La insustancial cuenta de Piñera

En Observatorio de Medios

Después de la cuenta presidencial anual, queda en evidencia la ausencia de respuesta del actual gobierno a tres de los principales problemas que aquejan a la sociedad chilena.

El primero de ellos es la crisis institucional. No se observa en la cuenta nada sustantivo para mejorar el clima institucional después de lo visto en la apropiación de fondos públicos en Carabineros y el Ejército, las coimas de algunos jueces, la guerra entre los fiscales de la región de O´Higgins, la denuncia de manipulación del IPC en el INE y así sucesivamente. O para evitar con mejores sistemas de control nuevos brotes de corrupción y los conflictos de interés entre funcionarios de gobierno y actividades privadas. Parece ser que para Piñera estos simplemente no importan, visto lo del viaje a China de sus hijos empresarios, la reacción posterior y el silencio frente al no pago de contribuciones en propiedades del actual presidente.

Parece ser que para Piñera estos simplemente no importan, visto lo del viaje a China de sus hijos empresarios, la reacción posterior y el silencio frente al no pago de contribuciones en propiedades del actual presidente.

Crear una comisión dirigida por el ministro del Interior para buscar un nuevo “acuerdo nacional” no hace más que dilatar medidas drásticas contra la corrupción y los conflictos de interés, por un lado, y el rediseño global de las instituciones políticas, por el otro.

Una Contraloría General en crisis debilita el control de la legalidad de los actos de los órganos administrativos, y especialmente la ejecución presupuestaria. No se necesita una comisión para enviar con urgencia un proyecto de ley que dote a la Contraloría General de capacidades de control de todo tipo de gastos reservados y de los sistemas de compras públicas, donde se concentra la corrupción, y termine con la crisis de mando de la institución. A su vez, la sanción frente a conflictos de interés que permiten, por ejemplo, a familiares ser parte de las actividades de altas autoridades, debe aumentar drásticamente y a la brevedad.

Piñera decidió, por otro lado, dar una respuesta absurda a la caída de la legitimidad de los órganos de representación. Disminuir el número de parlamentarios suena bien a los oídos de los que, por diversas razones, aborrecen de su rol, y de paso permitiría disminuir la diversidad de la representación y favorecer a la UDI, que nunca aceptó el cambio del sistema electoral hacia una mayor proporcionalidad. Un pequeño cuerpo parlamentario aumenta las posibilidades de captura del sistema político por los intereses de las grandes corporaciones empresariales.

Las claves están más bien  en la disminución de la remuneración desmedida de los parlamentarios, la profesionalización de los sistemas de asesoría (creando en especial una oficina parlamentaria de presupuesto que sea una contraparte seria del ministerio de Hacienda para aumentar la calidad de la discusión de las leyes), el límite real a la reelección y la pérdida inmediata del cargo y del derecho a ser elegido a quienes financian ilegalmente sus campañas.

Pero lo principal es que no se aborda el problema central: Chile no posee instituciones dotadas de suficiente legitimidad, por lo que su futura prosperidad y estabilidad democrática requieren ineludiblemente de un cambio constitucional.

Pero lo principal es que no se aborda el problema central: Chile no posee instituciones dotadas de suficiente legitimidad, por lo que su futura prosperidad y estabilidad democrática requieren ineludiblemente de un cambio constitucional.

Ello fue muy mal manejado por el gobierno anterior, sin lograrse ningún avance, pero con el actual el tema simplemente desapareció de la agenda. Instituciones como los quorum calificados de aprobación de leyes y un Tribunal Constitucional activista que interfiere en las decisiones del parlamento y del poder judicial no merecieron ninguna mención en el mensaje presidencial, mientras no hubo un compromiso claro con mantener la fecha de la elección de gobernadores regionales el año próximo. La derecha en el gobierno está al debe en materia de reforma democrática a las instituciones.  Y esto tiene una explicación: su compromiso con las instituciones democráticas es en esencia débil e instrumental.

Ello fue muy mal manejado por el gobierno anterior, sin lograrse ningún avance, pero con el actual el tema simplemente desapareció de la agenda.

El segundo gran problema del país es la pérdida de dinamismo económico. Si se mide la actividad económica más reciente a través del PIB ajustado por factores estacionales, se constata que se estancó en el primer trimestre de 2019. Cayeron las exportaciones y la inversión. Solo mantuvo un cierto crecimiento el consumo, empujado por mejores remuneraciones reales promedio por la baja de la inflación, de acuerdo a los datos del Banco Central, lo que aún sostiene la demanda interna y no ha deteriorado el empleo.

En el presente año, el PIB no crecerá más de 2 a 3%, por lo que Piñera no tuvo más remedio que rebajar la proyección gubernamental de crecimiento y de paso hacer desaparecer la promesa de tiempos mejores. El hecho es que el gobierno no ofrece una respuesta suficiente al deterioro del escenario externo, lo que solo puede provenir de una política contra cíclica contundente en lo monetario (disminuyendo la tasa de interés) y fiscal (ampliando sustancialmente la inversión pública y el apoyo a la construcción y obras urbanas). La derecha en Chile no cree en ese tipo de políticas, y por tanto la economía languidecerá.

El hecho es que el gobierno no ofrece una respuesta suficiente al deterioro del escenario externo, lo que solo puede provenir de una política contra cíclica contundente en lo monetario (disminuyendo la tasa de interés) y fiscal (ampliando sustancialmente la inversión pública y el apoyo a la construcción y obras urbanas). La derecha en Chile no cree en ese tipo de políticas, y por tanto la economía languidecerá.

El tercer gran problema de Chile, y este es de carácter estructural pero no por eso menos acuciante, es la persistencia de las desigualdades, tema que apenas fue mencionado en la cuenta presidencial. En cambio, Piñera ha intentado conectar con la idea de representar a la clase media. La derecha, que representa de manera directa a las oligarquías económicas que concentran el poder en Chile, necesita dotarse de alguna legitimidad y conseguir adhesiones y votos, y hoy privilegia la idea de representar a la clase media aspiracional.

Sin embargo la realidad esencial es que los sectores medios se encuentran sometidos a relaciones laborales asimétricas y precarias en el contexto de una economía menos dinámica. Con alto costo de la educación, como en el gasto de las atenciones de salud a través de seguros privados, bajas pensiones que provee el sistema de AFP y altas tarifas que protegen a monopolios empresariales y no a los usuarios, como es el caso de los peajes de vías concesionadas y diversos servicios básicos. El programa de clase media recientemente anunuciado y reiterado en el mensaje no actúa de manera significativa en ninguno de estos aspectos.

Sin embargo la realidad esencial es que los sectores medios se encuentran sometidos a relaciones laborales asimétricas y precarias en el contexto de una economía menos dinámica. Con alto costo de la educación, como en el gasto de las atenciones de salud a través de seguros privados, bajas pensiones que provee el sistema de AFP y altas tarifas que protegen a monopolios empresariales y no a los usuarios, como es el caso de los peajes de vías concesionadas y diversos servicios básicos.

Peor aún, el compromiso adquirido con la Democracia Cristiana de permitir la cotización salarial adicional de 4% por un órgano público fue relativizado, evidenciando la incapacidad del gobierno para lograr la aprobación de sus iniciativas legales. La rebaja tributaria a los más ricos fue reiterada, lo que no contó siquiera con el apoyo del presidente de Renovación Nacional.

 La rebaja tributaria a los más ricos fue reiterada, lo que no contó siquiera con el apoyo del presidente de Renovación Nacional.

Junto a una conducción errática y acciones que evidencian una y otra vez una lógica de preservación de privilegios, estos factores son los que explican la sustancial pérdida de popularidad del actual gobierno, que la cuenta presidencial no parece haber contribuido a revertir.

Más sobre la reforma de pensiones

En Voces La Tercera

Diversas personas han vuelto a sostener en estos días que los sistemas de pensiones de reparto serían inviables, sumándose al coro neoliberal que viene diciendo lo mismo desde 1981. Esto simplemente no es cierto.

Se alude por los que argumentan esta supuesta inviabilidad que el cambio demográfico lleva inevitablemente a que menos activos deban sostener a cada vez más pasivos. Eso es cierto, pero lleva a distintas conclusiones. Los sistemas de reparto, en el que los que hoy trabajan sostienen a los que ayer trabajaron, es decir los hijos/hijas a sus padres, están obligados a ajustarse a ese cambio, como todo sistema de pensiones, por lo demás. Pero es absurdo sostener que deban inevitablemente desaparecer. Es como decir que dado que habrá más personas de edad que se enferman, entonces no debería haber más hospitales y servicios médicos para todos porque no son sostenibles para tanta gente.

Lo que habrá que hacer es invertir más en pensiones y en salud. O vivir en sociedades basadas en la ley de la selva y en el abandono de las personas más frágiles.

En el caso de las pensiones, si menos personas que trabajan producen más (es decir aumentan su productividad), entonces pueden financiar a más jubilados con la misma proporción de sus ingresos. Si la productividad no aumenta lo suficiente, deberá aumentarse esa proporción de los ingresos o deberán aumentar menos las pensiones en el tiempo o retrasar la edad de jubilación. Ajustes, desde luego. De inviabilidad, nada. De paso, señalemos que los que defienden desde distintos horizontes ampliar sustancialmente la pensión básica están defendiendo un esquema de reparto (“pay as you go”, en su denominación en inglés), solo que en vez de financiarse por cotizaciones se financia con impuestos, lo que es una buena idea, como veremos.

Los neoliberales debieran partir por constatar que hay numerosos países que o bien están locos por no hacerles caso o bien piensan que sus sistemas de pensiones con componentes de reparto son viables, sostenibles y preferibles al libremercadismo de los ahorros o a cotizaciones obligatorias y pensiones administradas por privados con fines de lucro. Para empezar, este es el caso de Estados Unidos, país que mantiene un sistema de reparto, el Old-Age, Survivors, and Disability Insurance (OASDI), creado por Roosevelt en 1935 y que los republicanos no han logrado echar abajo, por mucho que lo hayan intentado. En opinión del Nobel Paul Krugman, en Estados Unidos “la Seguridad Social no enfrenta una crisis financiera; su disminución de financiamiento de largo plazo puede fácilmente cerrarse con un modesto incremento en los ingresos”. Y así, diversos países van modulando sus beneficios de pensiones y edades de jubilación a los ingresos actuales y futuros, haciendo lo que en la jerga económica se denomina cambios paramétricos, como Canadá, Alemania, Dinamarca y una larga lista, mientras otra lista de países volvió del sistema de capitalización individual a uno predominantemente de reparto, encabezados por Polonia, o bien el caso de Suecia, que pasó a un sistema de reparto pero basado en las cotizaciones a lo largo de la vida registradas en cuentas individuales.

Sin embargo, no parece recomendable volver al sistema antiguo chileno de reparto, porque más de 20 cajas distintas que se fueron creando inorgánicamente a lo largo del tiempo no aseguraban el mismo trato a los pensionados, creando privilegios financiados por el resto de ciudadanos (como ocurre hoy con el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que cuesta un 0,9% del PIB, más que el sistema de pensiones solidarias). Y porque la cotización obligatoria basada en el salario no permite integrar a los trabajadores informales (un 30% del total) y tampoco hacer contribuir equitativamente a las personas con altos ingresos de capital. Además, la esperanza de vida de los jubilados más pobres es inferior a la de los de más altos ingresos. No existen cifras oficiales al respecto, lo que es una carencia inaceptable del sistema estadístico chileno, pero se ha estimado diferencias de hasta siete años en la esperanza de vida al nacer en comunas pobres y ricas de Santiago. Por ello, las cotizaciones de los más pobres que viven menos terminan pagando de manera desproporcionada las pensiones de los que viven más y son más ricos. Por ello estos deben contribuir más.

Un nuevo sistema debiera basarse en ingresos que financien en primer lugar una pensión básica universal que sea progresivamente equivalente a una canasta promedio de consumos de mínima dignidad para los mayores (con un gasto que pase del actual 0,7% del PIB para financiar la pensión básica y los aportes solidarios a un objetivo en una década de un gasto en pensión ciudadana de 5% del mismo, como en Nueva Zelandia). Estos ingresos deben provenir no solo de aportes salariales sino también de los otros ingresos que tributan en el impuesto a la renta. Por eso es un error solo subir, como propone el proyecto del gobierno, las cotizaciones basadas en salarios, que aunque las paguen nominalmente los empleadores en definitiva las pagan los trabajadores, especialmente los nuevos contratados, pues forman parte del costo salarial. En segundo lugar, se debe reestructurar un sistema de incentivos para ahorros para la vejez en diversos instrumentos, que incluya una entidad estatal que también pueda administrar ahorros voluntarios, terminando con el monopolio del ahorro forzoso administrado por las AFP para beneficio de sus dueños.

Así se configuraría un nuevo sistema con, en primer lugar, una pensión ciudadana universal y complementos de las actuales pensiones más bajas, financiados con el aporte obligatorio de una proporción de todos los ingresos generados en la economía. De este modo se lograría mejoras de pensiones que entren en vigencia a partir de ahora y no en 40 años más. Y, en segundo lugar, una nueva entidad estatal debiera estar habilitada, además de entidades privadas debidamente reguladas, para gestionar en condiciones competitivas los ahorros complementarios que las personas quieran realizar para mejorar sus ingresos más allá de la pensión universal, con costos de administración razonables, de acuerdo al esfuerzo de ahorro de cada cual y con premios tributarios equitativos.

Carlos Altamirano, el protagonista controvertido

En The Clinic

Lo vi por última vez hace unos meses, en un encuentro para recordar a un cercano. Ahí estaba este hombre sencillo, siempre dialogante y afectuoso al modo de los hombres de su época, en ese momento expresando amistad por el que había partido. Estaba acompañado del hijo de su mujer ya fallecida, mi coetáneo de generación, colegio, exilio, universidad y de amistades de la vida a través del cual conocí a lo largo de los años, más allá de la política, a una persona que aprendí a querer y respetar: Carlos Altamirano. Su edad avanzada no lo hacía menos lúcido en la conversación en ese encuentro, compartiendo con sentido del humor y siempre con su inteligencia desbordante.

Ese hombre ya era desde hace muchos años un mito viviente, el que tantos quisieron ver muerto y otros tantos descalificaron y siguen descalificando con odiosidad. Si, Carlos Altamirano fue tal vez la persona más odiada por las oligarquías de Chile en el siglo XX, junto a Salvador Allende y a Jacques Chonchol. Porque fue parte del más importante proceso de cambio que viviera la sociedad chilena, aquella signada por la herencia colonial y por la cultura de la hacienda, aquella a la que la generación de Carlos Altamirano puso fin, aunque lo haya hecho en medio de una tragedia seguida de una gran contrarevolución. El venía familiarmente del mundo oligárquico, con el que en algún momento de su vida rompió por la convicción que se formó de que la sociedad chilena no podía seguir siendo dominada por tan pocos privilegiados que poseían tanto en desmedro de todos. Y lo odiaron no solo por sus ideas, sino además por esa proveniencia social y por su inteligencia y capacidad polémica, siempre puesta al servicio de un proyecto de cambio hacia una sociedad más igualitaria, siempre reflexionando sin ilusiones sobre la dificultad de esa tarea a la que a sus ojos, sin embargo, no se debía jamás renunciar.

Carlos Altamirano fue un hombre íntegro, firme defensor de sus ideas igualitarias y progresistas, brillante y polémico, protagonista de una época trágica en la que se enfrentó a la derecha sin dudarlo y que supo defender siempre el carácter libertario del socialismo para reconstruirlo como opción democrática después de la derrota catastrófica de 1973 y también para criticar lo que llamó el acomodo de aquellos de sus líderes que se mostraron propensos a abandonar el proyecto de cambio en beneficio de espacios de poder.

Desde alguna izquierda se le reprocha haber tenido discrepancias con Allende, y algunos odiosos lo acusan de “haberlo traicionado”. Las discrepancias entre ambos existieron, pero desde el mismo campo político. Siempre escuché a Altamirano referirse a Allende con enorme respeto, como los amigos personales que fueron. Altamirano creía que no sería posible tener éxito en el camino de avanzar en el programa de la Unidad Popular por la resistencia implacable de una derecha oligárquica que quería una salida violenta y un enfrentamiento inexorable. Allende pensaba que ese quiebre era posible de evitar sin renunciar al programa o que, en todo caso, el no haría otra cosa que intentarlo contra viento y marea. No nos olvidemos que Allende quiso que Altamirano dirigiera el PS a partir de 1971, y no Aniceto Rodríguez, con el que tenía más cercanía política pero en el que confiaba menos. Al llegar el momento crucial de la tensión extrema de 1973, al borde del golpe, Allende tomó la opción de una salida política que implicaba llamar a un plebiscito que pensaba perdería, por lo que renunciaría y llamaría a nuevas elecciones apoyando a una figura como el general Prats, representando a un campo popular ampliado (véase al respecto la entrevista a Joan Garcés publicada en septiembre de 2018 en The Clinic). Altamirano no estuvo de acuerdo, y mandó a su segundo Adonis Sepúlveda a la reunión del viernes 7 de septiembre de 1973 en que se quebró la coalición de gobierno al no darle el apoyo al presidente parte de ella (el PS, el Mapu Garretón y la Izquierda Cristiana). Pero Altamirano testimonia que si llamó telefónicamente en las horas posteriores a Allende para manifestarle que en definitiva lo apoyaría. También Miguel Enríquez le manifestó a Allende en los días previos que no se cruzaría en ese camino. Pero todo fue demasiado tarde. Así de difícil y compleja fue la historia del mayor intento de transformaciones que viera la historia del Chile contemporáneo, con un presidente Allende a cargo del gobierno democrático y buscando a toda costa una salida política -y en la hora cúlmine prefiriendo dar su vida antes que entregarse a los golpistas- y un Altamirano que buscaba preparar a la izquierda para el embate norteamericano, de la derecha y del golpismo DC que se traduciría en la destrucción del régimen democrático, como efectivamente ocurrió. Su denuncia el 9 de septiembre de los preparativos golpistas en la Armada le son hasta hoy reprochados, cuando lo reprochable era la participación del grupo golpista de la Armada (con la muy honorable excepción de su Comandante en Jefe, el Almirante Montero) en la preparación del fin violento de la democracia chilena. Y más allá de su análisis de la situación, tampoco Altamirano, el PS y la izquierda estaban en condiciones de construir capacidades de resistencia militar contra fuerzas armadas cohesionadas en un golpe militar.

Otros criticaron a Altamirano por haber sobrevivido. O no haber muerto con Allende. Lo que Altamirano hizo fue intentar el 11 de septiembre coordinar una resistencia junto a Arnoldo Camú, Miguel Enríquez y otros en Indumet en el cordón Vicuña Mackenna, sin apoyo comunista, donde fueron cercados y debieron dispersarse hacia las poblaciones cercanas. La voluntad inicial de resistencia física al golpe fue barrida en pocas horas, no habiéndose producido una fisura militar y en condiciones en que la izquierda no tenía ya por entonces una sólida mayoría social que acompañara una huelga general de resistencia que pudiera volcar la situación. Se inició así una larga tragedia de 17 años. Altamirano tuvo que pasar a la clandestinidad después de consumado el golpe e iniciada una persecución implacable en su contra cuyo objetivo era uno solo: matarlo. Después de tres meses en una muy precaria situación de seguridad y pasando de casa en casa, hubiera sido un grave error de Altamirano tomar la decisión de seguir y quedarse hasta morir, porque eso era ofrecer un trofeo gratuito a un dictador que buscaba aniquilar a sangre y fuego a los líderes sobrevivientes de la izquierda, como ocurriría en octubre de 1974 con Miguel Enríquez y luego con las direcciones clandestinas del PS y el PC en los años posteriores. Que Altamirano muriera no tenía ningún sentido, salvo agravar la derrota y la desolación. Altamirano hizo bien en ponerse fuera del alcance de la dictadura, que de todos modos intentó matarlo no una sino varias veces en el exilio, sin lograrlo, como si fue el caso del general Prats y de Orlando Letelier, y casi el de Bernardo Leighton.

En el exilio, Altamirano fue objeto de reproches crecientes y mantuvo una relación políticamente distante con la dirección clandestina y con los llamados “elenos” asociados a Clodomiro Almeyda que fueron tomando el control del PS. En un documento de marzo de 1974, esa dirección dio un vuelco hacia un acercamiento ideológico y político con el Partido Comunista. Altamirano vio, con razón, que se ponía en juego la autonomía histórica del socialismo chileno, cuyos dirigentes, él incluido, debieron replegarse para sobrevivir a la Alemania del Este bajo influencia soviética. Finalmente, el quiebre se produjo en 1979, y Altamirano abandonó la RDA y decidió entregar la conducción del socialismo autónomo de los soviéticos a nuevas figuras, en especial a Jorge Arrate y Ricardo Núñez. Se retiró del primer plano, consciente de que su figura contribuía ya más a la polémica que a la reconstrucción de una alternativa de izquierda después de una derrota tan profunda. Fue muy consistente con esa postura en las décadas que siguieron. Pero no es justo decir que se le debe admirar por retirarse del primer plano, sino por la persistencia de sus ideas antioligárquicas y de búsqueda de una sociedad igualitaria y libertaria, como las que expresó en su carta al congreso de unificación de 1990. Fue uno de los primeros dirigentes de la izquierda chilena, y ciertamente el primero de su generación, en manifestar la necesidad de adherir a la causa feminista, de respetar la diversidad sexual y de tomar en serio el tema de la destrucción del medioambiente. Altamirano siguió influyendo para que el socialismo definiera a la democracia como el espacio y límite de su acción y siempre se mantuvo vinculado a la conversación política con diversas figuras del socialismo y de la política chilena. Nunca abandonó sus lances polémicos y en un evento en Rancagua en mayo de 2011 en el que lo acompañé, ante la pregunta de “qué es el socialismo hoy”, contestó: “todo lo contrario de lo que hacen los socialistas hoy en Chile”.

Altamirano, a pesar de su avanzada edad, seguía participando en algunas actividades, especialmente con sus compañeros de 1971-1973 (en estos días había aceptado feliz una invitación a un asado por parte de Hernán Coloma, que no alcanzó a concretarse) aunque siempre se mantuvo reacio a asistir a eventos partidarios. En uno de ellos, citado para otro propósito, tuve la ocasión, en 2004, como presidente del PS, de rendirle un homenaje en la sala de la ex Cámara de Diputados, resaltando su rol en la historia del socialismo chileno y su coraje político y personal. Fue un momento de emoción para él, creo, y para todos los presentes en la sala, que le brindaron un prolongado aplauso. Y para mí también fue un privilegio haber podido, en un rol institucional de representación de los socialistas, hacer un reconocimiento que Altamirano ya no esperaba, como me lo dijo.

Valgan estas palabras escritas al calor de la emoción en el momento de su partida como una reiteración del reconocimiento a un hombre que marcó su época y nos deja el legado, más allá de las circunstancias trágicas que le tocó vivir, de un ejemplo de entrega, que nunca abandonó, a la causa de una sociedad más justa. Este hombre del siglo XX, preocupado por los temas del siglo XXI, manifestó al final de su vida, en lo que muchos nos reconocemos, que “el movimiento de izquierda no puede ni debe morir. La izquierda ha sido y es la manera social y humanista de hacer historia, de mirar el mundo, de orientarse hacia el futuro”.

La discusión de fondo: el modelo de sociedad

En Voces La Tercera

El gobierno de Sebastián Piñera logró la aprobación de la idea de legislar en materia de pensiones, como antes pudo hacerlo en materia de contrarreforma tributaria. Pero no está en condiciones de obtener la aprobación de muchos de los contenidos específicos de esas legislaciones. A la vez, no parece estar verdaderamente dispuesto a pactar contenidos que satisfagan a las partes de manera formal. Prefiere, por lo que se observa, regatear cada coma, enrareciendo todavía más el clima político y también el económico. Es cierto que con esto logra dividir a la oposición en el día a día, lo que no es poca cosa, pero los actores de la política, la sociedad y la economía no pueden recibir señales gubernamentales de tergiversación e improvisación permanentes. A esto se agregan una y otra vez señales de confusión de la función presidencial y gubernamental con los negocios, en medio de la impresionante serie de descubrimientos de actos de corrupción en casi todos los cuerpos del Estado. El gobierno debiera asumir que hay una crisis de las instituciones y de la ética pública. Y al mismo tiempo hacer una contribución definiendo qué va a hacer para detener la sangría del prestigio de las instituciones y en qué puede hacer avanzar su agenda y en qué no, dadas las realidades parlamentarias y sociales que enfrenta. Y así procurar no exacerbar el clima de conflicto y tergiversación que ha creado por sus idas y venidas en materia económico-social y por su ausencia de postura firme y clara en materia de desvíos de fondos del Estado y de conflictos de interés.

En vez de eso, el gobierno trata de convencer a la opinión pública que sus opositores en el parlamento y la sociedad a sus reformas son obstruccionistas e incluso, lo que es un despropósito manifiesto, poco patriotas. Debiera reconocer que simplemente la oposición cumple su función en una democracia al representar a quienes los eligieron para legislar y defender sus ideas e intereses. El ejecutivo fue electo por los ciudadanos y legítimamente trata de empujar su programa de liberalización económica y educacional, tributaria y laboral. Ese es su credo, el del Estado mínimo y el mercado máximo y supuestamente el de la libertad de opción (salvo poder autodeterminar su propia conducta en tanto no se dañe a los demás y escoger el tipo de régimen político y económico en el que queremos vivir, eso si que no, lo que es una bomba de tiempo que la derecha no quiere asumir). Pero se olvida el gobierno que también los parlamentarios fueron elegidos y que no cuenta con una mayoría automática entre ellos. Así funciona ese antiguo invento institucional que se llama la separación de poderes, que se traduce en que el que gobierna no puede hacer lo que quiera, lo que siempre será una buena noticia. En eso estamos.

Más allá de la contingencia, existe una discusión de fondo no resuelta y un dilema político de envergadura. La mayoría social, contrariamente a lo que muchos quisieran creer, no parece estar dispuesta a adherir a un sistema de pensiones que funciona como un negocio privado y entrega muy bajas jubilaciones. Aspira más bien a uno que permita una tasa de reemplazo razonable de los ingresos de la vida activa previa a la jubilación y un ingreso básico en la vejez para los que han estado desconectados total o parcialmente del empleo formal y continuo, con ingresos bajos e irregulares. Tampoco la mayoría parece adherir a seguros privados de salud que “no se pueden dar el lujo” de hacerse cargo de la enfermedad y hacen imposible un seguro público bien financiado, ni a relaciones laborales precarias y asimétricas en jornadas extenuantes, ni a ciudades y comunas sin bienes públicos suficientes ni al deterioro del aire que respiramos y al desarreglo del clima y de los diversos ecosistemas.

La mayoría social aspira, como en todas las sociedades contemporáneas, a tener un trabajo decente y recibir retribuciones que le permitan consumir bienes y servicios al menos suficientes y en condiciones de cierta igualdad de acceso. Así, un primer clivaje que persiste y viene de muy atrás -lo que no tiene nada que ver con el relato de la “modernización capitalista” que la izquierda no entendería-es que los que viven de su trabajo aspiran a condiciones laborales estables, no arbitrarias y equitativamente remuneradas, lo que supone limitar el poder económico para que ellos y los que sobreviven en los márgenes de la sociedad puedan alcanzar niveles básicos y decentes de consumo. En Chile lo nuevo es que ese consumo ha aumentado conforme han aumentado los ingresos, aunque mal distribuidos, a lo que se agrega que ese consumo no debe ser incompatible con la propia salud y sobre todo con la del planeta, lo que supone políticas de intervención para estos fines que los defensores del liberalismo económico no aceptan sino a regañadientes. 

Además, y aquí está el segundo clivaje fundamental, las mayorías aspiran a un sistema de protección social que cubra los principales riesgos y logre una disminución general de las desigualdades de derechos y oportunidades y de la precariedad de los que viven de su trabajo. Esta es la base económica y sociológica de las transformaciones que, con mayor o menor pericia y logros de largo plazo, defienden la izquierda y el progresismo de distintas maneras en todas partes. Y en Chile de manera bastante confusa de un buen tiempo a esta parte, lo que da un aire a un gobierno de Sebastián Piñera que de modernizador no tiene nada.

El capitalismo hoy globalizado reproduce todos los días los mencionados clivajes con sus secuelas de desigualdad y depredación de los ecosistemas y por la misma vía recrea las condiciones para su posible superación. En tanto haya, claro, alternativas políticas creíbles para hacerse cargo de esa superación, lo que por el momento no parece estar demasiado a la vista y le permite a la derecha seguir con la ilusión de que ganar tiempo en su pretensión de mantener privilegios insostenibles es lo mismo que resolver los problemas de fondo de la sociedad chilena.

La reforma a los seguros de salud se queda a medio camino

En Voces La Tercera

Chile vive una importante paradoja: los indicadores comparativos de la salud de su población son muy buenos, y al mismo tiempo las encuestas reflejan un alto descontento con los sistemas de acceso a la atención sanitaria pública y privada. Esto probablemente explica que todos los gobiernos recientes hayan debido poner en agenda reformas a las políticas de salud, ya sea en materia de seguros públicos y privados, de construcción de infraestructura hospitalaria y primaria y de dotación de personal en el sector público. El actual gobierno no es la excepción y ha presentado su propio plan, centrado en los seguros, en contraste con el anterior gobierno, centrado en la construcción de hospitales. Pero no debe olvidarse que las claves son de largo plazo: las políticas de salud primaria y la acción contra la desnutrición infantil y las enfermedades infecciosas desde los años 1950 y 1960, los sustanciales avances en las condiciones sanitarias de las viviendas desde 1990 y los reforzamientos sistemáticos de los equipos de salud y sus condiciones de trabajo en los diversos niveles de atención desde entonces.

Si se considera la esperanza de vida al nacer en el continente latinoamericano, que es el más importante indicador sintético del estado de salud de la población, tres países destacan sobre el resto, según los datos para 2018 de la Organización Mundial de la Salud: Costa Rica (80,2 años), Cuba (80,1 años) y Chile (79,9 años). Es importante subrayar que el ingreso por habitante de estos tres países es muy diferente, es decir, respectivamente, de 14.6 mil, 7.5 mil y 21.9 mil dólares por habitante a paridad de poder de compra en 2017, según los datos del PNUD. Siguen en la lista Panamá (78,4 años) y México (77,5 años) y más atrás, pero con dos y tres años menos que Chile, Uruguay (77,8 años), Argentina (76,9 años) y Ecuador (76,8 años).

Que el ingreso promedio vaya de uno a tres en los tres países más exitosos en materia de salud en el continente pone en evidencia la importancia de las políticas para hacer la diferencia en este importante aspecto del bienestar humano y de la prosperidad efectiva de las sociedades. Un ejemplo inverso es el del país de mayor PIB por habitante del continente, dada su riqueza en hidrocarburos, Trinidad y Tobago, que ostenta una de las más bajas esperanzas de vida al nacer (70,9 años). La conclusión es clara: los recursos son importantes, pero más importante es cómo se utilizan y distribuyen y qué políticas prevalecen.

Es importante destacar lo que viene ocurriendo con uno de los países más ricos del mundo en términos de PIB por habitante. En Estados Unidos, caso único entre los países de altos ingresos, la esperanza de vida al nacer ha empezado a declinar en los últimos tres años, luego de un incremento sistemático desde 1918. El indicador alcanzó en 2018 solo 79,7 años, una cifra inferior a la de Chile, pero con un PIB por habitante que más que duplica el nuestro. Las “muertes por desesperación” en Estados Unidos, como las califica el Nobel de economía Angus Deaton, es decir la epidemia de aumento de los suicidios y de las muertes por sobredosis de drogas, explican esta situación, en un contexto en que la cobertura de seguros sigue dejando fuera a millones de norteamericanos. El contraste con el vecino Canadá (82,7 años de esperanza de vida al nacer) es notorio, país en el que la desigualdad es menor y existe un seguro universal de salud para los tratamientos médicamente necesarios, para no hablar de los sistemas públicos de salud de Europa, con resultados mucho mejores que los de Estados Unidos. Es ahora también el caso de Chile.

Pero nuestro país debe seguir avanzando hacia las mejores prácticas, porque todavía estamos lejos de ellas. La reforma recién anunciada lo hace, pero demasiado poco. Esta define, junto a un incremento de algunas coberturas de Fonasa de libre elección, un plan único de plazo fijo y copago de 20% en todas las prestaciones de las Isapres. Se avanza en regular algunos aspectos de un mercado discriminador, opaco y con asimetrías de información sistemáticas en detrimento de los usuarios, regulaciones a las que hasta aquí la derecha parlamentaria (y los diversos defensores de los seguros privados más allá de ella, pues no olvidemos que las Isapres también han tenido un sistema de cooptación de ex funcionarios de la Concertación), se había opuesto en las diversas reformas previas. En efecto, se propone terminar con la declaración previa de salud y se establece tanto un esquema de compensación de riesgo como un sistema de techo de pago familiar anual máximo de 40% del ingreso, cuya articulación con el sistema AUGE-CES habrá que conocer con más detalle.

El problema principal es que se seguirá diferenciando el precio del nuevo plan único por edad y enfermedades previas y seguirán pagando más los que más necesitan atenciones de salud. Esto desde luego mantendrá los litigios judiciales a propósito de lo justificado o no de las alzas del plan. En suma: nada de salir del principio de que quien se enferma asume la mayor parte del costo de su enfermedad, o bien no recibe atención adecuada en un sistema público que seguirá concentrando la mayor parte de población con mayores riesgos (personas de edad y/o con enfermedades previas) y con menos recursos, aunque como vimos el sector público produce buenos resultados acumulados atendiendo al 80% de la población gracias a sus mal pagados equipos de salud. En los países que garantizan la atención de salud es al revés: opera el principio de solidaridad a lo largo del tiempo según el cual todos, mediante las cotizaciones e impuestos, empezando por los más sanos y más jóvenes, financian a los que en un momento dado están enfermos.

¿Será mucho pedirle a la oposición que proponga un seguro común para cubrir financieramente las prestaciones de ese plan único de atenciones médicamente necesarias para toda la población y sin discriminaciones, como propusimos parcialmente en el gobierno de Lagos solidarizando el 3% de la cotización obligatoria y que el parlamento dominado por la derecha echó abajo? ¿Y que los copagos de bolsillo sean solo para algunas prestaciones y contingentes al 10% del ingreso? ¿Y que los seguros privados sean solo complementarios y no reciban cotizaciones obligatorias sino que estas vayan al seguro común universal, y no solo al de las Isapres? ¿Y que el conjunto del sistema privilegie la prevención y la detección temprana con exámenes periódicos obligatorios y se promueva las conductas y la alimentación saludables, que son la clave para contener la carga de enfermedades en una población sedentaria y que envejece?

Esto supone buscar nuevas formas de financiamiento, como extender la cotización salarial del 7% al resto de los ingresos para financiar adecuadamente el seguro común, en un país en el que el 30% del trabajo asalariado es informal y en el que los ingresos del capital superan con creces los del trabajo. Un buen sistema de salud universal no es gratis, más aún es bastante caro, pero vale la pena avanzar (por ejemplo tomando lo mejor de esquemas como el británico, el francés o el español), especialmente si la contribución de cada cual es equitativa y si las prestaciones van a todos quienes las necesitan. No hay nada que iguale más a los seres humanos que la enfermedad y el acompañamiento médico, frente a la cual todos merecen, independientemente de su condición social y en el contexto de los recursos de los que dispone la sociedad, una atención digna.

El nuevo relato de la derecha

En Voces La Tercera

Se ha conocido una reseña de un texto de Andrés Allamand sobre el porvenir de la derecha y la necesidad para ese sector político de tener un nuevo relato. Desgraciadamente Allamand sigue forzando el trazo con las ideas del progresismo cuando afirma que este “combat(e) los establecimiento emblemáticos" o bien pretende que "se obligue a (los) hijos a asistir a colegios con insuficientes recursos" y otras afirmaciones de evidente mala fe, sin ánimo de ofender a la fe. El mundo progresista, con mayor o menor pertinencia, no ha hecho sino constatar cosas como que las desigualdades de ingresos han disminuido muy poco y que permanecen entre las mayores del mundo. Y también constatar discriminaciones sociales, de género, de orientación sexual y étnicas que configuran una ausencia generalizada de igualdad de oportunidades en la sociedad chilena. El privilegio de la cuna o del acceso sigue determinando las historias de vida de la mayoría. Las vidas cotidianas están marcadas por la precariedad de los empleos, el sobre-endeudamiento, servicios públicos infra-financiados y discriminaciones constantes. Este es un diagnóstico de falta de oportunidades objetivas, que produce un malestar subjetivo, a pesar de los esfuerzos realizados, los que por tanto deben ampliarse. Y señalar que la falta de avance se debe en gran parte a una democracia limitada. De muestra un botón: el despliegue de una mayoría de derecha en un Tribunal Constitucional militante que no solo se impone sobre los legisladores sino también ahora sobre la Corte Suprema. Inaceptable para cualquier demócrata, como la persistencia de los quórum de aprobación de leyes orgánicas y reformas constitucionales. Dicho sea de paso, el malestar con el gobierno actual, a un año de su exitosa elección y de la división y derrumbe del progresismo, es creciente. 

Da la impresión que esta dimensión es lo que preocupa a Andrés Allamand, que aboga por una nueva empatía de la derecha "con la clase media" para asegurar su futuro político. Postula que debiera ser el adalid de la igualdad de oportunidades para seducir a la clase media y llevar la bandera de la “ampliación de oportunidades”. 

Lo primero lleva a esta idea torpe de "emparejar la cancha", a la que entran actores desnutridos a competir con agentes económicos y sociales de gran poder. Con la consecuencia que a la mayoría le va bastante mal. El progresismo y la izquierda son históricamente en esto más creíbles, pues proponen cambiar de cancha. La idea alternativa de la igualdad efectiva de oportunidades (apoyada en una sólida literatura contemporánea en materia de criterios de justicia,) va mucho más allá y propone cambiar la cancha neoliberal del mercado máximo y del Estado mínimo. 

Este enfoque postula, en primer lugar, un cambio radical en la condiciones de inicio de la vida y una educación universal, no sexista e inclusiva en vez del elitismo de clase para que al menos la aspiración a la autonomía y al acceso a diferentes posiciones sociales se acompañe de herramientas. En segundo lugar, postula una economía desconcentrada con más bienes públicos, que preserve y amplíe los bienes comunes y una más equitativa y eficiente distribución del ingreso entre trabajo y capital, junto a una redistribución de los riesgos que cubra las principales precariedades de las clases medias y populares (desempleo, enfermedad, accidentes, vejez). A nada de esto ha estado dispuesta la derecha en Chile y ahora busca un sistema de “clase media protegida”. ¿Y los demás qué? Un verdadero enfoque de seguridad económica tiene, para simplificar, componentes socialdemócratas, pero va más allá y reflexiona hoy sobre lo indispensable de un ingreso básico universal, que empiece con los jóvenes para que puedan formarse adecuadamente y las personas de edad para una vejez digna. Y que en futuras etapas, frente a los cambios que se avecinan en el mundo del trabajo, se extienda al resto de los ciudadanos. Los recursos hoy permiten plantearse este objetivo de igualdad de condiciones básicas de existencia, con la debida prudencia, gradualidad y consideración de nuestra situación de país periférico e inestable. Pero cabe indicar cómo válido un proceso que amplíe la igualdad efectiva de oportunidades a una esfera de derechos comunes garantizados. Por su parte, la derecha no hace más que ofrecer algo de políticas sociales que no contradigan la concentración del capital, por la sencilla razón de que es su directa representación política. En Chile, llega a niveles extremos, que un par de leyes antimonopolio no va a revertir. Solo lo podrá hacer una regulación apropiada en una economía mixta sostenible y competitiva, basada en el conocimiento y la diversificación productiva. Y desde luego sin Isapres ni AFPs que tengan el monopolio estatal de las cotizaciones ni evaluaciones ambientales de proyectos concebidas para eliminar molestos “lomos de toro”. El economicismo de la derecha y el medioambiente nunca han ido muy de la mano. Allamand no menciona el tema, al menos en el resumen. Dicho sea de paso, ¿alguien se ha preguntado cuántos atropellos adicionales habría sin lomos de toro? 

La derecha no es tampoco creíble en el segundo tema, el de "la ampliación de oportunidades" en el mundo económico incierto de hoy. Políticas económicas basadas en choques de oferta desreguladores, con la presunción de que los empresarios invertirían más y crecerían mágicamente el empleo y el bienestar, no son más que quimeras ("economía vudú"). Véase como va la economía en Chile hoy. La política de oferta que importa es la política industrial, como la que permitió aumentar sustancialmenye su prosperidad a diversos países asiáticos, junto a formar a su gente en tecnologías avanzadas y en especializaciones con alto valor agregado, junto a promover masivamente la investigación y desarrollo y la innovación. En Chile, la obviedad de promover activamente y con sentido estratégico las nuevas energías renovables y la electro-movilidad encuentran, por ejemplo, la oposición de una élite política y económica dogmática e incompetente para una tarea de este tipo, que mantiene el ridículo 0,36% de gasto en I+D sobre el PIB (¿Israel?: 4,5% del PIB; ¿Corea del Sur?: 4,6%). Es cierto que este dogmatismo también logró ser parte de gobiernos de centro-izquierda, con muy malos resultados en Bachelet I y II. Una recomposición del progresismo tiene como tarea impostergable dejar atrás la penetración de ideas neoliberales y reemplazarlas por las de crear un Estado estratégico competente y activo, que promueva la innovación sostenible y mantenga mercados competitivos donde corresponde pero restrinja su ámbito de incidencia en la vida social. Y alejado también de la quimera de la centralización económica, que tampoco es una política que conduzca a ninguna parte, en este caso a la prosperidad compartida y sustentable. 

La derecha, por último, tampoco tiene mucho que mostrar en su relato sobre la lucha contras las discriminaciones y por los derechos de la mujer, aunque se haya producido la evolución de algunos desde el conservadurismo cerril, porque simplemente no está en su ADN autoritario y patriarcal. Basta recordar su conducta en el tema del aborto por tres causales y tantas otras batallas culturales.

Pero, en definitiva, el texto de Andrés Allamand termina apelando a lo de siempre, a aquello en lo que la derecha si es creíble y competente: azuzar las pulsiones autoritarias de los individuos, sus fobias contra la diferencia y el miedo al desorden. Ese sí es su ADN, y logra resultados, como recientemente en Brasil en una versión muy extrema. De ahí la frase en el texto de Allamand: las personas "están incluso dispuestas a renunciar a sus prerogativas personales para que las políticas públicas antidelincuencia sean efectivas". Esto es, debe uno entender, limitar las libertades, incluso a los menores de edad. Otra vez la derecha retratándose a sí misma, aunque haga esfuerzos “de relato” en un sentido contrario.

Posteo sobre la reforma tributaria

Fui crítico de la reforma tributaria de 2014, porque iba a recaudar poco, no tocaba la recaudación minera, recargaba y complicaba la tributación de las empresas y aliviaba la de sus dueños, lo que es una mala lógica económica, y aumentaba primero que nada impuestos a consumos masivos. Pero la contrarreforma es peor.

Aplicando su mayoría, sería razonable que la oposición condicionara la idea de legislar, como lo ha venido haciendo con variados argumentos, si en especial:
- se vuelve a la reintegración total de la tributación de las empresas como crédito en el impuesto a la renta pero se aumenta la tasa marginal del impuesto global complementario (volviendo al 50% de 1990 desde el 35 actual, cuya rebaja sucesiva nunca tuvo justificación y fue aumentando la regresividad del sistema), se tributa las ganancias de capital y no se aplica la depreciación;
- se alivia el impuesto a las herencias de las clases medias en activos productivos y se aumenta sustancialmente el de las grandes fortunas en vez de excluir los activos en el exterior;

- se mantiene el límite de 2 mil UF para el cobro de IVA a la compra de viviendas, se alivia el IVA a medicamentos, alimentos sanos y cultura y se amplía la tributación a las emisiones contaminantes móviles y fijas;
- no se diluye las normas antielusión;
- se aumenta impuestos locales y regionales como las patentes mineras y el impuesto territorial a las propiedades de muy alto valor, aliviando el cobro a personas de edad de bajos ingresos, junto a la tasa de la patente industrial y comercial a las empresas de muy alto capital.

Si el gobierno insiste en aliviar la tributación de los ricos, entonces no quedará sino votar en contra de la idea de legislar. ¿Por qué razón la oposición debiera aprobar reformas tributarias que significan un retroceso? Eso no es obstrucción, es claridad de propósitos e independencia del poder económico representado por el actual gobierno.

Posteo sobre la idea de educación pública de excelencia

Hoy una columna de Arturo Fontaine y Sergio Urzúa defiende apasionadamente la "educación pública de excelencia". Solo que en base a la selección por "alto rendimiento" y "agrupando al alumnado según sus habilidades, conocimientos y aficiones". Sostienen que dado que un 7,1% del 25% de familias más pobres alcanza el rendimiento promedio del 25% más rico en la prueba PISA, ahí debiera apuntarse en prioridad en la política pública. No hacerlo lo llaman "desdén por la excelencia".

El cultivo de la excelencia es fundamental, y no es incompatible con la diversidad en la sala de clases. La inversa también es cierta: agrupar a los de mejores notas en la infancia no es garantía de "mejor rendimiento" y menos de preparación eficaz para la vida, que es el verdadero parámetro de la excelencia. A ello no es ajeno que en Chile los colegios particulares pagados obtengan muy poco rendimiento de sus alumnos aventajados, muy por debajo del promedio internacional de la prueba PISA, y mucho menos que los asiáticos, por ejemplo.

Aquí estamos ante una falacia. ¿Quién podría no estar de acuerdo con reforzar la excelencia? La pregunta pertinente es: ¿para quién y cómo? ¿Por qué no para todos, o al menos para el máximo posible, lo que es mucho más que el 7,1% del 25% más pobre? Algunos sostienen que la excelencia se logra con mucho mayor disciplina y exigencia, lo que comparto. Pero siempre que agreguemos estimular también la creatividad y los intereses diversos de cada niño/a y joven, sin imponer patrones de éxito y seleccionando (más bien especializando vocaciones) en la etapa final en la escuela y en el acceso y evolución en la educación superior, y con criterios variados y no solo por las notas.

Muy bien, ese es el objetivo. Pero siempre habrá quienes tengan más dificultades, vidas familiares y personales con más problemas y/o bajos capitales culturales de inicio. ¿Hay que dejarlos abandonados? Los que así piensan no debieran después quejarse del incremento de la delincuencia, pues está demostrada la alta incidencia de la pobreza infantil y de la educación precaria en posteriores conductas antisociales. ¿O la idea es a lo más orientarlos a carreras supuestamente técnicas? ¿Qué pasa con los recorridos de vida en los que tantas personas de "bajo rendimiento" escolar y de infancias difíciles, con su socialización y esfuerzo posterior construyen horizontes positivos para sí mismos y su entorno?

Y sobre todo, ¿qué pasa con la experiencia de la diversidad, con la empatía humana y social, con el compartir con el distinto, con una sociedad no fragmentada en guetos sociales? Ni una palabra. En nuestra opinión, un factor de "rendimiento" es también aprender a convivir con los demás, lo que ayuda a lograr una educación integrada con alumnos de diversos rendimientos y capitales culturales. Pero estos columnistas, como tantos otros, no pueden salir de la pulsión del "vivir entre si" y del mundo del privilegio. Por sobre todo, nada de mezclarse con gente de otra condición social. ¿No seguirá rondando por ahí Andrés Bello con su idea clasista según la cual “el círculo de conocimiento que se adquiere en estas escuelas erigidas para las clases menesterosas, no debe tener más extensión que la que exigen las necesidades de ellas… lo demás no sólo sería inútil, sino hasta perjudicial (…) se alejaría a la juventud demasiados de los trabajos productivos” (1836)?

Violencias en la historia y peticiones de perdón

En Voces La Tercera

El gobierno mexicano dio a conocer el 26 de marzo una carta al rey español en la que plantea “hacer una revisión de nuestra historia, pedir perdón por los agravios a pueblos originarios y buscar la reconciliación nacional. No habrá confrontación con ningún gobierno”. El presidente López Obrador señaló que la conquista se hizo con la “espada y la cruz”, que hubo “matanzas, imposiciones” y que “se edificaron las iglesias arriba de los templos”. El gobierno de México defiende su postura aludiendo a que en 2018, sin ir más lejos, Canadá pidió perdón a la comunidad judía por haber rechazado un barco con refugiados en 1939, Francia ofreció disculpas por las torturas y desapariciones forzadas en Argelia entre 1954 y 1962 y Gran Bretaña pidió perdón a 12 países del Caribe por el maltrato que recibieron sus ciudadanos después de la segunda guerra mundial.

El gobierno de España rechazó de manera cortante la petición diciendo que “la llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”. El inefable Vargas Llosa señaló que López Obrador debía pedir perdón a sus pueblos originarios que siguen siendo discriminados, lo que es otro tema, también muy importante, pero otro tema, como lo es el de la intensa violencia que provoca el narcotráfico. El colofón del nacionalismo con tintes coloniales lo puso de manera lamentable el escritor español Arturo Pérez Reverte: “Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza”.

Lo que parece olvidar Pérez-Reverte es que muchos de los crímenes de la colonización fueron denunciados por españoles ya en su época, como lo ejemplifica lo declarado por la orden de los dominicos en Santo Domingo tan tempranamente como en 1511: “Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes, que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados, sin darles de comer y curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis, por sacar y adquirir oro cada día?”. O lo escrito por Bartolomé de Las Casas unos años después: “súbitamente se les revistió el diablo a los cristianos e meten a cuchillo en mi presencia (sin motivo ni causa que tuviesen) más de tres mil ánimas que estaban sentados delante de nosotros, hombres y mujeres e niños. Allí vide tan grandes crueldades que nunca los vivos tal vieron ni pensaron ver». O por Diego de Landa: “hicieron en los indios crueldades inauditas pues les cortaron narices, brazos y piernas, y a las mujeres los pechos y las echaban en lagunas hondas (cenotes) con calabazas atadas a los pies; daban estocadas a los niños porque no andaban tanto como las madres, y si los llevaban en colleras y enfermaban, o no andaban tanto como los otros, cortabanles las cabezas por no pararse a soltarlos. Y trajeron un gran número de mujeres y hombres cautivos para su servicio con semejantes tratamientos”.

En este sentido, la reacción de la corona y el gobierno español no hace honor a sus propios compatriotas que denunciaron desde el primer momento los crímenes de los conquistadores y llevaron a la corona a instruir en el siglo XVI la protección de los indígenas, lo que resultó letra muerta frente a la frenética búsqueda de oro y riquezas a cualquier precio, cuyas consecuencias violentas no merecen disculpa moral alguna.

La furia destructiva buscó, además, hacer desaparecer a las culturas prehispánicas. Tal vez el crimen cultural más repudiable, y hubo muchos, fue la destrucción de los manuscritos mayas por la Inquisición. El 12 de julio de 1562, códices y libros mayas (27 según la Inquisición) y aproximadamente 5000 figuras religiosas diversas fueron quemados. Solo tres libros originales con escritura maya y probablemente fragmentos de un cuarto sobrevivieron a la colonia. El propio Popol Vuh no es sino una reconstrucción imperfecta.

Estas conductas no consistieron en “traer la civilización a tierras bárbaras”, sino traer la barbarie -con la codicia, el afán de poder y el fanatismo religioso como impulsos- a tierras que tenían sus propias civilizaciones, en muchos sentidos más avanzadas que muchas de las europeas y con prácticas cuestionables a ojos modernos como toda construcción histórica.

Estuve el año pasado por razones académicas en Puebla y tuve la ocasión de visitar Cholula y Tlachihualtépetl, el basamento piramidal más grande del mundo. La apariencia actual de la gran pirámide es la de un cerro en cuya cima se encuentra… una iglesia católica construida en 1594, después de tres intentos de los españoles a lo largo de décadas por destruir la impresionante construcción prehispánica. Y en el museo del lugar se puede uno enterar de la matanza de Cholula, ataque realizado por las fuerzas de Hernán Cortés en su camino a México-Tenochtitlán en 1519, luego de reunir en la plaza a las autoridades y la población y asesinar a mansalva de 5 a 6 mil cholultecas desarmados en menos de seis horas, como represalia a la sospecha de una emboscada. Así se fue desplegando la invasión española, en medio de intrigas, engaños y una violencia que perduró por siglos. Que en México Hernán Cortés no tenga monumentos o calles parece bastante explicable.

Así, el colonialismo europeo no puede sino ser caracterizado como lo hace el historiador Sven Beckert (Empire of Cotton, 2015): “unieron el poder del capital y el poder del Estado para forjar, con frecuencia de modo violento, un complejo productivo global”. Esto incluyó “la esclavitud, la expropiación de pueblos indígenas, la expansión imperial, el comercio armado, y la proclamación de soberanía sobre personas y tierras por empresarios”, lo que lleva al autor a denominar este sistema como “capitalismo de guerra”, que duró hasta la producción de masa del capitalismo industrial en el siglo XIX. El efecto demográfico fue devastador (la población en América Latina pasó de unos 60 millones a la llegada de los españoles a menos de la mitad en el último tercio del siglo XVI), agravado por el efecto de la importación de gérmenes y enfermedades (viruela, sarampión, tifus). Según el historiador Ruggiero Romano (2004), la apropiación de la tierra y sus recursos por los colonizadores se combina con “la concesión, igualmente gratuita, del derecho a reclutar mano de obra forzada (esclavitud india, encomienda, indio de repartimiento)” y excepcionalmente trabajo libre con “no pocos límites (retención pura y simple del salario, deuda de los trabajadores, salarios pagados en especies)”. La herencia del dominio colonial y luego oligárquico sobre los recursos explica en importante medida que los países con mayor desigualdad en la distribución de los ingresos se encuentran en América Latina.

Eso es lo principal de la historia colonial. Incluyendo a Chile, país en el que la resistencia le costó mutilaciones y torturas cuando no la vida a miles de mapuches y a sus jefes. Y que llevó a la muerte, caso único en el continente, a dos gobernadores españoles, hasta que la corona pactó y reconoció un territorio autónomo mapuche al sur del Bío-Bío después de un siglo de guerra y que prosperó considerablemente en ese contexto. Pacto que la República, en manos de criollos que buscaron apropiarse de tierras ajenas para aumentar su riqueza y su poder, rompió con la consecuencia de someter, humillar y marginalizar al pueblo mapuche y otros pueblos originarios, como el recientemente publicado libro de Claudio Gay (2018) describe de manera elocuente.

Negar los crímenes no es el camino para una apreciación apropiada del pasado. Tampoco sé si esto de las peticiones de perdón tiene demasiado sentido. Soy de los que piensa que pedir perdón por lo imperdonable es extemporáneo. Me quedo con la noción actual de crímenes contra la humanidad, inamnistiables e imprescriptibles precisamente porque son imperdonables, y que deben ser condenados y restringida su apología.

Las violencias en la historia, y entre ellas también las existentes al interior y entre pueblos prehispánicos, han sido múltiples, especialmente las ejercidas por los grupos dominantes para mantener su poder. Pero hay crímenes que requieren de una condena formal por atentar contra la propia condición humana universal, dada su virulencia y extensión, en algunos casos contra millones de seres humanos. De este orden fueron los crímenes cometidos durante las conquistas española y portuguesa con las masacres masivas, la sujeción de los indígenas como mano de obra desechable o su marginalización en la miseria y la destrucción de su cultura, junto al tráfico de millones de esclavos desde África. También de ese orden son los modernos crímenes de masas del siglo XX, especialmente los del nazismo, el estalinismo y los de las potencias actuales que no respetan el derecho internacional para mantener o ampliar su poder con una creciente capacidad tecnológica de destrucción. Menos masivos, pero no menos crueles, han sido los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras militares latinoamericanas y los cometidos en las guerras étnicas europeas, africanas, asiáticas y del Medio Oriente y en las violencias de los fundamentalismos religiosos. Por ello, además del derecho de la guerra, desde la segunda guerra mundial se esboza un derecho internacional humanitario cuyo principio es que se califique determinados crímenes atroces como acciones contra la condición humana en tanto tal, cualquiera sea la época, lugar y medios utilizados para cometerlos. Sin perjuicio de la acción de la justicia cuando sea factible, es indispensable mantener el deber de memoria para aspirar a que estas violencias nunca sean justificadas ni menos se repitan.

Posteo sobre el Tribunal Constitucional

Lean a Carlos Larraín sobre los intentos de cambio del Tribunal Constitucional: “Sería fatal, juguemos en la cancha que nos conviene”. ¿Podrá alguna vez la derecha gobernar sin trampas? Para los demócratas reformar la composición y roles del TC debe seguir siendo prioritario. ¿Por qué la oposición no declara que no aprobará ningún proyecto de ley más mientras no se llegue a un acuerdo de reforma del TC? ¿Qué sacan los parlamentarios con legislar si luego el TC hace lo que quiere?

El Tribunal se ha excedido en sus atribuciones constitucionales en materia legislativa. Como escribe Jaime Bassa, "en los últimos años, este tribunal ha intervenido en el contenido de importantes proyectos de ley sin que fuera legalmente requerido, alterando proyectos en los que no había “cuestión de constitucionalidad” que resolver". Hoy se encuentra además enfrentado a la Corte Suprema, entre otros temas por provocar "retardo injustificado en causas de derechos humanos, indebidamente suspendidas por el TC".

Mientras, el presidente del TC más beligerantemente partidista que se haya visto, Iván Aróstica, pide un aumento de los sueldos de los miembros del tribunal.

Más desparpajo: la senadora y jefa de la UDI J van R, imputada por cohecho y fraude al fisco, ahora pide la renuncia al Contralor porque no le gusta que fiscalice a los alcaldes UDI. ¡La separación de poderes le molesta! Desde que formaron parte medular de una dictadura que decidía sobre la vida y la muerte de los ciudadanos, los UDI nunca han dejado de creerse los dueños de Chile.

Hay momentos en que observar el día a día de la muy imperfecta democracia chilena parece un espectáculo de humor negro, solo que sin ninguna gracia.

Post scriptum: a los que digan por enésima vez que esto es resultado de las cúpulas concertacionistas, la transición, la corrupción, etc. etc., les diré muy bien, canalicen esa energía en seguir la lucha por hacer de la nuestra una democracia verdadera y en forma. Sinceramente pienso que la amargura pasiva no sirve de mucho. Importa ahora evidenciar cada día cómo gobierna la derecha y qué intereses defiende para construir una nueva alternativa que sea su directo contraste. Si no hay respeto de los derechos fundamentales, debe lucharse por una nueva institucionalidad y funcionamiento económico que los consagre; donde hay corrupción y conflictos de interés, debe fortalecerse los órganos que garanticen la plena probidad en la gestión pública y la sanción severa de los infractores; donde hay manipulación debe haber denuncia y transparencia. En definitiva, debe construirse una alternativa democrática mayoritaria al poder y al gobierno del dinero, a partir de ideas propositivas y de acciones colectivas para que termine de consagrarse la soberanía de los ciudadanos. No es poca cosa y demorará tiempo, tal vez mucho pero ¿hay otro camino para legar un país mejor a las nuevas generaciones?

Una visita oficial de más

En Voces La Tercera 

Poco edificante fue la presencia de Jair Bolsonaro en Chile. El presidente Piñera ha justificado su empatía con un gobernante que, en rigor, no se puede calificar sino de… inaceptablemente extremo. Lo inaceptable proviene de que incluso no todas las extremas derechas son tan sistemáticamente contrarias a los elementos básicos del respeto a la dignidad humana. Aunque soy de los que cree que adjetivar no es de gran ayuda en el análisis político, no se puede considerar de otro modo a un actor público que en su prolongada carrera reivindica golpes de Estado, asesinatos, violaciones y discriminaciones contra las mujeres, los homosexuales, los afro-descendientes y los indígenas.

El presidente Piñera ha aludido para justificar su actitud de invitar en visita oficial a Bolsonaro un vínculo estratégico con Brasil que ya existe desde hace mucho tiempo. Lo que cabe es mantenerlo, pues es muy importante, pero con relaciones con el actual gobierno objetivas y parcas, sin piruetas de consumo interno. Pero, en este caso, la sobre actuación de agregar a la asistencia a la reunión de de diversos gobernantes una invitación especial a Bolsonaro para realizar una visita oficial fue innecesaria y conflictiva. Parece provenir de la necesidad de contar con Brasil para el nuevo esquema de Pro-sur, del que muchos gobiernos sudamericanos no son muy entusiastas. Esto es explicable, pues de partida excluye a un país muy importante como Venezuela (no se invitó ni al gobierno en ejercicio ni se intentó seguir con la ficción del gobierno “encargado”), mientras es muy difícil que la necesaria articulación de los gobiernos sudamericanos se proyecte en este esquema, dadas sus débiles bases. Convengamos que la parálisis de UNASUR como órgano político provino de su proceso de decisiones por unanimidad en un contexto de abierta hostilidad entre sus miembros de derecha cada vez más numerosos y los de carácter refundacional agrupados en el ALBA. Los gobiernos progresistas no refundacionales como Uruguay y en su momento Chile y Brasil, siempre mantuvieron una actitud constructiva, que permitió hacer coincidir a un Uribe y un Chávez.

La cooperación sudamericana tiene serios temas subregionales específicos que abordar, como los de seguridad, migraciones, medio ambiente, por mencionar los principales, admitiendo que los económicos tienen otros foros de más amplio espectro y que debieran sumar en particular a México y actuar en escala latinoamericana. Por ejemplo, no existen aún siquiera consultas periódicas latinoamericanas para abordar las reuniones del G20, principal espacio de coordinación económica mundial al que pertenecen Brasil, Argentina y México. Por su parte, el tratamiento más estable y más sereno de la cooperación sudamericana probablemente provendrá de algún esquema de consultas y acciones conjuntas sobre estos temas antes que de organismos de propaganda, que si se conciben como tales no podrán superar el vivir en y del conflicto permanente en su seno y con otros.

El hecho es que el presidente Piñera decidió convertir a Colombia y a Brasil en aliados ideológicos preferentes para impulsar su Pro-Sur y, probablemente, también para contentar las escabrosas alineaciones ideológicas de uno de los componentes de su coalición, la UDI, que compite con la todavía más extrema derecha que se desgajó de ella para ver quien es más amigo del inadmisible Bolsonaro. La falta de compostura aparece por todas partes en este lamentable episodio.

A raiz del repudio de las mesas del Congreso y de diversos representantes a sumarse a los homenajes al personaje de marras, en virtud de una defensa de valores humanos básicos, se planteó que estarían de por medio problemas de protocolo y de política exterior “de Estado”. Cabe afirmar que nunca ha habido tal cosa como una política exterior “de Estado”. Ninguna política exterior está por encima del bien y del mal, todas buscan proteger intereses y están inspiradas por unos u otros principios y valores. Está claro que los de Piñera son los propios de su sector (que logró ser mayoritario en la elección presidencial) y que no son los mismos del resto del país (que logró ser mayoritario en la elección parlamentaria). Lo mínimo en esta situación hubiera sido consultar a la oposición sobre la visita de Bolsonaro, lo que el gobierno no hizo, y tal vez le hubiera permitido atenuar los efectos de una visita oficial inútil y controversial. En los países democráticos existe colaboración interpartidaria en ciertos temas, siempre que se delibere y llegue a ciertos consensos de forma y fondo, pero en el contexto de un debate contradictorio sobre todos los asuntos públicos (si alguien tiene una duda, tal vez las controversias británicas sobre el Brexit pueden ilustrarle al respecto).

Alguien dirá que la política exterior se rige solo por intereses. Entonces quien lo sostenga debería criticar lo hecho por el actual gobierno en nombre de valores democráticos contra el gobierno de Maduro, dejando secuelas que van más allá del actual régimen con el país que tiene las principales reservas petroleras del mundo y con todos los países que observaron que Chile se sumaba al intento de derrocamiento de un gobierno instigado desde Washington. Conclusión: la política exterior es siempre una mezcla de defensa de valores e intereses (lo que en la literatura especializada se conoce como el debate entre idealistas y realistas).

Para Chile, la mejor defensa de sus intereses nacionales en tanto país pequeño y austral es proyectar una política exterior mesurada, de acompañamiento de los valores democráticos en todos los casos y en la defensa del derecho internacional y de los tratados. Es decir no haciendo gesticulaciones en un sentido u otro, que están totalmente de más, acogiendo “amigos” que atentan contra la dignidad humana o actuando y trasladándose de manera beligerante a fronteras para derrocar “enemigos” ideológicos, por condenables que sean. Lo que una política exterior sensata debe tratar de hacer es buscar la cooperación regional sud y latinoamericana, y no ser un factor de conflicto y división. Y menos alinearse con los halcones que hoy gobiernan Estados Unidos. Frente a los intereses no siempre convergentes, por decir lo menos, y en todo caso asimétricos de los países de la región en relación a los de las grandes potencias en materia militar, financiera, comercial, de inversiones y de propiedad intelectual, no tiene sentido subordinarse a ninguna de ellas ni menos servir sus intereses, sino cooperar frente a los temas que conforman una comunidad latino y sudamericana de destino, además de nutrirse de un pasado común.

En definitiva, el gobierno se expuso a un episodio altamente controversial con costos internos y externos, que se agrega a la insólita visita a Cúcuta para intentar derrocar a un gobierno. ¿Es mucho esperar que la política exterior deje de ser un campo de experimentos riesgosos que en nada sirven a Chile?

Posteo sobre el estilo y rol de la UDI

Otra indignidad de la UDI: además de tener a la presidenta Jacqueline van Rysselberghe imputada por cohecho y fraude al fisco sin que pase nada ni nadie diga nada, ahora el ministro UDI de Justicia Hernán Larraín, violando la separación de los poderes propia de la democracia, presiona a los jueces y apoya públicamente al UDI Jaime Orpis procesado por cohecho y fraude al fisco por 307 millones.

Sin olvidar que Pablo Longueira como senador y ministro intervino directamente en favor de intereses monopólicos privados, por lo que también está imputado y procesado. O a Jovino Novoa, que reconoció para evitar la cárcel el financiamiento ilegal de Penta para candidatos de la UDI. Los senadores en ejercicio Iván Moreira y Ena Von Baer fueron procesados por la misma causa. Todo esto refleja el desparpajo puro y simple con el que está acostumbrado a actuar el partido que promovió y sostuvo hasta el final a la dictadura. Y que hoy sigue defendiendo a los criminales de Punta Peuco y representa sin tapujos al poder económico privado, y de paso recoge abundantemente sus estipendios.

¿Y qué dice la oposición, que no se la escucha? ¿No amerita la inaceptable declaración de Hernán Larraín pedirle la renuncia? ¿O no va a pasar nada y este ministro de Justicia seguirá presionando a los jueces para defender a autores de delitos cuando son de su partido?

Post scriptum: leo que el presidente del Senado, Jaime Quintana, declaró en la mañana de hoy que "sus declaraciones (las de Larraín) no son probablemente muy aconsejables de emitir en este momento". Algo es algo. No mucho en verdad.

¿Hacia una recuperación de la oposición?

En Voces La Tercera

Al iniciarse el año político, el gobierno enfrenta un problema medular: su promesa de tiempos mejores se ha desdibujado. El sustrato es una gestión económica que no logró sostener la recuperación producida en el último semestre del gobierno anterior, después de un prolongado letargo. Esto ocurre en contraste con el éxito económico del primer gobierno de Sebastián Piñera, que se sustentó en los efectos del plan de reactivación luego de la crisis de 2009, en el gasto público en recuperación de infraestructura por el terremoto y en una mejor coyuntura internacional. La política fiscal algo más contractiva y las oscilaciones del Banco Central en su política monetaria, junto a un deterioro externo, han ahora, a la inversa, ralentizado el crecimiento de la actividad y el empleo respecto a un año atrás. Este año la economía tendrá un desempeño inferior al de 2018, quitándole holgura política al gobierno. Y reforzará los rasgos de agitación hiperactiva del presidente, que lo llevan a tomar decisiones precipitadas. Hace un tiempo el rechazo iguala o supera su aprobación en la opinión pública, luego de haber sido elegido por un sorpresivo amplio margen en 2017. La derrota de la actual oposición, aunque en condiciones de control “administrativo” de las cámaras, colapsó sus bases de acción común, lo que ya parece empezar a cambiar.

La Democracia Cristiana decidió en una primera etapa prolongar su opción por retomar un camino propio de centro, en medio de un país y un mundo muy distintos en los que los centros políticos no construyen ya mayorías sino las respuestas a las preocupaciones mayoritarias. No ha ayudado a que la DC pueda transmitir un mensaje identitario visible la ausencia de definiciones económico-sociales y culturales, pues hoy las definiciones la dividen. Y tampoco actuar un día en connivencia con el gobierno y al siguiente con la oposición de centro laico o con la de izquierda tradicional y emergente. La crisis provocada por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, que pareció más bien una postura irreflexiva de su sector más intransigente, parece haber permitido a la postre una conversación necesaria de la DC con los grupos más constructivos de la izquierda emergente sobre los temas de fondo: el rechazo a las reforma tributaria, laboral y de pensiones y a la agenda educativa del gobierno, todas con un claro carácter socialmente regresivo.

En vez de mantener la agrupación que le dio un buen resultado parlamentario, el centro laico y la izquierda tradicional se dispersaron en 2018 para intentar una quimérica vuelta a la coalición de 1989 (por tanto sin el Partido Comunista). Consiguieron solo anularse y detener procesos de renovación de su proyecto y de sus prácticas. El Frente Amplio ha tenido muy poca relevancia en contraste con su notable resultado parlamentario, lo que demuestra una vez más que construir una nueva fuerza política es una tarea de largo aliento que no puede basarse solo en personalidades (y menos en narcisismos postmodernos) sino en un proyecto común. Contrariamente a la leyenda interesada según la cual las diversas izquierdas no tendrían ya nada que ofrecer por la suma de la individuación provocada por la modernidad capitalista, el colapso soviético, la crisis de la socialdemocracia europea y el fracaso del chavismo latinoamericano, será inevitablemente a estas fuerzas a las que cabrá empezar en 2019 a articular un nuevo proyecto político amplio capaz de disputar el poder institucional en 2020 y 2021.

En primer lugar, en la elección parlamentaria las izquierdas representaron el 45% del electorado, los regionalistas el 2% y la DC el 10%. En segundo lugar, en materia de referencias globales el fin de la Unión Soviética no ha sido sino una muy buena noticia para la izquierda democrática; el desgate de la socialdemocracia tradicional europea está siendo reemplazada por coaliciones de gobierno exitosas en mantener el Estado de bienestar dirigidas por socialistas como la portuguesa y sueca y se verá qué pasa con la española, junto a fenómenos como los de Jeremy Corbyn en Gran Bretaña y la renovación demócrata en Estados Unidos y su New Green Deal; la izquierda chilena, salvo expresiones marginales, no reivindica para nada el modelo bonapartista y represivo de Maduro (condenando al mismo tiempo la intervención norteamericana) sino el carácter inequívocamente democrático del progresismo, como se expresa consistentemente en Uruguay, por ejemplo. El PC parece seguir su aggiornamiento en esta y otras materias.

El tema de fondo es que en la actual sociedad globalizada es cada vez más evidente que las respuestas neoliberales aumentan dramáticamente las desigualdades y además ponen en peligro cada vez más la propia vida en la tierra. A la vez, los conservadores son cualquier cosa menos portadores de una respuesta efectiva a la hiperconcentración económica, la desigualdad social estructural, la impostergable emancipación de la mujer y el deterioro ambiental descontrolado.

Aunque la derecha en Chile es electoralmente fuerte y ha logrado en parte generar una cultura del individualismo negativo, no es a la postre convincente en la idea de generar movilidad social, oportunidades económicas y orden público. Esto solo lo pueden lograr en las condiciones de Chile gobiernos progresistas consistentes, una vez asumidas las lecciones de la experiencia pasada. El gobierno de Sebastián Piñera está fracasando en estas tres dimensiones (como está ocurriendo también con Macri, dicho sea de paso). No está logrando hacer de la derecha una mayoría sociológica y cultural en Chile, como era su propósito. Recordemos que Piñera solo fue elegido con el apoyo de un 26,5% de los habilitados para votar. La victoria de Piñera fue fruto de la confusión y división de las representaciones políticas de centro e izquierda y de la desmovilización de su electorado. El camino hacia una nueva coalición alternativa, plural, con capacidad efectiva de gobierno y con un lugar para todos alrededor de un programa transformador serio y llamado a ser respetado, parece empezar a recorrerse luego de unos años 2017 y 2018 para el olvido.