¿Ingobernabilidad?
El peso en la sociedad del repudio a la represión policial automática como método de relación con la conflictividad social, así como la conducta increíblemente parcial de Victor Pérez (total complacencia con la presión ilegal de los camioneros en las rutas y ninguna condena ni medida por la acción de Carabineros de empujar a un joven al Mapocho y seguir reprimiendo en las calles toda expresión de protesta social), empujó a una oposición vigorizada por el resultado del plebiscito a aprobar la acusación constitucional en la Cámara en su contra.
La salida de Victor Pérez del Ministerio del Interior, la incapacidad del ministro Ignacio Briones de concordar un presupuesto que no crece en términos reales con la oposición, y el nuevo retiro de fondos desde las AFP -de nuevo en contra de la opinión del gobierno, con amplio apoyo de parlamentarios oficialistas y sin que la Cámara de Diputados apruebe que las personas de más altos ingresos paguen impuestos como debieran- revelan el estado de la dinámica política en el Chile de hoy. Se perciben elementos a lo menos parciales de ingobernabilidad, a poco menos de un año y medio del fin del período presidencial. Piñera gobierna con fuerzas de derecha dura en su interior, de las que Van Rysselberghe y Pérez han sido la expresión más característica, junto a Andrés Allamand, aliadas a fuerzas de derecha algo más moderadas pero incapaces de tomar iniciativas políticas que abran caminos de mayor entendimiento. El gobierno, aunque no tiene mayoría parlamentaria automática, en ciertos temas hasta aquí logra construirla, lo que parece cada vez menos posible.
Piñera no podrá mantener las riendas del gobierno en tanto mantenga su subordinación a la derecha dura que fue derrotada ampliamente el 25 de octubre. El nuevo ministro del Interior UDI, Rodrigo Delgado, como alcalde de una comuna popular y perteneciente a una generación menos confrontacional que sus mayores -no se debe olvidar que el gremialismo UDI nació para hacer un golpe de Estado y barrer con violencia sín límites a la izquierda social y política y luego generar al cabo de décadas de dictadura una "democracia" vetada por ellos- tiene la oportunidad de hacer algo distinto.
Ese algo distinto podría consistir en asumir tres definiciones cruciales: 1) que la sociedad debe regir su gobierno por la voluntad ciudadana expresada en elecciones periódicas de representantes y en consultas vinculantes bajo un principio de mayoría que respete los derechos fundamentales; 2) que exista una igualdad efectiva ante la ley y, por tanto, no haya privilegiados por la ley o por su aplicación; 3) que lo anterior debe admitir como única excepción que la ley proteja a los más débiles y se oriente a corregir las inaceptables disparidades injustas en la sociedad.
Esto significa que la derecha debe tomar decisiones de largo plazo. Debe renunciar a un modelo económico que genera una de las peores distribuciones del ingreso de América Latina y del mundo y un creciente estancamiento. En 2019, las grandes empresas concentraron en 2019 nada menos que el 86,9% de los ingresos por ventas, según el SII. Una sociedad con una economía así de oligopolizada no es sostenible.
La derecha debe empezar por renunciar a la sociedad del privilegio legal (incluyendo vetos de minoría en el parlamento e instituciones contra-mayoritarias como el Tribunal Constitucional y el Banco Central) y al privilegio oligárquico de los actores dominantes en la economía y en los medios de comunicación. Debe renunciar a un orden institucional que impida -como hasta ahora- que las políticas de gobierno, si así lo decide la mayoría, garanticen un nivel básico universal de vida digno y construyan condiciones para una igualdad efectiva de acceso a las distintas posiciones sociales. Debe resignarse a abrir paso en la Convención Constitucional a un Estado democrático, social, plurinacional, paritario y descentralizado de derecho o bien seguir confrontando a la mayoría social. Por treinta años ("no son 30 pesos, son 30 años") pensó que podía hacerlo sin mayores costos, domesticando a la mayor parte de la representación política de la llamada centroizquierda y manteniendo marginalizada a la organización sindical y social..
Sabemos que la derecha dura se propone lo contrario, insinuando (a través de Pablo Longueira) hacer colapsar la Convención o bien someterla rígidamente al veto de la minoría. El resto de la derecha, ¿hará lo mismo o concurrirá a conformar un nuevo orden político con reglas democráticas?
Este es el escenario que enfrenta Rodrigo Delgado, que debe fijar una postura que se proponga al menos morigerar la confrontación política permanente que ha cultivado el gobierno de Sebastián Piñera. Las preguntas cruciales ahora son: ¿podrá proponerse el nuevo jefe de gabinete una relación distinta con la oposición y llevar el último año de gobierno con políticas efectivas de control de la pandemia y de apoyo a las familias en dificultades y a los trabajadores cesantes, en vez de insistir en mantener la primacía de la actividad empresarial y subsidios concentrados en la gran empresa? ¿Podrá cultivar la lógica del diálogo y de la desescalada en vez de la represión al movimiento social? ¿Podrá asociar a una derecha moderada y contemporánea al proceso constituyente que la sociedad chilena decidió mayoritariamente emprender?
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