martes, 9 de abril de 2019

Posteo sobre la reforma tributaria

Fui crítico de la reforma tributaria de 2014, porque iba a recaudar poco, no tocaba la recaudación minera, recargaba y complicaba la tributación de las empresas y aliviaba la de sus dueños, lo que es una mala lógica económica, y aumentaba primero que nada impuestos a consumos masivos. Pero la contrarreforma es peor.
Aplicando su mayoría, sería razonable que la oposición condicionara la idea de legislar, como lo ha venido haciendo con variados argumentos, si en especial:
- se vuelve a la reintegración total de la tributación de las empresas como crédito en el impuesto a la renta pero se aumenta la tasa marginal del impuesto global complementario (volviendo al 50% de 1990 desde el 35 actual, cuya rebaja sucesiva nunca tuvo justificación y fue aumentando la regresividad del sistema), se tributa las ganancias de capital y no se aplica la depreciación;
- se alivia el impuesto a las herencias de las clases medias en activos productivos y se aumenta sustancialmente el de las grandes fortunas en vez de excluir los activos en el exterior;
- se mantiene el límite de 2 mil UF para el cobro de IVA a la compra de viviendas, se alivia el IVA a medicamentos, alimentos sanos y cultura y se amplía la tributación a las emisiones contaminantes móviles y fijas;
- no se diluye las normas antielusión;
- se aumenta impuestos locales y regionales como las patentes mineras y el impuesto territorial a las propiedades de muy alto valor, aliviando el cobro a personas de edad de bajos ingresos, junto a la tasa de la patente industrial y comercial a las empresas de muy alto capital.
Si el gobierno insiste en aliviar la tributación de los ricos, entonces no quedará sino votar en contra de la idea de legislar. ¿Por qué razón la oposición debiera aprobar reformas tributarias que significan un retroceso? Eso no es obstrucción, es claridad de propósitos e independencia del poder económico representado por el actual gobierno.

domingo, 7 de abril de 2019

Posteo sobre la idea de educación pública de excelencia

Hoy una columna de Arturo Fontaine y Sergio Urzúa defiende apasionadamente la "educación pública de excelencia". Solo que en base a la selección por "alto rendimiento" y "agrupando al alumnado según sus habilidades, conocimientos y aficiones". Sostienen que dado que un 7,1% del 25% de familias más pobres alcanza el rendimiento promedio del 25% más rico en la prueba PISA, ahí debiera apuntarse en prioridad en la política pública. No hacerlo lo llaman "desdén por la excelencia".
El cultivo de la excelencia es fundamental, y no es incompatible con la diversidad en la sala de clases. La inversa también es cierta: agrupar a los de mejores notas en la infancia no es garantía de "mejor rendimiento" y menos de preparación eficaz para la vida, que es el verdadero parámetro de la excelencia. A ello no es ajeno que en Chile los colegios particulares pagados obtengan muy poco rendimiento de sus alumnos aventajados, muy por debajo del promedio internacional de la prueba PISA, y mucho menos que los asiáticos, por ejemplo.
Aquí estamos ante una falacia. ¿Quién podría no estar de acuerdo con reforzar la excelencia? La pregunta pertinente es: ¿para quién y cómo? ¿Por qué no para todos, o al menos para el máximo posible, lo que es mucho más que el 7,1% del 25% más pobre? Algunos sostienen que la excelencia se logra con mucho mayor disciplina y exigencia, lo que comparto. Pero siempre que agreguemos estimular también la creatividad y los intereses diversos de cada niño/a y joven, sin imponer patrones de éxito y seleccionando (más bien especializando vocaciones) en la etapa final en la escuela y en el acceso y evolución en la educación superior, y con criterios variados y no solo por las notas.
Muy bien, ese es el objetivo. Pero siempre habrá quienes tengan más dificultades, vidas familiares y personales con más problemas y/o bajos capitales culturales de inicio. ¿Hay que dejarlos abandonados? Los que así piensan no debieran después quejarse del incremento de la delincuencia, pues está demostrada la alta incidencia de la pobreza infantil y de la educación precaria en posteriores conductas antisociales. ¿O la idea es a lo más orientarlos a carreras supuestamente técnicas? ¿Qué pasa con los recorridos de vida en los que tantas personas de "bajo rendimiento" escolar y de infancias difíciles, con su socialización y esfuerzo posterior construyen horizontes positivos para sí mismos y su entorno?

Y sobre todo, ¿qué pasa con la experiencia de la diversidad, con la empatía humana y social, con el compartir con el distinto, con una sociedad no fragmentada en guetos sociales? Ni una palabra. En nuestra opinión, un factor de "rendimiento" es también aprender a convivir con los demás, lo que ayuda a lograr una educación integrada con alumnos de diversos rendimientos y capitales culturales. Pero estos columnistas, como tantos otros, no pueden salir de la pulsión del "vivir entre si" y del mundo del privilegio. Por sobre todo, nada de mezclarse con gente de otra condición social. ¿No seguirá rondando por ahí Andrés Bello con su idea clasista según la cual “el círculo de conocimiento que se adquiere en estas escuelas erigidas para las clases menesterosas, no debe tener más extensión que la que exigen las necesidades de ellas… lo demás no sólo sería inútil, sino hasta perjudicial (…) se alejaría a la juventud demasiados de los trabajos productivos” (1836)?

sábado, 6 de abril de 2019

Violencias en la historia y peticiones de perdón


El gobierno mexicano dio a conocer el 26 de marzo una carta al rey español en la que plantea “hacer una revisión de nuestra historia, pedir perdón por los agravios a pueblos originarios y buscar la reconciliación nacional. No habrá confrontación con ningún gobierno”. El presidente López Obrador señaló que la conquista se hizo con la “espada y la cruz”, que hubo “matanzas, imposiciones” y que “se edificaron las iglesias arriba de los templos”. El gobierno de México defiende su postura aludiendo a que en 2018, sin ir más lejos, Canadá pidió perdón a la comunidad judía por haber rechazado un barco con refugiados en 1939, Francia ofreció disculpas por las torturas y desapariciones forzadas en Argelia entre 1954 y 1962 y Gran Bretaña pidió perdón a 12 países del Caribe por el maltrato que recibieron sus ciudadanos después de la segunda guerra mundial.

El gobierno de España rechazó de manera cortante la petición diciendo que “la llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”. El inefable Vargas Llosa señaló que López Obrador debía pedir perdón a sus pueblos originarios que siguen siendo discriminados, lo que es otro tema, también muy importante, pero otro tema, como lo es el de la intensa violencia que provoca el narcotráfico. El colofón del nacionalismo con tintes coloniales lo puso de manera lamentable el escritor español Arturo Pérez Reverte: “Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza”.

Lo que parece olvidar Pérez-Reverte es que muchos de los crímenes de la colonización fueron denunciados por españoles ya en su época, como lo ejemplifica lo declarado por la orden de los dominicos en Santo Domingo tan tempranamente como en 1511: “Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes, que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados, sin darles de comer y curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis, por sacar y adquirir oro cada día?”. O lo escrito por Bartolomé de Las Casas unos años después: “súbitamente se les revistió el diablo a los cristianos e meten a cuchillo en mi presencia (sin motivo ni causa que tuviesen) más de tres mil ánimas que estaban sentados delante de nosotros, hombres y mujeres e niños. Allí vide tan grandes crueldades que nunca los vivos tal vieron ni pensaron ver». O por Diego de Landa: “hicieron en los indios crueldades inauditas pues les cortaron narices, brazos y piernas, y a las mujeres los pechos y las echaban en lagunas hondas (cenotes) con calabazas atadas a los pies; daban estocadas a los niños porque no andaban tanto como las madres, y si los llevaban en colleras y enfermaban, o no andaban tanto como los otros, cortabanles las cabezas por no pararse a soltarlos. Y trajeron un gran número de mujeres y hombres cautivos para su servicio con semejantes tratamientos”.

En este sentido, la reacción de la corona y el gobierno español no hace honor a sus propios compatriotas que denunciaron desde el primer momento los crímenes de los conquistadores y llevaron a la corona a instruir en el siglo XVI la protección de los indígenas, lo que resultó letra muerta frente a la frenética búsqueda de oro y riquezas a cualquier precio, cuyas consecuencias violentas no merecen disculpa moral alguna.

La furia destructiva buscó, además, hacer desaparecer a las culturas prehispánicas. Tal vez el crimen cultural más repudiable, y hubo muchos, fue la destrucción de los manuscritos mayas por la Inquisición. El 12 de julio de 1562, códices y libros mayas (27 según la Inquisición) y aproximadamente 5000 figuras religiosas diversas fueron quemados. Solo tres libros originales con escritura maya y probablemente fragmentos de un cuarto sobrevivieron a la colonia. El propio Popol Vuh no es sino una reconstrucción imperfecta.

Estas conductas no consistieron en “traer la civilización a tierras bárbaras”, sino traer la barbarie -con la codicia, el afán de poder y el fanatismo religioso como impulsos- a tierras que tenían sus propias civilizaciones, en muchos sentidos más avanzadas que muchas de las europeas y con prácticas cuestionables a ojos modernos como toda construcción histórica.

Estuve el año pasado por razones académicas en Puebla y tuve la ocasión de visitar Cholula y Tlachihualtépetl, el basamento piramidal más grande del mundo. La apariencia actual de la gran pirámide es la de un cerro en cuya cima se encuentra… una iglesia católica construida en 1594, después de tres intentos de los españoles a lo largo de décadas por destruir la impresionante construcción prehispánica. Y en el museo del lugar se puede uno enterar de la matanza de Cholula, ataque realizado por las fuerzas de Hernán Cortés en su camino a México-Tenochtitlán en 1519, luego de reunir en la plaza a las autoridades y la población y asesinar a mansalva de 5 a 6 mil cholultecas desarmados en menos de seis horas, como represalia a la sospecha de una emboscada. Así se fue desplegando la invasión española, en medio de intrigas, engaños y una violencia que perduró por siglos. Que en México Hernán Cortés no tenga monumentos o calles parece bastante explicable.

Así, el colonialismo europeo no puede sino ser caracterizado como lo hace el historiador Sven Beckert (Empire of Cotton, 2015): “unieron el poder del capital y el poder del Estado para forjar, con frecuencia de modo violento, un complejo productivo global”. Esto incluyó “la esclavitud, la expropiación de pueblos indígenas, la expansión imperial, el comercio armado, y la proclamación de soberanía sobre personas y tierras por empresarios”, lo que lleva al autor a denominar este sistema como “capitalismo de guerra”, que duró hasta la producción de masa del capitalismo industrial en el siglo XIX. El efecto demográfico fue devastador (la población en América Latina pasó de unos 60 millones a la llegada de los españoles a menos de la mitad en el último tercio del siglo XVI), agravado por el efecto de la importación de gérmenes y enfermedades (viruela, sarampión, tifus). Según el historiador Ruggiero Romano (2004), la apropiación de la tierra y sus recursos por los colonizadores se combina con “la concesión, igualmente gratuita, del derecho a reclutar mano de obra forzada (esclavitud india, encomienda, indio de repartimiento)” y excepcionalmente trabajo libre con “no pocos límites (retención pura y simple del salario, deuda de los trabajadores, salarios pagados en especies)”. La herencia del dominio colonial y luego oligárquico sobre los recursos explica en importante medida que los países con mayor desigualdad en la distribución de los ingresos se encuentran en América Latina.

Eso es lo principal de la historia colonial. Incluyendo a Chile, país en el que la resistencia le costó mutilaciones y torturas cuando no la vida a miles de mapuches y a sus jefes. Y que llevó a la muerte, caso único en el continente, a dos gobernadores españoles, hasta que la corona pactó y reconoció un territorio autónomo mapuche al sur del Bío-Bío después de un siglo de guerra y que prosperó considerablemente en ese contexto. Pacto que la República, en manos de criollos que buscaron apropiarse de tierras ajenas para aumentar su riqueza y su poder, rompió con la consecuencia de someter, humillar y marginalizar al pueblo mapuche y otros pueblos originarios, como el recientemente publicado libro de Claudio Gay (2018) describe de manera elocuente.

Negar los crímenes no es el camino para una apreciación apropiada del pasado. Tampoco sé si esto de las peticiones de perdón tiene demasiado sentido. Soy de los que piensa que pedir perdón por lo imperdonable es extemporáneo. Me quedo con la noción actual de crímenes contra la humanidad, inamnistiables e imprescriptibles precisamente porque son imperdonables, y que deben ser condenados y restringida su apología.

Las violencias en la historia, y entre ellas también las existentes al interior y entre pueblos prehispánicos, han sido múltiples, especialmente las ejercidas por los grupos dominantes para mantener su poder. Pero hay crímenes que requieren de una condena formal por atentar contra la propia condición humana universal, dada su virulencia y extensión, en algunos casos contra millones de seres humanos. De este orden fueron los crímenes cometidos durante las conquistas española y portuguesa con las masacres masivas, la sujeción de los indígenas como mano de obra desechable o su marginalización en la miseria y la destrucción de su cultura, junto al tráfico de millones de esclavos desde África. También de ese orden son los modernos crímenes de masas del siglo XX, especialmente los del nazismo, el estalinismo y los de las potencias actuales que no respetan el derecho internacional para mantener o ampliar su poder con una creciente capacidad tecnológica de destrucción. Menos masivos, pero no menos crueles, han sido los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras militares latinoamericanas y los cometidos en las guerras étnicas europeas, africanas, asiáticas y del Medio Oriente y en las violencias de los fundamentalismos religiosos. Por ello, además del derecho de la guerra, desde la segunda guerra mundial se esboza un derecho internacional humanitario cuyo principio es que se califique determinados crímenes atroces como acciones contra la condición humana en tanto tal, cualquiera sea la época, lugar y medios utilizados para cometerlos. Sin perjuicio de la acción de la justicia cuando sea factible, es indispensable mantener el deber de memoria para aspirar a que estas violencias nunca sean justificadas ni menos se repitan.

martes, 2 de abril de 2019

Posteo sobre el Tribunal Constitucional

Lean a Carlos Larraín sobre los intentos de cambio del Tribunal Constitucional: “Sería fatal, juguemos en la cancha que nos conviene”. ¿Podrá alguna vez la derecha gobernar sin trampas? Para los demócratas reformar la composición y roles del TC debe seguir siendo prioritario. ¿Por qué la oposición no declara que no aprobará ningún proyecto de ley más mientras no se llegue a un acuerdo de reforma del TC? ¿Qué sacan los parlamentarios con legislar si luego el TC hace lo que quiere?

El Tribunal se ha excedido en sus atribuciones constitucionales en materia legislativa. Como escribe Jaime Bassa, "en los últimos años, este tribunal ha intervenido en el contenido de importantes proyectos de ley sin que fuera legalmente requerido, alterando proyectos en los que no había “cuestión de constitucionalidad” que resolver". Hoy se encuentra además enfrentado a la Corte Suprema, entre otros temas por provocar "retardo injustificado en causas de derechos humanos, indebidamente suspendidas por el TC".

Mientras, el presidente del TC más beligerantemente partidista que se haya visto, Iván Aróstica, pide un aumento de los sueldos de los miembros del tribunal.

Más desparpajo: la senadora y jefa de la UDI J van R, imputada por cohecho y fraude al fisco, ahora pide la renuncia al Contralor porque no le gusta que fiscalice a los alcaldes UDI. ¡La separación de poderes le molesta! Desde que formaron parte medular de una dictadura que decidía sobre la vida y la muerte de los ciudadanos, los UDI nunca han dejado de creerse los dueños de Chile.

Hay momentos en que observar el día a día de la muy imperfecta democracia chilena parece un espectáculo de humor negro, solo que sin ninguna gracia.

Post scriptum: a los que digan por enésima vez que esto es resultado de las cúpulas concertacionistas, la transición, la corrupción, etc. etc., les diré muy bien, canalicen esa energía en seguir la lucha por hacer de la nuestra una democracia verdadera y en forma. Sinceramente pienso que la amargura pasiva no sirve de mucho. Importa ahora evidenciar cada día cómo gobierna la derecha y qué intereses defiende para construir una nueva alternativa que sea su directo contraste. Si no hay respeto de los derechos fundamentales, debe lucharse por una nueva institucionalidad y funcionamiento económico que los consagre; donde hay corrupción y conflictos de interés, debe fortalecerse los órganos que garanticen la plena probidad en la gestión pública y la sanción severa de los infractores; donde hay manipulación debe haber denuncia y transparencia. En definitiva, debe construirse una alternativa democrática mayoritaria al poder y al gobierno del dinero, a partir de ideas propositivas y de acciones colectivas para que termine de consagrarse la soberanía de los ciudadanos. No es poca cosa y demorará tiempo, tal vez mucho pero ¿hay otro camino para legar un país mejor a las nuevas generaciones?

miércoles, 27 de marzo de 2019

Una visita oficial de más


Poco edificante fue la presencia de Jair Bolsonaro en Chile. El presidente Piñera ha justificado su empatía con un gobernante que, en rigor, no se puede calificar sino de… inaceptablemente extremo. Lo inaceptable proviene de que incluso no todas las extremas derechas son tan sistemáticamente contrarias a los elementos básicos del respeto a la dignidad humana. Aunque soy de los que cree que adjetivar no es de gran ayuda en el análisis político, no se puede considerar de otro modo a un actor público que en su prolongada carrera reivindica golpes de Estado, asesinatos, violaciones y discriminaciones contra las mujeres, los homosexuales, los afro-descendientes y los indígenas.

El presidente Piñera ha aludido para justificar su actitud de invitar en visita oficial a Bolsonaro un vínculo estratégico con Brasil que ya existe desde hace mucho tiempo. Lo que cabe es mantenerlo, pues es muy importante, pero con relaciones con el actual gobierno objetivas y parcas, sin piruetas de consumo interno. Pero, en este caso, la sobre actuación de agregar a la asistencia a la reunión de de diversos gobernantes una invitación especial a Bolsonaro para realizar una visita oficial fue innecesaria y conflictiva. Parece provenir de la necesidad de contar con Brasil para el nuevo esquema de Pro-sur, del que muchos gobiernos sudamericanos no son muy entusiastas. Esto es explicable, pues de partida excluye a un país muy importante como Venezuela (no se invitó ni al gobierno en ejercicio ni se intentó seguir con la ficción del gobierno “encargado”), mientras es muy difícil que la necesaria articulación de los gobiernos sudamericanos se proyecte en este esquema, dadas sus débiles bases. Convengamos que la parálisis de UNASUR como órgano político provino de su proceso de decisiones por unanimidad en un contexto de abierta hostilidad entre sus miembros de derecha cada vez más numerosos y los de carácter refundacional agrupados en el ALBA. Los gobiernos progresistas no refundacionales como Uruguay y en su momento Chile y Brasil, siempre mantuvieron una actitud constructiva, que permitió hacer coincidir a un Uribe y un Chávez.

La cooperación sudamericana tiene serios temas subregionales específicos que abordar, como los de seguridad, migraciones, medio ambiente, por mencionar los principales, admitiendo que los económicos tienen otros foros de más amplio espectro y que debieran sumar en particular a México y actuar en escala latinoamericana. Por ejemplo, no existen aún siquiera consultas periódicas latinoamericanas para abordar las reuniones del G20, principal espacio de coordinación económica mundial al que pertenecen Brasil, Argentina y México. Por su parte, el tratamiento más estable y más sereno de la cooperación sudamericana probablemente provendrá de algún esquema de consultas y acciones conjuntas sobre estos temas antes que de organismos de propaganda, que si se conciben como tales no podrán superar el vivir en y del conflicto permanente en su seno y con otros.

El hecho es que el presidente Piñera decidió convertir a Colombia y a Brasil en aliados ideológicos preferentes para impulsar su Pro-Sur y, probablemente, también para contentar las escabrosas alineaciones ideológicas de uno de los componentes de su coalición, la UDI, que compite con la todavía más extrema derecha que se desgajó de ella para ver quien es más amigo del inadmisible Bolsonaro. La falta de compostura aparece por todas partes en este lamentable episodio.

A raiz del repudio de las mesas del Congreso y de diversos representantes a sumarse a los homenajes al personaje de marras, en virtud de una defensa de valores humanos básicos, se planteó que estarían de por medio problemas de protocolo y de política exterior “de Estado”. Cabe afirmar que nunca ha habido tal cosa como una política exterior “de Estado”. Ninguna política exterior está por encima del bien y del mal, todas buscan proteger intereses y están inspiradas por unos u otros principios y valores. Está claro que los de Piñera son los propios de su sector (que logró ser mayoritario en la elección presidencial) y que no son los mismos del resto del país (que logró ser mayoritario en la elección parlamentaria). Lo mínimo en esta situación hubiera sido consultar a la oposición sobre la visita de Bolsonaro, lo que el gobierno no hizo, y tal vez le hubiera permitido atenuar los efectos de una visita oficial inútil y controversial. En los países democráticos existe colaboración interpartidaria en ciertos temas, siempre que se delibere y llegue a ciertos consensos de forma y fondo, pero en el contexto de un debate contradictorio sobre todos los asuntos públicos (si alguien tiene una duda, tal vez las controversias británicas sobre el Brexit pueden ilustrarle al respecto).

Alguien dirá que la política exterior se rige solo por intereses. Entonces quien lo sostenga debería criticar lo hecho por el actual gobierno en nombre de valores democráticos contra el gobierno de Maduro, dejando secuelas que van más allá del actual régimen con el país que tiene las principales reservas petroleras del mundo y con todos los países que observaron que Chile se sumaba al intento de derrocamiento de un gobierno instigado desde Washington. Conclusión: la política exterior es siempre una mezcla de defensa de valores e intereses (lo que en la literatura especializada se conoce como el debate entre idealistas y realistas).

Para Chile, la mejor defensa de sus intereses nacionales en tanto país pequeño y austral es proyectar una política exterior mesurada, de acompañamiento de los valores democráticos en todos los casos y en la defensa del derecho internacional y de los tratados. Es decir no haciendo gesticulaciones en un sentido u otro, que están totalmente de más, acogiendo “amigos” que atentan contra la dignidad humana o actuando y trasladándose de manera beligerante a fronteras para derrocar “enemigos” ideológicos, por condenables que sean. Lo que una política exterior sensata debe tratar de hacer es buscar la cooperación regional sud y latinoamericana, y no ser un factor de conflicto y división. Y menos alinearse con los halcones que hoy gobiernan Estados Unidos. Frente a los intereses no siempre convergentes, por decir lo menos, y en todo caso asimétricos de los países de la región en relación a los de las grandes potencias en materia militar, financiera, comercial, de inversiones y de propiedad intelectual, no tiene sentido subordinarse a ninguna de ellas ni menos servir sus intereses, sino cooperar frente a los temas que conforman una comunidad latino y sudamericana de destino, además de nutrirse de un pasado común.

En definitiva, el gobierno se expuso a un episodio altamente controversial con costos internos y externos, que se agrega a la insólita visita a Cúcuta para intentar derrocar a un gobierno. ¿Es mucho esperar que la política exterior deje de ser un campo de experimentos riesgosos que en nada sirven a Chile?

Posteo sobre el estilo y rol de la UDI

Otra indignidad de la UDI: además de tener a la presidenta Jacqueline van Rysselberghe imputada por cohecho y fraude al fisco sin que pase nada ni nadie diga nada, ahora el ministro UDI de Justicia Hernán Larraín, violando la separación de los poderes propia de la democracia, presiona a los jueces y apoya públicamente al UDI Jaime Orpis procesado por cohecho y fraude al fisco por 307 millones.
Sin olvidar que Pablo Longueira como senador y ministro intervino directamente en favor de intereses monopólicos privados, por lo que también está imputado y procesado. O a Jovino Novoa, que reconoció para evitar la cárcel el financiamiento ilegal de Penta para candidatos de la UDI. Los senadores en ejercicio Iván Moreira y Ena Von Baer fueron procesados por la misma causa. Todo esto refleja el desparpajo puro y simple con el que está acostumbrado a actuar el partido que promovió y sostuvo hasta el final a la dictadura. Y que hoy sigue defendiendo a los criminales de Punta Peuco y representa sin tapujos al poder económico privado, y de paso recoge abundantemente sus estipendios.

¿Y qué dice la oposición, que no se la escucha? ¿No amerita la inaceptable declaración de Hernán Larraín pedirle la renuncia? ¿O no va a pasar nada y este ministro de Justicia seguirá presionando a los jueces para defender a autores de delitos cuando son de su partido?

Post scriptum: leo que el presidente del Senado, Jaime Quintana, declaró en la mañana de hoy que "sus declaraciones (las de Larraín) no son probablemente muy aconsejables de emitir en este momento". Algo es algo. No mucho en verdad.

lunes, 11 de marzo de 2019

¿Hacia una recuperación de la oposición?


Al iniciarse el año político, el gobierno enfrenta un problema medular: su promesa de tiempos mejores se ha desdibujado. El sustrato es una gestión económica que no logró sostener la recuperación producida en el último semestre del gobierno anterior, después de un prolongado letargo. Esto ocurre en contraste con el éxito económico del primer gobierno de Sebastián Piñera, que se sustentó en los efectos del plan de reactivación luego de la crisis de 2009, en el gasto público en recuperación de infraestructura por el terremoto y en una mejor coyuntura internacional. La política fiscal algo más contractiva y las oscilaciones del Banco Central en su política monetaria, junto a un deterioro externo, han ahora, a la inversa, ralentizado el crecimiento de la actividad y el empleo respecto a un año atrás. Este año la economía tendrá un desempeño inferior al de 2018, quitándole holgura política al gobierno. Y reforzará los rasgos de agitación hiperactiva del presidente, que lo llevan a tomar decisiones precipitadas. Hace un tiempo el rechazo iguala o supera su aprobación en la opinión pública, luego de haber sido elegido por un sorpresivo amplio margen en 2017. La derrota de la actual oposición, aunque en condiciones de control “administrativo” de las cámaras, colapsó sus bases de acción común, lo que ya parece empezar a cambiar.
La Democracia Cristiana decidió en una primera etapa prolongar su opción por retomar un camino propio de centro, en medio de un país y un mundo muy distintos en los que los centros políticos no construyen ya mayorías sino las respuestas a las preocupaciones mayoritarias. No ha ayudado a que la DC pueda transmitir un mensaje identitario visible la ausencia de definiciones económico-sociales y culturales, pues hoy las definiciones la dividen. Y tampoco actuar un día en connivencia con el gobierno y al siguiente con la oposición de centro laico o con la de izquierda tradicional y emergente. La crisis provocada por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, que pareció más bien una postura irreflexiva de su sector más intransigente, parece haber permitido a la postre una conversación necesaria de la DC con los grupos más constructivos de la izquierda emergente sobre los temas de fondo: el rechazo a las reforma tributaria, laboral y de pensiones y a la agenda educativa del gobierno, todas con un claro carácter socialmente regresivo.

En vez de mantener la agrupación que le dio un buen resultado parlamentario, el centro laico y la izquierda tradicional se dispersaron en 2018 para intentar una quimérica vuelta a la coalición de 1989 (por tanto sin el Partido Comunista). Consiguieron solo anularse y detener procesos de renovación de su proyecto y de sus prácticas. El Frente Amplio ha tenido muy poca relevancia en contraste con su notable resultado parlamentario, lo que demuestra una vez más que construir una nueva fuerza política es una tarea de largo aliento que no puede basarse solo en personalidades (y menos en narcisismos postmodernos) sino en un proyecto común. Contrariamente a la leyenda interesada según la cual las diversas izquierdas no tendrían ya nada que ofrecer por la suma de la individuación provocada por la modernidad capitalista, el colapso soviético, la crisis de la socialdemocracia europea y el fracaso del chavismo latinoamericano, será inevitablemente a estas fuerzas a las que cabrá empezar en 2019 a articular un nuevo proyecto político amplio capaz de disputar el poder institucional en 2020 y 2021.

En primer lugar, en la elección parlamentaria las izquierdas representaron el 45% del electorado, los regionalistas el 2% y la DC el 10%. En segundo lugar, en materia de referencias globales el fin de la Unión Soviética no ha sido sino una muy buena noticia para la izquierda democrática; el desgate de la socialdemocracia tradicional europea está siendo reemplazada por coaliciones de gobierno exitosas en mantener el Estado de bienestar dirigidas por socialistas como la portuguesa y sueca y se verá qué pasa con la española, junto a fenómenos como los de Jeremy Corbyn en Gran Bretaña y la renovación demócrata en Estados Unidos y su New Green Deal; la izquierda chilena, salvo expresiones marginales, no reivindica para nada el modelo bonapartista y represivo de Maduro (condenando al mismo tiempo la intervención norteamericana) sino el carácter inequívocamente democrático del progresismo, como se expresa consistentemente en Uruguay, por ejemplo. El PC parece seguir su aggiornamiento en esta y otras materias.

El tema de fondo es que en la actual sociedad globalizada es cada vez más evidente que las respuestas neoliberales aumentan dramáticamente las desigualdades y además ponen en peligro cada vez más la propia vida en la tierra. A la vez, los conservadores son cualquier cosa menos portadores de una respuesta efectiva a la hiperconcentración económica, la desigualdad social estructural, la impostergable emancipación de la mujer y el deterioro ambiental descontrolado.

Aunque la derecha en Chile es electoralmente fuerte y ha logrado en parte generar una cultura del individualismo negativo, no es a la postre convincente en la idea de generar movilidad social, oportunidades económicas y orden público. Esto solo lo pueden lograr en las condiciones de Chile gobiernos progresistas consistentes, una vez asumidas las lecciones de la experiencia pasada. El gobierno de Sebastián Piñera está fracasando en estas tres dimensiones (como está ocurriendo también con Macri, dicho sea de paso). No está logrando hacer de la derecha una mayoría sociológica y cultural en Chile, como era su propósito. Recordemos que Piñera solo fue elegido con el apoyo de un 26,5% de los habilitados para votar. La victoria de Piñera fue fruto de la confusión y división de las representaciones políticas de centro e izquierda y de la desmovilización de su electorado. El camino hacia una nueva coalición alternativa, plural, con capacidad efectiva de gobierno y con un lugar para todos alrededor de un programa transformador serio y llamado a ser respetado, parece empezar a recorrerse luego de unos años 2017 y 2018 para el olvido.

lunes, 4 de marzo de 2019

De nuevo sobre la izquierda y Venezuela

En Voces La Tercera

Venezuela se ha tomado parte importante de la agenda política en Chile, lo que es probable se mantenga dado el intento del gobierno de utilizar en contra de la izquierda, así, en genérico, los dramas que vive su pueblo. Risible, pero así van los actuales tiempos de caricaturas.

Por nuestra parte, hemos señalado que la izquierda debe condenar toda intervención externa, y especialmente las amenazas de invasión militar norteamericana, más o menos explícitamente pedida por Guaidó. Este presidente de la Asamblea Nacional, y a ese título muy respetable,  ha articulado su accionar a partir de la ficticia y a estas alturas un poco ridícula figura de “presidente encargado”. Y lo ha hecho con los halcones norteamericanos, la ultraderecha de Colombia y Brasil, las derechas latinoamericanas y hasta cierto punto los gobiernos europeos. Su fin es usar “todas las formas lucha” para derrocar a Maduro, sin negociación alguna ni respeto al derecho. El intento hasta ahora ha fallado. De paso ha contado con el también bastante ridículo movimiento de protagonismo en terreno de Piñera, realizado al precio de dejar en el aire la necesaria política exterior chilena de no participación en el derrocamiento de gobiernos.

Pero también venimos rechazando desde hace tiempo la idea maniquea del “ellos o nosotros”. Y por tanto planteando una crítica a la deriva antidemocrática de Maduro y su gestión catastrófica de la economía. Esta postura nos ha valido palabras poco amables de quienes se rehusan por espíritu sectario a aceptar que se puede estar en contra de toda intervención militar y económica y no a favor de Maduro.

El gobierno de Maduro es democráticamente repudiable, en mi opinión, por haber reemplazado al parlamento electo a través del desconocimiento de parte del resultado que permitía a la oposición alcanzar 3/5 de los escaños, para lo cual dispuso del férreo control construido previamente de los poderes judicial y de supervisión de la legalidad. Y luego convocando (como si la constitución vigente no fuera la de Chávez) una asamblea constituyente cuya función ha sido la de terminar con la división de poderes y eliminar las garantías para la oposición bajo el mando del ex militar Diosdado Cabello. Desde luego concuerdo bien poco con la oposición de derecha, y menos con el intento de hacerse del poder mediante un golpe militar interno o, peor aún, externo, es decir norteamericano, para aplastar al actual régimen: los chilenos sabemos como opera el revanchismo oligárquico por trágica experiencia propia. Pero de ahí a hacer lo de Maduro, es decir algo así como llevarse la pelota para la casa cuando perdió la mayoría en 2015, hay un paso inaceptable. Su gobierno impidió con pretextos variados la realización de un referéndum revocatorio previsto en la constitución, que también habría permitido resolver la crisis democráticamente, y empezó a meter presos, maltratar y exiliar a cientos de opositores y a cerrar y hostigar medios de comunicación. Y aceleró la toma de control inorgánico de cada vez más empresas, desorganizando la producción y aumentado el desabastecimiento de bienes esenciales.

Maduro se hizo reelegir adelantando la elección presidencial en 2018, sin participación de la oposición mayoritaria (lo que fue un grave error de ésta, creo) porque consideró que no había garantías. La deriva antidemocrática culminó con Maduro jurando el 10 de enero para un nuevo período hasta 2025, pero ya no delante de la Asamblea Nacional, como establece la constitución, sino del Tribunal Supremo de Justicia, órgano bajo su control. Esto fue el pretexto perfecto para la declaración de ilegitimidad por el parlamento, o lo que queda de él, y la ofensiva norteamericana coordinada con Guaidó.

El gobierno de Maduro es además repudiable por profundizar un modelo basado en la apropiación clientelar de la renta del petróleo, construido durante décadas por los partidos tradicionales pero continuado en lo esencial bajo el chavismo. Incluso amplió en 2016 las zonas de extracción minera en asociación con capital extranjero -el arco minero del Orinoco en un 12% del territorio- con graves daños ecológicos y a los pueblos indígenas. La caída de largo plazo de la rentabilidad de la extracción de petróleo pesado venezolano requiere enormes inversiones que no han sido atendidas. El cuasi colapso de la producción es muy anterior a las sanciones norteamericanas, cortando la rama sobre la que estaba sentado el régimen. La producción de petróleo pasó de tres millones de barriles diarios en 2014 a algo más de un millón de barriles diarios en 2018. Vean lo que opina el encargado de PDVSA durante Chávez, Rafael Ramírez: “Tenemos una empresa petrolera de la que han salido 30.000 técnicos gerentes, hay más de 100 presos de la industria petrolera, una producción que escasamente llega al millón de barriles por día. Y la empresa está en manos de una persona (el mayor general Manuel Quevedo) que no tiene idea de cómo conducir el negocio petrolero”. En todo esto la baja reciente del precio del petróleo tiene poco que ver. Y fue solo en 2017 cuando Estados Unidos estableció sanciones financieras, enteramente condenables porque afectan sobre todo al ciudadano común. Esto se amplió con la expropiación el 28 de enero de 2019 de los activos de PDVSA a su alcance, lo que es todavía más condenable, pues pone a la administración norteamericana en capacidad de adueñarse unilateralmente de activos de terceros países. Hasta entonces, Estados Unidos seguía comprando el 40% del petróleo venezolano y vendiendo todo tipo de insumos.

El factor causante principal de la descomposición económica es la acción de un grupo burocrático-militar que antepuso su acumulación de poder al bienestar cotidiano de la mayoría de los venezolanos y que ha preferido desorganizar la economía para hacerse de activos económicos y ponerlos en manos de grupos sin capacidad productiva. La distribución de alimentos y el petróleo están en manos militares, con altos niveles de corrupción y clientelismo que incluso horrorizaron a varios intelectuales que apoyaron el chavismo por su inicial redistribución directa de recursos a los más pobres y apoyarse en organizaciones populares de base. El resultado: la caída de 50% del PIB en un quinquenio, un alto desempleo, la falta de control de una de las criminalidades más altas de America Latina, la hiperinflación desatada, que carcome el ingreso de los pobres y de los asalariados y jubilados, y los 2 millones de emigrantes desde 2015. Hoy suma más de 10% la población emigrada de un país que atrajo a millones de inmigrantes en el siglo XX y que posee las mayores reservas petroleras del mundo.

Ni el enfoque político ni el económico de Maduro son propios de las ideas que la izquierda defiende históricamente, las de la igualdad de derechos y oportunidades efectivas, de la democracia con justicia social y de la libertad real mediante el mejoramiento de las condiciones de vida y la autonomía básica de todos los ciudadanos/as. Si en un momento dado el partido o coalición que gobierna en nombre del pueblo y sus intereses pierde la mayoría social y electoral, debe asumirlo y no violentar a la sociedad ni bloquear la alternancia. Y acto seguido luchar para que las conquistas sociales no retrocedan -cuando esas conquistas son profundas las derechas no logran revertirlas en lo sustancial aunque gobiernen, como en los países nórdicos- y prepararse para convencer de nuevo a la mayoría. Es decir, no aferrarse al poder como sea, sino que hacer funcionar la democracia, fuente primigenia de la legitimidad de la izquierda y de su proyecto histórico de transformación del capitalismo, es decir de aquel sistema basado en la concentración oligárquica de la economía y la acumulación ilimitada de capital, sin derechos sociales ni de género ni cuidado ambiental. 

La democracia consiste esencialmente en que el que gobierna lo hace por mandato popular, siguiendo reglas y por períodos limitados. Y entrega el poder a quien obtiene en cada período la mayoría, aunque no sea de su preferencia. Cuando eso no ocurre, se entra en los procelosos caminos de la violencia estatal en nombre del pueblo, claro que sin, y finalmente en contra, del propio pueblo. Esto incluye la supresión de las libertades, una economía que se centraliza en beneficio de la casta burocrática que gobierna y de sus prioridades de uso del excedente económico (con frecuencia en el dominio militar), con lo que inevitablemente se crean nuevas desigualdades en nombre de suprimir las que provoca el capitalismo. Ese no es el camino de la izquierda democrática, social y libertaria. Ese es el camino del estalinismo y de los regímenes burocráticos que sustraen al pueblo la soberanía en la toma de decisiones fundamentales. Hacia ese camino inaceptable deriva Maduro, y por eso la izquierda debe oponerse a su intento de perpetuación en el poder y de control burocrático de la sociedad. Y, al contrario del cinismo de la derecha que en realidad busca un aplastamiento antidemocrático, debe apoyar una salida concordada en base a que los ciudadanos vuelvan a elegir a los poderes del Estado, como propone José Mujica y parte de la oposición venezolana.

lunes, 18 de febrero de 2019

Estados Unidos, Venezuela y el abismo

Los halcones del sistema político norteamericano han decidido actuar fuerte sobre la Venezuela de Maduro, buscando retomar el control sobre un país clave de América Latina y sobre su petróleo, nacionalizado en los años setenta. Buscan una acción drástica cerca de su territorio, que apunta a la vez a quitarle toda posibilidad de sobrevivencia al régimen cubano. No terminan de soportar el desafío a la hegemonía de Estados Unidos originado en los años sesenta por la revolución cubana. Una salida posible a la confrontación eterna que se perfiló en los acuerdos Obama-Castro es ahora cancelada, junto a toda posibilidad de evolución democrática soberana y pluralista de ese régimen acosado por décadas. En el corto plazo, los halcones detrás de Trump buscan sobre todo aprovechar el “eslabón débil” venezolano en la redefinición global del poder estratégico y económico con China, en especial, y también con Europa y Rusia. El problema es que este diseño está resultando bastante difícil de resolver a favor de los intereses de Estados Unidos en diversos escenarios de conflicto. A más largo plazo, la maniobra destinada a derrocar a Maduro y su grupo es que rompe diversas reglas básicas del derecho internacional construido hasta hoy, maniobra en la que Estados Unidos ha visto la ocasión de arrastrar parcialmente a Europa y a los gobiernos de derecha de América Latina.

Los Estados reconocen en principio a Estados, no a gobiernos, salvo situaciones excepcionales. La nueva regla de los halcones de ultraderecha es ahora intentar reconocer como gobiernos a sus próximos en tal o cual lugar del mundo, aunque el poder estatal efectivo esté en otras manos. Arriesgan con esa lógica, de generalizase, un desorden internacional que podría tener graves consecuencias de gobernanza global de mediano y largo plazo. Es un salto al vacío, aunque se trate en este caso de buscar transformar en gobierno a una mayoría legítima del parlamento que ha sido ilegítimamente acosada. El detalle es que esto se busca provocar desde fuera de las fronteras de Venezuela presionando al poder militar y terminando de fracturar a una sociedad que no supo o no pudo manejar el conflicto histórico por el acceso a su enorme renta petrolera ni “sembrar el petróleo” (Arturo Úslar Pietri, 1936) y terminó en un régimen burocrático-autoritario.

La secuencia ahora ha sido la autoproclamación presidencial de Guaidó; luego el “plan de ayuda humanitaria” de EE. UU. de 20 millones de dólares, menor al de la Cruz Roja; el rechazo esperado de esta ayuda por parte de un Maduro recientemente reelegido con contendores menores (y con una oposición que se negó erróneamente a participar en la elección presidencial), secundado por un cuerpo militar cuya oficialidad es parte de un régimen político de vocación burocrático-autoritaria, apoyado en una ilegítima asamblea constituyente y en un poder judicial y de control a las órdenes del gobierno; y finalmente la “autorización” anunciada de Guaidó para un eventual ingreso de tropas de Estados Unidos a Venezuela para “permitir” la ayuda humanitaria. No sabemos si se concretará o no. Si así ocurre, volverá la doctrina intervencionista de Theodore Roosevelt, con una América Latina y el Caribe en permanente convulsión. Y si no ocurre, será una nueva acción errática de la administración Trump.

Siendo tan obvio e incierto en su simpleza el plan de Pompeo, Bolton, Abrams y los halcones norteamericanos protegidos por Trump, el gobierno de Chile debiera haber mantenido lo que todos llaman pomposamente “política de Estado”, consistente en este caso en apegarse al principio de autodeterminación, aunque manifestando todos los apoyos a los demócratas que resulten necesarios para el respeto de sus derechos (pero en todas partes, incluyendo Colombia, Honduras, Guatemala y un largo etcétera ¿no?).

Los que avalan la autoproclamación de Guaidó habrán de saber lo que apoyan: una amenaza de invasión norteamericana a un país latinoamericano, que podría ser otra de tantas en la historia, en este caso a título de un “corredor humanitario” y una confrontación sangrienta, con el trasfondo de búsqueda de control del petróleo venezolano (cuyas reservas son las mayores del mundo). En esto nadie puede declararse inocente o inadvertido de lo que está en juego: el control estratégico de recursos energéticos.

Los que nos consideramos parte de la izquierda democrática latinoamericana (y a ese título nos oponemos tanto a la intervención norteamericana como a esa supuesta izquierda que defiende regímenes burocrático-autoritarios que no favorecen los intereses ni la emancipación de la mayoría social) seguimos insistiendo en una salida negociada basada en la consulta al pueblo para una renovación concordada y simultánea de la presidencia y el parlamento. La acción internacional debiera comprometerse no a derrocar gobiernos sino a favorecer pactos democráticos internos y una fuerte ayuda externa para estabilizar la economía y detener la hiperinflación y la dificultad de acceso a bienes básicos que castiga día a día al pueblo venezolano. Es lo que también debiera promover Maduro, en vez de aferrarse a un poder quimérico en lo que se parece cada día más a un Estado fallido, evolución que, sin perjuicio de boicots norteamericanos crecientes y que merecen ser condenados, ha sido básicamente de su responsabilidad. Como lo es contribuir a buscar una salida a la situación actual que no sea la violencia ni la penalización de las condiciones de vida del pueblo venezolano.

Con los halcones norteamericanos aliados a una oposición insurreccional chocando frontalmente con el grupo de poder que controla Venezuela sin otra racionalidad que mantenerse día a día en el poder, lo más probable es una prolongación de la crisis y su deriva sangrienta. Esperemos que los acontecimientos no nos den la razón y prevalezca la búsqueda de una salida pactada y democrática como se lo merecen Venezuela y América Latina, y no esta alineación vergonzante de los gobiernos de derecha con la peor expresión del hegemonismo norteamericano de otra época.

Y debiera el gobierno actual considerar más ampliamente lo que un chileno escribió en 1822 aludiendo a la Doctrina Monroe: “Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano; y ese sería así: hacer la conquista de América, no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Eso sucederá, tal vez hoy no; pero mañana sí. No conviene dejarse halagar por estos dulces que los niños suelen comer con gusto, sin cuidarse de un envenenamiento”. Ese chileno se llamaba Diego Portales.


miércoles, 30 de enero de 2019

Repensar la reforma previsional


Las reformas propuestas por los ministros Rodrigo Valdés, en el gobierno pasado, y Felipe Larraín, en el actual, adolecen del mismo defecto: seguir fortaleciendo el negocio monopólico de las AFP aumentando las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. En la propuesta del ministro Larraín, la cotización adicional podría gestionarse por nuevas entidades. Pero cobrarían una nueva comisión: se mantendría así una sustancial ventaja competitiva para las AFP.

Soy de los que postula a estas alturas del debate que un primer piso de pensiones debe ser el de una pensión básica ya no solidaria sino ciudadana y como continuidad de un ingreso básico más amplio. Emerge con fuerza el tema del ingreso universal a establecer progresivamente para distintos segmentos de la población, empezando por los de menores ingresos, y así responder a los cambios de nuestra economía y nuestra sociedad. En tiempos de disgregación del trabajo asalariado tradicional, aumentado por la acelerada automatización de funciones mediante el uso de robots e inteligencia artificial, la cotización salarial obligatoria no puede seguir siendo pensada como en el siglo XIX, cuando fue introducida en la Alemania de Bismarck.

La pensión básica de ciudadanía debe ser uniforme en tanto derecho a una existencia digna en la vejez y no depender de los ingresos previos. Debe incluir a los sectores de mayores ingresos a medida que contribuyan tributariamente conforme al principio de progresividad, con tasas proporcionalmente más altas a medida que aumenta el ingreso y el patrimonio. Esto hoy está lejos de ser el caso si se considera el sistema tributario en su conjunto, y menos aún con la reforma tributaria enviada por el ministro Larraín, que regalará más de 800 millones de dólares al 1% más rico de la sociedad con la reintegración tributaria.

La pensión básica ciudadana debe alcanzar un nivel razonable (desde el punto de vista de su costo para la colectividad), decente (para permitir una vida con un mínimo de dignidad en la vejez) y no sujeta a situaciones particulares o privilegios. El punto de partida debe ser aumentar la pensión básica actual en monto y cobertura de manera gradual pero sustancial, con la meta de alcanzar en plazos breves unos 250 mil pesos mensuales (lo que tendría un costo fiscal total de cerca de 2,8% del PIB) para todos los mayores de 65 años. Y alcanzar en plazos más largos el nivel del ingreso laboral mediano, aquel que separa por mitades el mencionado ingreso, y de ahí reajustarse por el IPC y el ingreso mediano. Se trata de definir un umbral con sentido económico y no de base administrativa, como el salario mínimo fijado por ley. Cabe evitar los potenciales desequilibrios e inequidades múltiples si se expone el sistema de pensiones a las presiones de grupos particulares con mayor poder relativo.

El ingreso laboral mediano fue de 380 mil pesos en 2017 según el INE, lo que implicaría que la pensión ciudadana para todos los mayores de 65 años basada en este parámetro, tendría un costo fiscal total de un 5,1% del PIB. Este monto es el que fue gastado por la transición del sistema antiguo al nuevo por años y no es excesivo en la comparación internacional.  La pensión básica ciudadana podría financiarse  con las holguras por los menores gastos generados por el sistema antiguo y con impuestos adicionales. Estos podrían incluir el fin de la exención a las ganancias de capital, subir a 50% la tasa marginal del impuesto a la renta (su nivel de 1989) y un impuesto diferenciado al consumo entre bienes básicos y el resto, gravando especialmente a los que más contribuyen al cambio climático. Para sustentar el gasto en los momentos bajos del ciclo económico y para compensar el futuro cambio demográfico, debe fortalecerse el actual Fondo de Reserva de Pensiones, incluyendo agregarle parte de lo que en algún momento -pues se trata de un recurso que pertenece a todos los chilenos- habrá que recaudar adicionalmente por patentes y regalías mineras (el resto debe ir a infraestructura e investigación y desarrollo tecnológico).

Un segundo piso de pensiones opcional y complementario al nivel básico de ciudadanía debe apuntar a ampliar la tasa de reemplazo de los ingresos previos a la jubilación de los perceptores de ingresos más allá de la remuneración laboral mediana. Hasta ese nivel la tasa de reemplazo estaría asegurada en 100% con la pensión ciudadana en el nivel propuesto. Las pensiones complementarias debieran financiarse con una base voluntaria pero estimulada con incentivos tributarios (con topes a los ingresos más altos). No debiera en el futuro haber cotizaciones obligatorias sobre los salarios. La presencia de ingresos no salariales y la variabilidad del empleo no aconsejan este mecanismo, pues genera las conocidas “lagunas previsionales” que, junto al alto costo de administración en relación al rendimiento, provocan la inviabilidad del sistema de AFP para producir pensiones que se puedan comparar razonablemente con los ingresos previos.

Un nuevo sistema mixto de pensiones debe combinar la mencionada pensión básica universal -de un monto significativo financiada por impuestos al conjunto de ingresos- con pensiones complementarias que sean el fruto de un ahorro voluntario del perceptor de ingresos. Este podría ser suplementado, en su caso, con aportes de los empleadores, mientras las entidades financieras privadas (y también el Banco del Estado) debieran poder gestionar los fondos ya acumulados y los que pudieran ser captados como ahorro voluntario, pero sin retiro programado en el momento de la jubilación. Este mecanismo provoca una incertidumbre en los ingresos futuros de los pensionados que contradice la idea misma de seguridad social.

Lo que definitivamente no tiene sentido es que las AFP mantengan el monopolio de cotizaciones a su disposición gratis mediante una obligación establecida por el Estado, con ganancias más que sobrenormales y sin que los asalariados incidan en nada (con excepción del tipo de fondo). En cambio, debiera favorecerse los mecanismos de ahorro previsional complementario negociados colectivamente entre trabajadores y empleadores y diversos fondos colectivos complementarios de pensiones que pudieran crearse.

lunes, 21 de enero de 2019

Las derechas e izquierdas y los nuevos temores

Hay quienes vuelven a repetir, aludiendo nuevas realidades surgidas del avance de la ciencia y la tecnología o de las nuevas comunicaciones, que las nociones de izquierda y derecha estarían superadas o que la izquierda viviría inmersa en la nostalgia. Se omite que lo que efectivamente es una afirmación muy antigua es la mentada superación de las ideologías, por lo demás de origen autoritario y/o mesiánico. O en el mejor de los casos de origen tecnocrático. En todas estas afirmaciones lo que se busca es negar la pluralidad de ideas e intereses colectivos y su capacidad de dinamizar las opciones públicas y la deliberación contradictoria sobre ellas. ¡Y hay quienes lo hacen en nombre de la ciencia!

Siguiendo el precepto principal del espíritu científico (el de la duda metódica y de la pregunta ¿será tan así?) cabe retomar el análisis del ilustre italiano Norberto Bobbio, para quien lo que distingue a izquierda y derecha (cada una exhibe diversas variantes), es la valoración central por parte de la versión democrática de la primera de la igualdad en dignidad, derechos y deberes de los seres humanos y la consiguiente organización institucional de la sociedad para alcanzar esos fines. Y su menor -y en el extremo ninguna-valoración de la igualdad por parte de la segunda. En efecto, las derechas postulan que las diferencias sociales entre seres humanos son de orden natural y que las sociedades deben organizar las interacciones de individuos y grupos bajo el postulado de la libertad de opción sin interferencias institucionales, aun al costo de desigualdades que en todo caso resultarían básicamente de dotaciones dadas de capacidades y del mérito individual en su uso. Organizar reglas que incidan y en algunos casos pongan límites a la interacción entre individuos o bien no intervenir en ellas en nombre de la libertad, negando de paso la existencia de grupos y clases sociales con intereses contradictorios, sigue siendo el gran dilema izquierda-derecha en la esfera pública. Para la izquierda, la libertad la pueden ejercer solo los que poseen suficiente riqueza y poder, y suelen hacerlo contra los intereses de la mayor parte de los miembros de la sociedad y contra el interés general.

Ningún acto individual está libre de determinaciones sociales. Nadie está ajeno a su inserción en los grupos y clases sociales con poder asimétrico que componen la sociedad. Esto limita sustancialmente la libertad de opción de cada cual, cuando no reduce a la miseria y a las carencias de toda índole a segmentos sustanciales de la sociedad. Por ello la izquierda se opone a la derecha en este aspecto crucial y busca obtener una igualdad efectiva de oportunidades simultáneamente con el acceso a condiciones básicas de existencia que permitan a todos “vivir bien una buena vida”, en la expresión de Ronald Dworkin. Nada puede seguir siendo de mayor actualidad.

Y tampoco nadie está ajeno a la incidencia de lo que Pierre Bourdieu llamó el “capital cultural” de cada individuo, que también está socialmente determinado. Por ello, la izquierda lucha por una igualdad de oportunidades educativas a lo largo de la vida para diluir las desigualdades iniciales y de condición social y la derecha pugna por una separación de las élites del resto de la sociedad. En el caso de Chile, la derecha criolla en su irremediable espíritu oligárquico busca incluso la segmentación escolar según resultados de aprendizaje desde la infancia y de paso asegurar que sus hijos tengan más oportunidades de acceso, dado su mayor dotación inicial de capital cultural, al conocimiento. Su postulado no dicho es favorecer su agrupación tribal y de clase, lo que curiosamente presume, además, sería compartido (Piñera dixit) por la mayoría en su deseo de aspirar a las altas cumbres de la diferenciación social.

La segmentación que propugnan las diversas derechas incluye la subordinación de la mujer y su relegación a funciones domésticas o a actividades sin poder. En sus versiones más primitivas, como es el caso de parte de la derecha en Chile, incluye también la defensa de la segmentación espacial en las urbes y territorios, la discriminación étnica y la animadversión hacia lo que algunos llaman “ideología de género”, que no es otra cosa que la igualdad de la mujer.

El sustrato de las sociedades diferenciadas y jerarquizadas, alejadas de cualquier idea de derechos básicos para todos/as sus miembros, sigue siendo básicamente la economía liberal y desigual de mercado hoy reinante, pero también la economía centralizada capturada por grupos burocráticos de poder sin consideración por las libertades ni la prosperidad colectiva. El contraste está más vigente que nunca en esta materia entre derecha e izquierda democrática, en la era de la globalización que ha concentrado como pocas veces en la historia los patrimonios y los ingresos. La derecha busca que en el dominio de los intercambios descentralizados de mercado no exista, o tenga un rol mínimo, cualquier regulación pública. Pero el problema es que en el mercado capitalista participan con un poder estructuralmente asimétrico productores y consumidores, los dueños del capital y los que viven solo de su trabajo (aunque complementen sus ingresos con el producto de alguna inversión), los grandes y los pequeños empresarios, los empresarios rentistas y los empresarios que enfrentan la competencia. Lo nuevo es que la mayoría asalariada vive hoy en condiciones de creciente dispersión y subordinación, mientras la ampliación de la terciarización y de los contratos de corta duración diluyen la condición salarial tradicional, pero no por eso terminan con la subordinación de los contratados a los contratantes.

La izquierda moderna se propone, en cambio, cambiar determinadas bases de la asignación de recursos para transitar a una economía próspera, dinámica y circular que no dañe los ecosistemas y sustente al mismo tiempo las igualdades efectivas de oportunidades y de condiciones comunes básicas, lo que requiere de sustanciales redistribuciones de poder e ingresos. Pero no para transitar a una centralización burocrática sino a una asignación de recursos con pluralidad de agentes económicos públicos, sociales y privados, en condiciones de intercambios descentralizados y al mismo tiempo de regulación estatal y reducción de las asimetrías entre actores de la economía y de socialización parcial del excedente económico. Esto incluye una carga tributaria más amplia, suficiente y sostenible,  la limitación de la financiarización y de la circulación de capitales por paraísos fiscales, junto a la prohibición de la inversión privada y pública en actividades lesivas para el bienestar humano y no resilientes en el uso de los ecosistemas. Esta transición requiere de un gobierno activo en mejorar la condición de bienestar y ampliar la incidencia productiva de los distintos segmentos de trabajadores, junto a mejorar su calificación mediante la educación y la formación profesional permanentes. Es tarea suya, además, crear y financiar más infraestructura, financiar más investigación y desarrollo tecnológico, fomentar el ahorro y la inversión (incluyendo la necesaria transición energética para descarbonizar la economía y aumentar la sostenibilidad ecosistémica) en contextos de diversificación productiva y territorial. Las derechas (salvo las más lúcidas y civilizadas, pero no es muy fácil encontrarlas) niegan o minimizan la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, porque puede llevar a políticas que limiten la lógica de acumulación ilimitada de capital. No obstante, está en juego la supervivencia del planeta y de las sociedades humanas. Y ahí sigue presente el dilema entre izquierdas y derechas, las primeras buscando proteger el interés común de las sociedades, y en este caso también de la humanidad en su conjunto, y las segundas insistiendo en la utopía negativa de la autoregulación de mercado y de las “soluciones privadas a los problemas públicos”, cuando no simplemente negando las realidades establecidas por el consenso científico (Trump).

Existen menos certezas sobre los dos grandes temores de los futurólogos de la época actual (nunca han faltado en la historia humana los que infunden miedo al futuro ) son la automatización basada en la inteligencia artificial, que eliminaría supuestamente hasta la mitad de los empleos, y la manipulación genética, que cambiaría el género humano tal como lo conocemos. La automatización (que recordemos nació hace dos siglos con la primera revolución industrial y ha destruido empleos pero ha creado muchos más) hoy adquiere nuevas formas y velocidades y puede eliminar empleos a un ritmo acelerado con el uso generalizado de la inteligencia artificial, aunque esto es discutido en su magnitud por diversos especialistas. Esta nueva realidad, de confirmarse, se puede usar para presionar todavía más las condiciones de ejercicio y retribución del trabajo, o bien ser un instrumento de reorientación hacia una mayor calificación generalizada del trabajo y, eventualmente, de disminución (manteniendo o ampliando la remuneración gracias a los incrementos de productividad) de las horas de trabajo en beneficio de actividades sociales y personales. De nuevo derechas e izquierdas con sus diversos enfoques.

La manipulación genética humana tiene como impulso, por su parte, un genuino interés científico que algunos buscan transformar en nuevas oportunidades de rentabilidad en el contexto de delirios reeditados de “razas mejoradas”. Pero puede ser democráticamente controlada y limitada (es falso que esto no sea posible) y puesta al servicio de nuevos avances en la medicina y la mejoría del bienestar humano. De nuevo todo depende de los valores, ideas e intereses que están en juego y del privilegio por la sociedad del bienestar común o de la acumulación de capital. Nada muy nuevo en materia de dilemas sociales entre izquierda y derecha.

Sigue habiendo, sin embargo, una dimensión que supera a izquierdas y derechas, pero que las antecede ampliamente. Y es la de la limitación y erradicación del uso de la violencia. En el extremo, la era nuclear consagró la capacidad de autodestrucción del género humano y la posibilidad de un apocalipsis provocado por pulsiones autodestructivas de liderazgos sin consideración ni respeto alguno por la vida y por pueblos sometidos y fanatizados que siguen esos liderazgos. Imaginémonos por un segundo el mundo de hoy si Hitler o Stalin hubieran dispuesto unilateralmente de armas nucleares. Cuando Estados Unidos dispuso brevemente de ese monopolio, actuó sin contemplaciones y criminalmente contra Japón, destruyendo Hiroshima y Nagasaki sin distinción de población civil o militar. De ahí que izquierdas y derechas tienen el deber humano de mantener el control del uso de armas nucleares a través de formas de gobierno mundial del desarme o al menos de disuasión mutua eficaz.

Y en las distintas sociedades, izquierdas y derechas tienen el deber de hacer avanzar reglas comunes que preserven los derechos fundamentales de las personas, la separación de poderes y la alternancia en el poder. Esto no es otra cosa que hacer avanzar la democracia, inventada imperfectamente por los griegos en la antigüedad hace más de dos milenios. Y por la que cabe seguir luchando día a día por su vigencia y ampliación contra todas las variantes de autoritarismo y de violencia ilegítima institucionalizada.

viernes, 11 de enero de 2019

2019: un gobierno en dificultades y una oposición sin norte

En Voces La Tercera
Al iniciarse el año 2019, sorprende que la oposición siga dando respuestas dispersas a las iniciativas y acciones de un gobierno cada vez más entrampado en su incapacidad de hacer frente a las expectativas que creó. Un recuento somero indica que una de las pocas acciones relevantes de la oposición unida (que recordemos no hace mucho gobernaba junta, con pocas excepciones) fue haberse coordinado para establecer una rotación en la presidencia y otros cargos de las cámaras en marzo de 2018 (dicho sea de paso, esto no existe en los parlamentos de los países de mayor solidez institucional, en los que los presidentes de las cámaras y comisiones ejercen por períodos completos). O bien el anuncio de amplio espectro de una acusación constitucional contra el Intendente de La Araucanía frente al asesinato de Catrillanca, que derivó en su renuncia anticipada. Y no mucho más.

En efecto, con cuatro oposiciones distintas no es mucho lo que se puede esperar. Y menos cuando cada fuerza busca negociar temas parciales de interés propio con el gobierno, que va así reuniendo mayorías parlamentarias caso a caso para hacer avanzar su agenda. Cuando sus propios errores se lo permiten, claro.

El Partido Demócrata Cristiano (que reunió un 10,3 por cien de los votos válidos en la elección de diputados en diciembre de 2017) ha optado por mantenerse al margen de toda alianza. El supuesto rol de fiel de la balanza no transmite un mensaje demasiado contundente ni permite presagiar una recuperación del electorado perdido (del orden de 20 por cien desde 1989). En todo caso, antes de 2020 deberá decidir a qué fórmula de coalición electoral se integrará para disputar las elecciones municipales y regionales con alguna posibilidad de éxito.

El bloque de izquierda y de centro laico tradicional, que sumó un 25,1 por cien de los votos en la elección de diputados de 2017, simple y sorprendentemente se disolvió. Este se había conformado por los partidos Socialista (9,8 por cien de los votos a diputados), Por la Democracia (6,1 por cien de los votos a diputados), Comunista (4,6 por cien de los votos a diputados) y Radical Socialdemócrata (3,6 por cien de los votos a diputados). Su sentido era ser el soporte político de Alejandro Guillier en la elección presidencial de 2017. La fórmula del independiente venido de los medios de comunicación fracasó, pero la lista parlamentaria común que conformaron sus cuatro partidos de apoyo obtuvo buenos resultados en el contexto del nuevo sistema electoral proporcional.

Luego de disolverse intempestivamente, este bloque no fue reemplazado por alguna otra alianza con capacidad de incidencia política, rompiendo la antigua regla -también aplicable en política- de que en la selva no se debe soltar una liana sin haberse colgado a otra. Parece haberse tratado de un acto irreflexivo de marginación del Partido Comunista, sin otra razón que no fuera supuestamente ofrecer al Partido Radical, tentado por una alianza de “centro” con la Democracia Cristiana, una coordinación provisoria sin el PC. Esto se origina en que una parte de los dirigentes PR y DC entiende que la recuperación de su identidad, supuestamente diluida en las alianzas con la izquierda, pasa por gestos anticomunistas de tipo guerra fría antes que por cualquier reconstrucción de algún proyecto como los de Aguirre Cerda o de Frei y Tomic (que recordemos incluían la reforma agraria y la chilenización del cobre). Al parecer, estos solo aceptarían volver a una Concertación sin el PC. El problema es que esta coalición se disolvió al terminar el primer gobierno de Michelle Bachelet hace casi una década, y entre tanto el PC ha vuelto en plenitud a su tradición social e institucional.

En medio de estas maniobras tácticas de poca proyección, el PDC sigue en su camino propio poco incidente y existe solo una débil coordinación entre el PS, el PPD y el PR. Estos partidos sumaron un 19,5 por cien de los votos de diputados en 2017 y no están por sí solos en condiciones de sostener una opción presidencial que dispute la segunda vuelta, ni parecen tener un mensaje que conecte con su historia y con el mundo popular, colonizados como están por el pragmatismo encarnado por figuras como José Miguel Insulza y por las ideas neoliberales encarnadas por Rodrigo Valdés.

Ante esta situación, el Partido Comunista decidió coordinar su actividad con el PRO del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y del también ex candidato presidencial senador Alejandro Navarro (cuyas fuerzas políticas sumaron 3,9 por cien de los votos a diputados) y con el Frente Regionalista, Verde y Social encabezado por el diputado Jaime Mulet (que obtuvo el 1,9 por cien de los votos a diputados). Estas fuerzas reunieron el 10,4 por cien de los votos a diputados en 2017, lo que no es desdeñable.

El Frente Amplio, que emergió en la reciente elección como una nueva fuerza alternativa con 16,5 por cien de los votos para la Cámara de Diputados, ha tomado iniciativas parlamentarias aisladas pero sin contar con los votos del resto de la oposición, mientras no ha mantenido vínculos muy activos con los movimientos sociales. Se han acentuado sus divergencias internas entre posiciones más proclives a alianzas con el resto de la oposición y otras más radicales y autonomistas. Su proyección pública ha estado centrada más en las tribulaciones de las personalidades que lo conforman antes que por algún cuerpo de ideas y propuestas conducentes a constituir una alternativa seria a la derecha.

En este contexto, salvo un desgaste político acelerado y un mal desempeño económico en medio de una coyuntura internacional que pudiera hacerse muy adversa, la derecha tiene altas probabilidades de ganar la elección regional y municipal de 2020 y de ser reelegida en 2021. Salvo que se produzca alguna secuencia de articulaciones positivas. Por ejemplo, las fuerzas más a la izquierda podrían coordinarse. Una clara acción común opositora del PC, Pro y Frente Regionalista podría sumar a las del Frente Amplio, o vice-versa. Esto agregaría (en el papel) un 27 por cien del electorado. Esta dinámica podría sumar (también en el papel) al 20 por cien del trío de “centroizquierda laica” hoy inmovilizado. Si además todos ellos se propusieran componer alguna colaboración con el 10 por cien, o parte de él, que representa (siempre en el papel) el PDC, el cuadro podría cambiar para construir una alternativa creíble a la derecha. Por el momento, no se ve ningún proceso mínimamente articulado de lucha contra las ideas e intereses minoritarios que defiende la derecha en el gobierno. Ni tampoco una construcción paciente de coaliciones capaces de hacer avanzar los intereses de la mayoría social en el futuro próximo.

Pero la esperanza es lo último que debiera perderse. La oposición podría actuar en el corto plazo, por ejemplo, no aprobando ningún proyecto presentado por el ejecutivo hasta que se acuerde la reforma del Tribunal Constitucional en un sentido no partidista (su conducta actual es simplemente incalificable), se restrinja su ámbito de intervención y deje de ser una sesgada tercera Cámara. Sería una primera señal de vida.

jueves, 27 de diciembre de 2018

La necesaria subordinación de los cuerpos armados al poder civil democrático

El presidente Sebastián Piñera ha hecho bien en anunciar el 26 de diciembre, como conclusión de la crisis policial reciente, que va “a enviar una reforma constitucional para terminar con ese mecanismo (de destitución)”, pues cree “que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general Director de Carabineros tienen que estar subordinados al poder civil y cuando el Presidente les pide la renuncia tienen que renunciar en el acto”. Al descubrirse poco a poco la magnitud del engaño policial en el asesinato de Camilo Catrillanca, y la incitación a la obstrucción de la verdad por elementos de la jerarquía policial, resultó inevitable ir de destitución en destitución hasta llegar al general director de Carabineros. Cuando Hermes Soto y varios de sus generales se insubordinaron en días pasados, también había actuado correctamente el gobierno al sacarlos rápidamente para nombrar a un oficial de su confianza y así reafirmar el poder civil. Por ello la petición de renuncia al ministro del Interior, tal vez justificada por el principio general de la responsabilidad política, sería en este caso de alguna manera un premio a la insubordinación y a la tesis de la independencia de los poderes públicos armados que algunos todavía defienden. Esto no impide la necesaria crítica política al ministro Chadwick, en especial por ser uno de los que ha estado en el origen del problema institucional que se evidenció en estos días y por su manejo reciente de la represión en la Araucanía.

Había sido un error del presidente Sebastián Piñera y de su ministro alentar expectativas al nombrar a Hermes Soto y prometer una reestructuración de Carabineros sin ir a la raíz de los problemas. Estos incluyen temas como transformar la relación con los ciudadanos y la sociedad organizada en cada territorio para combatir el delito, la formación cívica del personal, el control civil de la función policial y transparentar y supervigilar el gasto y la administración para evitar abusos. Cabía desde el principio enfrentar la cultura del engaño a las autoridades y al poder judicial, del que Carabineros es un órgano auxiliar, sobre todo después de la llamada Operación Huracán. Esta llevó la falsificación de pruebas a un extremo, logrando la cobertura para una supuesta operación de inteligencia por parte del ministerio del Interior del anterior gobierno.

Lo peor por parte del nuevo gobierno fue terminar de encargar al GOPE y las Fuerzas Especiales un recrudecimiento ciego de la represión en La Araucanía. El resultado más reciente fue el asesinato por la espalda de un inocente y el intento posterior de esconder los hechos con chapuzas sucesivas. Se había creado un clima de “mano dura” para contentar a un grupo de propietarios de tierras -pertenecientes en origen a comunidades mapuches- exasperados por los ataques a sus bienes y en algunos casos dramáticamente por ataques a personas con fatales consecuencias, lo que merece la reprobación de todos. Pero esto se tradujo en un ineficaz acompañamiento del espíritu castigador y discriminador de la más primitiva derecha que ha reemergido en el país. Se ha afirmado en el gobierno la idea de no perder votos en el mundo conservador y de hacerlo a través de respuestas autoritarias frente a cada desafío que plantea la sociedad.

No olvidemos, además, el trasfondo institucional: se pagan hoy las consecuencias de la norma de permanencia y destitución de los jefes militares y de orden establecida en 2005, la que da espacio a los intentos de desacato al poder civil democrático. El gobierno de la época la aceptó porque devolvía, aunque imperfectamente, la subordinación de los órganos armados del Estado a la autoridad presidencial democrática. No olvidemos que el presidente Ricardo Lagos tuvo que lidiar, exitosamente a la postre pero en medio de múltiples tensiones perfectamente injustificadas, con la destitución de dos comandantes en jefe sin tener la autoridad formal para hacerlo. En la actual crisis, la norma absurda de informar al parlamento antes de perfeccionar administrativamente la destitución de los mandos, se da vuelta contra los que la impusieron en el Senado: los hoy ministros Chadwick, Larraín y Espina, entre otros. Su motivación en la época, que es de esperar ya no exista, fue mantener la ilusión de la inamovilidad y sobre todo dar espacio a la independencia y, en su caso, a la desobediencia militar frente a quien resulte elegido/a por los ciudadanos/as para conducir el Estado y que pudiera resultarle molesto a sus intereses y visiones. Hay todavía dando vueltas elementos de la tradición política de la derecha oligárquica, la que propició los golpes y la insubordinacion militar no una sino muchas veces en la historia, y de manera grave contra Freire, Balmaceda, A. Alessandri y Allende.

Lo que está detrás es una concepción instrumental de la democracia, en nombre de una libertad que es para las oligarquías tradicionales esencialmente la que otorga el poder de apropiarse de la parte del león del excedente económico. Muchos de sus representantes no aceptan que los problemas de la democracia se aborden con métodos democráticos y piensan que las explotaciones y discriminaciones forman parte de una suerte de orden natural, en el que ellos están en la cima, o consideran que deben estarlo por algún designio divino. A la vez, sus partidarios (o subordinados) plebeyos aspiran a acompañarlos en el olimpo de la jerarquía social, o al menos a ser tomados en cuenta en la sociedad desigual y patriarcal que los conservadores defienden. Conservadores que defendieron, entre otros hechos históricos cruciales, la ruptura violenta de 1973 en vez del plebiscito que sería convocado por el presidente Salvador Allende para intentar una salida política a la crisis. Y que incitaron a la represión violenta y prolongada contra la izquierda y contra todos quienes aspiran a una sociedad progresista, democrática e igualitaria.

Parte de la izquierda también tuvo en los años sesenta una visión instrumental de la democracia, en nombre de la urgente emancipación de la clase trabajadora y de los pobres del campo y la ciudad, la que debía realizarse contra viento y marea. Pero la mayor parte de este mundo hizo una autocrítica radical hace décadas, después de intensos debates,  al asumir lo ya planteado por Eugenio González en la década de los años cuarenta y más tarde por el allendismo, en el sentido que el Estado democrático de derecho termina siendo una protección fundamental para la mayoría social frente a las oligarquías. Desde entonces la izquierda mantiene una invariable conducta que concibe a la democracia, en palabras de Jorge Arrate, como espacio y límite de su acción política. Incluso los ex estalinistas del PC han reiterado que en Chile su accionar es exclusivamente democrático, y así lo demuestra su práctica, aunque sus adhesiones internacionales dejen que desear.

La lección democrática para la reforma constitucional en la materia o, mejor aún, una nueva Constitución generada participativamente, es que la información al Congreso, al que le cabe un rol deliberativo como representación de los ciudadanos, debe ser posterior y no previa a la completa tramitación de la destitución de los comandantes en jefe o generales directores. Los cuerpos armados estatales deben subordinarse efectivamente a la autoridad política democrática, sin autonomía alguna de decisión incluso en materias operativas y  presupuestarias (Carabineros ha realizado el mayor desfalco al Estado en la historia de Chile, solo comparable a los de Pinochet y la Dina). Nunca debe permitirse cualquier trato arbitrario a los ciudadanos ni el uso de la fuerza por cuenta propia de los órganos públicos armados, y menos para asesinar a nadie (no existe ya en Chile la pena de muerte) o subvertir el orden legal y constitucional. El uso de la fuerza debe ser siempre proporcional a la amenaza y controlado por la autoridad civil y judicial. El incumplimiento de las normas de uso de los recursos públicos o de uso de la fuerza, así como la omisión de información y la mentira a la autoridad, deben ser sancionados severamente y sus responsables separados de inmediato de las filas.

Esas deben ser las condiciones de ingreso y permanencia en las Fuerzas Armadas y de Orden, para que nadie se equivoque. De otro modo entraríamos irremediablemente en la trayectoria de los Estados cleptómanos y violentos, a la que nos empezó a encaminar el régimen dictatorial en 1973-1989 y de la que tanto nos ha costado salir progresivamente, con avances y retrocesos. Hoy nos encontramos en un nuevo punto de inflexión de alcances históricos, en el que los actores políticos y sociales deben estar a la altura del desafío, incluyendo el respeto y consideración debida a la inmensa mayoría de uniformados probos que dedican su vida al servicio de los demás.

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