Un poco de coherencia en materia de 10% y de impuestos progresivos

La Comisión de Constitución avanzó en el nuevo retiro del 10% de las AFP. El proyecto fue despachado a la sala de la Cámara ayer. El miércoles ya había aprobado en particular la indicación que permite el nuevo retiro en los mismos términos que el primer retiro del 10%. Pero el jueves la Comisión aprobó, adecuadamente, que paguen impuestos aquellas personas que decidan retirar fondos si tienen una renta imponible mensual superior a los $2,5 millones, en caso que el retiro sea superior a 35 UF ($1 millón).

Esta era una indicación de Chile Vamos, con la que estuvo en contra toda la oposición, con excepción del presidente de la Comisión, el diputado Matías Walker (DC). El diputado Walker actuó adecuadamente esta vez, aunque lo lógico es que se aplique simplemente el impuesto a la renta habitual, impuesto que paga solo el 25% de los chilenos y por tanto no afecta al 75% de menos ingresos. Es incomprensible, en cambio, que el resto de la oposición haya votado en contra.

Aquí está la razón: el retiro de los fondos de AFP hasta el agotamiento (ya es el caso de más de dos millones de personas) o su fuerte disminución, dejará a un número adicional considerable de chilenas y chilenos sin pensión autofinanciada o con una muy baja. Esto obligará a millones de personas adicionales a acudir a la pensión básica solidaria, financiada con impuestos. ¿De dónde deben venir esos impuestos? Es de esperar que de las personas de más altos ingresos, cualquiera sea el origen de esos ingresos (ya sea que provengan del trabajo o del capital o... de retiros de fondos de AFP). Exceptuar de pagar impuestos a las personas de mayores ingresos no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la equidad y desde el punto de vista del mayor esfuerzo que deberá realizar la sociedad chilena para financiar las pensiones básicas solidarias. En efecto, habrá que extenderlas desde el actual 60% de las familias a una cifra lo más próxima posible al 100% de la población mayor de 65 años, además de aumentar sustancialmente su monto. Esa debe ser una prioridad fundamental de cualquier gobierno próximo.

En el retiro del 10% de julio, que tuvo sentido en tanto los ahorros en las AFP se transformen en el futuro en una opción voluntaria a la que además de complementar pensiones se pueda acudir en caso de necesidad antes de la jubilación, se permitió que para las personas de altos ingresos el retiro del 10% (hasta cerca de 4 millones de pesos) se transformara en la posibilidad de invertirlos en APV (instrumentos de ahorro previsional voluntario) con un premio tributario. Regalarle dinero público a las personas de más altos ingresos no parece ser exactamente la mejor política tributaria. Fue un error.

Permitir a las personas en situación de cesantía o de alto endeudamiento que salgan de la desesperación económica que viven en la actualidad usando sus ahorros de las AFP es un recurso de última instancia que se justifica, aunque hubiera sido mucho mejor que se recurriera a los ahorros del Estado para financiar un Ingreso Familiar de Emergencia al menos en la línea de la pobreza y un más amplio seguro de cesantía, como hemos defendido desde el inicio de esta crisis y criticado por ello al gobierno. El precio de esta medida, porque en economía todo tiene un valor, es que el Estado deberá hacerse cargo del pago de pensiones de millones de personas adicionales. 

Yo no tengo nada en contra de esta evolución, por una serie de razones que escapan a este comentario. Pero si creo que debe tratarse en serio. Alguna franja parlamentaria parece empujar este tipo de medidas porque alivia a sus electores en el corto plazo, sin reparar demasiado en que este alivio proviene de sus propios recursos. ¿No tendría más sentido gastar al menos la misma energía en exigir al gobierno que se haga cargo del problema derivado de la pandemia, como es su deber?

En todo caso, el hecho de que las pensiones de la mayoría pase en el futuro a manos de un mecanismo público obliga a sostener su nivel básico mediante un fortalecimiento del pago del impuesto progresivo a los ingresos (sistema en el que los que ganan más pagan proporcionalmente más impuestos) y no de su debilitamiento. Otra parte de las pensiones deberá pagarse con cotizaciones obligatorias que dejen de ir a las AFP, que debieran solo recoger ahorros voluntarios en el futuro. La oposición debiera pensar mejor su postura para que no tengamos una situación en la que los más ricos se las siguen arreglando por esta razón o aquella para no pagar los impuestos con los que deben contribuir para financiar bienes públicos suficientes y redistribuir hacia las familias más necesitadas, incluyendo asegurar una pensión digna básica a los mayores como un derecho.