Pan para hoy y seguridad social para mañana

En La Mirada

Tomo esta frase de algunos diputados de oposición a propósito del debate sobre el retiro del 10% de los fondos desde las AFP, contrarrestado por el nuevo plan anunciado por Sebastián Piñera. Este es el nº 8 de medidas contra la crisis, y se anunció después de una votación desfavorable en la Cámara de Diputados, presionado por su coalición de gobierno, por una gran mayoría del parlamento y por la opinión pública. Dicho sea de paso, la oposición que pactó medidas restrictivas o una reforma menor a las AFP queda de nuevo en entredicho en su voluntad de hacer retroceder a un gobierno que no tiene mayoría en el parlamento.

El actual empuje vino de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) -y de diversos otros proyectos posteriores- que desde abril planteó el retiro de una parte de los ahorros en AFP con límites y resguardos de devolución no regresiva. Este proyecto luego devino (con versiones previas en la Cámara de Diputados de devolución muy regresiva que merecían ser criticadas) en un plan más amplio de retiros, pero con un fondo colectivo y solidario de reposición empujado por el diputado Gabriel Boric, que no reunió los votos suficientes.

Piñera anunció el 14 de julio un bono de 500 mil pesos, que estaba en lo esencial incluido en el plan anterior de créditos a tasa cero a través de una cuota 100% subsidiada (de hasta 650 mil pesos, dicho sea de paso). Su universo es para personas que han visto disminuir sus ingresos, cuando esos ingresos previos se situaban entre 500 mil y 1,5 millones de pesos. Incluye a “trabajadores ocupados, suspendidos, cesantes, a honorarios y por cuenta propia que hayan sufrido una caída de 30% o más en sus ingresos formales” y “también favorecerá con montos decrecientes a aquellos trabajadores con ingresos entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales, que hayan tenido caídas de ingresos”. Como se observa, no serán pocos los documentos que tendrán que reunir las personas que quieran acceder al beneficio y las tramitaciones múltiples que van a tener que enfrentar.

Además, se insiste en la medida del préstamo, por hasta un 70% de la caída de los ingresos, en 3 cuotas mensuales, con un máximo de 1,95 millón de pesos (el anterior era de hasta 2,6 millones). Y se mantiene la postergación por 6 meses de los dividendos hipotecarios con garantía estatal. Se aplicará, como en el plan anterior, un subsidio de arriendo por tres meses para cien mil hogares, por hasta $250 mil y para arriendos de hasta $600 mil mensuales, que cubrirá hasta el 70% del valor del arriendo, para las familias que hayan tenido caídas en sus ingresos de al menos 30%. Nuevamente, muchos papeles que reunir y presentar. Y no se entiende por qué ese subsidio no se extiende, en los mismos términos, al dividendo, si la lógica es el alivio temporal del gasto en vivienda.

También se mantiene el nuevo plazo para que los estudiantes de la educación superior puedan postular a financiamientos y una postergación de hasta 3 meses del pago de las cuotas del Crédito con Aval del Estado (CAE, a UF+2% anual).

Se agregó ahora una nueva postergación de contribuciones de bienes raíces del segundo semestre, para todas las primeras viviendas con avalúo fiscal inferior a 5 mil UF, también para familias que hayan tenido caídas de ingresos, las que se van acumulando para ser pagadas en el futuro cercano.

Piñera no anunció nada sustancialmente nuevo, salvo ajustes y agregados menores. El gobierno sigue sin entender que debe y puede -mediante uso de las reservas fiscales, endeudamiento a bajo costo y un impuesto especial a los muy ricos- llevar el Ingreso Familiar a un mínimo de la línea de pobreza (170 mil pesos por persona) y establecer un subsidio de desempleo de emergencia, como no nos hemos cansado de repetir. Este debe sostener los ingresos por tres meses al menos en un nivel de 90% (y 70% para los salarios más altos) para los que han perdido su trabajo, visto sus contratos suspendidos o dejado de percibir ingresos obtenidos por cuenta propia. Este esquema es una ayuda más amplia, más consistente y más fundada para los asalariados e independientes, incluyendo los sectores medios. Pero los que gobiernan siguen aferrados al dogma de evitar que “la gente se acostumbre a vivir del Estado” (Hoffman) y a presentar buenos índices a las evaluadoras internacionales de riesgo para supuestamente mantener bajo el “riesgo-país”, que no hará más que aumentar si se hace todo para que se vuelva a una situación de rebelión social activa como la de octubre-diciembre de 2019.

Lo anunciado es de alguna manera un subsidio de desempleo que no quiere decir su nombre (y que se ha aplicado con diversa intensidad y éxito en Estados Unidos y en Europa), pero en este caso para un universo acotado y por un período breve. Recordemos que, además, las cuentas del subsidio de cesantía existente se están utilizando para financiar las suspensiones de contratos y el desempleo, con poco aporte fiscal y una caída abrupta del beneficio (que al menos se va acotar a 55% a partir del segundo mes, lo que sigue siendo muy bajo).

No se quiere entender que aliviar la situación de ingresos de las familias es una necesidad -incluyendo un retiro de fondos de AFP sin subsidios regresivos ni exenciones al impuesto a la renta que deberá tratar ahora el Senado- para evitar el derrumbe del consumo y de la demanda interna, que se agrega a la inevitable restricción de la producción por razones sanitarias y a la caída de las exportaciones por la situación que vive el mundo.

Y el mandato presidencial a los ministros para negociar la reforma de las pensiones es curioso, pues está obligado a hacerlo dado que no dispone de mayoría parlamentaria, en este caso en el Senado, en donde el proyecto sigue sin avanzar. En la Cámara se acordó por el gobierno con los diputados DC mantener el sistema de AFP tal cual, agregando una cotización adicional de 6%, la mitad de la cual iría a cuentas individuales y la otra mitad a compensar las pensiones más bajas. En el Senado, la oposición se decanta por un esquema en el que ese 6% vaya completo a un fondo de capitalización colectiva para compensación y solidaridad, pero el gobierno se niega.

El 10% de la cotización obligatoria (más el porcentaje que va a comisiones) debiera dejar de ir a las AFP y éstas solo proveer en el futuro pensiones complementarias como el actual APV de tipo voluntario. Las cotizaciones obligatorias deberían ir a pagar las nuevas pensiones y a complementar las actuales de acuerdo al registro de cotizaciones en la vida activa. Se debe pasar a la brevedad a un nuevo sistema mixto de pensiones que combine reparto -el reparto consiste en que se recauda cotizaciones y con esos recursos se pagan las pensiones definidas de acuerdo a la historia laboral de los jubilados- y capitalización colectiva para compensar las lagunas de las mujeres y del trabajo precario y para contrarrestar el cambio demográfico.

La idea errónea reiterada una y otra vez -sin apego alguno a los hechos- de que el sistema de pensiones por reparto estaría fracasado es simplemente una falacia. Se viene repitiendo desde 1981. Este tipo de sistema funciona perfectamente bien -con los ajustes necesarios frente al cambio demográfico- en muchos países, empezando por Estados Unidos y la mayoría de los europeos. Y de manera perfectamente eficiente y totalmente injusta en Chile para las Fuerzas Armadas y de Orden, por los subsidios que incluye. Por lo demás, la propia Pensión Básica Solidaria y el Aporte Solidario son en rigor una forma de reparto intergeneracional, financiado no por cotizaciones sino por impuestos.

El sistema de pensiones en Chile deberá ser uno de seguridad social, en vez del que defiende el gobierno y el gran empresariado que representa. Este sistema entrega pensiones misérrimas que el Estado debe complementar masivamente, en el que las AFP son el núcleo de un modelo de concentración de capital sustentado mes a mes por los recursos de los trabajadores. Este esquema es simplemente inaceptable para una sociedad decente.