Una ley insuficiente frente a un horizonte oscuro
En El Mostrador
La ley aprobada el 31 de marzo se denomina de “protección del empleo”, pero hace muy poco para protegerlo y mantenerlo. Los empleadores que suspendan el empleo a sus trabajadores los derivarán a una remuneración de 70% en el primer mes, 55% en el segundo, 45% en el tercero y montos decrecientes hasta completar siete meses (con apoyo del fondo solidario de cesantía si los fondos acumulados no alcanzan) o extinción del saldo acumulado, utilizando la mecánica y los recursos del fondo del seguro de cesantía creado en 2002 en caso de pérdida o cambio de empleo.
Se consumirá primero el fondo individual acumulado antes que activar de inmediato el fondo solidario de cesantía con financiamiento fiscal. Solo se exceptuarán de esta escala de disminución de ingreso los que reciben menos de 500 mil pesos, que podrán mantener el 70% del salario por tres meses. Se autorizó también reducir la jornada laboral hasta por diez meses, con compensación parcial del salario pleno por el seguro de cesantía.
Es lo que la oposición ha obtenido del Gobierno en el Parlamento, donde sin embargo tiene mayoría. En suma, no hay oposición en Chile. Este tipo de relación gobierno-oposición en un régimen presidencial cuando el jefe de Estado no tiene mayoría en una o varias cámaras contrasta con lo que la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en Estados Unidos obtuvo del gobierno ultraderechista de Trump, con un plan de apoyo a la salud y a la economía que alcanza el 10% del PIB. Descontando los descalces de pagos, el plan de Piñera-Briones no es muy superior al 1% del PIB. Muchísimo menos que el plan de 2009 frente a la gran recesión, año en el que se pasó de un superávit fiscal de 4% a un déficit de -4% del PIB.
El despido por “necesidades de la empresa” no sufrió cambio alguno. Recuérdese que en muchos países con economías competitivas se requiere al menos de planes de reinserción a cargo de la empresa y con apoyo público cuando se trata de despidos colectivos. Ya desde marzo muchas empresas en Chile han despedido personas ante el desplome o caída parcial de sus ventas. Al producirse muchos despidos que debieran al menos retrasarse, salvo casos muy justificados, y no mantenerse al menos por un trimestre la remuneración de los trabajadores despedidos, con jornada parcial o con suspensión de actividades –la que debiera ser subsidiada total o parcialmente por el Gobierno usando su capacidad de endeudamiento– caerá gravemente la demanda de consumo de los hogares. Por tanto, aumentará aún más el desempleo, en una espiral recesiva que el Gobierno no logrará detener mientras permanezca prisionero de su ideología. Aunque el país se caiga a pedazos.
La rápida y adecuada disminución de la tasa de interés de política monetaria decidida por el Banco Central no ha impedido que los bancos estén restringiendo el crédito a las empresas cuyos riesgos de impagos han aumentado, es decir, muchas. Esta ausencia de regulación del funcionamiento del sistema bancario en situaciones de crisis –no basta con suspender por un año la aplicación de las nuevas “normas de Basilea” de manejo de riesgos– empujará a muchas empresas a la quiebra.
La banca debiera ser obligada a aumentar su crédito a las empresas que lo requieran, de modo de impedir su cese definitivo de actividades, con un subsidio fiscal temporal al pago de salarios y de los costos fijos de operación. Este se podrá recuperar una vez pasada la emergencia sanitaria que paraliza a la economía. No otra cosa se está haciendo en Estados Unidos y diversos países de Europa.
El Gobierno no está impulsando nada de esto. El ministro de Salud declara, como guinda de la torta, “inconstitucional”, sin considerar las facultades que le otorga el estado de emergencia, fijar los precios de los planes de Isapres. Y así sucesivamente. La pérdida de ingresos de la mayoría de las familias y el colapso del sustento para varios millones de personas que viven al día provocará su sufrimiento y una marginalización adicional, como si no se hubiera producido recientemente una gran rebelión social en el país.
La pandemia y la inacción gubernamental llevarán a la ampliación de la fractura social en Chile. Ojalá uno se equivoque, pero no hay ningún elemento en el escenario o en los actores de la esfera pública que indique lo contrario.
