El futuro de las transferencias de ingresos

En La Tercera

En su apogeo, bajo Augusto (27 a.c. -14 d.c), Roma contaba con un millón de habitantes. Para resolver su aprovisionamiento, los gobernantes se ocupaban de la distribución de cereales a los panaderos, pero también los distribuían gratuitamente para la subsistencia de 200 mil personas, un quinto de la población. Para mantener, además, su ejército, debían levantar los impuestos necesarios. Las reservas de alimentos en los tambos y qullqas imperiales Incas, basadas en la mita (impuesto en trabajo), cumplían una función semejante. Así, la distribución gratuita de recursos por el gobierno a una parte de la población no es ninguna novedad. Su forma moderna más desarrollada es el Estado de bienestar.

El hipercapitalismo chileno y su paradigma de la focalización se han traducido en que mientras en 2019 en la OCDE el gasto público en transferencias a las familias alcanzó un 2,1% del PIB (y un 3,4% en Suecia, el país de más alto gasto en la materia), en Chile llegó a solo 1,7%. El gasto público en discapacidad fue de 2% del PIB en la OCDE (y  de 4,9% en Dinamarca) y de solo 0,7% en Chile. El gasto público en desempleo representó un 0,6 % del PIB (y un 1,9% en Finlandia) y  en Chile alcanzó solo un 0,1%. El total del gasto público social representó un 20,0% del PIB en la OCDE (y  31,0 % en Francia, el país de más alto gasto social) y solo un 11,4% en Chile. Esta situación explica la rebelión social de 2019, cuando una parte significativa de la población terminó por expresar su hastío con que el crecimiento de las últimas décadas no sacara de la inseguridad económica a las familias y una pequeña minoría prosperara de manera hipertrofiada. 

Durante 2020, la resistencia gubernamental a establecer transferencias a las familias para compensar las medidas sanitarias y la explosión del desempleo llevó a que el costo fiscal de las medidas Covid-19 fuera de 6,4 mil millones de dólares, un 2,5% del PIB, apenas un cuarto de las reservas fiscales. La cercanía de elecciones decisivas y los tres retiros de fondos de las AFP autorizados por 2/3 de los parlamentarios, llevaron al gobierno en mayo de 2021 a anunciar un plan de 14,6 mil millones de dólares con bonos para las pymes y un Ingreso Familiar de Emergencia Universal para 16 millones de personas hasta septiembre. Este fue luego ampliado hasta noviembre, junto a un subsidio a quienes encuentren un empleo formal durante 2021, con un costo adicional de 7 mil millones de dólares. El gasto fiscal crecerá en un año en cerca de un tercio, la cifra más alta en la historia reciente. El gasto público superará así el 30% del PIB en 2021 (desde el 26% de 2019). Este será un monto aún lejano al 38% de Estados Unidos y muy lejano al 55% de Francia o el 53% de Finlandia, los de mayor gasto público en la OCDE en 2019. 

¿Se debe volver a la situación previa o estabilizar una mayor gasto público, manteniendo un alto nivel de transferencias a las familias? Es razonable optar por mantener una transferencia al menos al 40% de las familias por un monto similar al actual y amplios programas de creación de empleo. Tal vez la emergencia del COVID será el punto de quiebre para terminar con una focalización absurda, que no debe confundirse con la necesaria priorización del gasto público en lo más urgente y lo más necesario en cada coyuntura. Disminuir el gasto público en 2022 sería un error macroeconómico, pero deberá reacomodarse y financiarse (junto a los programas adicionales que resulten de los compromisos de un nuevo gobierno) mediante una reforma tributaria significativa. 

Mediciones del crecimiento y del desarrollo

 En la Mirada Semanal.

La evidencia de los efectos del cambio climático global, perceptible en Chile con la prolongada sequía que sufre el país, así como de las malas decisiones de inversión que alteran ecosistemas específicos, como en el caso del proyecto minero Dominga en la región de Coquimbo, ponen en el tapete la necesidad de avanzar a mediciones más amplias del bienestar humano que la sola producción de mercado (PIB).

Si se deja de lado la idea de desarrollo como expansión permanente e ilimitada de la producción de bienes sin consideraciones sociales ni ambientales, y si se reemplaza por la noción de logro y preservación de grados suficientes de bienestar individual y colectivo, con componentes materiales además de culturales, sociales y de vínculo con la naturaleza, entonces el PIB por habitante no logrará ser un cuadro de evaluación de políticas para obtenerlos y preservarlos. Este solo mide los flujos económicos de valor agregado de mercado sin considerar el trabajo doméstico, el acceso digital a bienes no transados en mercados o la disminución de las existencias de recursos naturales que esos flujos incluyen. 

La medición del bienestar individual y colectivo, inevitablemente parcial pues nunca podrá considerar plenamente sus fundamentales componentes cualitativos, deberá incluir diversos indicadores. Los indicadores sintéticos multidimensionales integran diversas dimensiones más allá del valor monetario de la producción o de los ingresos. El más conocido es la versión básica del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que desde 1990 pondera por tercios el Ingreso Nacional Bruto (el cual corrige el PIB por los flujos de ingresos de residentes y no residentes y los términos del intercambio), los años promedio y esperados de educación, y la esperanza de vida al nacer de la población. El índice es la media aritmética de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones. Siempre manteniendo la lógica de un índice sintético para ordenar un ranking de países, este esfuerzo ha incluido posteriormente correcciones por desigualdad de ingresos y de género. Por su parte, la investigación de Stiglitz, Fitoussi y Sen identificó las siguientes dimensiones clave a considerar: estándar material, salud, educación, actividades personales (incluido el trabajo), voz política y gobernanza, conexiones sociales y relaciones, medio ambiente e inseguridad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha recogido estas recomendaciones y elabora el Índice para una Vida Mejor, que incluye 38 países y 11 dimensiones, y permite realizar las ponderaciones de aquellas que se estimen pertinentes.

En cambio, tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 2000, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de 2015, tienen valor en sí mismos para evaluar las brechas en relación con determinadas metas y entre países en cada una de las dimensiones planteadas. El Índice de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, inspirado por Jeffrey Sachs y otros, toma desde 2016 las metas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas con 39 indicadores y las brechas de cada país respecto de ellas. Al considerar dimensiones muy disímiles con igual ponderación, su valor analítico, más allá de trazos gruesos, termina, sin embargo, siendo escaso.

Con los datos disponibles, se puede y debe construir cuadros de evaluación sintética de la situación de los países, más allá de un solo índice compuesto. En el caso de la situación económica, además de incluir el PIB por habitante a paridad de poder de compra de los países y su respectiva participación en el PIB mundial (como están compilados en las bases de datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial), cabe incorporar la tasa de desempleo (para apreciar el grado de logro del objetivo de pleno empleo), la presión tributaria(para apreciar las capacidades de acción fiscal del gobierno, el porcentaje de gasto en investigación y desarrollo sobre el PIB y el grado de concentración de las exportaciones para observar los esfuerzos y resultados en la diversificación productiva e indirectamente  los niveles de autonomía en la inserción en la economía mundial). Se puede construir, además, cuadros de evaluación sintética de la situación social. Junto con incluir la esperanza de vida al nacer como expresión de la situación sanitaria de la población como componente clave del bienestar, la mortalidad infantil como un indicador directo de carencias de acceso a capacidades básicas de satisfacción de necesidades y a la atención de salud. Es ilustrativo incluir mediciones de pobreza monetaria o multidimensional, no obstante las distorsiones que provocan las diversas convenciones utilizadas que llevan a resultados altamente variables según los criterios escogidos. Cabe considerar, además, los años esperados de educación de niños/niñas y jóvenes, o indicadores de resultados de aprendizaje, como los que compila el Banco Mundial en su Índice de Capital Humano; el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, como indicador de exclusión, y la tasa de homicidios, como indicador de criminalidad, además de la cobertura de las pensiones. 

En materia de desigualdad, cabe considerar los coeficientes de distribución de ingresos de Palma (que relaciona los ingresos del 10% más rico y los del 40% más pobre, a partir de la observación según la cual el 50% restante suele tener una participación cercana a la mitad de los ingresos en la mayoría de las economías nacionales) y de Gini (indicador sintético de la distancia promedio con una situación igualitaria de distribución de ingresos que va de 0 a 100, que puede no reflejar diferencias importantes entre los muy ricos y los muy pobres). Cabe incluir, por su importancia para apreciar las relaciones sociales en cada país, el índice compuesto de desigualdad de género (entre 0 y 1, que pondera indicadores de salud, de disparidad de ingresos y de representación política) que confecciona el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Cabe también considerar indicadores de evaluación de la situación ambiental de los países, utilizando datos recogidos por Naciones Unidas como el porcentaje en la generación final de energía de las fuentes renovables (convencionales, como la hidroelectricidad tradicional, y no convencionales, como las solares, eólicas y geotérmicas), las emisiones de dióxido de carbono por habitante y la cobertura del suelo total por bosques y su tasa de variación. Es ilustrativo utilizar el indicador de biocapacidad (en hectáreas generales, que mide la capacidad biológica del área cubierta por cada país con coeficientes de conversión según el tipo de territorio divididas por la población) y otro de “huella ecológica”, que mide el uso de los recursos para satisfacer los consumos y absorber los residuos, como el confeccionado por el Global Footprint Network. 

Lo principal es no restringir, como suele ocurrir con frecuencia, la idea del desarrollo de un país a simplemente alcanzar un cierto nivel de Producto Interno Bruto por habitante o de Ingreso Nacional Bruto por habitante (el promedio de los países de más altos ingresos o el de Estados Unidos, por ejemplo) y en función de ese parámetro establecer las brechas a colmar. Las brechas existen en diversas dimensiones y los indicadores deben reflejarlas.

Los gobiernos regionales y la reconversión productiva

En El Regionalista

Un funcionamiento social-ecológico de la economía que mejore sustancialmente los resultados de bienestar después de los estragos sociales de la pandemia es factible incluso sin una ampliación sustancial del capital disponible en el corto plazo. Pero siempre que se inicie con urgencia una transformación de los regímenes de producción-distribución-consumo hacia una economía circular con reanimación del mercado interno y mayor creación local de valor en las cadenas productivas orientadas a la exportación.

Esto requiere un consumo responsable de materias primas y de recursos naturales de diversa índole y, por orden de prioridad, la prevención de la producción de desechos, especialmente a través de la reparación y reutilización de productos, y del reciclaje o la valorización de los desechos. Esto implica el estudio con publicidad y deliberación contradictoria de los impactos de los procesos productivos y actividades humanas mediante la cuantificación del uso de recursos (entradas), incluyendo agua, materias primas, energía, y de las emisiones (salidas) que impactan en el aire, agua, suelo y hábitat urbano y rural asociados a los sistemas de producción y distribución de bienes y servicios.

Evaluar el ciclo de vida de los productos

Toda extracción y producción debiera estar en el futuro sujeta a la evaluación del ciclo de vida de los productos (lo que incluye las normas internacionales ISO 14040 e ISO 14044 sobre principios, requisitos y directrices para el ACV). La apropiación social -a través de tributos y regalías- de las rentas monopólicas, urbanas y de extracción de recursos naturales será un instrumento central de financiamiento de los programas de inversión para una transformación productiva generalizada, lo que es una tarea que cabe coordinar al gobierno central. Pero su puesta en práctica con pertinencia le cabe a los gobiernos regionales y locales con instrumentos adaptados a los agentes económicos presentes en los territorios, en los circuitos cortos de producción/consumo que articulan en espacios social y geográficamente próximos la provisión de bienes y servicios para satisfacer necesidades cotidianas de las comunidades.

Los nuevos procesos de producción deben combinar el control de las contaminaciones del aire, las aguas y los suelos (especialmente el uso indiscriminado de productos fitosanitarios, pesticidas y herbicidas en detrimento del control biológico permitido por la biodiversidad) y de los espacios urbanos, la descarbonización, la intensificación del valor agregado por servicios a la producción (servicios creativos en base a las tecnologías de la información y la comunicación, automatización, trazabilidad, certificaciones), el escalamiento de la elaboración sostenible de recursos naturales y la diversificación sectorial, en particular hacia ciertos bienes de equipo y ciertos bienes de consumo masivo como los alimentos saludables y la construcción y equipamiento sostenible de la vivienda y edificación.

Transformar la agricultura

La actividad agrícola es parte significativa de las economías y es a la vez responsable de una parte importante de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). En la transformación de los ecosistemas agrícolas para cultivos de alimentos y ganadería se encuentran grandes potenciales para enfrentar diversos problemas socio-ambientales: disminuir  las emisiones de GEI; capturar GEI con técnicas agrícolas que conduzcan al aumento de la biomasa; mejorar el uso del agua (la agricultura consume el 70% de la misma); disminuir el uso de agroquímicos, combatiendo el desequilibrio de los ciclos de fósforo y nitrógeno y disminuyendo la contaminación del suelo y de las fuentes de agua, aminorando el gasto de energía fósil para la producción de nutrientes.

Una clave central es fortalecer la biodiversidad de los agroecosistemas como sustento de la actividad agrícola con protección de las especies de flora y fauna. La transformación de los ecosistemas agrícolas a través de muy diversos caminos se insinúa hoy como una de las estrategias con mayores potenciales para enriquecer los servicios ecosistémicos. Esto incluye la agricultura de precisión, la ecoeficiencia, la agricultura de conservación, la agricultura orgánica y los sistemas silvopastoriles intensivos sostenibles, disminuir las pérdidas en las cosechas, evitar el desperdicio de comida y cambiar diversos hábitos alimentarios (especialmente a través de la alimentación escolar).

Estas tareas seguramente llegarán a constituir un programa de transformación social y productiva de responsabilidad regional prioritaria como fuente inspiradora de la transición a un nuevo modelo de bienestar en el país y sus territorios.

 

¿Hay alternativas a la autodestrucción?

La especie humana se encuentra amenazada por el cambio climático de origen antropogénico si no se alcanza en 2050 la carbono neutralidad. Aún estamos a tiempo para cambiar el futuro que se nos escapa de las manos, pero se requiere de acciones globales y locales consistentes y sistemáticas.

El panel científico internacional IPCC ha confirmado en su nuevo informe autorizado por los gobiernos que está literalmente amenazada la especie humana por el cambio climático de origen antropogénico si no se alcanza en 2050 la carbono neutralidad. Se trata de lograr un nivel de emisiones de gases con efecto invernadero que sean absorbidas por las reservas de acopio constituidas por los bosques, ríos, lagos, humedales y océanos. En un contexto de acelerada pérdida de la biodiverdad, estas reservas están también fragilizadas. Incluso si los países comenzaran a reducir drásticamente sus emisiones hoy, el calentamiento global probablemente aumentaría en alrededor de 1,5 grados Celsius en las próximas dos décadas (ya lo ha hecho en 1,1 grado) respecto de los niveles preindustriales, según señala el IPCC.

Cabe agregar que la causa última de estos fenómenos es el tipo de industrialización y de generación de energía a partir de combustibles fósiles (carbón, luego petróleo y derivados y gas) desde la revolución industrial originada en Europa y Estados Unidos y la generalización en las últimas cinco décadas de un sistema económico basado en el predominio del interés privado y en la acumulación ilimitada de capital. Y todo esto para que un pequeño grupo acumule vastas sumas de riqueza (cuya impresionante concentración se encuentra detallada en la base de datos de desigualdad construida por Thomas Piketty y sus colaboradores).

Aún estamos a tiempo para cambiar el futuro que se nos escapa de las manos. Cabe seguir la recomendación frente al Informe del IPCC del reputado director del Instituto de Potsdam sobre los efectos del cambio climático, Johan Rockström: “hay que descarbonizar con toda urgencia y de manera muy radical nuestras sociedades y nuestras economías“. Esto requiere de acciones globales que impliquen un acuerdo de largo plazo entre Estados Unidos, Europa y China, los principales causantes del cambio climático dado su peso en las emisiones de gases con efecto invernadero, y giros drásticos en los procesos de producción, satisfacción de necesidades y acumulación de capital en todos los espacios nacionales y locales. Eso solo lo podrán lograr coaliciones sociales mayoritarias que encaminen transformaciones social-ecológicas (“Esto No Da Para Más”), además de realizar políticas de adaptación y mitigación, del tipo de las propuestas por la CEPAL frente a las perturbaciones irreversibles (como el aumento del nivel del mar) o duraderas (sequías prolongadas y eventos extremos). En efecto, se requiere una combinación de acciones colectivas de los gobiernos y de la sociedad organizada y también una ineludible mayor responsabilidad individual, que debe reforzarse tempranamente en los niños y jóvenes desde las escuelas, las familias y los barrios.

La primera tarea es cambiar los patrones de consumo, especialmente los de los sectores de altos ingresos, y pasar en plazos breves del consumo derrochador y la elevada pérdida de alimentos (el desperdicio alimentario es de un tercio y responsable del 7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, mientras casi el 30% de la tierra agrícola del mundo se utiliza para producir alimentos que nunca serán consumidos) a un consumo funcional de bienes no durables y de bienes durables reparables sin obsolescencia programada. Debe existir, como complemento indispensable de la transformación ecológica, una transformación social que garantice un acceso universal a un consumo digno en especies (alimentación saludable a partir de las escuelas, vivienda con aislamiento térmico y energía distribuida, áreas verdes, servicios urbanos y culturales) y en transferencias monetarias (ingreso familiar básico).

En el plano de la producción, se requiere pasar de aquella que depreda recursos -y destruye ecosistemas sin internalizar sus costos- a la producción circular y al reciclaje generalizado, con una fuerte penalización reglamentaria y tributaria de esos costos. Se debe pasar de la globalización y deslocalización productiva acelerada de los años 1980 a 2008 -basada en aprovechar bajos salarios y el acceso no regulado a recursos- a cadenas globales de bajas emisiones y de comercio justo, especialmente en el acceso a los recursos naturales. Se debe privilegiar los circuitos cortos de producción/consumo, especialmente en la alimentación, el vestuario, la vivienda y la generación de energía. Se requiere el reemplazo a la brevedad de la producción de energía basada en hidrocarburos por energías renovables, cesar la deforestación, limitar la ganadería y la sobreexplotación pesquera, cuidar los océanos y los cursos de agua en las cuencas hidrográficas. Por tanto, se requiere reordenar las especializaciones de los territorios, ampliando sustancialmente las áreas protegidas terrestres y marinas y aumentando la productividad en el uso de los recursos para lograr hacer más con menos. Esto supone una fuerte inversión en investigación y desarrollo orientada a una nueva matriz productiva y de ordenamiento territorial.

Se debe transformar las ciudades y su actual dislocación de los espacios de vivienda y trabajo y el consiguiente aumento de los tiempos de transporte segmentado y contaminante, para pasar a un rediseño de la localización de muchos empleos y establecimientos educacionales y, por tanto, de los desplazamientos, junto a una electromovilidad que mejore la calidad del aire. Simultáneamente, cabe aumentar la calidad de los servicios de agua potable, de reciclaje y disposición de basura. Se requiere, además, establecer desde los gobiernos locales amplios programa de cuidado y reparación de los ecosistemas dañados para que recuperen su resiliencia, creando empleos social y ambientalmente útiles al margen del mercado, financiados por la captura pública de la renta de los recursos naturales y de las actividades hoy en manos de una oligarquía hiperconcentrada que se beneficia de economías de escala y de mercados segmentados y manipulados.

Como se observa, la alternativa a la autodestrucción es un vasto y urgente programa de responsabilidad con las actuales y nuevas generaciones que deberá estar en el centro de las agendas políticas.

¿Y en Chile? El informe del IPCC reporta para la zona sudamericana suroeste -incluyendo la zona norte costera de Chile- una disminución de las precipitaciones, el retroceso de la línea de la costa y una mayor frecuencia y gravedad de las sequías. Continuará el deshielo y pérdida de volumen de los glaciares en la Cordillera de Los Andes, lo que causará reducciones en el caudal de los ríos. Para la zona sur de Sudamérica se prevé un nivel de calentamiento global de 2ºC con sequía agrícola y ecológica para 2050, sobre el promedio global. Esto afectaría la disponibilidad de agua dulce, porque el abastecimiento proviene en gran parte de la nieve que se acumula, así como la producción frutícola que tiene una alta dependencia del riego y de una cierta cantidad de horas de frío. Habrá un desplazamiento del clima mediterráneo de la zona central hacia el sur y un desplazamiento del clima preferentemente lluvioso de la zona sur hacia Aysén y Magallanes.

¿Qué hace el gobierno? Ha planteado, pero no formalizado, llegar a una carbono neutralidad en 2050 y avanzado diseños técnicos, incluyendo un apoyo a una tecnología particular, la producción de baterías con pilas de hidrógeno verde, aunque nada se haya logrado en materia de producción nacional de baterías de ion-litio, en un resonante fracaso de CORFO en sus esquemas de contratos de explotación del litio por privados en el Salar de Atacama. Mientras tanto, el 6 de agosto, el Coordinador Eléctrico Nacional instruyó nada menos que la reapertura de la central a carbón Ventanas 1, en la más emblemática “zona de sacrificio” del país. ¿La razón? “La sequía obliga”. Este fenómeno, que se prolonga por más de una década en el país, está vinculado al cambio climático global provocado con particular intensidad por las emisiones de CO2 de las generadoras eléctricas a carbón. ¿Solución? Insistir precisamente en lo que provoca los diversos desarreglos climáticos y volver a hacer funcionar una central a carbón retirada en diciembre del año pasado. Y retrasar, además, la salida del sistema de otras dos centrales de este tipo. En la actualidad, el 45% de la generación eléctrica proviene del carbón. Es decir, responder a un problema intensificando aquello que lo provoca, en nombre de la ausencia de alternativas en el corto plazo. ¡Como si no existieran otras opciones! Estas son la aceleración de inversiones en energía renovable y en las redes de transmisión que las soportan y también establecer restricciones parciales en el consumo no indispensable mientras entran en funcionamiento las nuevas centrales eléctricas renovables en construcción. Existen hoy 144 proyectos en construcción cuya entrada en operaciones se estima para antes de febrero de 2023. La capacidad de las ERNC creció desde los 540 MW en 2011 a los 6.113 MW disponibles en 2021.

En este tema, como en tantos otros, la ciudadanía chilena tendrá la oportunidad próxima de dar un vuelco a una gestión del país signada hasta hoy por el manifiesto privilegio de los intereses del gran empresariado, que hoy domina la economía, los medios y la mayor parte del sistema político. Es de esperar que la aproveche y no termine presa de los temores al cambio.

La economía se recupera, el empleo queda rezagado

En La Mirada Semanal

Con cerca de un millón menos de ocupados se genera ahora una cantidad agregada de producción que es superior a la del inicio de la crisis y a la de hace dos años en la misma fecha. ¿Será éste un cambio estructural que acentuará la dualidad entre el trabajo formal dependiente e independiente que se recupera, por un lado, y el trabajo informal y por cuenta propia precario que queda rezagado, por el otro?

Puede tratarse solo de un efecto pasajero propio de la crisis de la pandemia de Covid-19, dado que aún no se lograría restablecer el efecto de arrastre de la actividad formal sobre la actividad informal de subsistencia y de baja productividad en servicios, habida cuenta de las restricciones sanitarias. Pero también puede estar en curso un proceso que va más allá de lo coyuntural.

El empleo, según el INE, ha caído en el segundo trimestre en – 0,7% respecto al trimestre previo, despejando la estacionalidad, mientras la producción creció en 0,7% en el mismo período, según el Banco Central. En la peor etapa de la crisis por la pandemia, en abril-junio del año pasado, se produjo la pérdida de 1,8 millones de empleos (un -19,7% de los empleos previamente existentes) respecto al trimestre anterior, siempre en términos desestacionalizados. El empleo inició una trayectoria de expansión entre el tercer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, hasta la reciente caída. Se ha recuperado al segundo trimestre de 2021 un total de 905 mil puestos de trabajo, un 51,6% de los que se perdieron en la crisis. En el caso de las mujeres, la recuperación ha sido aún más lenta, dado que los empleos perdidos fueron 848 mil en el segundo trimestre de 2020 y se han incrementado desde entonces solo en 390 mil, es decir en un 46,0% de lo perdido. Mientras a fines de 2019 las mujeres representaban un 42,3% del empleo total, en el segundo trimestre de 2021 representaban solo el 40,1% de ese universo.

La tasa agregada de desocupación (los que buscan empleo y no lo encuentran) más los que no buscan trabajo pero están dispuestos a trabajar, alcanzó a un 20,5% al del segundo trimestre de 2021, siempre según el INE. En el cuarto trimestre de 2019 esta tasa se había situado en 14,1%, aunque el nivel de producción fue inferior.

La hipótesis de un cambio estructural en el empleo en el período reciente se puede explorar considerando que en el segundo trimestre de 2021 en comparación a dos años atrás, es decir antes de los episodios de la revuelta social y de la pandemia de Covid-19, se registra un total de 880 mil ocupados menos en Chile, según la encuesta de empleo del INE. Pero el nivel de producción agregada es en el segundo trimestre un 0,7% superior, explicada por los servicios (la producción de bienes es un -1,1% inferior a la de dos años atrás). Los ocupados suman hoy algo más de 8 millones de personas y la actividad ha superado el nivel previo a la crisis, aunque el crecimiento ha ido perdiendo velocidad en los dos primeros trimestres del año (3,3 y 07% respecto al período previos en términos desestacionalizados, respectivamente).

Se constata en dos años una pérdida de 160 mil empleos en la agricultura, de 50 mil en la industria, de 25 mil en la minería y de 20 mil en la construcción. Hay así un total de 255 mil empleos menos en la producción de bienes, cuya completa recuperación en plazos breves es incierta. A esto se agrega una pérdida de 246 mil empleos en el comercio, 140 mil en los servicios domésticos, 130 mil en restaurantes y hoteles, 116 mil en enseñanza y 36 mil en transporte y almacenamiento. Estas actividades de servicios, en las que suele haber menores salarios promedio, suman cerca de 670 mil empleos menos. No obstante, poseen un potencial de recuperación más rápida una vez que disminuyan las restricciones sanitarias. Se registra, a su vez, 55 mil empleos menos en las actividades culturales y recreativas, sumando solo 67 mil en la actualidad, cuyo futuro es difícil de prever por los cambios de hábitos durante la pandemia.

En cambio, las comunicaciones e información sumaron 45 mil empleos (llegando a un total de cerca de 200 mil puestos de trabajo), lo que era esperable por la expansión del comercio electrónico y el trabajo y enseñanza remotos. Los otros servicios no sufrieron cambios significativos, incluyendo las prestaciones de salud y asistencia social, con un aumento de 13 mil empleos (sumando 547 mil puestos de trabajo en esta área).

Por su parte, el empleo formal (personas dependientes que cotizan en la seguridad social) ha alcanzando el nivel previo a la crisis, si se comparan los 5,44 millones de mayo de 2019 con los 5,53 millones de mayo de 2021, de acuerdo a los registros administrativos más recientes (el caso de las mujeres es similar). Los que no han vuelto a sus niveles previos son el empleo asalariado informal, el empleo por cuenta propia y los servicios domésticos, lo que afecta más a las mujeres en estos segmentos de empleo.

Este diagnóstico plantea la necesidad de ampliar las políticas de acceso y formalización del empleo. El subsidio al empleo tiene una buena presentación, pero su efecto económico es el de subsidiar las utilidades en los casos, la mayoría, en la que la decisión de contratación por parte del empleador tiene que ver primordialmente con sus previsiones de ventas. El subsidio al empleo a las mujeres y jóvenes sustituye unos empleos por otros (lo que puede ser válido) pero no aumenta el volumen global de empleo, que depende primordialmente de la evolución macroeconómica. Esto no impide complementar la política macro fiscal, monetaria y cambiaria con la creación directa de empleo mediante planes gubernamentales, como el incremento de la inversión pública y la creación de programas de inserción en el empleo o de prestación de servicios sociales, como el cuidado de personas, o de cuidado del ambiente, como programas de reforestación y recuperación de ecosistemas dañados. Pero eso ya supone un enfoque de política económica que deja de vincular el empleo exclusivamente con el mercado.

Viejos temas, nuevos temas

 En La Mirada Semanal

El actual momento de cambios políticos requiere seguir abordando los temas no resueltos o no bien resueltos en la sociedad con proyectos consistentes y movilizadores. Los grandes dilemas que enfrenta la vida social siguen vigentes, lo que los mesianismos de distinta inspiración y la lógica del yo por sobre la historia muestran ser eternamente -o bien interesadamente- refractarios a asumir.

Uno de los lugares comunes más difundidos -y más absurdos- es aquel según el cual los cambios del mundo actual son de tal magnitud que toda visión de mundo hasta ahora constituida estaría obsoleta. Hay quienes han procurado construir sus plataformas políticas con este enfoque, algunos de buena fe y otros simplemente para esquivar definiciones sobre los grandes problemas actuales de la sociedad.

Los cambios en el mundo contemporáneo se presentan bajo el signo de la aceleración y son, en efecto, impresionantes. Entre ellos se cuentan los efectos ya perceptibles del cambio climático de origen antropogénico y la consecuente amenaza para la biosfera; la emergencia de nuevas tecnologías que permiten concebir el rápido reemplazo de las energías fósiles por las energías renovables; un gran aumento de la capacidad de transmisión y procesamiento de datos que circulan por redes digitales usando inteligencia artificial con una concentración de la información en gigantescos monopolios privados; la creciente robotización de la producción y del transporte; la manufactura aditiva; las biotecnologías y los nuevos desafíos de la reproducción humana; el internet de las cosas; la criptoeconomía y así sucesivamente, incluyendo las nuevas pandemias. Dominar el futuro plantea, entonces, desafíos enormes para la propia supervivencia de la especie humana.

Para ese fin, en medio de cambios culturales y mediáticos y de una crisis generalizada de la representación en las sociedades democráticas, se requiere partir por lograr mejoras sustanciales del orden social actual y seguir abordando los temas de la vida social no resueltos, o no bien resueltos históricamente, con proyectos de futuro consistentes y movilizadores. Esto requiere fuertes innovaciones y también consolidaciones y difusiones de la acumulación de conocimientos y de prácticas rescatables en el devenir de las sociedades humanas. Los grandes temas de la vida en sociedad siguen y seguirán asociados a la propia condición humana, vienen de su historia y no desaparecerán sino con ella, lo que los mesianismos y narcisismos de distinta inspiración son eternamente refractarios a asumir.

El primer tema de debate persistente y recurrente en toda sociedad es el de la convivencia en condiciones no violentas y de no dominación de personas y grupos por minorías que concentran el poder de coerción. Es absurdo que pueda ser considerado obsoleto o no pertinente el abordaje central y continuo del tema de la democracia y de los derechos individuales y colectivos, así como el del Estado nación y de la vida autogobernada de los territorios. La descentralización del poder como demanda de los pueblos y la necesidad de desplazar del poder a las oligarquías mediante mecanismos democráticos no nació ayer en la mañana. Esto es, por lo demás, precisamente lo que le toca hacer a la gran innovación política del Chile actual, la Convención Constitucional, que sin embargo está realizando algo muy antiguo: el ejercicio de la soberanía popular a través de la representación. Que en Chile históricamente la oligarquía económica haya logrado prevalecer sobre la mayoría social no es exactamente un tema que haya nacido hoy, pero cuya superación tiene ahora una gran oportunidad de ser resuelta positivamente. Pero esto no impedirá que en el futuro persistan los intentos de recuperar todo poder perdido por las minorías dominantes y reproduzca formas recurrentes de conflicto político.

El segundo gran tema, directamente vinculado al primero, es el todavía más antiguo y crucial asunto de la emancipación de la mujer del patriarcado. Se mantiene vigente el debate que lleva dos siglos sobre la necesidad, para que esa superación del patriarcado sea efectiva, de dejar atrás toda discriminación de la mujer, lo que incluye salir de la lógica capitalista que no remunera el trabajo doméstico y, por tanto, no crea las condiciones para eliminar la división sexual del trabajo.

El tercer gran tema es el de las desigualdades de clase y de posición social, que se traduce en crecientes inequidades de ingresos y de riqueza en los últimos dos siglos, con algunos paréntesis. Esto se ha agravado desde los años 1980 en casi todas partes del mundo y ha reforzado el dominio oligárquico sobre las mayorías, y también sobre los sistemas políticos a través del financiamiento de la política y de la concentración de los medios de comunicación, lo que condiciona la democracia. Este es el gran tema que con bastante frecuencia desaparece cada vez que los cultores del “mundo- nuevo-que-todo-lo-cambió- y- que-hace-obsoletos-todos-los paradigmas- existentes-salvo-el-mío” ponen sus argumentos de novedad por delante, o bien por quienes diluyen el rol central en las estructuras de dominación de las oligarquías económicas mediante el concepto de “élite” que mezcla alegremente peras con manzanas. Esto levanta las suspicacias de quienes consideramos inaceptable esa desigualdad por razones éticas y que, por estar social e históricamente construida, es perfectamente modificable, a condición de que exista un sujeto histórico suficientemente fuerte como para que el poder de las oligarquías económicas tenga como límite el interés colectivo a través de un poder social y estatal democrático más fuerte y consistente.

La variante más reciente del intento pueril de evacuación de los temas del orden económico capitalista vigente es “para qué nos preocupamos del poder económico existente y de sus contrapesos posibles, como los sindicatos, si el trabajo va a desaparecer en beneficio de la automatización; son batallas perdidas de los que no entienden que todo cambió”.

Ocurre que, si bien esta nueva etapa tecnológica tiene un impacto en el volumen del empleo (como viene ocurriendo desde la primera revolución industrial a principios del siglo XIX), se sobre- estima con frecuencia por los promotores de los miedos a un futuro más igualitario y sostenible. Cabe reiterar una y otra vez que el tema central sigue siendo no “cuánto empleo habrá” sino “el tipo de empleo que hay hoy y que habrá en el futuro”, y qué magnitudes de empleo remunerado directamente social serán deseables y necesarias, además de qué mejoramientos en las relaciones laborales permitirían terminar con la asimetría de poder en las empresas.

En materia económica, el tema sigue siendo si el cambio tecnológico puede y debe dejar de ser un mero impulso adicional de acumulación y concentración privada de capital o bien es posible ponerlo -mediante acciones públicas y sociales colectivas de entidad suficiente- al servicio de un bienestar equitativo y sostenible basado en el trabajo decente. No es exactamente un tema destinado a desaparecer de la agenda pública. Hay quienes, claro está, quisieran que estos temas ojalá nunca estén presentes en agenda alguna, para así poder prolongar sus privilegios ilegítimos sin demasiados cuestionamientos desde el sistema político y desde la sociedad. Pero los actuales desarreglos de la vida política y social, con el trasfondo del desarreglo sanitario, productivo y ambiental del insostenible actual modelo de crecimiento, no les harán la tarea fácil.

Cambios y temores

 En La Mirada Semanal

La emancipación respecto a la sociedad de mercado y a los poderes oligárquicos parece vivirse en Chile como una carga imaginaria aún muy pesada de llevar. Esto inhibe el otorgamiento de un mandato mayoritario a alguna alternativa política dispuesta a conducirla y a no retroceder ante la primera dificultad.

El contexto principal es que persiste una postura de rechazo a la esfera pública existente o bien una desesperanza aprendida respecto a lo que puede o no hacer el sistema político a favor de la mayoría social por parte de al menos una buena mitad del país que se sustrae sistemáticamente de la participación electoral. Por su parte, la amplia mayoría de los que votan ha estado dispuesta a otorgar ese mandato para escribir nuevas reglas del juego, lo que es muy importante y constituye un hito histórico. Pero no prolonga esa voluntad a la idea de mandatar una gestión de gobierno que altere estructuralmente el orden existente, y prefiere los discursos de apertura de amplio espectro y de pequeños pasos.

El problema para la vida social en el Chile de hoy, sin embargo, es que, de no mediar un vuelco en la gestión de gobierno, se prolongará un equilibrio precario entre las promesas de progreso económico y de bienestar personal y un funcionamiento social que las produce en una proporción insuficiente y las frustra por múltiples vías. Esta frustración ha aumentado, y castigado políticamente a la derecha, con una gestión de la pandemia que ha puesto por delante los intereses del poder económico y evidenciado la fragilidad de un Estado sin espaldas suficientes para enfrentar a cabalidad las tareas sanitarias y sociales.

Esto crea una doble dinámica. Por un lado, la persistencia de las fuerzas políticas portadoras de discursos eclécticos, de retórica de amplio espectro, pero sin mayor rumbo, aunque sus continentes tradicionales se agoten y sean sustituidos por otros. Se vuelve a aplicar aquello de “que todo cambie para que nada cambie”. Por otro lado, persisten los factores de crisis social que se anidan en las profundidades de una desigualdad agravada por la pandemia y de los abusos cotidianos que viven quienes no tienen poder ni autonomía en la determinación de sus vidas. Y, por tanto, sufren de carencias, de la ausencia de igualdad de oportunidades efectiva o de movilidad social perceptible. Esto afianza la desesperanza, y también crea incertidumbres prolongadas e incitaciones a la violencia de una parte de la sociedad. Muchos no quieren asumir esta realidad y se refugian en la retórica repetitiva de la condena. Pero condenar algo no elimina ni sus causas ni impide su eventual repetición.

Hoy es menos viable – pues el escenario político parece evolucionar hacia una nueva versión del realismo de continuidad – una salida de crisis que aborde sus causas desde la raíz. Alejar el espectro de la gobernanza sin coherencia ni legitimidad social suponía, al menos, revertir en el corto plazo (y no en ocho años más) una parte de la desigualdad con una rápida reforma tributaria centrada en el 1% más rico y en el cobro de derechos justos sobre los recursos mineros, capaz de recoger suficientes recursos públicos para la creación estable de un sistema de ingresos básicos y de empleos sociales en un amplio sistema de cuidados y de reinserción de las mujeres que han quedando al margen de la recuperación o las que están confinadas en el trabajo doméstico subordinado. Y establecer un fuerte programa de fortalecimiento de los servicios públicos con una gratuidad más amplia y/o tarifas de los operadores que no escondan utilidades indebidas, junto a una inversión pública capaz de arrastrar al mundo privado a una reconversión económica con reglas de trabajo decente, verde, circular y de mayor valor agregado en base a un fortalecido sistema nacional de investigación y desarrollo. Esta perspectiva no ha conseguido una adhesión suficiente, pero, hasta prueba de lo contrario, no por ello sigue siendo menos indispensable para enfrentar la crisis nacional.El empleo mediático de “Venezuela”

Cabe constatar, además, la fuerza de un sentido común que presume que los procesos de cambio corren el riesgo de derivar a un orden neoautoritario como aquel en que han terminado procesos como el de Venezuela (una de cuyas consecuencias es el cerca de medio millón de inmigrantes de ese país que ha llegado a Chile e impacta cotidianamente en la percepción colectiva) o la deriva nepotista en Nicaragua, o a variantes de los regímenes burocráticos del siglo pasado que aún persisten. El poder mediático dominante se encarga de ponerlos por delante apenas puede, es decir todo el tiempo, mientras los acusados de la intención supuesta de seguir esos modelos no han construido un mensaje hacia la sociedad que aclare suficientemente el trayecto de las transformaciones a realizar y que tienen que ver con la profundización de la democracia y no con regresiones autoritarias.

Salir de la senda de gobiernos oligárquicos o bien de gobiernos centristas cuyo discurso marca un sentido que se contradice con una práctica de subordinación al poder oligárquico, al parecer requerirá de una preparación mayor y de más tiempo. En la sociedad chilena aún prevalecen temores variados y transversales, con una amplia mayoría que es crítica del orden existente y desea cambios importantes, pero no está necesariamente dispuesta a concretarlos. Solo cabe, entonces, inclinarse ante aquello de Vox populi, vox dei y seguir el camino de la persistencia democrática hasta que una coalición transformadora consistente se consolide y convenza a la sociedad de que hay que superar los temores y hay cambios que son ineludibles para alcanzar un nuevo equilibrio equitativo y sostenible en Chile.

Un gobierno que no funciona

 En La Mirada Semanal

Un reciente informe de la OCDE pone en evidencia lo mal que lo hace el actual gobierno y la urgencia de reconstruir las instituciones públicas, sin las cuales no hay bienestar colectivo posible.

En efecto, en su informe bienal sobre gobiernos y administración, la OCDE reseña que Chile era en 2020 el país de la OCDE con menos adhesión de su población al Gobierno, ya que solo un 15% le tenía confianza. A su vez, se registra un fuerte deterioro desde 2007, cuando el gobierno todavía generaba confianza en un 43% de la población.

En el conjunto de los países de la OCDE, en contraste, un 51% de las personas tenía confianza en sus gobiernos en 2020. Esto es 6,3 puntos porcentuales más que en 2007. Esa tendencia al alza fue particularmente notoria en Islandia (35 puntos adicionales al 59%) y en Alemania (30 puntos, al 65%). La mayor confianza se registró en Finlandia (81%) y en Luxemburgo (78%). A pesar de las dificultades, la opinión positiva sobre el gobierno mejoró en estos países tras la irrupción de la crisis de Covid-19 a comienzos del año pasado. No es en absoluto el caso de Chile, que ha visto emerger una crisis social de gran magnitud y un mal manejo sanitario y de la crisis económica que le ha seguido desde marzo de 2020.

El trasfondo estructural es que hay una asociación entre fortaleza del gobierno, resultados de su acción y percepción positiva por los ciudadanos. Algunos autores destacan tres factores esenciales en el desempeño frente a la pandemia desde una perspectiva de gobernanza: capacidad estatal, confianza social y liderazgo político.

Uno de lo indicadores claves en materia de fortaleza gubernamental es la capacidad de los gobiernos para movilizar recursos en condiciones de emergencia, para atender de modo permanente las necesidades sociales básicas y para sostener la innovación productiva. Los ingresos públicos promedio son de 34% en la OCDE y de 21% en Chile. Las cotizaciones obligatorias que se canalizan a sistemas privados representan del orden de un 3% del PIB, por lo que la brecha, considerando este factor (aunque en rigor no corresponde hacerlo según el criterio de la OCDE), es entonces de unos 10 puntos del PIB.

¿De dónde podrían provenir nuevos recursos públicos en Chile para atender las necesidades sociales deficitarias en cuidado, salud, pensiones, vivienda y urbanismo, educación, por mencionar las principales, y para aumentar el fomento productivo y del empleo?

De los diversos estudios existentes se concluye que en la minería del cobre se puede aumentar la recaudación promedio en un 1,5% del PIB al gravar sobreutilidades originadas en rentas de escasez (la diferencia entre la remuneración normal de la actividad empresarial y aquella que resulta de la extracción de un recurso de oferta limitada y alta demanda) sin que se afecte significamente los incentivos a la inversión. Un impuesto a las transacciones bursátiles permitiría recaudar un 1% del PIB. La aplicación de un impuesto a los muy altos patrimonios personales podría recaudar otro 1% del PIB, poniendo a contribución a las personas más privilegiadas. Se podría recaudar un 0.5% del PIB al establecer una desintegración tributaria completa y no solo parcial entre los impuestos a las utilidades de las grandes empresas y los impuestos a los ingresos de las personas, como en Estados Unidos. Si se eliminara diversas exenciones tributarias injustificadas, se podría recaudar otro 1.5% del PIB, incluyendo la exención a las ganancias de capital. A su vez, aumentar el impuesto a las emisiones permitiría un incremento de 0,5% del PIB. Estos son órdenes de magnitud de una reforma tributaria que un próximo gobierno puede llevar a cabo sin provocar desórdenes en la economía. Por su parte, un esfuerzo serio de disminución de la evasión puede permitir un aumento de otro 3% del PIB en la recaudación.

Este tipo de cambios tributarios serían, además, un gran instrumento para controlar un déficit fiscal que el actual gobierno va a dejar en más de 7% del PIB al finalizar este año. Se está produciendo un inusitado incremento de nada menos que 27%, del gasto público en 2021, el que en realidad se debiera haber producido en 2020, algo nunca visto en la historia económica reciente en nuestro país.

Economistas de opinión fácil y no muy documentada argumentaron que no existirían precedentes para una reforma tributaria de esta magnitud. La base de datos de la OCDE muestra otra cosa. En Luxemburgo, Dinamarca, Italia, Suecia, Islandia y Turquía se han producido en el pasado reciente saltos en la carga tributaria de este orden en cuatro años. Los mencionados economistas tuvieron que reconocer que los precedentes existían, pero su argumento cambió a que en esos países habían aumentado otros impuestos como el IVA o las cotizaciones obligatorias. Esta observación no tiene mucho sentido porque evidentemente cada canasta de ingresos adicionales varía según las realidades nacionales.

¿Los más ricos y su carga impositiva?

Incrementos tributarios significativos que cambian los flujos de demanda y orientan recursos a nuevos motores de expansión del consumo y la inversión son los que resultaron de la decisión política de diversos países para construir sus modelos de Estado de bienestar. Eso es lo que tiene que construirse en Chile en el futuro próximo. Una nueva tributación a “rentas ricardianas” (regalía minera y otras), a las ganancias de capital y a las personas de muy alto patrimonio no van a paralizar ni la inversión ni el empleo y van a permitir ampliar fuertemente la inversión pública y satisfacer necesidades sociales urgentes. Lo que es definitivamente inviable es la rutina del más de lo mismo en un país que cambia aceleradamente y que requiere ser gobernado con nuevas prioridades.

Las rebajas de impuestos de última hora

 En La Mirada Semanal

La ley del impuesto a los super ricos, cuyo articulado sobre el tema no fue aprobado en la Cámara de Diputados, pasó al Senado con el apoyo de la derecha y otros sectores con indicaciones que buscan una rebaja temporal del IVA a diversos bienes y del impuesto a los combustibles.

En esto la derecha sigue siendo invariablemente fiel al principio establecido por Milton Friedman, según el cual toda ocasión de rebajar impuestos es buena y que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía. Solo debe mantenerse la política monetaria y un Estado gendarme que no garantice derechos sociales o diversifique y desconcentre la economía. El mercado se encargaría de generar prosperidad y su chorreo permitiría subir a todos al carro del progreso. Este modo de pensar es el que llevó a Chile al estancamiento en la última década, a la continua dependencia de la producción de materias primas, a la sobre explotación de los recursos naturales y a una de las mayores desigualdades de ingreso y patrimonio en el mundo.

Bajar el IVA en algunos bienes esenciales tiene una buena presentación y seguramente reunirá múltiples simpatías. De ahí que la derecha lo proponga, arrastrando a algunos representantes políticos dispuestos a apoyar todo lo que aparezca como popular. Pero ocurre que por la concentración del consumo, el IVA es pagado esencialmente por el 40% de más altos ingresos de la población (aunque los más pobres pagan proporcionalmente más respecto a su ingreso, pues no tienen capacidad de ahorro). Su baja parcial tendría un escaso impacto en los precios en los mercados poco competitivos (la gran mayoría) y tendría el efecto de aumentar las utilidades empresariales.

La experiencia con la rebaja del IVA del 20 al 16% de Buchi en 1988 fue que no se disminuyó el costo de los bienes para los consumidores (lo que se reflejó en las cifras de inflación), se aumentaron las rentabilidades y se lesionó la capacidad fiscal del Estado. Es mucho mejor recaudar de manera general (sin perjuicio de establecer excepcionalmente diferenciaciones de algunas tasas de IVA hacia arriba y hacia abajo con un efecto neutro en la recaudación total, además de eliminar la exención a la construcción, al transporte y a diversos servicios) y redistribuir lo recaudado a través de los programas de suplementación universal de los ingresos familiares (pensión básica, asignación familiar, ingresos de emergencia), cuyo impacto proporcional en los ingresos de la población más pobre es sustancial. Es una manera de devolver el IVA pagado por las personas de menos ingresos mucho más eficaz y permitirá disminuir la desigualdad distributiva.

Lo que no se debe hacer es disminuir la capacidad recaudatoria de un Estado que necesita más que nunca ampliar sus capacidades sanitarias y de redistribución social. Desde marzo próximo deberá ser reforzada, pero con una reforma tributaria basada en el impuesto a los patrimonios, herencias e ingresos más altos, en el impuesto a las ganancias de capital y a las transacciones financieras, en el royalty minero y en el fin de las exenciones injustificadas.

La postura de bajar el impuesto a los combustibles tiene una argumentación adicional por parte de la derecha: este impuesto que se creó después del terremoto de 1985 para reconstruir infraestructuras ya no se justificaría. Esto es una falacia. El impuesto especial a los combustibles existe en todas partes del mundo y nada tiene que ver con terremotos. En Chile dejó hace rato de tener que ver con algo que ocurrió en 1985. Se justifica para encarecer los combustibles fósiles, desincentivar el excesivo uso del automóvil individual y disminuir así las emisiones de gases con efecto invernadero frente a la amenaza inminente del cambio climático y sus consecuencias catastróficas (se está ya cerca de llegar a un aumento de 1,5% de la temperatura promedio en el mundo). Y se justifica para recaudar recursos que permitan transitar rápidamente a la electromovilidad y disminuir la contaminación que provoca graves problemas de salud en nuestras ciudades. La actual red de metro de Santiago no existiría sin este impuesto. La transición a energías renovables que reemplacen los motores a combustión basados en petróleo y derivados es una responsabilidad crucial con las nuevas generaciones. La menor recaudación de US$ 1.000 millones que según el SII provocaría la rebaja propuesta, permitiría, por ejemplo, comprar 2.200 buses eléctricos con su infraestructura de carga.

Esta semana se debatirá el mencionado proyecto de ley, que rebaja en un 50% el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o una calamidad pública. Un estudio de Alejandro Tirachini, expuesto en la comisión de Hacienda, sostiene que el menor impuesto “no llegaría completo al consumidor, porque las distribuidoras no están obligadas a traspasarlo al precio” y que en un año el quintil de más altos ingresos recibiría por la rebaja unos US$ 413 millones, mientras que los primeros deciles, los más pobres, obtendrían US$ 26 millones. La razón es que el decil más rico consume 24 veces más gasolina que el decil más vulnerable y seis veces más que el de ingresos medios.

El uso de la demagogia para ganar popularidad no pone por delante los intereses colectivos ni menos el de las futuras generaciones y por eso estas rebajas de impuestos deben ser rechazadas.

Incitación al odio

En La Mirada Semanal

Gabriel Zaliasnik contraviene el espíritu de concordia entre comunidades intentando descalificar a un candidato presidencial motejándolo de antisemita. No es ser antisemita rechazar la ocupación ilegal de los territorios palestinos y condenar la violencia sistémica que allí de ejerce por los gobernantes del Estado de Israel.

Sobre la candidatura de Daniel Jadue se han vertido todo tipo de descalificaciones. Pero tal vez la más grave es la reiterada por Gabriel Zaliasnik, que le imputa a Daniel Jadue padecer de “judeofobia”. Argumenta de manera falaz del siguiente modo en una columna: “pero envuelve una enseñanza sobre el absurdo del antisemitismo, atingente en momentos que se conoce la biografía de Daniel Jadue elaborada por sus compañeros del Liceo Alemán (…) Lo anterior no pasaría de una racista y discriminadora burla si lo que los amigos advertían, no hubiera sido luego una constante en la vida pública de Jadue. En efecto, era un afinado prólogo de su trayectoria vital. El anuario ha sido actualizado recientemente por la organización internacional de Derechos Humanos Centro Simón Wiesenthal (…). Pero ¿qué impide a muchos distinguir los claros trazos de judeofobia que ya manifestaba Daniel Jadue al egresar del Liceo Alemán? La apatía general no puede explicarse solo en el paso del tiempo ni tampoco relativizarse a la luz de las características propias de un anuario juvenil. En palabras de Magris, la ambigüedad es un pretexto de los débiles para disimular su incapacidad de discernir, tal como un daltónico que ve en la hierba y en las amapolas colores indistinguibles”.

Se trata de una injuria y una calumnia construida por el defensor de Penta, SQM, Moreira y Fujimori con la peor mala fe, usando un anuario escolar escrito por terceros y los infundios de un centro que fue admirable pero que hoy está al servicio de la ultraderecha israelí. Es una abierta incitación al odio hacia una persona que juega hoy un rol público relevante y que, entre muchas otras cosas, defiende los derechos conculcados de su comunidad de origen. ¿O esos derechos no están conculcados de manera dramática? Y es una crítica falaz a los que no lo seguimos en su odiosidad, y que somos calificados de “débiles” sin “capacidad de discernir”.

Es importante consignar lo que un grupo de su propia comunidad ha declarado: “como judías y judíos, rechazamos tajantemente las acusaciones de antisemitismo/judeofobia que ha hecho en contra de Daniel Jadue la dirigencia de la Comunidad Judía «oficial» – asociada hoy en día a los sectores de derecha y extrema derecha de Chile – las que provienen claramente del interés político de obstaculizar los grandes cambios que requiere nuestro país”.

Los dirigentes o ex dirigentes de la comunidad judía oficial no debieran jugar con algo que muchos aspiramos sea un consenso en la sociedad chilena: el rechazo a todo racismo y discriminación, y especialmente a todo antisemitismo. Este ha sido una lacra terrible en la historia de la humanidad. El antisemitismo (que algunos autores han preferido denominar “judeofobia”) concentra las pulsiones de odio hacia el distinto y el extranjero. Pero no se encuentra en Daniel Jadue nada que se parezca a, por ejemplo, la definición de antisemitismo que el Parlamento Europeo (junio de 2017) pide compartir a sus Estados miembros: “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede manifestarse por un odio a su respecto. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo apuntan a individuos judíos o no y/o sus bienes, a instituciones comunitarias y a lugares de culto.”

Pero por las mismas razones que cabe rechazar el antisemitismo, no se puede justificar la opresión sobre el pueblo palestino que hoy ejerce el Estado israelí, contraviniendo de manera reiterada y sistemática las resoluciones de Naciones Unidas. Y recordemos la posición oficial chilena fijada al reconocer el Estado Palestino en 2011: “El Estado de Chile ha apoyado en forma permanente y consistente el derecho del pueblo palestino a constituirse como un Estado independiente, coexistiendo en paz con el Estado de Israel. Asimismo, ha respaldado plenamente el derecho del Estado de Israel a existir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Para el logro de estos objetivos, el Gobierno de Chile apoya resueltamente y considera indispensable reimpulsar el proceso de negociaciones entre ambas partes, con el apoyo de la Comunidad Internacional, con miras a alcanzar un acuerdo de paz pleno, definitivo y satisfactorio, conforme con las Resoluciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas. En este contexto, el Gobierno de Chile ha decidido hoy otorgar su reconocimiento a la existencia del Estado de Palestina, como un Estado libre, independiente y soberano“.

Gabriel Zaliasnik contraviene el espíritu de esta postura intentando descalificar a un candidato presidencial motejándolo de antisemita. No es ser antisemita rechazar la ocupación ilegal de los territorios palestinos y condenar la violencia sistemática que allí se ejerce por los gobernantes del Estado de Israel, así como su reiterada negativa a permitir la existencia de un Estado Palestino viable, como se estableció en la creación de Israel por las Naciones Unidas en 1948. En ese caso seríamos muchos los antisemitas, lo que es un absurdo y debilita la propia causa que dice defender.

Agrego que los que formamos parte de las culturas de izquierda mal podríamos ser antisemitas, dado que entre sus filas se encuentran tan connotados judíos como Carlos Marx, Rosa Luxemburgo, León Trotsky, Georg Lukács y tantos otros, como en Chile el fundador del PS Natalio Berman o el dirigente comunista Volodia Teitelboim. Y así sucesivamente. Nunca debemos olvidar que hay 20 chilenos judíos desaparecidos o ejecutados por la dictadura de Pinochet, como Diana Arón, Carlos Berger, David Silberman, Luis Guendelman, Juan Carlos Perelman o Raul Pellegrín, los que merecen nuestro reconocimiento por su consecuencia y sacrificio.

Gabriel Zaliasnik merece, en cambio, un profundo repudio. Esperemos que su pasión ultraderechista y la de los que lo siguen no termine por oradar la convivencia entre las comunidades chilenas de palestinos y judíos. Estas han entregado mucho a Chile y han sido un ejemplo en innumerables ocasiones de concordia y de buena convivencia. Es de esperar que sus representantes sigan siendo un aporte al espíritu de tolerancia y de respeto por la diferencia, aquella que los conservadores ultramontanos de distintas obediencias se empeñan todos los días en oradar en su afán irredento de considerarse dueños de Chile.

Un programa de cambios para un nuevo Chile

En La Tercera digital, con Fernando Carmona.

El programa de Daniel Jadue ha sido objeto de ataques múltiples basados en tergiversaciones variadas, incluyendo las realizadas por ministros de Estado. En su temor autoalimentado, el ministro Ossa lo calificó de “realmente terrorífico”. Ignacio Walker ha planteado lo suyo y señalado, por ejemplo, que “la condonación gradual del CAE tiene un costo de US$ 10.000 millones”, que según él se restarían de los más de 30 mil previstos para financiar el programa.

Precisemos que si se pagara la deuda de manera instantánea, habría que restar ese monto del presupuesto de gasto de un año, no de los cuatro años de gobierno. Pero aquí hay un problema no solo de comprensión aritmética sino que también lectora: Daniel Jadue no ha propuesto condonar esa deuda de una vez, sino que de manera “gradual”, como menciona el propio Walker. Se partirá con aquellos estudiantes que han abandonado sus estudios y mantienen una pesada deuda. La condonación se ampliará a otros grupos según el comportamiento de la economía. Como se observa, se trata de algo bastante diferente. Y así con cada una de las observaciones de Walker, que sería muy largo detallar.

Todos estos ataques y distorsiones son tal vez atribuibles a que Daniel Jadue presentó un programa (bases programáticas a ser enriquecidas por el debate, en realidad) que todo el mundo entiende va a poner en práctica si obtiene el apoyo ciudadano en las urnas. Personas de buena fe, por su parte, consideran inviable el programa o que requiere de plazos más largos para ponerse en aplicación. Por nuestra parte, sostenemos que es un programa necesario para abordar los desafíos inmediatos de la sociedad chilena y para producir un vuelco hacia un nuevo modelo de desarrollo dinámico, equitativo, feminista, descentralizado y sostenible.

La política es mirar la realidad y construir herramientas que le den respuesta, el voluntarismo es suponer que con una recaudación adicional de 5 puntos del PIB o menos se podrá resolver los profundos problemas del país. Es seguir insistiendo en el camino que nos llevó a la revuelta social del 18 de octubre, lo que ya no solo es imprudente sino indolente.

El costo de las reformas propuestas es del orden de 11 puntos porcentuales del PIB. El nuevo gasto está asociado a la ampliación de derechos sociales, lo que incluye un nuevo sistema nacional de cuidados, la remuneración parcial del trabajo doméstico, el aumento de las pensiones, el fortalecimiento de la salud y la educación públicas y la construcción de 100 mil viviendas al año, entre otros programas. Y también sustentará un nuevo rol del Estado en la economía, que incluirá un salto en la inversión en investigación y desarrollo y en infraestructura productiva y verde, entre otros aspectos. Los principales incrementos se producirán en las áreas de fomento productivo, científico y tecnológico (incluyendo la difusión masiva de Internet 5G), con un aumento del gasto equivalente a un 3,5% del PIB, mientras el gasto en pensiones subirá en 2,3% del PIB y el gasto en salud, educación y vivienda aumentará en torno a 2,5% del PIB. Además, se aumentará el salario mínimo, se introducirá la negociación colectiva por rama, se fortalecerá el pago de gratificaciones sobre utilidades y se impedirán las rentas monopólicas en la fijación de tarifas de los servicios básicos.

Tomando en cuenta esta priorización y los necesarios ajustes de los gastos actuales, que incluirán reducciones en programas y partidas que no se justifiquen, el nuevo gasto permanente estará financiado con ingresos permanentes adicionales, como corresponde a una política económica seria. Estos sumarán entre 8% a 10% del PIB al final de los cuatro años de gobierno. Saltos semejantes de recaudación tributaria en cuatro años para afianzar el Estado de bienestar fueron realizados sin consecuencias mayores en la producción y el empleo por países como Dinamarca, Suecia, Islandia e Italia en el pasado reciente. Es importante evaluar los efectos del alza de impuestos de acuerdo a la base actual de 21% del PIB, que es una de las más bajas en la OCDE, y tener en cuenta que llegaremos a un 31%, aún por debajo del 34% promedio en la OCDE.

La primera fuente de ingresos adicionales provendrá de los sectores de mayores ingresos y patrimonio. La reforma incluye cambios en el impuesto a la renta (desintegración tributaria solo para las grandes empresas y aumento de la tasa marginal para los más altos ingresos de 40% a 50%), que permitirán una recaudación adicional de 1,4% del PIB; la eliminación de exenciones y privilegios tributarios, que contribuirán con 1,4% del PIB; la aplicación de una regalía minera, con un promedio de recaudación anual de 1% del PIB y de impuestos verdes por 0,5% del PIB; un nuevo impuesto a los patrimonios y modificaciones al impuesto a las herencias y donaciones por 1,7% del PIB. Debe hacerse notar que no se propone aumentos a la tasa del impuesto a las utilidades de las empresas y que las pequeñas empresas no serán objeto de la desintegración tributaria. Más aún, recibirán subsidios para enfrentar el aumento del salario mínimo y apoyos para alargar el horizonte de pago de sus deudas, además de ayudas para cambio tecnológico e inserción en mercados.

La segunda fuente de ingresos adicionales provendrá de la reducción de la elusión y evasión tributaria, con una nueva norma antielusión y el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos y de Aduanas. Se espera aumentar la recaudación por esta vía entre 2 y 4% del PIB.

Como muchos de los nuevos ingresos y gastos dependerán de leyes a aprobarse en el parlamento, la principal presión presupuestaria en el primer año será el aumento de la inversión pública de carácter productivo, la que por su intensidad en empleo permitirá aumentar en 500.000 los puestos de trabajo y generar las condiciones para ampliar y diversificar el tejido productivo. Estimamos que a mediados del segundo año estaremos en un nivel de gasto superior al de 2020 en 5% del PIB, lo que deberá pagarse recurriendo al uso de reservas fiscales y al endeudamiento externo a bajo costo hoy disponible. Chile puede escalar a una deuda del 50% del PIB sin consecuencias mayores en el riesgo país. La reforma tributaria en pleno funcionamiento permitirá abordar una consolidación fiscal que lleve el déficit estructural hacia una senda de equilibrio. Su velocidad dependerá en buena medida del precio del cobre de largo plazo y del crecimiento de la economía.

Este esfuerzo debe realizarse en medio de un vuelco ambiental sustancial. El compromiso de Chile de llegar a la carbono neutralidad en 2050 debe acelerarse. Esto dependerá de la velocidad de salida de las centrales a carbón en la generación de electricidad, en cuya matriz las energías renovables no convencionales debieran alcanzar un 50% en 2025 (hoy es un 21%). El compromiso de Daniel Jadue con el medio ambiente se expresa, entre otras medidas, en su voluntad de aumentar la tributación del diesel, el combustible más contaminante y peligroso para la salud humana, lo que no se ha escuchado mucho de otras candidaturas.

Entendemos que este camino de transformaciones no es fácil. Pero dejar las cosas como están o producir pequeños cambios contrasta con los cambios estructurales que la sociedad requiere. Los ataques y tergiversaciones no nos desviarán del propósito de ofrecerle al pueblo de Chile, con firmeza y racionalidad, la esperanza de la construcción participativa de un país mejor.

Contra los 2/3. Lo que ya es historia y lo pendiente

En La Mirada Semanal

Cuando ya se aproxima la instalación de la Convención Constitucional, la aprobación de normas por 2/3 ha sido y sigue siendo materia de controversia. Es un mecanismo antidemócratico. Una minoría de un tercio no puede imponerse a una mayoría de dos tercios. Eso es simplemente despotismo de una minoría disfrazado de democracia.

La evaluación de determinadas situaciones de hecho puede justificar tomar el riesgo de someterse al veto de una minoría en función de un bien mayor. Así ocurrió en la transición, con aciertos y errores desde el punto de vista del bien mayor de transitar a la democracia, como haber confiado en aquella parte de la derecha que terminó por no cumplir el compromiso de terminar a la brevedad con los senadores designados y con el sistema binominal, y haberse dejado llevar por la urgencia de desplazar a Pinochet del poder ejecutivo para terminar con la dictadura, sin resolver nudos democráticos cruciales que se dejaron para más adelante y crearon una democracia sin principio de mayoría en diversas materias durante décadas, lo que aseguró un prolongado dominio oligárquico en la economía y la sociedad que terminó por estallar en octubre de 2019.

Habida cuenta de esa experiencia, algunos consideramos que aceptar el 15 de noviembre de 2019, los 2/3 de aprobación de normas constitucionales y no una mayoría relativa o simple (50% más uno) -lo que solo existe para algunas cosas en la constitución de 1980- fue un retroceso respecto a la negociación de 1989. Y que se debiera haber sostenido esa noche, los días y semanas siguientes, la postura de establecer una regla de mayoría sin vetos. Hubo quienes diagnosticaron que eran los 2/3 o nada, una apreciación de hecho de carácter controversial que, por supuesto, debe ser considerada desde el ángulo de la evaluación de la relación de fuerzas, respecto de la cual nadie tiene una varita mágica. Los temas de paridad y pueblos indígenas, de hecho, tuvieron que ser agregados después, aunque la derecha lo negó al principio, en base a la fuerza de la movilización popular.

Que la derecha no llegara al tercio de miembros de la Convención Constitucional en mayo pasado ha sido un gran alivio. Pero consignemos que estuvo en peligro todo el proceso de cambio constitucional democrático. Recordemos que en concejales la derecha obtuvo en la elección del 15 y 16 de mayo el tercio que exigió para dar curso al plebiscito y a la Convención. Si esto se hubiera proyectado a los convencionales, el proceso se hubiera venido abajo. Recuerden la postura explícita de Longueira: si no hay un voto final de conjunto con un quórum de 2/3 establecido en el reglamento inicial de la Convención, no hay nueva constitución. Por ello algunos seguimos considerando que la concesión de los 2/3 pudo ser catastrófica para el futuro democrático del país, bajo una presión indebida de los poderes fácticos. Fue como tomar una curva en automóvil a 200 km por hora, y salvarse por azar sin volcamiento ni accidente. De no haberse producido el magro caudal de votos de la derecha por debajo del tercio en la elección de convencionales, se hubiera devuelto a la calle, con consecuencias impredecibles, el conflicto que se arrastra desde 1973 por el empecinamiento oligárquico en el control antidemocrático del poder.

Pero quienes le encontraron, incluso en la izquierda, mérito a la fórmula de 2/3 merecen una crítica de otra índole, porque tiene que ver con principios. Como alternativa al despotismo, el principio de mayoría surgió en el siglo XVII europeo después de las guerras de religión y de la lenta reivindicación de la tolerancia, como idea de “concordia con desacuerdo”. Hay todavía quienes defienden que se debe establecer mayorías calificadas (como los 2/3 de la elección del Papa por los cardenales), por lo que el debate continúa. Lo que se pretende con la defensa de los 2/3 es reemplazar el principio de mayoría como método efectivo, operativo (impide la parálisis) y legítimo de toma de decisiones en los asuntos públicos. Como señala Giovanni Sartori, “si se decide por mayoría, la mayoría decide, entonces también un sujeto colectivo como es el pueblo tiene manera de actuar y decidir“.

Para algunos, se trata de aproximarse al mito del consenso, a la pulsión de unanimidad, que puede tener sentido buscar en organizaciones con fines específicos, pero que no existe en sociedades con intereses estructuralmente contrapuestos entre sus grupos de miembros, salvo en aspectos y momentos puntuales. Son los que perciben el principio de mayoría en vez del de unanimidad o mayoría calificada como desunión, como pérdida de armonía. Se extiende este enfoque a la idea de “políticas de Estado”, que procura negar las controversias en la acción gubernamental o el trabajo legislativo. Pero incluso en los ámbitos frecuentemente citados para esas políticas, como la defensa y la política exterior, hay diferencias, en ocasiones agudas, que se deben resolver de alguna manera. El principio democrático para hacerlo es el principio de mayoría que emana del titular de la soberanía, el pueblo. Lo demás son variantes del despotismo. Una decisión de mayoría que respeta el derecho de la minoría a cambiarla en el futuro si se transforma en mayoría, en cambio, no es despótica, es democrática y permite el funcionamiento dinámico de la sociedad.

Una democracia que merezca ese nombre no puede funcionar con el poder de veto de una fuerza política particular en contra del principio de mayoría. Es de su esencia reflejar la titularidad del poder que emana de la soberanía popular en el ejercicio de ese poder, en el marco del respeto de los derechos fundamentales y de la protección de las minorías, incluyendo su derecho a procurar transformarse en mayoría. No olvidemos la definición de Sartori: “la democracia es un sistema pluripartidario en el cual la mayoría expresada en las elecciones gobierna en el respeto de los derechos de las minorías”.

Esto no implica, como pretenden algunos comentaristas conservadores en Chile sin ruborizarse, que en democracia la mayoría no debe mandar en nombre de la limitación de su poder para proteger a las minorías. Éstas deben ciertamente en democracia estar protegidas por los derechos fundamentales, cautelados por la separación de poderes, cuyas normas constitucionales deben tener una mayor estabilidad en el tiempo, por ejemplo, haciendo posible su modificación usual solo con el pronunciamiento de dos legislaturas sucesivas. Pero nada de eso incluye que una minoría se imponga sobre el resto en las tareas de gobierno y en la aprobación de la legislación. Esto se llama un régimen de veto minoritario, en la práctica en Chile un régimen de veto de la oligarquía económica ampliado por su influencia en las elecciones y en el parlamento a través del dinero (una plutocracia, en el lenguaje de la ciencia política), no un régimen democrático.

Es de esperar que no se siga con la defensa del principio de los 2/3 en la toma de decisiones políticas, puesto que es simplemente una norma antidemocrática que impide el ejercicio de la soberanía popular. Y entretanto, reunir 2/3 en la Convención Constitucional para cada norma va a ser un desafío muy difícil, que esperemos no sea paralizante. Y si lo es, habrá que prever que zanje la ciudadanía en el plebiscito final las materias controvertidas en que no se alcanzó el quórum de dos tercios. No hay ahora que dejar que se naturalice lo que es una inaceptable construcción defensiva y oligárquica de preservación ilegítima de palancas de poder. Y, sobre todo, no hay que dejar que se inscriba nada semejante en la nueva Constitución. Recordemos que la reforma de la Constitución de 1925 era por mayoría simple y así debe volver a ser.