2021: La importancia del debate sobre el Estado social

En La Mirada Semanal

Cerca de iniciarse el crucial año 2021, en el que Chile renovará autoridades y creará un nuevo marco institucional, surgen muchas interrogantes. Y una en particular: ¿será la nueva constitución más de lo mismo o fundará una nueva República? Esto va a depender de la elección de convencionales el 11 de abril próximo y de lo que permita la regla de 2/3 en la Convención Constitucional, que supone un quórum de aprobación aún más alto que el que permite reformar la actual constitución en diversos temas. Esta fue una concesión a la derecha que ha sido tratada con ligereza y que tendrá fuertes consecuencias. Y a la que incluso algunos le atribuyeron un inexplicable mérito, al sostener que con 1/3 podrían vetar las posiciones de la derecha, en circunstancias que con un más razonable quórum de 4/7 o 3/5 la derecha tampoco hubiera alcanzado una mayoría para aprobar sus posiciones de veto minoritario y de prevalencia de la propiedad privada sobre otros derechos. En realidad, fue una renovada concesión al poder de veto de la oligarquía chilena sobre el sistema político, la misma que retomó el poder en 1973 y desde entonces se niega tenazmente a convivir con las preferencias ciudadanas mayoritarias que la contraríen. El resultado ha sido una democracia deslegitimada e imperfecta que reproduce tensiones sociales y políticas permanentes. 

Las de 2019 se asemejan a las concesiones de 1989, pero en circunstancias del todo diferentes. Las de 1989 se explican en el contexto de una salida pactada a una dictadura sangrienta y prolongada, que debían ser superadas en etapas sucesivas y rápidas, como estaba en parte previsto con el partido RN, que pactó con Patricio Aylwin en 1989 y luego no cumplió. En efecto, las concesiones al poder de veto y el no cumplimiento de acuerdos, junto al acomodo progresivo a no seguir avanzando como se debía a una democratización sustantiva, permitieron sostener prolongadamente un sistema de candado minoritario que limitó la capacidad de la democracia de producir resultados sociales y representar la diversidad de la sociedad y sus opciones mayoritarias. No se insistirá lo suficiente en que fue esta decisión de la derecha y el acomodo del centro político y de parte de la izquierda al dominio oligárquico -y la reproducción de fuertes desigualdades sociales que resultan de ese dominio- los que limitaron las capacidades de acción de quienes nos propusimos en 1989 un cambio estructural hacia un “crecimiento con equidad”. Esta ceguera terminó por estallar en octubre de 2019 en una situación cuasi-insurreccional y de fuerte violencia social. 

A la aceptación el 15 de noviembre de 2019 de una convención que elige a muy pocos representantes por distrito y que aprueba por 2/3 cada norma, se agregó en diciembre de 2020 la aprobación de escaños reservados indígenas que disminuyen la representación proporcional, como nueva e incomprensible concesión a la derecha. Esto aumentará la desigualdad del voto y la falta de proporcionalidad en la asignación de escaños y, por tanto, la representatividad de la Convención. No se entiende que no se haya concebido una Convención Constitucional que duplicase o triplicase el tamaño de los distritos para permitir la más amplia representación de las diversidades en los territorios, en la que la representación indígena hubiera tenido su lugar de manera más armónica. El voto ciudadano en un distrito populoso, que ya vale mucho menos que un voto en una zona despoblada, valdrá mucho menos que un voto indígena. Los indígenas elegirán representantes con un sistema uninominal a la británica y con un padrón propio con base étnica autodeclarada. Así, la derecha sigue preparando con éxito las condiciones para impedir un resultado constitucional mejor que la enmendada constitución de 1980, salvo que no logre el umbral de un tercio de los convencionales el 11 de marzo próximo. Sigue en la batalla por mantener el veto minoritario y defender el Estado subsidiario, es decir aquel que consagra la primacía del derecho de propiedad privada por encima del interés general y limita considerablemente la intervención del Estado en la economía para fines sociales y ambientales, en aras de su fundamentalismo de mercado.

La batalla constitucional central que se avecina será si prevalecerá o no la soberanía popular y, por tanto, el principio de mayoría en la formación de las leyes, pero también si se establecerá o no la noción de Estado democrático y social de derecho para terminar con el predominio del poder económico concentrado en pocas manos. El concepto de Estado democrático y social está basado en la idea según la cual los seres humanos no son individualidades que gozan de una libertad aislada, sino que ésta presupone, como cualquier otro derecho fundamental, la existencia de una comunidad que la garantiza para el libre desarrollo de su personalidad. El Estado social reconoce que el ciudadano/a es miembro de la comunidad y tiene derecho a un lugar digno y económicamente seguro dentro de ella. Como señala Walter Wefers, “esto es lo esencial del principio, cuya perfección depende del progreso practicado por la legislación particular” para que los individuos alcancen su autodeterminación frente a las asimetrías de poder en la sociedad e impidan el dominio tanto de oligarquías como de un género sobre otro. Además, la noción de Estado social es fundamental para establecer el derecho colectivo de las nuevas generaciones a disponer de los aportes de la naturaleza y proteger los ecosistemas.

La noción de Estado democrático y social de derecho proviene de la constitución alemana actual. Una parte de la derecha chilena toma a Alemania como ejemplo de economía capitalista de libre mercado, lo que es totalmente discutible si se considera que allí las relaciones laborales se basan en negociaciones colectivas con entera titularidad sindical por rama o territorio y en la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas de mayor tamaño, entre otras características que los economistas neoliberales chilenos consideran un sacrilegio antimercado. No es casual, en este sentido, que el modelo alemán se denomine “economía social de mercado”. En realidad, Alemania es un buen ejemplo de una economía mixta dinámica que favorece la innovación y no el rentismo basado en la extracción sin límites del excedente producido por el trabajo o por la apropiación privada de los recursos naturales, con un sector privado con grandes empresas pero también una fuerte red de empresas medianas y pequeñas dinámicas que pagan buenos salarios con protección social (como BioNTech, que ha contribuido a crear en tiempo récord una de las nuevas vacunas innovadoras contra el COVID-19), sujetas a amplias regulaciones sociales y ambientales que tienen el efecto de estimular la innovación (como subraya Daren Acemoglu, la maximización de excedentes no puede producirse por la vía de restricciones salariales en la empresa individual sino aumentando la productividad y promoviendo el cambio tecnológico). Por ello, la derecha chilena no toma a Alemania como ejemplo constitucional en el tema crucial de los fundamentos del Estado y de la prevalencia del interés general. 

La mencionada constitución señala que “la República Federal es un Estado federal democrático y social» (arts. 20 y 28), lo que se traduce en que “la propiedad obliga, su uso tiene que servir al mismo tiempo a la comunidad” (art. 14, II). El concepto clave en la materia es que el objeto más valioso (la comunidad) no debe ceder terreno frente al menos valioso (la propiedad). 

La nueva constitución está llamada a establecer el marco en el que la libertad económica y la propiedad privada de los recursos tengan como límite el interés general. Por lo demás, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece no el “derecho de propiedad” sino que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”. La diferencia es sustancial, pues, aunque señala que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”, la Declaración no se refugia en la defensa irrestricta de la propiedad individual de todo recurso económico tan cara a las derechas en el mundo. El concepto de “derecho a la propiedad” incluye el acceso a formas de democracia económica como la propiedad cooperativa y/o de interés general o la participación de los trabajadores o de fondos públicos (por ejemplo provenientes de una parte de las grandes herencias) en la propiedad de la empresa privada, e incluye la propiedad estatal. En suma, se trata de establecer que la propiedad individual sobre los recursos económicos no puede ser sustancialmente contradictoria con el objetivo indicado por la Declaración Universal, que establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 deben ser la base constitucional del Estado social. Este Pacto, que fue suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969 y promulgado el 28 de abril de 1989, prevalece sobre la legislación interna desde la reforma constitucional plebiscitada el 30 de julio de 1989 (esto fue lo que permitió, en particular, la prevalencia de los tratados sobre derechos humanos por encima de la ley de amnistía de 1978). La prevalencia fue reiterada en la reforma constitucional del 24 de diciembre de 2019, que indica que “el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define que la nación debe “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”, a la vez que establece el derecho  a “una mejora continua de las condiciones de existencia” y el “derecho a trabajar, que incluye el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” con “una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual”. Consagra, además, el  derecho de huelga y el “derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección”, además del derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación y al acceso a la cultura. 

En la dimensión de género, el nuevo Estado social debe garantizar constitucionalmente la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluyendo el igual acceso de mujeres y hombres a las responsabilidades políticas, profesionales y sociales. Debe establecer el principio de la acción positiva para alcanzar la paridad en los cargos de representación popular, en los cuerpos directivos de la administración pública, de las empresas y de las organizaciones no gubernamentales. En la dimensión ambiental, la nueva constitución debe consagrar que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación y a la protección de la naturaleza que provee los aportes eco-sistémicos para la sustentabilidad humana. Y también establecer que toda persona tiene el deber de participar en la protección del medio ambiente y de contribuir a la reparación de los daños causados a los ecosistemas.

La derecha, al aprestarse a negar la pertinencia de la noción de Estado democrático y social de derecho, está negando que Chile sustituya por una democracia en forma la plutocracia -el dominio de los más ricos- hoy vigente por el poder de veto que le otorga a la derecha la constitución de 1980. Es una razón más que suficiente para procurar que esta corriente política y los intereses que representa -hostiles a la soberanía popular, a la igualdad social y de género y al límite ambiental de la actividad económica- no obtenga el tercio de la representación en la elección de abril próximo a una Convención Constitucional. Si así ocurriera, esto le daría una vez más el derecho a vetar el destino de Chile, a pesar de la mayor rebelión social que haya conocido la historia reciente del país. 

Hacia un nuevo régimen político

En La Mirada Semanal

El debate sobre la nueva constitución ha estado marcado por el tema de los derechos y especialmente los nuevos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, dada la amplia voluntad de ruptura con el modelo económico-social actual. Sobra advertir, no obstante, que garantizar estos derechos dependerá solo en parte de su exigibilidad judicial, que eventualmente la nueva constitución establecerá en algunos casos, si es que llega a hacerlo. La regla de 2/3 de aprobación de sus normas prefigura una constitución de mínimos.

Los principales problemas económico-sociales no serán, en cualquier caso, resueltos por la constitución. Lo importante, y ya sería un gran cambio, es que ésta no impida hacerlo a los sucesivos gobiernos democráticos, lo que supone desechar todo veto institucional en la formación de las leyes. Los derechos fundamentales deben ser cautelados no por quórums supramayoritarios sino por una regla de modificación por mayoría simple ratificada por dos legislaturas sucesivas.  Las instituciones no deben nunca más incluir vetos institucionalizados de la minoría como los introducidos en la constitución de 1980 (los que no existían en la constitución de 1925) ni órganos que violenten la soberanía popular.

Pero la nueva constitución debe poner especial acento en establecer instituciones que faciliten la gobernabilidad de la sociedad y de las instituciones. La Convención Constitucional es la ocasión histórica para consagrar la idea del Grupo de los 24 enunciada en 1978 -con un arco de la DC al PC- sobre establecer en Chile un régimen semipresidencial o semiparlamentario.

En este tipo de regímenes políticos, en caso de una crisis social que haga perder legitimidad a las autoridades de gobierno y al parlamento, como la que ha ocurrido desde octubre de 2019 en Chile, el mecanismo de elecciones anticipadas está contemplado en las constituciones respectivas. Es un modo de volver a hacer representativas las instituciones en caso de crisis que ayuda a la estabilidad y continuidad del régimen democrático. En las crisis, es el pueblo el que resuelve. Los regímenes presidenciales a la norteamericana no tienen esa flexibilidad, pues están basados en contrapoderes institucionales ("checks and balances") que se supone limitan el ejercicio gubernamental, lo que es un buen principio para hacer respetar los derechos fundamentales que la sociedad haya concordado. Para ese fin debe funcionar la separación de poderes, especialmente un poder judicial y un parlamento independientes del ejecutivo. Pero ese esquema institucional también puede, en algunas circunstancias, paralizar el ejercicio gubernamental en un choque permanente entre ejecutivo y parlamento, mientras el poder judicial puede contradecir indebidamente la voluntad popular con jueces políticamente parciales. No olvidemos que una confrontación de gobierno y parlamento produjo en 1891 nada menos que una guerra civil en Chile, mientras facilitó de manera sustancial el golpe de Estado de 1973, cuando la Cámara de Diputados hizo un llamado directo a las FF.AA interpretable como una incitación  a derrocar al gobierno, en uno de los errores históricos más notorios de la democracia cristiana aliada a la derecha, lo que la junta militar invocó para justificar su sangriento golpe contra la democracia.

En el Chile pinochetista, la inspiración esencial de la constitución impuesta en 1980 fue la idea retorcida de una "democracia protegida", en la que el pueblo resuelve lo menos posible, es decir a lo más elige unas autoridades que no puedan hacer mucho frente a las oligarquías dominantes, a través de mayorías vetadas por minorías a su servicio en el parlamento (abundantemente financiadas por el poder económico) o por tribunales constitucionales concebidos para actuar contra la legítima voluntad mayoritaria en materia económico-social antes que para proteger los derechos fundamentales. Esto deberá quedar como un mal recuerdo en la historia de las instituciones políticas del país originado en tiempos de oscuridad que se prolongaron indebidamente en el largo proceso de recuperación-recreación democrática.

En un nuevo régimen semi-presidencial, cuyos ejemplos más notorios son Francia y Portugal, el Presidente de la República debe ser el jefe del Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas. En una nueva distribución de roles, el Presidente debe velar por el normal funcionamiento de los poderes públicos y ejercer la supervigilancia del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Debe ser elegido, como en la actualidad, por sufragio universal para un período de cuatro años con posibilidad de una reelección consecutiva. El Presidente debe tener la potestad de nombrar a un Primer Ministro, el que a propuesta del primero debe nombrar a los demás miembros del gobierno y al personal civil y militar del Estado de confianza de las autoridades electas, reducidos a muy pocos cargos en beneficio de una administración pública profesional. La política gubernamental y la agenda legislativa deben ser de responsabilidad del Primer Ministro, que debe contar con la confianza de la mayoría de la Cámara de Diputadas y Diputados. El primer ministro debe ser quien determine y dirija la política de la Nación y la acción del gobierno y ser responsable ante la Cámara, así como ejercer la potestad reglamentaria. El Presidente, a su vez, debe ser quien firma los decretos acordados en el Consejo de Ministros y lo  preside. 

El Presidente, en consulta con el Primer Ministro y el presidente de la Cámara, debiera poder disolverla y convocar a nuevas elecciones por una vez durante su periodo de ejercicio. El Senado debiera ser una cámara territorial cuya capacidad legislativa no prevalezca sobre la de la Cámara de Diputadas y Diputados, y por tanto ser una entidad revisora de las legislaciones con perspectiva territorial. El Presidente, a propuesta del gobierno o de la Cámara, debiera poder someter a plebiscito cualquier proyecto de ley sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a  la política económica, social y ambiental y a los servicios públicos que concurren a ella, o que proponga la ratificación de un tratado internacional. 

La Cámara de Diputadas y Diputados debe lógicamente seguir siendo elegida por sufragio universal, pero con un sistema proporcional efectivo de asignación de escaños a partir de un umbral de votación para evitar la fragmentación del sistema político (5%) entre listas de partidos e independientes, pero con distritos que no distorsionen la igualdad del voto y que se adapten periódicamente y de manera automática a ese principio.  Debe votar la ley, sin perjuicio de la revisión por el Senado, y controlar  al gobierno y sus políticas. Sus miembros deben ejercer el cargo por un máximo de dos periodos consecutivos. En el proceso de formación de la  ley no debe existir otro quórum distinto al de la mayoría simple de los presentes o de la mayoría de los miembros del parlamento. No deben ser admisibles los proyectos de ley o indicaciones a la ley formuladas por los miembros del parlamento cuya aprobación tenga como consecuencia una modificación de los ingresos públicos o la creación o ampliación de un gasto público o de empleos públicos para otorgar una indispensable coherencia a la política económica y a la gobernabilidad de la economía en base al interés público.

El próximo gobierno, dado el calendario institucional, será elegido con las reglas hoy vigentes, pero deberá realizar la transición a las nuevas reglas que concuerde la Convención Constitucional y apruebe la ciudadanía mediante plebiscito a mediados de 2022. Las condiciones de ejercicio del próximo gobierno serán determinantes para afianzar un nuevo régimen político democrático estable, a la par de realizar transformaciones sustanciales que son urgentes para salir de la crisis política, social y económica estructural en la que el país está envuelto. No será un desafío cualquiera, que requerirá claridad de objetivos y mucha voluntad de llevarlos a la práctica para no volver a decepcionar a la sociedad. Y debe contar con un diseño institucional que mejore sustancialmente el hoy día vigente para hacer efectiva la tarea gubernamental y relegitimar la democracia por un, ojalá, largo período de tiempo.

De nuevo el debate sobre Venezuela

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A los partidarios chilenos de Maduro les parece pésimo que vote menos del 50% de los ciudadanos en Chile. Que en Venezuela vote menos del 30%, no les parece un problema. Gran coherencia. En ambos casos, la democracia está en crisis, aunque por razones diferentes, claro. Y la tarea es fortalecer la democracia, no debilitarla, en las dos situaciones.

Pensar de ese modo supone tener la convicción que una democracia participativa y autónoma de los poderes oligárquicos internos y de la intervención externa es el espacio y límite de la transformación social para superar progresivamente la desigualdad y la falta de libertad real que atenta contra la dignidad humana. Es sostener, a la vez, que la democracia es la principal barrera de contención del intervencionismo norteamericano, en alianza con los progresismos latinoamericanos y de otras partes del mundo, incluyendo los de Estados Unidos. Y que no tiene sentido justificar alianzas con rusos, turcos e iraníes, como hace Maduro, que no se ve qué puedan tener que ver con progresismo alguno. A la vez, el voluminoso endeudamiento con China le permitió a Chávez y luego a Maduro paliar en parte la increíble destrucción de la industria petrolera (la gallina de los huevos de oro) por incapacidad de gestión y por corrupción en los últimos 20 años, no atribuible a nadie más que a su régimen. Pero no se puede saber qué estrategia de desarrollo nacional puede ser esa, mientras en paralelo la producción de alimentos ha sufrido un gran retroceso. Vivir del petróleo, aunque sin siquiera cuidar la solidez de la rama sobre la que se está sentado, y atrincherarse con los militares asociados a la gestión centralizada, inepta y corrupta de la economía (como desgraciadamente cualquier observador más o menos acucioso puede constatar, aunque también sea usado por la propaganda derechista) no es exactamente un proyecto de sociedad progresista, si se permite la ironía.

Y un colofón: la democracia supone aceptar la alternancia en el poder, incluso cuando una mayoría decide seguir una política pro-norteamericana y pro-oligárquica y burguesa. Si así ocurre, es por incapacidad de la izquierda y de los progresistas de representar a la mayoría social, por mucho que la CIA y los oligarcas hagan todo tipo de maniobras, como sabemos que siempre hacen, en defensa de sus intereses. Cuando estos factores de poder interrumpen los procesos democráticos con golpes y violencia dictatorial, la resistencia popular es el único camino. Pero impedir que la voluntad mayoritaria se exprese, aunque en algún momento favorezca intereses minoritarios, no veo qué pueda tener que ver con los valores y el proyecto histórico de la izquierda de mayor libertad a través de mayor igualdad. Al revés, suspender o limitar garantías democráticas favorece a la larga a las oligarquías y al intervencionismo externo al despojar a todo proyecto popular y nacional de su legitimidad fundamental: ser expresión de la mayoría social. Y, como demostró el caso del MAS en Bolivia, cuando una mayoría social es consistente y su conducción política organizada es adecuada, termina por imponerse a las maniobras antidemocráticas.

Pensar que regímenes burocrático-militares como los de Venezuela o Nicaragua, o incluso teocracias islamistas, son defendibles porque se confrontan con Estados Unidos, es simplemente un error binario y simplista en el que las izquierdas no deben caer. La transformación orientada a la emancipación social igualitaria y libertaria o bien es democrática en sus fines y en sus métodos o bien simplemente no es tal.

Los dilemas de la oposición y de la izquierda

En La Mirada Semanal

Para analizar los actuales dilemas de la oposición y de la izquierda, hay que remontarse un poco en la historia reciente. Cabe recordar que terminar con la dictadura implicó juntar a las más amplias fuerzas democráticas, lo que suponía desechar una poco viable opción insurreccional y buscar una movilización masiva de desborde y también un pacto de salida, lo que ocurrió. En paralelo, después de la experiencia de la polarización extrema de 1970-73, una conclusión más o menos generalizada fue que, para que fuera estable, todo proyecto de cambio debía concebirse con gradualidad y con entendimientos con el centro, cuya expresión partidaria, la DC, estuvo disponible para iniciar un camino de gobiernos de coalición con la izquierda socialdemócrata y socialista y los radicales. En cambio, el Partido Comunista experimentó una radicalización que aumentó su realidad de exclusión y que contrastó con su previa historia vinculada tanto a las instituciones como al movimiento social. Se abrió una prolongada grieta en la izquierda que hizo que la transición fuera dominada por el centro político. 

Estos procesos marcaron una evolución política de tres décadas con éxitos (estabilidad democrática, crecimiento económico, aumento del gasto social, lento pero significativo avance en materia de derechos humanos) y fracasos, el principal de los cuales fue la persistencia de la desigualdad y la concentración extrema de la riqueza, provocada por una cierta aceptación resignada de la continuidad del dominio oligárquico sobre las instituciones. Esto desdibujó a la postre tanto al centro como a la izquierda en una nebulosa llamada "centroizquierda", es decir un centro blando, pragmático y burocratizado. Los partidos tradicionales perdieron su conexión con la sociedad y sus aspiraciones y no se hicieron cargo de las frustraciones de las nuevas generaciones, en medio de un fuerte cambio económico, social y cultural. Esto permitió la reconstrucción de la derecha como alternativa, beneficiada por privilegios institucionales indebidos y por la abstención creciente y finalmente masiva del electorado joven y aquel que las izquierdas y el centro dejaron de representar. En efecto, se consagró en los últimos quince años una evolución clientelista -luego de una prolongada exposición al poder gubernamental- de los partidos progresistas tradicionales, que perdieron su empuje transformador en favor de la presencia en el Estado. Estos factores llevaron a dos victorias de la derecha, cuya carencia de todo proyecto integrador provocó la crisis de 2011, que evidenció la ausencia de movilidad social efectiva indispensable para estabilizar el orden económico-social híbrido existente en el país, es decir una mezcla finalmente explosiva de liberalismo económico y social extremo, de presencia estatal en algunos ámbitos y de cierto aumento del gasto social. Y esa carencia de proyecto integrador llevó más tarde a la crisis social y política actual, que terminó cuestionando al conjunto del sistema de representación y rompió finalmente el status quo post transición.

Aquellos a los que la transición siempre nos pareció un momento necesario pero que debía ser breve en la evolución institucional, y ciertamente no constituía un modelo de acción política ni menos de sociedad, acogimos esta ruptura con entusiasmo, pero con la idea de que tenga una traducción política que sea una alternativa a la ingobernabilidad. Desde el ángulo de la izquierda democrática, a cuyas ideas adscribimos (ver https://lamiradasemanal.cl/en-defensa-de-la-izquierda-por-gonzalo-martner/), delinear esa alternativa no tiene nada de imposible. Para establecer una nueva constitución en las condiciones pactadas el 15 de noviembre de 2019, se requiere que un tercio de izquierda con convicciones y fuerza política impida todo intento de dar continuidad al dominio oligárquico. Además, ese tercio sólido debe promover un nuevo orden en lo institucional (con reconocimiento de un estado plurinacional, paritario y descentralizado), en lo político (con normas de aprobación de las leyes que reflejen el principio de mayoría con respeto pero sin veto de la minoría), en lo económico (con normas que habiliten el rol del Estado en la economía), en lo social y cultural (consagrando derechos como los que Chile ya firmó en la materia décadas atrás en tratados internacionales) y en lo ambiental (con derecho a un medio ambiente libre de contaminaciones y el deber de preservar la resiliencia de los ecosistemas). Para eso se necesita una lista a la Convención Constitucional con esos propósitos que obtenga al menos un tercio, la que debe unir al menos al Frente Amplio con el aporte del socialismo y el progresismo de izquierda (y sin los liberales y otros que tienen concepciones económicas de derecha) y del pacto del PC y el regionalismo. Al parecer, ese ha sido el sentido de los reacomodos y crisis de las últimas semanas de y en diversos grupos políticos, con un decantamiento más bien positivo, aunque en medio de bastantes confusiones que no ayudan a recomponer el nexo entre ciudadanía democrática y política, que en primer lugar necesita claridad. Es de esperar que el punto de partida haya sido el plebiscito del 25 de octubre y que este no haya sido una golondrina que no hace verano. La neo-concertación (Unidad Constituyente) ojalá se sume a posiciones de este tipo, pero se debe razonablemente ser escéptico por su carácter líquido, la presencia en su seno de neoliberales convencidos y por la tendencia de los que no lo son a pactar posiciones burocráticas antes que posiciones políticas. A partir de una base primordial sólida de una izquierda recompuesta en la diversidad, que incluya a fuerzas con otras adscripciones como el regionalismo, el feminismo y el ecologismo, se podrá buscar los demás acuerdos para consagrar una nueva constitución despojada de lastres dictatoriales y oligárquicos que permita un reencuentro de toda la sociedad con las reglas democráticas de convivencia.

En un plano más inmediato, para conducir los nuevos gobiernos regionales y los municipios a partir de 2021, es razonable que se busquen acuerdos del conjunto de las fuerzas no derechistas para decantar candidaturas mediante primarias o, en el caso de los gobernadores regionales, acuerdos de segunda vuelta. Estos procesos están más o menos en curso, no sin dificultades, con un sistema de partidos muy fragmentado.

Para un nuevo gobierno, se requiere construir una alternativa a la derecha que no reproduzca la experiencia de la Nueva Mayoría. De paso, resulta risible el anticomunismo del que hacen gala quienes gobernaron cuatro años con el PC entre 2014 y 2018. La lección es que en ese amplio bloque nunca hubo un acuerdo programático ni coherencia gubernamental, en especial en materia laboral, tributaria, educacional y de salud, con un boicot que venía no solo desde la derecha sino también desde los neoliberales dentro del gobierno y sus aliados en el parlamento que supuestamente apoyaban a la presidenta Bachelet. 

Un próximo gobierno debe construirse con un acuerdo de cuatro años sólido y reclamable a todos sus componentes durante todo el período de gobierno, lo que requiere de un liderazgo presidencial basado en convicciones y, vista la experiencia, en la voluntad persistente de hacerlas avanzar. Un cambio hacia un nuevo régimen semipresidencial puede, eventualmente, implicar que ese acuerdo de gobierno se vote en el parlamento por una mayoría que se comprometa sólidamente por cuatro años. Si ese cambio demora o no se produce, de todas maneras el acuerdo de coalición con mayoría en el parlamento debe ser la base de la gestión gubernamental a partir de marzo de 2022, en vez de la incoherencia del gobierno anterior o del caso a caso desastroso del actual gobierno. Parece del todo evidente que la tarea principal del nuevo gobierno va a ser, además de hacer funcionar la nueva constitución, conducir una salida de crisis con una prioridad en la creación de empleos decentes y de nuevos soportes de ingresos para los sectores más frágiles de la sociedad. Esto supondrá una política macroeconómica y tributaria coherente para reestimular el consumo mediante redistribución de los ingresos, ampliar la inversión en infraestructura, bienes públicos, espacios urbanos y recuperación de los ecosistemas, diversificar la economía con énfasis en un nuevo modelo energético y de industrialización pertinente y sostenible de los recursos naturales, junto a establecer mecanismos de seguridad social dignos de ese nombre en pensiones y salud y un impulso a la educación pública, en un todo coherente que conduzca hacia un nuevo modelo de desarrollo y bienestar.

Las AFP, el mercado de capitales y el ahorro

Primera versión en La Mirada Semanal

En estos días ha aparecido con ribetes de escándalo una realidad cotidiana del mercado de capitales: la existencia de conflictos de interés, en un mecanismo en el que los ahorros obligatorios de los trabajadores se invierten, a través de las AFP, en negocios “triangulados” con dueños de AFP, gestores financieros y dueños de patrimonios bursátiles abultados. Entre ellos se cuenta el actual presidente de la República, que tiene una amplia fortuna financiera supuestamente gestionada sin su intervención, lo que es materia de duda razonable. Recordemos que en 2007 pagó una multa por hacer algo que está altamente penalizado en los países con capitalismo regulado (allí le hubiera significado prisión): utilizar información privilegiada como miembro de un directorio para realizar operaciones bursátiles a costa de los demás participantes del mercado de capitales, incluyendo los fondos de pensiones de los trabajadores. Lo propio ocurrió con la maniobra de las "cascadas" de Ponce Lerou, con el mismo resultado. Aunque la Superintendencia de Pensiones, jerárquicamente subordinada al presidente, ha declarado que la operación ahora denunciada de uso de fondos administrados por una AFP para triangularlos y canalizarlos a dueños de esa AFP no excede los límites legales, debe investigarse por el parlamento y clarificar si existe o no en el caso un interés financiero de Piñera y de qué magnitud y, en caso de violación de la ley, remitir las conclusiones a la fiscalía. 

Pero el debate es más amplio. A estas alturas ya no es solo sobre cómo regular mejor el sistema de AFP, sino que también sobre como sacarlo de la previsión social obligatoria. El amplio apoyo que ha tenido el retiro de fondos desde las AFP -que para millones de personas significa quedarse sin pensión autofinanciada- se basa en la percepción de que el objetivo del sistema no es proveer adecuadas jubilaciones (midiendo lo adecuado como la tasa de reemplazo de los salarios de los últimos años en la vida activa por la pensión al momento de jubilarse) sino favorecer intereses empresariales. Esa percepción está lejos de ser equivocada. En efecto, los ahorros de los trabajadores son utilizados para fines de acumulación privada de capital con financiamiento barato y continuo, mientras las utilidades de las administradoras son más que excesivas (lo que ha atraído capitales extranjeros a su propiedad). Esto es consecuencia de que las comisiones de administración se cobran por flujo y no por monto acumulado, lo que no tiene justificación económica, y por falta de competencia. Mientras, a una persona con lagunas previsionales en la mitad de su vida activa (es el caso de la mayoría) las AFP le garantizan una pensión con una tasa de reemplazo de no más de 25%, en un contexto futuro de probable menor rendimiento de largo plazo de las inversiones. Esto se agrava para las mujeres por construcción del propio sistema. Aunque pueden existir jubilaciones anticipadas, la edad de jubilación de las mujeres es a los 60 años (5 menos que los hombres) y tienen una esperanza de vida 4 años superior a la de los hombres. Como se usan tablas de mortalidad para calcular rentas vitalicias diferenciadas por sexo (en Europa cualquier cálculo actuarial que involucre la esperanza de vida debe perentoriamente hacerse sin hacer esa diferenciación), el resultado es que las pensiones de las mujeres son increíblemente bajas en términos de tasa de reemplazo.

¿Por qué esta configuración institucional proclive a la hiperconcentración del capital y a proveer bajas pensiones se ha mantenido por cuarenta años? Ocurre que las AFP nacieron en una dictadura y se han encargado de influir desde la transición en el sistema político para que el oligopolio que constituyen no sea regulado debidamente. Y lo han hecho de manera abierta y desembozada, nombrando a ex ministros y ex parlamentarios de la mayor parte del espectro político en sus directorios, los que no lo han rechazado, como debieran, además de tener el apoyo irrestricto de la derecha en representación directa de los intereses de la oligarquía financiera. Esto ha facilitado impedir, entre otras cosas, cualquier debate sobre la representación de los afiliados en las decisiones, como resulta obvio en todo sistema de previsión social, más allá de un comité consultivo sin importancia. 

Pero ahora se han presentado otros apoyos para tratar de sostener el sistema de AFP.  En la presentación reciente del Informe de Estabilidad Financiera, el presidente del Banco Central ha sostenido que "retirar fondos previsionales significa reducir el ahorro de los trabajadores (...). Una economía para crecer y no depender exclusivamente del financiamiento externo, tiene que tener ahorro doméstico". Para el Banco Central, el que una gran mayoría de personas no tenga ingresos suficientes para enfrentar la crisis del coronavirus -que el gobierno debiera haber provisto a través de un mayor gasto en seguro de desempleo e Ingreso Familiar de Emergencia- no merece mayor mención. Constata que los retiros desde un sistema de cuentas individuales reducen el ahorro, lo que es bastante obvio y, dicho sea de paso, es una excelente noticia macroeconómica en un momento de derrumbe de la demanda interna. Pero no se detiene en dar cuenta que el sistema de AFP se ha justificado con la ideología de la propiedad privada sobre los ahorros, lo que es equívoco porque solo la cotización es individual mientras el conjunto de variables que determinan la rentabilidad del ahorro está socialmente determinado. A ese título, las personas afectadas por la crisis percibieron que estaban en su derecho de presionar para utilizarlas en la emergencia. Y si bien es verdad que los retiros harán en el futuro todavía más bajas las pensiones de las AFP o inexistentes para muchos, se trata de un nuevo argumento para sacarlas del centro del sistema de pensiones, alternativa que el Banco Central no menciona. Seguramente considera que no le corresponde hacerlo, lo que es verdad. Pero en cambio, se dedica a defender el sistema de AFP, lo que tampoco le corresponde hacer.

Es altamente ideológico y parcial que el argumento de la necesidad de sostener un consistente flujo de ahorro doméstico prácticamente se reduzca, en el enfoque del Banco Central, al ahorro forzoso previsional de los asalariados en AFP. Ya en el parlamento el conjunto de la oposición sostiene que las cotizaciones adicionales de 6% del salario que se han pactado deben ir a lo menos en parte a un mecanismo de ahorro colectivo, lo que conceptualmente el Banco Central debiera saludar como un nuevo mecanismo de fortalecimiento del ahorro doméstico. Pero no lo hace, porque está imbuido de una ideología particular: la defensa de la capitalización individual. ¿Por qué el Banco Central no dice nada sobre el riesgo financiero sistémico, salvo algunas palabras de buena crianza en algún informe, que representa la insólita concentración del capital en Chile en pocos conglomerados, que esa capitalización individual dominada por las AFP ha favorecido?

El INE publicó recientemente un informe que revela que la mediana de los ingresos de los ocupados era de 401 mil pesos y el promedio de 621 mil pesos en 2019. La participación del ingreso del trabajo en el ingreso total se puede estimar en una cifra inferior al 40%, muy por debajo de los países más avanzados, cuyas cifras son del orden del 60-70%. ¿Esos son los únicos agentes económicos llamados a ahorrar internamente para que las empresas hiperconcentradas sigan obteniendo financiamiento barato para seguir acumulando capital, enriqueciendo a un puñado de oligarcas y sosteniendo un consumo de hiperlujo? 

Convengamos que el ahorro doméstico también está constituido por el ahorro de los perceptores de ingresos de capital, del estímulo de la reinversión de utilidades y de ese otro ahorro forzoso que constituyen los impuestos. En efecto, un tercer componente del ahorro interno, además del que proviene potencialmente de los ingresos del trabajo y del capital, es el que constituye la diferencia entre los ingresos corrientes (impuestos) y los gastos corrientes del Estado, es decir el ahorro público. No hay ninguna razón para que en el futuro el Estado no incremente el ahorro público mediante una reforma tributaria progresiva centrada en los ingresos del capital y la reducción de gastos superfluos, en vez de seguir manteniendo un modelo económico que funciona en base a bajos salarios y a ahorros forzosos de esos bajos salarios. 

El Banco Central parece no haber caído en la cuenta que el modelo vigente de hiperconcentración del capital financiado por los ahorros de los trabajadores y por todo tipo de exenciones tributarias a los ingresos y ganancias de capital -asociado a lo que llaman crecimiento, sin preguntarse mayormente a quién beneficia ese crecimiento- se agotó socialmente. Pero, además, el suyo es una mal razonamiento en esta coyuntura. El Banco Central no entiende suficientemente que estos son tiempos de sostenimiento de la demanda agregada para evitar un colapso económico y del empleo. Solo una vez pasada la emergencia debe restablecerse una senda de incremento del ahorro, pero ahora al servicio de objetivos distintos de la concentración de capital en pocas manos y en particular a favor de un proceso de inversión que permita ampliar la infraestructura de bienes públicos y una transición rápida hacia  la carbono neutralidad en Chile. 

Los partidos, los independientes y Michelle Bachelet

En La Mirada Semanal 

Criticar a los partidos es parte del estado de la esfera pública de hoy. No se trata de criticar lo que hacen o no, sino que se llega crecientemente a cuestionar su existencia en tanto tales. Es bastante sorprendente ver en estos días que personas que se agrupan por afinidad de ideas políticas se autodenominen independientes. Pero en realidad no debiera sorprendernos tanto, dado que esto viene desde bastante atrás, con unos supuestos gremialistas agrupados en el partido más poderoso del país, pero que se autodenominan independientes (lo de demócratas es necesariamente materia de discusión). Cuando se es parte de un grupo con ideas políticas compartidas que se presenta a elecciones, por definición se renuncia a una parte de la independencia personal y se está en una organización política. Decir que eso no es un movimiento o partido político es publicidad engañosa, simplemente.

Otro tema distinto es el de la representación política directa que buscan organizaciones sociales, lo que es del todo legítimo, aunque también hay un problema. Si se remiten a representar sus intereses específicos, entonces no asumen alguna idea del interés general que es indispensable en la redacción de una nueva constitución, por ejemplo, o en cualquier legislación. A contrario sensu, si trasciende los intereses particulares, entonces una organización social se transforma en una organización política propiamente tal, dotada de alguna idea de sociedad. Así nacieron, por lo demás, buena parte de los partidos de izquierda en Europa y América Latina.

Pero el hecho es que hoy la idea de la representación colectiva está en una profunda crisis. Ser independiente (yo y mis circunstancias) es un atributo, ser miembro de un movimiento o partido político (compartir colectivamente un proyecto de sociedad) es un estigma. Convengamos que el tema viene de muy lejos. Los liderazgos en la sociedad chilena siguen teniendo un sello caudillista, en la antigua tradición hispánica (la cultura política española y europea actual es, en cambio, predominantemente partidaria) y latinoamericana, y procuran distanciarse de cualquier partido.

Por ejemplo, Michelle Bachelet declaró en un reciente seminario que "si yo no hubiera sido ministra de Defensa jamás hubiera estado en la retina de la población chilena para ser una candidata a la Presidencia y si no hubiera estado en la retina de la población chilena, jamás mi partido me hubiera llevado como candidata a la Presidencia, siendo yo miembro del Comité Central, de la comisión política de mi partido, teniendo una larga historia política". Michelle Bachelet reconstruye la historia a su manera, poniendo el acento en que ella se impuso a los partidos políticos desde el pueblo, empezando por el suyo, lo que simplemente no es cierto, pues hubo una interacción entre el partido al que pertenecía, el sistema de partidos y el entorno en el que se desenvolvía la sociedad civil. Y es sorprendente su afirmación según la cual “yo tuve grandes dificultades al comienzo. Más que de discutir mis ideas se preocupaban de cómo me vestía, de si el zapato se me quedaba enterrado en no sé dónde, de si se soltaba alguna cosa del chaleco”. Esto tampoco es cierto.

No es correcto criticar innecesariamente a otros si lo que se quiere es afirmar algo fundamental: los méritos y deméritos del liderazgo de Michelle Bachelet se deben exclusivamente a ella y a nadie más en lo principal y tuvo que batallar intensamente contra una política y una sociedad machistas. Pero puedo testimoniar que muchos discutimos con ella en el PS ampliamente sobre sus ideas para el futuro, aunque no siempre estuviéramos de acuerdo, con respeto y la debida consideración que merece el debate de ideas. Y que ese era el sello principal del desafío original. Y que en el PS si había feministas -mujeres y hombres- que la apoyaron desde el principio en todo lo que pudieron con una audacia “irrealista” que contrastó con el posterior pragmatismo de su ejercicio gubernamental. Y que la dirigencia principal del PS desde mucho antes de que fuera ministra de Defensa le propuso la candidatura presidencial, por sus convicciones, capacidades y trayectoria y para que por primera vez hubiera una mujer presidente de Chile, dijeran lo que dijeran las encuestas y los prejuicios sobre una mujer al mando del Estado. Por supuesto que más de alguno o alguna pudo haber tenido motivaciones subalternas -cuando no- pero en lo principal hubo un colectivo que aceptó el desafío de innovar en el tipo de liderazgo, lo que no era para nada evidente. La lectura hecha una vez que los hechos ocurrieron siempre será muy distinta y parecerá obvia.

Para muchos de nosotros, ella era el mejor liderazgo del que disponían los socialistas, a lo que se contraponía la idea de que una mujer no podía dirigir el país “todavía”. Ayudó a que ese prejuicio perdiera fuerza poco a poco el que en la DC la candidatura para suceder a Ricardo Lagos fuera la de Soledad Alvear. En el PS, se descartó expresa y tempranamente la candidatura de José Miguel Insulza (2001) y se planteó la de Michelle Bachelet cuando solo empezaba a tener un reconocimiento público, a la vez que el gobierno de Ricardo Lagos tenía mucho tiempo por delante. A la postre, la declinación de José Miguel Insulza se hizo de buena manera y con elegancia. Luego la idea de la primera mujer (socialista) presidenta fue avanzando al afianzarse la popularidad de Bachelet y consolidarse la de Lagos. La asumió también tempranamente el conjunto del PPD (2003), luego de muchas conversaciones con los socialistas, y más tarde de manera decisiva el propio Ricardo Lagos. Y hasta que yo dirigí el PS (2005) ningún responsable político le habló a Michelle Bachelet -anecdóticamente habrá habido el que nunca falta - sobre su vestimenta ni nada semejante, sino que se puso a su disposición en lo que necesitara. Y así lo hizo, con todas las imperfecciones del mundo, incluyendo un reemplazo de la dirección a meses de la elección, pero así lo hizo. Incluso una de las discrepancias que sostuvimos es que ella no quería que el apoyo del PS fuera muy visible, porque entendía que eso restringía su convocatoria, mientras nosotros sosteníamos que debíamos consolidar el espacio propio de apoyo para que no hubiera dudas respecto a su partido, lo que era indispensable para buscar otras adhesiones, como efectivamente ocurrió. Cuando proclamé públicamente su candidatura en el aniversario del PS en abril de 2004, ella no estuvo de acuerdo y aceptó con dificultades estar presente en el Estadio Chile ante miles de personas. Yo asumí la responsabilidad en nombre de la dirección -para eso están las direcciones- de expresar ese apoyo sin condiciones, lo que se tradujo en un distanciamiento durante semanas. Entonces no es que el PS no la apoyara, sino que ella no quería demasiado su apoyo.

Los partidos progresistas han tenido demasiados defectos en la historia reciente como para agregar unos que no tuvieron. En cambio, sí tuvieron el mérito de apoyar con éxito y colaborativamente en dos ocasiones a una mujer destacada para que fuera presidente de Chile, cambiando en parte la historia para las nuevas generaciones de mujeres en el país y para la sociedad en su conjunto. En ese apoyo no faltó nadie. Como dirigente socialista en una parte de esa época, no me arrepiento en absoluto de lo que se hizo. El mérito principal es de ella, incluyendo haber obtenido el apoyo de los partidos progresistas, pactado coaliciones y obtenido mayorías electorales contundentes. Pero más de algún rol le cupo a estos partidos (el papel de Victor Barrueto en el PPD fue muy relevante), al presidente Lagos y al mundo social que representaban y, además, a personas importantes de la DC, que también fueron decisivos en sus dos victorias.

Otra cosa es la apreciación que se tenga sobre su gestión gubernamental, que yo por ejemplo he criticado -a pesar de la confianza que me expresó al pedirme que fuera por un año embajador al terminar su primer gobierno, lo que en mi visión no incluía dejar de tener una opinión propia- por preferir por razones pragmáticas un enfoque neoliberal en lo económico y permitir compromisos regresivos de su coalición -cada vez más dividida- en materia tributaria y laboral. También critiqué la ausencia de diseño constitucional (presentar una nueva constitución una semana antes de dejar el cargo en su segundo gobierno no es algo digno de un gran recuerdo) y su política hacia la Araucanía, en medio de la corrupción y descontrol policial. Otra cosa es también la apreciación que se tenga sobre la lamentable evolución burocrática -luego de una prolongada exposición al poder gubernamental- de los partidos progresistas tradicionales, que se desconectaron del mundo social y cultural que representaban y perdieron todo empuje transformador en aras de la presencia clientelista en el Estado. Estos factores llevaron después de 20 años a dos victorias de la derecha, la última de las cuales terminó por desencadenar la crisis actual en la que el conjunto del sistema de representación está en el suelo. Pero, en la expresión consagrada, esa es harina de otro costal, en la que la clave es que no se discute sobre los gobiernos de Bachelet con el prisma de que era una mujer, sino bajo el prisma de lo que quiso o no quiso hacer o sobre lo que pudo o no pudo hacer, como respecto a cualquier otro gobierno. Ese es el legado principal de la ex presidenta, que rompió una barrera cultural que parecía infranqueable, por lo que los que tenemos convicciones igualitarias le estaremos siempre agradecidos, aunque ella no valore demasiado el rol de los partidos igualitarios. En su descargo, es la opinión muy mayoritaria de la sociedad chilena, lo que no por eso deja de entrañar un peligro latente para su futuro. Las regresiones autoritarias suelen empezar con el derrumbe de los partidos políticos democráticos.

“El capitalismo puede salvar el día, pero solo cuando el gobierno ejerce su poder”

En La Mirada Semanal.

Existen en las sociedades contemporáneas riesgos de gran magnitud que solo puede abordar la acción colectiva del Estado. Neil Irwin ha sostenido en un reciente artículo en el New York Times que ”los nueve meses de la pandemia han mostrado que en un Estado moderno, el capitalismo puede salvar el día, pero solo cuando el gobierno ejerce su poder de guiar la economía y actúa como última instancia de absorción del riesgo”. 

Cabe hacer consideraciones algo más complejas sobre el capitalismo, como por ejemplo que el mercado como mecanismo de asignación descentralizada de recursos con agentes económicos que no fijan los precios sino que los reciben de la interacción entre consumidores y productores es algo distinto al capitalismo. El mercado tiene una función necesaria en cualquier economía moderna, en la que solo algunos precios y cantidades claves pueden planificarse con razonable probabilidad de éxito. En cambio, el capitalismo está lejos de ser necesario, aunque sea el horizonte de nuestro tiempo. Como señala Fernand Braudel, el capitalismo no es el mercado, sino un sistema específico de concentración económica en el que los mercados se encuentran predominantemente intervenidos por monopolios y oligopolios, tanto en las transacciones de bienes como de capital y en el acceso al trabajo. Y agreguemos que las economías deben evolucionar hacia algo más que salvar el día, que ya es importante, como por ejemplo hacia un modelo de prosperidad compartida en el que prevalezca una igualdad efectiva de derechos y de oportunidades.

Pero el hecho es que, en efecto, las respuestas descentralizadas de mercado y el capitalismo de plataformas lograron mantener la cadena de aprovisionamiento de alimentos y otros bienes básicos, con pocas excepciones, en la crisis de 2020. En el mundo industrializado -pero no en Chile- diversas empresas reorientaron con rapidez su producción para fabricar ventiladores y material de protección sanitaria. En materia de vacuna contra el COVID-19, aunque todavía no se llega a resultados finales, se está muy cerca, gracias a los logros de compañías de biotecnología y farmacéuticas de diversas partes del mundo. En Estados Unidos, como indica Irwin, “la Operación Warp Speed usó una mezcla de incentivos financieros para llevar al sector privado a invertir en el desarrollo de vacunas en una escala y velocidad que no podría haber abordado por sí solo. El Congreso autorizó una legislación para apoyar a millones de pequeñas empresas, muchas de las cuales hubieran cerrado de otro modo, y canalizó dinero a americanos comunes y corrientes para ayudar a prevenir un colapso en el gasto. La Federal Reserve anunció que permanecería presta para comprar cientos de miles de millones en bonos y otros activos, asegurando que las grandes compañías tuvieran acceso al capital incluso en una situación de colapso del mercado”. Aunque el manejo sanitario de la pandemia por Trump fue lamentable y perdió la elección, los acuerdos con los demócratas han permitido una acción importante del Estado en la crisis.

No olvidemos, además, que la base de la industria farmacéutica es la protección estatal de patentes, aunque con una lógica bastante discutible desde el punto de vista del interés público, en tanto en ocasiones subsidia utilidades gigantescas y genera sobreprecios para los usuarios limitando su rol sanitario y contrariando las políticas de salud. Pero el hecho es que sin la intervención estatal las vacunas y muchos medicamentos no existirían, a la vez que dependen fuertemente de la investigación en ciencia básica (en especial en biología y química molecular) desarrollada en laboratorios y universidades públicas o subsidiadas en todo el mundo.

En nuestro país, la política monetaria reaccionó rápido, pero sin modificar la asimetría de poder en el sector bancario, que hizo poco ágil el acceso al crédito de emergencia y algunos casos simplemente no funcionó, sacando a muchas empresas pequeñas y riesgosas del mercado y generando una enorme crisis de empleo.

¿Qué se ha dicho en otras partes?: "Lo más grave es la pérdida de empleos. Es un riesgo sobre el tejido social, el ingreso de los hogares, la demanda y el crecimiento". ¿Es este otro pronunciamiento de algún economista de izquierda azorado por la crisis y sus efectos sobre la ciudadanía de a pie y que insiste en que actuar con apoyos a los afectados por la crisis es una política racional y necesaria? No, es lo que declaró Christine Lagarde, que proviene de la derecha francesa y hoy es presidenta del Banco Central Europeo, el 19 de octubre. Y agregó: "los gobiernos de la zona euro debieran estar extremadamente atentos al respecto. Nos parece esencial que las redes de seguridad presupuestaria puestas en funcionamiento por los gobiernos en esta crisis no sean retiradas prematuramente".

En momentos en que el gobierno en Chile decidió terminar con el Ingreso Familiar de Emergencia -en nombre de un subsidio al empleo que abarca a 160 mil personas en vez de los 8 millones del IFE- y no se toman medidas de reforzamiento del seguro de desempleo en un contexto de 2,8 millones de cesantes, la voz del Banco Central no se escucha para nada. El BCE no solo no propugna contenciones presupuestarias, mientras en Chile el presupuesto 2021 no crecerá en términos reales y el BCCh no dice nada, sino que su presidenta Lagarde, frente a la pregunta sobre la magnitud del apoyo presupuestario a los países que por primera vez se puso en práctica por 750 mil millones de euros en 2020, contestó: "desde abril había insistido sobre la necesidad de un plan consecuente, rápido, flexible, pero también focalizado sobre los países y sectores que más lo necesitaban. Según nuestras cifras, esto correspondía a un gasto entre 1.000 a 1.500 miles de millones de euros". Se agregó a los ya significativos planes nacionales un plan para 2021 de 5% del PIB europeo, que Lagarde defendió se ampliara hasta 10% del mismo.

¿Se imaginan al Banco Central chileno planteándole al gobierno que gaste hasta el doble del presupuesto anticrisis establecido?

Sería tomado como una humorada. Nuestros economistas oficiales le tienen pánico a que su acción sea acusada de populista y los que tienen un origen en la izquierda se sienten obligados a dar explicaciones y mostrar credenciales neoliberales. Viven en el planeta de los supuestos automatismos de mercado, de los intereses del capital financiero por sobre cualquier otra consideración y de la inacción frente a una crisis de producción y empleo que, si no ha sido mayor, se debe al uso de los ahorros de los trabajadores que la sociedad y el parlamento le han impuesto al gobierno.

El dogmatismo ultraliberal de los economistas chilenos -influenciados por décadas por la escuela de Chicago y sostenidos por la gran empresa y las cadenas de prensa- no ha permitido que en la cabeza del actual gobierno -y en otros temas en los anteriores- se haya querido utilizar las capacidades construidas por el Estado de Chile para enfrentar el riesgo de colapso macroeconómico. Y menos ha actuado para generar una capacidad industrial nacional en materia de equipamientos médicos y vacunas, salvo pequeñas iniciativas sin impacto.

De modo que en Chile ni siquiera es pertinente la discusión sobre la propiedad intelectual de las vacunas o las innovaciones en tecnología médica, porque el apoyo público casi no existe (se gasta en investigación y desarrollo el 0,4% del PIB) ni tampoco el empresariado privado dispuesto a asumir riesgos. Todo se compra afuera, a altos precios, con las divisas que vienen de la explotación de materias primas o la exportación agro-forestal o pesquera, en la que pocos grandes empresarios -cada vez más con inversión extranjera en gran escala de por medio - tienen utilidades por sobre la media. El resultado del “modelo económico” ha sido, entre otros efectos, los altos precios de insumos básicos que pagan los "consumidores", es decir la ciudadanía de a pie que recibe salarios bajos por su trabajo o accede a empleos inestables o derechamente precarios e informales.

En materia de gestión macroeconómica, se cambió en 2020 en medio de la crisis la ley del Banco Central para permitir la compra indirecta de bonos públicos en mercados secundarios en caso de colapso financiero. Hasta ahora la ley impedía absurdamente que el Banco Central adquiriera documentos emitidos por el gobierno y financiara el gasto público con créditos, supuestamente para evitar que la política monetaria estuviera guiada por la contingencia política, en otro de los enclaves contra-mayoritarios de la constitución de 1980. Pero de manera también absurda se impidió la compra directa de bonos por el Banco Central, como en Estados Unidos, y se restringió al mercado secundario. Esto quita márgenes de acción en situaciones críticas y además generará utilidades financieras privadas en la intermediación en caso de crisis de liquidez para financiar actividades públicas de apoyo a las empresas y las personas.

El colapso económico se ha evitado por otra vía: el masivo retiro de los fondos previsionales (nada menos que un 7% del PIB), contra la opinión del gobierno, y por el uso de las cuentas personales del seguro de cesantía (cerca de 1% adicional). El retiro de fondos de AFP y el agotamiento de las cuentas individuales del seguro de cesantía no son las medidas más pertinentes desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad, pues es el gobierno el que está en mejores condiciones de apoyar a los más afectados y sostener la demanda agregada utilizando sus reservas y capacidad de endeudamiento a bajo costo, esfuerzo sin el cual el desempleo se mantendrá por largo tiempo. El parlamento ha forzado autorizar a recurrir a los ahorros de las personas porque los economistas de rutina en Chile no han estado a la altura y no han querido utilizar las fortalezas construidas durante décadas precisamente para intervenir en estas ocasiones.

El acuerdo fiscal entre el ministro de Hacienda y algunos representantes políticos incluyó una cifra de 12 mil millones de dólares de gasto público en dos años, centrada en subsidios a las empresas, que el ministro de Hacienda trata de defender en estos días haciendo comparaciones abusivas para justificar su inacción en el momento en que termina con el IFE. Esta cifra es insuficiente para abordar la magnitud de la crisis, no utiliza todos los recursos disponibles y no prioriza a los más necesitados. Y además la conducta gubernamental tiene una pretensión insólita: supuestamente el acuerdo se aplicará hasta el primer año del próximo gobierno, para "amarrarlo", con la venia de senadores de la oposición.

Evidentemente eso no va a ocurrir, porque habrá un nuevo presidente y un nuevo parlamento, que seguramente aplicarán desde el primer día un plan de estímulo de gran envergadura liderado por extensiones de salarios y servicios y por la inversión pública, construyendo un equilibrio diferente en los roles del Estado, el mercado y la iniciativa social.

Nota económica: Bancos Centrales, retiros y vorágines

 "Lo más grave es la pérdida de empleos. Es un riesgo sobre el tejido social, el ingreso de los hogares, la demanda y el crecimiento". ¿Es esta otra declaración de algún economista de izquierda azorado por la crisis y sus efectos sobre la ciudadanía de a pie y que insiste en que actuar con apoyos a los afectados por la crisis es una política buena y racional? No, es lo que declaró Christine Lagarde, que proviene de la derecha francesa y hoy es presidenta del Banco Central Europeo, el 19 de octubre. Y agregó: "los gobiernos de la zona euro debieran estar extremadamente atentos al respecto. Nos parece esencial que las redes de seguridad presupuestaria puestas en funcionamiento por los gobiernos en esta crisis no sean retiradas prematuramente".

En momentos en que el gobierno en Chile decidió terminar con el Ingreso Familiar de Emergencia -en nombre de un subsidio al empleo que abarca a 160 mil personas en vez de los 8 millones del IFE- y no se toman medidas de reforzamiento del seguro de desempleo en un contexto de 2,8 millones de cesantes, la voz del Banco Central no se escucha para nada. Cero. 

El BCE no solo no propugna contenciones presupuestarias, mientras en Chile el presupuesto 2021 no crecerá en términos reales y el BCCh no dice nada, sino que su presidenta Lagarde, frente a la pregunta sobre la magnitud del apoyo presupuestario a los países que por primera vez se puso en práctica por 750 mil millones de euros en 2020, contestó: "desde abril había insistido sobre la necesidad de un plan consecuente, rápido, flexible, pero también focalizado sobre los países y sectores que más lo necesitaban. Según nuestras cifras, esto correspondía a un gasto entre 1.000 a 1.500 miles de millones de euros". Se agregó a los ya significativos planes nacionales un plan para 2021 de 5% del PIB europeo, que Lagarde defendió se ampliara hasta 10% del mismo.

¿Se imaginan al Banco Central chileno planteándole al gobierno que gaste hasta el doble de un plan presupuestario establecido?

Sería tomado como una humorada. Nuestros economistas oficiales le tienen pánico a que su acción sea acusada de populista y los que tienen un origen en la izquierda se sienten obligados a dar explicaciones y mostrar credenciales neoliberales. Viven en el planeta de los supuestos automatismos de mercado, de los intereses del capital financiero y de la inacción frente a una crisis de producción y empleo que, si no ha sido mayor, se debe al uso de los ahorros de los trabajadores que la sociedad y el parlamento le han impuesto al gobierno. Y a una inyección de liquidez que no ha sido rápida ni suficiente para obligar a la banca a apoyar a las pymes en la magnitud necesaria, pero que algo ha sostenido la situación de empresas en dificultades. 

El retiro de fondos de AFP y el agotamiento de las cuentas individuales del seguro de cesantía no son las mejores medidas desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad, pues es el gobierno el que está en mejores condiciones de apoyar a los más afectados y sostener la demanda agregada utilizando sus reservas y capacidad de endeudamiento a bajo costo, esfuerzo sin el cual el desempleo se mantendrá por largo tiempo. El parlamento ha forzado autorizar a recurrir a los ahorros de las personas porque los economistas de rutina en Chile no han estado a la altura y  no han querido utilizar las fortalezas construidas durante décadas, que siempre apoyé por la naturaleza del ciclo económico en Chile, precisamente para intervenir en estas ocasiones. 

El acuerdo entre el ministro de Hacienda y el Senado incluye una cifra de 12 mil millones de dólares de gasto público en dos años, centrada en subsidios a las empresas, que el ministro de Hacienda trata de defender en estos días haciendo comparaciones abusivas para justificar su inacción en el momento en que termina con el IFE. Esta cifra es insuficiente para abordar la magnitud de la crisis, no utiliza todos los recursos disponibles y no prioriza a los más necesitados. 

Y además la conducta gubernamental tiene una pretensión insólita: supuestamente el acuerdo se aplicará hasta el primer año del próximo gobierno, para "amarrarlo", con la venia de senadores de la oposición. Evidentemente eso no va a ocurrir, porque habrá un nuevo presidente y un nuevo parlamento, que seguramente aplicarán desde el primer día un plan de estímulo económico liderado por incrementos de salarios y la inversión pública. Pero esa pretensión de poder de una tecnocracia autocentrada e incompetente y de senadores "transversales" que la acompañan que a estas alturas es francamente abusiva, tiene una contrapartida: la creciente irresponsabilidad de  parlamentarios que consideran "letra chica" cobrar impuestos a los más ricos en los retiros de AFP. En el primer retiro se podía sostener que la omisión era parte de la vorágine y planteaba problemas de iniciativa parlamentaria inconstitucional. Pero en una segunda ocasión ya constituye un patrón de conducta irresponsable que debe detenerse, pues destruye el principio de progresividad de los impuestos, central para toda política fiscal progresista y eficaz. El país debe volver a recuperar racionalidad y serenidad, y hacerlo al servicio de la mayoría social y de los que sufren la crisis y no del halago a las pasiones del corto plazo.

El futuro de las AFP

En La Tercera

Los fondos que administran las AFP serán materia en el futuro de más retiros, frente a la presión de las contingencias que afectan los ingresos de las familias. Ya está en trámite el segundo retiro COVID y aquel por enfermedad terminal, lo que consagra la pérdida de gobernanza del actual sistema de pensiones. Este debía solo acumular ahorros y rendimientos para financiar pensiones, lo que quedó cuestionado, paradojalmente, por su carácter individual y porque el primer retiro (aprobado por más de dos tercios del parlamento contra la voluntad del gobierno) no provocó ninguno de los problemas anunciados por los economistas que han hecho del sistema de AFP un dogma en vez de asumirlo como lo que es: una anomalía en las sociedades modernas. No habiéndose cumplido ni de lejos la promesa de una tasa de reemplazo de un 70% del salario previo (por el alto costo de administración que esconde utilidades sobrenormales y la inestabilidad del empleo que provoca lagunas previsionales), el sistema de AFP perdió legitimidad. No será incluido para administrar nada del 6% de cotizaciones adicionales que prevé la reforma previsional debatida en el parlamento. Con los retiros que disminuyen los fondos y sin cotizaciones adicionales, el sistema de pensiones basado exclusivamente en capitalización individual ya no es viable. Deberá resignarse a salir del corazón del sistema de pensiones y constituirse, como en muchas otras partes del mundo, en un sistema de ahorros complementarios y voluntarios.

Pero persistirá un grave problema en la sociedad chilena: ya dos millones de cotizantes quedaron sin recursos para la pensión autofinanciada y más quedarán en el futuro con nada o muy poco. Esto obligará a millones de personas adicionales a acudir a la pensión básica o a los aportes solidarios, financiados con impuestos. Lo sensato es que esos impuestos los paguen las personas del promedio hacia arriba de la distribución de ingresos y no los más pobres. Por ello, exceptuar de pagar impuestos a las personas de mayores ingresos que retiran fondos no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la equidad. Y tampoco si se considera el mayor esfuerzo que deberá realizar la sociedad chilena para financiar las pensiones solidarias. En efecto, habrá que extenderlas desde el actual 60% de las familias a una cifra lo más próxima posible al 100% de la población mayor de 65 años, como en Nueva Zelandia, además de aumentar su monto. Esa deberá ser una prioridad de cualquier gobierno futuro.

Permitir a las personas cesantes o endeudadas que salgan de la desesperación económica usando sus ahorros de las AFP es un recurso de última instancia, aunque hubiera sido mucho mejor que se recurriera a los ahorros y endeudamiento del Estado para financiar un Ingreso Familiar de Emergencia más prolongado y al menos en la línea de pobreza. Y un más amplio seguro de cesantía. Pero en julio se permitió que para las personas que no necesitan el retiro este se transformara en una posibilidad de inversión en ahorro previsional voluntario, con un premio tributario. Regalarle dinero público a las personas de más altos ingresos no parece ser exactamente la mejor política. Fue un error, que es de esperar se corrija en el segundo retiro. El futuro sistema deberá sostenerse mediante cotizaciones obligatorias para pagar pensiones según la historia laboral, con un monto base que corrija la discriminación de género y lagunas y con un fondo de capitalización colectivo como reserva frente al cambio demográfico y factor de ahorro doméstico. Pero una parte importante de ellas será de cargo fiscal. Esto obliga a fortalecer el impuesto progresivo a los ingresos en vez de debilitarlo.

¿Ingobernabilidad?

En La Mirada Semanal

El peso en la sociedad del repudio a la represión policial automática como método de relación con la conflictividad social, así como la conducta increíblemente parcial de Victor Pérez (total complacencia con la presión ilegal de los camioneros en las rutas y ninguna condena ni medida por la acción de Carabineros de empujar a un joven al Mapocho y seguir reprimiendo en las calles toda expresión de protesta social), empujó a una oposición vigorizada por el resultado del plebiscito a aprobar la acusación constitucional en la Cámara en su contra. 

La salida de Victor Pérez del Ministerio del Interior, la incapacidad del ministro Ignacio Briones de concordar un presupuesto que no crece en términos reales con la oposición, y el nuevo retiro de fondos desde las AFP -de nuevo en contra de la opinión del gobierno, con amplio apoyo de parlamentarios oficialistas y sin que la Cámara de Diputados apruebe que las personas de más altos ingresos paguen impuestos como debieran- revelan el estado de la dinámica política en el Chile de hoy. Se perciben elementos a lo menos parciales de ingobernabilidad, a poco menos de un año y medio del fin del período presidencial. Piñera gobierna con fuerzas de derecha dura en su interior, de las que Van Rysselberghe y Pérez han sido la expresión más característica, junto a Andrés Allamand, aliadas a fuerzas de derecha algo más moderadas pero incapaces de tomar iniciativas políticas que abran caminos de mayor entendimiento. El gobierno, aunque no tiene mayoría parlamentaria automática, en ciertos temas hasta aquí logra construirla, lo que parece cada vez menos posible. 

Piñera no podrá mantener las riendas del gobierno en tanto mantenga su subordinación a la derecha dura que fue derrotada ampliamente el 25 de octubre. El nuevo ministro del Interior UDI, Rodrigo Delgado, como alcalde de una comuna popular y perteneciente a una generación menos confrontacional que sus mayores -no se debe olvidar que el gremialismo UDI nació para hacer un golpe de Estado y barrer con violencia sín límites a la izquierda social y política y luego generar al cabo de décadas de dictadura una "democracia" vetada por ellos- tiene la oportunidad de hacer algo distinto. 

Ese algo distinto podría consistir en asumir tres definiciones cruciales: 1) que la sociedad debe regir su gobierno por la voluntad ciudadana expresada en elecciones periódicas de representantes y en consultas vinculantes bajo un principio de mayoría que respete los derechos fundamentales; 2) que exista una igualdad efectiva ante la ley y, por tanto, no haya privilegiados por la ley o por su aplicación; 3) que lo anterior debe admitir como única excepción que la ley proteja a los más débiles y se oriente a corregir las inaceptables disparidades injustas en la sociedad.

Esto significa que la derecha debe tomar decisiones de largo plazo. Debe renunciar a un modelo económico que genera una de las peores distribuciones del ingreso de América Latina y del mundo y un creciente estancamiento. En 2019, las grandes empresas concentraron en 2019 nada menos que el 86,9% de los ingresos por ventas, según el SII. Una sociedad con una economía así de oligopolizada no es sostenible. 

La derecha debe empezar por renunciar a la sociedad del privilegio legal (incluyendo vetos de minoría en el parlamento e instituciones contra-mayoritarias como el Tribunal Constitucional y el Banco Central) y al privilegio oligárquico de los actores dominantes en la economía y en los medios de comunicación. Debe renunciar a un orden institucional que impida -como hasta ahora- que las políticas de gobierno, si así lo decide la mayoría, garanticen un nivel básico universal de vida digno y construyan condiciones para una igualdad efectiva de acceso a las distintas posiciones sociales. Debe resignarse a abrir paso en la Convención Constitucional a un Estado democrático, social, plurinacional, paritario y descentralizado de derecho o bien seguir confrontando a la mayoría social. Por treinta años ("no son 30 pesos, son 30 años") pensó que podía hacerlo sin mayores costos, domesticando a la mayor parte de la representación política de la llamada centroizquierda y manteniendo marginalizada a la organización sindical y social..

Sabemos que la derecha dura se propone lo contrario, insinuando (a través de Pablo Longueira) hacer colapsar la Convención o bien someterla rígidamente al veto de la minoría. El resto de la derecha, ¿hará lo mismo o concurrirá a conformar un nuevo orden político con reglas democráticas?

Este es el escenario que enfrenta Rodrigo Delgado, que debe fijar una postura que se proponga al menos morigerar la confrontación política permanente que ha cultivado el gobierno de Sebastián Piñera. Las preguntas cruciales ahora son: ¿podrá proponerse el nuevo jefe de gabinete una relación distinta con la oposición y llevar el último año de gobierno con políticas efectivas de control de la pandemia y de apoyo a las familias en dificultades y a los trabajadores cesantes, en vez de insistir en mantener la primacía de la actividad empresarial y subsidios concentrados en la gran empresa? ¿Podrá cultivar la lógica del diálogo y de la desescalada en vez de la represión al movimiento social? ¿Podrá asociar a una derecha moderada y contemporánea al proceso constituyente que la sociedad chilena decidió mayoritariamente emprender?

Nota económica: la discusión sobre el ahorro

En el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central se sostiene que: "Retirar fondos previsionales significa reducir el ahorro de los trabajadores (...). Una economía para crecer y no depender exclusivamente del financiamiento externo, tiene que tener ahorro doméstico".  

Es curioso que el ahorro doméstico prácticamente se reduzca, en el enfoque del Banco Central, al ahorro forzoso previsional de los asalariados. Este también está potencialmente constituido por el ahorro del resto de perceptores de ingresos, especialmente los ingresos del capital, ampliamente sobredimensionados en Chile. 

El INE acaba de publicar un informe que revela que la mediana de los ingresos de los ocupados es de 401 mil pesos en 2019. ¿Esos son los llamados a ahorrar para que las empresas hiperconcentradas sigan obteniendo financiamiento barato para seguir acumulando capital y enriqueciendo a un puñado de oligarcas? ¿En medio de una severa crisis de ingresos familiares de millones de personas por una explosión del desempleo? Es evidente que la prioridad hoy es sostener los ingresos de las familias. 

El tercer componente del ahorro interno, junto al que proviene de los ingresos del trabajo y del capital,  es el que constituye la diferencia entre los ingresos corrientes (impuestos) y los gastos corrientes del Estado, es decir el ahorro público. No hay ninguna razón para que en el futuro el Estado no incremente el ahorro público mediante una reforma tributaria que será inevitable y de la reducción de gastos superfluos, en vez de seguir manteniendo un modelo económico que funciona en base a bajos salarios y a ahorros forzados de esos bajos salarios. El Banco Central parece no haber caído en la cuenta que ese modelo de expansión del capital -que llaman crecimiento sin preguntarse de quién es el crecimiento- se agotó socialmente.

Retirar fondos previsionales significa que mucha gente puede salir de estrecheces económicas importantes, en ausencia de apoyos suficientes en ingresos y créditos de emergencia que el gobierno no ha querido pertinazmente activar a la altura de la crisis, estando en condiciones favorables para hacerlo. Si el gobierno hubiera actuado como corresponde, no habría razones para retiros de fondos previsionales.  

¿De dónde vendrá entonces el ahorro doméstico? Mala pregunta. El Banco Central no entiende lo suficiente que estos son tiempos de gasto, de sostenimiento de la demanda agregada para evitar un colapso económico. Solo una vez pasada la emergencia debe restablecerse una senda de incremento del ahorro. Pero no solo el de los trabajadores asalariados, como parece creer el Banco Central. También el de los perceptores de ingresos de capital, a través del estímulo de la reinversión y de ese otro ahorro forzoso que constituyen los impuestos al capital, que contribuyen al ahorro público.

Nota económica: las cifras de la concentración

Las cifras declaradas por los contribuyentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) en la Operación Renta 2020 con información comercial del 2019, confirmaron la gran concentración  en las grandes empresas de las ventas (un total de US$ 913.000 millones) y el empleo dependiente (un total de 9.563.975 trabajadores). Aquí van las cifras.

Las 14.749 grandes empresas en la clasificación del SII (aquellas con ventas superiores a 100.000 UF al momento de la declaración, unos 3,.8 millones de dólares anuales a los valores de hoy) concentraron en 2019 nada menos que el 86,9% de los ingresos por ventas. 

Las 29.256  empresas medianas (aquellas con ventas entre 25 y 100 mil UF, entre 1,0 y 3.8 millones de dólares) representaron solo un 5,5% de las ventas. 

Las 206.313 pequeñas empresas (aquellas con ventas entre 2,4 y 25 mil UF, entre 92 mil dólares y 1 millón de dólares) representaron algo más, aunque sigue siendo una cifra muy baja, con un 5,9% de las ventas. 

Las 769.797 micro empresas (aquellas con ventas hasta 2,4 mil UF, equivalentes a unos 92 mil dólares o bien a 69 millones de pesos anuales) representaron apenas un 1,6% de los ingresos por ventas. 

Las grandes empresas declararon al SII que contrataron a 4,6 millones de personas, nada menos que un 48,1% del total. Las medianas emplearon a 1,4 millones de personas, el 14,9%. Las pequeñas empresas declararon 2 millones de dependientes, un 21% del total.  Las micro empresas emplearon a 722 mil personas, un 7,5% del total. Un dato curioso es que las empresas que no declaran ventas emplearon a 757 mil personas, el 7,9% del total.

En resumen, las llamadas Mipymes, que se supone son el nervio económico del país y a las que siempre se alude como aquellas que crearían el grueso del empleo, representan solo el 13,1% de las ventas y contratan solo al 43,9% de los trabajadores dependientes, menos de la mitad. Y las grandes empresas la cifra inversa, con no mucho más de tres actores principales en cada mercado sectorial.

Un poco de coherencia en materia de 10% y de impuestos progresivos

La Comisión de Constitución avanzó en el nuevo retiro del 10% de las AFP. El proyecto fue despachado a la sala de la Cámara ayer. El miércoles ya había aprobado en particular la indicación que permite el nuevo retiro en los mismos términos que el primer retiro del 10%. Pero el jueves la Comisión aprobó, adecuadamente, que paguen impuestos aquellas personas que decidan retirar fondos si tienen una renta imponible mensual superior a los $2,5 millones, en caso que el retiro sea superior a 35 UF ($1 millón).

Esta era una indicación de Chile Vamos, con la que estuvo en contra toda la oposición, con excepción del presidente de la Comisión, el diputado Matías Walker (DC). El diputado Walker actuó adecuadamente esta vez, aunque lo lógico es que se aplique simplemente el impuesto a la renta habitual, impuesto que paga solo el 25% de los chilenos y por tanto no afecta al 75% de menos ingresos. Es incomprensible, en cambio, que el resto de la oposición haya votado en contra.

Aquí está la razón: el retiro de los fondos de AFP hasta el agotamiento (ya es el caso de más de dos millones de personas) o su fuerte disminución, dejará a un número adicional considerable de chilenas y chilenos sin pensión autofinanciada o con una muy baja. Esto obligará a millones de personas adicionales a acudir a la pensión básica solidaria, financiada con impuestos. ¿De dónde deben venir esos impuestos? Es de esperar que de las personas de más altos ingresos, cualquiera sea el origen de esos ingresos (ya sea que provengan del trabajo o del capital o... de retiros de fondos de AFP). Exceptuar de pagar impuestos a las personas de mayores ingresos no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la equidad y desde el punto de vista del mayor esfuerzo que deberá realizar la sociedad chilena para financiar las pensiones básicas solidarias. En efecto, habrá que extenderlas desde el actual 60% de las familias a una cifra lo más próxima posible al 100% de la población mayor de 65 años, además de aumentar sustancialmente su monto. Esa debe ser una prioridad fundamental de cualquier gobierno próximo.

En el retiro del 10% de julio, que tuvo sentido en tanto los ahorros en las AFP se transformen en el futuro en una opción voluntaria a la que además de complementar pensiones se pueda acudir en caso de necesidad antes de la jubilación, se permitió que para las personas de altos ingresos el retiro del 10% (hasta cerca de 4 millones de pesos) se transformara en la posibilidad de invertirlos en APV (instrumentos de ahorro previsional voluntario) con un premio tributario. Regalarle dinero público a las personas de más altos ingresos no parece ser exactamente la mejor política tributaria. Fue un error.

Permitir a las personas en situación de cesantía o de alto endeudamiento que salgan de la desesperación económica que viven en la actualidad usando sus ahorros de las AFP es un recurso de última instancia que se justifica, aunque hubiera sido mucho mejor que se recurriera a los ahorros del Estado para financiar un Ingreso Familiar de Emergencia al menos en la línea de la pobreza y un más amplio seguro de cesantía, como hemos defendido desde el inicio de esta crisis y criticado por ello al gobierno. El precio de esta medida, porque en economía todo tiene un valor, es que el Estado deberá hacerse cargo del pago de pensiones de millones de personas adicionales. 

Yo no tengo nada en contra de esta evolución, por una serie de razones que escapan a este comentario. Pero si creo que debe tratarse en serio. Alguna franja parlamentaria parece empujar este tipo de medidas porque alivia a sus electores en el corto plazo, sin reparar demasiado en que este alivio proviene de sus propios recursos. ¿No tendría más sentido gastar al menos la misma energía en exigir al gobierno que se haga cargo del problema derivado de la pandemia, como es su deber?

En todo caso, el hecho de que las pensiones de la mayoría pase en el futuro a manos de un mecanismo público obliga a sostener su nivel básico mediante un fortalecimiento del pago del impuesto progresivo a los ingresos (sistema en el que los que ganan más pagan proporcionalmente más impuestos) y no de su debilitamiento. Otra parte de las pensiones deberá pagarse con cotizaciones obligatorias que dejen de ir a las AFP, que debieran solo recoger ahorros voluntarios en el futuro. La oposición debiera pensar mejor su postura para que no tengamos una situación en la que los más ricos se las siguen arreglando por esta razón o aquella para no pagar los impuestos con los que deben contribuir para financiar bienes públicos suficientes y redistribuir hacia las familias más necesitadas, incluyendo asegurar una pensión digna básica a los mayores como un derecho.