Los trabajadores merecen ser protegidos
El dictamen de la Dirección del Trabajo - que establece la continuidad del vínculo laboral pero no de las remuneraciones en caso de cuarentena y toque de queda - plantea de lleno el tema de la protección de los trabajadores en esta crisis.
Los que prestan servicios a personas bajo cuarentena no podrán ir al trabajo y no recibirán remuneración, salvo que el empleador acceda a hacerlo. Solución, legislar a la brevedad la obligación del contratante de servicios personales de mantener la remuneración mientras dure una cuarentena que impida asistir al trabajo.
En el caso de las empresas que han disminuido total o parcialmente su actividad y sus ventas, cabe insistir en que el parlamento lleve al gobierno a aprobar un sistema de apoyo directo a la mantención del empleo y del pago de salarios total o parcial financiado por el fondo solidario del seguro de cesantía por tres meses, sin disminución de las remuneraciones, cuando una empresa enfrente una disminución importante de sus ventas. El gobierno debe inyectar los recursos necesarios a ese fondo, los que deberán recuperarse posteriormente con cotizaciones adicionales al 2,6% de aporte empresarial distribuidas en el tiempo.
Adicionalmente, el gobierno debe subsidiar selectivamente aquellos costos fijos empresariales que ayuden a evitar las quiebras y la explosión del desempleo, empezando por las cotizaciones obligatorias y el pago de servicios básicos.
En el caso de los trabajadores por cuenta propia y los sin contrato, cabe un subsidio por tres meses equivalente al ingreso mínimo y no los 50 mil pesos por una vez que ha logrado hacer aprobar el gobierno en el parlamento.
Las medidas reseñadas se pueden financiar en parte con el uso de las reservas fiscales, un endeudamiento adicional y con no hacer efectiva la suspensión del pago del Pago Provisional Mensual a las utilidades de las empresas planteada por el gobierno, cuyo costo es de 2 400 millones de dólares (cerca de 1% del PIB), y con limitar a la pequeña empresa la exención por seis meses del pago del impuesto al crédito.
El PPM se indexa sobre las ventas, por lo que las empresas sin ventas o con ventas disminuidas prácticamente no recibirán el beneficio, mientras sí lo harán las grandes empresas que no están siendo afectadas (supermercados y sectores exportadores, en particular). Debe además congelarse las tasas de interés por tres meses para los créditos al consumo y al capital de trabajo de las pymes.
Se trata de actuar con criterios de justicia social, es decir de no subsidiar a los que menos problemas tienen y de ayudar a los más necesitados, y también de realizar una buena gestión macroeconómica que evite una depresión.
Es hora que la oposición en el parlamento haga su trabajo y no acepte las medidas del gobierno que protegen a la gran empresa no afectada y oriente los recursos hacia la mantención de las remuneraciones y asegurar la continuidad del funcionamiento económico y del empleo. Chile puede hacer otra cosa que lo de siempre: favorecer a la gran empresa a costa de los trabajadores y precipitar crisis y explosiones de cesantía por incompetencia y dogmatismo de las autoridades económicas.
A partir de abril la situación social se hará dramática de no mediar medidas urgentes y contundentes como las mencionadas. El gobierno no puede seguir reaccionando sistemáticamente detrás de los hechos. Lo importante y urgente es no colapsar los ingresos de las familias y de ese modo ayudar a la mantención del empleo y de la actividad de las empresas y por cuenta propia.
Sería altamente recomendable, en todo caso, que los que se niegan a tomar medidas como las mencionadas después no se declaren sorprendidos por los rebrotes de las rebeliones sociales que se produzcan por la inacción pública y/o por gobernar para los privilegiados y dejar en el abandono a la mayoría social.
