Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), declaró: "no podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, porque después vamos a estar lamentando que la gente se muera de hambre".
Se trata de otro representante empresarial con moralidad cercana a cero. Es de esperar que, si se impone su visión, él mismo no se contagie y enferme por poner en práctica sus dichos. El virus no distingue clases sociales. Frente a él, si me cuido te cuido, si te cuidas me cuidas. Eso se llama la reciprocidad general, en oposición al sálvese quien pueda propio del individualismo primitivo, o del más sofisticado que es propio del liberalismo desde Adam Smith, que sostiene que la persecución del interés propio beneficiará al conjunto a través de una mano invisible porque funcionan los "incentivos correctos".
El tema es el siguiente: para controlar la pandemia de Covid-19 hasta que aparezca una vacuna, se requiere cuarentenas generales y parciales.
Se debe evitar el máximo de muertes, para lo cual hay que limitar la circulación del virus e impedir imperiosamente el colapso de los sistemas sanitarios. Eso trae como consecuencia la parálisis total o parcial de actividades productivas.
Esto no es contradictorio con mantener funcionando los servicios básicos, lo que de hecho se hace en todas partes, pero con las debidas protecciones. Ni con mantener actividades y servicios por vía digital. Ni con reanudar progresivamente faenas con el debido distanciamiento social.
Lo que no se puede hacer es mantener funcionando grandes centros de comercio que aglomeran gente (para allá parece que apunta el señor Soublette), ni un transporte público no reacondicionado a las nuevas circunstancias ni actividades que aglomeren gente y constituyan un riesgo para el contagio por el virus.
El costo económico de esto es altísimo e inevitable. Lo importante es que puede abordarse mediante endeudamiento, pues Chile está en condiciones de hacerlo, incluso mediante el financiamiento fiscal por el Banco Central durante un período, llegado el caso.
El apoyo público debe orientarse a mantener los ingresos de los trabajadores por al menos un trimestre y otorgar crédito a las empresas para que pasen el bache de la crisis.
Lo que es inaceptable es que los recursos públicos puestos a disposición de las empresas terminen en el escándalo del Banco del Estado encabezando el salvataje de Latam.
Si esto se está haciendo, se aludirá, supongo, el carácter estratégico de una línea aérea con fuertes operaciones en y a partir de Chile.
Entonces en ese caso la cosa es muy simple: el salvataje debe incluir la transformación de una parte de los créditos que se otorguen en acciones de propiedad pública, para asegurar que la gestión de la empresa efectivamente incluya los intereses estratégicos del Estado chileno.
Si el gobierno neoliberal que nos rige considera que esos intereses estratégicos no existen, entonces simplemente debe dejar que Latam quiebre y otras empresas “más eficientes” ocupen su lugar. Esas son las reglas del juego del mercado, ¿o no?
Pero en realidad, estamos en presencia una vez más del "capitalismo de amigos", que en este caso controla el gobierno y cada vez más al parlamento. Ese es el Chile de hoy.