Recesión a la vista
Olivier Blanchard, ex economista jefe del FMI, y Paul Krugman, premio Nobel, dos economistas “serios” para los cánones vigentes, sostienen que la que se avecina en el mundo no es una recesión usual. Este es el caso tanto por su origen (cuando los hogares por diversas razones dejan de consumir como lo hacen usualmente o las empresas invierten menos o bien sobrevienen impactos externos) como por su magnitud. Krugman prevé una caída en Estados Unidos de más de un dígito en la actividad económica a raíz de las interrupciones de aglomeración y desplazamientos para contener el contagio. Ya se registra en el último mes una pérdida de unos 15 millones de empleos. Sostienen estos economistas que debe brindarse un apoyo de muy amplia envergadura al gasto sanitario y a la contención de la caída de ingresos de las personas y del riesgo de quiebra de empresas que en condiciones normales pueden funcionar. Tanto como sea necesario.
En Chile los datos económicos presentan rezagos, pero las largas filas frente a las oficinas del Seguro de Cesantía, que nunca había hecho mayor noticia, están mostrando los primeros efectos en la actividad y el empleo.
Hubiera sido deseable una respuesta fuerte y estabilizadora del gobierno con un plan de contención que incluyera desde abril tres meses de pago subsidiado completo del salario para los que vean suspendidas total o parcialmente sus labores, en la proporción correspondiente, y un trimestre de ingreso mínimo para las familias que viven al día del trabajo informal y por cuenta propia. El gobierno estableció en cambio un 70%, 55% y 45% en los próximos tres meses, pagado por los fondos de cesantía de cada cual y si no alcanza con fondos públicos. La diferencia entre este mecanismo y el propuesto no es enorme en el monto, pero si lo es en quien y cuándo lo paga. Y decidió otorgar un bono de 50 mil pesos a los más pobres.
El apoyo a las empresas cubiertas por la Small Business Administration en Estados Unidos acordado por demócratas y republicanos incluye otorgarles créditos y un 100% de subsidio público a la mantención de la planilla de salarios mientras dure la crisis.
Esto contrasta con los US$2.400 millones que el gobierno otorgará en Chile a las empresas, especialmente a las sin problemas (incluyendo las grandes cadenas de supermercados y farmacias que han aumentado sus ventas sin controles de precios y a parte de los exportadores que verán sus caídas en las ventas en los mercados externos más que compensadas por la devaluación del peso respecto al dólar) a través de la suspensión del cobro del Pago Provisional Mensual indexado sobre las ventas. Las empresas con problemas y que han visto colapsadas sus ventas no se beneficiarán mayormente de este mecanismo, ni tampoco de la mayor parte de los US$ 600 millones que se dejarán de recaudar por la suspensión del impuesto de timbres y estampillas a los créditos y beneficiarán a las grandes empresas.
Lo que tenemos es un gobierno que subsidia a las empresas con menos problemas y no apoya lo suficiente a las pymes y a los trabajadores con contrato, informales o por cuenta propia. Esto tiene un alto costo, pero factible de abordar con el uso de las reservas fiscales existentes y con un mayor nivel de endeudamiento sobre el PIB, que aún permanece en niveles bajos.
El fondo del asunto, desde el punto de vista macroeconómico, es que en Estados Unidos el paquete fiscal es, incluyendo las garantías de crédito, de 10% del PIB y en Chile no llega al 2% de gasto adicional efectivo.
Cabe reclamar un mayor esfuerzo fiscal en los términos mencionados para apoyar a los directamente afectados y sostener la economía como un todo. La propuesta elaborada por la oposición y sus técnicos es bastante consistente en un sentido contrario a la inercia actual del gobierno, pero se encontró a pocas horas de ser presentada el 7 de abril con la división que le entregó la presidencia de la Cámara de Diputados al gobierno y abrió una nueva crisis en su seno, la que viene prologándose desde el gobierno de Bachelet II, al menos en su forma más aguda. ¿No habrá una Nancy Pelosi por ahí que tome las riendas de una oposición parlamentaria sumida en las luchas de cargos en vez de ejercer la mayoría que el pueblo le dio frente al gobierno? ¿Y nuevos liderazgos consistentes que den un paso al frente para ir ofreciendo alternativas al piñerismo?
El 8 de abril, frente a la evidente insuficiencia de su plan inicial, el gobierno finalmente anunció un nuevo plan que incluye el incremento de garantías públicas a los créditos a las empresas, aumentando en U$ 3 mil millones el FOGAPE para una cobertura entre 60 y 85% del monto del crédito según el tamaño de la empresa. Se facilitará, además, líneas de créditos de capital de trabajo equivalente a 3 meses de ventas. Los bancos participantes postergarán cuotas o vencimientos de las deudas preexistentes para aliviar la carga financiera de las empresas. Con estas medidas se canalizará mejor la mayor disponibilidad de liquidez facilitada por el Banco Central. Es de esperar que el mecanismo funcione rápido y permita evitar la quiebra de muchas empresas. Pero se echa de menos limitar los diferenciales entre las tasas a las que se obtienen los recursos y las tasas de los créditos que se colocan, para limitar las enormes utilidades de la banca. Y establecer desde la partida una conversión de la deuda que no sea devuelta en plazos razonables en propiedad pública. Aquí lo que importa es la continuidad de las empresas, no la de la propiedad de las empresas.
Se anunció, por otro lado, apoyos fiscales a las familias más vulnerables y a los trabajadores informales que no han podido mantener sus ingresos, con un universo de trabajadores informales de 2,6 millones de personas, pero por solo US$ 2 mil millones de dólares y sin que se especifique los mecanismos. Ojalá no quede en el olvido hacer bastante más que los misérrimos 50 mil pesos otorgados por una vez en marzo a las personas de menos ingresos y mayor precariedad. Que nadie se extrañe, si no se actúa con contundencia, de la persistencia posterior de la rebelión social en el país.
¿Volverá una vez más a prevalecer la ortodoxia de economistas incompetentes más preocupados de la aprobación de futuros empleadores en organismos internacionales antes que el destino de las mayorías sociales en el país y que luego no le rinden cuentas a nadie? No olvidemos que la economía vudú llevó a una depresión en 1975 y 1982-83 y a recesiones evitables en 1999 y 2009. Es de esperar que los platos rotos no los paguen los mismos de siempre.
