Diversas personas han vuelto a sostener en estos días que los sistemas de pensiones de reparto serían inviables, sumándose al coro neoliberal que viene diciendo lo mismo desde 1981. Esto simplemente no es cierto.
Se alude por los que argumentan esta supuesta inviabilidad que el cambio demográfico lleva inevitablemente a que menos activos deban sostener a cada vez más pasivos. Eso es cierto, pero lleva a distintas conclusiones. Los sistemas de reparto, en el que los que hoy trabajan sostienen a los que ayer trabajaron, es decir los hijos/hijas a sus padres, están obligados a ajustarse a ese cambio, como todo sistema de pensiones, por lo demás. Pero es absurdo sostener que deban inevitablemente desaparecer. Es como decir que dado que habrá más personas de edad que se enferman, entonces no debería haber más hospitales y servicios médicos para todos porque no son sostenibles para tanta gente.
Lo que habrá que hacer es invertir más en pensiones y en salud. O vivir en sociedades basadas en la ley de la selva y en el abandono de las personas más frágiles.
En el caso de las pensiones, si menos personas que trabajan producen más (es decir aumentan su productividad), entonces pueden financiar a más jubilados con la misma proporción de sus ingresos. Si la productividad no aumenta lo suficiente, deberá aumentarse esa proporción de los ingresos o deberán aumentar menos las pensiones en el tiempo o retrasar la edad de jubilación. Ajustes, desde luego. De inviabilidad, nada. De paso, señalemos que los que defienden desde distintos horizontes ampliar sustancialmente la pensión básica están defendiendo un esquema de reparto (“pay as you go”, en su denominación en inglés), solo que en vez de financiarse por cotizaciones se financia con impuestos, lo que es una buena idea, como veremos.
Los neoliberales debieran partir por constatar que hay numerosos países que o bien están locos por no hacerles caso o bien piensan que sus sistemas de pensiones con componentes de reparto son viables, sostenibles y preferibles al libremercadismo de los ahorros o a cotizaciones obligatorias y pensiones administradas por privados con fines de lucro. Para empezar, este es el caso de Estados Unidos, país que mantiene un sistema de reparto, el Old-Age, Survivors, and Disability Insurance (OASDI), creado por Roosevelt en 1935 y que los republicanos no han logrado echar abajo, por mucho que lo hayan intentado. En opinión del Nobel Paul Krugman, en Estados Unidos “la Seguridad Social no enfrenta una crisis financiera; su disminución de financiamiento de largo plazo puede fácilmente cerrarse con un modesto incremento en los ingresos”. Y así, diversos países van modulando sus beneficios de pensiones y edades de jubilación a los ingresos actuales y futuros, haciendo lo que en la jerga económica se denomina cambios paramétricos, como Canadá, Alemania, Dinamarca y una larga lista, mientras otra lista de países volvió del sistema de capitalización individual a uno predominantemente de reparto, encabezados por Polonia, o bien el caso de Suecia, que pasó a un sistema de reparto pero basado en las cotizaciones a lo largo de la vida registradas en cuentas individuales.
Sin embargo, no parece recomendable volver al sistema antiguo chileno de reparto, porque más de 20 cajas distintas que se fueron creando inorgánicamente a lo largo del tiempo no aseguraban el mismo trato a los pensionados, creando privilegios financiados por el resto de ciudadanos (como ocurre hoy con el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que cuesta un 0,9% del PIB, más que el sistema de pensiones solidarias). Y porque la cotización obligatoria basada en el salario no permite integrar a los trabajadores informales (un 30% del total) y tampoco hacer contribuir equitativamente a las personas con altos ingresos de capital. Además, la esperanza de vida de los jubilados más pobres es inferior a la de los de más altos ingresos. No existen cifras oficiales al respecto, lo que es una carencia inaceptable del sistema estadístico chileno, pero se ha estimado diferencias de hasta siete años en la esperanza de vida al nacer en comunas pobres y ricas de Santiago. Por ello, las cotizaciones de los más pobres que viven menos terminan pagando de manera desproporcionada las pensiones de los que viven más y son más ricos. Por ello estos deben contribuir más.
Un nuevo sistema debiera basarse en ingresos que financien en primer lugar una pensión básica universal que sea progresivamente equivalente a una canasta promedio de consumos de mínima dignidad para los mayores (con un gasto que pase del actual 0,7% del PIB para financiar la pensión básica y los aportes solidarios a un objetivo en una década de un gasto en pensión ciudadana de 5% del mismo, como en Nueva Zelandia). Estos ingresos deben provenir no solo de aportes salariales sino también de los otros ingresos que tributan en el impuesto a la renta. Por eso es un error solo subir, como propone el proyecto del gobierno, las cotizaciones basadas en salarios, que aunque las paguen nominalmente los empleadores en definitiva las pagan los trabajadores, especialmente los nuevos contratados, pues forman parte del costo salarial. En segundo lugar, se debe reestructurar un sistema de incentivos para ahorros para la vejez en diversos instrumentos, que incluya una entidad estatal que también pueda administrar ahorros voluntarios, terminando con el monopolio del ahorro forzoso administrado por las AFP para beneficio de sus dueños.
Así se configuraría un nuevo sistema con, en primer lugar, una pensión ciudadana universal y complementos de las actuales pensiones más bajas, financiados con el aporte obligatorio de una proporción de todos los ingresos generados en la economía. De este modo se lograría mejoras de pensiones que entren en vigencia a partir de ahora y no en 40 años más. Y, en segundo lugar, una nueva entidad estatal debiera estar habilitada, además de entidades privadas debidamente reguladas, para gestionar en condiciones competitivas los ahorros complementarios que las personas quieran realizar para mejorar sus ingresos más allá de la pensión universal, con costos de administración razonables, de acuerdo al esfuerzo de ahorro de cada cual y con premios tributarios equitativos.