido significativos. La esperanza de vida al nacer, que refleja en buena medida las condiciones de vida de la mayoría de la población, pasó de 73,7 años en 1990 a 80,2 años en 2019, es decir un aumento de 6,5 años, una de las tasas más altas de América Latina (levemente por debajo de Costa Rica), cifra que supera a la de Estados Unidos, cuya esperanza de vida al nacer aumentó en solo 4 años en el mismo período y pasó de 75,3 años en 1990 a 78,9 en 2019, según la Organización Panamericana de la Salud. La tasa de mortalidad de los niños menores de un año (un indicador directo de pobreza) pasó de 16,0 en 1990 a 7,1 en 2017 por cada 100 mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad por homicidios (un indicador directo de criminalidad) pasó de 10,2 en 2000 a 7,5 en 2016 por cada 100 mil habitantes en el caso de los hombres y de 1,4 a 1,1 en el caso de las mujeres. 

Sin embargo, estos avances notorios no deben dejar de considerar la insuficiencia de las pensiones y de los servicios públicos de salud y educación, así como el lento avance en la desconcentración de la distribución del ingreso monetario. La desigualdad de ingresos sigue siendo una de las mayores de América Latina y del mundo, aunque bajó de un coeficiente de Gini de 57,2 en 1990 a uno de 46,6 en 2017. El de Argentina es de 41,2 y el Uruguay de 39,5 (datos del Banco Mundial), países con un PIB por habitante cercano al de Chile. Mantener esa situación de desigualdad ha reflejado la persistencia del poder político y mediático de la oligarquía económica. 

Estamos después de 30 años ante la evidencia de un sistema político en el que el peso de la derecha y del financiamiento ilegal de la política no han permitido que se hagan realidad las opciones mayoritarias en materia de impuestos, reglas laborales, control de recursos naturales, educación y salud públicas, entre otros temas cruciales. Debe producirse un proceso indispensable de regeneración democrática. Además del control oligárquico, la acción política en la post dictadura devino en prácticas generalizadas de “extractivismo”. Para muchos de sus actores, la política es hoy el espacio social en el que insertarse para obtener cargos públicos o bien intermediar lucrativamente con el capital privado. Otros no hicimos lo suficiente para impedir la creación de maquinarias burocráticas de extracción de recursos desde la política en detrimento del interés general. Por eso era y es indispensable romper con esas prácticas para proyectar los valores democráticos y crear una nueva institucionalidad que permita la expresión de los intereses de la mayoría social en el gobierno del país. 

El veto oligárquico sobre la democracia y su degradación clientelística, junto a la persistencia de desigualdades y de deterioros ambientales inaceptables, es lo que tiene que abordar ahora el proceso de cambios políticos y sociales. Treinta 30 años después, la historia sigue su curso.

Sobre las élites

En La Mirada Semanal

Vivimos una etapa de reconstrucción de los sentidos de la convivencia colectiva en Chile, en medio del conflicto político y social en el que se despliegan defensas de intereses y pasiones con dosis altas de irracionalidad. Se puede conjeturar que este ha sido el precio a pagar por la incapacidad de diversos grupos dirigentes de la sociedad para honrar la promesa de construir una democracia en forma en el sistema político, para dejar atrás la dictadura y lograr “crecimiento con equidad”.

Ambos procesos han estado condicionados desde 1990 por los intereses de una minoría económica que amplió su poder y que utilizó con inteligencia los enclaves institucionales y la cooptación del sistema de partidos. Esta minoría logró mantener en su beneficio un modelo de aceleración y a la vez extrema concentración del crecimiento en el 1% más rico, junto a una amplia precariedad del empleo, bajas remuneraciones y pensiones, discriminación de la mujer en la vida económica, mal funcionamiento de los servicios de transporte, de salud y de educación, segregación urbana y daño ambiental generalizado. Esto terminó en el paso de la lucha más o menos estructurada de intereses de grupos y sectores, pero en una institucionalidad que representó cada vez menos los intereses de la mayoría social, al desencadenamiento de las pasiones, siguiendo la distinción clásica de Albert O. Hirshman. Y ha puesto en cuestión el rol de los grupos dirigentes tradicionales, especialmente por los más jóvenes, y también favorecido un generalizado discurso anti-élite.

La noción de élite (minoría selecta o rectora, según la Real Academia Española) proviene en origen de Wilfredo Pareto (“individuos que ejercen funciones dirigentes”) y de autores próximos al fascismo como Gaetano Mosca. Junto al concepto cercano de “clase política” (Robert Michels), ha servido para alimentar el rechazo a la democracia, a los/las intelectuales y a los hombres y mujeres del mundo de la cultura. Su paradigma es hoy Trump, que se hizo elegir denunciando a la élite para luego gobernar con y para la oligarquía económica. Y se usa en Chile, en la actualidad, con una variante específicamente criolla, en la que se pone en el mismo saco a los ultra- ricos y a toda persona que destaque en algo, los “de arriba” contra los de “abajo”. Podemos y debemos hacer algo mejor que identificarnos con la ideología de las barras bravas.

A los que ejercen el poder económico, llamémoslos por lo que son: oligarquía económica. A los dirigentes políticos de la transición que se hicieron neoliberales, llamémosles reorientados, sin ánimo de ofender a nadie (por lo demás, todos tienen derecho a cambiar de ideas ….y otros a mantenerlas, lo que suele molestar a los primeros). Esta es una modesta proposición de uso del lenguaje para no mezclar a galgos y podencos. El uso chileno actual de la palabra élite es equivalente a atribuir todos los males posibles a quien ejerza o haya ejercido algún poder o provenga de sectores sociales que tradicionalmente lo ejercen, independientemente de lo que opinen o hagan, para bien o para mal, todos confundidos como en el tango Cambalache. No viene de la gente común, viene de medios de comunicación interesados en mezclarlo todo para que no se ponga en evidencia a los verdaderos dueños del poder: la oligarquía económica y sus representantes y aliados. Y que se esconden detrás de otros, con mucho éxito, para salir de cualquier debate e indagación que permita identificar su poder y el modo en que lo ejerce. Lo que no tiene sentido es ser parte de una descalificación general que mezcla todo con todo.

La afirmación de algunos es que cabe descalificar a la élite como aquellos que han ejercido el poder gubernamental de manera despótica en los últimos años. Otros ponen el acento en la proveniencia social homogénea del personal político. ¿Por qué no llamar déspotas y no élite a los que gobiernan de manera despótica? ¿Y constatar que los políticos de derecha, centro e izquierda no son lo mismo entre los que han ejercido el poder gubernamental desde 1990, aunque, como en toda sociedad desigual, hay una tendencia a una sobre-representación de quienes provienen de grupos sociales con mayor capital cultural y simbólico (en la terminología de Pierre Bourdieu)?

Cabe incluso destacar que los grandes de la cultura son la mejor élite de Chile, si aceptamos la definición de la RAE. ¿Qué mejor minoría selecta de la que podamos estar orgullosos que las figuras de Mistral y Neruda, sin ir más lejos? Ellos provenían de hogares comunes de territorios alejados y tuvieron que batallar contra los poderes conservadores existentes en su época y desarrollaron su arte como chilenos/as universales de un inmenso talento. Mistral fue maltratada por eso y Neruda lo fue en parte de su vida. Otros lo hicieron en ruptura con su origen oligárquico, como Huidobro. Lo que importa no es de dónde se viene, sino las opciones que se toman en la vida. Y así muchos ejemplos de “minorías selectas o rectoras” en los distintos dominios del saber, el arte, la cultura, la educación y las diversas expresiones de la condición humana que son fuente de inspiración y de construcción de las identidades colectivas, que la descalificación generalizada “a las élites” y su asimilación abusiva a las élites económicas se lleva en su fragor.

Hay otro problema en este debate: se estigmatiza el uso excluyente del poder. Por definición el poder tiene una dimensión excluyente para ser tal. El desafío es que también tenga dimensiones incluyentes y sea usado civilizadamente para algo que se aproxime a promover el interés general. Ejemplo: el entrenador de fútbol al hacer su equipo ejerce poder y excluye jugadores, que suelen quedar enojados. El tema es si ese ejercicio viene desde las capacidades y se usa con criterio para hacer ganar el equipo, o viene desde las influencias indebidas y del privilegio para hacer jugar a amigos, recomendados o parientes. En el ámbito político, lo esencial es saber distinguir de dónde proviene el poder, cuáles son sus fundamentos estructurales, cómo y para quien se ejerce. En particular, si se usa a favor o en contra del poder económico y su concentración, a favor o en contra del respeto a los derechos de las personas y los intereses de la mayoría social, a favor o en contra del interés general de corto y largo plazo o del interés particular y el de clientelas manipulables.

En suma, el ejercicio del poder, por legítimo que sea, siempre es problemático pues suele derivar, sobre todo si se personaliza o concentra prolongadamente en grupos restringidos, hacia su abuso. Por eso los procesos civilizatorios que limitan el poder de las clases históricamente dominantes son tan cruciales para erradicar las violencias en la vida colectiva. La democracia es una parte fundamental de los procesos civilizatorios modernos. En efecto, su rol es originar, aunque lo haga de manera imperfecta y siempre mejorable, el poder por el pueblo, orientar su uso de acuerdo a lo comprometido ante ese pueblo por los gobernantes de turno elegidos -esa es otra expresión que se usa peyorativamente, pero menos mal que son de turno porque si no serían dictadores- y, a la vez, ser controlado por el pueblo y sus representantes periódicamente.

Criticar a todo el que tenga un poder de cualquier índole o provenga de un medio con más poder relativo o a quien quiera tenerlo, y mezclarlo todo en una juguera sociológica indistinta, en vez de valorar o criticar, según sea el caso, a quienes efectivamente lo ejercen en los diversos ámbitos de la vida social, nos está llevando a lo que estamos viendo: la completa dispersión de los posibles contra-poderes frente al poder básicamente unificado de la oligarquía económica y sus representantes y aliados. Esto es precisamente lo que permite a esta oligarquía mantener sus inaceptables privilegios y la concentración desigual de la riqueza, pero que ha terminado dando origen al desencadenamiento de las pasiones y de la rebelión social en Chile por el abuso de privilegios institucionales indebidos.

Para salir de la crisis

En Cooperativa.cl

El gobierno y el ministro del Interior Blumel se querellan contra personas que emiten opiniones de extrema izquierda, pero no por la compra de AK 47 por gente de derecha.

¿Dónde quedó en este caso la condena de la violencia? Elocuente silencio de la derecha, que emplaza a medio mundo todo el día exigiendo esa condena cuando se trata de destrucciones urbanas y piedrazos a la policía por pequeños grupos, desgraciadamente a la deriva y sin proyecto, a los que se quiere asimilar la legítima protesta popular masiva, que es otra cosa muy distinta. 

En eso está Chile, avanzando día a día a un Estado policial con una jerarquía de Carabineros que no se concentra en controlar como corresponde a los que delinquen, trafican o saquean sino en reprimir manifestaciones de protesta, empujada por autoridades divididas e incompetentes que sólo se cohesionan en su temor al movimiento social.

Y con una mayoría en la derecha que no quiere una Constitución que exprese la soberanía popular y con una minoría de este sector dispuesta a discutir una nueva Constitución (para eso dispone, en todo caso, del candado de los dos tercios) que apenas se expresa por imposición de la derecha dura y unos ministros que insólitamente no pueden hablar del tema. 

El país tiene que volver a ser gobernado. En abril, es fundamental una gran movilización por el Apruebo. Luego, el gobierno debe asumir de una vez la voluntad popular y llamar a discutir con amplitud y de inmediato un nuevo pacto social de largo plazo como sustrato de la nueva Constitución.

Si no está dispuesto a hacerlo y su único proyecto de país sigue siendo mantener el dominio oligárquico del 1%, no le quedará sino adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para que el país salga de la crisis democráticamente con autoridades que gocen de una nueva legitimidad.