¿Tiene sentido el retiro subsidiado de fondos de las AFP?

En Voces La Tercera

Recientemente, la Cámara de Diputados envió una petición al Presidente de la República para que patrocine un proyecto de ley que permita a cada persona con fondos en alguna AFP retirar un millón de pesos, siempre que no haya recibido fondos públicos de emergencia. Acto seguido solicita que ese monto sea restituido como bono de reconocimiento por el Estado a cada cuenta de afiliado.

Se trata de un subsidio regresivo, que no incluiría al universo del trabajo informal que no cotiza -mayoritariamente constituido por mujeres- y que no excluiría a los cotizantes de más altos ingresos. Sería financiado con un endeudamiento público con un costo de UF+4% al año, de acuerdo a la mecánica de los bonos de reconocimiento que se propone. Estos se crearon para considerar las cotizaciones realizadas por los trabajadores en las cajas de previsión del sistema antiguo y se trasladaron a una AFP a partir de 1981.

¿No tiene acaso mucho más sentido emitir deuda de largo plazo directamente con bonos públicos a un costo que puede ser hoy muy inferior a UF+4% para financiar un paquete de beneficios sociales frente a la pandemia? Se debe empezar por priorizar a quienes más la están sufriendo, las personas mayores de bajos ingresos.

¿No tiene más sentido aumentar el monto y cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia? ¿O subsidiar el uso de recursos de las cuentas del seguro de cesantía para los trabajadores con contrato suspendido?¿O ampliar el Fondo Solidario del subsidio de cesantía? ¿O  que se establezca un subsidio de cesantía de emergencia para los independientes, más allá del crédito ya aprobado, que incluya además al mundo de la cultura?

En materia de subsidios frente a los efectos de la pandemia, las peticiones del Parlamento al gobierno no debieran perder el sentido de las prioridades ni de las proporciones. En especial, se debe considerar que no tiene sentido pedir que se entregue recursos de todos los chilenos sin excluir a las personas de altos ingresos, como si Chile no fuera uno de los países más desiguales del mundo. Y aquello de hacer de este un mecanismo voluntario es absurdo: ¿por qué alguien renunciaría a sacar hoy un millón de pesos de su cuenta de AFP si se lo va a pagar el Estado en el futuro, con además UF+4% de interés al año?

En todo caso, si los 10,9 millones de afiliados en las AFP recibieran un millón de pesos subsidiado por el Estado, porque no en otra cosa se traduce la petición de la Cámara de Diputados, el costo (sin considerar intereses) sería de 13,4 mil millones de dólares. Eso es bastante más que los 12 mil millones de ayudas públicas considerados por el gobierno para los próximos 24 meses y que una mayoría aprobó como “marco de entendimiento”. La coherencia no parece estar a la orden del día.

En definitiva, el Estado chileno está en condiciones -mediante el uso de las reservas fiscales existentes (21 mil millones de dólares a fines de abril) y un endeudamiento que hoy se puede obtener a bajo costo- de subsidiar directamente a las personas que más lo necesitan para enfrentar la crisis: aquellos cuyos ingresos son inferiores a la línea de pobreza, los trabajadores con contrato suspendido u horario reducido, los independientes con caídas de ingresos, los cesantes y las empresas en dificultades.

Al debatir este tema rápidamente aparece aquello de que otra vez están los economistas poniendo restricciones. Mi respuesta es la de siempre: en materia de economistas, abogados, profesores, periodistas y las profesiones que se quiera, hay de todo. No es el tema. Sacar cuentas y establecer las prioridades colectivas frente a la crisis es el tema. Para eso no se necesita ser economista, sino parte de la ciudadanía.

Además, si las cuentas de AFP son propiedad de cada cual -como han sostenido desde el inicio del sistema sus dueños-, entonces la idea de retirar fondos ante la magnitud de la crisis es válida, pero no existe razón alguna para que ese retiro sea financiado por todos los chilenos, incluyendo los más pobres que no tienen nada o muy poco que retirar. Lo sensato parece ser que el que lo desee disponga de al menos parte de sus recursos en las cuentas de AFP, pero siempre que se transite hacia un nuevo sistema contributivo de pensiones que impida aquello de pan para hoy y hambre para mañana. Un sistema que canalice de aquí en adelante el 10% de cotizaciones (y un 6% adicional en el futuro, como se ha pactado en el Parlamento) para pagar con los recursos así reunidos a los hoy jubilados según su historia laboral, con una pensión base para todos cercana al salario mínimo y un fondo de capitalización colectivo como reserva frente al cambio demográfico.

Solo un conjunto de medidas que enfrenten en la magnitud suficiente el corto plazo pero sin hipotecar el largo plazo permitirán responder a las graves consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria.

Después de la pandemia

En El Mostrador

Es difícil realizar conjeturas con algún grado de certeza sobre los escenarios después de la pandemia por COVID-19, con el trasfondo, además, de la rebelión social de octubre-diciembre de 2019.

A nivel global, siguiendo a Daron Acemoglu (Project Syndicate, 5 de junio), es posible identificar tres trayectorias no deseables. La primera es la de la “continuidad trágica” del declive de las instituciones y de la mantención de las desigualdades económicas y sociales que han devenido en endémicas a escala global. La segunda es la de la prolongación del “momento hobbesiano” de verticalidad estatal, con el modelo chino de control social, la represión en Estados Unidos y los estados de “seguridad nacional” como referencia, bajo el supuesto de la ineficiencia de la gobernanza democrática frente a las “nuevas amenazas”. La tercera es la trayectoria de la “servidumbre digital”, con los gigantes tecnológicos y de capitalismo de plataforma sustituyendo a gobiernos en bancarrota en sus funciones sanitarias y sociales, configurando nuevas formas desreguladas de teletrabajo, guiando los confinamientos y el “distanciamiento social” y siempre manipulando los datos personales y determinando las conductas colectivas en medio de una enorme concentración privada de poder sin control democrático.

Acemoglu postula que existe la alternativa deseable de un “Estado de bienestar 3.0”, que sea un avance respecto de aquel que emergió en la posguerra y de aquel que resultó de las reducciones de la era neoliberal. Este nuevo Estado de bienestar debiera basarse en una mejorada gobernanza democrática. Los gobiernos deberán asumir más responsabilidades y ser más eficientes para robustecer la salud pública, mejorar las redes de seguridad social y lograr una más inteligente regulación y coordinación de los actores económicos.

Este es un esquema de salida que es un punto de partida para detener la lógica de desregulación de los mercados que acompañó la era neoliberal y sus efectos en las desigualdades y la depredación ecológica. Debe incluir, en el caso de Chile, lo que será materia de la Convención Constituyente y de un nuevo gobierno –porque del actual poco se puede esperar–, un cambio hacia un sistema de tributación progresiva y de negociaciones colectivas de las condiciones de trabajo que se realicen con sindicatos fuertes por ramas y territorios y no solo en la empresa, para iniciar un camino de reversión de las inequidades distributivas más agudas. Como existe en diversos países de altos ingresos.

Desde el ángulo de los intereses de la mayoría social y de sus expresiones y representaciones plurales, probablemente habrá un acuerdo en que crear una nueva institucionalidad democrática con capacidades sociales es la alternativa a los escenarios distópicos mencionados.

En efecto, la primera tarea pospandémica es asumir las innumerables debilidades institucionales demostradas en la crisis sanitaria y bregar por un cambio en las formas de gobierno hacia una democracia eficaz, descentralizada, proba, basada en un Estado de derecho socialmente respetado y en capacidades de acción colectiva que combinen el rol de la ciencia y la participación social. Esa será la condición para lograr un mejor control colectivo de las amenazas sanitarias, que los efectos de la depredación ecológica seguirán produciendo mientras no se transforme estructuralmente la actividad productiva y el funcionamiento de las ciudades y hábitats.

Cabe asumir, además, que habrá regresiones sociales como la ampliación de la economía informal, la pérdida de empleos y/o su precarización (digital o no) y la salida de muchas mujeres del empleo formal y su confinamiento en el trabajo doméstico. Esto obligará a activar políticas de empleo social subsidiado en servicios a las personas y en servicios ambientales al margen de los mercados, como eje de las políticas redistributivas, junto a proveer ingresos básicos garantizados financiados por tributos más progresivos, como un impuesto a las grandes fortunas.

Pero todo esto es solo un punto de partida, de salida de crisis. Un nuevo modelo económico deberá incluir una cobertura mucho más amplia del desempleo, la enfermedad y la vejez, el apoyo a formas de economía social en los territorios y un plan de largo plazo de inversiones sustentables que la reactivación necesitará en gran volumen. El nuevo modelo deberá promover formas mixtas de propiedad y mercados social y ecológicamente regulados. Las economías locales deberán fortalecerse con el apoyo a cadenas territoriales de abastecimientos básicos con alta capacidad de integración social y de respuesta sanitaria. Los espacios urbanos más que nunca necesitarán un transporte público de calidad y sanitariamente apto, así como de mayores redes de cuidado de la infancia y los adultos mayores para contribuir a sacar a las mujeres de su sobrecarga inequitativa actual.

En una perspectiva de más largo plazo, se requiere un cambio del régimen de producción/consumo, para mejorar la resiliencia ambiental y sanitaria. El interés general indica que es ineludible avanzar a una estrategia de reconversión productiva que fortalezca un sector de alta productividad articulado con grandes cadenas globales, pero con plena captación tributaria de las rentas de los recursos naturales y con mayor valor agregado local, basado en toda la tecnología verde disponible y la capacidad nacional de investigación y desarrollo.

Chile puede lograr un gran crecimiento de la producción de alimentos saludables, de las energías renovables, de los servicios a las personas y de los servicios a la producción que mejoren la resiliencia de los ecosistemas. Debe proponerse, en contraste, el decrecimiento de la energía proveniente de hidrocarburos, de la alimentación industrial no saludable, de la producción con obsolescencia programada, del consumo sustentado en el sobre-endeudamiento de los hogares y de los servicios financieros que penalizan a las pequeñas empresas. Deberá terminarse con el esquema de servicios básicos entregados con rentabilidades privadas monopólicas, que alimentan la concentración económica. El consumo deberá privilegiar objetos reparables, de larga duración y bajo consumo de energía.

Para que este proceso de reconversión perdure en el tiempo, deberá dejar de medirse la actividad económica solo con un PIB por habitante que no considera el bienestar, la distribución y la sostenibilidad social y ambiental de la producción. La magnitud de la actividad monetariamente medible y su crecimiento deberán dejar de ser lo centralmente relevante, para dar paso a un monitoreo económico centrado en el cálculo de las brechas existentes, para obtener un bienestar equitativo y sostenible de todos los miembros de la sociedad.

No faltarán los que digan que todo esto es inviable. Pero más inviable parece ser la “continuidad trágica” del declive de las instituciones, la mantención de las desigualdades económicas y sociales y el deterioro ambiental, que solo producirá rebeliones y desórdenes desde la anomia, en ausencia de un proyecto mayoritario y creíble de transformación de la sociedad.

Sobre acuerdos y desacuerdos

En La Tercera.cl

Frente al diálogo convocado por el gobierno de Sebastián Piñera con la oposición “con presencia en las comisiones de Hacienda”, en estos días alguien ha escrito que “el desacuerdo no tiene perdón”. Esta extraña frase es expresiva de que reaparece en Chile con alguna frecuencia una distorsión sobre los fundamentos de la vida colectiva. Se trata de la pretensión de algunos de descalificar las legítimas diferencias y la deliberación plural sobre ellas, así como el procedimiento de decisión mayoritaria para resolver esas diferencias.

Lo que es inadecuado (no llegaremos a decir que no tiene perdón, porque es caer en la misma descalificación que cabe criticar) es pretender que la diversidad de ideas e intereses no existe, especialmente en sociedades desiguales como la chilena. La idea de forzar acuerdos donde no los hay es la expresión de una pulsión autoritaria y de una carencia de cultura democrática.

En democracia se debe aspirar a un amplio consenso sobre las reglas del juego, especialmente en la protección de los derechos fundamentales de las personas (nótese que la mayor parte de la derecha no concuerda con esto y sigue justificando las violaciones a los derechos humanos en dictadura y durante la reciente rebelión social). En el resto de dimensiones de la esfera pública, cabe la diversidad de opiniones y posiciones y utilizar la regla de la deliberación sobre las opciones en presencia, seguida de la decisión mayoritaria -procedimiento que es un acervo de la humanidad formalizado al menos desde la Grecia antigua y en los medios eclesiásticos desde la tardía edad media- para zanjar periódicamente las diferencias en los diversos espacios institucionales. No cabe sino citar una vez más a Montesquieu, que escribió en 1748: “es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder es llevado a abusar de él, hasta que encuentra límites (...) Para que no se pueda abusar del poder, se debe lograr que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”.

Todas las apelaciones de estos días a los consensos y a los acuerdos se remiten en realidad al hecho de que el gobierno de Sebastián Piñera no dispone de una mayoría parlamentaria propia y ha llevado una política que fracasó en el control de la pandemia, desde la reticencia inicial a declarar las primeras cuarentenas y cierres de actividades, el "retorno seguro" en plena expansión de la pandemia, las insólitas críticas del ministro de Salud Mañalich a su colega ministro de Educación Figueroa respecto a la suspensión de clases, las cajas de alimentos para hacer propaganda que provocan problemas logísticos y sanitarios, y tantas otras actitudes de privilegio de lo económico y de un estilo vertical y poco abierto al diálogo. Además, el gobierno ha tardado de manera bastante poco explicable en adoptar medidas suficientes para evitar una depresión económica. Ojalá los errores del gobierno no se hubieran producido, porque han costado vidas.

El fondo del asunto es que el gobierno necesita concordar sus legislaciones con al menos una parte de la oposición, lo que ha logrado en lo principal en los últimos dos años en base a un enfoque inestable del caso a caso, aunque se le ha ido haciendo cada vez más difícil. Entonces, ahora apela a los acuerdos, pero siempre con el estilo perentorio del dueño del poder, acuerdos que no se buscaron al poner en marcha las políticas hoy cuestionadas, pese a las advertencias de personas y entidades calificadas y representativas.

Por eso la oposición ha expresado con creciente firmeza su desacuerdo frente a políticas que se van demostrando equivocadas y con las prioridades cambiadas. La oposición debiera exigir una rectificación profunda de la política sanitaria y económico-social del gobierno. Lo que cabe es constatar que sin protección sistemática de la población para la contención de la pandemia y sin ingresos de emergencia consistentes para abordar las cuarentenas (hoy financiables con las reservas fiscales y un endeudamiento a bajo costo como es ya más o menos unánime) no hay recuperación económica posible. En esa rectificación podrían surgir concordancias. Pero presionar para un acuerdo sin cambiar un enfoque y un estilo que ha dado malos resultados no parece tener mucho sentido.

Pactos y medidas de urgencia

En La Mirada Semanal

Es difícil pensar que la idea de Sebastián Piñera de proponer un pacto para enfrentar la pandemia y sus consecuencias en los próximos dos años, después de meses de no hacerse caso más que a sí mismo, no tenga que ver con sus crecientes dificultades. Se ha puesto ya en evidencia el fracaso de su estrategia que no puede sino calificarse de “pro-economía” frente a la pandemia en curso. El resultado ha sido la aceleración de los contagios y muertes. Las declaraciones del ministro de salud sobre el hecho que “las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero se han derrumbado como castillo de naipes” y el “navegamos en una suerte de oscuridad” han sido sorprendentes e inquietantes.

No obstante, el país necesita una acción disciplinada y coherente para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. La deliberación pública, aunque sea tardía, sobre un mínimo básico de acción colectiva es indispensable, más allá de las intenciones de Piñera. Si se produce un acuerdo, tanto mejor. Si no, por lo menos las posiciones quedarán más claras.

En este sentido, no se debe perder la esperanza de un acuerdo amplio sobre la mantención de las medidas sanitarias de protección mientras sea necesario, incluyendo cuarentenas estrictas, exámenes generalizados de los grupos de riesgo, rastreo de nuevos casos, seguimiento de la cadena de contactos y acogida de los contagiados que lo requieran en establecimientos especiales, aumentando el rol de la salud primaria, fortaleciendo el sistema sanitario y el uso de todos los establecimientos hospitalarios y clínicas sin discriminaciones, mejorando las condiciones de trabajo y protección de los equipos de salud en todos los niveles.

Es, además, urgente aumentar el apoyo a las familias sin ingresos. Se debe llevar el Ingreso Familiar de Emergencia a un nivel equivalente a la línea de pobreza para el 60% de familias de menos ingresos entre junio y agosto y aumentar la pensión básica solidaria hasta 165 mil pesos para todos los beneficiarios. El mecanismo de suspensión de empleo debe incluir la reposición total o parcial por el gobierno de los recursos de las cuentas del seguro de cesantía utilizados para este efecto y poder enfrentar los eventos posteriores de cesantía o la prolongación de la suspensión temporal de contratos.

Para financiar las medidas mencionadas se debe establecer, como han propuesto López y Sturla, una contribución de emergencia de los 6 mil súper ricos que existen en Chile por un monto de 1,5% a 3% de su patrimonio y sumar un aporte de 6 mil millones de dólares por una vez. Esta medida debe sumarse al uso de las reservas fiscales y el endeudamiento a bajas tasas de interés que hoy está disponible para Chile.

Una medida adicional de apoyo a los ingresos que rompería positivamente esquemas considerados intocables sería la de suspender las cotizaciones obligatorias a las AFP, permitir el retiro de un 30% de los fondos acumulados y concordar un nuevo sistema previsional mixto (con cuentas individuales de derechos previsionales, un fondo para garantizar un piso de pensión contributiva equivalente al ingreso mínimo y apoyar las pensiones de las mujeres, junto a un fondo de capitalización colectiva) que opere a partir de 2021.

Para impedir un agravamiento todavía mayor de la situación del empleo, se debe aumentar las garantías públicas al programa de créditos de emergencia y obligar a los bancos a atender a las micro y pequeñas empresas y otorgarles créditos a tasas no comerciales según ventas de los tres meses previos, como está previsto en la ley FOGAPE que no se cumple. Y se debe condicionar las garantías públicas a compromisos de empleo, sin retiro de dividendos (manteniendo la ley aprobada) y dejando fuera a las empresas cuyos dueños operan con paraísos fiscales. Y también condicionar la garantía pública de crédito en el caso de las grandes empresas a la entrada equivalente en el capital corporativo.

Un acuerdo para la emergencia debe rechazar, eso sí, cualquier cambio en el itinerario electoral y preparar las condiciones para un pronunciamiento seguro (incorporando el voto por correo y electrónico) en octubre próximo sobre la Convención Constituyente, pues el país no puede postergar la resolución de sus problemas institucionales.

Canastas para un país en punto crítico

En La Tercera

La situación sanitaria y económica del país se encuentra en un punto crítico. En un momento en que la palabra clave es la reciprocidad (si yo me cuido te cuido, si tu te cuidas me cuidas), debieran funcionar consensos y una gran unidad para contener la pandemia con una fuerte disciplina colectiva. Y también pactar medidas eficientes (al menor costo) y eficaces (con la cobertura necesaria) para aminorar sus efectos económicos.

Pero, ¿cómo no levantar una voz crítica cuando las autoridades trataron desde el 15 de abril, en pleno desarrollo de la pandemia, de producir un retorno al trabajo por evidentes presiones empresariales sumadas al voluntarismo gubernamental? ¿O cuando el grueso de los recursos fiscales se destina a aliviar a las grandes empresas sin compromiso de mantención de los empleos, no fluye el crédito de emergencia a las Pymes, la suspensión de contrato laboral se financia con los fondos de cesantía de los trabajadores o los apoyos en ingresos a las familias son mínimos? ¿O cuándo el gobierno apenas dialoga con sus alcaldes, que lo obligaron a tomar las primeras medidas de precaución, con su comité de expertos o con el Colegio Médico, para no hablar del Parlamento? ¿O cuándo sus ministros comentan las dificultades o no se hacen cargo de ellas, como si no estuvieran a cargo de evitar una depresión económica que amenaza a la sociedad chilena y especialmente a sus categorías sociales más vulnerables?

Lo más reciente es que el gobierno decidió distribuir canastas de alimentos por 100 millones de dólares. Prefirió esta solución efectista y paternalista -símbolo del clientelismo político-, en vez de aumentar el muy precario apoyo monetario a las familias sin ingresos que las preserve del hambre y dinamice los circuitos de almacenes de barrio y ferias. El Ingreso de Emergencia se entregará por tres meses “reduciéndose de manera gradual a la espera de que estos hogares puedan retomar sus fuentes de ingresos”, según dice el gobierno. Su monto inicial de 65 mil pesos ya está por debajo de la línea de pobreza.

Toda persona con algo de formación en microeconomía sabe, además, que con la entrega de apoyos en especie se producen efectos de sustitución: lo que viene en la caja de alimentos dejará de ser adquirido por la familia y ésta tendrá un monto equivalente de dinero disponible. Por eso es más simple entregar dinero directamente. Bienvenida sea la ayuda de las cajas de alimentos ante un panorama tan crítico para tantas familias, aunque para más de alguna se parecerá a una humillación y así lo expresarán. Pero no puede dejar de subrayarse que existen mejores mecanismos para el acceso gratuito a alimentos. Sin ir más lejos, en Estados Unidos (https://www.usa.gov/espanol/asistencia-alimentaria), los vales de alimentos distribuidos por el gobierno desde hace décadas se presentan en los supermercados y almacenes para retirar productos básicos. ¿Por qué no se aplicó aquí? Lo más eficiente es la entrega directa de subsidios monetarios o, por último, las tarjetas para compra de alimentos.

El hecho de fondo es que deberá reforzarse mucho más el apoyo a las familias sin ingresos. El gobierno argumenta que “no se puede usar de una vez todos los cartuchos”, argumento que no se sostiene frente a la urgencia de evitar el hambre. La suspensión o destrucción de empleos formales e informales avanza a pasos agigantados, sin que, incomprensiblemente, se use las reservas fiscales y la opción de endeudamiento a tasas bajas que el país tiene a disposición para sostener los consumos básicos de todos. Ya no se puede esperar más tiempo para actuar con la envergadura necesaria.

"Nuestro objetivo es que las empresas no despidan trabajadores"

En La Mirada Semanal

El título de esta columna proviene de una frase del ministro del Trabajo de Dinamarca, Peter Hummelgaard. Nada semejante se ha escuchado por parte de las autoridades de nuestro país.

Dinamarca frente a la pandemia – con la gestión de la primera ministra, Mette Frederiksen – subsidió a las empresas para que mantuvieran la planilla salarial, reembolsando 75%de los salarios de los trabajadores que de otro modo hubieran sido despedidos por pérdidas causadas por el Covid-19. El trabajador no está autorizado a trabajar mientras su salario sea subsidiado. Los autoempleados que contratan hasta 10 personas han visto compensado el 90% de su ingreso perdido por la pandemia, cuando este ha caído más de 30%. El gobierno decidió, además, subsidiar entre 25% y 80% de los costos fijos de las empresas que esperan una caída significativa de ingresos por la pandemia, en proporción a la magnitud de la caída esperada. Las empresas que han sido obligadas a detener su actividad por razones sanitarias han visto subsidiados todos sus costos fijos. La contrapartida fue no distribuir dividendos, recomprar acciones o utilizar paraísos fiscales para evadir impuestos. Las actuales medidas de desescalada progresiva de las restricciones sanitarias van a permitir a las empresas danesas volver rápido al uso de su capacidad llegado el momento.

Nada de esto ocurrió en Chile. Aquí se decidió utilizar un mecanismo de suspensión del contrato de trabajo y de activación del seguro de cesantía, utilizando los recursos existentes en las cuentas de los trabajadores -los que no estarán disponibles para eventuales pérdidas futuras del empleo- pero manteniendo las normas de despido “por necesidades de la empresa”.

A la postre, hubiera sido mejor desde el punto de vista de la protección del empleo limitarse al mecanismo de disminución de jornada -también aprobado en la misma legislación que autorizó la suspensión temporal de contrato y que prácticamente no se está usando- pero con un subsidio de al menos la mitad de la diferencia con el salario vigente. Esto hubiera evitado en parte la ola de despidos que se está produciendo.

Tuvo que estallar el escándalo de la distribución de cientos de millones de dólares de dividendos a los accionistas de Cencosud (subrayemos que la excusa del interés de los pequeños accionistas es bastante poco honorable, pues la distribución de dividendos se podría haber limitado a ellos) para que el Congreso empezara a legislar condicionando el uso de la suspensión de contrato, a pesar de la posición temprana de algunos parlamentarios para establecer ese condicionamiento. La respuesta del ministro de Hacienda Briones, aparte de palabras de buena crianza lamentando la actitud de Cencosud, es que la prohibición de la distribución de dividendos aprobada por el parlamento va a aumentar los despidos. Para evitarlo, el ministro de Hacienda sabe bien que hubiera bastado, por ejemplo, condicionar la suspensión del pago provisional mensual del impuesto a las utilidades a la mantención del empleo en la empresa.

Todos sabemos que este es un gobierno de los grandes empresarios y que actúa en consecuencia. Pero también sabemos que la oposición tiene mayoría en ambas cámaras y que no actúa en consecuencia. Lo que ocurre es muy simple: un sector de ella apoya el enfoque y las medidas del gobierno y deja al resto en minoría. Lo que pasó con el “ingreso familiar de emergencia”, manifiestamente insuficiente si se considera las capacidades de uso de reservas fiscales y de endeudamiento a bajo costo, auguró tal vez una actitud un poco más a la altura de la defensa necesaria de la mayoría social en esta crisis. Pero a la postre la exigencia opositora se limitó apenas a proponer subir el subsidio a 80 mil pesos por tres meses para el 60% de menos ingresos, frente al monto de 43 mil a 65 mil pesos y decrecientes planteado por el gobierno, con un costo de 800 millones de dólares. Finalmente, el gobierno hizo ajustes menores y la oposición terminó votando a favor. En el parlamento chileno no se observa tampoco, ni de lejos, algo que se parezca a las negociaciones de Nancy Pelosi con el gobierno de Trump en Estados Unidos.

El pretexto del gobierno de Piñera fue que tiene que reservar recursos para más adelante, aunque la crisis de ingresos de millones de familias es ahora y el derrumbe de la demanda de consumo ya está provocando un enorme daño a la economía que será difícil de recuperar. Recordemos que solo la suspensión del Pago Provisional Mensual en el impuesto a las utilidades de las empresas decidido en abril cuesta 2.400 millones de dólares y la del impuesto de timbres y estampillas a los créditos otros 600 millones de dólares. Ahí no había que reservar nada para más adelante.

Lo que hace el gobierno y la pasividad de una parte de la oposición no están a la altura del manejo de la economía para evitar una depresión. Ni menos del problema de las familias de menos ingresos, especialmente las que tienen que salir a buscar el sustento diario mediante el trabajo informal y que aumentan su riesgo de contagio, con la consecuencia adicional de que se disminuye el control de la pandemia. 

El gobierno parece instalarse en la idea de seguir actuando en la improvisación del día a día, con el riesgo de llegar sistemáticamente tarde en vez de anticiparse a los efectos devastadores de la crisis sanitaria y económica que nos afecta. Lo único en lo que trató de anticiparse fue en una vuelta fallida a la actividad económica plena, bajo el rótulo de “nueva normalidad”, rápidamente devenida en “retorno seguro”, bastante antes de que se alcanzara la cima de contagios. El resultado fue ampliar la pandemia en la Región Metropolitana y otros territorios, que obligó a más medidas de cuarentena estricta retrasando cualquier idea de normalización parcial de la actividad.

Lo que era previsible

Las comunas de Santiago habitadas por personas de menos ingresos ya han entrado en una etapa de aceleración del contagio por Covid-19. Esto iba a pasar de modo previsible por una razón muy sencilla: aunque el virus se importó básicamente por viajeros residentes en los barrios altos, la necesidad económica de salir a buscar el sustento diario por parte de quienes lo obtienen mediante trabajos formales e informales iba a hacer mucho menos efectivos los resguardos decretados en las comunas de menos ingresos. Por eso, cuando se habló de nueva normalidad y de retorno seguro, la equivocación fue muy grande: el contagio masivo estaba en pleno desarrollo y apenas empezando para un sector mayoritario de la sociedad, lejos de cualquier cima.

Por eso propusimos, a riesgo de ser tachados de populistas por los ignaros aficionados a la descalificación fácil, un mecanismo generalizado de mantención de ingresos salariales y una renta por al menos tres meses para las familias de bajos ingresos equivalente al ingreso mínimo de 300 mil pesos o a la línea de pobreza por hogar. Esta era la única manera de lograr que la gente que vive al día de su trabajo no se desplazara arriesgadamente para subsistir y se mantuviera en las casas para resguardar su salud.

El costo de estas medidas es muy alto, pero como acaba de señalar el Foro de Desarrollo Justo y Sostenible -que reúne a decenas de economistas de oposición-, las posibilidades de financiarlas razonablemente están disponibles. Cuando el gobierno dice que está en el límite fiscal y monetario, se equivoca, pues el uso de las reservas fiscales y el endeudamiento adicional a bajo costo, como acaba de demostrarse con la emisión reciente de bonos gubernamentales, es perfectamente viable.

El argumento de que con esto se grava a las nuevas generaciones es materia de controversia entre economistas desde hace mucho tiempo. El argumento keynesiano que cabe poner por delante es el siguiente: un endeudamiento público que permite proteger el grueso de los activos productivos existentes, directamente y por la vía de preservar la demanda, tendrá la capacidad de ser sostenido por la actividad económica futura en plazos largos, pues los estados no quiebran, salvo situaciones límites de las que estamos lejos. La alternativa es dejar que se destruya masivamente tejido productivo, lo que nos empobrecerá como sociedad y hará más difícil incluso abonar las deudas ya contraídas.

Agreguemos que, además del costo humano terrible, el costo del derrumbe de la demanda interna para la economía será mayor que el de una política fuerte de sostén de la capacidad de consumo. En vez de adoptar las medidas rápidas y de volumen suficiente que lo hubieran permitido, se optó por la clásica política de un gobierno de grandes empresarios y de economistas a su servicio: destinar el grueso de los recursos a las empresas grandes con exenciones tributarias y créditos, pero con mecanismos de difícil acceso para las micro y pequeñas empresas, que representan un 45% del empleo formal.

Se decidió, además, sostener ingresos laborales suspendiendo contratos y usando los fondos de cesantía de las cuentas de los trabajadores, manteniendo las reglas pro-empresa de despido y de distribución de dividendos, en medio de una falta de agilidad de la administradora privada del seguro de cesantía y de la expansión de los despidos.

La política de subsidios a las personas y familias de menos ingresos, que debiera haber sido una prioridad, ha consistido en entregar un bono escuálido y concebir un ingreso familiar de emergencia de monto bajísimo y decreciente por tres meses para los trabajadores informales. Este mecanismo está trabado en el Congreso, cuya mayoría parece que por fin se tomó la molestia de decirle al gobierno que no tiene apoyos para un política tan sesgada social y económicamente, como una minoría aislada ha intentado subrayarlo desde el principio.

La conclusión es que no es tolerable que en esta enorme crisis -el gobierno insiste en que el PIB caerá solo 2%, cuando es evidente que la recesión será mucho mayor- se distribuya las indispensables ayudas públicas de manera completamente desequilibrada entre capital y trabajo. Además de ser socialmente injusta, esta política es dramáticamente ineficiente en lo económico para enfrentar una crisis de tan amplia magnitud.

Lo que vendrá después

En La Mirada Semanal

Hace algunos días, nos sorprendió la declaración del presidente de los empresarios, Juan Sutil, insinuando que tal vez en el futuro habría que pensar en un modelo socialdemócrata para Chile. No sé si sabrá que esos modelos tienen dos características esenciales: un amplio sistema de tributación progresiva que es proporcionalmente del orden del doble y más que el chileno -esta tributación elevada se utiliza para financiar un amplio Estado de Bienestar- y que las negociaciones colectivas son centralizadas y con sindicatos fuertes y respetados. No parece tan seguro que cuando se documente más sobre el tema mantendrá esa declaración.Si así fuera, bienvenido sea.

En todo caso, aunque estos no son tiempos de optimismo, la pandemia de Covid-19 obliga a repensar las prioridades que presiden la organización de la vida colectiva, lo que ya venía en proceso de creciente cuestionamiento en Chile con el hito de gran envergadura histórica de la rebelión social de octubre-diciembre de 2019.

¿Qué se puede pensar sobre el futuro, además de lograr a la brevedad una nueva institucionalidad que nazca de la soberanía popular y consagre un cambio en las formas de gobierno hacia una democracia eficaz, descentralizada, proba, basada en un verdadero Estado de derecho al servicio de la mayoría?

¿Por qué no pensar en una nueva economía moderna y compleja orientada al bienestar equitativo y sostenible, en vez del modelo de producción depredadora de los seres humanos y de la naturaleza, de consumo desenfrenado y de inequidad estructural de orden productivo, social y de género que muestra ya un agotamiento irremediable?

Esto supone avanzar a una estrategia de reconversión productiva y de crecimiento-decrecimiento. ¿Qué es eso, se preguntarán?

Se trata de una estrategia que debe incluir un gran crecimiento de la producción de alimentos saludables, de las energías renovables, de los objetos reparables, de larga duración y de bajo consumo de energía, de los servicios a las personas y de los servicios a la producción innovadora y compatible con la resiliencia de los ecosistemas. Y que debe incentivar el decrecimiento liso y llano de la energía basada en hidrocarburos, de la alimentación industrial no saludable, de la producción con obsolescencia programada, del sobre-endeudamiento que sobrecarga el presupuesto de los hogares con intereses sobre intereses y de finanzas que lesionan a las empresas productivas, junto a servicios básicos entregados con rentabilidades monopólicas que no tienen justificación alguna y alimentan la concentración económica. Se trata de dejar de medir la actividad con un PIB por habitante que no considera el bienestar, la distribución y la sostenibilidad social y ambiental, y cuyo monto no deberá ser lo importante per se, sino su capacidad de sostener un bienestar equitativo y resiliente a lo largo del tiempo.

Deberá existir un sector de alta productividad articulado con las grandes cadenas globales, de minería o no, pero con plena captación nacional de las rentas y utilizando tecnología verde de punta, que contribuya a sostener las formas sociales de producción, empleo y subsistencia, la cobertura de riesgos sociales y las inversiones verdes que la reconversión necesitará en gran volumen.

Los instrumentos deberán ser tarifarios, tributarios, financieros y reglamentarios, con formas mixtas de propiedad, con mercados regulados y también con una amplia prestación pública de bienes y servicios al margen del mercado. Y con cadenas territoriales de abastecimientos básicos con alta capacidad de integración social y de respuesta sanitaria en los territorios, junto a ciudades eco-productivas, con transporte público de calidad y amplio espacio para el teletrabajo y la educación digital. Y con una economía que no discrimine por género ni origen social o nacional y un cuidado infantil y de los adultos mayores que saque a las mujeres de la sobrecarga inequitativa actual mediante amplias redes sociales de cuidado en cada territorio. Y con una educación que prepare con rigor a cada cual para desarrollar libremente sus proyectos de vida y promueva los valores básicos que la sociedad decida democráticamente compartir.

Economistas contra salubristas: un falso dilema

En El Mostrador

Un sondeo reciente preguntó a economistas calificados en Estados Unidos si acaso el Gobierno debía invertir más en acelerar el testeo por COVID-19 y para lograr una vacuna. Obviamente todos estuvieron de acuerdo.

El sondeo también preguntó, lo que es menos obvio, si abandonar las cuarentenas mientras permanece el riesgo de nuevos brotes de infección llevaría a un mayor daño económico. Ninguno estuvo en desacuerdo

Conclusión: los paneles de economistas que procuran atenerse a hechos razonablemente comprobables, piensan que para salvar la economía hay que hacerles caso a los expertos en salud pública y no relajar medidas hasta que no existan una serie de condiciones, a la espera de la vacuna. Entre ellas, un transporte público reacondicionado para mantener el distanciamiento y la sanitización, una mucho mayor capacidad de testeo del contagio, un gran contingente en los servicios de salud y en la salud primaria para el monitoreo de personas contagiadas sin síntomas y recuperadas y el aislamiento de las zonas de tratamiento por COVID-19 en los hospitales. En Chile, como la mayoría de los economistas trabajan para intereses empresariales, opiniones de este tipo no se expresarán demasiado y habrá solo voces aisladas planteando lo razonable.

El tema a considerar es que hay muchas incógnitas con el comportamiento de la pandemia que nos aqueja. Los científicos y los gobiernos navegan en muchos sentidos a ciegas. Pero más vale hacerles caso a los científicos, aunque también se equivoquen, pues tienen por formación el reflejo de estar abiertos a reconocer y enmendar el error, como ocurrió con el uso de mascarillas. En contraste, Trump recomendando tomar desinfectante y las payasadas de Bolsonaro están ahí para ilustrar los extremos en el desvarío de algunos gobiernos.

Retomar la actividad económica y educacional requiere de medidas sanitarias fuertes, como están recomendando los salubristas, con resistencia de la autoridad política en nuestro país y de un ministro de Salud que no se sabe si prioriza el control de la pandemia o minimizar las suspensiones de actividad. Su posición sobre la suspensión de clases fue insólita para quien ostenta esa responsabilidad.

El problema es que en la mayoría de los casos, las empresas y entidades educacionales no están en condiciones de cumplir las restricciones sanitarias a cabalidad. El riesgo de rebrotes diversos es real. ¿Cuántas personas, por temor, dejarán de ir o irán muy poco a restaurantes, centros comerciales, cines, peluquerías, talleres de reparación, y otras actividades no esenciales si se relajan en exceso las medidas sanitarias y el virus sigue circulando sin barreras suficientes? Las clínicas privadas vacías están ahí para demostrar que esa conducta de precaución espontánea estará presente en el corto y mediano plazo. Entonces no se trata solo de decretar un grandilocuente "retorno seguro" para salvar la economía.

Hay que asumir que se debe por un cierto tiempo, que puede ser largo, preservar lo esencial de los abastecimientos a la población y su logística respectiva y concentrar ahí la mantención de la actividad en condiciones rigurosas de distanciamiento físico, de testeo y de monitoreo de lugares de infección y de infectados. Y cuando sea posible, mantener o reiniciar otras actividades con alta automatización y baja concentración humana. Y desde luego aprovechar todas las posibilidades de trabajo a distancia.

Ya que el Gobierno no puso en práctica un esquema de mantención general de ingresos vía créditos y subsidios suficientes, que era lo más apropiado para evitar el derrumbe económico, y optó por un esquema de alivio tributario y crediticio que privilegia a las grandes empresas (no hay que olvidarse de quiénes son los que nos gobiernan), se plantea con urgencia el tema de un ingreso básico de emergencia equivalente al salario mínimo y hasta 500 mil pesos por familia.

Este debe cubrir a la brevedad a todas las familias que lo necesiten y mientras lo necesiten, financiado con reorientaciones de gasto público, uso de reservas fiscales y endeudamiento (por qué esto no es una catástrofe ni mucho menos, está explicado en este enlace). Esto no solo es indispensable para sostener las medidas sanitarias que no pueden funcionar si no se preserva a las familias y personas del hundimiento económico, sino que también será una condición de mantención del poder de compra para hacer funcionar las cadenas de abastecimiento básico y el empleo en ellas. El control de la pandemia y evitar el colapso de la economía van de la mano.

Moralidad cercana a cero

En Cooperativa.cl

Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), declaró: "no podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, porque después vamos a estar lamentando que la gente se muera de hambre".

Se trata de otro representante empresarial con moralidad cercana a cero. Es de esperar que, si se impone su visión, él mismo no se contagie y enferme por poner en práctica sus dichos. El virus no distingue clases sociales. Frente a él, si me cuido te cuido, si te cuidas me cuidas. Eso se llama la reciprocidad general, en oposición al sálvese quien pueda propio del individualismo primitivo, o del más sofisticado que es propio del liberalismo desde Adam Smith, que sostiene que la persecución del interés propio beneficiará al conjunto a través de una mano invisible porque funcionan los "incentivos correctos".

El tema es el siguiente: para controlar la pandemia de Covid-19 hasta que aparezca una vacuna, se requiere cuarentenas generales y parciales.

Se debe evitar el máximo de muertes, para lo cual hay que limitar la circulación del virus e impedir imperiosamente el colapso de los sistemas sanitarios. Eso trae como consecuencia la parálisis total o parcial de actividades productivas.

Esto no es contradictorio con mantener funcionando los servicios básicos, lo que de hecho se hace en todas partes, pero con las debidas protecciones. Ni con mantener actividades y servicios por vía digital. Ni con reanudar progresivamente faenas con el debido distanciamiento social.

Lo que no se puede hacer es mantener funcionando grandes centros de comercio que aglomeran gente (para allá parece que apunta el señor Soublette), ni un transporte público no reacondicionado a las nuevas circunstancias ni actividades que aglomeren gente y constituyan un riesgo para el contagio por el virus.

El costo económico de esto es altísimo e inevitable. Lo importante es que puede abordarse mediante endeudamiento, pues Chile está en condiciones de hacerlo, incluso mediante el financiamiento fiscal por el Banco Central durante un período, llegado el caso.

El apoyo público debe orientarse a mantener los ingresos de los trabajadores por al menos un trimestre y otorgar crédito a las empresas para que pasen el bache de la crisis.

Lo que es inaceptable es que los recursos públicos puestos a disposición de las empresas terminen en el escándalo del Banco del Estado encabezando el salvataje de Latam.

Si esto se está haciendo, se aludirá, supongo, el carácter estratégico de una línea aérea  con fuertes operaciones en y a partir de Chile.

Entonces en ese caso la cosa es muy simple: el salvataje debe incluir la transformación de una parte de los créditos que se otorguen en acciones de propiedad pública, para asegurar que la gestión de la empresa efectivamente incluya los intereses estratégicos del Estado chileno.

Si el gobierno neoliberal que nos rige considera que esos intereses estratégicos no existen, entonces simplemente debe dejar que Latam quiebre y otras empresas “más eficientes” ocupen su lugar. Esas son las reglas del juego del mercado, ¿o no?

Pero en realidad, estamos en presencia una vez más del "capitalismo de amigos", que en este caso controla el gobierno y cada vez más al parlamento. Ese es el Chile de hoy.

Un plan económico desequilibrado

En La Tercera

Hubiera sido deseable un plan de contención de los efectos del Covid-19 fuerte y estabilizador. Se debiera haber canalizado con rapidez desde marzo a las empresas la liquidez puesta a disposición por el Banco Central y trasladado la TPM o una tasa cercana a los nuevos créditos. Se debiera haber activado desde abril tres meses de pago subsidiado del grueso de los salarios para los que vieran suspendidas total o parcialmente sus labores. Evitar graves perjuicios económicos a la población de menores ingresos y el derrumbe de la demanda debiera haber incluido, además, un trimestre de ingreso mínimo -un ingreso básico ciudadano temporal- para las familias que viven al día del trabajo informal y por cuenta propia. Esto hubiera tenido un alto costo, pero abordable con un mayor endeudamiento neto sobre el PIB, dado su aún razonable nivel actual. El precio a pagar por la destrucción de parte del tejido productivo y del empleo por inacción será, en todo caso, mucho mayor en el futuro.

El gobierno estableció, en cambio, una sucesión de planes que no ha impedido una explosión de despidos y reducciones de jornada y de remuneraciones. En una primera fase, el gobierno decidió otorgar a las empresas US$ 2.400 millones que irán especialmente a las sin problemas (incluyendo las grandes cadenas de supermercados y farmacias que han aumentado sus ventas sin controles de precios, y a parte de los exportadores que verán sus caídas en las ventas en los mercados externos más que compensadas por la devaluación del peso respecto al dólar) a través de la suspensión del cobro del Pago Provisional Mensual, indexado sobre las ventas. Las empresas con problemas y que han visto colapsadas sus ventas no se beneficiarán mayormente de este mecanismo, ni tampoco de la mayor parte de los US$ 600 millones que se dejarán de recaudar por la suspensión del impuesto de timbres y estampillas a los créditos. Se otorgó, por otro lado, a los trabajadores y las familias de bajos ingresos un bono Covid de 50 mil pesos por carga por una vez por US$ 170 millones y se dio curso a la suspensión de contratos de trabajo activando el seguro de desempleo, pagando remuneraciones básicamente con los fondos de cesantía acumulados en las cuentas de las personas, así como un mecanismo de reducción de jornada con un complemento también pagado por las cuentas de los trabajadores.

Cuando se hizo evidente que el gobierno no estaba apoyando lo suficiente a las pymes y a los trabajadores con contrato, informales o por cuenta propia, el 8 de abril se anunció un nuevo plan. Éste incluye garantías públicas a los créditos a las empresas que realizan hasta poco más de US$ 30 millones de ventas, aumentando en U$ 3 mil millones el Fogape para una cobertura entre 60 y 85% del monto del crédito. Se facilitarán líneas de créditos de capital de trabajo equivalente a tres meses de ventas. Los bancos participantes postergarán cuotas o vencimientos de las deudas preexistentes para aliviar la carga financiera. Con estas medidas, tardías, se canalizará mejor la mayor disponibilidad de liquidez facilitada por el Banco Central. Pero se echa de menos limitar los diferenciales de tasas y las nuevas utilidades que sumará la banca con estas facilidades crediticias. Y queda pendiente el tema de las grandes empresas en problemas.

Se anunció, además, apoyos fiscales a un universo de trabajadores informales de 2,6 millones de personas, pero por solo US$ 2 mil millones y sin que se especifiquen los mecanismos. Nada se menciona sobre los trabajadores a honorarios. Que nadie se extrañe si se sigue actuando sin la contundencia suficiente, que vuelva a emerger la rebelión social en el país una vez pasada la pandemia, pero esta vez en medio de una depresión.

Recesión a la vista

En La Mirada Semanal

Olivier Blanchard, ex economista jefe del FMI, y Paul Krugman, premio Nobel, dos economistas “serios” para los cánones vigentes, sostienen que la que se avecina en el mundo no es una recesión usual. Este es el caso tanto por su origen (cuando los hogares por diversas razones dejan de consumir como lo hacen usualmente o las empresas invierten menos o bien sobrevienen impactos externos) como por su magnitud. Krugman prevé una caída en Estados Unidos de más de un dígito en la actividad económica a raíz de las interrupciones de aglomeración y desplazamientos para contener el contagio. Ya se registra en el último mes una pérdida de unos 15 millones de empleos. Sostienen estos economistas que debe brindarse un apoyo de muy amplia envergadura al gasto sanitario y a la contención de la caída de ingresos de las personas y del riesgo de quiebra de empresas que en condiciones normales pueden funcionar. Tanto como sea necesario.

En Chile los datos económicos presentan rezagos, pero las largas filas frente a las oficinas del Seguro de Cesantía, que nunca había hecho mayor noticia, están mostrando los primeros efectos en la actividad y el empleo.

Hubiera sido deseable una respuesta fuerte y estabilizadora del gobierno con un plan de contención que incluyera desde abril tres meses de pago subsidiado completo del salario para los que vean suspendidas total o parcialmente sus labores, en la proporción correspondiente, y un trimestre de ingreso mínimo para las familias que viven al día del trabajo informal y por cuenta propia. El gobierno estableció en cambio un 70%, 55% y 45% en los próximos tres meses, pagado por los fondos de cesantía de cada cual y si no alcanza con fondos públicos. La diferencia entre este mecanismo y el propuesto no es enorme en el monto, pero si lo es en quien y cuándo lo paga. Y decidió otorgar un bono de 50 mil pesos a los más pobres.

El apoyo a las empresas cubiertas por la Small Business Administration en Estados Unidos acordado por demócratas y republicanos incluye otorgarles créditos y un 100% de subsidio público a la mantención de la planilla de salarios mientras dure la crisis.

Esto contrasta con los US$2.400 millones que el gobierno otorgará en Chile a las empresas, especialmente a las sin problemas (incluyendo las grandes cadenas de supermercados y farmacias que han aumentado sus ventas sin controles de precios y a parte de los exportadores que verán sus caídas en las ventas en los mercados externos más que compensadas por la devaluación del peso respecto al dólar) a través de la suspensión del cobro del Pago Provisional Mensual indexado sobre las ventas. Las empresas con problemas y que han visto colapsadas sus ventas no se beneficiarán mayormente de este mecanismo, ni tampoco de la mayor parte de los US$ 600 millones que se dejarán de recaudar por la suspensión del impuesto de timbres y estampillas a los créditos y beneficiarán a las grandes empresas.

Lo que tenemos es un gobierno que subsidia a las empresas con menos problemas y no apoya lo suficiente a las pymes y a los trabajadores con contrato, informales o por cuenta propia. Esto tiene un alto costo, pero factible de abordar con el uso de las reservas fiscales existentes y con un mayor nivel de endeudamiento sobre el PIB, que aún permanece en niveles bajos.

El fondo del asunto, desde el punto de vista macroeconómico, es que en Estados Unidos el paquete fiscal es, incluyendo las garantías de crédito, de 10% del PIB y en Chile no llega al 2% de gasto adicional efectivo.

Cabe reclamar un mayor esfuerzo fiscal en los términos mencionados para apoyar a los directamente afectados y sostener la economía como un todo. La propuesta elaborada por la oposición y sus técnicos es bastante consistente en un sentido contrario a la inercia actual del gobierno, pero se encontró a pocas horas de ser presentada el 7 de abril con la división que le entregó la presidencia de la Cámara de Diputados al gobierno y abrió una nueva crisis en su seno, la que viene prologándose desde el gobierno de Bachelet II, al menos en su forma más aguda. ¿No habrá una Nancy Pelosi por ahí que tome las riendas de una oposición parlamentaria sumida en las luchas de cargos en vez de ejercer la mayoría que el pueblo le dio frente al gobierno? ¿Y nuevos liderazgos consistentes que den un paso al frente para ir ofreciendo alternativas al piñerismo?

El 8 de abril, frente a la evidente insuficiencia de su plan inicial, el gobierno finalmente anunció un nuevo plan que incluye el incremento de garantías públicas a los créditos a las empresas, aumentando en U$ 3 mil millones el FOGAPE para una cobertura entre 60 y 85% del monto del crédito según el tamaño de la empresa. Se facilitará, además, líneas de créditos de capital de trabajo equivalente a 3 meses de ventas. Los bancos participantes postergarán cuotas o vencimientos de las deudas preexistentes para aliviar la carga financiera de las empresas. Con estas medidas se canalizará mejor la mayor disponibilidad de liquidez facilitada por el Banco Central. Es de esperar que el mecanismo funcione rápido y permita evitar la quiebra de muchas empresas. Pero se echa de menos limitar los diferenciales entre las tasas a las que se obtienen los recursos y las tasas de los créditos que se colocan, para limitar las enormes utilidades de la banca. Y establecer desde la partida una conversión de la deuda que no sea devuelta en plazos razonables en propiedad pública. Aquí lo que importa es la continuidad de las empresas, no la de la propiedad de las empresas.

Se anunció, por otro lado, apoyos fiscales a las familias más vulnerables y a los trabajadores informales que no han podido mantener sus ingresos, con un universo de trabajadores informales de 2,6 millones de personas, pero por solo US$ 2 mil millones de dólares y sin que se especifique los mecanismos. Ojalá no quede en el olvido hacer bastante más que los misérrimos 50 mil pesos otorgados por una vez en marzo a las personas de menos ingresos y mayor precariedad. Que nadie se extrañe, si no se actúa con contundencia, de la persistencia posterior de la rebelión social en el país.

¿Volverá una vez más a prevalecer la ortodoxia de economistas incompetentes más preocupados de la aprobación de futuros empleadores en organismos internacionales antes que el destino de las mayorías sociales en el país y que luego no le rinden cuentas a nadie? No olvidemos que la economía vudú llevó a una depresión en 1975 y 1982-83 y a recesiones evitables en 1999 y 2009. Es de esperar que los platos rotos no los paguen los mismos de siempre.

Una ley insuficiente frente a un horizonte oscuro

En El Mostrador

La ley aprobada el 31 de marzo se denomina de “protección del empleo”, pero hace muy poco para protegerlo y mantenerlo. Los empleadores que suspendan el empleo a sus trabajadores los derivarán a una remuneración de 70% en el primer mes, 55% en el segundo, 45% en el tercero y montos decrecientes hasta completar siete meses (con apoyo del fondo solidario de cesantía si los fondos acumulados no alcanzan) o extinción del saldo acumulado, utilizando la mecánica y los recursos del fondo del seguro de cesantía creado en 2002 en caso de pérdida o cambio de empleo.

Se consumirá primero el fondo individual acumulado antes que activar de inmediato el fondo solidario de cesantía con financiamiento fiscal. Solo se exceptuarán de esta escala de disminución de ingreso los que reciben menos de 500 mil pesos, que podrán mantener el 70% del salario por tres meses. Se autorizó también reducir la jornada laboral hasta por diez meses, con compensación parcial del salario pleno por el seguro de cesantía.

Es lo que la oposición ha obtenido del Gobierno en el Parlamento, donde sin embargo tiene mayoría. En suma, no hay oposición en Chile. Este tipo de relación gobierno-oposición en un régimen presidencial cuando el jefe de Estado no tiene mayoría en una o varias cámaras contrasta con lo que la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en Estados Unidos obtuvo del gobierno ultraderechista de Trump, con un plan de apoyo a la salud y a la economía que alcanza el 10% del PIB. Descontando los descalces de pagos, el plan de Piñera-Briones no es muy superior al 1% del PIB. Muchísimo menos que el plan de 2009 frente a la gran recesión, año en el que se pasó de un superávit fiscal de 4% a un déficit de -4% del PIB.

El despido por “necesidades de la empresa” no sufrió cambio alguno. Recuérdese que en muchos países con economías competitivas se requiere al menos de planes de reinserción a cargo de la empresa y con apoyo público cuando se trata de despidos colectivos. Ya desde marzo muchas empresas en Chile han despedido personas ante el desplome o caída parcial de sus ventas. Al producirse muchos despidos que debieran al menos retrasarse, salvo casos muy justificados, y no mantenerse al menos por un trimestre la remuneración de los trabajadores despedidos, con jornada parcial o con suspensión de actividades –la que debiera ser subsidiada total o parcialmente por el Gobierno usando su capacidad de endeudamiento– caerá gravemente la demanda de consumo de los hogares. Por tanto, aumentará aún más el desempleo, en una espiral recesiva que el Gobierno no logrará detener mientras permanezca prisionero de su ideología. Aunque el país se caiga a pedazos.

La rápida y adecuada disminución de la tasa de interés de política monetaria decidida por el Banco Central no ha impedido que los bancos estén restringiendo el crédito a las empresas cuyos riesgos de impagos han aumentado, es decir, muchas. Esta ausencia de regulación del funcionamiento del sistema bancario en situaciones de crisis –no basta con suspender por un año la aplicación de las nuevas “normas de Basilea” de manejo de riesgos– empujará a muchas empresas a la quiebra.

La banca debiera ser obligada a aumentar su crédito a las empresas que lo requieran, de modo de impedir su cese definitivo de actividades, con un subsidio fiscal temporal al pago de salarios y de los costos fijos de operación. Este se podrá recuperar una vez pasada la emergencia sanitaria que paraliza a la economía. No otra cosa se está haciendo en Estados Unidos y diversos países de Europa.

El Gobierno no está impulsando nada de esto. El ministro de Salud declara, como guinda de la torta, “inconstitucional”, sin considerar las facultades que le otorga el estado de emergencia, fijar los precios de los planes de Isapres. Y así sucesivamente. La pérdida de ingresos de la mayoría de las familias y el colapso del sustento para varios millones de personas que viven al día provocará su sufrimiento y una marginalización adicional, como si no se hubiera producido recientemente una gran rebelión social en el país.

La pandemia y la inacción gubernamental llevarán a la ampliación de la fractura social en Chile. Ojalá uno se equivoque, pero no hay ningún elemento en el escenario o en los actores de la esfera pública que indique lo contrario.

Los trabajadores merecen ser protegidos

En Cooperativa.cl

El dictamen de la Dirección del Trabajo - que establece la continuidad del vínculo laboral pero no de las remuneraciones en caso de cuarentena y toque de queda - plantea de lleno el tema de la protección de los trabajadores en esta crisis.

Los que prestan servicios a personas bajo cuarentena no podrán ir al trabajo y no recibirán remuneración, salvo que el empleador acceda a hacerlo. Solución, legislar a la brevedad la obligación del contratante de servicios personales de mantener la remuneración mientras dure una cuarentena que impida asistir al trabajo.

En el caso de las empresas que han disminuido total o parcialmente su actividad y sus ventas, cabe insistir en que el parlamento lleve al gobierno a aprobar un sistema de apoyo directo a la mantención del empleo y del pago de salarios total o parcial financiado por el fondo solidario del seguro de cesantía por tres meses, sin disminución de las remuneraciones, cuando una empresa enfrente una disminución importante de sus ventas. El gobierno debe inyectar los recursos necesarios a ese fondo, los que deberán recuperarse posteriormente con cotizaciones adicionales al 2,6% de aporte empresarial distribuidas en el tiempo.

Adicionalmente, el gobierno debe subsidiar selectivamente aquellos costos fijos empresariales que ayuden a evitar las quiebras y la explosión del desempleo, empezando por las cotizaciones obligatorias y el pago de servicios básicos.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia y los sin contrato, cabe un subsidio por tres meses equivalente al ingreso mínimo y no los 50 mil pesos por una vez que ha logrado hacer aprobar el gobierno en el parlamento.

Las medidas reseñadas se pueden financiar en parte con el uso de las reservas fiscales, un endeudamiento adicional y con no hacer efectiva la suspensión del pago del Pago Provisional Mensual a las utilidades de las empresas planteada por el gobierno, cuyo costo es de 2 400 millones de dólares (cerca de 1% del PIB), y con limitar a la pequeña empresa la exención por seis meses del pago del impuesto al crédito.

El PPM se indexa sobre las ventas, por lo que las empresas sin ventas o con ventas disminuidas prácticamente no recibirán el beneficio, mientras sí lo harán las grandes empresas que no están siendo afectadas (supermercados y sectores exportadores, en particular). Debe además congelarse las tasas de interés por tres meses para los créditos al consumo y al capital de trabajo de las pymes.

Se trata de actuar con criterios de justicia social, es decir de no subsidiar a los que menos problemas tienen y de ayudar a los más necesitados, y también de realizar una buena gestión macroeconómica que evite una depresión.

Es hora que la oposición en el parlamento haga su trabajo y no acepte las medidas del gobierno que protegen a la gran empresa no afectada y oriente los recursos hacia la mantención de las remuneraciones y asegurar la continuidad del funcionamiento económico y del empleo. Chile puede hacer otra cosa que lo de siempre: favorecer a la gran empresa a costa de los trabajadores y precipitar crisis y explosiones de cesantía por incompetencia y dogmatismo de las autoridades económicas.

A partir de abril la situación social se hará dramática de no mediar medidas urgentes y contundentes como las mencionadas. El gobierno no puede seguir reaccionando sistemáticamente detrás de los hechos. Lo importante y urgente es no colapsar los ingresos de las familias y de ese modo ayudar a la mantención del empleo y de la actividad de las empresas y por cuenta propia.

Sería altamente recomendable, en todo caso, que los que se niegan a tomar medidas como las mencionadas después no se declaren sorprendidos por los rebrotes de las rebeliones sociales que se produzcan por la inacción pública y/o por gobernar para los privilegiados y dejar en el abandono a la mayoría social.

El paquete fiscal de Piñera: a la medida de las grandes fortunas

En El Ciudadano

Además del peligro sanitario, se nos viene encima una amenaza de recesión. El Gobierno reaccionó con un fuerte paquete fiscal el 19 de marzo que padece de un problema de composición. No se observa mucha precisión por el lado del gasto, en que la prioridad de las prioridades debe ser que no falten recursos para adquirir implementos para la emergencia y para realizar las inversiones indispensables en el sector público de salud. En realidad, más bien se constata que los apoyos fiscales irán primordialmente a la gran empresa. El plan gubernamental privilegia proteger las utilidades empresariales y estas se concentran en términos absolutos en las empresas de mayor tamaño.

La «suspensión del pago» del Pago Provisional Mensual por tres meses, que es un anticipo mensual del pago anual al impuesto a las utilidades tributables de las empresas proporcional al volumen de ventas, costará US$ 2.400 millones (cerca de 1% del PIB). Pero no se prioriza por tamaño de empresa ni por sector (el sector exportador no minero, por ejemplo, tendrá altas utilidades este año por la devaluación del peso). Tampoco se especifica condiciones ni plazo de devolución de lo no recaudado. ¿Será un regalo a las empresas en dificultades y a las otras también? Sí lo es la eliminación por 6 meses del impuesto de timbres y estampillas que se aplica a los créditos, que tampoco está focalizada y costará US$ 420 millones. La postergación del pago del IVA por tres meses para las empresas con ventas inferiores a UF 350 mil, en cambio, está algo más focalizada y el pago se hará en 12 cuotas mensuales, con un diferimiento fiscal estimado de US$ 1.500 millones. En el mismo sentido va el pago en julio, en vez de en abril, del impuesto a la renta de 140 mil pymes, por otros US$ 600 millones.

La concentración de la actividad económica más rentable es de tal magnitud en Chile que el grueso de las utilidades tributables y las operaciones de crédito provienen de la gran empresa. En ella se concentrará el apoyo en rebajas y exenciones tributarias.

En cambio, la mantención de los salarios en las empresas que experimenten una suspensión temporal de actividades se hará con cargo a lo acumulado en su cuenta individual por el propio trabajador en el seguro de cesantía. El sistema vigente establece al activarse el pago de un 70% del salario en el primer mes, un 55% en el segundo y un 45% en el tercero, en una escala degresiva en los meses siguientes hasta el agotamiento del fondo acumulado. En caso de insuficiencia de los recursos de la cuenta individual, se activa un aporte del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Se prevé un suplemento de recursos para este fondo de hasta US$ 2 mil millones.

A esto se agrega una flexibilización laboral que permitirá disminuir hasta un 50% de la jornada de trabajo, previéndose un pago compensatorio para cubrir hasta un 75% del salario por el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Esta falta de compensación completa del salario al menos por un período va a significar una caída importante de las remuneraciones, perjudicando a los trabajadores afectados, pero además disminuyendo el consumo de los hogares, con significativos efectos recesivos posteriores.

Lo que más llama la atención es que el apoyo previsto para dos millones de personas que viven del autoempleo es irrisorio, con un bono por una vez equivalente al Subsidio Familiar, cuyo monto es de 13.155 pesos por carga familiar. Este gasto será de US$ 130 millones, a comparar con los mencionados US$420 millones que costará solo la suspensión del pago de impuesto a los créditos. También llama la atención que se establece un fondo de US$ 100 millones para atender las caídas de ventas del micro comercio local a través de los municipios, lo que también es irrisorio.

Un plan alternativo, y no necesariamente más caro, debiera incluir medidas más equitativas y focalizadas. Primero, que los trabajadores de las empresas en dificultades temporales permanezcan contratados por tres meses con el mismo sueldo con un subsidio directo a través del Seguro de Cesantía en proporción a la disminución de la jornada, con un tope para los salarios más altos. En caso de despido inevitable, el seguro de cesantía debiera partir con el salario completo en los tres primeros meses, siempre con un tope. Segundo, que algunos costos fijos de las empresas sean subsidiados focalizadamente y no mediante rebajas o suspensiones tributarias generales. Y tercero, que se aplique un subsidio temporal a las personas autoempleadas que no puedan seguir obteniendo ingresos, asimilándolas a la condición de cesantes de la Administradora de Fondos de Cesantía como beneficiarios por tres meses de un ingreso mínimo.

El problema es que el Gobierno prefirió mecanismos que sobre todo protegerán las utilidades de las grandes empresas. Somos todos iguales, pero unos más que otros.

Las medidas económicas del gobierno

En La Tercera.com

El significativo paquete fiscal anunciado por el gobierno el 19 de marzo frente a la amenaza recesiva que se cierne sobre la economía chilena padece de un problema de composición. No se observa mucha precisión para que no falten recursos en el sector público de salud, que debe ser la prioridad de las prioridades, pero si se constata que los apoyos fiscales irán primordialmente a la gran empresa. El plan gubernamental privilegia proteger las utilidades y estas se concentran en términos absolutos en las empresas de mayor tamaño.

La “suspensión del pago” del PPM por tres meses (anticipo mensual en función del volumen de ventas del pago al impuesto a las utilidades tributables de las empresas) costará US$ 2.400 millones, sin que se priorice por tamaño de empresa ni sector (el sector exportador no minero en buena medida tendrá altas utilidades este año por la devaluación del peso), ni se especifique condiciones ni plazo de devolución de lo no recaudado. La reducción a cero del impuesto de timbres y estampillas que se aplicará a los créditos por seis meses no está focalizada y costará US$ 420 millones. La postergación del pago del IVA por tres meses para las empresas con ventas inferiores a UF 350 mil en cambio está algo más focalizada y el pago se hará en 12 cuotas mensuales, con un diferimiento fiscal estimado de US$ 1.500 millones. En el mismo sentido va el pago en julio en vez de en abril del impuesto a la renta de 140 mil pymes, por otros US$ 600 millones.

Lo que no parece tener justificación es por qué no se hizo una focalización y calendario de devolución de los pagos suspendidos de la recaudación mensual de las utilidades de las empresas y del impuesto a los créditos que no se cobrará en un semestre. La concentración de la actividad económica más rentable es de tal magnitud en Chile que el grueso de las utilidades tributables y las operaciones de crédito provienen de la gran empresa. En ella se concentrará el apoyo en rebajas y exenciones tributarias.

En cambio, la mantención de salarios en empresas con suspensión temporal de actividades se hará con cargo a lo acumulado en su cuenta individual por el propio trabajador, con un 70% del salario en el primer mes, un 55% en el segundo y un 45% en el tercero, en una escala degresiva complementado en caso de agotamiento de los recursos de la cuenta individual por el fondo solidario de cesantía. Se prevé un suplemento de recursos de hasta US$ 2 mil millones. La flexibilización laboral hasta 50% de la jornada de trabajo con un pago compensatorio para cubrir hasta un 75% del salario por el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía va a significar una caída importante de las remuneraciones, perjudicando a los trabajadores afectados pero además disminuyendo el consumo de los hogares, con significativos efectos recesivos posteriores.

Lo que más llama la atención es que el apoyo al autoempleo para dos millones de personas sin empleo formal es muy bajo, con un bono por una vez equivalente al Subsidio Familiar, cuyo monto es de 13.155 pesos por carga familiar, con un gasto de US$ 130 millones (a comparar, por ejemplo, con los US$420 millones que costará la suspensión del pago de impuesto a los nuevos créditos por 6 meses). Además, se establece un fondo de US$ 100 millones para atender caídas de ventas del micro comercio local por los municipios, lo que es muy insuficiente.

Se podían concebir medidas más equitativas y focalizadas. Primero, que los trabajadores de las empresas en dificultades permanecieran contratados por tres meses con el mismo sueldo con un subsidio directo a través del Seguro de Cesantía, con un tope para los salarios más altos. Segundo, que algunos costos fijos de las empresas fueran subsidiados focalizadamente y no mediante rebajas o suspensiones tributarias generales. Y tercero, que se aplicara un subsidio temporal a las personas autoempleadas que no puedan seguir obteniendo ingresos, asimilándolas a la condición de cesantes de la Administradora de Fondos de Cesantía como beneficiarios por tres meses de un ingreso mínimo.

El gobierno prefirió mecanismos que primordialmente protegerán las utilidades de las empresas formales, con el grueso de los apoyos que se dirigirán a las más grandes.