La clase media y la crisis: tres grandes errores del gobierno
En La Mirada
La aprobación del retiro de fondos de AFP se ha planteado en nombre de la clase media. Señalemos que no involucra a las personas que no cotizan en estas administradoras por carecer de actividad formal, es decir los más pobres, especialmente las mujeres más pobres. Y recordemos que el 45% del 20% más pobre de la población en edad de trabajar no está afiliado a ninguna AFP y el 35% del quintil siguiente tampoco lo está (Encuesta CASEN, 2017). Pero sí tiene sentido para los 10,95 millones de afiliados/as a las AFP, la mayoría de los cuales tienen ingresos bajos y cuentas con pocos fondos acumulados.
Pero ¿qué es la clase media? La mediana de ingresos de los ocupados es del orden de 450 mil pesos al mes (la mitad gana más, la mitad gana menos), lo que con frecuencia se olvida. También se suele olvidar que solo el 15% de los perceptores de ingresos paga el impuesto a la renta, es decir los que ganan más de 679 mil pesos al mes. Los demás están exentos. Según el criterio que se aplique, se puede extender el universo de la clase media según una mayor cercanía o lejanía de los ingresos familiares respecto a la mencionada mediana.
Arzola y Larraín (2019) hacen una descripción de la estructura de ingresos en función de la línea de pobreza, siguiendo el criterio del Banco Mundial, que modificamos levemente para este breve análisis. Los pobres se cuantifican en este caso como los que reúnen ingresos inferiores a 417 mil pesos por hogar de 4 miembros y representarían -según la última encuesta de ingresos CASEN de noviembre de 2017- un 9% de la población. Aquellos con ingresos entre 1 y 1,5 veces esa línea (de 417 a 626 mil pesos), se clasifican como vulnerables y suman un 16% de la población. Así, pobres y vulnerables sumarían del orden de un 25% de la población. Y se encuentran, presumiblemente, entre los más afectados por la crisis y en una situación de gran precariedad cotidiana. Una proporción de ellos ha accedido al Ingreso Familiar de Emergencia o al seguro de cesantía, pero con un apoyo de emergencia que es inferior a la línea de pobreza, lo que no tiene justificación dados los recursos disponibles. Este constituye el primer grave error del gobierno en materia de apoyos económicos ante la crisis.
La clase media-baja sería aquella que reúne ingresos entre 1,5 y 3 veces la línea de pobreza (626 mil pesos a 1,25 millones) y reuniría nada menos que al 43% de la población. La clase media-alta sería aquella que reúne ingresos entre 3 y 6 veces la línea de pobreza (1,25 a 2,5 millones) y reuniría a otro 23% de la población. Así, dos tercios de las chilenas y chilenos serían de clase media, aunque no es lo mismo ganar poco más de 600 mil pesos que 2,5 millones. Presumiblemente muchos de ellos están afectados o piensan que lo estarán con el desarrollo de la crisis. Se trata de la inmensa mayoría del país.
El gobierno ha anunciado múltiples planes, incluyendo uno para la clase media, basado en créditos y postergación de pagos de créditos hipotecarios. Adquirir nuevas deudas no es una respuesta para la mayoría de las familias que ya están muy endeudadas (el endeudamiento ha sido parte fundamental del modelo económico neoliberal para ampliar el consumo de las personas de ingresos bajos y medios), ni tampoco ayuda ampliar el CAE para los estudiantes, que no harían más que ampliar su mochila. Por otro lado, postergar deudas, como el dividendo, no hace más que diferir pagos frente a un incierto horizonte futuro de los ingresos familiares. Ampliar el endeudamiento o diferir el pago de deudas tiene como supuesto la recuperación rápida (en V y no en U o en L) de los ingresos de las familias y de los empleos y remuneraciones, lo que no se avizora. Lo más probable es, desgraciadamente, que recuperación será muy lenta dada la ausencia de medidas de mantención del empleo y de los ingresos de envergadura suficiente. Frente a la caída de la producción por razones sanitarias no se ha actuado con energía para evitar la caída estrepitosa del empleo y de la demanda de consumo de los hogares por la disminución de ingresos.
En cambio, el subsidio al arriendo de la vivienda -que habría que extender de modo equivalente al dividendo – es una medida con más sentido, aunque el anunciado es de un monto muy bajo.
Así, el mensaje para dos tercios de la población ha estado muy por debajo de las necesidades y las posibilidades objetivas de mantención de ingresos. Esto es posible considerando un triple programa de financiamiento: uso de las reservas fiscales, endeudamiento a bajo costo e impuesto especial a las grandes fortunas. Este ha sido el segundo gran error del gobierno.
Los que ganan más de 2,5 millones de pesos serían el 10% de la población, aunque muchos de sus miembros no se consideran privilegiados, probablemente porque su referencia es el 1% o el 0,1% más rico, cuyos ingresos son completamente incomparables, algo así como de “otro planeta”. En realidad, del planeta de los super ricos, cuyo aporte no ha sido requerido para nada en esta crisis. Este ha sido el tercer gran error del gobierno.
En este contexto, fue adquiriendo sentido el complemento de un retiro de fondos de AFP para los que han visto disminuir sus ingresos y se volvió imparable en el sistema político, más allá de que tenga o no algún mecanismo de devolución, se exima del pago de impuesto a la renta para los ingresos más altos, se favorezca un subsidio a las futuras pensiones con el mecanismo APV o se facilite el retiro de utilidades por disminución de la reserva de los propietarios de las AFP.
Medidas legislativas adicionales tal vez corregirán estos aspectos. Pero, sobre todo, frente a la crisis, cabe mantener una mirada de conjunto y seguir insistiendo en que el gobierno debe ampliar el Ingreso Familiar hasta la línea de pobreza y establecer un Subsidio de Desempleo de Emergencia de amplio espectro, que incluya a los sectores medios.
