Salidas de crisis y opciones de largo plazo

En La Mirada Semanal

El Banco Central y la prensa presentan la variación del IMACEC (Índice de Actividad Económica Mensual) comparando el valor del mes con aquel del año anterior. En noviembre, el último mes disponible, se registró un incremento de 0,3%. Este método de medición no quiere decir mucho, pues el mismo mes del año anterior puede haber tenido una evolución fuera de tendencia, como ocurrió el año pasado en medio de la rebelión social. Tiene más sentido fijarse, en primer lugar, en la variación respecto al mes previo, despejada de efectos estacionales, para evaluar la evolución coyuntural. En segundo lugar, cabe fijarse en la variación acumulada en el año respecto al mismo período del año anterior para visualizar la tendencia anual, lo que no publica el Banco Central en su comunicado mensual y supone realizar un par de cálculos.

La cifra más reciente de variación mensual desestacionalizada, la de noviembre de 2020, registró un aumento de la actividad económica de 1,1% respecto a octubre. Esta es una buena cifra luego del desplome acumulado de marzo-mayo de -16,4%, de los posteriores cuatro meses con una recuperación que sumó 11,4% y de la nueva caída en octubre de -0,5%. El índice promedio de enero-noviembre de 2020 respecto al mismo período del año anterior indica una caída acumulada de -6,5%. El año va a cerrar con un PIB disminuyendo en una cifra cercana a esa, la mayor desde 1982. 

El gran desafío es ahora la velocidad con que se completará una reactivación que lleve los niveles de producción de mercado al mismo nivel de marzo de 2020. Las incertidumbres de la pandemia están ahí para impedir predicciones muy precisas. Desde los últimos días de diciembre de 2020 el promedio diario en siete días de contagios registrados por COVID-19 ha subido inexorablemente. A pesar de un pequeño repunte que luego cedió, este no se había expandido luego de las fiestas de septiembre. En cambio, el fin del Ingreso Familiar de Emergencia para 8 millones de personas en noviembre empujó a más gente a realizar actividades informales para subsistir, mientras las fiestas de fin de año facilitaron el contagio familiar. El resultado ha sido un fuerte repunte de casos nuevos, con su secuela de mayores hospitalizaciones y muertes. Es a lo menos urgente reponer el Ingreso Familiar de Emergencia para que las restricciones de desplazamiento y aglomeración sean más efectivas, antes que el avance de la epidemia obligue a paralizar de nuevo parte importante de la producción. Este es otro momento en el proceso de contagio por COVID-19 desde marzo de 2020 en el que ahorrar dineros del fisco costará, a la postre, mucho más caro y con graves consecuencias humanas de por medio.

De modo que 2021, dadas las insuficientes políticas de gobierno y hasta que no se complete un proceso de vacunación cuya meta es llegar a 15 millones de personas en julio, seguirá siendo un año humana y económicamente difícil, en medio, además, de los intensos procesos electorales. En ese proceso se van a delinear las salidas de crisis que le tocará gestionar al gobierno que se iniciará en marzo de 2022. 

Una continuidad de “negocios como siempre” puede ser el camino que seguirá el país, tal vez retomando en parte la dinámica exportadora empujada por China, pero sin dar mayores respuestas a la crisis social evidenciada en octubre-diciembre 2019. Contrariamente a las décadas pasadas, será un camino de inestabilidad. 

Otro camino será, siempre que las nuevas instituciones lo permitan, el de avanzar hacia un objetivo de mayor bienestar equitativo y sostenible en el país. Esa senda requerirá abordar en serio la superación de la estructura de desigualdad y del funcionamiento económico sistémico social y ecológicamente depredador que la sostiene, combinación que produce un crecimiento cada vez más lento. Avanzar por ese otro camino supondrá definir un nuevo horizonte de metas alrededor de las cuales se movilicen y amplíen los recursos disponibles. El camino de “negocios como siempre” no se plantea demasiadas metas o no se dota de instrumentos para lograrlas. El camino de “bienestar equitativo y sostenible”, en cambio, debe plantearse metas que sonarán extrañas a los oídos ortodoxos, pero que deben constituir un horizonte para que la política económica construya nuevos equilibrios sociales y ambientales. 

La primera meta debe ser avanzar hacia el pleno empleo. Así como el Banco Central tiene una meta de 3% de inflación en un horizonte de 24 meses, la política económica debe complementarla con una meta de menos de 5% de desempleo de la fuerza de trabajo en un horizonte de 36 meses. A la vez, ese empleo debe basarse en el trabajo decente, es decir basado en derechos colectivos defendidos por sindicatos fuertes y remuneraciones con un piso más alto y una mayor correspondencia con el aporte productivo del trabajo. Por ello, se requerirá un aumento significativo del salario mínimo en abril de 2021 y aumentos reales anuales posteriores, junto a producir en 2022 cambios legales que permitan negociaciones colectivas de salarios inter-empresa de modo generalizado.

La segunda meta debe ser lograr el acceso a medios de vida mínimamente dignos mediante un Ingreso Familiar Garantizado que sume desde 2021 tanto un sistema ampliado y simplificado de subsidio familiar -que incluya el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado- como una pensión básica que pase del 60% de menos ingresos a ser universal. Este ingreso debe asegurar que ninguna familia esté por debajo de la línea de pobreza (hoy de $455 mil para una familia de cuatro miembros), complementado por un acceso gratuito a la educación y a la atención de salud y a los medicamentos, junto al acceso subsidiado al transporte.

La tercera meta debe ser la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso mediante una relación empleador/trabajadores más equilibrada e impuestos y transferencias más progresivos, con una relación 10% más rico/40% de menos ingresos que pase hacia 2030 del 2,55 (cifra de 2017) al menos al 1,76 de Estados Unidos hoy (según los datos de la OCDE) y a 1 en plazos más largos.

La cuarta meta debe ser alcanzar la neutralidad carbono (situación en que las emisiones de dióxido de carbono son de un nivel que puede ser absorbido por la capa vegetal) en 2040, lo que requiere adelantar el fin del uso de carbón en la generación eléctrica a 2025 y realizar una acelerada transición energética para la cual el país cuenta con inmejorables condiciones siempre que aumente su gasto en investigación y desarrollo, y reconvertir las zonas de sacrificio humano y ambiental. Para ello, la colectividad debe cobrar las regalías que corresponde a todo acceso a los recursos naturales que pertenecen a todos, en vez de prácticamente regalarlo como en la actualidad.

La quinta meta debe ser desconcentrar los mercados, proteger al consumidor y fortalecer la economía social. Las utilidades sobrenormales en la banca y la actividad financiera y en los servicios básicos regulados deben ser tributadas, mientras la vigilancia sobre las prácticas monopólicas debe hacerse efectiva, junto a promover la actividad y el empleo en la pequeña empresa familiar y en la economía social y cooperativa, privilegiando los circuitos cortos de abastecimiento, la alimentación sana y los productos locales.

En suma, de la voluntad colectiva y de la decisión y competencia de los grupos dirigentes que la ciudadanía elija dependerá salir o no de la más grave crisis en casi cuarenta años con un nuevo modelo de prosperidad compartida y sostenible, o bien con la conocida persistencia de una sociedad de mercado fracturada, depredadora y desigual dominada por las tradicionales oligarquías económicas.

Soñar no cuesta nada

 En La Mirada Semanal

Durante este 2021 Chile va a elegir representantes para elaborar una nueva constitución, para dirigir regiones y comunas, para legislar y para dirigir el gobierno. Pocas veces la ciudadanía ha estado confrontada en la historia del país a una secuencia de decisiones tan densa.

El 25 de octubre se realizó un ejercicio de democracia directa, en el que la voluntad ciudadana decidió sin mediaciones y con una mayoría contundente que quería una nueva constitución. Los problemas empezaron inmediatamente después, con los arduos caminos de la representación. Millones de mayores de 18 años no están en condiciones de redactar en conjunto una constitución, o redactar leyes (a lo más provocar su elaboración mediante el mecanismo de la iniciativa popular de ley o aprobar o rechazar su resultado final mediante referendum) o dirigir cotidianamente los destinos de una comuna, de una región o del país en su conjunto, aunque se multipliquen creativamente los mecanismos de participación. Tampoco el ciudadano de a pie está en condiciones de dedicar el tiempo y la energía que muchas veces la reflexión, deliberación y acción política cotidiana requieren, especialmente mientras muchos y muchas tengan que asegurar sus medios de vida o realizar tareas de cuidado por largas horas cotidianamente, sin la opción de dedicar mayor tiempo a otra cosa.

La representación es, mientras no se invente otro mecanismo, inevitable. El problema es que es básicamente frustrante. Primero, porque el representante de la propia preferencia puede no salir elegido y los que si lo logran pueden ser muy distantes de los valores, ideas e intereses que inspiran esa preferencia. Segundo, porque el representante de la propia preferencia que resultó elegido no siempre va a representar completamente a cada representado, el que hasta se puede arrepentir de su voto en el camino. Tercero, porque el representante puede estar en minoría o sometido a vetos de minorías y el que votó por él se va a molestar con su incapacidad de avanzar a los objetivos que propuso y que el representado apoyó. Y cuarto, porque la escena pública es siempre una de controversias, idealmente poblada por deliberaciones racionales, pero las más de las veces por exabruptos y descalificaciones. La sociedad mediática de hoy es una sociedad del espectáculo. El que no hace gestos estridentes o halaga las pasiones del momento, o incluso el que no insulta en algunas redes sociales, suele no concitar mayor atención ni tener repercusión. El resultado es la distancia sistemática entre representantes y representados. Estos últimos muchas veces no quieren siquiera enterarse de lo que pasa en la esfera pública o en el mejor de los casos la observan con distancia y solo ocasionalmente. La distancia puede, si la esfera pública funciona mal, aumentarse con la renuncia a toda participación, como hemos observado en Chile con los jóvenes desde fines de la década de 1990.

La actividad política tiene, además, un sustrato complejo (aquí utilizamos el concepto de complejidad no como sinónimo de dificultad, como suele hacerse en la actualidad, sino en su sentido original de una situación en que factores múltiples concurren a explicar un fenómeno con variadas interacciones), desde la cultura prevaleciente hasta la evolución de las estructuras económicas y sociales, además de los condicionamientos e influencias internacionales.  Cuando se juntan crisis económicas y sociales (y agreguemos una grave crisis de orden sanitario en la actualidad) y la esfera política ha evolucionado hacia una exacerbación de los individualismos y la fragmentación de los agrupaciones políticas, entonces se multiplica la desconfianza hacia toda representación. 

De lo anterior ha resultado en Chile el paso en pocas semanas desde un entusiasmo colectivo para producir cambios institucionales de fondo luego de un proceso de rebelión social particularmente intenso, a un cuadro de nuevo descrédito de la política. Hay que reconocer que la mayoría de las direcciones políticas no han ayudado mucho, aunque caso aparte es el de la derecha. Ésta, como siempre, termina por agruparse (incluyendo a la extrema derecha de simpatías nazis) alrededor del factor que la define: la defensa de sus intereses de orden económico. Como se sabe, esos intereses son los de una minoría, por lo que la derecha se cuida de no dispersar su representación, lo que en ocasiones incluso le permite ser mayoría. Y, en todo caso, construye y defiende “seguros de vida” en la esfera política a través de mecanismos institucionales de veto minoritario a las preferencias mayoritarias y alentando la falta de participación.

En cambio, la representación del mundo que vive de su trabajo asalariado (por definición subordinado) o por cuenta propia (las más de las veces en condiciones desfavorables), así como del mundo de la cultura y la creación (cuyos intereses no son los del empresariado), es siempre problemática por las razones expuestas, agravada por la realidad de partidos tradicionales con proyectos de cambio que se clientelizaron y burocratizaron. Esto ocurre aunque esos mundos sean ampliamente mayoritarios en la sociedad.

Frente a ese diagnóstico pesimista, queda expresar el optimismo de la voluntad. ¿Será posible que los dos grandes bloques políticos opositores que se han delineado se afiancen y transmitan serenamente el mensaje de que consideran mejor ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de optar entre ellos y así permitir mandatos claros para el futuro? ¿Y que ese enfoque puede ampliar su convocatoria conjunta a más votantes y permitir que su número total de convencionales electos sea mayor, a pesar de que la cifra repartidora podría favorecer en teoría a la lista unificada de la derecha? ¿Y que expliquen sus propuestas constitucionales, las que se verá son en muchos puntos coincidentes, lo que permitirá colaborar en la Convención Constituyente? ¿Y que señalen con respeto pero con firmeza que votar por independientes fuera de lista es muy válido, pero que con los distritos pequeños y el sistema electoral existente va a ser un voto perdido? ¿Y que ser parte de la política organizada es una voluntad de actuar con otros y con persistencia en el tiempo, y que eso es un valor positivo y necesario para una sociedad que quiere progresar? ¿Y que ambos bloques se darán un apoyo mutuo en las eventuales segundas vueltas el 9 de mayo para elegir gobernadores? ¿Y que harán lo propio en la segunda vuelta presidencial, aunque tendrán listas distintas a constituyentes, concejales, parlamentarios y consejeros regionales para que los ciudadanos opten? ¿Y que tienen la voluntad de constituir un gobierno de coalición en marzo de 2022, porque nadie puede gobernar nuestra sociedad fragmentada y polarizada desde trincheras sino que transformando y tendiendo puentes para construir mayorías? Soñar sigue no costando nada.

Elecciones y desempleo

En Voces La Tercera

El año 2021 supondrá una vorágine de elecciones y de definiciones que tendrán amplias consecuencias sobre el destino del país y sobre la orientación de su modelo de desarrollo. A la vez, como un sustrato más o menos visible que condicionará esos procesos, permanecerá un grave problema de desempleo.

De acuerdo a las cifras más recientes del INE, se habían recuperado a noviembre de 2020 unos 844 mil de los 1,9 millón de empleos perdidos entre marzo y julio. La etapa más álgida de la crisis sanitaria fue seguida tanto de la relajación progresiva de las restricciones como de la reactivación de la actividad económica a partir del tercer trimestre del año, fruto de un impulso monetario y fiscal y del retiro de fondos desde las AFP y del uso de los recursos del Seguro de Cesantía para sostener la suspensión de contratos o la pérdida de empleo. El empleo recuperado representa el 45% del empleo perdido. La brecha pendiente de colmatar para volver al nivel de empleo del primer trimestre de 2020 es aún de poco más de un millón de puestos de trabajo.

Las personas desocupadas que buscan empleo sumaron 954 mil, pero existe otro 1,3 millón de personas dispuestas a trabajar, aunque han desistido de buscar un puesto de trabajo. La tasa de desempleo total calculada por el INE con estos dos componentes alcanzó un 22,8%. Los que buscan trabajo sin encontrarlo o bien están disponibles para trabajar suman 2,3 millones de personas. En abril y mayo, los empleos asalariados formales, que realizan más del 70% de la actividad productiva, disminuyeron en 463 mil, de los cuales se han recuperado solo 49 mil (el 10,6%). El empleo informal y por cuenta propia ha sido el más afectado por la crisis, con dos tercios de las pérdidas, y a la vez constituye el grueso de los empleos recuperados. Para volver a alcanzar el nivel de ocupación del primer trimestre de 2020, se requiere crear un millón de empleos adicionales. Si se volviera a crear empleo al ritmo del mejor año del último quinquenio (200 mil empleos en 2017), se necesitaría cinco años a partir de 2021 para recuperar los puestos de trabajo perdidos hasta noviembre de 2020. Si el ritmo fuera el del año menos dinámico (100 mil empleos en 2016), se necesitaría 10 años para recorrer ese camino. La recuperación del empleo dependerá de la magnitud de la reactivación de la demanda interna y externa y de la magnitud de la contribución del subsidio a la creación de nuevos empleos.

A lo anterior hay que agregar todas las incógnitas sobre el control de la pandemia, con la esperanza de que se logre que 15 millones de personas estén vacunadas a junio contra el Covid-19. Pero a nadie escapará que el rebrote principal a esperar es el de la rebelión social, cuya magnitud entre octubre y diciembre de 2019 sería un error subestimar o considerar como un episodio puntual. El desempleo pesará, junto a otros temas sociales como el acceso a la salud y las pensiones, en las decisiones de 2021 y en el clima general del país.

Se ha creado un fondo presupuestario de dos mil millones de dólares para financiar 1,3 millones de subsidios al empleo. La información del Ministerio del Trabajo indica que entre el 29 de septiembre y el 9 de diciembre unas 40 mil empresas postularon a 265 mil trabajadores a este subsidio, un 64% de los cuales se dirige a nuevas contrataciones y un 36% a reactivar los contratos suspendidos, actualmente financiados por las cuentas individuales del seguro de cesantía. El bajo número de interesados no hace sino confirmar que las empresas necesitan una perspectiva relativamente cierta de ventas antes de pensar en emplear a nadie, con o sin subsidio. Lo que pone en el tapete la necesidad de un mayor estímulo fiscal con impacto macroeconómico que permita una recuperación más consistente.

Pero el efecto microeconómico de este subsidio puede ser solo el de disminuir el costo laboral para las empresas por empleos que se reanudarían o crearían independientemente de su aplicación. Si el objetivo gubernamental es acelerar el ritmo de creación de puestos de trabajo y sustituir definitivamente el Ingreso Familiar de Emergencia por la vuelta al empleo (programa que dejó de funcionar en octubre pasado), el mecanismo adecuado parece ser el de ampliar con más contundencia los programas de creación directa de empleo en infraestructura, que ya ha visto aumentar los recursos para vivienda. Pero será también necesario poner en marcha nuevos programas de servicios a las personas y de cuidado al medioambiente, de modo de cubrir necesidades sociales insatisfechas y al mismo tiempo crear puestos de trabajo que permitan mantener en actividad a las personas que no encontrarán un empleo formal -cuyo volumen apenas crece- por un período prolongado o se mantendrán en trabajos precarios e inestables por cuenta propia y con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

2021: La importancia del debate sobre el Estado social

En La Mirada Semanal

Cerca de iniciarse el crucial año 2021, en el que Chile renovará autoridades y creará un nuevo marco institucional, surgen muchas interrogantes. Y una en particular: ¿será la nueva constitución más de lo mismo o fundará una nueva República? Esto va a depender de la elección de convencionales el 11 de abril próximo y de lo que permita la regla de 2/3 en la Convención Constitucional, que supone un quórum de aprobación aún más alto que el que permite reformar la actual constitución en diversos temas. Esta fue una concesión a la derecha que ha sido tratada con ligereza y que tendrá fuertes consecuencias. Y a la que incluso algunos le atribuyeron un inexplicable mérito, al sostener que con 1/3 podrían vetar las posiciones de la derecha, en circunstancias que con un más razonable quórum de 4/7 o 3/5 la derecha tampoco hubiera alcanzado una mayoría para aprobar sus posiciones de veto minoritario y de prevalencia de la propiedad privada sobre otros derechos. En realidad, fue una renovada concesión al poder de veto de la oligarquía chilena sobre el sistema político, la misma que retomó el poder en 1973 y desde entonces se niega tenazmente a convivir con las preferencias ciudadanas mayoritarias que la contraríen. El resultado ha sido una democracia deslegitimada e imperfecta que reproduce tensiones sociales y políticas permanentes. 

Las de 2019 se asemejan a las concesiones de 1989, pero en circunstancias del todo diferentes. Las de 1989 se explican en el contexto de una salida pactada a una dictadura sangrienta y prolongada, que debían ser superadas en etapas sucesivas y rápidas, como estaba en parte previsto con el partido RN, que pactó con Patricio Aylwin en 1989 y luego no cumplió. En efecto, las concesiones al poder de veto y el no cumplimiento de acuerdos, junto al acomodo progresivo a no seguir avanzando como se debía a una democratización sustantiva, permitieron sostener prolongadamente un sistema de candado minoritario que limitó la capacidad de la democracia de producir resultados sociales y representar la diversidad de la sociedad y sus opciones mayoritarias. No se insistirá lo suficiente en que fue esta decisión de la derecha y el acomodo del centro político y de parte de la izquierda al dominio oligárquico -y la reproducción de fuertes desigualdades sociales que resultan de ese dominio- los que limitaron las capacidades de acción de quienes nos propusimos en 1989 un cambio estructural hacia un “crecimiento con equidad”. Esta ceguera terminó por estallar en octubre de 2019 en una situación cuasi-insurreccional y de fuerte violencia social. 

A la aceptación el 15 de noviembre de 2019 de una convención que elige a muy pocos representantes por distrito y que aprueba por 2/3 cada norma, se agregó en diciembre de 2020 la aprobación de escaños reservados indígenas que disminuyen la representación proporcional, como nueva e incomprensible concesión a la derecha. Esto aumentará la desigualdad del voto y la falta de proporcionalidad en la asignación de escaños y, por tanto, la representatividad de la Convención. No se entiende que no se haya concebido una Convención Constitucional que duplicase o triplicase el tamaño de los distritos para permitir la más amplia representación de las diversidades en los territorios, en la que la representación indígena hubiera tenido su lugar de manera más armónica. El voto ciudadano en un distrito populoso, que ya vale mucho menos que un voto en una zona despoblada, valdrá mucho menos que un voto indígena. Los indígenas elegirán representantes con un sistema uninominal a la británica y con un padrón propio con base étnica autodeclarada. Así, la derecha sigue preparando con éxito las condiciones para impedir un resultado constitucional mejor que la enmendada constitución de 1980, salvo que no logre el umbral de un tercio de los convencionales el 11 de marzo próximo. Sigue en la batalla por mantener el veto minoritario y defender el Estado subsidiario, es decir aquel que consagra la primacía del derecho de propiedad privada por encima del interés general y limita considerablemente la intervención del Estado en la economía para fines sociales y ambientales, en aras de su fundamentalismo de mercado.

La batalla constitucional central que se avecina será si prevalecerá o no la soberanía popular y, por tanto, el principio de mayoría en la formación de las leyes, pero también si se establecerá o no la noción de Estado democrático y social de derecho para terminar con el predominio del poder económico concentrado en pocas manos. El concepto de Estado democrático y social está basado en la idea según la cual los seres humanos no son individualidades que gozan de una libertad aislada, sino que ésta presupone, como cualquier otro derecho fundamental, la existencia de una comunidad que la garantiza para el libre desarrollo de su personalidad. El Estado social reconoce que el ciudadano/a es miembro de la comunidad y tiene derecho a un lugar digno y económicamente seguro dentro de ella. Como señala Walter Wefers, “esto es lo esencial del principio, cuya perfección depende del progreso practicado por la legislación particular” para que los individuos alcancen su autodeterminación frente a las asimetrías de poder en la sociedad e impidan el dominio tanto de oligarquías como de un género sobre otro. Además, la noción de Estado social es fundamental para establecer el derecho colectivo de las nuevas generaciones a disponer de los aportes de la naturaleza y proteger los ecosistemas.

La noción de Estado democrático y social de derecho proviene de la constitución alemana actual. Una parte de la derecha chilena toma a Alemania como ejemplo de economía capitalista de libre mercado, lo que es totalmente discutible si se considera que allí las relaciones laborales se basan en negociaciones colectivas con entera titularidad sindical por rama o territorio y en la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas de mayor tamaño, entre otras características que los economistas neoliberales chilenos consideran un sacrilegio antimercado. No es casual, en este sentido, que el modelo alemán se denomine “economía social de mercado”. En realidad, Alemania es un buen ejemplo de una economía mixta dinámica que favorece la innovación y no el rentismo basado en la extracción sin límites del excedente producido por el trabajo o por la apropiación privada de los recursos naturales, con un sector privado con grandes empresas pero también una fuerte red de empresas medianas y pequeñas dinámicas que pagan buenos salarios con protección social (como BioNTech, que ha contribuido a crear en tiempo récord una de las nuevas vacunas innovadoras contra el COVID-19), sujetas a amplias regulaciones sociales y ambientales que tienen el efecto de estimular la innovación (como subraya Daren Acemoglu, la maximización de excedentes no puede producirse por la vía de restricciones salariales en la empresa individual sino aumentando la productividad y promoviendo el cambio tecnológico). Por ello, la derecha chilena no toma a Alemania como ejemplo constitucional en el tema crucial de los fundamentos del Estado y de la prevalencia del interés general. 

La mencionada constitución señala que “la República Federal es un Estado federal democrático y social» (arts. 20 y 28), lo que se traduce en que “la propiedad obliga, su uso tiene que servir al mismo tiempo a la comunidad” (art. 14, II). El concepto clave en la materia es que el objeto más valioso (la comunidad) no debe ceder terreno frente al menos valioso (la propiedad). 

La nueva constitución está llamada a establecer el marco en el que la libertad económica y la propiedad privada de los recursos tengan como límite el interés general. Por lo demás, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece no el “derecho de propiedad” sino que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”. La diferencia es sustancial, pues, aunque señala que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”, la Declaración no se refugia en la defensa irrestricta de la propiedad individual de todo recurso económico tan cara a las derechas en el mundo. El concepto de “derecho a la propiedad” incluye el acceso a formas de democracia económica como la propiedad cooperativa y/o de interés general o la participación de los trabajadores o de fondos públicos (por ejemplo provenientes de una parte de las grandes herencias) en la propiedad de la empresa privada, e incluye la propiedad estatal. En suma, se trata de establecer que la propiedad individual sobre los recursos económicos no puede ser sustancialmente contradictoria con el objetivo indicado por la Declaración Universal, que establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 deben ser la base constitucional del Estado social. Este Pacto, que fue suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969 y promulgado el 28 de abril de 1989, prevalece sobre la legislación interna desde la reforma constitucional plebiscitada el 30 de julio de 1989 (esto fue lo que permitió, en particular, la prevalencia de los tratados sobre derechos humanos por encima de la ley de amnistía de 1978). La prevalencia fue reiterada en la reforma constitucional del 24 de diciembre de 2019, que indica que “el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define que la nación debe “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”, a la vez que establece el derecho  a “una mejora continua de las condiciones de existencia” y el “derecho a trabajar, que incluye el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” con “una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual”. Consagra, además, el  derecho de huelga y el “derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección”, además del derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación y al acceso a la cultura. 

En la dimensión de género, el nuevo Estado social debe garantizar constitucionalmente la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluyendo el igual acceso de mujeres y hombres a las responsabilidades políticas, profesionales y sociales. Debe establecer el principio de la acción positiva para alcanzar la paridad en los cargos de representación popular, en los cuerpos directivos de la administración pública, de las empresas y de las organizaciones no gubernamentales. En la dimensión ambiental, la nueva constitución debe consagrar que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación y a la protección de la naturaleza que provee los aportes eco-sistémicos para la sustentabilidad humana. Y también establecer que toda persona tiene el deber de participar en la protección del medio ambiente y de contribuir a la reparación de los daños causados a los ecosistemas.

La derecha, al aprestarse a negar la pertinencia de la noción de Estado democrático y social de derecho, está negando que Chile sustituya por una democracia en forma la plutocracia -el dominio de los más ricos- hoy vigente por el poder de veto que le otorga a la derecha la constitución de 1980. Es una razón más que suficiente para procurar que esta corriente política y los intereses que representa -hostiles a la soberanía popular, a la igualdad social y de género y al límite ambiental de la actividad económica- no obtenga el tercio de la representación en la elección de abril próximo a una Convención Constitucional. Si así ocurriera, esto le daría una vez más el derecho a vetar el destino de Chile, a pesar de la mayor rebelión social que haya conocido la historia reciente del país. 

Hacia un nuevo régimen político

En La Mirada Semanal

El debate sobre la nueva constitución ha estado marcado por el tema de los derechos y especialmente los nuevos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, dada la amplia voluntad de ruptura con el modelo económico-social actual. Sobra advertir, no obstante, que garantizar estos derechos dependerá solo en parte de su exigibilidad judicial, que eventualmente la nueva constitución establecerá en algunos casos, si es que llega a hacerlo. La regla de 2/3 de aprobación de sus normas prefigura una constitución de mínimos.

Los principales problemas económico-sociales no serán, en cualquier caso, resueltos por la constitución. Lo importante, y ya sería un gran cambio, es que ésta no impida hacerlo a los sucesivos gobiernos democráticos, lo que supone desechar todo veto institucional en la formación de las leyes. Los derechos fundamentales deben ser cautelados no por quórums supramayoritarios sino por una regla de modificación por mayoría simple ratificada por dos legislaturas sucesivas.  Las instituciones no deben nunca más incluir vetos institucionalizados de la minoría como los introducidos en la constitución de 1980 (los que no existían en la constitución de 1925) ni órganos que violenten la soberanía popular.

Pero la nueva constitución debe poner especial acento en establecer instituciones que faciliten la gobernabilidad de la sociedad y de las instituciones. La Convención Constitucional es la ocasión histórica para consagrar la idea del Grupo de los 24 enunciada en 1978 -con un arco de la DC al PC- sobre establecer en Chile un régimen semipresidencial o semiparlamentario.

En este tipo de regímenes políticos, en caso de una crisis social que haga perder legitimidad a las autoridades de gobierno y al parlamento, como la que ha ocurrido desde octubre de 2019 en Chile, el mecanismo de elecciones anticipadas está contemplado en las constituciones respectivas. Es un modo de volver a hacer representativas las instituciones en caso de crisis que ayuda a la estabilidad y continuidad del régimen democrático. En las crisis, es el pueblo el que resuelve. Los regímenes presidenciales a la norteamericana no tienen esa flexibilidad, pues están basados en contrapoderes institucionales ("checks and balances") que se supone limitan el ejercicio gubernamental, lo que es un buen principio para hacer respetar los derechos fundamentales que la sociedad haya concordado. Para ese fin debe funcionar la separación de poderes, especialmente un poder judicial y un parlamento independientes del ejecutivo. Pero ese esquema institucional también puede, en algunas circunstancias, paralizar el ejercicio gubernamental en un choque permanente entre ejecutivo y parlamento, mientras el poder judicial puede contradecir indebidamente la voluntad popular con jueces políticamente parciales. No olvidemos que una confrontación de gobierno y parlamento produjo en 1891 nada menos que una guerra civil en Chile, mientras facilitó de manera sustancial el golpe de Estado de 1973, cuando la Cámara de Diputados hizo un llamado directo a las FF.AA interpretable como una incitación  a derrocar al gobierno, en uno de los errores históricos más notorios de la democracia cristiana aliada a la derecha, lo que la junta militar invocó para justificar su sangriento golpe contra la democracia.

En el Chile pinochetista, la inspiración esencial de la constitución impuesta en 1980 fue la idea retorcida de una "democracia protegida", en la que el pueblo resuelve lo menos posible, es decir a lo más elige unas autoridades que no puedan hacer mucho frente a las oligarquías dominantes, a través de mayorías vetadas por minorías a su servicio en el parlamento (abundantemente financiadas por el poder económico) o por tribunales constitucionales concebidos para actuar contra la legítima voluntad mayoritaria en materia económico-social antes que para proteger los derechos fundamentales. Esto deberá quedar como un mal recuerdo en la historia de las instituciones políticas del país originado en tiempos de oscuridad que se prolongaron indebidamente en el largo proceso de recuperación-recreación democrática.

En un nuevo régimen semi-presidencial, cuyos ejemplos más notorios son Francia y Portugal, el Presidente de la República debe ser el jefe del Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas. En una nueva distribución de roles, el Presidente debe velar por el normal funcionamiento de los poderes públicos y ejercer la supervigilancia del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Debe ser elegido, como en la actualidad, por sufragio universal para un período de cuatro años con posibilidad de una reelección consecutiva. El Presidente debe tener la potestad de nombrar a un Primer Ministro, el que a propuesta del primero debe nombrar a los demás miembros del gobierno y al personal civil y militar del Estado de confianza de las autoridades electas, reducidos a muy pocos cargos en beneficio de una administración pública profesional. La política gubernamental y la agenda legislativa deben ser de responsabilidad del Primer Ministro, que debe contar con la confianza de la mayoría de la Cámara de Diputadas y Diputados. El primer ministro debe ser quien determine y dirija la política de la Nación y la acción del gobierno y ser responsable ante la Cámara, así como ejercer la potestad reglamentaria. El Presidente, a su vez, debe ser quien firma los decretos acordados en el Consejo de Ministros y lo  preside. 

El Presidente, en consulta con el Primer Ministro y el presidente de la Cámara, debiera poder disolverla y convocar a nuevas elecciones por una vez durante su periodo de ejercicio. El Senado debiera ser una cámara territorial cuya capacidad legislativa no prevalezca sobre la de la Cámara de Diputadas y Diputados, y por tanto ser una entidad revisora de las legislaciones con perspectiva territorial. El Presidente, a propuesta del gobierno o de la Cámara, debiera poder someter a plebiscito cualquier proyecto de ley sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a  la política económica, social y ambiental y a los servicios públicos que concurren a ella, o que proponga la ratificación de un tratado internacional. 

La Cámara de Diputadas y Diputados debe lógicamente seguir siendo elegida por sufragio universal, pero con un sistema proporcional efectivo de asignación de escaños a partir de un umbral de votación para evitar la fragmentación del sistema político (5%) entre listas de partidos e independientes, pero con distritos que no distorsionen la igualdad del voto y que se adapten periódicamente y de manera automática a ese principio.  Debe votar la ley, sin perjuicio de la revisión por el Senado, y controlar  al gobierno y sus políticas. Sus miembros deben ejercer el cargo por un máximo de dos periodos consecutivos. En el proceso de formación de la  ley no debe existir otro quórum distinto al de la mayoría simple de los presentes o de la mayoría de los miembros del parlamento. No deben ser admisibles los proyectos de ley o indicaciones a la ley formuladas por los miembros del parlamento cuya aprobación tenga como consecuencia una modificación de los ingresos públicos o la creación o ampliación de un gasto público o de empleos públicos para otorgar una indispensable coherencia a la política económica y a la gobernabilidad de la economía en base al interés público.

El próximo gobierno, dado el calendario institucional, será elegido con las reglas hoy vigentes, pero deberá realizar la transición a las nuevas reglas que concuerde la Convención Constitucional y apruebe la ciudadanía mediante plebiscito a mediados de 2022. Las condiciones de ejercicio del próximo gobierno serán determinantes para afianzar un nuevo régimen político democrático estable, a la par de realizar transformaciones sustanciales que son urgentes para salir de la crisis política, social y económica estructural en la que el país está envuelto. No será un desafío cualquiera, que requerirá claridad de objetivos y mucha voluntad de llevarlos a la práctica para no volver a decepcionar a la sociedad. Y debe contar con un diseño institucional que mejore sustancialmente el hoy día vigente para hacer efectiva la tarea gubernamental y relegitimar la democracia por un, ojalá, largo período de tiempo.

De nuevo el debate sobre Venezuela

En Facebook

A los partidarios chilenos de Maduro les parece pésimo que vote menos del 50% de los ciudadanos en Chile. Que en Venezuela vote menos del 30%, no les parece un problema. Gran coherencia. En ambos casos, la democracia está en crisis, aunque por razones diferentes, claro. Y la tarea es fortalecer la democracia, no debilitarla, en las dos situaciones.

Pensar de ese modo supone tener la convicción que una democracia participativa y autónoma de los poderes oligárquicos internos y de la intervención externa es el espacio y límite de la transformación social para superar progresivamente la desigualdad y la falta de libertad real que atenta contra la dignidad humana. Es sostener, a la vez, que la democracia es la principal barrera de contención del intervencionismo norteamericano, en alianza con los progresismos latinoamericanos y de otras partes del mundo, incluyendo los de Estados Unidos. Y que no tiene sentido justificar alianzas con rusos, turcos e iraníes, como hace Maduro, que no se ve qué puedan tener que ver con progresismo alguno. A la vez, el voluminoso endeudamiento con China le permitió a Chávez y luego a Maduro paliar en parte la increíble destrucción de la industria petrolera (la gallina de los huevos de oro) por incapacidad de gestión y por corrupción en los últimos 20 años, no atribuible a nadie más que a su régimen. Pero no se puede saber qué estrategia de desarrollo nacional puede ser esa, mientras en paralelo la producción de alimentos ha sufrido un gran retroceso. Vivir del petróleo, aunque sin siquiera cuidar la solidez de la rama sobre la que se está sentado, y atrincherarse con los militares asociados a la gestión centralizada, inepta y corrupta de la economía (como desgraciadamente cualquier observador más o menos acucioso puede constatar, aunque también sea usado por la propaganda derechista) no es exactamente un proyecto de sociedad progresista, si se permite la ironía.

Y un colofón: la democracia supone aceptar la alternancia en el poder, incluso cuando una mayoría decide seguir una política pro-norteamericana y pro-oligárquica y burguesa. Si así ocurre, es por incapacidad de la izquierda y de los progresistas de representar a la mayoría social, por mucho que la CIA y los oligarcas hagan todo tipo de maniobras, como sabemos que siempre hacen, en defensa de sus intereses. Cuando estos factores de poder interrumpen los procesos democráticos con golpes y violencia dictatorial, la resistencia popular es el único camino. Pero impedir que la voluntad mayoritaria se exprese, aunque en algún momento favorezca intereses minoritarios, no veo qué pueda tener que ver con los valores y el proyecto histórico de la izquierda de mayor libertad a través de mayor igualdad. Al revés, suspender o limitar garantías democráticas favorece a la larga a las oligarquías y al intervencionismo externo al despojar a todo proyecto popular y nacional de su legitimidad fundamental: ser expresión de la mayoría social. Y, como demostró el caso del MAS en Bolivia, cuando una mayoría social es consistente y su conducción política organizada es adecuada, termina por imponerse a las maniobras antidemocráticas.

Pensar que regímenes burocrático-militares como los de Venezuela o Nicaragua, o incluso teocracias islamistas, son defendibles porque se confrontan con Estados Unidos, es simplemente un error binario y simplista en el que las izquierdas no deben caer. La transformación orientada a la emancipación social igualitaria y libertaria o bien es democrática en sus fines y en sus métodos o bien simplemente no es tal.

Los dilemas de la oposición y de la izquierda

En La Mirada Semanal

Para analizar los actuales dilemas de la oposición y de la izquierda, hay que remontarse un poco en la historia reciente. Cabe recordar que terminar con la dictadura implicó juntar a las más amplias fuerzas democráticas, lo que suponía desechar una poco viable opción insurreccional y buscar una movilización masiva de desborde y también un pacto de salida, lo que ocurrió. En paralelo, después de la experiencia de la polarización extrema de 1970-73, una conclusión más o menos generalizada fue que, para que fuera estable, todo proyecto de cambio debía concebirse con gradualidad y con entendimientos con el centro, cuya expresión partidaria, la DC, estuvo disponible para iniciar un camino de gobiernos de coalición con la izquierda socialdemócrata y socialista y los radicales. En cambio, el Partido Comunista experimentó una radicalización que aumentó su realidad de exclusión y que contrastó con su previa historia vinculada tanto a las instituciones como al movimiento social. Se abrió una prolongada grieta en la izquierda que hizo que la transición fuera dominada por el centro político. 

Estos procesos marcaron una evolución política de tres décadas con éxitos (estabilidad democrática, crecimiento económico, aumento del gasto social, lento pero significativo avance en materia de derechos humanos) y fracasos, el principal de los cuales fue la persistencia de la desigualdad y la concentración extrema de la riqueza, provocada por una cierta aceptación resignada de la continuidad del dominio oligárquico sobre las instituciones. Esto desdibujó a la postre tanto al centro como a la izquierda en una nebulosa llamada "centroizquierda", es decir un centro blando, pragmático y burocratizado. Los partidos tradicionales perdieron su conexión con la sociedad y sus aspiraciones y no se hicieron cargo de las frustraciones de las nuevas generaciones, en medio de un fuerte cambio económico, social y cultural. Esto permitió la reconstrucción de la derecha como alternativa, beneficiada por privilegios institucionales indebidos y por la abstención creciente y finalmente masiva del electorado joven y aquel que las izquierdas y el centro dejaron de representar. En efecto, se consagró en los últimos quince años una evolución clientelista -luego de una prolongada exposición al poder gubernamental- de los partidos progresistas tradicionales, que perdieron su empuje transformador en favor de la presencia en el Estado. Estos factores llevaron a dos victorias de la derecha, cuya carencia de todo proyecto integrador provocó la crisis de 2011, que evidenció la ausencia de movilidad social efectiva indispensable para estabilizar el orden económico-social híbrido existente en el país, es decir una mezcla finalmente explosiva de liberalismo económico y social extremo, de presencia estatal en algunos ámbitos y de cierto aumento del gasto social. Y esa carencia de proyecto integrador llevó más tarde a la crisis social y política actual, que terminó cuestionando al conjunto del sistema de representación y rompió finalmente el status quo post transición.

Aquellos a los que la transición siempre nos pareció un momento necesario pero que debía ser breve en la evolución institucional, y ciertamente no constituía un modelo de acción política ni menos de sociedad, acogimos esta ruptura con entusiasmo, pero con la idea de que tenga una traducción política que sea una alternativa a la ingobernabilidad. Desde el ángulo de la izquierda democrática, a cuyas ideas adscribimos (ver https://lamiradasemanal.cl/en-defensa-de-la-izquierda-por-gonzalo-martner/), delinear esa alternativa no tiene nada de imposible. Para establecer una nueva constitución en las condiciones pactadas el 15 de noviembre de 2019, se requiere que un tercio de izquierda con convicciones y fuerza política impida todo intento de dar continuidad al dominio oligárquico. Además, ese tercio sólido debe promover un nuevo orden en lo institucional (con reconocimiento de un estado plurinacional, paritario y descentralizado), en lo político (con normas de aprobación de las leyes que reflejen el principio de mayoría con respeto pero sin veto de la minoría), en lo económico (con normas que habiliten el rol del Estado en la economía), en lo social y cultural (consagrando derechos como los que Chile ya firmó en la materia décadas atrás en tratados internacionales) y en lo ambiental (con derecho a un medio ambiente libre de contaminaciones y el deber de preservar la resiliencia de los ecosistemas). Para eso se necesita una lista a la Convención Constitucional con esos propósitos que obtenga al menos un tercio, la que debe unir al menos al Frente Amplio con el aporte del socialismo y el progresismo de izquierda (y sin los liberales y otros que tienen concepciones económicas de derecha) y del pacto del PC y el regionalismo. Al parecer, ese ha sido el sentido de los reacomodos y crisis de las últimas semanas de y en diversos grupos políticos, con un decantamiento más bien positivo, aunque en medio de bastantes confusiones que no ayudan a recomponer el nexo entre ciudadanía democrática y política, que en primer lugar necesita claridad. Es de esperar que el punto de partida haya sido el plebiscito del 25 de octubre y que este no haya sido una golondrina que no hace verano. La neo-concertación (Unidad Constituyente) ojalá se sume a posiciones de este tipo, pero se debe razonablemente ser escéptico por su carácter líquido, la presencia en su seno de neoliberales convencidos y por la tendencia de los que no lo son a pactar posiciones burocráticas antes que posiciones políticas. A partir de una base primordial sólida de una izquierda recompuesta en la diversidad, que incluya a fuerzas con otras adscripciones como el regionalismo, el feminismo y el ecologismo, se podrá buscar los demás acuerdos para consagrar una nueva constitución despojada de lastres dictatoriales y oligárquicos que permita un reencuentro de toda la sociedad con las reglas democráticas de convivencia.

En un plano más inmediato, para conducir los nuevos gobiernos regionales y los municipios a partir de 2021, es razonable que se busquen acuerdos del conjunto de las fuerzas no derechistas para decantar candidaturas mediante primarias o, en el caso de los gobernadores regionales, acuerdos de segunda vuelta. Estos procesos están más o menos en curso, no sin dificultades, con un sistema de partidos muy fragmentado.

Para un nuevo gobierno, se requiere construir una alternativa a la derecha que no reproduzca la experiencia de la Nueva Mayoría. De paso, resulta risible el anticomunismo del que hacen gala quienes gobernaron cuatro años con el PC entre 2014 y 2018. La lección es que en ese amplio bloque nunca hubo un acuerdo programático ni coherencia gubernamental, en especial en materia laboral, tributaria, educacional y de salud, con un boicot que venía no solo desde la derecha sino también desde los neoliberales dentro del gobierno y sus aliados en el parlamento que supuestamente apoyaban a la presidenta Bachelet. 

Un próximo gobierno debe construirse con un acuerdo de cuatro años sólido y reclamable a todos sus componentes durante todo el período de gobierno, lo que requiere de un liderazgo presidencial basado en convicciones y, vista la experiencia, en la voluntad persistente de hacerlas avanzar. Un cambio hacia un nuevo régimen semipresidencial puede, eventualmente, implicar que ese acuerdo de gobierno se vote en el parlamento por una mayoría que se comprometa sólidamente por cuatro años. Si ese cambio demora o no se produce, de todas maneras el acuerdo de coalición con mayoría en el parlamento debe ser la base de la gestión gubernamental a partir de marzo de 2022, en vez de la incoherencia del gobierno anterior o del caso a caso desastroso del actual gobierno. Parece del todo evidente que la tarea principal del nuevo gobierno va a ser, además de hacer funcionar la nueva constitución, conducir una salida de crisis con una prioridad en la creación de empleos decentes y de nuevos soportes de ingresos para los sectores más frágiles de la sociedad. Esto supondrá una política macroeconómica y tributaria coherente para reestimular el consumo mediante redistribución de los ingresos, ampliar la inversión en infraestructura, bienes públicos, espacios urbanos y recuperación de los ecosistemas, diversificar la economía con énfasis en un nuevo modelo energético y de industrialización pertinente y sostenible de los recursos naturales, junto a establecer mecanismos de seguridad social dignos de ese nombre en pensiones y salud y un impulso a la educación pública, en un todo coherente que conduzca hacia un nuevo modelo de desarrollo y bienestar.

Las AFP, el mercado de capitales y el ahorro

Primera versión en La Mirada Semanal

En estos días ha aparecido con ribetes de escándalo una realidad cotidiana del mercado de capitales: la existencia de conflictos de interés, en un mecanismo en el que los ahorros obligatorios de los trabajadores se invierten, a través de las AFP, en negocios “triangulados” con dueños de AFP, gestores financieros y dueños de patrimonios bursátiles abultados. Entre ellos se cuenta el actual presidente de la República, que tiene una amplia fortuna financiera supuestamente gestionada sin su intervención, lo que es materia de duda razonable. Recordemos que en 2007 pagó una multa por hacer algo que está altamente penalizado en los países con capitalismo regulado (allí le hubiera significado prisión): utilizar información privilegiada como miembro de un directorio para realizar operaciones bursátiles a costa de los demás participantes del mercado de capitales, incluyendo los fondos de pensiones de los trabajadores. Lo propio ocurrió con la maniobra de las "cascadas" de Ponce Lerou, con el mismo resultado. Aunque la Superintendencia de Pensiones, jerárquicamente subordinada al presidente, ha declarado que la operación ahora denunciada de uso de fondos administrados por una AFP para triangularlos y canalizarlos a dueños de esa AFP no excede los límites legales, debe investigarse por el parlamento y clarificar si existe o no en el caso un interés financiero de Piñera y de qué magnitud y, en caso de violación de la ley, remitir las conclusiones a la fiscalía. 

Pero el debate es más amplio. A estas alturas ya no es solo sobre cómo regular mejor el sistema de AFP, sino que también sobre como sacarlo de la previsión social obligatoria. El amplio apoyo que ha tenido el retiro de fondos desde las AFP -que para millones de personas significa quedarse sin pensión autofinanciada- se basa en la percepción de que el objetivo del sistema no es proveer adecuadas jubilaciones (midiendo lo adecuado como la tasa de reemplazo de los salarios de los últimos años en la vida activa por la pensión al momento de jubilarse) sino favorecer intereses empresariales. Esa percepción está lejos de ser equivocada. En efecto, los ahorros de los trabajadores son utilizados para fines de acumulación privada de capital con financiamiento barato y continuo, mientras las utilidades de las administradoras son más que excesivas (lo que ha atraído capitales extranjeros a su propiedad). Esto es consecuencia de que las comisiones de administración se cobran por flujo y no por monto acumulado, lo que no tiene justificación económica, y por falta de competencia. Mientras, a una persona con lagunas previsionales en la mitad de su vida activa (es el caso de la mayoría) las AFP le garantizan una pensión con una tasa de reemplazo de no más de 25%, en un contexto futuro de probable menor rendimiento de largo plazo de las inversiones. Esto se agrava para las mujeres por construcción del propio sistema. Aunque pueden existir jubilaciones anticipadas, la edad de jubilación de las mujeres es a los 60 años (5 menos que los hombres) y tienen una esperanza de vida 4 años superior a la de los hombres. Como se usan tablas de mortalidad para calcular rentas vitalicias diferenciadas por sexo (en Europa cualquier cálculo actuarial que involucre la esperanza de vida debe perentoriamente hacerse sin hacer esa diferenciación), el resultado es que las pensiones de las mujeres son increíblemente bajas en términos de tasa de reemplazo.

¿Por qué esta configuración institucional proclive a la hiperconcentración del capital y a proveer bajas pensiones se ha mantenido por cuarenta años? Ocurre que las AFP nacieron en una dictadura y se han encargado de influir desde la transición en el sistema político para que el oligopolio que constituyen no sea regulado debidamente. Y lo han hecho de manera abierta y desembozada, nombrando a ex ministros y ex parlamentarios de la mayor parte del espectro político en sus directorios, los que no lo han rechazado, como debieran, además de tener el apoyo irrestricto de la derecha en representación directa de los intereses de la oligarquía financiera. Esto ha facilitado impedir, entre otras cosas, cualquier debate sobre la representación de los afiliados en las decisiones, como resulta obvio en todo sistema de previsión social, más allá de un comité consultivo sin importancia. 

Pero ahora se han presentado otros apoyos para tratar de sostener el sistema de AFP.  En la presentación reciente del Informe de Estabilidad Financiera, el presidente del Banco Central ha sostenido que "retirar fondos previsionales significa reducir el ahorro de los trabajadores (...). Una economía para crecer y no depender exclusivamente del financiamiento externo, tiene que tener ahorro doméstico". Para el Banco Central, el que una gran mayoría de personas no tenga ingresos suficientes para enfrentar la crisis del coronavirus -que el gobierno debiera haber provisto a través de un mayor gasto en seguro de desempleo e Ingreso Familiar de Emergencia- no merece mayor mención. Constata que los retiros desde un sistema de cuentas individuales reducen el ahorro, lo que es bastante obvio y, dicho sea de paso, es una excelente noticia macroeconómica en un momento de derrumbe de la demanda interna. Pero no se detiene en dar cuenta que el sistema de AFP se ha justificado con la ideología de la propiedad privada sobre los ahorros, lo que es equívoco porque solo la cotización es individual mientras el conjunto de variables que determinan la rentabilidad del ahorro está socialmente determinado. A ese título, las personas afectadas por la crisis percibieron que estaban en su derecho de presionar para utilizarlas en la emergencia. Y si bien es verdad que los retiros harán en el futuro todavía más bajas las pensiones de las AFP o inexistentes para muchos, se trata de un nuevo argumento para sacarlas del centro del sistema de pensiones, alternativa que el Banco Central no menciona. Seguramente considera que no le corresponde hacerlo, lo que es verdad. Pero en cambio, se dedica a defender el sistema de AFP, lo que tampoco le corresponde hacer.

Es altamente ideológico y parcial que el argumento de la necesidad de sostener un consistente flujo de ahorro doméstico prácticamente se reduzca, en el enfoque del Banco Central, al ahorro forzoso previsional de los asalariados en AFP. Ya en el parlamento el conjunto de la oposición sostiene que las cotizaciones adicionales de 6% del salario que se han pactado deben ir a lo menos en parte a un mecanismo de ahorro colectivo, lo que conceptualmente el Banco Central debiera saludar como un nuevo mecanismo de fortalecimiento del ahorro doméstico. Pero no lo hace, porque está imbuido de una ideología particular: la defensa de la capitalización individual. ¿Por qué el Banco Central no dice nada sobre el riesgo financiero sistémico, salvo algunas palabras de buena crianza en algún informe, que representa la insólita concentración del capital en Chile en pocos conglomerados, que esa capitalización individual dominada por las AFP ha favorecido?

El INE publicó recientemente un informe que revela que la mediana de los ingresos de los ocupados era de 401 mil pesos y el promedio de 621 mil pesos en 2019. La participación del ingreso del trabajo en el ingreso total se puede estimar en una cifra inferior al 40%, muy por debajo de los países más avanzados, cuyas cifras son del orden del 60-70%. ¿Esos son los únicos agentes económicos llamados a ahorrar internamente para que las empresas hiperconcentradas sigan obteniendo financiamiento barato para seguir acumulando capital, enriqueciendo a un puñado de oligarcas y sosteniendo un consumo de hiperlujo? 

Convengamos que el ahorro doméstico también está constituido por el ahorro de los perceptores de ingresos de capital, del estímulo de la reinversión de utilidades y de ese otro ahorro forzoso que constituyen los impuestos. En efecto, un tercer componente del ahorro interno, además del que proviene potencialmente de los ingresos del trabajo y del capital, es el que constituye la diferencia entre los ingresos corrientes (impuestos) y los gastos corrientes del Estado, es decir el ahorro público. No hay ninguna razón para que en el futuro el Estado no incremente el ahorro público mediante una reforma tributaria progresiva centrada en los ingresos del capital y la reducción de gastos superfluos, en vez de seguir manteniendo un modelo económico que funciona en base a bajos salarios y a ahorros forzosos de esos bajos salarios. 

El Banco Central parece no haber caído en la cuenta que el modelo vigente de hiperconcentración del capital financiado por los ahorros de los trabajadores y por todo tipo de exenciones tributarias a los ingresos y ganancias de capital -asociado a lo que llaman crecimiento, sin preguntarse mayormente a quién beneficia ese crecimiento- se agotó socialmente. Pero, además, el suyo es una mal razonamiento en esta coyuntura. El Banco Central no entiende suficientemente que estos son tiempos de sostenimiento de la demanda agregada para evitar un colapso económico y del empleo. Solo una vez pasada la emergencia debe restablecerse una senda de incremento del ahorro, pero ahora al servicio de objetivos distintos de la concentración de capital en pocas manos y en particular a favor de un proceso de inversión que permita ampliar la infraestructura de bienes públicos y una transición rápida hacia  la carbono neutralidad en Chile. 

Los partidos, los independientes y Michelle Bachelet

En La Mirada Semanal 

Criticar a los partidos es parte del estado de la esfera pública de hoy. No se trata de criticar lo que hacen o no, sino que se llega crecientemente a cuestionar su existencia en tanto tales. Es bastante sorprendente ver en estos días que personas que se agrupan por afinidad de ideas políticas se autodenominen independientes. Pero en realidad no debiera sorprendernos tanto, dado que esto viene desde bastante atrás, con unos supuestos gremialistas agrupados en el partido más poderoso del país, pero que se autodenominan independientes (lo de demócratas es necesariamente materia de discusión). Cuando se es parte de un grupo con ideas políticas compartidas que se presenta a elecciones, por definición se renuncia a una parte de la independencia personal y se está en una organización política. Decir que eso no es un movimiento o partido político es publicidad engañosa, simplemente.

Otro tema distinto es el de la representación política directa que buscan organizaciones sociales, lo que es del todo legítimo, aunque también hay un problema. Si se remiten a representar sus intereses específicos, entonces no asumen alguna idea del interés general que es indispensable en la redacción de una nueva constitución, por ejemplo, o en cualquier legislación. A contrario sensu, si trasciende los intereses particulares, entonces una organización social se transforma en una organización política propiamente tal, dotada de alguna idea de sociedad. Así nacieron, por lo demás, buena parte de los partidos de izquierda en Europa y América Latina.

Pero el hecho es que hoy la idea de la representación colectiva está en una profunda crisis. Ser independiente (yo y mis circunstancias) es un atributo, ser miembro de un movimiento o partido político (compartir colectivamente un proyecto de sociedad) es un estigma. Convengamos que el tema viene de muy lejos. Los liderazgos en la sociedad chilena siguen teniendo un sello caudillista, en la antigua tradición hispánica (la cultura política española y europea actual es, en cambio, predominantemente partidaria) y latinoamericana, y procuran distanciarse de cualquier partido.

Por ejemplo, Michelle Bachelet declaró en un reciente seminario que "si yo no hubiera sido ministra de Defensa jamás hubiera estado en la retina de la población chilena para ser una candidata a la Presidencia y si no hubiera estado en la retina de la población chilena, jamás mi partido me hubiera llevado como candidata a la Presidencia, siendo yo miembro del Comité Central, de la comisión política de mi partido, teniendo una larga historia política". Michelle Bachelet reconstruye la historia a su manera, poniendo el acento en que ella se impuso a los partidos políticos desde el pueblo, empezando por el suyo, lo que simplemente no es cierto, pues hubo una interacción entre el partido al que pertenecía, el sistema de partidos y el entorno en el que se desenvolvía la sociedad civil. Y es sorprendente su afirmación según la cual “yo tuve grandes dificultades al comienzo. Más que de discutir mis ideas se preocupaban de cómo me vestía, de si el zapato se me quedaba enterrado en no sé dónde, de si se soltaba alguna cosa del chaleco”. Esto tampoco es cierto.

No es correcto criticar innecesariamente a otros si lo que se quiere es afirmar algo fundamental: los méritos y deméritos del liderazgo de Michelle Bachelet se deben exclusivamente a ella y a nadie más en lo principal y tuvo que batallar intensamente contra una política y una sociedad machistas. Pero puedo testimoniar que muchos discutimos con ella en el PS ampliamente sobre sus ideas para el futuro, aunque no siempre estuviéramos de acuerdo, con respeto y la debida consideración que merece el debate de ideas. Y que ese era el sello principal del desafío original. Y que en el PS si había feministas -mujeres y hombres- que la apoyaron desde el principio en todo lo que pudieron con una audacia “irrealista” que contrastó con el posterior pragmatismo de su ejercicio gubernamental. Y que la dirigencia principal del PS desde mucho antes de que fuera ministra de Defensa le propuso la candidatura presidencial, por sus convicciones, capacidades y trayectoria y para que por primera vez hubiera una mujer presidente de Chile, dijeran lo que dijeran las encuestas y los prejuicios sobre una mujer al mando del Estado. Por supuesto que más de alguno o alguna pudo haber tenido motivaciones subalternas -cuando no- pero en lo principal hubo un colectivo que aceptó el desafío de innovar en el tipo de liderazgo, lo que no era para nada evidente. La lectura hecha una vez que los hechos ocurrieron siempre será muy distinta y parecerá obvia.

Para muchos de nosotros, ella era el mejor liderazgo del que disponían los socialistas, a lo que se contraponía la idea de que una mujer no podía dirigir el país “todavía”. Ayudó a que ese prejuicio perdiera fuerza poco a poco el que en la DC la candidatura para suceder a Ricardo Lagos fuera la de Soledad Alvear. En el PS, se descartó expresa y tempranamente la candidatura de José Miguel Insulza (2001) y se planteó la de Michelle Bachelet cuando solo empezaba a tener un reconocimiento público, a la vez que el gobierno de Ricardo Lagos tenía mucho tiempo por delante. A la postre, la declinación de José Miguel Insulza se hizo de buena manera y con elegancia. Luego la idea de la primera mujer (socialista) presidenta fue avanzando al afianzarse la popularidad de Bachelet y consolidarse la de Lagos. La asumió también tempranamente el conjunto del PPD (2003), luego de muchas conversaciones con los socialistas, y más tarde de manera decisiva el propio Ricardo Lagos. Y hasta que yo dirigí el PS (2005) ningún responsable político le habló a Michelle Bachelet -anecdóticamente habrá habido el que nunca falta - sobre su vestimenta ni nada semejante, sino que se puso a su disposición en lo que necesitara. Y así lo hizo, con todas las imperfecciones del mundo, incluyendo un reemplazo de la dirección a meses de la elección, pero así lo hizo. Incluso una de las discrepancias que sostuvimos es que ella no quería que el apoyo del PS fuera muy visible, porque entendía que eso restringía su convocatoria, mientras nosotros sosteníamos que debíamos consolidar el espacio propio de apoyo para que no hubiera dudas respecto a su partido, lo que era indispensable para buscar otras adhesiones, como efectivamente ocurrió. Cuando proclamé públicamente su candidatura en el aniversario del PS en abril de 2004, ella no estuvo de acuerdo y aceptó con dificultades estar presente en el Estadio Chile ante miles de personas. Yo asumí la responsabilidad en nombre de la dirección -para eso están las direcciones- de expresar ese apoyo sin condiciones, lo que se tradujo en un distanciamiento durante semanas. Entonces no es que el PS no la apoyara, sino que ella no quería demasiado su apoyo.

Los partidos progresistas han tenido demasiados defectos en la historia reciente como para agregar unos que no tuvieron. En cambio, sí tuvieron el mérito de apoyar con éxito y colaborativamente en dos ocasiones a una mujer destacada para que fuera presidente de Chile, cambiando en parte la historia para las nuevas generaciones de mujeres en el país y para la sociedad en su conjunto. En ese apoyo no faltó nadie. Como dirigente socialista en una parte de esa época, no me arrepiento en absoluto de lo que se hizo. El mérito principal es de ella, incluyendo haber obtenido el apoyo de los partidos progresistas, pactado coaliciones y obtenido mayorías electorales contundentes. Pero más de algún rol le cupo a estos partidos (el papel de Victor Barrueto en el PPD fue muy relevante), al presidente Lagos y al mundo social que representaban y, además, a personas importantes de la DC, que también fueron decisivos en sus dos victorias.

Otra cosa es la apreciación que se tenga sobre su gestión gubernamental, que yo por ejemplo he criticado -a pesar de la confianza que me expresó al pedirme que fuera por un año embajador al terminar su primer gobierno, lo que en mi visión no incluía dejar de tener una opinión propia- por preferir por razones pragmáticas un enfoque neoliberal en lo económico y permitir compromisos regresivos de su coalición -cada vez más dividida- en materia tributaria y laboral. También critiqué la ausencia de diseño constitucional (presentar una nueva constitución una semana antes de dejar el cargo en su segundo gobierno no es algo digno de un gran recuerdo) y su política hacia la Araucanía, en medio de la corrupción y descontrol policial. Otra cosa es también la apreciación que se tenga sobre la lamentable evolución burocrática -luego de una prolongada exposición al poder gubernamental- de los partidos progresistas tradicionales, que se desconectaron del mundo social y cultural que representaban y perdieron todo empuje transformador en aras de la presencia clientelista en el Estado. Estos factores llevaron después de 20 años a dos victorias de la derecha, la última de las cuales terminó por desencadenar la crisis actual en la que el conjunto del sistema de representación está en el suelo. Pero, en la expresión consagrada, esa es harina de otro costal, en la que la clave es que no se discute sobre los gobiernos de Bachelet con el prisma de que era una mujer, sino bajo el prisma de lo que quiso o no quiso hacer o sobre lo que pudo o no pudo hacer, como respecto a cualquier otro gobierno. Ese es el legado principal de la ex presidenta, que rompió una barrera cultural que parecía infranqueable, por lo que los que tenemos convicciones igualitarias le estaremos siempre agradecidos, aunque ella no valore demasiado el rol de los partidos igualitarios. En su descargo, es la opinión muy mayoritaria de la sociedad chilena, lo que no por eso deja de entrañar un peligro latente para su futuro. Las regresiones autoritarias suelen empezar con el derrumbe de los partidos políticos democráticos.

“El capitalismo puede salvar el día, pero solo cuando el gobierno ejerce su poder”

En La Mirada Semanal.

Existen en las sociedades contemporáneas riesgos de gran magnitud que solo puede abordar la acción colectiva del Estado. Neil Irwin ha sostenido en un reciente artículo en el New York Times que ”los nueve meses de la pandemia han mostrado que en un Estado moderno, el capitalismo puede salvar el día, pero solo cuando el gobierno ejerce su poder de guiar la economía y actúa como última instancia de absorción del riesgo”. 

Cabe hacer consideraciones algo más complejas sobre el capitalismo, como por ejemplo que el mercado como mecanismo de asignación descentralizada de recursos con agentes económicos que no fijan los precios sino que los reciben de la interacción entre consumidores y productores es algo distinto al capitalismo. El mercado tiene una función necesaria en cualquier economía moderna, en la que solo algunos precios y cantidades claves pueden planificarse con razonable probabilidad de éxito. En cambio, el capitalismo está lejos de ser necesario, aunque sea el horizonte de nuestro tiempo. Como señala Fernand Braudel, el capitalismo no es el mercado, sino un sistema específico de concentración económica en el que los mercados se encuentran predominantemente intervenidos por monopolios y oligopolios, tanto en las transacciones de bienes como de capital y en el acceso al trabajo. Y agreguemos que las economías deben evolucionar hacia algo más que salvar el día, que ya es importante, como por ejemplo hacia un modelo de prosperidad compartida en el que prevalezca una igualdad efectiva de derechos y de oportunidades.

Pero el hecho es que, en efecto, las respuestas descentralizadas de mercado y el capitalismo de plataformas lograron mantener la cadena de aprovisionamiento de alimentos y otros bienes básicos, con pocas excepciones, en la crisis de 2020. En el mundo industrializado -pero no en Chile- diversas empresas reorientaron con rapidez su producción para fabricar ventiladores y material de protección sanitaria. En materia de vacuna contra el COVID-19, aunque todavía no se llega a resultados finales, se está muy cerca, gracias a los logros de compañías de biotecnología y farmacéuticas de diversas partes del mundo. En Estados Unidos, como indica Irwin, “la Operación Warp Speed usó una mezcla de incentivos financieros para llevar al sector privado a invertir en el desarrollo de vacunas en una escala y velocidad que no podría haber abordado por sí solo. El Congreso autorizó una legislación para apoyar a millones de pequeñas empresas, muchas de las cuales hubieran cerrado de otro modo, y canalizó dinero a americanos comunes y corrientes para ayudar a prevenir un colapso en el gasto. La Federal Reserve anunció que permanecería presta para comprar cientos de miles de millones en bonos y otros activos, asegurando que las grandes compañías tuvieran acceso al capital incluso en una situación de colapso del mercado”. Aunque el manejo sanitario de la pandemia por Trump fue lamentable y perdió la elección, los acuerdos con los demócratas han permitido una acción importante del Estado en la crisis.

No olvidemos, además, que la base de la industria farmacéutica es la protección estatal de patentes, aunque con una lógica bastante discutible desde el punto de vista del interés público, en tanto en ocasiones subsidia utilidades gigantescas y genera sobreprecios para los usuarios limitando su rol sanitario y contrariando las políticas de salud. Pero el hecho es que sin la intervención estatal las vacunas y muchos medicamentos no existirían, a la vez que dependen fuertemente de la investigación en ciencia básica (en especial en biología y química molecular) desarrollada en laboratorios y universidades públicas o subsidiadas en todo el mundo.

En nuestro país, la política monetaria reaccionó rápido, pero sin modificar la asimetría de poder en el sector bancario, que hizo poco ágil el acceso al crédito de emergencia y algunos casos simplemente no funcionó, sacando a muchas empresas pequeñas y riesgosas del mercado y generando una enorme crisis de empleo.

¿Qué se ha dicho en otras partes?: "Lo más grave es la pérdida de empleos. Es un riesgo sobre el tejido social, el ingreso de los hogares, la demanda y el crecimiento". ¿Es este otro pronunciamiento de algún economista de izquierda azorado por la crisis y sus efectos sobre la ciudadanía de a pie y que insiste en que actuar con apoyos a los afectados por la crisis es una política racional y necesaria? No, es lo que declaró Christine Lagarde, que proviene de la derecha francesa y hoy es presidenta del Banco Central Europeo, el 19 de octubre. Y agregó: "los gobiernos de la zona euro debieran estar extremadamente atentos al respecto. Nos parece esencial que las redes de seguridad presupuestaria puestas en funcionamiento por los gobiernos en esta crisis no sean retiradas prematuramente".

En momentos en que el gobierno en Chile decidió terminar con el Ingreso Familiar de Emergencia -en nombre de un subsidio al empleo que abarca a 160 mil personas en vez de los 8 millones del IFE- y no se toman medidas de reforzamiento del seguro de desempleo en un contexto de 2,8 millones de cesantes, la voz del Banco Central no se escucha para nada. El BCE no solo no propugna contenciones presupuestarias, mientras en Chile el presupuesto 2021 no crecerá en términos reales y el BCCh no dice nada, sino que su presidenta Lagarde, frente a la pregunta sobre la magnitud del apoyo presupuestario a los países que por primera vez se puso en práctica por 750 mil millones de euros en 2020, contestó: "desde abril había insistido sobre la necesidad de un plan consecuente, rápido, flexible, pero también focalizado sobre los países y sectores que más lo necesitaban. Según nuestras cifras, esto correspondía a un gasto entre 1.000 a 1.500 miles de millones de euros". Se agregó a los ya significativos planes nacionales un plan para 2021 de 5% del PIB europeo, que Lagarde defendió se ampliara hasta 10% del mismo.

¿Se imaginan al Banco Central chileno planteándole al gobierno que gaste hasta el doble del presupuesto anticrisis establecido?

Sería tomado como una humorada. Nuestros economistas oficiales le tienen pánico a que su acción sea acusada de populista y los que tienen un origen en la izquierda se sienten obligados a dar explicaciones y mostrar credenciales neoliberales. Viven en el planeta de los supuestos automatismos de mercado, de los intereses del capital financiero por sobre cualquier otra consideración y de la inacción frente a una crisis de producción y empleo que, si no ha sido mayor, se debe al uso de los ahorros de los trabajadores que la sociedad y el parlamento le han impuesto al gobierno.

El dogmatismo ultraliberal de los economistas chilenos -influenciados por décadas por la escuela de Chicago y sostenidos por la gran empresa y las cadenas de prensa- no ha permitido que en la cabeza del actual gobierno -y en otros temas en los anteriores- se haya querido utilizar las capacidades construidas por el Estado de Chile para enfrentar el riesgo de colapso macroeconómico. Y menos ha actuado para generar una capacidad industrial nacional en materia de equipamientos médicos y vacunas, salvo pequeñas iniciativas sin impacto.

De modo que en Chile ni siquiera es pertinente la discusión sobre la propiedad intelectual de las vacunas o las innovaciones en tecnología médica, porque el apoyo público casi no existe (se gasta en investigación y desarrollo el 0,4% del PIB) ni tampoco el empresariado privado dispuesto a asumir riesgos. Todo se compra afuera, a altos precios, con las divisas que vienen de la explotación de materias primas o la exportación agro-forestal o pesquera, en la que pocos grandes empresarios -cada vez más con inversión extranjera en gran escala de por medio - tienen utilidades por sobre la media. El resultado del “modelo económico” ha sido, entre otros efectos, los altos precios de insumos básicos que pagan los "consumidores", es decir la ciudadanía de a pie que recibe salarios bajos por su trabajo o accede a empleos inestables o derechamente precarios e informales.

En materia de gestión macroeconómica, se cambió en 2020 en medio de la crisis la ley del Banco Central para permitir la compra indirecta de bonos públicos en mercados secundarios en caso de colapso financiero. Hasta ahora la ley impedía absurdamente que el Banco Central adquiriera documentos emitidos por el gobierno y financiara el gasto público con créditos, supuestamente para evitar que la política monetaria estuviera guiada por la contingencia política, en otro de los enclaves contra-mayoritarios de la constitución de 1980. Pero de manera también absurda se impidió la compra directa de bonos por el Banco Central, como en Estados Unidos, y se restringió al mercado secundario. Esto quita márgenes de acción en situaciones críticas y además generará utilidades financieras privadas en la intermediación en caso de crisis de liquidez para financiar actividades públicas de apoyo a las empresas y las personas.

El colapso económico se ha evitado por otra vía: el masivo retiro de los fondos previsionales (nada menos que un 7% del PIB), contra la opinión del gobierno, y por el uso de las cuentas personales del seguro de cesantía (cerca de 1% adicional). El retiro de fondos de AFP y el agotamiento de las cuentas individuales del seguro de cesantía no son las medidas más pertinentes desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad, pues es el gobierno el que está en mejores condiciones de apoyar a los más afectados y sostener la demanda agregada utilizando sus reservas y capacidad de endeudamiento a bajo costo, esfuerzo sin el cual el desempleo se mantendrá por largo tiempo. El parlamento ha forzado autorizar a recurrir a los ahorros de las personas porque los economistas de rutina en Chile no han estado a la altura y no han querido utilizar las fortalezas construidas durante décadas precisamente para intervenir en estas ocasiones.

El acuerdo fiscal entre el ministro de Hacienda y algunos representantes políticos incluyó una cifra de 12 mil millones de dólares de gasto público en dos años, centrada en subsidios a las empresas, que el ministro de Hacienda trata de defender en estos días haciendo comparaciones abusivas para justificar su inacción en el momento en que termina con el IFE. Esta cifra es insuficiente para abordar la magnitud de la crisis, no utiliza todos los recursos disponibles y no prioriza a los más necesitados. Y además la conducta gubernamental tiene una pretensión insólita: supuestamente el acuerdo se aplicará hasta el primer año del próximo gobierno, para "amarrarlo", con la venia de senadores de la oposición.

Evidentemente eso no va a ocurrir, porque habrá un nuevo presidente y un nuevo parlamento, que seguramente aplicarán desde el primer día un plan de estímulo de gran envergadura liderado por extensiones de salarios y servicios y por la inversión pública, construyendo un equilibrio diferente en los roles del Estado, el mercado y la iniciativa social.

Nota económica: Bancos Centrales, retiros y vorágines

 "Lo más grave es la pérdida de empleos. Es un riesgo sobre el tejido social, el ingreso de los hogares, la demanda y el crecimiento". ¿Es esta otra declaración de algún economista de izquierda azorado por la crisis y sus efectos sobre la ciudadanía de a pie y que insiste en que actuar con apoyos a los afectados por la crisis es una política buena y racional? No, es lo que declaró Christine Lagarde, que proviene de la derecha francesa y hoy es presidenta del Banco Central Europeo, el 19 de octubre. Y agregó: "los gobiernos de la zona euro debieran estar extremadamente atentos al respecto. Nos parece esencial que las redes de seguridad presupuestaria puestas en funcionamiento por los gobiernos en esta crisis no sean retiradas prematuramente".

En momentos en que el gobierno en Chile decidió terminar con el Ingreso Familiar de Emergencia -en nombre de un subsidio al empleo que abarca a 160 mil personas en vez de los 8 millones del IFE- y no se toman medidas de reforzamiento del seguro de desempleo en un contexto de 2,8 millones de cesantes, la voz del Banco Central no se escucha para nada. Cero. 

El BCE no solo no propugna contenciones presupuestarias, mientras en Chile el presupuesto 2021 no crecerá en términos reales y el BCCh no dice nada, sino que su presidenta Lagarde, frente a la pregunta sobre la magnitud del apoyo presupuestario a los países que por primera vez se puso en práctica por 750 mil millones de euros en 2020, contestó: "desde abril había insistido sobre la necesidad de un plan consecuente, rápido, flexible, pero también focalizado sobre los países y sectores que más lo necesitaban. Según nuestras cifras, esto correspondía a un gasto entre 1.000 a 1.500 miles de millones de euros". Se agregó a los ya significativos planes nacionales un plan para 2021 de 5% del PIB europeo, que Lagarde defendió se ampliara hasta 10% del mismo.

¿Se imaginan al Banco Central chileno planteándole al gobierno que gaste hasta el doble de un plan presupuestario establecido?

Sería tomado como una humorada. Nuestros economistas oficiales le tienen pánico a que su acción sea acusada de populista y los que tienen un origen en la izquierda se sienten obligados a dar explicaciones y mostrar credenciales neoliberales. Viven en el planeta de los supuestos automatismos de mercado, de los intereses del capital financiero y de la inacción frente a una crisis de producción y empleo que, si no ha sido mayor, se debe al uso de los ahorros de los trabajadores que la sociedad y el parlamento le han impuesto al gobierno. Y a una inyección de liquidez que no ha sido rápida ni suficiente para obligar a la banca a apoyar a las pymes en la magnitud necesaria, pero que algo ha sostenido la situación de empresas en dificultades. 

El retiro de fondos de AFP y el agotamiento de las cuentas individuales del seguro de cesantía no son las mejores medidas desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad, pues es el gobierno el que está en mejores condiciones de apoyar a los más afectados y sostener la demanda agregada utilizando sus reservas y capacidad de endeudamiento a bajo costo, esfuerzo sin el cual el desempleo se mantendrá por largo tiempo. El parlamento ha forzado autorizar a recurrir a los ahorros de las personas porque los economistas de rutina en Chile no han estado a la altura y  no han querido utilizar las fortalezas construidas durante décadas, que siempre apoyé por la naturaleza del ciclo económico en Chile, precisamente para intervenir en estas ocasiones. 

El acuerdo entre el ministro de Hacienda y el Senado incluye una cifra de 12 mil millones de dólares de gasto público en dos años, centrada en subsidios a las empresas, que el ministro de Hacienda trata de defender en estos días haciendo comparaciones abusivas para justificar su inacción en el momento en que termina con el IFE. Esta cifra es insuficiente para abordar la magnitud de la crisis, no utiliza todos los recursos disponibles y no prioriza a los más necesitados. 

Y además la conducta gubernamental tiene una pretensión insólita: supuestamente el acuerdo se aplicará hasta el primer año del próximo gobierno, para "amarrarlo", con la venia de senadores de la oposición. Evidentemente eso no va a ocurrir, porque habrá un nuevo presidente y un nuevo parlamento, que seguramente aplicarán desde el primer día un plan de estímulo económico liderado por incrementos de salarios y la inversión pública. Pero esa pretensión de poder de una tecnocracia autocentrada e incompetente y de senadores "transversales" que la acompañan que a estas alturas es francamente abusiva, tiene una contrapartida: la creciente irresponsabilidad de  parlamentarios que consideran "letra chica" cobrar impuestos a los más ricos en los retiros de AFP. En el primer retiro se podía sostener que la omisión era parte de la vorágine y planteaba problemas de iniciativa parlamentaria inconstitucional. Pero en una segunda ocasión ya constituye un patrón de conducta irresponsable que debe detenerse, pues destruye el principio de progresividad de los impuestos, central para toda política fiscal progresista y eficaz. El país debe volver a recuperar racionalidad y serenidad, y hacerlo al servicio de la mayoría social y de los que sufren la crisis y no del halago a las pasiones del corto plazo.

El futuro de las AFP

En La Tercera

Los fondos que administran las AFP serán materia en el futuro de más retiros, frente a la presión de las contingencias que afectan los ingresos de las familias. Ya está en trámite el segundo retiro COVID y aquel por enfermedad terminal, lo que consagra la pérdida de gobernanza del actual sistema de pensiones. Este debía solo acumular ahorros y rendimientos para financiar pensiones, lo que quedó cuestionado, paradojalmente, por su carácter individual y porque el primer retiro (aprobado por más de dos tercios del parlamento contra la voluntad del gobierno) no provocó ninguno de los problemas anunciados por los economistas que han hecho del sistema de AFP un dogma en vez de asumirlo como lo que es: una anomalía en las sociedades modernas. No habiéndose cumplido ni de lejos la promesa de una tasa de reemplazo de un 70% del salario previo (por el alto costo de administración que esconde utilidades sobrenormales y la inestabilidad del empleo que provoca lagunas previsionales), el sistema de AFP perdió legitimidad. No será incluido para administrar nada del 6% de cotizaciones adicionales que prevé la reforma previsional debatida en el parlamento. Con los retiros que disminuyen los fondos y sin cotizaciones adicionales, el sistema de pensiones basado exclusivamente en capitalización individual ya no es viable. Deberá resignarse a salir del corazón del sistema de pensiones y constituirse, como en muchas otras partes del mundo, en un sistema de ahorros complementarios y voluntarios.

Pero persistirá un grave problema en la sociedad chilena: ya dos millones de cotizantes quedaron sin recursos para la pensión autofinanciada y más quedarán en el futuro con nada o muy poco. Esto obligará a millones de personas adicionales a acudir a la pensión básica o a los aportes solidarios, financiados con impuestos. Lo sensato es que esos impuestos los paguen las personas del promedio hacia arriba de la distribución de ingresos y no los más pobres. Por ello, exceptuar de pagar impuestos a las personas de mayores ingresos que retiran fondos no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la equidad. Y tampoco si se considera el mayor esfuerzo que deberá realizar la sociedad chilena para financiar las pensiones solidarias. En efecto, habrá que extenderlas desde el actual 60% de las familias a una cifra lo más próxima posible al 100% de la población mayor de 65 años, como en Nueva Zelandia, además de aumentar su monto. Esa deberá ser una prioridad de cualquier gobierno futuro.

Permitir a las personas cesantes o endeudadas que salgan de la desesperación económica usando sus ahorros de las AFP es un recurso de última instancia, aunque hubiera sido mucho mejor que se recurriera a los ahorros y endeudamiento del Estado para financiar un Ingreso Familiar de Emergencia más prolongado y al menos en la línea de pobreza. Y un más amplio seguro de cesantía. Pero en julio se permitió que para las personas que no necesitan el retiro este se transformara en una posibilidad de inversión en ahorro previsional voluntario, con un premio tributario. Regalarle dinero público a las personas de más altos ingresos no parece ser exactamente la mejor política. Fue un error, que es de esperar se corrija en el segundo retiro. El futuro sistema deberá sostenerse mediante cotizaciones obligatorias para pagar pensiones según la historia laboral, con un monto base que corrija la discriminación de género y lagunas y con un fondo de capitalización colectivo como reserva frente al cambio demográfico y factor de ahorro doméstico. Pero una parte importante de ellas será de cargo fiscal. Esto obliga a fortalecer el impuesto progresivo a los ingresos en vez de debilitarlo.