"Nuestro objetivo es que las empresas no despidan trabajadores"
El título de esta columna proviene de una frase del ministro del Trabajo de Dinamarca, Peter Hummelgaard. Nada semejante se ha escuchado por parte de las autoridades de nuestro país.
Dinamarca frente a la pandemia – con la gestión de la primera ministra, Mette Frederiksen – subsidió a las empresas para que mantuvieran la planilla salarial, reembolsando 75%de los salarios de los trabajadores que de otro modo hubieran sido despedidos por pérdidas causadas por el Covid-19. El trabajador no está autorizado a trabajar mientras su salario sea subsidiado. Los autoempleados que contratan hasta 10 personas han visto compensado el 90% de su ingreso perdido por la pandemia, cuando este ha caído más de 30%. El gobierno decidió, además, subsidiar entre 25% y 80% de los costos fijos de las empresas que esperan una caída significativa de ingresos por la pandemia, en proporción a la magnitud de la caída esperada. Las empresas que han sido obligadas a detener su actividad por razones sanitarias han visto subsidiados todos sus costos fijos. La contrapartida fue no distribuir dividendos, recomprar acciones o utilizar paraísos fiscales para evadir impuestos. Las actuales medidas de desescalada progresiva de las restricciones sanitarias van a permitir a las empresas danesas volver rápido al uso de su capacidad llegado el momento.
Nada de esto ocurrió en Chile. Aquí se decidió utilizar un mecanismo de suspensión del contrato de trabajo y de activación del seguro de cesantía, utilizando los recursos existentes en las cuentas de los trabajadores -los que no estarán disponibles para eventuales pérdidas futuras del empleo- pero manteniendo las normas de despido “por necesidades de la empresa”.
A la postre, hubiera sido mejor desde el punto de vista de la protección del empleo limitarse al mecanismo de disminución de jornada -también aprobado en la misma legislación que autorizó la suspensión temporal de contrato y que prácticamente no se está usando- pero con un subsidio de al menos la mitad de la diferencia con el salario vigente. Esto hubiera evitado en parte la ola de despidos que se está produciendo.
Tuvo que estallar el escándalo de la distribución de cientos de millones de dólares de dividendos a los accionistas de Cencosud (subrayemos que la excusa del interés de los pequeños accionistas es bastante poco honorable, pues la distribución de dividendos se podría haber limitado a ellos) para que el Congreso empezara a legislar condicionando el uso de la suspensión de contrato, a pesar de la posición temprana de algunos parlamentarios para establecer ese condicionamiento. La respuesta del ministro de Hacienda Briones, aparte de palabras de buena crianza lamentando la actitud de Cencosud, es que la prohibición de la distribución de dividendos aprobada por el parlamento va a aumentar los despidos. Para evitarlo, el ministro de Hacienda sabe bien que hubiera bastado, por ejemplo, condicionar la suspensión del pago provisional mensual del impuesto a las utilidades a la mantención del empleo en la empresa.
Todos sabemos que este es un gobierno de los grandes empresarios y que actúa en consecuencia. Pero también sabemos que la oposición tiene mayoría en ambas cámaras y que no actúa en consecuencia. Lo que ocurre es muy simple: un sector de ella apoya el enfoque y las medidas del gobierno y deja al resto en minoría. Lo que pasó con el “ingreso familiar de emergencia”, manifiestamente insuficiente si se considera las capacidades de uso de reservas fiscales y de endeudamiento a bajo costo, auguró tal vez una actitud un poco más a la altura de la defensa necesaria de la mayoría social en esta crisis. Pero a la postre la exigencia opositora se limitó apenas a proponer subir el subsidio a 80 mil pesos por tres meses para el 60% de menos ingresos, frente al monto de 43 mil a 65 mil pesos y decrecientes planteado por el gobierno, con un costo de 800 millones de dólares. Finalmente, el gobierno hizo ajustes menores y la oposición terminó votando a favor. En el parlamento chileno no se observa tampoco, ni de lejos, algo que se parezca a las negociaciones de Nancy Pelosi con el gobierno de Trump en Estados Unidos.
El pretexto del gobierno de Piñera fue que tiene que reservar recursos para más adelante, aunque la crisis de ingresos de millones de familias es ahora y el derrumbe de la demanda de consumo ya está provocando un enorme daño a la economía que será difícil de recuperar. Recordemos que solo la suspensión del Pago Provisional Mensual en el impuesto a las utilidades de las empresas decidido en abril cuesta 2.400 millones de dólares y la del impuesto de timbres y estampillas a los créditos otros 600 millones de dólares. Ahí no había que reservar nada para más adelante.
Lo que hace el gobierno y la pasividad de una parte de la oposición no están a la altura del manejo de la economía para evitar una depresión. Ni menos del problema de las familias de menos ingresos, especialmente las que tienen que salir a buscar el sustento diario mediante el trabajo informal y que aumentan su riesgo de contagio, con la consecuencia adicional de que se disminuye el control de la pandemia.
El gobierno parece instalarse en la idea de seguir actuando en la improvisación del día a día, con el riesgo de llegar sistemáticamente tarde en vez de anticiparse a los efectos devastadores de la crisis sanitaria y económica que nos afecta. Lo único en lo que trató de anticiparse fue en una vuelta fallida a la actividad económica plena, bajo el rótulo de “nueva normalidad”, rápidamente devenida en “retorno seguro”, bastante antes de que se alcanzara la cima de contagios. El resultado fue ampliar la pandemia en la Región Metropolitana y otros territorios, que obligó a más medidas de cuarentena estricta retrasando cualquier idea de normalización parcial de la actividad.