La clase media y la crisis: tres grandes errores del gobierno

En La Mirada

La aprobación del retiro de fondos de AFP se ha planteado en nombre de la clase media. Señalemos que no involucra a las personas que no cotizan en estas administradoras por carecer de actividad formal, es decir los más pobres, especialmente las mujeres más pobres. Y recordemos que el 45% del 20% más pobre de la población en edad de trabajar no está afiliado a ninguna AFP y el 35% del quintil siguiente tampoco lo está (Encuesta CASEN, 2017). Pero sí tiene sentido para los 10,95 millones de afiliados/as a las AFP, la mayoría de los cuales tienen ingresos bajos y cuentas con pocos fondos acumulados.

Pero ¿qué es la clase media? La mediana de ingresos de los ocupados es del orden de 450 mil pesos al mes (la mitad gana más, la mitad gana menos), lo que con frecuencia se olvida. También se suele olvidar que solo el 15% de los perceptores de ingresos paga el impuesto a la renta, es decir los que ganan más de 679 mil pesos al mes. Los demás están exentos. Según el criterio que se aplique, se puede extender el universo de la clase media según una mayor cercanía o lejanía de los ingresos familiares respecto a la mencionada mediana.

Arzola y Larraín (2019) hacen una descripción de la estructura de ingresos en función de la línea de pobreza, siguiendo el criterio del Banco Mundial, que modificamos levemente para este breve análisis. Los pobres se cuantifican en este caso como los que reúnen ingresos inferiores a 417 mil pesos por hogar de 4 miembros y representarían -según la última encuesta de ingresos CASEN de noviembre de 2017- un 9% de la población. Aquellos con ingresos entre 1 y 1,5 veces esa línea (de 417 a 626 mil pesos), se clasifican como vulnerables y suman un 16% de la población. Así, pobres y vulnerables sumarían del orden de un 25% de la población. Y se encuentran, presumiblemente, entre los más afectados por la crisis y en una situación de gran precariedad cotidiana. Una proporción de ellos ha accedido al Ingreso Familiar de Emergencia o al seguro de cesantía, pero con un apoyo de emergencia que es inferior a la línea de pobreza, lo que no tiene justificación dados los recursos disponibles. Este constituye el primer grave error del gobierno en materia de apoyos económicos ante la crisis.

La clase media-baja sería aquella que reúne ingresos entre 1,5 y 3 veces la línea de pobreza (626 mil pesos a 1,25 millones) y reuniría nada menos que al 43% de la población. La clase media-alta sería aquella que reúne ingresos entre 3 y 6 veces la línea de pobreza (1,25 a 2,5 millones) y reuniría a otro 23% de la población. Así, dos tercios de las chilenas y chilenos serían de clase media, aunque no es lo mismo ganar poco más de 600 mil pesos que 2,5 millones. Presumiblemente muchos de ellos están afectados o piensan que lo estarán con el desarrollo de la crisis. Se trata de la inmensa mayoría del país. 

El gobierno ha anunciado múltiples planes, incluyendo uno para la clase media, basado en créditos y postergación de pagos de créditos hipotecarios. Adquirir nuevas deudas no es una respuesta para la mayoría de las familias que ya están muy endeudadas (el endeudamiento ha sido parte fundamental del modelo económico neoliberal para ampliar el consumo de las personas de ingresos bajos y medios), ni tampoco ayuda ampliar el CAE para los estudiantes, que no harían más que ampliar su mochila. Por otro lado, postergar deudas, como el dividendo, no hace más que diferir pagos frente a un incierto horizonte futuro de los ingresos familiares. Ampliar el endeudamiento o diferir el pago de deudas tiene como supuesto la recuperación rápida (en V y no en U o en L) de los ingresos de las familias y de los empleos y remuneraciones, lo que no se avizora. Lo más probable es, desgraciadamente, que recuperación será muy lenta dada la ausencia de medidas de mantención del empleo y de los ingresos de envergadura suficiente. Frente a la caída de la producción por razones sanitarias no se ha actuado con energía para evitar la caída estrepitosa del empleo y de la demanda de consumo de los hogares por la disminución de ingresos.

En cambio, el subsidio al arriendo de la vivienda -que habría que extender de modo equivalente al dividendo – es una medida con más sentido, aunque el anunciado es de un monto muy bajo.

Así, el mensaje para dos tercios de la población ha estado muy por debajo de las necesidades y las posibilidades objetivas de mantención de ingresos. Esto es posible considerando un triple programa de financiamiento: uso de las reservas fiscales, endeudamiento a bajo costo e impuesto especial a las grandes fortunas. Este ha sido el segundo gran error del gobierno.

Los que ganan más de 2,5 millones de pesos serían el 10% de la población, aunque muchos de sus miembros no se consideran privilegiados, probablemente porque su referencia es el 1% o el 0,1% más rico, cuyos ingresos son completamente incomparables, algo así como de “otro planeta”. En realidad, del planeta de los super ricos, cuyo aporte no ha sido requerido para nada en esta crisis. Este ha sido el tercer gran error del gobierno.

En este contexto, fue adquiriendo sentido el complemento de un retiro de fondos de AFP para los que han visto disminuir sus ingresos y se volvió imparable en el sistema político, más allá de que tenga o no algún mecanismo de devolución, se exima del pago de impuesto a la renta para los ingresos más altos, se favorezca un subsidio a las futuras pensiones con el mecanismo APV o se facilite el retiro de utilidades por disminución de la reserva de los propietarios de las AFP.

Medidas legislativas adicionales tal vez corregirán estos aspectos. Pero, sobre todo, frente a la crisis, cabe mantener una mirada de conjunto y seguir insistiendo en que el gobierno debe ampliar el Ingreso Familiar hasta la línea de pobreza y establecer un Subsidio de Desempleo de Emergencia de amplio espectro, que incluya a los sectores medios.

Un gobierno en crisis

En El Mostrador

El Gobierno de Sebastián Piñera experimenta un claro agotamiento. No ha logrado encaminar la crisis sanitaria, social y económica y tiene a su coalición desarmada. Esto se ha evidenciado con la votación de parte de la derecha a favor del retiro de fondos de AFP y el anuncio de que rechazará el veto presidencial a la ley de suspensión de cortes de servicios básicos en la emergencia.

No hay que perder de vista que el trasfondo de ese agotamiento es que la sociedad entró en rebelión en octubre de 2019 durante más de un trimestre y que esa rebelión social estaba en vías de reactivarse en marzo, hasta que sobrevino la pandemia de coronavirus. El movimiento social de magnitudes telúricas e inéditas en la historia de Chile quedó temporalmente en segundo plano por el temor a la expansión del virus, acrecentado por la inepta política del Gobierno contra el contagio.

Chile es hoy insólitamente el octavo país en el mundo por el número de casos confirmados de COVID-19. El Gobierno negó la necesidad de confinamientos generales al inicio de los contagios, como le recomendó su propio comité técnico asesor, y no consideró que Santiago era una unidad poblacional en la que no sería efectivo hacer cuarentenas parciales, hasta que tuvo que retroceder y rendirse ante la evidencia de que la inmunización de rebaño no funcionaría. Como tuvo también que hacerlo en materia escolar. Recordemos que el Presidente Piñera llegó a anunciar el retorno a clases para el 27 de abril y luego para mayo, buscando prioritariamente no afectar la economía.

La política errada se extendió a lo económico. El apoyo a las familias y empresas debiera haber sido inmediato y de gran magnitud para impedir el desplome del empleo. La actividad inevitablemente iba a caer por razones sanitarias, pero era clave mantener el vínculo laboral y asegurar ingresos a los asalariados y los independientes y trabajadores por cuenta propia para asegurar las cuarentenas y la sobrevida de las empresas. Evitar el desplome del consumo de los hogares era además indispensable para impedir una depresión. El Gobierno actuó tarde y poco. El resultado fue una pérdida de un millón y medio de empleos hasta mayo.

Con un Ingreso Familiar de Emergencia inferior a la línea de pobreza y con requisitos burocráticos múltiples, una suspensión de contratos y disminución de jornadas financiada por los propios trabajadores con sus cuentas de cesantía, un crédito a tasas bajas que no llega a muchas empresas, empezando por las microempresas, emergió de modo inevitable algo de sentido común: recurrir a los fondos de las cuentas de cada cual en las AFP.

Algunas propuestas incluían un subsidio regresivo de los retiros y vincular al Estado a las AFP por los próximos 50 años, lo que debía ser rebatido. La Cámara de Diputados estableció el retiro de 10% de los fondos sin compensaciones. Se produjo el desplome de la defensa del Gobierno por el peso de la desesperación de la mayoría de la población y por el ruido de fondo del desprestigio de un sistema que usa los recursos de los trabajadores para sostener la concentración económica, que permite un lucro asegurado y desproporcionado a los dueños de AFP y que mantiene fuera del país cerca de la mitad de los fondos previsionales. Pero que sobre todo ofrece pensiones misérrimas para la gran mayoría.

Así, se va delineando un hilo conductor que conecta con la rebelión social de octubre-diciembre y que no es otra cosa que una conciencia colectiva creciente de que debe terminar en Chile el modelo neoliberal de concentración económica, de dominio oligárquico y de instituciones a su servicio.

La oposición tiene el deber de unirse en respuesta a las urgencias de la mayoría social, como parece que empieza a hacerlo, y hacer valer su mayoría parlamentaria. Y promover con fuerza que el Gobierno acceda a otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia más alto y un subsidio de cesantía que llegue a los sectores de ingresos bajos y también medios, junto con obligar a la banca a que otorgue créditos fluidos a todas las empresas viables y créditos selectivos con contrapartida de propiedad a las empresas grandes. Un paquete de uso de las reservas fiscales, de un endeudamiento a bajo costo hoy disponible y de un impuesto a los súper ricos permitiría financiar un plan efectivo de enfrentamiento de las crisis sanitaria y económica, que están inevitablemente entrelazadas.

Los recursos existen: lo que no existe es la voluntad política del Gobierno de usarlos en beneficio de la mayoría. Tal vez esta actitud se explica por aquella convicción según la cual los chilenos “no se deben acostumbrar a vivir del Estado”, lo que repulsa a la mayoría de la población que quiere ver a un Estado activo y no a un Estado neoliberal prescindente frente a la magnitud de la crisis.

Por otro lado, se evidencia cada vez más una crisis de régimen político. Ya resulta evidente que el presidencialismo sin mayoría parlamentaria es una fuente de conflicto permanente entre dos poderes democráticos legítimos. Si agregamos el rol insólito del Tribunal Constitucional en los últimos años, pasando por encima de la soberanía democrática sin escrúpulos, tenemos los ingredientes para el deterioro institucional.

Para que no intervenga el Tribunal Constitucional y frente a la pasividad del Gobierno ante la crisis, la oposición –con el apoyo de algunos parlamentarios oficialistas– se encaminó a legislar medidas de emergencia propias de la ley mediante una reforma constitucional transitoria. Este es evidentemente un barroquismo institucional propio de la creatividad jurídica nacional, pero no es exactamente propio de un régimen político democrático en forma, en el que las mayorías parlamentarias se constituyen en Gobierno, este dura un período fijo o bien mientras permanezca esa mayoría o se constituya otra, sin lo cual se vuelve a las urnas.

¿Qué hacer hasta 2022 con un Gobierno agotado, con un soporte político resquebrajado y en medio de una enorme crisis económica? Lo sensato sería que Sebastián Piñera aceptara la realidad institucional: no tiene mayoría parlamentaria. Y, por tanto, en esa lógica debiera de una vez aceptar pactar el manejo de la crisis con la oposición o una parte de ella hasta el fin de su Gobierno y no vivir en una desesperante improvisación cotidiana.

Para eso existen diversas fórmulas, que en parte ha ensayado el nuevo ministro de Salud. Pero si Sebastián Piñera no lo quiere aceptar, en nombre de la defensa de un modelo económico e institucional oligárquico que hace agua por todos lados, entonces debiera pensar en acortar su período de Gobierno. Esta no es una afirmación basada en el afán de interrumpir la normalidad institucional, y menos ad portas de un plebiscito constitucional que reorganizará la democracia chilena por las próximas décadas. Pero prolongar la agonía y el desorden en que lamentablemente se va sumiendo la sociedad chilena en plena pandemia del coronavirus, es simplemente una irresponsabilidad.

Pan para hoy y seguridad social para mañana

En La Mirada

Tomo esta frase de algunos diputados de oposición a propósito del debate sobre el retiro del 10% de los fondos desde las AFP, contrarrestado por el nuevo plan anunciado por Sebastián Piñera. Este es el nº 8 de medidas contra la crisis, y se anunció después de una votación desfavorable en la Cámara de Diputados, presionado por su coalición de gobierno, por una gran mayoría del parlamento y por la opinión pública. Dicho sea de paso, la oposición que pactó medidas restrictivas o una reforma menor a las AFP queda de nuevo en entredicho en su voluntad de hacer retroceder a un gobierno que no tiene mayoría en el parlamento.

El actual empuje vino de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) -y de diversos otros proyectos posteriores- que desde abril planteó el retiro de una parte de los ahorros en AFP con límites y resguardos de devolución no regresiva. Este proyecto luego devino (con versiones previas en la Cámara de Diputados de devolución muy regresiva que merecían ser criticadas) en un plan más amplio de retiros, pero con un fondo colectivo y solidario de reposición empujado por el diputado Gabriel Boric, que no reunió los votos suficientes.

Piñera anunció el 14 de julio un bono de 500 mil pesos, que estaba en lo esencial incluido en el plan anterior de créditos a tasa cero a través de una cuota 100% subsidiada (de hasta 650 mil pesos, dicho sea de paso). Su universo es para personas que han visto disminuir sus ingresos, cuando esos ingresos previos se situaban entre 500 mil y 1,5 millones de pesos. Incluye a “trabajadores ocupados, suspendidos, cesantes, a honorarios y por cuenta propia que hayan sufrido una caída de 30% o más en sus ingresos formales” y “también favorecerá con montos decrecientes a aquellos trabajadores con ingresos entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales, que hayan tenido caídas de ingresos”. Como se observa, no serán pocos los documentos que tendrán que reunir las personas que quieran acceder al beneficio y las tramitaciones múltiples que van a tener que enfrentar.

Además, se insiste en la medida del préstamo, por hasta un 70% de la caída de los ingresos, en 3 cuotas mensuales, con un máximo de 1,95 millón de pesos (el anterior era de hasta 2,6 millones). Y se mantiene la postergación por 6 meses de los dividendos hipotecarios con garantía estatal. Se aplicará, como en el plan anterior, un subsidio de arriendo por tres meses para cien mil hogares, por hasta $250 mil y para arriendos de hasta $600 mil mensuales, que cubrirá hasta el 70% del valor del arriendo, para las familias que hayan tenido caídas en sus ingresos de al menos 30%. Nuevamente, muchos papeles que reunir y presentar. Y no se entiende por qué ese subsidio no se extiende, en los mismos términos, al dividendo, si la lógica es el alivio temporal del gasto en vivienda.

También se mantiene el nuevo plazo para que los estudiantes de la educación superior puedan postular a financiamientos y una postergación de hasta 3 meses del pago de las cuotas del Crédito con Aval del Estado (CAE, a UF+2% anual).

Se agregó ahora una nueva postergación de contribuciones de bienes raíces del segundo semestre, para todas las primeras viviendas con avalúo fiscal inferior a 5 mil UF, también para familias que hayan tenido caídas de ingresos, las que se van acumulando para ser pagadas en el futuro cercano.

Piñera no anunció nada sustancialmente nuevo, salvo ajustes y agregados menores. El gobierno sigue sin entender que debe y puede -mediante uso de las reservas fiscales, endeudamiento a bajo costo y un impuesto especial a los muy ricos- llevar el Ingreso Familiar a un mínimo de la línea de pobreza (170 mil pesos por persona) y establecer un subsidio de desempleo de emergencia, como no nos hemos cansado de repetir. Este debe sostener los ingresos por tres meses al menos en un nivel de 90% (y 70% para los salarios más altos) para los que han perdido su trabajo, visto sus contratos suspendidos o dejado de percibir ingresos obtenidos por cuenta propia. Este esquema es una ayuda más amplia, más consistente y más fundada para los asalariados e independientes, incluyendo los sectores medios. Pero los que gobiernan siguen aferrados al dogma de evitar que “la gente se acostumbre a vivir del Estado” (Hoffman) y a presentar buenos índices a las evaluadoras internacionales de riesgo para supuestamente mantener bajo el “riesgo-país”, que no hará más que aumentar si se hace todo para que se vuelva a una situación de rebelión social activa como la de octubre-diciembre de 2019.

Lo anunciado es de alguna manera un subsidio de desempleo que no quiere decir su nombre (y que se ha aplicado con diversa intensidad y éxito en Estados Unidos y en Europa), pero en este caso para un universo acotado y por un período breve. Recordemos que, además, las cuentas del subsidio de cesantía existente se están utilizando para financiar las suspensiones de contratos y el desempleo, con poco aporte fiscal y una caída abrupta del beneficio (que al menos se va acotar a 55% a partir del segundo mes, lo que sigue siendo muy bajo).

No se quiere entender que aliviar la situación de ingresos de las familias es una necesidad -incluyendo un retiro de fondos de AFP sin subsidios regresivos ni exenciones al impuesto a la renta que deberá tratar ahora el Senado- para evitar el derrumbe del consumo y de la demanda interna, que se agrega a la inevitable restricción de la producción por razones sanitarias y a la caída de las exportaciones por la situación que vive el mundo.

Y el mandato presidencial a los ministros para negociar la reforma de las pensiones es curioso, pues está obligado a hacerlo dado que no dispone de mayoría parlamentaria, en este caso en el Senado, en donde el proyecto sigue sin avanzar. En la Cámara se acordó por el gobierno con los diputados DC mantener el sistema de AFP tal cual, agregando una cotización adicional de 6%, la mitad de la cual iría a cuentas individuales y la otra mitad a compensar las pensiones más bajas. En el Senado, la oposición se decanta por un esquema en el que ese 6% vaya completo a un fondo de capitalización colectiva para compensación y solidaridad, pero el gobierno se niega.

El 10% de la cotización obligatoria (más el porcentaje que va a comisiones) debiera dejar de ir a las AFP y éstas solo proveer en el futuro pensiones complementarias como el actual APV de tipo voluntario. Las cotizaciones obligatorias deberían ir a pagar las nuevas pensiones y a complementar las actuales de acuerdo al registro de cotizaciones en la vida activa. Se debe pasar a la brevedad a un nuevo sistema mixto de pensiones que combine reparto -el reparto consiste en que se recauda cotizaciones y con esos recursos se pagan las pensiones definidas de acuerdo a la historia laboral de los jubilados- y capitalización colectiva para compensar las lagunas de las mujeres y del trabajo precario y para contrarrestar el cambio demográfico.

La idea errónea reiterada una y otra vez -sin apego alguno a los hechos- de que el sistema de pensiones por reparto estaría fracasado es simplemente una falacia. Se viene repitiendo desde 1981. Este tipo de sistema funciona perfectamente bien -con los ajustes necesarios frente al cambio demográfico- en muchos países, empezando por Estados Unidos y la mayoría de los europeos. Y de manera perfectamente eficiente y totalmente injusta en Chile para las Fuerzas Armadas y de Orden, por los subsidios que incluye. Por lo demás, la propia Pensión Básica Solidaria y el Aporte Solidario son en rigor una forma de reparto intergeneracional, financiado no por cotizaciones sino por impuestos.

El sistema de pensiones en Chile deberá ser uno de seguridad social, en vez del que defiende el gobierno y el gran empresariado que representa. Este sistema entrega pensiones misérrimas que el Estado debe complementar masivamente, en el que las AFP son el núcleo de un modelo de concentración de capital sustentado mes a mes por los recursos de los trabajadores. Este esquema es simplemente inaceptable para una sociedad decente.

Preguntas sobre el pasado

En La Mirada

En momentos de crisis como el que vivimos se experimentan momentos de desazón colectiva. También se estimula en muchas personas la creatividad para imaginar nuevos futuros y resurgen, en ocasiones, preguntas sobre el pasado. A propósito del natalicio de Salvador Allende el 26 de junio, en una red social una persona realizó una pregunta abierta acerca de si los socialistas fueron leales a Allende. Aunque pueda sonar extemporáneo frente a la coyuntura, intenté una respuesta pensando en las nuevas generaciones, aunque se haya escrito sobre el tema una y mil veces.

Esa respuesta fue (aclaro que en 1973 tenía 16 años y militaba con los secundarios del MIR y que en la actualidad no estoy afiliado a ningún partido) que la inmensa mayoría de los socialistas si le fueron leales. Muchos entregaron heroicamente la vida en defensa de su gobierno. Pero cabe reconocer que el PS tuvo una política institucional distinta y en ocasiones contradictoria con la del Presidente Allende. Buena parte del PS no compartía la idea de la “vía chilena al socialismo”. El proyecto del Congreso de 1967 era otro, de tipo insurreccional, aunque nunca se llevara a la práctica, se eligiera a un parlamentario moderado para impulsarlo y el grupo de los Elenos -que dio apoyo a la guerrilla del Che Guevara y otros movimientos latinoamericanos- decidiera apoyar al presidente Allende en 1970. Además, el grueso del PS pensaba que la “vía chilena” no era un proyecto viable, pues se impondría una intervención militar apoyada por Estados Unidos, lo que resultó efectivo, como bien se sabe.

La pregunta difícil de responder es si esa política socialista distinta a la de Allende contribuyó o no a la inviabilidad de la “vía chilena”. En buena medida se puede sostener que no. Por un lado, porque la inviabilidad estuvo marcada por la decisión de Nixon-Kissinger de impedir a toda costa el éxito de Allende e incluso de no permitirle siquiera asumir el gobierno. El gobierno estadounidense suponía que podía ser un ejemplo político a seguir en otras partes del mundo. Y por otro, por la decisión del freísmo DC de seguir una política que buscaba poner fin a la experiencia allendista desde un principio -aunque accedió a la ratificación de Allende en el Congreso en 1970 después del asesinato del general Schneider a cambio de garantías constitucionales- y que impulsó la alianza con la derecha y la logró después del asesinato de Pérez Zujovic en 1971. Este controvertido ex ministro del Interior de Frei paradojalmente había defendido en su partido la idea de un pacto de gobierno UP-DC, con ministros democratacristianos incluidos, dada la proximidad de programas y para estabilizar la situación. Esta idea nunca logró abrirse paso en el sistema político, con una polarización sistemáticamente empujada por los gremios del gran empresariado con apoyo norteamericano.

En esas condiciones, solo un milagro -y en las sociedades esas cosas no se producen, si es que en alguna parte- podía viabilizar la continuidad del presidente Allende hasta 1976. Era difícil imaginarlo en medio de la expansión de la capacidad de consumo popular por el aumento de remuneraciones que al ser excesiva derivó en inflación, del boicot externo crediticio y comercial de Estados Unidos y de la caída de la producción que acompañó poco a poco la nacionalización del cobre sin indemnización, la profundización de la reforma agraria que desplazó a la oligarquía terrateniente y la expansión de las empresas intervenidas. Esta expansión sumó unas 500 y fue mucho más allá del grupo de 91 empresas estratégicas que tenía programado nacionalizar el gobierno, además de la banca, y fue acompañada por la ocupación por sus trabajadores de muchos campos de menor tamaño. Este proceso de desborde desde abajo fue en parte espontáneo y en parte organizado por actores del PS, el MIR, el Mapu y la IC, en nombre de hacer avanzar la socialización económica. Como resultado de todos estos procesos, la izquierda perdió la mayoría electoral que había alcanzado por primera vez en la historia en las municipales de 1971, aunque resistió con el logro del 44% de los votos en las parlamentarias de 1973, cuando la derecha y la DC buscaban obtener los dos tercios del Congreso para destituir al presidente Allende. Pero perdió el apoyo de muchos sectores medios, que se radicalizaron fuertemente en contra. En mayo de 1973, la DC freista tomó el control del partido y se sumó definitivamente al golpe, que un grupo minoritario rechazó.

El acuerdo con la DC, que el presidente Allende buscó hasta el final, tal vez hubiera permitido reordenar la situación con un pacto hasta 1976, pero el PS se oponía a ese acuerdo (“avanzar sin transar”) y Frei también.

El jefe de la oposición, junto al derechista Jarpa, ni siquiera quiso reunirse públicamente con Allende, aunque era presidente del Senado, a pesar de los intentos de mediación de Gabriel Valdés. El Cardenal Silva Henríquez logró que Aylwin lo hiciera como presidente del PDC, pero el diálogo no dio resultados. El plebiscito que iba a anunciar el presidente Allende el 11 de septiembre sin acuerdo de su propia coalición y tampoco con la oposición -aunque Carlos Briones como ministro del Interior había explorado esa salida hasta el final con la DC- hubiera tal vez llevado las cosas por la vía institucional. A ese acuerdo también se opuso el PS a través de Adonis Sepúlveda (aunque en las horas siguientes Altamirano lo apoyó in extremis), plebiscito que inevitablemente llevaba al presidente a la renuncia si lo perdía. Estaba dispuesto a hacerlo, como demócrata que era, para dar una salida institucional a la crisis.

Su plan era en ese evento apoyar al General Prats como candidato presidencial y a Clodomiro Almeyda como nuevo jefe del PS a partir del congreso partidario previsto para marzo de 1974. Pero la historia se escribió como la tragedia que conocemos, en la que la oligarquía tradicional se apoyó en los militares de ultraderecha para realizar un golpe de largo alcance, desplazar a la DC y a toda expresión de centro, retomar todo el poder y aplastar los avances sociales conquistados desde los años 1920. Su plan refundacional estaba destinado a restablecer estructuralmente el dominio oligárquico sobre la sociedad. Esto requería de una dictadura prolongada, de la que costó 17 años salir y cuyas secuelas institucionales, sociales y culturales se prolongan hasta el día de hoy.

¿Tiene sentido el retiro subsidiado de fondos de las AFP?

En Voces La Tercera

Recientemente, la Cámara de Diputados envió una petición al Presidente de la República para que patrocine un proyecto de ley que permita a cada persona con fondos en alguna AFP retirar un millón de pesos, siempre que no haya recibido fondos públicos de emergencia. Acto seguido solicita que ese monto sea restituido como bono de reconocimiento por el Estado a cada cuenta de afiliado.

Se trata de un subsidio regresivo, que no incluiría al universo del trabajo informal que no cotiza -mayoritariamente constituido por mujeres- y que no excluiría a los cotizantes de más altos ingresos. Sería financiado con un endeudamiento público con un costo de UF+4% al año, de acuerdo a la mecánica de los bonos de reconocimiento que se propone. Estos se crearon para considerar las cotizaciones realizadas por los trabajadores en las cajas de previsión del sistema antiguo y se trasladaron a una AFP a partir de 1981.

¿No tiene acaso mucho más sentido emitir deuda de largo plazo directamente con bonos públicos a un costo que puede ser hoy muy inferior a UF+4% para financiar un paquete de beneficios sociales frente a la pandemia? Se debe empezar por priorizar a quienes más la están sufriendo, las personas mayores de bajos ingresos.

¿No tiene más sentido aumentar el monto y cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia? ¿O subsidiar el uso de recursos de las cuentas del seguro de cesantía para los trabajadores con contrato suspendido?¿O ampliar el Fondo Solidario del subsidio de cesantía? ¿O  que se establezca un subsidio de cesantía de emergencia para los independientes, más allá del crédito ya aprobado, que incluya además al mundo de la cultura?

En materia de subsidios frente a los efectos de la pandemia, las peticiones del Parlamento al gobierno no debieran perder el sentido de las prioridades ni de las proporciones. En especial, se debe considerar que no tiene sentido pedir que se entregue recursos de todos los chilenos sin excluir a las personas de altos ingresos, como si Chile no fuera uno de los países más desiguales del mundo. Y aquello de hacer de este un mecanismo voluntario es absurdo: ¿por qué alguien renunciaría a sacar hoy un millón de pesos de su cuenta de AFP si se lo va a pagar el Estado en el futuro, con además UF+4% de interés al año?

En todo caso, si los 10,9 millones de afiliados en las AFP recibieran un millón de pesos subsidiado por el Estado, porque no en otra cosa se traduce la petición de la Cámara de Diputados, el costo (sin considerar intereses) sería de 13,4 mil millones de dólares. Eso es bastante más que los 12 mil millones de ayudas públicas considerados por el gobierno para los próximos 24 meses y que una mayoría aprobó como “marco de entendimiento”. La coherencia no parece estar a la orden del día.

En definitiva, el Estado chileno está en condiciones -mediante el uso de las reservas fiscales existentes (21 mil millones de dólares a fines de abril) y un endeudamiento que hoy se puede obtener a bajo costo- de subsidiar directamente a las personas que más lo necesitan para enfrentar la crisis: aquellos cuyos ingresos son inferiores a la línea de pobreza, los trabajadores con contrato suspendido u horario reducido, los independientes con caídas de ingresos, los cesantes y las empresas en dificultades.

Al debatir este tema rápidamente aparece aquello de que otra vez están los economistas poniendo restricciones. Mi respuesta es la de siempre: en materia de economistas, abogados, profesores, periodistas y las profesiones que se quiera, hay de todo. No es el tema. Sacar cuentas y establecer las prioridades colectivas frente a la crisis es el tema. Para eso no se necesita ser economista, sino parte de la ciudadanía.

Además, si las cuentas de AFP son propiedad de cada cual -como han sostenido desde el inicio del sistema sus dueños-, entonces la idea de retirar fondos ante la magnitud de la crisis es válida, pero no existe razón alguna para que ese retiro sea financiado por todos los chilenos, incluyendo los más pobres que no tienen nada o muy poco que retirar. Lo sensato parece ser que el que lo desee disponga de al menos parte de sus recursos en las cuentas de AFP, pero siempre que se transite hacia un nuevo sistema contributivo de pensiones que impida aquello de pan para hoy y hambre para mañana. Un sistema que canalice de aquí en adelante el 10% de cotizaciones (y un 6% adicional en el futuro, como se ha pactado en el Parlamento) para pagar con los recursos así reunidos a los hoy jubilados según su historia laboral, con una pensión base para todos cercana al salario mínimo y un fondo de capitalización colectivo como reserva frente al cambio demográfico.

Solo un conjunto de medidas que enfrenten en la magnitud suficiente el corto plazo pero sin hipotecar el largo plazo permitirán responder a las graves consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria.

Después de la pandemia

En El Mostrador

Es difícil realizar conjeturas con algún grado de certeza sobre los escenarios después de la pandemia por COVID-19, con el trasfondo, además, de la rebelión social de octubre-diciembre de 2019.

A nivel global, siguiendo a Daron Acemoglu (Project Syndicate, 5 de junio), es posible identificar tres trayectorias no deseables. La primera es la de la “continuidad trágica” del declive de las instituciones y de la mantención de las desigualdades económicas y sociales que han devenido en endémicas a escala global. La segunda es la de la prolongación del “momento hobbesiano” de verticalidad estatal, con el modelo chino de control social, la represión en Estados Unidos y los estados de “seguridad nacional” como referencia, bajo el supuesto de la ineficiencia de la gobernanza democrática frente a las “nuevas amenazas”. La tercera es la trayectoria de la “servidumbre digital”, con los gigantes tecnológicos y de capitalismo de plataforma sustituyendo a gobiernos en bancarrota en sus funciones sanitarias y sociales, configurando nuevas formas desreguladas de teletrabajo, guiando los confinamientos y el “distanciamiento social” y siempre manipulando los datos personales y determinando las conductas colectivas en medio de una enorme concentración privada de poder sin control democrático.

Acemoglu postula que existe la alternativa deseable de un “Estado de bienestar 3.0”, que sea un avance respecto de aquel que emergió en la posguerra y de aquel que resultó de las reducciones de la era neoliberal. Este nuevo Estado de bienestar debiera basarse en una mejorada gobernanza democrática. Los gobiernos deberán asumir más responsabilidades y ser más eficientes para robustecer la salud pública, mejorar las redes de seguridad social y lograr una más inteligente regulación y coordinación de los actores económicos.

Este es un esquema de salida que es un punto de partida para detener la lógica de desregulación de los mercados que acompañó la era neoliberal y sus efectos en las desigualdades y la depredación ecológica. Debe incluir, en el caso de Chile, lo que será materia de la Convención Constituyente y de un nuevo gobierno –porque del actual poco se puede esperar–, un cambio hacia un sistema de tributación progresiva y de negociaciones colectivas de las condiciones de trabajo que se realicen con sindicatos fuertes por ramas y territorios y no solo en la empresa, para iniciar un camino de reversión de las inequidades distributivas más agudas. Como existe en diversos países de altos ingresos.

Desde el ángulo de los intereses de la mayoría social y de sus expresiones y representaciones plurales, probablemente habrá un acuerdo en que crear una nueva institucionalidad democrática con capacidades sociales es la alternativa a los escenarios distópicos mencionados.

En efecto, la primera tarea pospandémica es asumir las innumerables debilidades institucionales demostradas en la crisis sanitaria y bregar por un cambio en las formas de gobierno hacia una democracia eficaz, descentralizada, proba, basada en un Estado de derecho socialmente respetado y en capacidades de acción colectiva que combinen el rol de la ciencia y la participación social. Esa será la condición para lograr un mejor control colectivo de las amenazas sanitarias, que los efectos de la depredación ecológica seguirán produciendo mientras no se transforme estructuralmente la actividad productiva y el funcionamiento de las ciudades y hábitats.

Cabe asumir, además, que habrá regresiones sociales como la ampliación de la economía informal, la pérdida de empleos y/o su precarización (digital o no) y la salida de muchas mujeres del empleo formal y su confinamiento en el trabajo doméstico. Esto obligará a activar políticas de empleo social subsidiado en servicios a las personas y en servicios ambientales al margen de los mercados, como eje de las políticas redistributivas, junto a proveer ingresos básicos garantizados financiados por tributos más progresivos, como un impuesto a las grandes fortunas.

Pero todo esto es solo un punto de partida, de salida de crisis. Un nuevo modelo económico deberá incluir una cobertura mucho más amplia del desempleo, la enfermedad y la vejez, el apoyo a formas de economía social en los territorios y un plan de largo plazo de inversiones sustentables que la reactivación necesitará en gran volumen. El nuevo modelo deberá promover formas mixtas de propiedad y mercados social y ecológicamente regulados. Las economías locales deberán fortalecerse con el apoyo a cadenas territoriales de abastecimientos básicos con alta capacidad de integración social y de respuesta sanitaria. Los espacios urbanos más que nunca necesitarán un transporte público de calidad y sanitariamente apto, así como de mayores redes de cuidado de la infancia y los adultos mayores para contribuir a sacar a las mujeres de su sobrecarga inequitativa actual.

En una perspectiva de más largo plazo, se requiere un cambio del régimen de producción/consumo, para mejorar la resiliencia ambiental y sanitaria. El interés general indica que es ineludible avanzar a una estrategia de reconversión productiva que fortalezca un sector de alta productividad articulado con grandes cadenas globales, pero con plena captación tributaria de las rentas de los recursos naturales y con mayor valor agregado local, basado en toda la tecnología verde disponible y la capacidad nacional de investigación y desarrollo.

Chile puede lograr un gran crecimiento de la producción de alimentos saludables, de las energías renovables, de los servicios a las personas y de los servicios a la producción que mejoren la resiliencia de los ecosistemas. Debe proponerse, en contraste, el decrecimiento de la energía proveniente de hidrocarburos, de la alimentación industrial no saludable, de la producción con obsolescencia programada, del consumo sustentado en el sobre-endeudamiento de los hogares y de los servicios financieros que penalizan a las pequeñas empresas. Deberá terminarse con el esquema de servicios básicos entregados con rentabilidades privadas monopólicas, que alimentan la concentración económica. El consumo deberá privilegiar objetos reparables, de larga duración y bajo consumo de energía.

Para que este proceso de reconversión perdure en el tiempo, deberá dejar de medirse la actividad económica solo con un PIB por habitante que no considera el bienestar, la distribución y la sostenibilidad social y ambiental de la producción. La magnitud de la actividad monetariamente medible y su crecimiento deberán dejar de ser lo centralmente relevante, para dar paso a un monitoreo económico centrado en el cálculo de las brechas existentes, para obtener un bienestar equitativo y sostenible de todos los miembros de la sociedad.

No faltarán los que digan que todo esto es inviable. Pero más inviable parece ser la “continuidad trágica” del declive de las instituciones, la mantención de las desigualdades económicas y sociales y el deterioro ambiental, que solo producirá rebeliones y desórdenes desde la anomia, en ausencia de un proyecto mayoritario y creíble de transformación de la sociedad.

Sobre acuerdos y desacuerdos

En La Tercera.cl

Frente al diálogo convocado por el gobierno de Sebastián Piñera con la oposición “con presencia en las comisiones de Hacienda”, en estos días alguien ha escrito que “el desacuerdo no tiene perdón”. Esta extraña frase es expresiva de que reaparece en Chile con alguna frecuencia una distorsión sobre los fundamentos de la vida colectiva. Se trata de la pretensión de algunos de descalificar las legítimas diferencias y la deliberación plural sobre ellas, así como el procedimiento de decisión mayoritaria para resolver esas diferencias.

Lo que es inadecuado (no llegaremos a decir que no tiene perdón, porque es caer en la misma descalificación que cabe criticar) es pretender que la diversidad de ideas e intereses no existe, especialmente en sociedades desiguales como la chilena. La idea de forzar acuerdos donde no los hay es la expresión de una pulsión autoritaria y de una carencia de cultura democrática.

En democracia se debe aspirar a un amplio consenso sobre las reglas del juego, especialmente en la protección de los derechos fundamentales de las personas (nótese que la mayor parte de la derecha no concuerda con esto y sigue justificando las violaciones a los derechos humanos en dictadura y durante la reciente rebelión social). En el resto de dimensiones de la esfera pública, cabe la diversidad de opiniones y posiciones y utilizar la regla de la deliberación sobre las opciones en presencia, seguida de la decisión mayoritaria -procedimiento que es un acervo de la humanidad formalizado al menos desde la Grecia antigua y en los medios eclesiásticos desde la tardía edad media- para zanjar periódicamente las diferencias en los diversos espacios institucionales. No cabe sino citar una vez más a Montesquieu, que escribió en 1748: “es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder es llevado a abusar de él, hasta que encuentra límites (...) Para que no se pueda abusar del poder, se debe lograr que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”.

Todas las apelaciones de estos días a los consensos y a los acuerdos se remiten en realidad al hecho de que el gobierno de Sebastián Piñera no dispone de una mayoría parlamentaria propia y ha llevado una política que fracasó en el control de la pandemia, desde la reticencia inicial a declarar las primeras cuarentenas y cierres de actividades, el "retorno seguro" en plena expansión de la pandemia, las insólitas críticas del ministro de Salud Mañalich a su colega ministro de Educación Figueroa respecto a la suspensión de clases, las cajas de alimentos para hacer propaganda que provocan problemas logísticos y sanitarios, y tantas otras actitudes de privilegio de lo económico y de un estilo vertical y poco abierto al diálogo. Además, el gobierno ha tardado de manera bastante poco explicable en adoptar medidas suficientes para evitar una depresión económica. Ojalá los errores del gobierno no se hubieran producido, porque han costado vidas.

El fondo del asunto es que el gobierno necesita concordar sus legislaciones con al menos una parte de la oposición, lo que ha logrado en lo principal en los últimos dos años en base a un enfoque inestable del caso a caso, aunque se le ha ido haciendo cada vez más difícil. Entonces, ahora apela a los acuerdos, pero siempre con el estilo perentorio del dueño del poder, acuerdos que no se buscaron al poner en marcha las políticas hoy cuestionadas, pese a las advertencias de personas y entidades calificadas y representativas.

Por eso la oposición ha expresado con creciente firmeza su desacuerdo frente a políticas que se van demostrando equivocadas y con las prioridades cambiadas. La oposición debiera exigir una rectificación profunda de la política sanitaria y económico-social del gobierno. Lo que cabe es constatar que sin protección sistemática de la población para la contención de la pandemia y sin ingresos de emergencia consistentes para abordar las cuarentenas (hoy financiables con las reservas fiscales y un endeudamiento a bajo costo como es ya más o menos unánime) no hay recuperación económica posible. En esa rectificación podrían surgir concordancias. Pero presionar para un acuerdo sin cambiar un enfoque y un estilo que ha dado malos resultados no parece tener mucho sentido.

Pactos y medidas de urgencia

En La Mirada Semanal

Es difícil pensar que la idea de Sebastián Piñera de proponer un pacto para enfrentar la pandemia y sus consecuencias en los próximos dos años, después de meses de no hacerse caso más que a sí mismo, no tenga que ver con sus crecientes dificultades. Se ha puesto ya en evidencia el fracaso de su estrategia que no puede sino calificarse de “pro-economía” frente a la pandemia en curso. El resultado ha sido la aceleración de los contagios y muertes. Las declaraciones del ministro de salud sobre el hecho que “las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero se han derrumbado como castillo de naipes” y el “navegamos en una suerte de oscuridad” han sido sorprendentes e inquietantes.

No obstante, el país necesita una acción disciplinada y coherente para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. La deliberación pública, aunque sea tardía, sobre un mínimo básico de acción colectiva es indispensable, más allá de las intenciones de Piñera. Si se produce un acuerdo, tanto mejor. Si no, por lo menos las posiciones quedarán más claras.

En este sentido, no se debe perder la esperanza de un acuerdo amplio sobre la mantención de las medidas sanitarias de protección mientras sea necesario, incluyendo cuarentenas estrictas, exámenes generalizados de los grupos de riesgo, rastreo de nuevos casos, seguimiento de la cadena de contactos y acogida de los contagiados que lo requieran en establecimientos especiales, aumentando el rol de la salud primaria, fortaleciendo el sistema sanitario y el uso de todos los establecimientos hospitalarios y clínicas sin discriminaciones, mejorando las condiciones de trabajo y protección de los equipos de salud en todos los niveles.

Es, además, urgente aumentar el apoyo a las familias sin ingresos. Se debe llevar el Ingreso Familiar de Emergencia a un nivel equivalente a la línea de pobreza para el 60% de familias de menos ingresos entre junio y agosto y aumentar la pensión básica solidaria hasta 165 mil pesos para todos los beneficiarios. El mecanismo de suspensión de empleo debe incluir la reposición total o parcial por el gobierno de los recursos de las cuentas del seguro de cesantía utilizados para este efecto y poder enfrentar los eventos posteriores de cesantía o la prolongación de la suspensión temporal de contratos.

Para financiar las medidas mencionadas se debe establecer, como han propuesto López y Sturla, una contribución de emergencia de los 6 mil súper ricos que existen en Chile por un monto de 1,5% a 3% de su patrimonio y sumar un aporte de 6 mil millones de dólares por una vez. Esta medida debe sumarse al uso de las reservas fiscales y el endeudamiento a bajas tasas de interés que hoy está disponible para Chile.

Una medida adicional de apoyo a los ingresos que rompería positivamente esquemas considerados intocables sería la de suspender las cotizaciones obligatorias a las AFP, permitir el retiro de un 30% de los fondos acumulados y concordar un nuevo sistema previsional mixto (con cuentas individuales de derechos previsionales, un fondo para garantizar un piso de pensión contributiva equivalente al ingreso mínimo y apoyar las pensiones de las mujeres, junto a un fondo de capitalización colectiva) que opere a partir de 2021.

Para impedir un agravamiento todavía mayor de la situación del empleo, se debe aumentar las garantías públicas al programa de créditos de emergencia y obligar a los bancos a atender a las micro y pequeñas empresas y otorgarles créditos a tasas no comerciales según ventas de los tres meses previos, como está previsto en la ley FOGAPE que no se cumple. Y se debe condicionar las garantías públicas a compromisos de empleo, sin retiro de dividendos (manteniendo la ley aprobada) y dejando fuera a las empresas cuyos dueños operan con paraísos fiscales. Y también condicionar la garantía pública de crédito en el caso de las grandes empresas a la entrada equivalente en el capital corporativo.

Un acuerdo para la emergencia debe rechazar, eso sí, cualquier cambio en el itinerario electoral y preparar las condiciones para un pronunciamiento seguro (incorporando el voto por correo y electrónico) en octubre próximo sobre la Convención Constituyente, pues el país no puede postergar la resolución de sus problemas institucionales.

Canastas para un país en punto crítico

En La Tercera

La situación sanitaria y económica del país se encuentra en un punto crítico. En un momento en que la palabra clave es la reciprocidad (si yo me cuido te cuido, si tu te cuidas me cuidas), debieran funcionar consensos y una gran unidad para contener la pandemia con una fuerte disciplina colectiva. Y también pactar medidas eficientes (al menor costo) y eficaces (con la cobertura necesaria) para aminorar sus efectos económicos.

Pero, ¿cómo no levantar una voz crítica cuando las autoridades trataron desde el 15 de abril, en pleno desarrollo de la pandemia, de producir un retorno al trabajo por evidentes presiones empresariales sumadas al voluntarismo gubernamental? ¿O cuando el grueso de los recursos fiscales se destina a aliviar a las grandes empresas sin compromiso de mantención de los empleos, no fluye el crédito de emergencia a las Pymes, la suspensión de contrato laboral se financia con los fondos de cesantía de los trabajadores o los apoyos en ingresos a las familias son mínimos? ¿O cuándo el gobierno apenas dialoga con sus alcaldes, que lo obligaron a tomar las primeras medidas de precaución, con su comité de expertos o con el Colegio Médico, para no hablar del Parlamento? ¿O cuándo sus ministros comentan las dificultades o no se hacen cargo de ellas, como si no estuvieran a cargo de evitar una depresión económica que amenaza a la sociedad chilena y especialmente a sus categorías sociales más vulnerables?

Lo más reciente es que el gobierno decidió distribuir canastas de alimentos por 100 millones de dólares. Prefirió esta solución efectista y paternalista -símbolo del clientelismo político-, en vez de aumentar el muy precario apoyo monetario a las familias sin ingresos que las preserve del hambre y dinamice los circuitos de almacenes de barrio y ferias. El Ingreso de Emergencia se entregará por tres meses “reduciéndose de manera gradual a la espera de que estos hogares puedan retomar sus fuentes de ingresos”, según dice el gobierno. Su monto inicial de 65 mil pesos ya está por debajo de la línea de pobreza.

Toda persona con algo de formación en microeconomía sabe, además, que con la entrega de apoyos en especie se producen efectos de sustitución: lo que viene en la caja de alimentos dejará de ser adquirido por la familia y ésta tendrá un monto equivalente de dinero disponible. Por eso es más simple entregar dinero directamente. Bienvenida sea la ayuda de las cajas de alimentos ante un panorama tan crítico para tantas familias, aunque para más de alguna se parecerá a una humillación y así lo expresarán. Pero no puede dejar de subrayarse que existen mejores mecanismos para el acceso gratuito a alimentos. Sin ir más lejos, en Estados Unidos (https://www.usa.gov/espanol/asistencia-alimentaria), los vales de alimentos distribuidos por el gobierno desde hace décadas se presentan en los supermercados y almacenes para retirar productos básicos. ¿Por qué no se aplicó aquí? Lo más eficiente es la entrega directa de subsidios monetarios o, por último, las tarjetas para compra de alimentos.

El hecho de fondo es que deberá reforzarse mucho más el apoyo a las familias sin ingresos. El gobierno argumenta que “no se puede usar de una vez todos los cartuchos”, argumento que no se sostiene frente a la urgencia de evitar el hambre. La suspensión o destrucción de empleos formales e informales avanza a pasos agigantados, sin que, incomprensiblemente, se use las reservas fiscales y la opción de endeudamiento a tasas bajas que el país tiene a disposición para sostener los consumos básicos de todos. Ya no se puede esperar más tiempo para actuar con la envergadura necesaria.

"Nuestro objetivo es que las empresas no despidan trabajadores"

En La Mirada Semanal

El título de esta columna proviene de una frase del ministro del Trabajo de Dinamarca, Peter Hummelgaard. Nada semejante se ha escuchado por parte de las autoridades de nuestro país.

Dinamarca frente a la pandemia – con la gestión de la primera ministra, Mette Frederiksen – subsidió a las empresas para que mantuvieran la planilla salarial, reembolsando 75%de los salarios de los trabajadores que de otro modo hubieran sido despedidos por pérdidas causadas por el Covid-19. El trabajador no está autorizado a trabajar mientras su salario sea subsidiado. Los autoempleados que contratan hasta 10 personas han visto compensado el 90% de su ingreso perdido por la pandemia, cuando este ha caído más de 30%. El gobierno decidió, además, subsidiar entre 25% y 80% de los costos fijos de las empresas que esperan una caída significativa de ingresos por la pandemia, en proporción a la magnitud de la caída esperada. Las empresas que han sido obligadas a detener su actividad por razones sanitarias han visto subsidiados todos sus costos fijos. La contrapartida fue no distribuir dividendos, recomprar acciones o utilizar paraísos fiscales para evadir impuestos. Las actuales medidas de desescalada progresiva de las restricciones sanitarias van a permitir a las empresas danesas volver rápido al uso de su capacidad llegado el momento.

Nada de esto ocurrió en Chile. Aquí se decidió utilizar un mecanismo de suspensión del contrato de trabajo y de activación del seguro de cesantía, utilizando los recursos existentes en las cuentas de los trabajadores -los que no estarán disponibles para eventuales pérdidas futuras del empleo- pero manteniendo las normas de despido “por necesidades de la empresa”.

A la postre, hubiera sido mejor desde el punto de vista de la protección del empleo limitarse al mecanismo de disminución de jornada -también aprobado en la misma legislación que autorizó la suspensión temporal de contrato y que prácticamente no se está usando- pero con un subsidio de al menos la mitad de la diferencia con el salario vigente. Esto hubiera evitado en parte la ola de despidos que se está produciendo.

Tuvo que estallar el escándalo de la distribución de cientos de millones de dólares de dividendos a los accionistas de Cencosud (subrayemos que la excusa del interés de los pequeños accionistas es bastante poco honorable, pues la distribución de dividendos se podría haber limitado a ellos) para que el Congreso empezara a legislar condicionando el uso de la suspensión de contrato, a pesar de la posición temprana de algunos parlamentarios para establecer ese condicionamiento. La respuesta del ministro de Hacienda Briones, aparte de palabras de buena crianza lamentando la actitud de Cencosud, es que la prohibición de la distribución de dividendos aprobada por el parlamento va a aumentar los despidos. Para evitarlo, el ministro de Hacienda sabe bien que hubiera bastado, por ejemplo, condicionar la suspensión del pago provisional mensual del impuesto a las utilidades a la mantención del empleo en la empresa.

Todos sabemos que este es un gobierno de los grandes empresarios y que actúa en consecuencia. Pero también sabemos que la oposición tiene mayoría en ambas cámaras y que no actúa en consecuencia. Lo que ocurre es muy simple: un sector de ella apoya el enfoque y las medidas del gobierno y deja al resto en minoría. Lo que pasó con el “ingreso familiar de emergencia”, manifiestamente insuficiente si se considera las capacidades de uso de reservas fiscales y de endeudamiento a bajo costo, auguró tal vez una actitud un poco más a la altura de la defensa necesaria de la mayoría social en esta crisis. Pero a la postre la exigencia opositora se limitó apenas a proponer subir el subsidio a 80 mil pesos por tres meses para el 60% de menos ingresos, frente al monto de 43 mil a 65 mil pesos y decrecientes planteado por el gobierno, con un costo de 800 millones de dólares. Finalmente, el gobierno hizo ajustes menores y la oposición terminó votando a favor. En el parlamento chileno no se observa tampoco, ni de lejos, algo que se parezca a las negociaciones de Nancy Pelosi con el gobierno de Trump en Estados Unidos.

El pretexto del gobierno de Piñera fue que tiene que reservar recursos para más adelante, aunque la crisis de ingresos de millones de familias es ahora y el derrumbe de la demanda de consumo ya está provocando un enorme daño a la economía que será difícil de recuperar. Recordemos que solo la suspensión del Pago Provisional Mensual en el impuesto a las utilidades de las empresas decidido en abril cuesta 2.400 millones de dólares y la del impuesto de timbres y estampillas a los créditos otros 600 millones de dólares. Ahí no había que reservar nada para más adelante.

Lo que hace el gobierno y la pasividad de una parte de la oposición no están a la altura del manejo de la economía para evitar una depresión. Ni menos del problema de las familias de menos ingresos, especialmente las que tienen que salir a buscar el sustento diario mediante el trabajo informal y que aumentan su riesgo de contagio, con la consecuencia adicional de que se disminuye el control de la pandemia. 

El gobierno parece instalarse en la idea de seguir actuando en la improvisación del día a día, con el riesgo de llegar sistemáticamente tarde en vez de anticiparse a los efectos devastadores de la crisis sanitaria y económica que nos afecta. Lo único en lo que trató de anticiparse fue en una vuelta fallida a la actividad económica plena, bajo el rótulo de “nueva normalidad”, rápidamente devenida en “retorno seguro”, bastante antes de que se alcanzara la cima de contagios. El resultado fue ampliar la pandemia en la Región Metropolitana y otros territorios, que obligó a más medidas de cuarentena estricta retrasando cualquier idea de normalización parcial de la actividad.

Lo que era previsible

Las comunas de Santiago habitadas por personas de menos ingresos ya han entrado en una etapa de aceleración del contagio por Covid-19. Esto iba a pasar de modo previsible por una razón muy sencilla: aunque el virus se importó básicamente por viajeros residentes en los barrios altos, la necesidad económica de salir a buscar el sustento diario por parte de quienes lo obtienen mediante trabajos formales e informales iba a hacer mucho menos efectivos los resguardos decretados en las comunas de menos ingresos. Por eso, cuando se habló de nueva normalidad y de retorno seguro, la equivocación fue muy grande: el contagio masivo estaba en pleno desarrollo y apenas empezando para un sector mayoritario de la sociedad, lejos de cualquier cima.

Por eso propusimos, a riesgo de ser tachados de populistas por los ignaros aficionados a la descalificación fácil, un mecanismo generalizado de mantención de ingresos salariales y una renta por al menos tres meses para las familias de bajos ingresos equivalente al ingreso mínimo de 300 mil pesos o a la línea de pobreza por hogar. Esta era la única manera de lograr que la gente que vive al día de su trabajo no se desplazara arriesgadamente para subsistir y se mantuviera en las casas para resguardar su salud.

El costo de estas medidas es muy alto, pero como acaba de señalar el Foro de Desarrollo Justo y Sostenible -que reúne a decenas de economistas de oposición-, las posibilidades de financiarlas razonablemente están disponibles. Cuando el gobierno dice que está en el límite fiscal y monetario, se equivoca, pues el uso de las reservas fiscales y el endeudamiento adicional a bajo costo, como acaba de demostrarse con la emisión reciente de bonos gubernamentales, es perfectamente viable.

El argumento de que con esto se grava a las nuevas generaciones es materia de controversia entre economistas desde hace mucho tiempo. El argumento keynesiano que cabe poner por delante es el siguiente: un endeudamiento público que permite proteger el grueso de los activos productivos existentes, directamente y por la vía de preservar la demanda, tendrá la capacidad de ser sostenido por la actividad económica futura en plazos largos, pues los estados no quiebran, salvo situaciones límites de las que estamos lejos. La alternativa es dejar que se destruya masivamente tejido productivo, lo que nos empobrecerá como sociedad y hará más difícil incluso abonar las deudas ya contraídas.

Agreguemos que, además del costo humano terrible, el costo del derrumbe de la demanda interna para la economía será mayor que el de una política fuerte de sostén de la capacidad de consumo. En vez de adoptar las medidas rápidas y de volumen suficiente que lo hubieran permitido, se optó por la clásica política de un gobierno de grandes empresarios y de economistas a su servicio: destinar el grueso de los recursos a las empresas grandes con exenciones tributarias y créditos, pero con mecanismos de difícil acceso para las micro y pequeñas empresas, que representan un 45% del empleo formal.

Se decidió, además, sostener ingresos laborales suspendiendo contratos y usando los fondos de cesantía de las cuentas de los trabajadores, manteniendo las reglas pro-empresa de despido y de distribución de dividendos, en medio de una falta de agilidad de la administradora privada del seguro de cesantía y de la expansión de los despidos.

La política de subsidios a las personas y familias de menos ingresos, que debiera haber sido una prioridad, ha consistido en entregar un bono escuálido y concebir un ingreso familiar de emergencia de monto bajísimo y decreciente por tres meses para los trabajadores informales. Este mecanismo está trabado en el Congreso, cuya mayoría parece que por fin se tomó la molestia de decirle al gobierno que no tiene apoyos para un política tan sesgada social y económicamente, como una minoría aislada ha intentado subrayarlo desde el principio.

La conclusión es que no es tolerable que en esta enorme crisis -el gobierno insiste en que el PIB caerá solo 2%, cuando es evidente que la recesión será mucho mayor- se distribuya las indispensables ayudas públicas de manera completamente desequilibrada entre capital y trabajo. Además de ser socialmente injusta, esta política es dramáticamente ineficiente en lo económico para enfrentar una crisis de tan amplia magnitud.

Lo que vendrá después

En La Mirada Semanal

Hace algunos días, nos sorprendió la declaración del presidente de los empresarios, Juan Sutil, insinuando que tal vez en el futuro habría que pensar en un modelo socialdemócrata para Chile. No sé si sabrá que esos modelos tienen dos características esenciales: un amplio sistema de tributación progresiva que es proporcionalmente del orden del doble y más que el chileno -esta tributación elevada se utiliza para financiar un amplio Estado de Bienestar- y que las negociaciones colectivas son centralizadas y con sindicatos fuertes y respetados. No parece tan seguro que cuando se documente más sobre el tema mantendrá esa declaración.Si así fuera, bienvenido sea.

En todo caso, aunque estos no son tiempos de optimismo, la pandemia de Covid-19 obliga a repensar las prioridades que presiden la organización de la vida colectiva, lo que ya venía en proceso de creciente cuestionamiento en Chile con el hito de gran envergadura histórica de la rebelión social de octubre-diciembre de 2019.

¿Qué se puede pensar sobre el futuro, además de lograr a la brevedad una nueva institucionalidad que nazca de la soberanía popular y consagre un cambio en las formas de gobierno hacia una democracia eficaz, descentralizada, proba, basada en un verdadero Estado de derecho al servicio de la mayoría?

¿Por qué no pensar en una nueva economía moderna y compleja orientada al bienestar equitativo y sostenible, en vez del modelo de producción depredadora de los seres humanos y de la naturaleza, de consumo desenfrenado y de inequidad estructural de orden productivo, social y de género que muestra ya un agotamiento irremediable?

Esto supone avanzar a una estrategia de reconversión productiva y de crecimiento-decrecimiento. ¿Qué es eso, se preguntarán?

Se trata de una estrategia que debe incluir un gran crecimiento de la producción de alimentos saludables, de las energías renovables, de los objetos reparables, de larga duración y de bajo consumo de energía, de los servicios a las personas y de los servicios a la producción innovadora y compatible con la resiliencia de los ecosistemas. Y que debe incentivar el decrecimiento liso y llano de la energía basada en hidrocarburos, de la alimentación industrial no saludable, de la producción con obsolescencia programada, del sobre-endeudamiento que sobrecarga el presupuesto de los hogares con intereses sobre intereses y de finanzas que lesionan a las empresas productivas, junto a servicios básicos entregados con rentabilidades monopólicas que no tienen justificación alguna y alimentan la concentración económica. Se trata de dejar de medir la actividad con un PIB por habitante que no considera el bienestar, la distribución y la sostenibilidad social y ambiental, y cuyo monto no deberá ser lo importante per se, sino su capacidad de sostener un bienestar equitativo y resiliente a lo largo del tiempo.

Deberá existir un sector de alta productividad articulado con las grandes cadenas globales, de minería o no, pero con plena captación nacional de las rentas y utilizando tecnología verde de punta, que contribuya a sostener las formas sociales de producción, empleo y subsistencia, la cobertura de riesgos sociales y las inversiones verdes que la reconversión necesitará en gran volumen.

Los instrumentos deberán ser tarifarios, tributarios, financieros y reglamentarios, con formas mixtas de propiedad, con mercados regulados y también con una amplia prestación pública de bienes y servicios al margen del mercado. Y con cadenas territoriales de abastecimientos básicos con alta capacidad de integración social y de respuesta sanitaria en los territorios, junto a ciudades eco-productivas, con transporte público de calidad y amplio espacio para el teletrabajo y la educación digital. Y con una economía que no discrimine por género ni origen social o nacional y un cuidado infantil y de los adultos mayores que saque a las mujeres de la sobrecarga inequitativa actual mediante amplias redes sociales de cuidado en cada territorio. Y con una educación que prepare con rigor a cada cual para desarrollar libremente sus proyectos de vida y promueva los valores básicos que la sociedad decida democráticamente compartir.

Economistas contra salubristas: un falso dilema

En El Mostrador

Un sondeo reciente preguntó a economistas calificados en Estados Unidos si acaso el Gobierno debía invertir más en acelerar el testeo por COVID-19 y para lograr una vacuna. Obviamente todos estuvieron de acuerdo.

El sondeo también preguntó, lo que es menos obvio, si abandonar las cuarentenas mientras permanece el riesgo de nuevos brotes de infección llevaría a un mayor daño económico. Ninguno estuvo en desacuerdo

Conclusión: los paneles de economistas que procuran atenerse a hechos razonablemente comprobables, piensan que para salvar la economía hay que hacerles caso a los expertos en salud pública y no relajar medidas hasta que no existan una serie de condiciones, a la espera de la vacuna. Entre ellas, un transporte público reacondicionado para mantener el distanciamiento y la sanitización, una mucho mayor capacidad de testeo del contagio, un gran contingente en los servicios de salud y en la salud primaria para el monitoreo de personas contagiadas sin síntomas y recuperadas y el aislamiento de las zonas de tratamiento por COVID-19 en los hospitales. En Chile, como la mayoría de los economistas trabajan para intereses empresariales, opiniones de este tipo no se expresarán demasiado y habrá solo voces aisladas planteando lo razonable.

El tema a considerar es que hay muchas incógnitas con el comportamiento de la pandemia que nos aqueja. Los científicos y los gobiernos navegan en muchos sentidos a ciegas. Pero más vale hacerles caso a los científicos, aunque también se equivoquen, pues tienen por formación el reflejo de estar abiertos a reconocer y enmendar el error, como ocurrió con el uso de mascarillas. En contraste, Trump recomendando tomar desinfectante y las payasadas de Bolsonaro están ahí para ilustrar los extremos en el desvarío de algunos gobiernos.

Retomar la actividad económica y educacional requiere de medidas sanitarias fuertes, como están recomendando los salubristas, con resistencia de la autoridad política en nuestro país y de un ministro de Salud que no se sabe si prioriza el control de la pandemia o minimizar las suspensiones de actividad. Su posición sobre la suspensión de clases fue insólita para quien ostenta esa responsabilidad.

El problema es que en la mayoría de los casos, las empresas y entidades educacionales no están en condiciones de cumplir las restricciones sanitarias a cabalidad. El riesgo de rebrotes diversos es real. ¿Cuántas personas, por temor, dejarán de ir o irán muy poco a restaurantes, centros comerciales, cines, peluquerías, talleres de reparación, y otras actividades no esenciales si se relajan en exceso las medidas sanitarias y el virus sigue circulando sin barreras suficientes? Las clínicas privadas vacías están ahí para demostrar que esa conducta de precaución espontánea estará presente en el corto y mediano plazo. Entonces no se trata solo de decretar un grandilocuente "retorno seguro" para salvar la economía.

Hay que asumir que se debe por un cierto tiempo, que puede ser largo, preservar lo esencial de los abastecimientos a la población y su logística respectiva y concentrar ahí la mantención de la actividad en condiciones rigurosas de distanciamiento físico, de testeo y de monitoreo de lugares de infección y de infectados. Y cuando sea posible, mantener o reiniciar otras actividades con alta automatización y baja concentración humana. Y desde luego aprovechar todas las posibilidades de trabajo a distancia.

Ya que el Gobierno no puso en práctica un esquema de mantención general de ingresos vía créditos y subsidios suficientes, que era lo más apropiado para evitar el derrumbe económico, y optó por un esquema de alivio tributario y crediticio que privilegia a las grandes empresas (no hay que olvidarse de quiénes son los que nos gobiernan), se plantea con urgencia el tema de un ingreso básico de emergencia equivalente al salario mínimo y hasta 500 mil pesos por familia.

Este debe cubrir a la brevedad a todas las familias que lo necesiten y mientras lo necesiten, financiado con reorientaciones de gasto público, uso de reservas fiscales y endeudamiento (por qué esto no es una catástrofe ni mucho menos, está explicado en este enlace). Esto no solo es indispensable para sostener las medidas sanitarias que no pueden funcionar si no se preserva a las familias y personas del hundimiento económico, sino que también será una condición de mantención del poder de compra para hacer funcionar las cadenas de abastecimiento básico y el empleo en ellas. El control de la pandemia y evitar el colapso de la economía van de la mano.

Moralidad cercana a cero

En Cooperativa.cl

Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), declaró: "no podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, porque después vamos a estar lamentando que la gente se muera de hambre".

Se trata de otro representante empresarial con moralidad cercana a cero. Es de esperar que, si se impone su visión, él mismo no se contagie y enferme por poner en práctica sus dichos. El virus no distingue clases sociales. Frente a él, si me cuido te cuido, si te cuidas me cuidas. Eso se llama la reciprocidad general, en oposición al sálvese quien pueda propio del individualismo primitivo, o del más sofisticado que es propio del liberalismo desde Adam Smith, que sostiene que la persecución del interés propio beneficiará al conjunto a través de una mano invisible porque funcionan los "incentivos correctos".

El tema es el siguiente: para controlar la pandemia de Covid-19 hasta que aparezca una vacuna, se requiere cuarentenas generales y parciales.

Se debe evitar el máximo de muertes, para lo cual hay que limitar la circulación del virus e impedir imperiosamente el colapso de los sistemas sanitarios. Eso trae como consecuencia la parálisis total o parcial de actividades productivas.

Esto no es contradictorio con mantener funcionando los servicios básicos, lo que de hecho se hace en todas partes, pero con las debidas protecciones. Ni con mantener actividades y servicios por vía digital. Ni con reanudar progresivamente faenas con el debido distanciamiento social.

Lo que no se puede hacer es mantener funcionando grandes centros de comercio que aglomeran gente (para allá parece que apunta el señor Soublette), ni un transporte público no reacondicionado a las nuevas circunstancias ni actividades que aglomeren gente y constituyan un riesgo para el contagio por el virus.

El costo económico de esto es altísimo e inevitable. Lo importante es que puede abordarse mediante endeudamiento, pues Chile está en condiciones de hacerlo, incluso mediante el financiamiento fiscal por el Banco Central durante un período, llegado el caso.

El apoyo público debe orientarse a mantener los ingresos de los trabajadores por al menos un trimestre y otorgar crédito a las empresas para que pasen el bache de la crisis.

Lo que es inaceptable es que los recursos públicos puestos a disposición de las empresas terminen en el escándalo del Banco del Estado encabezando el salvataje de Latam.

Si esto se está haciendo, se aludirá, supongo, el carácter estratégico de una línea aérea  con fuertes operaciones en y a partir de Chile.

Entonces en ese caso la cosa es muy simple: el salvataje debe incluir la transformación de una parte de los créditos que se otorguen en acciones de propiedad pública, para asegurar que la gestión de la empresa efectivamente incluya los intereses estratégicos del Estado chileno.

Si el gobierno neoliberal que nos rige considera que esos intereses estratégicos no existen, entonces simplemente debe dejar que Latam quiebre y otras empresas “más eficientes” ocupen su lugar. Esas son las reglas del juego del mercado, ¿o no?

Pero en realidad, estamos en presencia una vez más del "capitalismo de amigos", que en este caso controla el gobierno y cada vez más al parlamento. Ese es el Chile de hoy.