Salidas de crisis y opciones de largo plazo
El Banco Central y la prensa presentan la variación del IMACEC (Índice de Actividad Económica Mensual) comparando el valor del mes con aquel del año anterior. En noviembre, el último mes disponible, se registró un incremento de 0,3%. Este método de medición no quiere decir mucho, pues el mismo mes del año anterior puede haber tenido una evolución fuera de tendencia, como ocurrió el año pasado en medio de la rebelión social. Tiene más sentido fijarse, en primer lugar, en la variación respecto al mes previo, despejada de efectos estacionales, para evaluar la evolución coyuntural. En segundo lugar, cabe fijarse en la variación acumulada en el año respecto al mismo período del año anterior para visualizar la tendencia anual, lo que no publica el Banco Central en su comunicado mensual y supone realizar un par de cálculos.
La cifra más reciente de variación mensual desestacionalizada, la de noviembre de 2020, registró un aumento de la actividad económica de 1,1% respecto a octubre. Esta es una buena cifra luego del desplome acumulado de marzo-mayo de -16,4%, de los posteriores cuatro meses con una recuperación que sumó 11,4% y de la nueva caída en octubre de -0,5%. El índice promedio de enero-noviembre de 2020 respecto al mismo período del año anterior indica una caída acumulada de -6,5%. El año va a cerrar con un PIB disminuyendo en una cifra cercana a esa, la mayor desde 1982.
El gran desafío es ahora la velocidad con que se completará una reactivación que lleve los niveles de producción de mercado al mismo nivel de marzo de 2020. Las incertidumbres de la pandemia están ahí para impedir predicciones muy precisas. Desde los últimos días de diciembre de 2020 el promedio diario en siete días de contagios registrados por COVID-19 ha subido inexorablemente. A pesar de un pequeño repunte que luego cedió, este no se había expandido luego de las fiestas de septiembre. En cambio, el fin del Ingreso Familiar de Emergencia para 8 millones de personas en noviembre empujó a más gente a realizar actividades informales para subsistir, mientras las fiestas de fin de año facilitaron el contagio familiar. El resultado ha sido un fuerte repunte de casos nuevos, con su secuela de mayores hospitalizaciones y muertes. Es a lo menos urgente reponer el Ingreso Familiar de Emergencia para que las restricciones de desplazamiento y aglomeración sean más efectivas, antes que el avance de la epidemia obligue a paralizar de nuevo parte importante de la producción. Este es otro momento en el proceso de contagio por COVID-19 desde marzo de 2020 en el que ahorrar dineros del fisco costará, a la postre, mucho más caro y con graves consecuencias humanas de por medio.
De modo que 2021, dadas las insuficientes políticas de gobierno y hasta que no se complete un proceso de vacunación cuya meta es llegar a 15 millones de personas en julio, seguirá siendo un año humana y económicamente difícil, en medio, además, de los intensos procesos electorales. En ese proceso se van a delinear las salidas de crisis que le tocará gestionar al gobierno que se iniciará en marzo de 2022.
Una continuidad de “negocios como siempre” puede ser el camino que seguirá el país, tal vez retomando en parte la dinámica exportadora empujada por China, pero sin dar mayores respuestas a la crisis social evidenciada en octubre-diciembre 2019. Contrariamente a las décadas pasadas, será un camino de inestabilidad.
Otro camino será, siempre que las nuevas instituciones lo permitan, el de avanzar hacia un objetivo de mayor bienestar equitativo y sostenible en el país. Esa senda requerirá abordar en serio la superación de la estructura de desigualdad y del funcionamiento económico sistémico social y ecológicamente depredador que la sostiene, combinación que produce un crecimiento cada vez más lento. Avanzar por ese otro camino supondrá definir un nuevo horizonte de metas alrededor de las cuales se movilicen y amplíen los recursos disponibles. El camino de “negocios como siempre” no se plantea demasiadas metas o no se dota de instrumentos para lograrlas. El camino de “bienestar equitativo y sostenible”, en cambio, debe plantearse metas que sonarán extrañas a los oídos ortodoxos, pero que deben constituir un horizonte para que la política económica construya nuevos equilibrios sociales y ambientales.
La primera meta debe ser avanzar hacia el pleno empleo. Así como el Banco Central tiene una meta de 3% de inflación en un horizonte de 24 meses, la política económica debe complementarla con una meta de menos de 5% de desempleo de la fuerza de trabajo en un horizonte de 36 meses. A la vez, ese empleo debe basarse en el trabajo decente, es decir basado en derechos colectivos defendidos por sindicatos fuertes y remuneraciones con un piso más alto y una mayor correspondencia con el aporte productivo del trabajo. Por ello, se requerirá un aumento significativo del salario mínimo en abril de 2021 y aumentos reales anuales posteriores, junto a producir en 2022 cambios legales que permitan negociaciones colectivas de salarios inter-empresa de modo generalizado.
La segunda meta debe ser lograr el acceso a medios de vida mínimamente dignos mediante un Ingreso Familiar Garantizado que sume desde 2021 tanto un sistema ampliado y simplificado de subsidio familiar -que incluya el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado- como una pensión básica que pase del 60% de menos ingresos a ser universal. Este ingreso debe asegurar que ninguna familia esté por debajo de la línea de pobreza (hoy de $455 mil para una familia de cuatro miembros), complementado por un acceso gratuito a la educación y a la atención de salud y a los medicamentos, junto al acceso subsidiado al transporte.
La tercera meta debe ser la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso mediante una relación empleador/trabajadores más equilibrada e impuestos y transferencias más progresivos, con una relación 10% más rico/40% de menos ingresos que pase hacia 2030 del 2,55 (cifra de 2017) al menos al 1,76 de Estados Unidos hoy (según los datos de la OCDE) y a 1 en plazos más largos.
La cuarta meta debe ser alcanzar la neutralidad carbono (situación en que las emisiones de dióxido de carbono son de un nivel que puede ser absorbido por la capa vegetal) en 2040, lo que requiere adelantar el fin del uso de carbón en la generación eléctrica a 2025 y realizar una acelerada transición energética para la cual el país cuenta con inmejorables condiciones siempre que aumente su gasto en investigación y desarrollo, y reconvertir las zonas de sacrificio humano y ambiental. Para ello, la colectividad debe cobrar las regalías que corresponde a todo acceso a los recursos naturales que pertenecen a todos, en vez de prácticamente regalarlo como en la actualidad.
La quinta meta debe ser desconcentrar los mercados, proteger al consumidor y fortalecer la economía social. Las utilidades sobrenormales en la banca y la actividad financiera y en los servicios básicos regulados deben ser tributadas, mientras la vigilancia sobre las prácticas monopólicas debe hacerse efectiva, junto a promover la actividad y el empleo en la pequeña empresa familiar y en la economía social y cooperativa, privilegiando los circuitos cortos de abastecimiento, la alimentación sana y los productos locales.
En suma, de la voluntad colectiva y de la decisión y competencia de los grupos dirigentes que la ciudadanía elija dependerá salir o no de la más grave crisis en casi cuarenta años con un nuevo modelo de prosperidad compartida y sostenible, o bien con la conocida persistencia de una sociedad de mercado fracturada, depredadora y desigual dominada por las tradicionales oligarquías económicas.