Pactos y medidas de urgencia
Es difícil pensar que la idea de Sebastián Piñera de proponer un pacto para enfrentar la pandemia y sus consecuencias en los próximos dos años, después de meses de no hacerse caso más que a sí mismo, no tenga que ver con sus crecientes dificultades. Se ha puesto ya en evidencia el fracaso de su estrategia que no puede sino calificarse de “pro-economía” frente a la pandemia en curso. El resultado ha sido la aceleración de los contagios y muertes. Las declaraciones del ministro de salud sobre el hecho que “las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero se han derrumbado como castillo de naipes” y el “navegamos en una suerte de oscuridad” han sido sorprendentes e inquietantes.
No obstante, el país necesita una acción disciplinada y coherente para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. La deliberación pública, aunque sea tardía, sobre un mínimo básico de acción colectiva es indispensable, más allá de las intenciones de Piñera. Si se produce un acuerdo, tanto mejor. Si no, por lo menos las posiciones quedarán más claras.
En este sentido, no se debe perder la esperanza de un acuerdo amplio sobre la mantención de las medidas sanitarias de protección mientras sea necesario, incluyendo cuarentenas estrictas, exámenes generalizados de los grupos de riesgo, rastreo de nuevos casos, seguimiento de la cadena de contactos y acogida de los contagiados que lo requieran en establecimientos especiales, aumentando el rol de la salud primaria, fortaleciendo el sistema sanitario y el uso de todos los establecimientos hospitalarios y clínicas sin discriminaciones, mejorando las condiciones de trabajo y protección de los equipos de salud en todos los niveles.
Es, además, urgente aumentar el apoyo a las familias sin ingresos. Se debe llevar el Ingreso Familiar de Emergencia a un nivel equivalente a la línea de pobreza para el 60% de familias de menos ingresos entre junio y agosto y aumentar la pensión básica solidaria hasta 165 mil pesos para todos los beneficiarios. El mecanismo de suspensión de empleo debe incluir la reposición total o parcial por el gobierno de los recursos de las cuentas del seguro de cesantía utilizados para este efecto y poder enfrentar los eventos posteriores de cesantía o la prolongación de la suspensión temporal de contratos.
Para financiar las medidas mencionadas se debe establecer, como han propuesto López y Sturla, una contribución de emergencia de los 6 mil súper ricos que existen en Chile por un monto de 1,5% a 3% de su patrimonio y sumar un aporte de 6 mil millones de dólares por una vez. Esta medida debe sumarse al uso de las reservas fiscales y el endeudamiento a bajas tasas de interés que hoy está disponible para Chile.
Una medida adicional de apoyo a los ingresos que rompería positivamente esquemas considerados intocables sería la de suspender las cotizaciones obligatorias a las AFP, permitir el retiro de un 30% de los fondos acumulados y concordar un nuevo sistema previsional mixto (con cuentas individuales de derechos previsionales, un fondo para garantizar un piso de pensión contributiva equivalente al ingreso mínimo y apoyar las pensiones de las mujeres, junto a un fondo de capitalización colectiva) que opere a partir de 2021.
Para impedir un agravamiento todavía mayor de la situación del empleo, se debe aumentar las garantías públicas al programa de créditos de emergencia y obligar a los bancos a atender a las micro y pequeñas empresas y otorgarles créditos a tasas no comerciales según ventas de los tres meses previos, como está previsto en la ley FOGAPE que no se cumple. Y se debe condicionar las garantías públicas a compromisos de empleo, sin retiro de dividendos (manteniendo la ley aprobada) y dejando fuera a las empresas cuyos dueños operan con paraísos fiscales. Y también condicionar la garantía pública de crédito en el caso de las grandes empresas a la entrada equivalente en el capital corporativo.
Un acuerdo para la emergencia debe rechazar, eso sí, cualquier cambio en el itinerario electoral y preparar las condiciones para un pronunciamiento seguro (incorporando el voto por correo y electrónico) en octubre próximo sobre la Convención Constituyente, pues el país no puede postergar la resolución de sus problemas institucionales.