Al iniciarse el año político, el gobierno enfrenta un problema medular: su promesa de tiempos mejores se ha desdibujado. El sustrato es una gestión económica que no logró sostener la recuperación producida en el último semestre del gobierno anterior, después de un prolongado letargo. Esto ocurre en contraste con el éxito económico del primer gobierno de Sebastián Piñera, que se sustentó en los efectos del plan de reactivación luego de la crisis de 2009, en el gasto público en recuperación de infraestructura por el terremoto y en una mejor coyuntura internacional. La política fiscal algo más contractiva y las oscilaciones del Banco Central en su política monetaria, junto a un deterioro externo, han ahora, a la inversa, ralentizado el crecimiento de la actividad y el empleo respecto a un año atrás. Este año la economía tendrá un desempeño inferior al de 2018, quitándole holgura política al gobierno. Y reforzará los rasgos de agitación hiperactiva del presidente, que lo llevan a tomar decisiones precipitadas. Hace un tiempo el rechazo iguala o supera su aprobación en la opinión pública, luego de haber sido elegido por un sorpresivo amplio margen en 2017. La derrota de la actual oposición, aunque en condiciones de control “administrativo” de las cámaras, colapsó sus bases de acción común, lo que ya parece empezar a cambiar.
La Democracia Cristiana decidió en una primera etapa prolongar su opción por retomar un camino propio de centro, en medio de un país y un mundo muy distintos en los que los centros políticos no construyen ya mayorías sino las respuestas a las preocupaciones mayoritarias. No ha ayudado a que la DC pueda transmitir un mensaje identitario visible la ausencia de definiciones económico-sociales y culturales, pues hoy las definiciones la dividen. Y tampoco actuar un día en connivencia con el gobierno y al siguiente con la oposición de centro laico o con la de izquierda tradicional y emergente. La crisis provocada por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, que pareció más bien una postura irreflexiva de su sector más intransigente, parece haber permitido a la postre una conversación necesaria de la DC con los grupos más constructivos de la izquierda emergente sobre los temas de fondo: el rechazo a las reforma tributaria, laboral y de pensiones y a la agenda educativa del gobierno, todas con un claro carácter socialmente regresivo.
En vez de mantener la agrupación que le dio un buen resultado parlamentario, el centro laico y la izquierda tradicional se dispersaron en 2018 para intentar una quimérica vuelta a la coalición de 1989 (por tanto sin el Partido Comunista). Consiguieron solo anularse y detener procesos de renovación de su proyecto y de sus prácticas. El Frente Amplio ha tenido muy poca relevancia en contraste con su notable resultado parlamentario, lo que demuestra una vez más que construir una nueva fuerza política es una tarea de largo aliento que no puede basarse solo en personalidades (y menos en narcisismos postmodernos) sino en un proyecto común. Contrariamente a la leyenda interesada según la cual las diversas izquierdas no tendrían ya nada que ofrecer por la suma de la individuación provocada por la modernidad capitalista, el colapso soviético, la crisis de la socialdemocracia europea y el fracaso del chavismo latinoamericano, será inevitablemente a estas fuerzas a las que cabrá empezar en 2019 a articular un nuevo proyecto político amplio capaz de disputar el poder institucional en 2020 y 2021.
En primer lugar, en la elección parlamentaria las izquierdas representaron el 45% del electorado, los regionalistas el 2% y la DC el 10%. En segundo lugar, en materia de referencias globales el fin de la Unión Soviética no ha sido sino una muy buena noticia para la izquierda democrática; el desgate de la socialdemocracia tradicional europea está siendo reemplazada por coaliciones de gobierno exitosas en mantener el Estado de bienestar dirigidas por socialistas como la portuguesa y sueca y se verá qué pasa con la española, junto a fenómenos como los de Jeremy Corbyn en Gran Bretaña y la renovación demócrata en Estados Unidos y su New Green Deal; la izquierda chilena, salvo expresiones marginales, no reivindica para nada el modelo bonapartista y represivo de Maduro (condenando al mismo tiempo la intervención norteamericana) sino el carácter inequívocamente democrático del progresismo, como se expresa consistentemente en Uruguay, por ejemplo. El PC parece seguir su aggiornamiento en esta y otras materias.
El tema de fondo es que en la actual sociedad globalizada es cada vez más evidente que las respuestas neoliberales aumentan dramáticamente las desigualdades y además ponen en peligro cada vez más la propia vida en la tierra. A la vez, los conservadores son cualquier cosa menos portadores de una respuesta efectiva a la hiperconcentración económica, la desigualdad social estructural, la impostergable emancipación de la mujer y el deterioro ambiental descontrolado.
Aunque la derecha en Chile es electoralmente fuerte y ha logrado en parte generar una cultura del individualismo negativo, no es a la postre convincente en la idea de generar movilidad social, oportunidades económicas y orden público. Esto solo lo pueden lograr en las condiciones de Chile gobiernos progresistas consistentes, una vez asumidas las lecciones de la experiencia pasada. El gobierno de Sebastián Piñera está fracasando en estas tres dimensiones (como está ocurriendo también con Macri, dicho sea de paso). No está logrando hacer de la derecha una mayoría sociológica y cultural en Chile, como era su propósito. Recordemos que Piñera solo fue elegido con el apoyo de un 26,5% de los habilitados para votar. La victoria de Piñera fue fruto de la confusión y división de las representaciones políticas de centro e izquierda y de la desmovilización de su electorado. El camino hacia una nueva coalición alternativa, plural, con capacidad efectiva de gobierno y con un lugar para todos alrededor de un programa transformador serio y llamado a ser respetado, parece empezar a recorrerse luego de unos años 2017 y 2018 para el olvido.